Prevén transferir el costo de los subsidios a Vidal y a Rodríguez Larreta

Por Mariano Obarrio - La Nación

 El Gobierno trabaja en un plan gradual para el transporte, la luz y el agua; implicaría el traspaso de gastos por $110.000 millones en un plazo de cinco años.

En las tensiones previas a la negociación del acuerdo para reducir el déficit fiscal , el gobierno de Mauricio Macri se prepara para transferir en forma progresiva el costo de unos $110.000 millones en subsidios al transporte, la energía eléctrica y las obras de agua a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad (CABA). Pero negociará los plazos y también les reducirá las transferencias no automáticas de 140.000 millones al resto de las provincias en gastos corrientes y obras.

Así, la Nación se liberaría de gastos para mejorar su ecuación fiscal. Y se los transferirá a todas las provincias: Buenos Aires, CABA y el resto. No ocurrirá inmediatamente, sino en un plazo de unos cinco años. Ese es parte del plan de Macri para cumplir el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de dólares, que fijó un déficit de 1,3% del PBI para 2019 y déficit cero para 2020. "El Gobierno quiere transferir a la Ciudad, a Buenos Aires y a todas las provincias el gasto en subsidios a la energía eléctrica y el transporte. Pero sería progresivo", dijo a LA NACION un alto funcionario oficial.

"También queremos bajar transferencias no automáticas de gastos corrientes (salud y educación ) y de capital ( obras )", agregó. "Se verá con qué recursos y con qué gastos y en qué velocidad", especificó.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , se sumaron ayer al respaldo anteayer de otros diez mandatarios y legisladores para reducir el rojo fiscal.

Sin embargo, los gobernadores dejaron trascender que exigirán que la Nación se desprenda de gastos que consideran que deberían ser de Rodríguez Larreta y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , ambos de Cambiemos . Piden el traspaso a esos distritos de Aysa (aguas), que gasta $10.000 millones en obras (en 2018) y de los subsidios que benefician a porteños y bonaerenses, de 100.000 millones, mitad en transporte y mitad en luz eléctrica. El más explícito fue el cordobés Juan Schiaretti . "La idea es que las provincias absorban gastos, todas, para que no dependan de giros discrecionales de la Nación, que sean autónomas. Pero eso se resolverá en la negociación del presupuesto 2019", dicen en Balcarce 50.

El modelo progresivo de cinco años se aplicó con la devolución del 15% de coparticipación a los distritos que les retenía la Anses y con la reforma tributaria de fin de 2017.

Aysa no recibe subsidios; se sostiene con la tarifa. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, que dirige Nicolás Dujovne , su gasto adicional se dirige solo a obras de saneamiento, cloacas y agua corriente, por 10.000 millones para 2018.

Los subsidios de la Nación a la energía eléctrica se dirigen a la empresa mayorista Cammesa, porque las distribuidoras Edenor y Edesur ya no reciben transferencias. Para la Ciudad y la provincia esas subvenciones son de 100.000 millones.

Así las cosas, de la suma de 110.000 millones, Vidal se debería hacer cargo de 90.000 millones y Rodríguez Larreta de 20.000 millones. Sería imposible asumirlos si no hay un plan gradual, porque generaría un descalabro en sus distritos.

Las provincias también exigen que la Nación se desprenda de la Justicia de la Ciudad y postergue la reducción del impuesto a los ingresos brutos, tal como informó ayer LA NACION. Esto último y el traspaso de subsidios a las provincias estaba establecido en el pacto fiscal firmado en diciembre último. El tesoro nacional no tiene demasiado margen para reducir gastos. El 75% son partidas de jubilaciones, pensiones, gasto social, planes sociales, asignaciones familiares y salud. Y tampoco puede aumentar impuestos porque la presión tributaria es altísima.

Es así como Macri, Dujovne y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, buscan desarmar el esquema de transferencias no automáticas (discrecionales) que armó el kirchnerismo: sumó impuestos no coparticipables, retenciones, y creó gastos nacionales dirigidos a la educación, salud, asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado en las provincias. De ese modo, creaba la dependencia política de los gobernadores y construyó así su poder.

