Bonadio procesó a De Vido por subsidios a colectivos y lo embargó en $ 1000 millones

Por Paz Rodríguez Niell - LA NACION

El juez lo encontró responsable de una estafa al Estado de más de $ 600 millones en pagos sin control; tiene prohibido salir del país.

El juez federal Claudio Bonadio firmó ayer un nuevo procesamiento contra el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido. Lo encontró responsable de un desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios y ordenó un embargo sobre sus bienes de $ 1000 millones. Le prohibió, además, salir del país y lo obligó a presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes.

Bonadio consideró probado que la Secretaría de Transporte, que dependía del Ministerio de Planificación Federal de De Vido, entregó "sistemáticamente", durante casi diez años, subsidios a empresas de colectivos por montos mucho más altos de lo que debían cobrar. Le pagó incluso $ 756.149 a una compañía que no movió un solo colectivo.

El viernes pasado, Comodoro Py le había dado a De Vido la primera buena noticia después de mucho tiempo. El juez Luis Rodríguez, en el caso Río Turbio, le hizo saber que no pediría su desafuero. Dijo que no tenía pruebas ni para indagarlo, en respuesta al pedido del fiscal Carlos Stornelli de desafuero y detención. Eso le dio algo de aire a De Vido, pero el oficialismo anunció que igual buscará expulsarlo del Congreso. Este nuevo procesamiento será otro "cargo" que llevará a la reunión de la semana próxima.

Según el juez, De Vido y funcionarios que dependían de él "diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema" para defraudar al Estado y lograr que los responsables quedaran impunes.

Los subsidios se calculaban según los kilómetros recorridos por los colectivos, pero los funcionarios no controlaban cuántos eran efectivamente esos kilómetros. Se pagaba según lo que informaban las empresas beneficiadas en sus declaraciones juradas. Si alguna auditoría advertía que habían informado kilómetros de más, las compañías no tenían castigo. El Estado se limitaba a dejar de pagarles, a futuro, ese extra ilegal. 

"No se aplicaban sanciones ni se exigía la devolución de los subsidios recibidos en exceso. Las normativas no contemplaban estas opciones", afirmó Bonadio. Las auditorías, para colmo, no tenían reglas claras y se focalizaban en las líneas de colectivos que menos subsidios recibían.

"La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en 2014", detalló el juez. Eso fue así, según Bonadio, porque no hubo la más mínima voluntad de controlar. "La medición de los kilometrajes no era algo complicado ni que requiriera tecnología avanzada", escribió el juez.

"En el período del hecho investigado (2003/2014) ya existía el cuentakilómetros desde hacía muchos años y todos los vehículos automotores que se comercializaban en el país incluían uno", afirmó Bonadio.

De Vido fue ministro entre 2003 y 2015. Hasta 2012, la Secretaría de Transporte, que entregaba los subsidios, dependía de él. Además, los kilometrajes eran convalidados por la CNRT, organismo descentralizado que actuaba en la órbita del mismo ministerio. Junto con De Vido fueron procesados también los secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (hoy diputado kirchnerista), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Bonadio los encontró responsables de un "perjuicio a las arcas del Estado" de unos 609.326.186 pesos.

"Abusando del cargo [De Vido] permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo", afirmó el juez, en línea con lo sostenido por el fiscal, que en este caso también es Stornelli.

En su defensa, De Vido declaró que él no había participado y jamás había firmado nada vinculado con estos subsidios. Que tampoco había dado órdenes y ni siquiera había delegado nada, porque los secretarios de Transporte actuaban "en ejercicio de funciones normativamente atribuidas por el Poder Ejecutivo".

Según el fallo de Bonadio, estos argumentos no lo eximen de responsabilidad. "Resulta insostenible la versión ofrecida en el descargo, en cuanto presenta al ministro como una mera figura decorativa, dedicada a la planificación y ajena a la concreción de los planes", dijo el juez. Destacó que las sumas eran demasiado altas y la maniobra duró demasiado tiempo como para que él no lo supiera. Agregó que todos los implicados habían sido nombrados por De Vido y que no se conocían entre sí. También responsabilizó al ex ministro de Planificación por la falta de controles.

En cuanto al embargo, se relaciona con el monto defraudado. Los 600 millones se estimaron con la colocación de los GPS en los vehículos. Se comparó el primer año con GPS con los anteriores, tomando iguales meses, recorridos y cantidad de colectivos. Todo con aviso a las empresas. Por eso, estimó el juez, lo detectado es sólo "la punta del iceberg", lo que las empresas no pudieron ocultar ni aun sabiendo que estaban siendo auditadas.

Radiografía judicial del ex ministro de Planificación

Julio De Vido, diputado nacional (FPV) 

El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido. Foto: Archivo / Fabián Marelli / LA NACION

32 son las causas en trámite que enfrenta De Vido

Según el Observatorio de Corrupción del CIJ, se lo investiga por enriquecimiento ilícito, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, entre otros delitos

Política ferroviaria

La causa más resonante es la tragedia de Once, que dejó 52 muertos, a la que se le puede sumar la compra de locomotoras a España y Portugal, la renegociación de concesiones y subsidios a concesionarias

Patrimonio personal

Se lo investiga junto a su esposa, Alessandra Minicelli, por enriquecimiento ilícito. La omisión de varios bienes e ingresos que no coinciden en las declaraciones juradas presentadas son un punto clave

Obra pública

Ya está procesado por asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de contratos viales a Lázaro Báez, a lo que se suman los casos Skanska y Sueños Compartidos, entre otros

Estados Unidos brindará datos a jueces y fiscales que investigan a Odebrecht

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Se reunirán el martes en Washington con funcionarios de la justicia local; tendrán acceso a documentos clave del caso.

Garavano acordó la cooperación de EE.UU. con el director del Consejo de Seguridad. Foto: Twitter

El gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a poner a disposición de la justicia argentina una base de datos con la información que entregó Odebrecht sobre las coimas que pagó en la Argentina, las transferencias bancarias y los documentos internos de la empresa, dijeron a LA NACION altas fuentes del gobierno argentino y funcionarios judiciales.

El intercambio comenzará a concretarse mañana con el viaje que realizarán a Washington cuatro jueces federales y dos fiscales que investigan los sobornos que pagó el gigante brasileño para asegurarse la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo.

Los viajeros son los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi , Daniel Rafecas y Sebastián Casanello, y los fiscales federales Sergio Rodríguez y Franco Picardi. Los fiscales Federico Delgado y Gerardo Pollicita decidieron no viajar.

Ramos investiga el direccionamiento de la venta de Transener a Electroingeniería -cercana al kirchnerismo- en un caso donde un arrepentido dijo que Julio De Vido cobró sobornos. Martínez de Giorgi indaga el soterramiento del Sarmiento, donde dos mails hablan de un esquema de pago de coimas. Y Rafecas está abocado a los sobreprecios en la ampliación de dos gaseoductos y Casanello, obras de AySA.

La delegación judicial argentina visitará el martes a las 9.30 a funcionarios de la División Criminal de la Sección del Departamento de Justicia, que se encarga de perseguir las violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero, en castellano). Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en ese país, como Odebrecht. El jefe de la Unidad de FCPA es Daniel Kahn.

Como las reuniones se pactaron bajo la más estricta confidencialidad no se pudieron conocer otros detalles de la agenda oficial.

La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la fiscalía de Nueva York mediante el cual admitió haber pagado sobornos por 3500 millones de dólares en todo el mundo a cambio de pagar una multa para poder seguir haciendo negocios en los Estados Unidos y reducir o evitar sus condenas.

Esa información que entregó Odebrecht es la que aspiran a conocer los jueces y fiscales argentinos, luego de que se empantanaron -al menos por el momento- las posibilidades de un intercambio oficial con Brasil. No es probable que como resultado de este viaje traigan documentación bajo el brazo, pero al menos sí saber cómo fue clasificada la información de Odebrecht en esas bases de datos y cómo pedirla mediante exhortos.

Es decir que la reunión con los representantes de la oficina del fiscal general de los Estados Unidos permitirá precisar qué información hay para poder pedirla exactamente en futuros exhortos.

El viaje es el epílogo de las aproximaciones que realizó el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se entrevistó en Washington el 6 de junio pasado con el fiscal general Jeff Sessions y funcionarios del Departamento de Estado.

El camino abierto por el ministro será recorrido ahora por los interesados en los casos concretos que se reunirán con sus pares norteamericanos.

