Malvinas, el deshielo

Por Ricardo Kirschbaum - Clarin.com
Desde la guerra sangrienta hasta la suavidad tierna de los ositos Winnie the Pooh, enviados con una cálida dedicatoria por el canciller de la Argentina. Entre esos extremos, todos los gradientes posibles en la política para intentar recuperar las islas Malvinas, que continúan en manos británicas desde 1833.


Durante el régimen kirchnerista, la política fue de endurecimiento completo, que se tradujo en leyes concretas que sancionan hasta las vinculaciones comerciales con empresas que estén operando en las islas. El objetivo explícito fue tratar de obstruir la prospección y explotación de hidrocarburos en la zona y el implícito fue buscar forzar a Gran Bretaña a sentarse a negociar con Argentina.

Hoy publicamos el texto de un mensaje que la nueva premier británica, Theresa May, le envío a Mauricio Macri en el que se revela que hay algunos signos de negociación incipientes. May plantea que se puede llegar a discutir nuevos vuelos a las islas a cambio del levantamiento de las restricciones a las empresas que participen en la exploración de yacimientos petrolíferos en el Atlántico Sur.

Hasta ahora, hay un vuelo semanal desde Punta Arenas (Chile) hasta la capital de las islas. Un vuelo de cada cuatro hace una escala en territorio argentino.

La diplomacia argentina empuja para que haya un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas, ya sea desde Buenos Aires o desde otra ciudad del sur. Por el acuerdo de 1971, que desapareció con la guerra de 1982, era LADE la línea que desde Comodoro Rivadavia unía el continente con las Malvinas.

Macri se verá con May en la cumbre del G-20 que se celebrará en China.

Después de la guerra y durante el gobierno de Menem se intentó una política de “seducción” a los isleños, tratando de desmontar las consecuencias de la guerra. Los isleños, por su parte, se convirtieron en ciudadanos británicos plenos, una cuestión central. ¿Por qué? Porque refuerza la idea que la negociación debe ser bilateral con Londres y no tripartita, aunque la opinión (los deseos) de los habitantes en las islas siga teniendo un peso importante.

Malvinas es una rémora del colonialismo británico que tiene una guarnición militar en el Atlántico Sur. Siempre se especuló sobre a quién beneficia los vuelos a las islas, y la conclusión más extendida es que le facilita la vida a los isleños. Desde otro ángulo, volver a negociar cuestiones que acerquen a los isleños al continente, aún cuando no se discuta la soberanía en esta etapa, rompe con la inercia del aislacionismo de las islas y de la rígida posición argentina.

Otro velo que se corre: los negocios con el bloque bolivariano

Por Carlos Pagni - LA NACION

Las evidencias del delito corroen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero ella intenta una salida: replegarse, acaso junto a Lula, en una cofradía regional de víctimas del imperialismo, bajo la advocación de Hugo Chávez. Ensayó ese movimiento la semana pasada, con el pretexto de que el caudillo caribeño cumpliría años. 

Pero esa fuga la condujo a otra encerrona. Mientras la ex presidenta lloraba a Chávez, aparecían detalles de los negociados de su administración y la de Venezuela. Es otra dimensión del mismo escándalo: la corrupción en las relaciones exteriores, con Julio De Vido como su tenebroso canciller. Ese enlace, que caracteriza el último ciclo de la peripecia latinoamericana, se va develando poco a poco. Por los infortunios del kirchnerismo y por el colapso bolivariano.

De Vido ha demostrado una habilidad prodigiosa para montar negocios a partir de las crisis que él mismo provocaba. La controvertida relación con el chavismo nació al amparo de las dificultades energéticas. Y de una concepción del comercio exterior basada en los intercambios entre Estados. El fideicomiso para canjear combustibles por alimentos o manufacturas nació con esas coordenadas.

Las irregularidades cometidas al amparo de este trueque se conocieron muy temprano. Todavía gobernaba Kirchner y el entonces canciller Rafael Bielsa pidió ser relevado de las relaciones con Caracas. Fue premonitorio: el 4 de agosto de 2007 fue interceptado en el Aeroparque Guido Antonini Wilson con 800.000 dólares en una valija. Un José López de juguete.

Más adelante, el embajador Eduardo Sadous denunció la existencia de una embajada paralela en Venezuela, administrada por Claudio Uberti, el amigo de Antonini, y por el consejero comercial Alberto Álvarez Tufillo. Sadous fue llevado a la Justicia y, como nadie corroboró sus imputaciones, terminó procesado por falso testimonio por el juez Rodolfo Canicoba Corral, a pedido del fiscal Jorge Di Lello. Sobre los hechos señalados por Sadous sigue abierto un expediente en el juzgado de Julián Ercolini. Recuerdos de Carl Honoré: Elogio de la lentitud.

Tufillo fue dichoso. Fue ascendido a embajador y destinado ante el bolivariano Rafael Correa, en Ecuador. Bielsa fue removido. Y Cristina Kirchner expulsó a su sucesor Jorge Taiana. Ajeno a estas fechorías, Taiana fue acusado de filtrar información al periodismo. "Tendrías que aprender de Amado, que es leal", lo ofendió su jefa. Así llegó Héctor Timerman, una de cuyas primeras decisiones fue despedir al subsecretario de Integración Eduardo Sigal por informar sobre aquella embajada paralela. En el altar del tráfico con el chavismo fue sacrificado todo un equipo de política exterior.

Sadous señaló a José María Olasagasti, el secretario privado de De Vido, como uno de los encargados de pedir sobornos. Ahora, como reveló el diario Clarín, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y la fiscal María Luz Rivas Diez investigan a un allegado a Olasagasti, el empresario Juan José Levy, por operaciones irregulares con Venezuela: desde venta de productos de limpieza con fabulosos sobreprecios hasta transferencia de decodificadores de TV adquiridos en Hong Kong, y no fabricados en la Argentina, como exigía el reglamento del fideicomiso bolivariano.

Como sucede con Lázaro Báez y las constructoras, el escándalo de Levy amenaza a todo un sector empresarial. En la Aduana investigan a otros importadores con negocios con el Estado: entre ellos PC Arts Argentina, Informática Fueguina, Newsan y Jukebox. Otro dolor de cabeza para Ricardo Echegaray, el ex mandamás de la AFIP.

El padre de Levy fundó en Palermo el laboratorio Esme, para fabricar pasta dental y gel de baño. Esa actividad no alcanza a explicar la llamativa fortuna acumulada por el hijo. Vive en una gran casa del barrio La Isla, de Nordelta, vecina a la de Sebastián Eskenazi, otro engranaje del kirchnerismo empresarial. Levy comenzó a realizar viajes y fiestas opulentas, a las que a veces llegaba en helicóptero. Su adquisición más reciente fue una Porsche Macan, "igual a la que tiene Tevez", como él dice. Levy se ufana de su amistad con Olasagasti. Y de conocer a Facundo De Vido, el hijo del ex ministro. Los De Vido, ingratos, lo niegan.

Gran parte de la información que se investiga en tribunales proviene de una feroz pelea de Levy con su hermano Alejandro, que estaría vinculado a Daniel Scioli. El ex gobernador ingresó en su infierno astral: Elisa Carrió investiga su enriquecimiento y anoche Luis Majul reveló que casi quiebra el Banco Provincia. Seguro hoy Gustavo Ferrari y Fabián Perechodnik renunciarán al gabinete de María Eugenia Vidal en solidaridad con su antiguo jefe.

De la contienda entre los Levy emanan datos inconvenientes. Sobre todo los innumerables viajes a Venezuela, Qatar y Panamá, además de inversiones en Miami. Como suele suceder en estas trifulcas familiares, los hermanos de Levy levantan el dedo contra su cuñada, María Julieta Ratto. La controversia patrimonial alimentó varios expedientes. Quienes están enfrentados a Juan José salieron derrotados. Acusan de ese desenlace a Olasagasti, por su relación con Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo y gestor judicial de De Vido. Antes de abandonar los cargos públicos, Olasagasti anunció a algunos allegados que sería el nuevo gerente general de Radio El Mundo. En ese entonces Levy negociaba la compra de esa emisora. Soñó repetir la historia de Gerardo Ferreyra, Cristóbal López o Báez: blindar sus negocios con los medios. El genial Manuel Castells explica que las mafias hacen lo mismo.

El derrumbe del kirchnerismo está lleno de curiosidades. La última responsabilidad oficial de Olasagasti fue en la ex SIDE, a las órdenes de Oscar Parrilli. Ahora Parrilli, acusado de negligencia en la persecución del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, debe ser investigado por el juez Lijo. ¿Qué conducta asumirá Olasagasti? ¿Ayudará a su antiguo jefe o colaborará en su destrucción? El kirchnerismo se divide frente a ese interrogante. Sobre todo desde que la esposa de José López comentó a sus íntimos que quien alertó al ex secretario de Obras Públicas de que podrían allanar sus domicilios e incautarle su fortuna fue Olasagasti.

Mientras salían a luz Levy y sus relaciones con Venezuela, De Vido y sus suministros electrónicos provocaron otro escándalo. El juez Juan Carlos Gemignani, presidente de la Cámara de Casación Penal durante la feria judicial, descubrió en un recinto del primer piso de Comodoro Py un conjunto de computadoras, televisores, teclados y monitores sin inventariar. Estaban allí a instancias de la camarista Ana María Figueroa. Militante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, en diciembre pasado Figueroa había informado a sus colegas que De Vido le había ofrecido equipos del programa Argentina Conectada. Le explicaron que, si los aceptaba, incurriría en el delito de percepción de dádivas o, más grave aún, cohecho. Sobre todo porque De Vido, como otros tantos kirchneristas, están involucrados en causas que se tramitan en ese tribunal. Figueroa no entendió y aceptó los materiales.

Esta camarista ha sido la principal gestora de los intereses del kirchnerismo en el máximo tribunal penal. Su acción más llamativa, tal como informó la nacion el 7 de julio pasado, fue solicitar, al trasladarse de la Sala II a la Sala I, seguir interviniendo en las causas relacionadas con el atentado contra la AMIA. En los tribunales atribuyen el pedido a una exigencia de Carlos Zannini. También resultó escandalosa la demora de Figueroa, que preside la Sala I de Casación, en el trámite de 46 causas que no estaban siquiera registradas.