Del total de recursos nacionales, la Nación retenía 75% y las provincias 25%. Macri devolvió el 15% de coparticipación que detraía la Anses, bajó retenciones y firmó el pacto fiscal. Ahora el reparto es 68% la Nación y 32% las provincias.

"Como ahora ellas tienen más recursos deberán absorber algunos gastos de la Nación", dijo una fuente de Hacienda. En 2017, las provincias tuvieron un déficit de 0,2% del PBI, $28.000 millones. Y en 2018 tendrán superávit de 0,5%, 70.000 millones. Por eso, el Gobierno buscaría reducir parte de las transferencias no automáticas a ellas: 1 punto del PBI, unos 140.000 millones. Y así atendería el reclamo de esos gobernadores de endosarles a CABA y a Buenos Aires el gasto de 10.000 millones de Aysa y los subsidios en transporte y energía: 0,7% del PBI, 100.000 millones. Pero los subsidios al resto de las provincias son 0,5% del PBI, 70.000 millones. Y también les endosará ese gasto.

La deuda externa crece a un ritmo de más de USD 213 millones por día

Por Daniel Sticco - dsticco@infobae.com - Infobae.com

El Indec informó que entre enero y marzo aumentó en USD 19.192 millones. Ascendió a USD 253.741 millones. Estuvo impulsada por el sector público en su conjunto.

La emisión neta de títulos públicos en moneda extranjera superó en los últimos 12 meses los USD 23.000 millones

El abultado déficit que históricamente han registrado las finanzas públicas y el minúsculo nivel del mercado de capitales local se han combinado para determinar un camino al cielo del monto de la deuda pública contraído con el resto del mundo.

Ese escenario volvió a quedar nítidamente reflejado en el crecimiento de los compromisos financieros con el exterior que registró el informe trimestral del Indec de la Balanza de Pagos, con una notable aceleración respecto de los meses previos.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda pública y privada a valor nominal residual, al 31 de marzo de 2018, se estimó en USD 253.741 millones, USD 19.192 millones  superior a la del trimestre anterior, a un ritmo de poco más de USD 213 millones por día, de los cuales USD 165,3 millones diarios fueron contraídas por el gobierno general (nacional, provincial y municipal) y el Banco Central. Ascendió a USD 176.161 millones.

 El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda pública y privada a valor nominal residual, al 31 de marzo de 2018, se estimé en USD 253.741 millones. Mientras que el conjunto del sector financiero, incluidas entidades oficiales, más empresas y familias, incrementó su endeudamiento con acreedores externos a un ritmo de USD 48 millones por día, a USD 75.780 millones.

Fuerte aceleración del sector público

La política gradualista de baja del déficit fiscal y el financiamiento con colocación de deuda externa, para poder disminuir la dependencia de la emisión monetaria y evitar un excesivo encarecimiento del costo del dinero interno explica la fuerte aceleración de la dinámica de deuda externa del sector público.

Según las estadísticas del Indec, desde el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, la deuda externa pública creció a un ritmo de USD 91 millones por día; pero en los pasados 12 meses se intensificó a un promedio diario de poco más de USD 109 millones, y en el primer trimestre de 2018 se acentuó a casi USD 166 millones.

 Desde el cambio de Gobierno, en diciembre de 2015, la deuda externa pública creció a un ritmo de USD 91 millones por día; pero en los pasados 12 meses se intensificó a un promedio diario de poco más de USD 109 millones, y en el primer trimestre de 2018 se acentuó a casi USD 166 millones

En esos períodos también se acrecentó la deuda del sector privado y el sistema financiero en su conjunto, pero en proporciones notablemente menores: USD 14,4 millones diarios en 27 meses; USD 41 millones en el último año y USD 48 millones por día de enero a marzo próximos pasados.

Aclara el Indec que "la deuda externa forma parte de los pasivos externos que requieren el pago del principal y/o intereses en el futuro, y tiene como contrapartida un derecho de crédito del resto del mundo frente a los recursos de la economía residente que se reflejan en la posición de inversión internacional. Excluye los pasivos originados en acciones y derivados financieros".