El Gobierno comenzó a explorar la variante norteamericana cuando advirtió que las condiciones que ponía Brasil para entregar información eran de imposible cumplimiento, pues las leyes en la Argentina no con templan la inmunidad de los corruptos a cambio de información .

Al mismo tiempo, el oficialismo desconfía de esa vía, que tiene más aceitadas comunicaciones con la Procuración General de la Nación, pues considera que Alejandra Gils Carbó puede utilizar los datos con fines políticos para perjudicarlos.

Tienen en cuenta, sobre todo, que en el contrato del soterramiento del Sarmiento, la socia local de Odebrecht era la empresa Iecsa, que en ese momento pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Intercambio de información.

• Cuatro jueces y dos fiscales federales que investigan los sobornos que Odebrecht pagó en la Argentina viajan hoy a Washington.
• El gobierno de Estados Unidos les dará acceso a una base de datos con la información entregada por la empresa a cambio de poder seguir operando en ese país.
• El viaje se concreta tras el fracaso, al menos hasta ahora, de un intercambio de información con la Justicia de Brasil

El silencio que aceitó el sistema ahora aparece amenazado

Por Diego Cabot - LA NACION

Los tiempos cambiaron para los dueños de los colectivos. Tanto que aquel mundo de 20 asientos bien podría llamarse ahora el mundo de 251 banquillos.

La noticia de que el juez federal Claudio Bonadio procesó a 251 empresarios del transporte de pasajeros urbano por irregularidades en la liquidación del subsidio al gasoil pegó fuerte en el sector. No es para menos, durante más de una década, el silencio de funcionarios, empresarios y gremios acompañó a cada colectivo que circuló por el área metropolitana. Y claro está, ahora temen que frente a un juez, algún díscolo termine por revelar la trama de dinero sin control con el que se lubricó un esquema que se basó en el boleto congelado y los subsidios discrecionales.

Fueron años de descontrol y los empresarios lo saben mejor que nadie. Todos los meses, desde 2002, los dueños de los colectivos recibían un millonario cheque sin el cual ni siquiera podían sacar los coches de los galpones. Ese fue el verdadero combustible del sector.

Dentro de ese pago, había dos conceptos. El primero, una compensación por el boleto congelado. Una fórmula a pedir de gestores oficiosos fue la base del cálculo. Pasajeros transportados, frecuencias, cantidad de empleados, antigüedad del parque y boletos vendidos fueron algunos de los números que se declaraban en una planilla y sobre la cual se calculaban los subsisios.

La otra parte de subsidio era para el gasoil. La Secretaría de Transporte, y ahora el ministerio, entrega a cada unidad una determinada cantidad de combustible a un precio lejano del que se paga en surtidor. El único documento que servía como pilar de esos cálculos era una declaración jurada del transportista. Nada más.

Aquella cadena de la felicidad no fue pareja. Muchas empresas que no tenían los mejores gestores o no estaban dispuestos a dejar el 20% de la recaudación en el camino no la pasaron bien. Más aún, tal fue la discrecionalidad que muchas veces, con la excusa de la falta de algún documento, la Secretaría de Transporte frenaba los pagos de los subsidios y esas compañías eran invitadas a ser gerenciadas por otras. Casualidades de la burocracia argentina, las gerenciadoras tenían mejores gestores que las otras y los subsidios se destrababan con llamativa rapidez. Alejandro Ramos, un opaco secretario de Transporte que llegó de la mano de los hermanos Alejandro y Agustín Rossi, bien podría aportar datos de aquella operatoria. Claro que también varios funcionarios actuales. La concentración de líneas de colectivos es un proceso que aún no ha parado.

Ese motor aceitado que hizo millonarios a funcionarios y empresarios está a punto de romperse. Todos los transportistas fueron obedientes a la hora de llevar mes tras mes la contribución que aportaban a la cámara que los agrupaba. No había otra forma de subsistir. Pero nadie puede asegurar ahora que alguno de aquellos peregrino obedientes no se quiebre, imputado y ante un juez federal.

La causa con la que Bonadio trajo a 251 empresarios al banquillo empezó en abril de 2014 después de una investigación publicada en de LA NACION. Entonces, se cruzaron los datos satelitales que surgían de las máquinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con los que las empresas de colectivos denunciaban todos los meses antes de pasar por ventanilla a cobrar las compensaciones. Previsible; surgieron fuertes inconsistencias que dejaron mal parados a unos cuantos grupos transportistas.

Sólo el primer mes en el que el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y sus funcionarios usaron datos precisos y no declaraciones juradas, descubrieron que mensualmente se entregaban subsidios por 13 millones de metros cúbicos de gasoil cuyo consumo no se podía justificar con los recorridos. Sólo en el área metropolitana se pagaban por compensaciones al combustible 30 millones de pesos de más por mes. Dicho de otro modo, una irregularidad de un millón de pesos por día.

El ex ministro Julio De Vido no está ajeno a esta causa. Ya fue indagado por Bonadio. Como lo ha repetido en otras causas, endilgó las causas en sus dependientes. Nadie sabe a ciencia cierta cómo reaccionará un hombre asustado. Y justamente ahí radican los temores de los empresarios. Solo basta que uno se asuste.

El Gobierno retiró a Odebrecht del registro de constructores

Por Laura Serra - LA NACION

Por un año no podrá participar de licitaciones de obra pública.

El Gobierno dispuso ayer retirar, por el plazo de un año, a la empresa brasileña Odebrecht de la nómina de oferentes de obra pública por encontrarse "prima facie en falta muy grave". La constructora, que admitió el pago de coimas para acceder a licitaciones públicas, es investigada en la Argentina y en otros países por la Justicia.

"Se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa", advirtió ayer en una resolución el Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio.

"También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados", indicó el Consejo en su resolución, aludiendo así a la megacausa conocida en Brasil como Lava Jato. "Así surge del informe de los auditores independientes sobre los estados contables consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado", se argumentó en la resolución.

En efecto, según se informó en la cartera de Interior, la empresa Odebrecht estaba realizando los trámites para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Constructores, vencida el 30 de junio del año pasado. Sin embargo, el Gobierno decidió no sólo no renovarle el certificado, sino suspender a la empresa por un año, por lo que no podrá participar de las futuras licitaciones públicas durante ese período.

La decisión fue firmada de manera unánime por el presidente del consejo, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos y Gustavo Burgwardt, y el consejero suplente Víctor Entrala.

Coimas y sospechas

En los Estados Unidos, la constructora brasileña reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 y 2014. Tal como publicó LA NACION, sólo por el soterramiento del tren Sarmiento -el proyecto de infraestructura más grande del país, con un presupuesto de 3000 millones de dólares-, Odebrecht habría desembolsado unos US$ 20 millones. Así lo confesó Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en otros países.

En nuestro país, Odebrecht contó con dos aliados clave dentro del Ministerio de Planificación que lideró Julio De Vido: el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, durante la primera etapa, y el secretario de Obras Públicas, José López, desde mediados de 2012, cuando los brasileños lograron involucrar al Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) de su país para que financiara el proyecto.

A raíz de estas revelaciones, el Gobierno decidió crear nueva "comisión investigadora" para auditar todos los antecedentes de la obra del soterramiento. Se trata de un ente tripartito en el que participará el Ministerio de Transporte junto con especialistas de la Procuración del Tesoro Nacional y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

Acosada por las investigaciones judiciales, hoy concentradas en los juzgados federales a cargo del juez Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi, la empresa brasileña decidió desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento.

Odebrecht tiene el 33% del consorcio que ganó la construcción de la obra. Esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la firma europea se quedará con el 70% del consorcio. El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. La transacción significó un gran alivio para el oficialismo, apurado por despegarse de la trama del Lava Jato.

Contrabando: Prefectura decomisó mercancía ilegal en tres localidades

(Misiones Online) - La Prefectura Naval secuestró mercadería de contrabando valuada en más de 320 mil pesos, tras realizar cuatro procedimientos en las localidades de Posadas, San Javier y Puerto Iguazú. Los dos primeros procedimientos tuvieron lugar en Posadas, cuando personal de la fuerza detectaron dos vehículos con mercadería durante un control vehicular en la intersección de las calles Marconi y Cabred.

En ambos casos, el personal procedió a la apertura de los paquetes frente a testigos y constató la presencia de 96 camperas en uno de los automóviles y de 88 en el otro, mercadería sin aval aduanero cuyo valor total asciende a 184 mil pesos.