Así como recibió el equipamiento de De Vido, Figueroa ya había aceptado un cheque de $ 530.000 del Consejo de la Magistratura, para realizar refacciones sin licitación. La revelación de estas novedades llevó al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Guillermo Lipera, a pedir al Consejo de la Magistratura una auditoría sobre la Sala I de la Cámara, que conduce Figueroa.

El descubrimiento de Gemignani se inscribe en esta secuencia. Y desató una guerra dentro de la Cámara. El juez denunció a Figueroa ante el Consejo de la Magistratura. Pero quedó envuelto en un conflicto delicado al pretender inventariar el material enviado por De Vido. En un primer intento, el martes pasado, la secretaria de la sala, Carolina Dragonetti, solicitó postergar la diligencia un par de días. De inmediato el camarista Slokar se comunicó para evitar ese registro. ¿Quién le habrá avisado? El jueves, Gemignani encontró otra dificultad: la subsecretaria de la Sala, María Amelia Expucci, que trabaja a las órdenes de Figueroa, se resistió a labrar el acta con el inventario. El juez, entendiendo que estaba ante un encubrimiento y no ante una simple insubordinación, pidió al personal de seguridad que Expucci fuera remitida al juez de turno, Marcelo Martínez de Giorgi.

Expucci quedó detenida durante una hora y media, por lo que denunció a Gemignani por privación de la libertad ante Daniel Rafecas. Este magistrado deberá decidir si remite el expediente a Martínez de Giorgi.

Los integrantes de Justicia Legítima denunciaron a Gemignani por abuso de autoridad. La Asociación de Magistrados también lo censuró. Entre los líderes de esa organización está el consejero de la Magistratura Luis María Cabral, gracias a quien Expucci ingresó a la Cámara. Pero Martínez de Giorgi o Rafecas deberán desentrañar algunas incógnitas. Por ejemplo, si Gemignani ordenó que detuvieran a Expucci. El subcomisario Gabriel Ruiz informó a Gemignani y a sus colegas Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, que Expucci nunca había estado detenida.

La conducta de Expucci fue evaluada por el fiscal de Justicia Legítima Pedro Zoni, quien de inmediato dictaminó la inexistencia de delito. Martínez de Giorgi puede aceptar ese criterio o indagar si, como creyó Gemignani, la secretaria intentó encubrir a su jefa Figueroa y, en todo caso, a De Vido. El ex ministro ayer aportó su interpretación: Gemignani estaría loco.

El conflicto entre Gemignani y Figueroa no se acaba de desatar. Están enfrentados desde hace tiempo. Su mayor desencuentro se debió al pacto entre Cristina Kirchner y Mahmoud Ahmadinejad por la causa AMIA. Gemignani lo consideró inconstitucional. Figueroa lo defendió. Ese acuerdo es enigmático. La explicación más convincente, ofrecida por algunos kirchneristas muy cercanos a la ex presidenta, es que obedeció a una gestión de Hugo Chávez. El fiscal Alberto Nisman fue más allá: denunció que en el medio había negocios energéticos. Es decir, la diplomacia de De Vido.

La escuela de negocios de Santa Cruz

Por Ricardo Roa - Del editor al lector (Diario Clarin)
Ya ni Cristina sostiene su cuento de abogada exitosa. Pasó a identificarse con bastante menos precisión como comerciante. Dice que “alquila inmuebles” después de haberle dicho al juez Bonadío: “vivo de mi pensión de ex presidente y la de mi ex marido”.

Recibe por esas dos rentas públicas privilegiadas más de $210.000 en el bolsillo. Un vuelto. Como locataria ha sido y es claramente más exitosa que como abogada. Tema de estudio para Harvard.

Compró a precio de remate terrenos fiscales, gentileza de intendente al matrimonio presidencial. Y logró alquilar al gran terrateniente y alquilador serial Lázaro Báez habitaciones que nunca se ocuparon en los hoteles que construyó sobre esas tierras.

Ahora se la investiga más que por esos alquileres por ser parte de una maniobra de lavado. Son las causas Hotesur y Los Sauces, que compiten en novedades con la de las trasnochadas delictuales de José López y los sobreprecios en la obra pública y con Pérez Corradi y los aportes del narcotráfico a la campaña electoral.

No menos importante y oscura es la ruta del dinero que manejó Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Kirchner y de quien Miriam Quiroga, la amante del ex presidente, dice dos cosas: que “era la sombra” de Néstor y que lo vió llevando o llevándole “bolsos llenos de dinero”.

Muñoz era el de mayor confianza y el único del entorno que tenía las llaves de la caja fuerte de Kirchner. Fue también el primero al que Cristina llamó luego de la muerte de Kirchner. “Vení y contame todo”, le ordenó. Se entiende: todo era lo que ella no sabía. Dicen que le dio el cuaderno de Néstor con la contabilidad negra.

Muñoz comenzó como un che pibe del estudio jurídico de los Kirchner y trabajó con el matrimonio presidencial desde el 2003 al 2009. En 2003 declaró un Volkswagen Gol como todo patrimonio. Murió hace un mes y medio: sólo en Miami tenía propiedades por más de US$40 millones y se sospecha que era el administrador de las cuentas bancarias de Báez en Nevada, que el fondo buitre NML descubrió.

Bastante de eso conocía Kicilloff. También otro de La Cámpora: el subprocurador del Tesoro. Los dos fueron informados por los abogados que defendían a la Argentina. La documentación fue destruída. La Justicia trata hoy de reconstruirla.

El nombre de Muñoz aparece también en los Panamá Papers detrás de la sociedad Gold Black Limited. Mediante testaferros creó 13 compañías en Miami y en el paraiso fiscal de Delaware. Muñoz actuaba con su esposa Carolina Pochetti, sobrina política del ex gobernador Peralta. Por donde se mire Santa Cruz ha sido una impresionante escuela de negocios.

Cómo detectar a los pícaros que alimentan la grieta

Por Luis Majul - LA NACION

Entre la idea extrema de que Mauricio Macri mata de hambre a los argentinos y la exageración de que todos los que apoyan a Cristina Fernández son tanto o más corruptos que ella, hay un mundo de hechos verificables que relativizan ambos presupuestos.

El problema, ahora mismo, es la dinámica de la discusión. Y eso sí que reconoce responsables con nombre y apellido. Son los pícaros que alimentan la falsa grieta y que, cada vez que se plantea una conversación sobre José López , Lázaro Báez , Aníbal Fernández o Ibar Pérez Corradi , descalifican a su interlocutor poniéndole el cartelito de macrista, gorila, oficialista y terminan la conversación a los gritos. Algo parecido, pero en sentido contrario, hacen los que son incapaces de reconocer las graves consecuencias que sigue ocasionando el tarifazo que decidió Macri e instrumentó Juan José Aranguren . Atención: son los mismos que se niegan a discutir la imputación del ex presidente y ahora también la de Néstor Grindetti en los Panamá Papers que revelaron la existencia de empresas offshore.

A los primeros, cuyo exponente más pintoresco es Guillermo Moreno , se los podría considerar miembros de una secta que cada vez se encierra más. La aparición de Lopecito arrojando bolsos con nueve millones de dólares en "físico", relojes y joyas los apabulló un poco. Sin embargo, siguen alimentando las redes sociales con su resentimiento de marca mayor. Y lo hacen, por supuesto, sin contrastar datos duros ni argumentar con un mínimo de sentido común. Pero cuidado. Porque a los segundos ni siquiera se les pueden mencionar las ambigüedades éticas del Presidente o de algunos de los ministros de su gabinete. Tampoco quieren oír hablar de los puntos cuestionables de la declaración jurada de Macri. Ellos pretenden silenciar al grito de "¿Y por qué no te metés a analizar todas las tropelías que se mandaron estos chorros?". Si se los invita a reflexionar sobre lo inconveniente que resulta que Aranguren, siendo ministro del Estado, tenga acciones de la empresa privada donde trabajaba hasta hace seis meses, atacan así: "¡Qué poco tardaste en darte vuelta, eh!". O te acusan de "choripanero". Son extremistas. De la clase de extremistas que hacen imposible cualquier pensamiento de más de dos pasos.

Y en el toma y daca de ideas sobre el presente de la economía es donde se evidencia más la imposibilidad de desarrollar un razonamiento más o menos complejo. Para cualquier kirchnerista de paladar negro, Macri y su equipo económico asumieron el poder con el único objetivo de quitarles la comida de la boca a los sectores más desprotegidos. Peor todavía: para cercenar los derechos sociales básicos, como el de alimentarse, educarse o cuidar la salud. No hay manera de hacerles entender que el revoleo de subsidios a la generación, distribución y consumo de energía dejó a la Argentina al borde del colapso y que en algún momento había que cambiar el rumbo, porque nos íbamos a estrellar. No hay forma de lograr que contemplen la sencilla idea de que parte de la desmesurada suba de precios durante los primeros seis meses de este gobierno es la consecuencia de una inflación reprimida de más del 700%. No les importa escuchar que un país que vive en emergencia permanente, con millones de planes sociales y que no genera trabajo genuino, tarde o temprano va a estallar por los aires, por más dinero en efectivo que se emita o más parches que se utilicen.

Pero a los energúmenos que hablan de esta administración como si fuera el diablo se les oponen los engreídos de la ortodoxia del ajuste, quienes se resisten a aceptar lo que está pasando ahora. ¿Por qué antes de descerrajar semejante tarifazo de luz, agua y gas no "peinaron" mejor el sistema de datos para diferenciar entre un club de barrio, un taller mecánico, un teatro independiente o la sucursal de un banco, un hotel cinco estrellas o la cancha de River? Lo pregunté con insistencia. Pero nadie del actual gobierno, todavía, me dio una respuesta más o menos lógica. Recibí por toda contestación una serie de "verdades reveladas". Del tipo "era ahora o nunca". E incluso: "Pero ¿vos no estabas contra la demagogia populista que alimenta la fantasía de que todo el mundo tiene derecho a usar el aire acondicionado a 17 grados en verano y a 28 grados en invierno y que el Estado debe garantizar semejante locura?". Sí. Lo estaba y lo estoy. Pero las buenas administraciones combinan los ajustes con las políticas de contención social, para que las distorsiones del timing no las sufran los más vulnerables. Y este gobierno empezó a implementar esta compensación bastante tarde y de manera desordenada.