A fin de marzo de 2018, el 60% de la deuda correspondía al Gobierno general; 9% al Banco Central; 3% a las sociedades captadoras de depósitos, el 1% a otras sociedades financieras y el 27% a sociedades no financieras, hogares e ISFLSH.

Las sorpresas en la letra chica del acuerdo firmando con el FMI

(iProfesional.com) - Desde que se anunció la firma del acuerdo hasta que se llevó a cabo hubo muchas dudas. Finalmente se conoce de qué se trata y a qué se compromete Argentina.

Fueron varias semanas las que se dejaron pasar para informar concretamente de qué se tratan las negociaciones y a qué se compromete la Argentina en el acuerdo con el FMI.

Mucho se dijo al respecto, al punto de que a los mercados llegaron informaciones contradictorias.

Por eso, después de un período de acomodamiento, se pusieron sobre la mesa las preguntas que necesitan respuestas, entre ellas, qué prometió Argentina al FMI, de qué dependen los próximos desembolsos del organismo y cuánto dinero ingresará.

- El primero de los compromisos es que la deuda pública caiga en proporción al PBI hasta alcanzar el 55,8% del mismo hacia fines del año 2021. Puede parecer una promesa vana, dado que nadie sabe quiénes estarán el poder después de fines de 2019. Pero lo que llama la atención es la cifra de 55,8%, dado que toda la información que el Gobierno había brindado anteriormente señalaba una cifra actual de deuda pública muy por debajo de ese guarismo, lo que indica, en buen romance, que hay más deuda pública de la que en forma se creía.

- En segundo lugar, como consecuencia de la promesa de reducir el déficit fiscal al 1,3% del PBI en 2019, Argentina se compromete a seguir reduciendo los subsidios a la energía y al transporte. Los consumidores deberán cubrir el 90% del costo de los mismos en 2020.  Lo cierto es que el costo de la energía y el transporte están por debajo del precio internacional, que sólo es aplicable como costo a la parte importada de la energía, que es una porción minoritaria. Por lo tanto, si esta cláusula se aplica con rigor, se están desdolarizando las tarifas públicas, lo que puede explicar en parte al menos la salida del ministro Aranguren, quien iba por el camino de la dolarización de las tarifas públicas, cosa ahora imposible a la luz de la magnitud de la devaluación ocurrida, analiza el economista Walter Graziano en Clarín.

- En el terreno monetario, el acuerdo con el FMI no solo se propone que el Estado cancele deudas con el Banco Central por valor de u$s25.000 millones durante el transcurso del programa Stand By, sino que, a su vez, con esos fondos provenientes del Tesoro el BCRA debe disminuir el stock de LEBAC -lo que implica que la cantidad de pesos en el sistema financiero permanece inalterada en un primer momento- y el mecanismo a través del cual se hace esto debe promover la reintermediación del sector financiero. O sea, lo que se plantea es que la liberación de LEBAC ingrese como depósitos a los bancos más allá de que antes o después de ello compren o pasen por otros activos: dólar, bonos, acciones, inmuebles, etc. Vale decir que implícitamente se está prometiendo una buena dosis de expansión monetaria secundaria, dado que los bancos con los nuevos depósitos generados a través de la liberación de las LEBAC generan nuevos créditos que siempre son para comprar activos reales o financieros y por lo tanto vuelven a los bancos.

Entonces, más allá de que Argentina se compromete a que no haya expansión monetaria primaria para financiar desde el BCRA al Tesoro, sí se contempla un apreciable grado de creación secundaria de dinero en forma implícita, dado que el stock de las LEBAC supera el billón de pesos.

Inflación y dólar 

Por otro lado, el acuerdo con el FMI insiste en la consecución de metas de inflación, a pesar de la pésima experiencia que Argentina ha tenido con este tipo de políticas. Para fines de 2018 el país se compromete a que la tasa de inflación esté en el 27% y para 2019 la misma no supere el 17%.