La Fiscalía Federal Nº 2 a cargo del Dr. Diego Guillermo Stehr interviene en ambas causas.

Por otro lado, gracias a tareas de investigación, se detectó la llegada de una embarcación que transportaba bultos desde Brasil hacia el puerto natural Arroyo Alipio, a la altura del km 990 del río Uruguay, en la localidad de San Javier.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abandonaron la carga y escaparon entre la vegetación. Efectuada la requisa, se pudo determinar que los paquetes contenían duchas eléctricas, un molino eléctrico para maíz, parrillas eléctricas, bebederos plásticos para aves, mates artesanales, aparatos tipo desgranador de maíz, cocinas a gas, vestimenta y alimentos, entre otros objetos, todos sin aval aduanero y por un valor total de 97.910 pesos.

La mercadería fue secuestrada y puesta a disposición de las oficinas locales de DGA y SENASA por infracción al Código Aduanero.

El último operativo tuvo lugar en el barrio Santa Rosa de Puerto Iguazú, en el marco del Operativo de Control Combinado del Comando Tripartito de la Triple Frontera, del que participan fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay.

Personal de Prefectura que realizaba tareas de control vehicular detuvo la marcha de una persona que trasladaba 870 baterías de celular a bordo de una motocicleta. Se procedió al secuestro de los objetos sin aval aduanero, con un valor total de 42.804 pesos.

Las incautaciones se llevaron a cabo en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera (OCAF), programa impulsado por el Ministerio y coordinado por el secretario de Fronteras, Luis Green.

Lava Jato: Argentina rechaza la inmunidad de los arrepentidos

Por Hernán Cappiello - LA NACION

El juez Ramos le dijo a Brasil que no puede garantizar, como pidió, que los ejecutivos condenados no sean perseguidos penal o civilmente.

La Justicia allanó el hotel Waldorf, propiedad de un socio de Máximo Kirchner. Foto: Archivo 

La Argentina rechazó oficialmente ayer las condiciones que pretendía el Gobierno de Brasil de dar inmunidad penal y civil a ex ejecutivos de Petrobras, arrepentidos en el caso Lava Jato, a cambio de que colaboren en una investigación local por el supuesto pago de coimas al ex ministro Julio de Vido para direccionar la venta de la distribuidora eléctrica Transener, en beneficio de Electroingeniería, una empresa ligada al kirchnerismo.

Esta primera reacción puede repetirse en el resto de las investigaciones abiertas en Argentina por coimas confesadas en Brasil, que tienen a Odebrecht como caso principal.

El juez federal Sebastián Ramos envió -vía Cancillería- una nota al Ministerio de Justicia de Brasil en la que señala que las condiciones que impusieron los brasileños para que los condenados arrepentidos de Petrobras no tengan aquí causas penales, ni civiles ni actuaciones administrativas, son de imposible cumplimiento. Pero al mismo tiempo pidió "evaluar otras alternativas de cooperación". Brasil había pedido en marzo al juez Ramos y a la cancillería argentina que firmen un acta asumiendo el compromiso de inmunidad en representación del Estado argentino. La Cancillería dijo que el planteo de Brasil excedía los compromisos asumidos por la Argentina en los acuerdos internacionales.

Ramos respondió específicamente para el caso Transener. Sin embargo, el resto de los jueces que investigan el pago de sobornos de brasileños a funcionarios argentinos recibirán en estos días una carta similar a la que llegó a manos de Ramos donde el Gobierno de Brasil condiciona la entrega de la información a la garantía de inmunidad, lo que no se condice con lo que permite la ley argentina. Por eso es de esperar que los jueces que investigan a la constructora Odebrech, que confesó haber pagado 35 millones en coimas en Argentina, den respuestas similares. Marcelo Martínez de Giorgi tiene la causa por el pago de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento; Sebastián Casanello investiga el supuesto pago de coimas para construir plantas potabilizadoras de AySA y Daniel Rafecas , la ampliación de gasoductos con sobreprecios.

Ramos, no obstante, le aseguró a Brasil que empleará la eventual información únicamente en su causa y que los arrepentidos brasileños no serán investigados por los mismos delitos por los cuales fueron condenados en Brasil. Esta garantía de la imposibilidad de doble imputación rige en los acuerdos binacionales.

Pero Ramos y el fiscal Gerarado Pollicitia ya cuentan con la declaración de los arrepentidos brasileños. Ambos avanzaron en la investigación para establecer si hubo sobornos, chequeando entradas y salidas del país, cuentas bancarias, pagos de almuerzos, cenas y reservas de hotel, entre otras medidas.

Las declaraciones que brindaron los arrepentidos brasileños se las envió a Ramos el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez que las recibió de los fiscales brasileños. El fiscal Pollicita convalidó su valor probatorio porque llegaron por canales oficiales y Ramos las puede usar como pruebas de cargo.

Fernando Soares, un operador de Petrobras en Brasil, y el entonces director de la petrolera, Nestor Cerveró, ya fueron condenados en Brasil. El juez Sergio Moro le impuso 16 años de prisión a Soares y otros 12 años a Cerveró. Ambos se acogieron al régimen de la delación premiada, entregaron documentación y confesaron. Soares y Cerveró contaron, entre otras operaciones delictivas en las que intervinieron, cómo fue la venta de Transener -que pertenecía a Petrobras- a Electroingeniería, con la ayuda de De Vido.

Primero la venta había sido acordada con el fondo americano Eton Park, pero luego Eletroingeniería se quedó con el negocio. Cervero dijo que cobró un sobornos de 300.000 dólares para direccionar la operación luego de que la Argentina rechazara a la empresa norteamericana como compradora.

Contó además que hubo varias reuniones en Brasil, pero también en Buenos Aires, entre Soares, Cerveró, los dueños de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, De Vido y su entonces asesor, Roberto Dromi. El fiscal Pollicita amplió la imputación para investigarlos.

Según Moro, Cerveró cobró US$ 300.000 cuando Electroingeniería se quedó con Transener, la misma cifra que retuvo Soares. En su fallo, el juez Moro consignó que ese dinero que movió Soares sirvió para "el pago de propinas a diversos funcionarios públicos como resultado de tal negocio".Cerveró dijo que con esa plata se compró un inmueble en Brasil, y luego apuntó contra el ex ministro De Vido: "Ciertamente De Vido recibió más que eso como propina", afirmó.

Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Cederá su 33% a Ghella, la socia italiana en el proyecto; el Gobierno debe aprobar la operación.

Odebrecht se va del Sarmiento: le vendió su parte a una empresa italiana. Foto: Archivo 

Odebrecht, la empresa más cuestionada de América latina luego de haber admitido el pago de coimas millonarias en varios países, incluidos US$ 35 millones en la Argentina, tiene todo acordado para desprenderse de su participación en el soterramiento del tren Sarmiento, el proyecto de infraestructura en marcha más grande del país, con un presupuesto de US$ 3000 millones.

De esa manera, espera deshacerse de las críticas que despertó en distintos sectores su permanencia en la iniciativa pese al escándalo que surgió en torno del Lava Jato, la megainvestigación de corrupción que se lleva adelante en Brasil, con ramificaciones en varios países.

Según las últimas modificaciones accionarias del proyecto, que informó ayer LA NACION, Odebrecht tiene hoy el 33% del consorcio que ganó la construcción del soterramiento del Sarmiento. Esa parte pasará a la constructora italiana Ghella, que ya tiene el 37,4 por ciento. De manera que la firma europea se quedará con el 70% del consorcio. El resto será para Sacde, la empresa de Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, que se quedó con los activos que pertenecían a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Ghella y Odebrecht presentaron ayer la documentación con los cambios accionarios en la UTE al Ministerio de Transporte, que maneja Guillermo Dietrich. Esa cartera tiene aproximadamente 25 días para dar su opinión con respecto a las modificaciones, dado que es la entidad a cargo de supervisar la obra.

La firma del acuerdo entre las compañías privadas, en tanto, se hizo la semana pasada. Ante la consulta de LA NACION, voceros de Ghella prefirieron no hacer comentarios.

Odebrecht no es la única firma que emprendió el éxodo del mayor proyecto local de infraestructura. A principios de año, la española Comsa pidió reducir su participación a un 1 por ciento. Además, pidió dejar de ser representante del consorcio y quedó sin cargos ejecutivos en el consorcio.