El primer semestre se está yendo, pero el último mes de este medio año ha sido, sin dudas, el peor. El último índice de inflación fue el más alto desde la crisis de diciembre de 2001. Los economistas de izquierda y de derecha coinciden en que el nivel de actividad es también el más bajo desde la peor crisis de principios de este siglo. ¿Era necesario semejante golpe recaudatorio? Y si coincidiéramos por un momento en que alguien tenía que pagar la fiesta loca y descontrolada, ¿no sería más justo que la pagáramos los que más recursos somos capaces de generar? No soy tributarista, pero algún día la renta financiera debería pagar un impuesto, que hoy es igual a cero. Tampoco soy economista, pero es evidente que apenas asumió el Gobierno le puso el freno de mano a la obra pública con un argumento indiscutible: la actividad era un desbarajuste de sobreprecios, retornos e ineficiencia.

Sin embargo, las consecuencias inmediatas de semejante parate no las sufrieron Lázaro Báez ni José López, sino, en especial, las miles de pymes subcontratadas por las firmas de mayor envergadura. Y, junto con esas pymes, los millones de changarines del conurbano bonaerense y de otras zonas del país. Trabajadores informales que a duras penas llegaban a fin de mes, pero alimentaban a su familia de su propio bolsillo. La multiplicación de la demanda de alimentos en los comedores solidarios lo explica con más rigor que cualquier estadística. Tampoco es un secreto que los salarios están siendo viejos y los precios son cada vez más nuevos. Y que los abusivos aumentos de los formadores de precios en general dejaron a los trabajadores formales e informales de clase media y clase media alta patas para arriba. Por eso es tan difícil ver un restaurante con un cubierto superior a 200 pesos más o menos lleno. Y por la misma razón ya casi no hay ningún argentino que compre un par de medias o elija cargar nafta sin tarjeta de descuento o promo que le haga un poco más liviano el gasto que antes ejecutaba casi sin pensar.

Pero que los otros exponentes de la falsa grieta no se confundan ni sigan confundiendo a los demás. Las inconsistencias éticas que les achacan a muchos funcionarios de este gobierno no tienen punto de comparación con la megacorrupción de Estado que fue inherente al modelo de Néstor y Cristina. Pero los escándalos de corrupción que todos los días generan una noticia más explosiva que otra no van a servir para distraer por demasiado tiempo a los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.

Una nueva oportunidad por Malvinas

Por Roberto García Moritán - Clarin.com
La pesca representa casi el 60% del PBI de las islas y depende del acceso a la UE.


El Reino Unido, la segunda economía europea, deja la Unión Europea tras décadas de descontento. En 1975 los euroescépticos no tuvieron un resultado favorable respecto a la permanencia en la Comunidad Económica Europea, precursora de la UE. Sin embargo, esta vez se cumplió la profecía de Winston Churchill que “cada vez que Gran Bretaña tenga que decidir entre Europa y el mar abierto, decidirá siempre por el mar abierto”. El denominado Brexit es una cuestión cuyos efectos eventuales trasciende fronteras.

La agencia de calificación de riesgo crediticio, Standard & Poor’s, viene advirtiendo que Londres podría perder su importancia como principal plaza financiera en beneficio de Frankfurt u otras ciudades europeas. También afectaría las posibilidades de crecimiento de los préstamos a los sectores industriales que dependen de las exportaciones del Reino Unido y señalaba “que la salida británica de la UE es mucho más importante que el riesgo que planteó la continuidad de Grecia en la Eurozona”. Otros bancos como Goldman Sachs o ING se han expresado de forma similar. Esas advertencias no tuvieron efecto. Tampoco la insistencia de Estados Unidos de que un acuerdo comercial con el Reino Unido post-Brexit podría demorarse en el tiempo y sería posterior a las negociaciones con la Unión Europea por el acuerdo de asociación de comercio e inversión Transatlántico (TTIP).

Es evidente que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá una variedad de repercusiones geopolíticas y de política exterior. Irlanda del Norte, por ejemplo, ya anuncia la posibilidad de convocar a un referéndum para decidir sobre su anexión a Irlanda. Gibraltar podría estar en el mismo camino. El ministro Fabián Picardo, en declaraciones públicas, no ha descartado la posibilidad de su adhesión a España.

Un informe parlamentario, elaborado por el Comité de Política Exterior de la Cámara de los Comunes señalaba que el Brexit podría, entre otros, alterar el equilibrio político en territorios como Gibraltar y Malvinas. Respecto a Malvinas, el documento destacaba que la ruptura con la UE tendría “amplias y profundas implicaciones” en el Atlántico Sur. Reconoce, entre otras cuestiones, que “el apoyo de muchos europeos a la posición británica sobre Malvinas sería menos cierta, lo que podría animar a la Argentina a tener una posición diplomática más agresiva” en virtud de que en muchos casos estos países avalan la postura de Londres solo en función del Tratado de Lisboa que rige para la UE y todos “sus territorios de ultramar”.

Desde las Islas Malvinas, Sukey Cameron también había expresado preocupación sobre el impacto que podría tener para la economía de las Islas ya que el 73% de la producción, en particular la pesca que representa casi el 60% del PBI, depende del acceso a la Unión Europea y principalmente a España e Italia. La exportación de grandes volúmenes de pesca de Malvinas a la UE no requería de aranceles o el cumplimiento de cuotas. Es evidente que el proceso abierto por el Brexit plantea un panorama que debería ser analizado con atención. Esta nueva circunstancia, puede resultar en un desafío para impulsar, con aire fresco y una lógica renovada, el restablecimiento del diálogo diplomático entre Buenos Aires y Londres como en una ocasión de estímulo para imaginar con creatividad estratégica un horizonte de nuevas oportunidades con las Islas.

Otro escándalo de Néstor Kirchner y Cristóbal López

Editorial del diario La Nación

Nunca antes en nuestra historia se había hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos y socios del poder

El reciente allanamiento realizado por el juez Claudio Bonadio en las oficinas de Alcalis de la Patagonia o Alpat, productora de carbonato de calcio (soda solvay) donde funciona el holding Indalo, puso el foco de la atención pública sobre esa compañía, cuya turbia historia culminó cuando fue adquirida por el zar del juego Cristóbal López en una maniobra urdida por Néstor Kirchner en 2005.

La historia de Alpat es un símbolo de la malversación de fondos del Estado en proyectos faraónicos, inspirados por el sueño autárquico de los gobiernos militares y aprovechados para hacer negocios en nombre de la soberanía.

En 1972, el gobierno nacional adjudicó a Alpat la instalación de una planta de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, para la fabricación de ese insumo básico a partir de sal y calizas extraídas en la región.

La construcción de la planta tomó más de 30 años, pues no se financiaba con inversiones privadas, sino con toda clase de recursos estatales, a través de aportes de un fondo especial, préstamos del Banco Nacional de Desarrollo garantizados con avales del Tesoro y ventajas impositivas.

Con el Estado siempre como avalista, los préstamos del exterior proveyeron de dinero fácil hasta que los vencimientos impagos cayeron sobre el fisco. Entre 1982 y 1988, todos los avales estaban caídos y, como consecuencia, casi un centenar de pagos fue efectuado por Hacienda.

Según el recordado Julio Rajneri, ex director del diario Río Negro, quien mejor conocía la historia de Alpat, este proyecto costó al país, entre avales, aportes, préstamos y diferimientos, una cifra cercana a los 500 millones de dólares.

Si el gobierno nacional hubiese hecho una auditoría de Alpat para saber adónde fueron esos fondos públicos, habría descubierto que el propósito del proyecto no era fabricar soda solvay, sino construir la obra civil de la planta y del puerto, equiparla con maquinaria importada y contratar consultoras para extender indefinidamente esa máquina de reciclar fondos del Estado.

A través del diferimiento de impuestos (IVA) que debían devolverse en un plazo de diez años, sin ajuste por inflación, las empresas contratistas aportaban a Alpat el IVA que no pagaban al fisco y luego recibían esos mismos fondos al certificar las obras, en una "calesita" que nunca debía detenerse. Del mismo modo, los proveedores de equipos inflaban su precio para sobrefacturarlos en beneficio propio y de algunos otros.

El negocio de Alpat no consistía en ponerla en marcha, sino en aumentar el monto de inversión autorizado por el Gobierno para habilitar así más avales y más diferimientos. La prueba es contundente: se invirtieron 500 millones de dólares y luego fue comprada por Cristóbal López por monedas, desviando fondos públicos como lo hizo con Petrobras.

En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron que firmara un decreto para pesificar las deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. El entonces presidente se negó a hacerlo en ese momento, pero las cosas cambiaron cuando falleció el dueño "tras las sombras" de Alpat, el francés Marcel Degraye, que la controlaba a través de Bergo Anstalt, una sociedad de Liechtenstein, también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing).

Los herederos de Degraye advirtieron que Alpat, agobiada por sus deudas y por su antigua tecnología, no podría ser competitiva sin renovación de los privilegios acordados por el Estado. El beneficio de facturar sin depositar el IVA, concedido en 1981 para cuando la planta funcionase, había expirado por la demora en la construcción. De ese modo, aceptaron la sugerencia de cederla a Cristóbal López, quien se haría cargo de las deudas y de hacerla competitiva "a su manera".

Luego de pactar los términos de la compra, pero sin cerrarla, el zar del juego obtuvo del presidente Kirchner el dictado del decreto 475/05 "de necesidad y urgencia", semejante al que también logró dos años después para las tragamonedas de Palermo.

Mediante ese escandaloso decreto, Kirchner le otorgó a Alpat, para que López confirmase la compra, los mismos beneficios que le habían pedido los gerentes de Degraye el año anterior. Es probable que ya entonces el presidente, astuto en temas de dinero, hubiera olfateado el negocio para hacer con sus amigos. ¿O para sí mismo?

Por orden presidencial, sus escribas debieron redactar la norma "ilegal", invocando la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, concluyendo cínicamente que se trataba de una "cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto".

Como no es posible cambiar de dueño de una sociedad con beneficios de promoción industrial sin que éstos caduquen y López aún no había comprado Alpat, el decreto citado autorizó, en forma inusual, la transferencia accionaria sin aquella penalidad.

En junio de 2006 se hizo público que South Minerals, una sociedad integrada por Oil M&S, Almería Austral, Hispano Americana de Petróleos, Tecnological SA, Oil Petróleos, Oil M&S Brasil, Combustibles del Rosario y Oil Construcciones compraron el 64,11 por ciento de Alpat.

Disfrazado de "reformulación de los términos del proyecto de promoción industrial", el decreto 475/05 dio nuevamente a Alpat el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo nunca visto con anterioridad respecto de una empresa ya en marcha con los beneficios promocionales vencidos y con nuevos dueños.

Además, se refinanció la deuda con el Estado nacional por 162,3 millones de pesos (con reducción de tasa y eliminación de punitorios) y se autorizó a Alpat a cancelar parte de esa deuda con un crédito fiscal de IVA (acumulado por las compras durante la construcción) por 26 millones de pesos. Este privilegio fue inédito y paradojal, pues existe un célebre caso de la Corte Suprema de Justicia, de 1986, justamente llamado "caso Alpat", donde se resolvió que los créditos por IVA ("saldos técnicos") no son reintegrables por el fisco y solamente pueden usarse contra futuros débitos fiscales generados con el giro del negocio. Y ésa sigue siendo la situación para el resto de los mortales, salvo para Cristóbal López, a quien Kirchner autorizó a pagar deudas financieras con saldos técnicos.

Para completar el negocio, el Gobierno otorgó a Alpat, proveedor monopólico de soda solvay, la posibilidad de aumentar sus precios, mediante la imposición de un derecho de importación del 10%. Ese arancel se complementó con licencias no automáticas y la inhabilitación para el desembarco del producto por la aduana de Campana, por donde históricamente ingresó el grueso del carbonato. No había ningún justificativo para que el Gobierno concediese esos inusuales beneficios a Cristóbal López. La ley sobre acuerdos preventivos extrajudiciales permitía al Estado nacional, como principal acreedor de Alpat, llevar a cabo un proceso judicial de cramdown para licitar entre varios interesados la venta de la empresa con los beneficios que se otorgaron en la penumbra al referido López.

Nunca antes se ha hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos del poder. Nunca antes se había registrado tal nivel de corrupción en el país y lo que se conoce es apenas la punta del iceberg. Detrás de la pobreza y la delincuencia hay que buscar a quienes se han llevado el dinero votado en el presupuesto para otros fines, a través de la obra pública, el impuesto a los combustibles, los bingos y la apropiación del IVA. Son muchos quienes prefieren ignorar la relación entre ambas cosas, tiñendo así de inmoralidad sus discursos morales.

Un océano de corrupción e ineficiencia

Editorial del diario La Nación
La matriz del saqueo que el kirchnerismo llevó a cabo desde el Estado tuvo una magnitud nunca vista, bajo el disfraz de un relato mentiroso


A raíz de las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña , de los allanamientos a las propiedades de Lázaro Báez y del grotesco episodio protagonizado por el ex secretario de Obras Públicas José López , se instaló la idea de que la corrupción del kirchnerismo se basó principalmente en fuertes negociados con las obras públicas. Sin embargo, esta concepción simplista está muy lejos de dar una idea acabada de lo que en realidad fue la matriz de una corrupción tan extendida que no le hizo asco a ninguna posibilidad de hacer dinero por izquierda y terminó institucionalizando el robo a mansalva pues se utilizaron las estructuras del Estado para robar. Esta matriz corrupta fue posible debido a la corrupción estructural de nuestra clase política, empresarial, sindical y judicial.

Así, hemos asistido a casos que van de las coimas y sobreprecios de los gasoductos a los hoteles de los Kirchner donde Báez alquilaba al por mayor habitaciones que no llegaban a usarse; de los sobreprecios del 450% en la construcción del Centro Cultural Kirchner a la chatarra importada como si fueran trenes; del negocio del dólar futuro, que representó una pérdida para el país de 77.000 millones de pesos, a las estafas al PAMI, que pagaba 500 millones de pesos anuales en remedios para fallecidos y 25 millones a dos clínicas que no existían; de la evasión tributaria de Cristóbal López por 8000 millones de pesos consentida por la AFIP de Ricardo Echegaray, a los 3000 millones de dólares que perdió el país por corrupción e ineficiencia en las compras de gas de Axel Kicillof y Julio de Vido, a quien se sigue protegiendo vergonzosamente en la Cámara de Diputados. Éstos son sólo algunos pocos casos, para no hablar de los protagonizados por Amado Boudou en su calidad de ministro de Economía y luego vicepresidente, como el intento de apropiarse de la ex imprenta Ciccone mediante testaferros.

Para llevar a cabo el saqueo de alto y de bajo vuelo el grupo gobernante, cuyo principal ideólogo y artífice fue Néstor Kirchner, no sólo se adueñó en beneficio propio del Estado, con sus organismos y sus fondos, sino que usó el poder que otorga ese aparato para presionar de forma mafiosa a personas, empresas y grupos económicos privados en un intento por forzarlos a vender a quienes el Gobierno imponía como compradores.

Esas presiones las sufrió, por ejemplo, Repsol-YPF hasta que en 2012 Cristina Kirchner expropió -en los hechos fue una confiscación- el 51% de las acciones de YPF, que estaban en poder de la española Repsol. Pocos años antes, Néstor Kirch-ner había logrado que Repsol-YPF le vendiera al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi -amigos y financistas suyos- el 25% de las acciones, que este consorcio pagaría sin abonar un dólar mediante los dividendos que producían esas acciones.

Otra víctima fue Marsans. El gobierno kirchnerista y los gremios aunaron esfuerzos para expulsar de Aerolíneas Argentinas a este grupo privado español y forzar la reestatización de la línea aérea, altamente deficitaria. Otras empresas, tales como Shell y La Serenísima, también sufrieron fuertes presiones. Uno de los encargados de presionar a empresarios fue el violento secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Al mismo tiempo, y para garantizarse impunidad, el kirchnerismo también presionaba a la Justicia y desactivaba o trababa seriamente el funcionamiento de los órganos de contralor, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la AFIP, que no sólo no controlaban como debían sino que, en el caso de la AFIP, bajo la jefatura de Echegaray constituyó otra herramienta de presión. La Aduana conformó también, junto con la Secretaría de Comercio, otro antro de corrupción en el que todos los ilícitos estaban tarifados.

Nada pasible de ser convertido en delito escapó a la vista y control del kirchnerismo en este esquema que funcionó durante 24 años si computamos las tres gobernaciones de Néstor Kirchner en Santa Cruz y luego su presidencia y las de su esposa. El único cambio entre la gestión provincial y la nacional fue el discurso defensor de los derechos humanos, esencial en el relato del kirchnerismo cuando ocupó la presidencia para así ocultar la realidad y lograr el apoyo de sectores supuestamente progresistas, que prefirieron no reparar en el saqueo llevado a cabo bajo la bandera de los derechos humanos.

La permanencia en el tiempo, sumada a la repetición de los mismos personajes y a la pluralidad, gravedad y diversidad de los delitos cometidos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos, permite hablar de una asociación ilícita cuya matriz nació en Santa Cruz. La sucesión de hechos de corrupción en todos los campos y la rigurosa impunidad para concretarlos requirió un manejo autocrático en Santa Cruz, luego trasladado al orden nacional. De Río Gallegos provino su más fiel mano de obra: De Vido, José López, Ricardo Jaime y Claudio Uberti. De la etapa de la gobernación data otro de los principales escándalos: el de los fondos de las regalías petroleras, una deuda de la Nación con Santa Cruz que en 1993 ascendía a 630 millones de dólares. Otros cálculos elevan la cifra a cerca de 1000 millones de dólares. Buena parte de los fondos se evaporó.

Como ministro de Planificación, De Vido tuvo bajo su control en esa cartera estratégica buena parte de las áreas donde se ejerció el saqueo: por ejemplo, los transportes con sus concesiones y subsidios, con la tragedia de Once como claro ejemplo del efecto mortal de la corrupción en ese campo, y también las obras públicas y la energía, áreas en las que se destacaron el escándalo Skanska y la futura construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, una obra prescindible, de alto impacto ambiental y sospechada de corrupción por su altísimo costo, sin contar los terrenos adquiridos por Báez en la zona sujetos a expropiación e indemnización. Una de las dos represas de ese monumento a la corrupción llevará un nombre bien apropiado: Néstor Kirchner.

Y, sin embargo, la faena ciclópea del robo institucionalizado jamás podría haberse concretado sin la activa complicidad de los empresarios que accedieron al pago de coimas, y de una buena parte de los jueces y fiscales federales que garantizaron impunidad mientras el kirchnerismo fue gobierno, al no investigar los graves casos de corrupción denunciados. Hicieron falta imágenes explícitas de dinero físico para que la Justicia reaccionara. Los jueces que demoraron las causas son los que tienen que resolverlas. ¿Podrán? ¿Buscarán también a los Báez y López que aún no salieron a la superficie?

Hay que investigar hacia arriba, pero también hacia los costados. La corrupción es una avenida de dos manos. Alguien pagó y alguien recibió el dinero. Hay que saber quiénes son. Se necesitan condenas ejemplares para los responsables de este trágico período de la vida nacional que incluyan la restitución de lo robado.

Algunos casos

- Obras públicas digitadas en favor de empresarios K, como Lázaro Báez

- Enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

- Evasión impositiva de 8000 millones de pesos de Cristóbal López

- Concesiones ferroviarias a empresas que descuidaron el material, con la tragedia de Once como consecuencia

- Hoteles de los Kirchner que recibían millones de pesos de Báez por habitaciones nunca ocupadas

- Desaparición de los fondos de Santa Cruz por regalías petroleras (entre 600 y 1000 millones de dólares)

- Escándalo de la ex imprenta Ciccone, que involucra a Boudou

- Caso Skanska: coimas y sobreprecios en gasoductos

- Negocios paralelos con Venezuela impulsados por Claudio Uberti

- Negociados con la importación de efedrina, parte de cuyos fondos financió la campaña de Cristina
Kirchner

- Contrabando favorecido por la Aduana

- Negociados con fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo

- Gasto de $ 500 millones anuales por parte del PAMI en remedios para fallecidos

- Sobreprecios en la central eléctrica de Río Turbio

- Malversación de $ 26.000 millones para esa mina, que produce lo mismo que en 1953

- La valija con 790.000 dólares secuestrada a Antonini Wilson en el Aeroparque

- El bolso con 100.000 pesos y 31.000 dólares hallado en el baño de Felisa Miceli, que le valió una condena

Maniobras montadas sobre un delicado momento social

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION
Tal vez Guillermo Moreno no sea sólo un provocador (que también lo es) o Hebe de Bonafini no sea sólo una anciana rencorosa y desinformada.