La salida de Odebrecht fue también celebrada por el Gobierno. Si bien se trató de una negociación entre privados, la administración de Mauricio Macri comenzó a gestar los argumentos para defenderse de las críticas de quienes cuestionaban la presencia de la empresa brasileña en la obra.

Aunque su sombra golpea la gestión actual, la mayor parte de esa historia se escribió durante el kirchnerismo. La apertura de ofertas para soterrar el Sarmiento se hizo el 24 de mayo de 2006. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto al consorcio integrado por Odebrecht.

Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que la futura salida de Odebrecht no exime a la empresa de responsabilidades civiles o penales si se demuestra que pagó coimas para quedarse con la obra.

Si bien Odebrecht reconoció el pago de coimas por US$ 35 millones, no especificó quién recibió esos fondos, algo que exigieron varios funcionarios del Gobierno.

Anteayer, la Corte Suprema autorizó a los jueces Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez de Giorgi a viajar a Estados Unidos para buscar información relacionada con las causas por presunta corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht con funcionarios argentinos.

Pese a la incomodidad por las denuncias de corrupción, el Gobierno sostiene que el consorcio a cargo del soterramiento trabaja a un ritmo acorde con los plazos de ejecución, algo que no ocurrió en el kirchnerismo, según sostiene. LA NACION informó días atrás que en la administración anterior no se hizo ni un solo metro de túnel en ocho años, pero las empresas recibieron $ 865 millones. Y recibió otros $ 1086 millones desde octubre del año pasado, cuando Macri definió un nuevo presupuesto para la obra.

En el marco del Lava Jato, un ex ejecutivo de Odebrecht reveló que la empresa había pagado sobornos a funcionarios en el marco de la ampliación del sistema argentino de gasoductos, el sector del cual surgió el denominado caso Skanska, el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo.

También se sospecha del pago de coimas para quedarse con la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, y la construcción de la Plante Depuradora del Bicentenario, en Berazategui, que realizó AySA.

En ambos casos, se coló el nombre del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que fue mencionado en el marco de la mega investigación brasileña.

Un proyecto polémico

Lejos y hace tiempo - En 2006 se recibieron las ofertas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En enero de 2008, la ex presidenta Cristina Kirchner le adjudicó el proyecto a un consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht

Mucha plata, poco avance - El kirchnerismo le giró al consorcio $ 865 millones, pero en ocho años el túnel por donde debería pasar el ferrocarril no avanzó ni un solo metro. Macri redefinió el presupuesto de la obra, que en los últimos meses avanzó 800 metros

Lava Jato - Odebrecht reconoció el pago de coimas en el país por US$ 35 millones. El escándalo creció y aumentó la presión sobre el Gobierno, que tenía contratista a una empresa de ese tipo. Odebrecht acordó la semana pasada la venta de su parte en el proyecto a su socia, la empresa italiana Ghella. Debe esperar la aprobación de Transporte

Campos, aviones y vehículos de una banda narco internacional pasaron al Estado

(El Litoral) - Las estancias Santa Ursula y Santa María del Aguapey, estarán a disposición del Inta y de la Subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico. Los aviones y vehículos serán entregados al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

Todos los bienes de una banda narco internacional que fue condenada hace dos meses, fueron entregados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y al Ministerio de Seguridad de la Nación por la Justicia Federal de Corrientes.

Se trata de más de 7.000 hectáreas de campos con pistas de aterrizaje en los establecimientos Santa Ursula y Santa María del Aguapey, en la localidad correntina de Santo Tomé, cuatro aviones, una camioneta 4x4, dos motos, un cuatriciclo y equipamiento de transporte.

Los campos fueron entregados al Inta y las aeronaves y vehículos a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, precisaron los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni en su resolución a la que Télam tuvo acceso.

Asimismo, ordenaron depositar a plazo fijo 15.862 dólares y 96.014 pesos decomisados a la banda, conforme lo establecido en la Ley 20.785. 

La decisión del tribunal surgió de un pedido formulado por el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaeffer, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y de la titular de la Dirección de Recuperación de Activos del ministerio público, María del Carmen Chena.

Se trata de bienes que pertenecieron a la banda desarticulada en el denominado operativo “Ciervo Blanco”, que el 11 de abril recibió condenas de hasta 20 años de prisión por asociación ilícita y contrabando de cocaína.

En el procedimiento que desbarató las maniobras de la banda integrada por ciudadanos argentinos, paraguayos, brasileños y peruanos, se secuestraron 329 kilos de cocaína en aviones que llegaban y partían desde Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, que luego era distribuida también en aeronaves.

Descubren a un ex funcionario de la AFIP que vendía favores fiscales

(La Nación) - La Justicia ordenó 200 allanamientos en todo el país.

La Justicia y la AFIP pusieron al descubierto una organización que se dedicaba a vender favores fiscales a unas 5000 empresas y gremios a cambio de un porcentaje del dinero que supuestamente se ahorraba el contribuyente.

Entre los investigados se cuentan un ex funcionario de la AFIP que aparece en el video de La Rosadita donde uno de los hijos de Lázaro Báez está contando millones de dólares en la financiera que usaban para lavar dinero. Este ex funcionario era el jefe de la organización y se encuentra prófugo. Además, la Justicia allanó a los clientes que supuestamente usaron los servicios de esta banda, entre los que se hallan el gremio de los camioneros, que dirige Hugo Moyano.

La causa fue motorizada por la AFIP a partir de una investigación que comenzó en 2014 en Salta, donde un ex rugbier le ofreció a un empresario disminuir sus deudas fiscales. Tras un período en que el caso quedó paralizado con la anterior gestión, con el cambio de gobierno se reactivó y llegó al juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Con los datos de la AFIP más los que reunió el juzgado se realizaron ayer 200 operativos con auxilio de la Gendarmería Nacional.

Fuentes de la AFIP dijeron a LA NACION que se hicieron intervenciones telefónicas que probaron que la banda ofertaba diversos servicios a los contribuyentes.

Ofrecían tres líneas de negocios:

• Les proponían hacer desaparecer deudas fiscales previsionales o impositivas, lo que en la práctica es imposible. "Una deuda no se puede borrar del sistema", dijeron en la AFIP.
• Ofrecían facturas electrónicas apócrifas para simular gastos.
• Ofrecían DJAI, declaraciones juradas anticipadas de importación, un mecanismo que se usó durante el kirchnerismo para permitir que las empresas importaran. Era la secretaría de Guillermo Moreno la que autorizaba legalmente las declaraciones. Y se sospecha de la connivencia de ex funcionarios para entregarlas ilegalmente.

La banda cobraba por ejemplo un 30 por ciento del monto de la deuda que supuestamente hacía desaparecer o un 6 por ciento del valor de los contenedores que pretendían ingresar. En todos los casos los montos eran millonarios.

Entre los usuarios de estas facturas hay algunos sindicatos, pero los clientes de la banda son más de 5000, dijeron fuentes de la AFIP a LA NACION. El operativo en la sede de Camioneros incluyó decenas de gendarmes y personal del organismo impositivo, y estaba vinculado con la investigación por asociación ilícita y evasión fiscal.

Entregan el yate de Jaime para patrullar los ríos

(La Nación) - El juez federal Sebastián Casanello entregó en custodia al Ministerio de Seguridad el yate que la Justicia le secuestró al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, procesado por enriquecimiento ilícito. La intención es que la embarcación sea utilizada para la lucha contra el crimen organizado. 

Casanello invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para disponer la medida y asignarle "una finalidad pública, social y reparadora". La investigación contra Jaime se encuentra a la espera del juicio oral, pero los tribunales se pelean por quién hará el proceso. La idea del Gobierno es plotear el barco de lujo de un millón de dólares y usarlo para patrullar los ríos, en prevención de delitos.

Cotización - US$ 1 millón - Es la valuación del Yate Altamar 64, que adquirió el ex funcionario kirchnerista Ricardo Jaime

Otra medida incoherente. Debería ser vendido y así adquirir equipamiento propio para su función.

Odebrecht le exige al Gobierno que la compense con US$ 203 millones

Por Florencia Donovan - LA NACION

Es casi seis veces lo que se ofreció a pagar por haber sobornado para obtener contratos de obra pública; se formará una comisión tripartita para revisar el resto de sus obras.