El núcleo duro del kirchnerismo está propalando la idea de que un sector importante de la sociedad sufre el hambre de manera insoportable. Ellos (y otros más) son sólo voceros de una estrategia más profunda, que se despliega sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país. En ese espacio socialmente sensible, siempre vacilante, los cristinistas están llamando a futuras movilizaciones hacia los supermercados, según información que recibió el gobierno de Macri de intendentes propios y de peronistas que aspiran a un proyecto de poder más ambicioso que el caos.


En esa trama, Moreno dijo que el ex dictador Videla fue mejor que Macri ("no le sacaba la comida a los pobres") para provocar el revuelo que ocasionó y para que la mirada social se fijara en la supuesta hambre, llevada por el nombre de Videla. El plan carece de escrúpulos, pero ¿cuándo Moreno tuvo escrúpulos? Bonafini mintió en Roma cuando aseguró que se habían eliminado todos los planes sociales que existían durante el cristinismo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que no se abolió ningún plan y que, al revés, se crearon nuevos planes y se actualizaron los montos de los anteriores.

Sin embargo, es cierto que el plan económico de Macri atraviesa el peor momento en cuanto a sus repercusiones sociales. De hecho, el Presidente debió rectificar el nivel de los aumentos tarifarios.

La propia administración admitió oficiosamente que sus cifras de pobreza son parecidas a las del Observatorio Social de la Universidad Católica, que constató que hay casi un millón y medio de pobres más en el país. Esos pobres se agregaron en los últimos meses a los ocho millones y medio de pobres que ya existían antes del 10 de diciembre pasado. El cristinismo teme que el segundo semestre sea más benévolo socialmente y que los argentinos comiencen a percibir un alivio en la inflación, en la oferta de empleo y en la capacidad de compra. "Si esto fuera así, Macri habría triunfado", le dijo un cristinista convencido a un peronista indeciso. A la propia Cristina se le atribuye una frase, que nunca desmintió, sobre el acuerdo con los holdouts: "Si Macri arregla con los fondos buitre, se quedará ocho años".

La empresa de encuestas Isonomía constató en su última medición que la gestión del Presidente tiene el apoyo del 63 por ciento de la sociedad. Pero también verificó que lo que más apremia a la sociedad ahora es la economía. No obstante, mejoraron las buenas expectativas respecto del futuro económico y hasta del empleo.

Por primera vez, apareció una expectativa menor de inflación respecto del mes pasado. En síntesis: una mayoría social sabe que el momento que atraviesa es malo, pero confía en que Macri puede ser la solución.

En ese contexto, el cristinismo teme que la realidad contradiga su versión apocalíptica del futuro. Algunos intendentes y ex intendentes peronistas, y sobre todo del Frente para la Victoria, están recorriendo los barrios más carenciados del conurbano, donde pronuncian discursos de fuego sobre la situación social. Por lo general, los ex intendentes kirchneristas movilizados son políticos que perdieron sus municipios a manos de candidatos de Cambiemos. Un epicentro de la movilización está en La Matanza, donde se arrincona el peronismo bonaerense más antimacrista. Lo lidera el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En esa municipalidad se les dio trabajo a figuras notorias del gobierno de Cristina Kirchner (Débora Georgi y Roberto Feletti, entre otros). La intendenta actual, Verónica Magario, discípula de Espinoza, ha dicho en las últimas semanas frases de incendio: "En La Matanza hay hambre" o "tenemos abuelos que no cenan".

Debe consignarse que la mayoría de los intendentes peronistas prefieren huir de esa estrategia, porque supone que un intento de desestabilización de Macri podría tener graves costos electorales. Algunos de ellos escucharon decir a Carlos Kunkel, otro trabajador incansable para debilitar a Macri, que hay que "forzar el éxito". Esto es: apurar el supuesto fracaso de la administración del Presidente. En los "intentos de agitación", según la fórmula elegida por una alta fuente del gobierno nacional, también militan el infaltable Luis D'Elía y Fernando Esteche, jefe del violento ejército llamado Quebracho.

Un papel no menor en este plan lo cumplen los dirigentes de La Cámpora (o algunos de ellos), entrenados para ejercitar una suerte de foquismo. La seguridad de Macri debió reforzarse en sus visitas al conurbano, porque ya es habitual que un grupo de camporistas lo espere para insultarlo en cualquier ocasión. Otra estrategia del Gobierno es no anunciar las visitas de Macri y que ellas sean sorpresivas para evitar que lo aguarden los grupos cristinistas. Fuentes peronistas inmejorables aseguraron que la ex presidenta Cristina Kirchner autorizó todas estas operaciones o que, al menos, las conoce y no las desautoriza.

El cristinismo habría decidido usar el peor momento económico de Macri para forzar (según el término de Kunkel) el fracaso del Presidente. "Más adelante podría ser extemporáneo o demasiado evidente", razona un peronista que intenta interpretar a los cristinistas. Los supermercados atraen la atención de los conspiradores, pero también la del Gobierno. Esos centros de compra se convirtieron en un lugar emblemático de la sublevación social desde la gran crisis de principios de siglo. D'Elía, Esteche, La Cámpora y algunos peronistas sin identificación, pero rencorosamente antimacristas, anuncian próximas movilizaciones hacia los principales supermercados de las zonas más calientes del conurbano.

Seguridad y comida

El gobierno de Macri tomó nota. La custodia policial de los supermercados se reforzó en las últimas semanas. Pidió una información diaria sobre los movimientos políticos y sociales que se producen alrededor de esos lugares. La gobernadora María Eugenia Vidal ordenó una reacción rápida para atender urgencias y demandas sociales. Está distribuyendo más comida que la que se distribuía en tiempos de Cristina Kirchner. Entre Vidal y la ministra Stanley hay conversaciones diarias sobre la situación social y sobre la distribución de alimentos.

Llama la atención del Gobierno la actitud de la organización social Barrios de Pie, que el martes pasado bloqueó todos los ingresos a la Capital y levantó ollas populares en repudio de la política de Macri. Barrios de Pie fue kirchnerista y formó parte del gobierno de Néstor Kirchner, pero en 2008 abandonó esa adscripción y se convirtió en un sector crítico de lo que ya era el cristinismo. Nadie estableció todavía si la actual movilización de Barrios de Pie es conscientemente funcional a los planes del cristinismo o si, en cambio, es sólo una estrategia aislada. Barrios de Pie también adelantó que irá a los supermercados, aunque comenzará por hablar con sus gerentes para pedirles la donación de alimentos.

Elisa Carrió, que suele expresar a veces (no siempre) las ideas que rondan en el Gobierno, fue directa en las últimas horas: "Quieren voltear a Macri", dijo con su particular estilo, directo y frontal. Si se hurga en la composición de los conspiradores, la primera constatación es que significan una minoría política. La segunda comprobación es que son una fuerte preocupación para la mayoría peronista; ésta sabe que ni el foquismo, ni el cristinismo fanático, ni la conspiración evidente constituyen un proyecto de poder, que es el único proyecto del peronismo.

Los conspiradores podrían separarse en tres grupos. Uno está integrado por los jóvenes exaltados de La Cámpora, que tienen su explicación: la exaltación y el fanatismo suelen formar parte de la juventud. Un segundo grupo está compuesto por dirigentes impregnados por una ideología nacionalista y antigua que desprecia a Macri. La última está constituida por los que fueron jóvenes peronistas revolucionarios y ahora son viejos y perdieron el poder. El problema sin solución de éstos es que carecen de tiempo para volver a vivir, desde el centro del poder, una primavera cristinista.

6 meses de Macri: la Nación no es la Ciudad de Buenos Aires.

Por CLAUDIO M. CHIARUTTINI - Urgente24
Reestructurar la cadena de precios relativos de la economía no consiste solamente en actualizar tarifas de un plumazo. Suponer eso es una tontería tan grande como imaginar que se puede hacer sin consecuencias graves que deberían haberse contemplado.

6 meses después Mauricio Macri enfrenta los problemas que se sabía que dejaba Cristina Fernández de Kirchner, si no encontró ni la estrategia ni la herramienta para resolver lo de los precios relativos ni el flujo de dinero aplicado a inversiones, tiene que mantener una lógica de negociaciones políticas que le resulte lo menos onerosa posible. No hay misterios en esto.

El problema es que al PRO no lo satisface ninguna de las 2 posibilidades. En este escenario, el autor escribió el editorial dominical de su programa Sin Saco y Sin Corbata (Concepto FM)

Banda y bastón presidencial, atributos de un poder que requiere más que formalidades. Mauricio Macri lo sabe pero 180 días después necesita recuperar la iniciativa.

El Gobierno de Mauricio Macri se acerca a cumplir los primeros 6 meses en el poder, sumando importantes triunfos y logrando gran parte de las metas que se habían fijado antes de asumir, pero al mismo tiempo, con algunas profundas deudas sociales y sin terminar de definir y conformar una alianza fuerte en el Congreso, que evite tanto desgaste y costo político.

Para dimensionar el descontrol del Estado que Mauricio Macri y su equipo heredó del kirchnerismo, el Gobierno acaba de publicar la primera versión del balance de situación heredada de Cristina Fernández y sus ministros, llamada “El Estado del Estado”, un recorrido repleto de espanto que se puede leer a lo largo de sus 223 páginas.

Centros de cómputos comprados que nunca fueron conectados, programas sociales que acumulaban deudas desde 2009, cientos de miles de expedientes paralizados, miles de empleados que no llegaban a sumar dos horas de trabajo diarios en sus puestos, cataratas de recursos dilapidados, ausencia total de registros contables de gastos, auditorías que jamás se realizaron y un despilfarro descontrolado se puede leer en forma descarnada, pero redactado con la serenidad y ausencia de calificativos despectivos, propios de las auditoría técnicas, lejos de ser un documento político revanchista, como argumentó Francisco al habar del macrismo.

Era usual escuchar funcionarios del PRO recién asumidos en sus cargos afirmando “no sé cómo hacían estos tipos para gobernar”, en referencia a sus antecesores kirchneristas. Justo lo que hoy dice peronista, massitas y kirchnerista del macrismo: “No sabemos qué quieren hacer”; lo que confirma la incomprensión de lo actuado en el pasado y de lo que se intenta realizar ahora, aunque ahora sean mucho más serios y prolijos.

Todas las encuestas, las cercanas al Gobierno y las opositoras, coinciden que la gran deuda del macrismo luego de 6 meses de gestión es en el terreno social. Y pese a las medidas que se han tomado, nada parece alcanzar para neutralizar el efecto de la inflación en el bolsillo de las familias, el aumento de los servicios públicos, de los combustibles, de la medicina prepaga, de las cuotas de los colegios o de los medicamentos.

La falta de buena comunicación, sumada una fuerte carencia de acción política adecuada, hacen que el Gobierno pierda en el roce con aliados y fuerzas opositoras todo lo que pueda ganar con ideas excelentes, como puede ser la cancelación de deudas judiciales a los jubilados, crear una Pensión Universal a la Vejez o eliminar el Impuesto a los Bienes Personales.

Justo cuando el Gobierno había recuperado la iniciativa política y había utilizado una buena estrategia comunicacional para lanzar el plan de exteriorización de activos y cancelación de deudas judiciales previsionales o se analizaba poner límites a los aumentos de los servicios públicos, Mauricio Macri y su equipo tienen que ceder fuertemente ante las presiones de Elisa Carrió, del radicalismo, del peronismo o del massismo.

En 3 días, Elisa Carrió y el massismo obligaron a dejar fuera del blanqueo a los funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández y de Mauricio Macri, los radicales pusieron el grito en el cielo por la norma que cambia el estatus de relación entre las fuerzas armadas y las autoridades democráticas civiles y los peronistas obligaron al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a tener que colocar techo al nivel de suba en las boletas de electricidad y gas. Y todo esto sin que aún se sientan las presiones de parte de las bancas opositoras en el Congreso.

Parece insólito que el Gobierno no tenga un canal de negociación rápido, sencillo y silencioso con Elisa Carrió y el radicalismo. Tan duro fue el choque con la legisladora chaqueña, que hasta llegó a enfrentar a 2 fuertes amigas, la creadora del ARI y Gabriela Michetti, hasta que intervino Federico Pinedo para bajar los decibeles de la discusión.

Era sabido que Elisa Carrió iba a ser una pieza incomoda en el Gobierno de Mauricio Macri. Como buena cruzada jacobina, sus objetivos y metas son más importantes que las condiciones de gobernabilidad y las necesidades de negociar. Pero fue la creadora de la Coalición Cívica la que “limpió la cara” del macrismo y le permitió sumar mucho voto principista antikirchnerista, que nunca hubiesen ido a “Cambiemos”, pero no quiere perder su perfil independiente de cualquier factor de poder.

Los radicales hacen un enorme esfuerzo para seguir junto al macrismo, pese a que Mauricio Macri le cedió importantes porciones de poder y caja, como nunca antes desde el Gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, no todos los radicales gozan de las “mieles” del poder y siguen levantando banderas maximalistas, que no le aportan ni un solo voto, y que en muchas oportunidades, parecen satisfacer las necesidades del peronismo.

Así como peronistas y kirchneristas son incapaces de reconocer ni un solo hecho de corrupción del Gobierno de Cristina Fernández (y menos del de Néstor Kirchner), el radicalismo es incapaz de comprender que no son una opción elegible hoy por los argentinos, que carecen un buen candidato y que si no fuera por Mauricio Macri serían una fuerza en extinción.

Los peronistas siguen siendo los más pragmáticos en el terreno político y, ante los aumentos desmedidos de las tarifas de los servicios públicos, pocas horas después de haber negociado el recupero de una inmensa masa de dinero de la coparticipación que, hasta ahora iban a la ANSeS, se plantaron ante la Casa Rosada y exigieron tope a las tarifas.

El pedido peronista generó un choque entre los ministros de Energía y Minería e Interior, Vivienda y Obra Pública, Juan José Aranguren y Rogelio Frigerio, respectivamente, que implicó que el primero cediera posiciones y tuviera que desmentir que haya amenazado con renunciar al cargo. En político, se sabe que cuando un funcionario niega su dimisión es porque alguien ya está pensando nombres de reemplazos para ese cargo.

De esta forma, de un plumazo, los Gobernadores peronistas le sacaron a la Casa Rosada un tope tarifario para sus distritos que para la Nación tendrá un costo fiscal de $ 2.250 millones, monto que aleja aún más las posibilidades de reducir el Gasto Público, como había anunciado el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en Enero pasado.

Otro enorme retroceso ha sido el proyecto oficial de reforma electoral, que por los graves problemas internos del PRO para consolidar e institucionalizar el armado de Cambiemos, ha tenido que renunciar a sus intenciones de suspender las Primeras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; con lo cual, los cambios que llegarán al Congreso será sólo de instrumento de voto, ya que no habría más boleta sábana, sino boleta electrónica, como se votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde hace meses radicales y lilitos reclaman establecer un sistema de consulta permanente entre los socios de Cambiemos. Pero en los 8 años que fue Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri no consensuaba las normas que ingresaría a la Legislatura y la construcción de mayoría se hacía con una propuesta sobre la mesa. Por la imposibilidad de que salieran los proyectos como el PRO quería, casi la mitad de las normas votadas por los legisladores fueron vetadas total o parcialmente.

Así que, la ausencia de consultas previas y la negociación con un texto sobre la mesa es una costumbre de Mauricio Macri en el poder. Modificarlo, después de tanto tiempo, se hace difícil, salvo que tenga un equipo político que asuma los riesgos y los costos de la tarea. Por lo visto, Marcos Peña mantiene el ADN macrista puro y avanza para luego negociar; mientras que Rogelio Frigerio, un “impuro” en la clasificación de Jaime Duran Barba, termina por tener que pactar, sobre todo con el peronismo, decisiones que ya fueron tomadas y hasta publicada en el Boletín Oficial.

Este capítulo del “Estilo PRO” tiene un alto costo político, más cuando venimos de un Gobierno como el de Cristina Fernández que tenía en el Congreso una virtual “escribanía” que aprobaba cualquier iniciativa que saliera de la Casa Rosada, no importaba su contenido, ni la cantidad de “sapos” que tenían que “comerse” peronistas y kirchnerista.

Con 6 meses en el poder, Mauricio Macri ya comienza entender que no es lo mismo la negociación en la Legislatura porteña que en el Congreso de la Nación y que legisladores porteños, muchos que suelen jugar como “líberos”, no se pueden comparar con senadores o diputados que responden (o muchas veces no) a gobernadores cargados de necesidades.

Son tiempos complejos de armado político complicado y desafíos mayores. Pese a las escandalosas revelaciones judiciales alrededor de Cristina Fernández, Lázaro Báez y otros miembros de la elite kirchnerista, el lento accionar de la Justicia no alcanzan a calmar la ansiedad de los votantes antikirchneristas que exigen ver presos a los involucrados. Así, el efecto “placebo” que se esperaba sobre la opinión pública, ha cesado y la inseguridad o los problemas económicos ganan posiciones todos los días.

El default, Thomas Griesa, los holdout, el cepo importador, el cepo cambiario, la imposibilidad de comprar dólares a precio oficial, los cortes de energía, la paralización de las obras públicas y los “Precios Cuidados” ya no forman parte de la tapa de los medios, pero la inflación, la recesión y la falta de inversiones externas son repetidas hace semanas y prometen ser repetidas durante varias semanas más.

Para el votante macrista se ha hecho mucho y hay que tener paciencia para esperar que se cumplan otras promesas de campaña, como  la reactivación o bajar la inflación a valores soportables para una familia tipo. Por su parte, para el votante kirchnerista, el macrismo no deja de destruir su imaginaria “obra”. En el medio, los inconformes superan a los conformes, pero como no hay un candidato opositor que encarne el descontento contra el PRO, en todas las encuestas, la imagen positiva de Mauricio Macri sigue siendo mayor que a negativa.

Puede que Mauricio Macri y su Gobierno no hayan alcanzado las expectativas de muchos que los votaron, pero la tarea realizada ha sido titánica, aunque todavía falta mucho, mucho, mucho más por hacer.

Más que Uber, Metrobús es el futuro

Por Héctor Zajac - Clarin.com
La inauguración de un nuevo Metrobús y los fallos contra Uber son complementarios. El “carpooling” que promueve Uber contra el auto vacío es una versión edulcorada de un mal mayor fomentado por una distorsión: los que conducimos tendemos a atribuir la causa del embotellamiento a la lentitud del colectivo. Sin embargo, su ratio de uso de espacio por pasajero, 10 veces menor (20 si es articulado) al del auto, convierte al auto en causa de congestión y contaminación.

La app se proclama sustentable: la web crea la sincronía entre usuario y coche más cercano, ahorrando desplazamiento y consumo energético a nivel sistémico. Pero capitaliza en sutiles subsidios indirectos. Medra en el vacío legal no tributando y, aunque los consumidores prefieren contacto con el objeto -el shopping virtual es aún incipiente en relación al físico- esto no sucede cuando el objeto es la movilidad. Un improbable consuelo para el taxi, el grupo etario lejano a la web.

Si la autopista, cuyo incremento de espacio de circulación indujo al auto extra que la acabó taponando, invalidando la finalidad de su creación, en un mundo donde sobran desempleados, ¿no podría la invitación de la empresa a volverse un “uberemprendedor” inducir lo mismo? La cuestión es: ¿cuál es el modelo de ciudad que se pretende, el precio a pagar para evitar su caos y quién deberá pagarlo? Taxi y Uber comparten la ineficiencia funcional de una modalidad de transporte, aunque el primero creció con la ciudad creando un servicio criticado por abusos de precio e inseguridad pero alimentando miles de familias, y en tiempos difíciles.

En la ciudad, cada decisión debe beneficiar a los millones que se mueven diariamente entre Gran Buenos Aires y la Capital en transporte público. Metrobús acortó sus tiempos de viaje. Pero el despliegue de su potencial depende de una gestión que exija a las empresas unidades articuladas y modificaciones en recorridos de acuerdo a los corredores creados. 