De un día para el otro, tras haber confesado haber pagado coimas en el país por US$ 35 millones, Odebrecht se transformó en el peor alumno en el mundo de la obra pública. Ante la evidencia incuestionable de su propia confesión, la empresa ofreció al Gobierno argentino reparar el daño causado pagándole el equivalente de lo que había desembolsado en sobornos. Sin embargo, paradójicamente, en paralelo, también comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos. Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur, según confirmó LA NACION, Odebrecht está exigiéndole ahora al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones, casi seis veces más de lo que pretende pagar en daños por corrupción.

De los tres grandes contratos de los que Odebrecht participa y que el Estado tiene bajo la lupa, el de la ampliación de los gasoductos es el único que por ahora se dio de baja. Tanto la Auditoría General de la Nación (AGN) como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en las obras de ampliación de los gasoductos troncales. Pero fue recién en febrero de este año, que el Ministerio de Energía le dio la orden a Nación Fideicomisos, comitente delegado, que terminara con el contrato. Nación Fideicomisos incluso radicó una denuncia penal por presuntos sobreprecios de hasta el 400 por ciento.

Pero la ley tiene sus vericuetos, y no siempre corre del lado de la ética. La cuestionada Odebrecht ahora pide una compensación por las obras que no pudo terminar. La compañía está exigiéndole al Estado un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA); y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi. Las cifras surgen del cálculo que presentó la empresa por los bienes y servicios contratados -como maquinaria-, el lucro cesante por no haber podido llevar adelante la planta compresora de gas de Pichanal, en Salta, además de costos estimados por la rescisión y "otros" items, que surgirían de la redeterminación de precios.

En Nación Fideicomisos, no obstante, sólo le reconocerían a la constructora los costos de los bienes y servicios, además del lucro cesante por la paralización de las obras. Pero previamente le demandaron que un tercero certifique que en ambos casos no existieron sobreprecios. Odebrecht contrató para ello a la consultora KPMG, quien aún debe entregar su informe.

Consultadas al respecto, fuentes cercanas a la constructora, desestimaron que hubiera irregularidades."No hubo sobreprecios y se puede observar que los precios promedio de las obras realizadas están alineados con los precios internacionales y son inferiores a valores de otros contratos de alcances similares realizados en Argentina", afirmaron. Y además, defendieron el reclamo pecuniario. "Teniendo en cuenta que, a raíz de la terminación de los contratos en cuestión, Odebrecht ha procurado seguir los pasos contractuales a los fines de su terminación y que el comitente delegado, Nación Fideicomisos, no ha cumplido hasta la fecha con acción alguna para que esto se lleve a cabo, es que por decisión de Odebrecht y a los fines de facilitar un cierre claro y transparente de los mismos, procedió a su propio costo la contratación de una consultoría independiente y de renombre mundial a los fines de ir evaluando parcialmente los temas contractuales pendientes para el cierre mencionado y llegar a un justo balance de los mismos", agregaron. En Nación Fideicomisos, en tanto, optaron por no hacer declaraciones.

Pero los representantes legales de la constructora brasileña no sólo le plantearon a Nación Fideicomisos un pedido de resarcimiento, también le hicieron llegar al Gobierno posibles cifras en caso de que el Estado argentino decidiera avanzar en la suspensión de los otros dos grandes contratos que tiene la empresa: las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y el soterramiento del tren Sarmiento. Se habla de $ 1100 millones y US$ 7,5 millones, respectivamente.

Aunque existe la intención de revisar todas las operaciones de obra pública de la constructora, en el Gobierno saben que no pueden declarar la nulidad de los otros contratos de Odebrecht de forma intempestiva, sin sufrir luego posibles reclamos adicionales. En el caso de las obras de ampliación de los gasoductos existían después de todo informes de la AGN y de la Sigen que respaldaron el accionar oficial.

Por eso es que, en los próximos días, según pudo saber LA NACION, el Gobierno anunciará la creación de una comisión tripartita, encabezada por el Ministerio de Transporte, y secundada por la Sigen y al Procuración del Tesoro para revisar cada uno de los contratos de Odebrecht.

"Aun en el caso de que se concrete la venta de la participación de Odebrecht a la italiana Ghella en el soterramiento del Sarmiento, no se extingue la responsabilidad civil y penal de la compañía", explicaron fuentes del Gobierno al tanto de tema.

En el Gobierno quieren evitar que, con Odebrecht, suceda lo mismo que sucedió con la alemana Siemens, quien también confesó ante la SEC (Comisión de Valores de los EE.UU.) haber pagado coimas para obtener el contrato de los DNI, y proveyó poca información finalmente a la justicia y al Estado Argentino, a quién además había demandado previamente ante el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial) por daños y perjuicios por más de US$ 500 millones por la rescisión del contrato en 2001. Casualmente, el estudio jurídico Bomchil liderado por Guido Tawil - que defendía los intereses de Siemens ante el CIADI- es el mismo que hoy está negociando ante el Gobierno argentino en nombre de Odebrecht. También la auditora KPMG, ahora contratada ahora por Odebrecht, fue quien había avalado los balances de Siemens Argentina donde se habían escondido los pagos de los sobornos.

La Inspección General de Justicia ya ha intimado a Odebrecht para que presente sus balances 2015 y 2016. Seguramente le corresponda a la justicia revisar balances previos para ver si efectivamente se utilizó a alguna de las sociedades de Odebrecht en Argentina para canalizar sobornos.

Abandonan un pesquero chino

(Boletin Oficial R.A.) - La Prefectura Naval Argentina notifica a la Empresa ZHOUSHAN GANGTAI OCEAN FISHERIES CO. LTD, propietaria del Buque Pesquero “HU SHUN YU 809” (SEÑAL DISTINTIVA BZ1VT) de bandera de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, amarrado a flote en el sector E sur del muelle Comandante Luis Piedrabuena del Puerto de la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del CHUBUT; a sus responsables, representante legales y a toda persona humana o jurídica con interés legítimo sobre el buque referido; que acorde Disposición DJPM, DV1 N° 05/2017 conforme a lo establecido en el artículo 17 bis de la Ley N° 20.094 (modificada por Ley N° 26.354), se declaró el ABANDONO a favor del ESTADO NACIONAL - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - del citado buque. Firmado: EDUARDO RENÉ SCARZELLO - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

Cesar Esteban Bevacqua, Subprefecto, Jefe División Buques Náufragos e Inactivos.

e. 15/06/2017 N° 41255/17 v. 19/06/2017

Fecha de publicación 19/06/2017

Un juzgado que controla a los presos se creó en 2006 pero comenzó a funcionar hace seis días

Por Martín Angulo - Infobae.com

Hace 11 años una ley previó dos juzgados. Uno se inauguró el jueves pasado, el otro todavía no tiene lugar. Son los que jueces que deciden la libertad de los condenados.

Pasaron 11 años y 142 días hasta que llegó el día. El jueves pasado comenzó a funcionar el juzgado de Ejecución Penal 5 que fue creado el 17 de 2006 por una ley de Congreso. Se trata de un tribunal clave para un tema de alto impacto social vinculado a la inseguridad: se encarga del control de las personas detenidas y con libertades concedidas.

La puesta en marcha del juzgado es el vaso medio lleno. El medio vacío es que otro juzgado de Ejecución Penal –el 4 y creado en la misma ley– todavía no fue puesto en marcha porque no tiene un lugar físico donde funcionar.

La vicepresidente de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, la presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Adriana Donato, y el viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, entre otros, inauguraron el jueves pasado el Juzgado de Ejecución Penal 5, a cargo de la jueza Jimena Monsalve.

La justicia de Ejecución Penal se encarga del control y la ejecución de la pena de los presos desde que son condenados. Los jueces de ese fuero son los que resuelven los pedidos de libertades condicionales o de salidas transitorias.

(CIJ)

Uno de sus integrantes –el magistrado Axel López – pasó en 2015 por un juicio político por mal desempeño por otorgarle la libertad condicional a un hombre condenado a 24 años de prisión por violación y que en libertad abusó y mató en Chaco de Tatiana Kolodziey, de 33 años. La acusación fue rechazada.

Las últimas estadísticas de esos juzgados alarman: cada uno de los tres jueces tiene entre 900 y mil pesos a su disposición, tres mil probation para resolver, 300 personas liberadas para controlar y 1.500 condenas en suspenso. Y los detenidos están repartidos en las 35 cárceles federales que hay en todo el país.