El ramal Av. San Martín es clave, una diagonal que es la distancia menor entre el centro geográfico de CABA en el Cid Campeador y su límite en la Gral. Paz, pero aún no hay una línea que cubra la totalidad de un trayecto que beneficiaría incontables usuarios. En la mayoría de las ciudades de la UE hay sistemas similares a Metrobús, y no hay Uber. No se construyen autopistas ni parkings. El centro es territorio del peatón, el tranvía y el bus eléctrico. El subte es cuestionado por costo e impacto ambiental. La app dejó de existir en Bélgica y Francia. En el Reino Unido la legalidad le costó cara: los taxistas fijaron las condiciones.
Las TICS virtualizan el lugar de trabajo, reconcilian la brecha entre éste y vivienda. Reducen los viajes al centro en horas pico, causa estructural de congestión y contaminación, y prometen un futuro sin ellas. Uber invoca la tendencia, pero es esclavo de un modo dominante en una urbe que ya no existe.

El Estado tiene que gestionar por una ciudad democrática, aunque luzca un oxímoron impidiendo Uber. Mejorar el Metrobús y usar gotero en las licencias para taxi. Nivelar el terreno gravando a la app es dar un lugar donde ya no hay. Sin embargo, sería más que bienvenida donde lo hay de sobra, capitalizando los grandes vacíos de integración del país entre pueblos y ciudades.

Héctor Zajac es Geógrafo (UBA) y Magister Problemáticas Urbanas (UNY)

Argentina y Rusia: relación entre "dos necesitados"

Por Sebastián Vigliero - Clarin
La “asociación estratégica integral entre la República Argentina y la Federación de Rusia auspicia una plataforma de complementación de cara al futuro para los dos países, que no se debería dejar de mirarse.

Ambos países, además de compartir fuertes intereses en el campo de la seguridad y la economía –tienen posiciones comunes en el Grupo de los 20 y en Organización de Naciones Unidas (ONU)-, son “dos necesitados” cuyas economías enfrentan el dilema de permanecer dependientes del ciclo de precios de los commodities –granos e hidrocarburos- sino también de convertirse en plataformas productivas modernas y altamente intensivas. Una combinación que pocos países se podrían dar el lujo de soslayar.


Hoy el comercio argentino-ruso se sitúa en alrededor de unos u$s 1.800 millones e involucra en su mayoría productos primarios. El crónico déficit comercial argentino desde 2011 se explica por la magnitud de las exportaciones rusas -70% de la balanza comercial-, constituidas en su gran mayoría por fertilizantes minerales y combustible diesel y por las pocas y concentradas ventas argentinas -frutas, carnes, legumbre y bebidas-. Nuestro país no es para Rusia un socio comercial de envergadura, como sí lo son los mercados en Europa, Asia y sus vecinos inmediatos. 

Lejos de quedarse en la lógica del tradicional esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), tanto Argentina como Rusia se muestran como economías con importantes recursos naturales –de por sí escasos y muy demandados en el mundo- que buscan desarrollarse sustentablemente. El problema es su primitiva matriz industrial y la falta de inversiones.

¿Cómo pueden complementarse? Argentina se ofrece hoy al mundo como una potencial base de operaciones industrial necesitada de inversiones millonarias, de transferencia tecnológica, infraestructura, y de conocimiento. 

Las sanciones internacionales impuestas a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos son una formidable oportunidad para la industria de agroalimentaria nacional en el mercado ruso. Por su parte, el Kremlin, además de la necesidad de modernizar su economía y sus instituciones, tiene intereses concretos en los sectores de hidrocarburos telecomunicaciones, de energía atómica, hidroelectricidad, industria ferroviaria, militar y de transporte, entre las más representativas.

No siendo suficiente ello faltaría creatividad para combinar sinergias de recursos naturales y erigir industrias intermedias altamente intensivas que permitan insertarse en las cadenas de producción internacional.

Ello redundaría no sólo en beneficio de los dos países sino que sería un comienzo para lanzar una estrategia transnacional argentino-rusa y replicarla en América Latina y en la Unión Económica Euroasiática-Asia Central-, haciéndolo extensivo a otras regiones. Algo que podría servir para acortar distancias y acrecentar lazos de dos países que buscan crecimiento sustentable en el tiempo.

Sin dudas, un desafío interesante para la Argentina y Rusia que, pese a la distancia y al disímil tamaño de sus economías, piensan muy parecido sus estrategias de salida que las condicionan en la economía internacional.

Sebastián Vigliero es profesor del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE

Inadmisibles demoras en la causa de Lázaro Báez

(La Nación) - Despierta sospechas la indolencia manifestada por el juez Casanello antes de adoptar elementales medidas para el avance de la investigación.

Los televidentes poco informados que asisten a los shows televisivos con los allanamientos a las múltiples propiedades santacruceñas del seudoempresario Lázaro Báez, así como asistieron antes a su captura y al patético periplo y posterior apresamiento de su abogado Jorge Chueco, quizá tengan la impresión de una Justicia implacable en la persecución de los sospechosos de alto vuelo y la obtención de las pruebas necesarias para procesarlos.

Por desgracia, no es así. Asistimos a medidas elementales que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo y que no se instrumentaron probablemente para beneficiar, no sólo a Lázaro Báez, quien dista de ser un personaje con peso propio, sino a la familia Kirchner, pues Báez habría oficiado de testaferro del ex presidente Néstor Kirchner.

No en vano el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa contra Báez por lavado de dinero, se ha ganado apodos basados en su indolencia y extrema lentitud para instruir este importante expediente. Una lentitud tan extrema que podría rayar en la complicidad.

Esa actitud del juez se ha manifestado desde el comienzo y le ha valido fuertes recriminaciones por parte de su superior, la Sala II de la Cámara Federal, que hace más de un año lo instó a que indagara a Báez, al tiempo que le reprochó haber efectuado una investigación "parcial" y haber avanzado en forma despareja con los distintos imputados. En efecto, Casanello había procesado a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes ejecutaban parte de la ingeniería financiera para lavar el dinero de Báez. Sin embargo, el magistrado se paralizaba ante Báez. Claro, aún gobernaba Cristina Kirchner.

Cuando ella abandonó el poder y la televisión difundió el video con Martín Báez, hijo de Lázaro, y otros personajes dedicados a contar euros y dólares, y a apilar y guardar en bolsos fajos de esos billetes, Casanello no tuvo más remedio que ir por Báez. Poco después se le escapó Chueco, que si no logró suicidarse en Puerto Iguazú o tampoco logró fugarse más allá del Paraguay, fue porque no quiso. Chueco tendría que haber sido indagado antes. Ninguna vigilancia se ejercía sobre él.

También llama poderosamente la atención el hecho de que, habiendo procesado con prisión a Lázaro Báez, no haya hecho lo mismo con su hijo Martín, sobre quien pesan las mismas pruebas, además de la comprometedora filmación de "La Rosadita". Aquí es donde resurgen las suspicacias, pues tras la detención y la indagatoria de Báez padre, se ha publicado en reiteradas ocasiones que tanto él como su esposa habrían resuelto contar cuanto saben si Martín Báez va a parar a una celda.

Otro hecho que puso de manifiesto la extrema indolencia de Casanello se produjo días atrás. El miércoles de la semana pasada, la defensora de Fariña depositó en la Justicia un escrito de puño y letra de su defendido, en el que éste había anotado la lista de propiedades de Báez. Caía de maduro que los allanamientos a esas propiedades requerían una ejecución más que veloz, pues ya habían transcurrido varios días desde la indagatoria de Báez. Pero los días pasaban sin novedades al respecto. El lunes pasado, tanto LA NACION como Clarín se extrañaron ante tanta demora en la adopción de una medida elemental. Mientras tanto, la lista o parte de ella había tomado estado público el día anterior. El juez dispuso los allanamientos en la noche del lunes. Una vez más, pareció actuar a impulso del periodismo.

Cuando se confirmó la prisión de Báez, los camaristas de la Sala II volvieron a reprocharle negligencias a Casanello y lo urgieron a investigar dónde se encuentran escondidos los cuantiosos fondos que constituyen la fortuna de Báez y que provendrían de la sobrefacturación de obras públicas durante la gestión del kirchnerismo.

Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que para probar el delito de lavado de dinero, hay que determinar cuál fue el hecho ilícito que generó esos fondos que hubo que lavar. Se trata de un punto esencial que no debe soslayarse, a riesgo de que todo cuanto muestran las pantallas de televisión en estos días quede como mera espuma.

No puede tocarse el tema de la causa de Casanello sin mencionar la de Hotesur, a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En ella se investiga el presunto lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner. Rafecas declaró la incompetencia en febrero pasado y el expediente corre el peligro de atomizarse en distintos sumarios. Afortunadamente, el fiscal de esa causa, Carlos Stornelli, se manifestó en contra de la decisión de Rafecas, e idéntica actitud adoptó el fiscal ante la Cámara Federal, Diego Velasco.

Causas como las de Casanello y Rafecas arrastran demasiados atrasos difíciles de explicar, que alimentan las sospechas de que el proceder de ciertos magistrados sigue siendo funcional a una mejora de la comprometida situación de la ex presidenta de la Nación en algunas de las investigaciones.

Muy cerca de Cristina

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION (Extractado)
Están buscando la fortuna de la familia Kirchner. Jueces y fiscales saben que las propiedades de Lázaro Báez son suyas sólo en lo formal. La enorme mayoría de las cosas que tiene Báez pertenecen a la familia que gobernó la Argentina durante 12 años. El juez Sebastián Casanello dispuso allanamientos más numerosos que los que indicó Leonardo Fariña en su última declaración. Ordenó revisar cada una de las casas o estancias que están a nombre de Báez.

Una tarea monumental por la dimensión patagónica de los territorios que deberán inspeccionar. La Justicia se acerca dramáticamente a los pies de Cristina Kirchner.