Hasta el 2006 había tres juzgados de Ejecución Penal. El 17 de enero de ese año se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.070 que dos meses antes había aprobado el Congreso y por la cual se crearon dos nuevos juzgados de Ejecución Penal.

Pero pasaron 11 años hasta que solo uno comenzó a funcionar. El problema siempre fue la falta de un lugar para su puesta en marcha.

El Consejo de la Magistratura de la Nación –el órgano encargado de la administración de los recursos del Poder Judicial – acordó con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que el organismo le cedía parte del edificio de la calle Alsina 1418. Allí funcionan los tres juzgados de Ejecución Penal pero también dependencias de la Administración de Parques Nacionales cuyas autoridades prometieron abandonar el lugar para que se instalen los restantes tribunales.

Ese acuerdo recién se hizo en octubre de 2015. Parques Nacionales debía entregar los pisos 4, 5 y 6 del edificio pero lo hará una vez que consiga nuevas instalaciones para mudar sus oficinas.

El lugar que ya se desalojó alcanzó para instalar el juzgado de Monsalve en la planta baja del edificio pero todavía no hay espacio para el restante, a cargo de Vilma Bisceglia.

El lugar todavía no tiene un aspecto central para el trabajo con detenidos: una alcaldía donde los detenidos queden alojados cuando son llevados desde las unidades penitenciarias hasta que son atendidos. Hoy, los detenidos esperan en la calle dentro del camión de traslado, sin comida, ni sanitarios.

Las juezas Monsalve y Bisceglia fueron designadas en sus cargos en noviembre de 2014 después de ganar el concurso público. Formalmente juraron como magistradas en octubre de 2015.

Los cinco jueces del fuero –López, Monsalve, Bisceglia, José Carlos Pérez Arias y Marcelo Peluzzi– tuvieron en agosto del año pasado una reunión en el Consejo donde expusieron la situación que atravesaban y pidieron una urgente resolución del problema edilicio para la puesta en marcha de los nuevos juzgados.

Tan complejo era el problema que Visceglia ofreció un PH que tiene para instalar allí su juzgado. El planteo fue rechazado pero su juzgado todavía no existe.

Mails secretos: las pruebas de cómo usó Cristóbal López la plata de la AFIP para financiarse

Por Lucía Salinas - Clarin

Las comunicaciones internas que revelan los fondos que mandaba Oil Combustibles SA a otras empresas, con parte de los $ 8.000 millones que le debe al fisco. Reclamos y deudas.

Cómo fue la maniobra con la que Cristóbal López le debía a la AFIP y financiaba sus empresa.

Cada 48 horas, llegaban los mails al CEO de Oil Combustibles, Diego De Sousa. El asunto era siempre el mismo: "Transferencias". Y de esta manera las demás empresas del Grupo Indalo que comanda el empresario K Cristóbal López le pedían fondos a la empresa petrolera que es la misma que generó una deuda con el fisco por 8.000 millones de pesos que hoy está bajo investigación judicial. Oil era "la caja" del resto del holding y según admitieron varios gerentes, había firmas "que no generaban ingresos" y por eso no le devolvía a Oil los fondos enviados.

Oil Combustibles es investigada por la AFIP por la deuda de $ 8.000 millones. Foto Pedro Lázaro Fernández.

Oil Combustibles SA (OCSA) es la principal empresa de Cristóbal López. Sus activos ascienden a más de US$ 250 millones, sin incluir el stock de crudo que representa unos US$ 100 millones más. Fue la firma que financió al resto del grupo con transferencias millonarias mientras aumentaba su deuda con la AFIP. Clarín accedió a comunicaciones internas de la empresa donde queda asentado cómo varias de las compañías del Grupo Indalo le pedían plata a Oil para afrontar todo tipo de pagos.

El mecanismo arrancaba con un mail que se enviaba antes del cierre del horario bancario al CEO de Oil. Allí le pasaban el monto, sin explicaciones, de cuánto se debía depositar. El descontrol administrativo era tan grande que había mails de reclamos de las autoridades de la petrolera: "Por tercer día consecutivo recibimos un nuevo pedido de asistencia financiera, me pregunto qué pasaría si nosotros no tenemos los fondos", escribió en un mail un ex director de la empresa. Y reconoce allí que por este tipo de maniobra se dejaron de pagar "obligaciones fiscales", casi un reconocimiento de la posible evasión a la AFIP.

A comienzos de 2015 los pedidos eran prácticamente cada tres días y para varias empresas. En julio se requirió transferir $ 8 millones a Servicios y un mensaje llamativo "por favor mirá el monto", reclamó un directivo de Oil. Nada impidió que el envío de fondos continúe. En junio de ese año sólo en un día, se mandaron $ 4,5 millones para Finansur, Inversora, La Salamandra, e Ideas Del Sur. El dinero en su mayoría, se destinaba a sueldos.

Pese a los reclamos, OCSA seguía siendo la caja para financiar al grupo de empresas de López. El 3 de julio del mismo año, se solicitaron $ 6 millones para Inversora M&S. A los cuatro días, un nuevo mail exigió más fondos: $ 5,7 millones para Servicios y $ 1,6 millones para Inversora. A la semana el pedido fue de $ 5 millones extra. La mitad para el área de medios (donde aparecen el canal C5N y Radio 10, entre otros) y lo restante para producción.

Para septiembre el flujo de fondos transferidos era superior al devuelto. Otro reclamo llegó desde la petrolera: "tenemos que hacer un pago importante a ENARSA necesitamos que los fondos sean devueltos". Uno de los ex directores que era el encargado de enviar los fondos exigía unos $ 220 millones que habían sido transferidos durante meses a firmas de Indalo. Ese mes fue el pedido de más dinero a OCSA. Le pidieron un crédito intercompany por $ 27,5 millones "para servicios petroleros".

Después de este millonario crédito, un nuevo mensaje llegó con el mismo tono: una transferencia de $ 1,5 millones para producción, y $ 1,3 millones para Inversora. Para octubre de ese año, los pedidos también incluían cancelación anticipada de pauta publicitaria: Oil sería nombrada diez veces en ShowMatch, de Ideas del Sur, y se reclamaban $ 1,8 millones.

Cristóbal López junto a Osvaldo Sanfelice saliendo del Mausoleo de Néstor Kirchner. Foto Opi Santa Cruz.

Cuando se pidió la devolución de los fondos, desde Indalo respondieron: "Es difícil especificar porque los fondos se usaron para empresas que no generan fondos y las que sí generan, usaron el dinero para financiar diferentes proyectos del grupo".

El 28 de noviembre de 2015, se pidió que OCSA transfiera $ 1,7 millones a Finansur, el banco propiedad del Grupo Indalo. Meses antes, la transferencia fue de $ 5,8 millones "para sueldos" de la empresa Inversora. Parte de ese dinero fue a parar a CPC SA, la constructora del grupo. Al mes siguiente, los directivos de Oil le plantearon a los del Grupo Indalo que la petrolera estaba cerrando negocios "por altos costos "y que no podía seguir financiando al resto de las empresas. Así y todo, OCSA tuvo que transferir $ 3 millones para medios.

Esta dinámica no se detuvo. En 2016, cuando Oil ya era investigada por la deuda de $ 8.000 millones con la AFIP, la firma envió $ 124.540.000 a diversas sociedades. Pese a las irregularidades, Oil obtuvo una moratoria fiscal por una deuda de $ 500.000 con el proyecto de incorporar más adelante -y siempre que la AFIP lo autorice- la deuda de $ 8.000 millones.

Stolbizer denunció que Cristina es dueña de otro hotel

(La Nación) - Se trata del Waldorf, en Capital; lo compró Sanfelice y Báez alquiló cuartos. 

La diputada nacional Margarita Stolbizer denunció que Cristina Kirchner es dueña de otro hotel. Foto: DyN / Pablo Aharonian

Margarita Stolbizer amplió nuevamente su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Hotesur. El viernes, la diputada nacional y líder de GEN se presentó ante el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, y aseguró que la ex mandataria es la "dueña oculta" -a través de su supuesto testaferro Osvaldo Sanfelice- del hotel Waldorf y que lo utilizó para lavar dinero proveniente de la obra pública.

La denuncia fue expuesta anoche en La cornisa, programa que conduce Luis Majul. El Waldorf, situado en la calle Paraguay 450, fue adquirido por Sanfelice, cercano a los Kirchner y socio de Máximo, en 2009. Desde entonces, y hasta 2013, varias habitaciones fueron alquiladas por la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, y la firma CPC, de Cristóbal López, ocupó cuartos hasta 2015.