Sin embargo, se impone una dosis de cautela. La descripción que hizo Fariña de escondites y covachas llenos de dólares y euros corresponde a los años 2011 y 2012. Tuvieron demasiado tiempo para trasladar el dinero y para cambiar la arquitectura de los lugares, sobre todo después de que Fariña fue un testigo doblemente arrepentido ante el periodista Jorge Lanata (primero se confesó ante él y después se desdijo). Los Báez sabían que Fariña conocía la ubicación exacta de esos lugares. Hasta les sacó fotos. ¿Los dejaron tal como estaban? ¿Cometieron, acaso, la monumental chapucería de no modificar nada? Por eso, Casanello mandó allanamientos más vastos que los señalados por Fariña. Es cierto también que el dinero acumulado es mucho, muchísimo, y que no es fácil en este mundo esconder, trasladar o depositar semejantes caudales.

Es igualmente veraz que la Justicia tendría a mano otros recursos si no hubiera hallazgos importantes. Podría, por ejemplo, hacer peritajes para establecer si hubo cambios en los últimos años en las casas y estancias de Báez y dónde se hicieron. Casanello demoró seis días los allanamientos que debieron hacerse inmediatamente después de la última declaración de Fariña. El juez asegura que le mandó el testimonio del arrepentido al fiscal Guillermo Marijuan, en un sobre cerrado, para que éste se expidiera. El fiscal estaba evidentemente crítico de las demoras de Casanello, pero Marijuan prefirió luego bajar el nivel de la sorda polémica con un elogio a la gestión del magistrado. Hay preguntas que son básicas, pero que conviene hacerlas. ¿Juez y fiscal no debieron, acaso, hablar por teléfono para agilizar los trámites? ¿Por qué procedimientos de tanto volumen político y judicial se resolvieron con el trámite antiguo de enviar un sobre y esperar una respuesta a vuelta de correo? Mientras tanto, el país y, sobre todo, los Báez ya sabían que existía la declaración de Fariña y la supuesta ubicación de los tesoros escondidos.

Una pregunta recurrente que suele hacerse la política es por qué los Kirchner habrían preferido acumular dinero en efectivo en lugar de buscar métodos más seguros. La respuesta que dan los íntimos de Néstor Kirchner es que el ex presidente desconfiaba de los bancos internacionales. Había llegado a la conclusión de que uno de los negocios de esos bancos es guardar dinero de políticos en el poder para negarles su devolución cuando han perdido el poder. Los bancos embargan esos depósitos, por lo general, a la espera de resoluciones judiciales que no llegan nunca. "Éstos te reciben con alfombra roja cuando sos presidente y después no te dan la guita", solía repetir. Eligió, en cambio, amontonar el dinero en efectivo para luego lavarlo lentamente en el país o llevarlo a paraísos fiscales mediante un sistema de empresas que se parecen a las mamushkas rusas. Una empresa de testaferros guarda a otra empresa y así sucesivamente. Sólo en la última, cuando ya se han perdido casi todas las pistas, están los verdaderos dueños.

La otra pregunta que se hace la política es por qué los Kirchner decidieron confiar parte de su fortuna a un personaje menor como Fariña, farandulero y ostentoso. Era un semáforo encendido llamando a la investigación de la Justicia. Según el relato de antiguos confidentes de Néstor Kirchner, Fariña apareció como gestor del dinero de la poderosa familia política argentina luego de la muerte del ex presidente. Antes, Fariña visitó Olivos como amigo de los Báez, sobre todo de Martín, el hijo, y participó de algunos fulbitos con Néstor Kirchner. En esa época, Néstor prefería llevar el dinero a paraísos fiscales mediante profesionales de las finanzas. Gestión a la que le dio especial impulso después de 2008, aunque la ingeniería de obras públicas sobrefacturadas comenzó casi con su gobierno.

En 2008, los Kirchner sufrieron la primera derrota política, tras su guerra con el campo, y el ex presidente perdió en 2009, con su nombre en las boletas, las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Un conocido banquero y otro conocido empresario de concesiones abrían y cerraban entonces las puertas de Olivos. Un amigo del ex presidente le preguntó la razón de esas presencias. "Hay que juntar plata para después del poder", le respondió. La muerte de Néstor Kirchner cambió la política argentina y la estrategia financiera de la familia. Cristina Kirchner arrasó en las elecciones presidenciales de 2011. Comenzó el cepo al dólar y la disputa por el dólar paralelo. Cristina se enojó con todos los banqueros, amigos y enemigos. Le encargó a Lázaro Báez que se hiciera cargo de la fortuna y de su blanqueo o depósito. Báez apareció con Fariña como una inteligente solución. Cuesta imaginar, realmente, que Néstor Kirchner haya depositado parte de sus ahorros (por los que sentía una debilidad inigualable) en manos de Fariña.

Báez sí es obra de Néstor Kirchner. También Cristóbal López. Había una diferencia en el trato con ellos; Báez era un testaferro y López era un socio. Hubo estrategias igualmente diferentes entre Báez y López. Báez creyó en el discurso del microclima cristinista de que la victoria era segura en las pasadas elecciones presidenciales. No se preparó para la derrota, aun cuando Cristina también se peleó con él. Lo dejó sin obras públicas (convencida, dicen, de que robó plata de su marido) y lo expuso públicamente. Varias empresas de Báez están cerca de la bancarrota. No es que Báez no tenga plata. La tiene, pero no puede blanquearla con el pago de salarios a sus empleados. Cristina lo depositó personalmente cerca de los tribunales.

López, en cambio, sí imaginó un escenario de derrota del kirchnerismo. En julio del año pasado, cuando ni siquiera se habían realizado las elecciones primarias, intentó cambiar el domicilio de sus empresas más vulnerables al sur del país, donde hay una justicia que él conoce, frecuenta y adula. Compró también medios de comunicación para presionar sobre un eventual gobierno de otro signo. La AFIP de la nueva administración y la Justicia le impidieron el cambio de domicilio. El error de Néstor Kirchner fue confiar en personajes tan poco presentables. Un ex empleado bancario convertido en uno de los más grandes terratenientes de la Patagonia. Un empresario del juego y del petróleo que no le devolvió al Estado el dinero que cobraba como impuesto a las naftas. Acumuló casi 8000 millones de pesos que usó para agrandar su imperio. El error de Cristina fue, además, poner todo eso en manos ineptas y torpes, muchas veces para conformar caprichos o malhumores personales.

El verdadero cambio que tiene que hacer el presidente Macri

Por José Luis Espert - LA NACION
Hace 80 años la Argentina estaba décima en el ranking mundial de ingresos per cápita. Hoy no supera el puesto 70. En los últimos 40 años tuvimos cuatro planes que terminaron en crisis profundas: el de José Ber Gelbard, "la tablita" de Martínez de Hoz, el austral y la convertibilidad. Y por ahora evitamos la crisis latente en la que nos dejó "la década ganada" kirchnerista.

Somos el país que más defaults de la deuda pública realizó desde la Segunda Guerra Mundial y el que más juicios soberanos en contra tiene en el mundo. Y desde 1988 (28 años), los niveles de pobreza promedian el 30% de la población, con picos de 50% y 60% en crisis homéricas como la hiperinflación y 2002.

¿Hay una o varias cosas que unan, que sean la columna vertebral, o sea, los elementos aglutinantes de aquellas crisis que nos convirtieron en el país de las posibilidades potenciales extraordinarias, pero, al mismo tiempo, tan decadente? Sí. Al menos hay dos. Primero, todas las crisis tienen su origen en crisis de financiamiento del fisco. O sea, llega un momento en que los déficits fiscales son tan grandes que el Banco Central tiene que devaluar porque se queda sin reservas, si es que los déficits previos a la crisis se financiaron con emisión monetaria o dólares del BCRA (plan Austral y la Década Ganada). Otras veces, cuando los déficits se financiaron con deuda externa, la devaluación ocurre porque hay que generar las condiciones para repagar una deuda que se defaultea y luego se reestructura (consecuencias de "la tablita" y de la convertibilidad).

La segunda causa es la sustitución de importaciones, que permite "funcionar" aislados del mundo, otorgando aumentos salariales extravagantes en dólares que no pueden ser pagados por mayor productividad, sino por aumentos de precios de una industria ultraprotegida mientras los sectores más rentables de exportación languidecen o quiebran frente al consecuente atraso cambiario.

¿Cuál fue la respuesta, hasta ahora, del gobierno de Macri a la "cruz" fiscal que le dejó el kirchnerismo de un déficit de 7% del PBI? Baja de los (indebidos) subsidios económicos que recibe el sector privado para financiar la baja de impuestos ya anunciada (retenciones y mínimo no imponible de Ganancias), la que se avecina (IVA para alimentos), la suba del gasto en obra pública prometido a las provincias y los planes de infraestructura a nivel nacional y en subsidios sociales que con estilo de "goteo" casi diario el PRO no para de anunciar.

O sea, dejar el déficit fiscal en niveles similares al kirchnerismo y financiarlo, después del cierre del capítulo holdout, con la colocación de toda la deuda externa posible para evitar los costos recesivos de financiarlo con colocación de deuda interna o los costos inflacionarios de hacerlo, como el kirchnerismo con emisión monetaria.

Esto, además de desconocer que el problema de un déficit fiscal cada vez más difícil de financiar, no tiene en cuenta -y he aquí lo central y medular- que el nivel de gasto público de hoy de más de 40% del PBI es impagable para el sector privado, porque genera una presión impositiva salvaje que alienta la economía en negro y para los que están en blanco significa trabajar más de la mitad del año sólo para pagar impuestos, reeditando en pleno siglo XXI una nueva esclavitud: la impositiva.

Pero con un pobre ajuste del gasto público y la continuidad de un enorme déficit financiado con endeudamiento externo y más allá de recuperaciones de la economía que eventualmente puedan venir (como también paso en los 90), en el mejor de los casos se retrasará el momento en el cual volveremos a discutir la necesidad de nuevos ajustes fiscales y de devaluar el tipo de cambio. La experiencia local e internacional indica que los ajustes que no se hacen al principio, cuando se tiene poder, no se realizan y con el tiempo los fuerza el mercado y provocan la caída de los gobiernos.

La Argentina ya recurrió al endeudamiento externo para financiar sus déficits fiscales a fines de los 70 y los 90. El camino a seguir no es éste. Es el que siguieron países como Chile, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán. Libre comercio como antítesis a la sustitución de importaciones y Estado pagable y sin déficits fiscales como antítesis al Estado presente y megadeficitario que presenta hoy la Argentina.

Éste sería un auténtico cambio para Cambiemos y el país.
El autor es economista