"Para el fiscal Pollicita está probado que Sanfelice se presentaba en diferentes contratos y compras como un testaferro. Sanfelice tenía la finalidad de ocultar a la familia Kirchner", explicó Silvina Martínez, abogada de Stolbizer.

De acuerdo con documentos que aportaron Martínez y Stolbizer, hay varias facturas que prueban el vínculo entre Valle Mitre y el hotel Waldorf. Sin embargo, ninguna que lo relacione directamente con la familia Kirchner. De todos modos, el supuesto modus operandi en este caso sería el mismo que con los hoteles Alto Calafate y Los Sauces.

"Valle Mitre era una empresa que se dedicaba a recibir el dinero ilícito proveniente del Grupo Báez y lo aplicaría a una actividad lícita: la hotelera", se lee en los primeros párrafos de la ampliación de la denuncia de la diputada.

"Nosotros creemos que éste puede ser un nuevo hotel de propiedad de la familia Kirchner que se mantuvo oculto detrás de la figura de Sanfelice y por el que se consiguió canalizar dinero de la obra pública", agregó Martínez.

En tanto, otro dato clave es que el supuesto testaferro no contaba con el dinero necesario para poder comprar el inmueble. En 2008, Sanfelice declaró bienes por un valor de $ 3.250.000 y al año siguiente adquirió la mayoría de las acciones del Waldorf por $ 6.335.000. Sin embargo, en 2010 no presentó ninguna deuda que justificara el desembolso de ese dinero, superior a sus capacidades económicas.

Además, los montos que facturó el Waldorf desde que fue adquirido por Sanfelice también son sospechosos para las denunciantes: en 2009, el hotel tuvo un ejercicio negativo, pero a partir de entonces su facturación creció significativamente año tras año. "Podemos afirmar que Sanfelice compró el hotel Waldorf ocultando a la familia Kirchner en la operación. En forma posterior, Lázaro Báez, a través de su empresa Valle Mitre, inyectó mensualmente sumas de dinero bajo el concepto de alquiler de las habitaciones (las cuales sospechamos nunca fueron utilizadas)", sostuvo Stolbizer en el escrito que presentó ante Pollicita.

Osvaldo Sanfelice - Socio de Máximo Kirchner

Sanfelice adquirió el Waldorf en 2009 por una cantidad muy superior a sus bienes declarados entonces; varias habitaciones fueron alquiladas a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López

Odebrecht admitió en EE.UU. que pagó más de US$ 100 millones en coimas en la Argentina

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com

Es información nueva que consiguieron funcionarios argentinos en sus contactos con la justicia estadounidense. La cifra triplica lo que la constructora había admitido en Brasil. Odebrecht admitió en EE.UU. que pagó más de US$ 100 millones en coimas en la Argentina.

Una de las sedes de la firma constructora Odebrecht, que admitió haber pagado coimas en varios países de América, entre ellos la Argentina.

El holding Odebrecht pagó más de cien millones de dólares de coimas en la Argentina para hacer negocios de obras públicas. Esa información consta en documentos no oficiales del caso “Lava Jato” que la Justicia de los Estados Unidos le entregó a autoridades del actual Gobierno, según reconstruyó Clarín gracias fuentes que viajaron a ese país y a Brasil, varias veces, en busca de esa información.

Tal como había adelantado este diario el viernes en un artículo de Marcelo Bonelli, la Casa Rosada ya tiene en su poder un listado de influyentes ex miembros del Gabinete K, operadores de esos ex funcionarios, algunos muy conocidos en el mundo del poder; otros absolutamente anónimos; también empresarios del rubro; y hasta banqueros. Siempre según la versión de los “arrepentidos” de Odebrecht, fueron estas personas con cargo o llegada al poder del Estado, y al económico, los que cobraron sobornos en Buenos Aires para beneficiar a la empresa brasileña.

El documento que llegó desde el norte no es oficial, pero es una copia impactante, con sello y membrete de la Justicia de los Estados Unidos, en el que se pueden leer parte de las declaraciones judiciales que realizaron en ese país gerentes y accionistas de la constructora brasileña: confesaron cómo fue que su compañía se expandió en Latinoamérica gracias a pagos irregulares millonarios que les garantizaron el éxito financiero, hoy su desgracia. Hasta ahora, había trascendido que Odebrecht habría admitido que los sobornos que había pagado en la Argentina alcanzaban los treinta y cinco millones de dólares. Pero el cálculo real, según el paper que tienen en su poder dirigentes de Cambiemos, triplica esa cifra que alimentó la corrupción en la Argentina de los años K.

Clarín consultó sobre esta cuestión a voceros gubernamentales involucrados en la investigación de esta trama de megacorrupción. Los funcionarios nacionales no hicieron declaraciones oficiales sobre el tema, pero tampoco negaron que dirigentes del partido de Gobierno tengan en su poder los “Documentos Odebrecht”.

Marcelo Odebrecht, nieto del fundador del holding brasileño del cemento, fue condenado a diecinueve años de prisión después de relevar el método delictual con el que su empresa logró expandirse en Latinoamérica y en naciones de África.

En el mismo sentido declararon otros setenta y siete “delatores premiados” que trabajaron para esa empresa. Se trata de una figura judicial que se puede aplicar en Brasil a quienes colaboran en investigaciones de este estilo. En la Argentina no existe aún una ley que permita a la Justicia aplicar penas y multas a empresas jurídicas que participen de negociaciones corruptas con integrantes del Estado, incluso con la posibilidad de que si confiesan sus acciones también puedan beneficiarse penal o económicamente.

La empresa Odebrecht deberá pagar 2600 millones de dólares de indemnización a los Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber cometido delitos para ganar negocios gracias al pago de sobornos. Sin embargo, según la declaración de Hidelberto Mascarenhas, ex encargado de las oficinas de la constructora dedicadas únicamente al sistema del pago de coimas a funcionarios, legisladores y otras personalidades de América Latina y de países de África, en rigor, su compañía pagó sobornos por 3370 millones de dólares solo durante los años 2006 y 2014.

El “listado” de los posibles coimeados en la Argentina, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejó trascender a autoridades políticas argentinas, incluiría datos de todo tipo sobre “La Ruta de las Coimas del Cemento de Brasil”.

El “modelo” de lectura de cada una de las “delaciones premiadas” a las que habría accedido la Casa Rosada explicita información rotunda y muy específica sobre cada uno de los involucrados en ese caso, describieron a Clarín las fuentes que leyeron esos documentos, obtenidos tras diferentes viajes de funcionarios a Estados Unidos y Brasil.

Los “Documentos Odebrecht”, palabras más, palabras menos, están compuestos con este esquema: después de mencionar “al delator premiado”, se dice que “declara”, que “entregó” sobornos o pagos ilegales” a determinado funcionario (algunos de los nombres ya trascendieron), y de inmediato se detalla que eso se vehiculizó a través de una "transacción”, identificada con “número”, también “banco”, “sucursal” y “día” en que se realizó esa operación. También se identifica al sobornado en los casos en que el pago se haya hecho con una empresa "pantalla".

Hay varias partes de esos papeles que fueron “tachadas” por jefes judiciales norteamericanos para proteger a sus informantes.

El interés de la Justicia de los Estados Unidos en estas maniobras está centrado en que los millones de sobornos de Odebrecht pagados en la Argentina pasaron por entidades bancarias de ese país.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, acaba de volver de Washington y Nueva York, adonde viajó junto a funcionarios del Ministerio de Seguridad, como el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman; y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Según Garavano, la promesa del Departamento de Justicia para develar el “caso Odebrecht” en la Argentina se resume en dos palabras “apoyo total”. 

Los documentos del “caso Odebrecht” que conoció el Gobierno sorprendieron porque la cifra de sobornos pagadas en nuestro país suma más de cien millones de dólares. Y no treinta y cinco, como se pensaba. Algunos de los nombres involucrados en los papeles informales, pero membretados por autoridades de ese país, también sorprenderán cuando se conozcan.

Odebrecht deberá pagarle al Estado argentino más de $ 4500 millones

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El Gobierno le reclamará ese monto por los beneficios que recibió a partir del pago de sobornos; podrían quitarle la obra del soterramiento del Sarmiento.

La cuenta final que Odebrecht deberá pagarle a la Argentina por sus sobornos será multimillonaria. Y podría superar con creces los $ 4500 millones. No sólo eso. También corre riesgos de que le quiten el jugosísimo contrato para soterrar el tren Sarmiento y que la excluyan de futuras licitaciones. En ese diagnóstico coincidieron altos funcionarios nacionales, expertos anticorrupción y abogados administrativistas consultados por LA NACION.

La cifra de $ 4500 millones se basa en los montos que la propia Odebrecht reconoció al admitir su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. Allí detalló que pagó US$ 35 millones en coimas a funcionarios argentinos, pero también indicó que gracias a esos sobornos obtuvo beneficios por unos US$ 278 millones, que al tipo de cambio vigente equivalen a unos $ 4500 millones: casi ocho veces más que el monto que la empresa brasileña ofreció abonar a las autoridades argentinas y que desde la Procuración del Tesoro consideran el "piso mínimo" de resarcimiento.

Las leyes y decretos nacionales vigentes representan un cerrojo a las pretensiones de Odebrecht, que en Brasil y en Estados Unidos contó con una herramienta legal que aquí aún no existe: la posibilidad de negociar con las autoridades judiciales o administrativas

Por ese motivo, Odebrecht chocó en Buenos Aires con una pared. Planteó que quiere abonar una multa por US$ 35 millones -unos $ 560 millones al tipo de cambio vigente- y retrucó con que si le reclaman más, puede optar por cerrar sus puertas en la Argentina.

"No tenemos activos en el país para afrontar esa cifra", desafiaron desde la compañía. Más aún, también adelantaron que pretenden continuar con el soterramiento del Sarmiento, y competir por nuevas licitaciones.

Sin embargo, la respuesta que Odebrecht cosechó fue magra o nula. Así fue tanto desde la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción, como desde el Ministerio Público Fiscal, donde los fiscales Federico Delgado y Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, son sus principales interlocutores.

Techo Argentina

¿Por qué? Porque la legislación argentina reduce al mínimo los márgenes de negociación. Y según todos los expertos consultados por LA NACION, cualquier reforma legal que apruebe el Congreso o decreto que firme el presidente Mauricio Macri no podrá beneficiar a Odebrecht de manera particular ni tampoco de forma retroactiva -salvo en materia penal- o correrá el riesgo inmediato de ser declarada inconstitucional.

Ese cerrojo legal complicó, a su vez, el acceso de los fiscales y jueces argentinos a los datos que aún controla Odebrecht o la Justicia brasileña sobre quiénes embolsaron esas coimas por US$ 35 millones, por lo que expertos dentro y fuera del Gobierno analizan opciones que permitan sortear los obstáculos normativos. Desde firmar algún tipo de "carta de intención" hasta la aprobación de una ley de derecho administrativo que incluya alguna "cláusula transitoria" hasta intentar una convalidación judicial especial.

¿Cómo se conforma ese cerrojo? Por la ley 19.549 de procedimientos administrativos y los decretos 1023/01 y 1030/16 que determinan que un acto administrativo -como el otorgamiento de un contrato de obra pública- debe ser revocado cuando el beneficiario lo obtuvo mediante un proceso viciado de nulidad -como el pago de sobornos- y ese beneficiario quedará, además, inhabilitado para disputar nuevas licitaciones públicas.

Odebrecht, optimistas

Pese a ese complejo contexto legal, sin embargo, los representantes y abogados de Odebrecht en la Argentina afirman que son optimistas.

Consideran que las autoridades se encuentran ante una oportunidad única para revertir el sistema de corrupción e impunidad imperantes. Y para lograrlo, desafían, el Gobierno y la clase política en general necesitan demostrar "decisión" e "inventiva". Hasta ahora, Odebrecht sólo recibió una propuesta oficial algo más componedora.

La planteó el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Mientras que su antecesor, Carlos Balbín, abogó por la revocación del contrato del soterramiento del Sarmiento y, sin más vueltas, reclamarle los US$ 278 millones, Saravia Frías delineó algunas condiciones previas: que depositen esos US$ 35 millones como primer pago -aunque la cuenta final podría superar los $ 4500 millones-, y que abran sus libros contables y colaboren con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), abocada a estimar los sobreprecios de cada proyecto que la compañía obtuvo con sobornos.

Sólo así, completaron en la Procuración del Tesoro, acaso Odebrecht continúe con el soterramiento del Sarmiento junto con las constructoras Iecsa -por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri- y la italiana Ghella.

Eso evitaría, añaden, la pérdida de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y sumar un nuevo retraso en una obra que lleva ya años de demora.

Varias opciones; un riesgo

¿Qué otras opciones barajan desde el Poder Ejecutivo? Impulsar una ley que permita a las empresas corruptas negociar acuerdos con la Justicia como en Estados Unidos y Brasil, donde esa opción legal resultó decisiva para el avance de la investigación Lava Jato. También, incluir en esa nueva ley una "cláusula transitoria" que de algún modo le permita acogerse a Odebrecht por lo ocurrido en el pasado.

Esa cláusula, sin embargo, resultaría por demás polémica, según los abogados consultados por LA NACION, quienes alertaron que podría ser considerada inconstitucional si no se redacta con precisión y cuidado.

Pero dos de los letrados consultados por LA NACION plantearon otra opción, basados en el pedido de los fiscales brasileños que plantearon que si sus pares argentinos quieren acceder a la información deberán garantizar que respetarán la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, entre otros compromisos internacionales.

"¿Sería posible recurrir al fuero contencioso administrativo federal y pedir una «declaración de certeza» por esa vía, que le abra una senda a Odebrecht?", planteó uno de los abogados, mientras que otro experto sumó al combo posible la convención de la OCDE para combatir el cohecho que la Argentina adoptó en 2001.

Esa opción es, cuanto menos, discutible. Y tanto en el Poder Ejecutivo como los fiscales se muestran por demás cautos. Saben que si estampan una firma en un documento mal delineado, terminarán ellos con una causa penal.

Garavano valoró la ayuda de EE.UU.

Foto: Cambiemos

El ministro de Justicia, Germán Garavano, ratificó que la "cooperación de Estados Unidos es completa" para entregar información vinculada al pago de coimas en el caso Odebrecht.

Garavano expresó que hay un "compromiso de luchar contra la corrupción" y entregar toda la información. Destacó la reunión que mantuvo esta semana, en su viaje a Washington, con el fiscal de Estado norteamericano, Jeff Sessions.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de Justicia indicó que habrá "reuniones de trabajo" entre jueces y fiscales argentinos con fiscales estadounidenses. "Da la impresión que la información es mucha y muy precisa", señaló Garavano.

Denuncian un sabotaje en el puerto de Buenos Aires

Por Fernando Morales - Infobae.com

Los daños intencionales afectaron a 17 boyas de señalización del canal de acceso. El material afectado tiene un valor de hasta 126 mil dólares

El puerto de Buenos Aires denunció ante la Prefectura Naval Argentina que al menos 17 boyas fueron saboteadas, ya que presentan daños que no pueden atribuirse a contingencias de la navegación o a cuestiones meteorológicas. En las fotos puede verse la diferencia entre una boya normal con su panel superior intacto, comparada con otra, vandalizada, donde se nota la ausencia de la fuente de energía.

Las boyas son importantes en el funcionamiento del puerto, ya que son fundamentales para que el ingreso y egreso de los buques se lleve a cabo con la correcta señalización de los canales.

El sistema AIS (Automatic Identification System), incorporado en 2016 por el Ministerio de Transporte, no solo permite a los capitanes de buque saber exactamente dónde se encuentran dentro de un canal, sino que además hace posible que las autoridades portuarias conozcan la posición exacta de cada una de las naves que ingresan o egresan del puerto. La información es compartida con la Prefectura Naval Argentina.

En diálogo con Infobae, el interventor en la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, confirmó el hecho: "Se constató la rotura de las linternas del sistema AIS. Las consecuencias de este hecho atentan gravemente contra la seguridad de la navegación en el principal puerto del país por el que circula el 60% del comercio exterior". 

En cuanto a la valorización del daño, fuentes de AGP lo estimaron superior a los 126.000 dólares.

Los expertos consultados por este medio señalaron que resulta llamativo el hecho porque no hay otra forma de acceder a estos elementos si no es por intermedio de una embarcación apta para la navegación en la zona.

Las autoridades portuarias radicaron la denuncia ante la Prefectura Naval Argentina y las actuaciones judiciales quedaron a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10 de Julián Ercolini.