Sin embargo, la letra chica del acuerdo luego se muestra mucho más laxa, estableciendo cotas superiores en las tasas de inflación en el 32% para fines de 2018 (es la primera vez que el Gobierno admite que la tasa de inflación de este año puede superar muy cómodamente el 30% anual) y del 28% para el primer trimestre de 2019, bajando solo al 21% a fines de 2019.

Con respecto al dólar, el FMI ha recomendado al país una flotación limpia del tipo de cambio. En este caso, la promesa es muy estricta dado que textualmente solo se planea "limitar la venta de reservas internacionales a períodos en los que haya una clara disfunción del mercado". A continuación se agrega: "Incluso en esos casos planeamos absorber las presiones externas a través de un tipo de cambio flexible y ventas de divisas muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario".

Por si ello fuera poco, se establece que la intención es llevar las reservas internacionales de la Argentina a niveles prudentes dada la gran exposición de Argentina a los shocks globales. Vale decir que más allá de puntuales ventas de divisas de las reservas en el mercado, Argentina se ha comprometido a subir el nivel de las mismas. Si las ventas de dólares en el mercado fueran cuantiosas, Argentina se compromete a iniciar conversaciones con el FMI para analizar las condiciones en el mercado de divisas y las respuestas de Argentina a las mismas.

Vale decir, que el Stand By corre riesgo de caerse en caso de que Argentina intervenga en demasía vendiendo dólares. Inclusive, se ha firmado no intervenir el mercado de futuros.

El acuerdo establece que el Tesoro podrá vender solo una parte de las divisas que el FMI preste con el fin de pagar el déficit fiscal en pesos que tenga o devolver deuda contraída con el BCRA. Ya se ha publicitado que las ventas que podrá hacer el Tesoro desde junio hasta septiembre son u$s7.500 millones. Pero allí el acuerdo plantea una gran duda, dado que establece que a fines de septiembre recién el Banco Central establecerá el mecanismo de subasta de divisas. Ello marca que es dudoso que lo que las autoridades han venido haciendo en el mercado de cambios, con ventas directas del Banco Central, en los últimos diez días guarde relación con lo prometido al FMI.

Por último, ¿cuál es la verdadera cifra del acuerdo?

Tras el primer desembolso del orden de los u$s15.000 millones del 20 de junio, hay planeados desembolsos trimestrales en forma calendaria del orden de los u$s3.000 millones cada tres meses hasta junio de 2021.

Durante esta gestión presidencial, yendo todo bien, ingresarían al país u$s30.000 millones en total. Cifra bien lejana de los u$s50.000 millones anunciados, dado que los restantes 20.000 millones de dólares ingresarían durante la gestión de la nueva administración que asuma a fines de 2019.

Finalmente, según el acuerdo, Argentina pierde su independencia financiera, dado que no puede bajar sus tasas de interés sin antes establecer consultas con el FMI.

Argentina ya es emergente (esperan hasta u$s4.000 M)

Por Jorge G. Herrera - Ambito.com

La consultora MSCI finalmente pasó al mercado argentino de fronterizo a emergente. Ahora los fondos de inversión extranjeros rearmarán carteras.

Luego de nueve años de ostracismo, el mercado argentino volvió a integrar el club de los emergentes, tras la decisión de ayer de la consultora MSCI. Atrás quedó la indecorosa cucarda de fronterizo que el país supo ganar a mediados del 2009. Si bien habrá que esperar hasta mayo del próximo año para que el índice argentino (que elaborará MSCI) se incorpore al índice MSCI Emerging Markets, se descuenta que los fondos de inversiones internacionales comenzarán a ajustar sus carteras incorporando acciones argentinas.

Según estimaciones del mercado, el mercado argentino tendrá una ponderación dentro del índice MSCI en torno al 0,5%, similar a la de Colombia. Esto implicaría una demanda potencial sobre los papeles locales de entre u$s3.000 y u$s4.000 millones. Claro que se desconoce cuánto ya de esto está en manos de los fondos internacionales. O sea, cuánto ya compraron meses atrás, especulando con este anuncio. Lo cierto es que la mayoría de los fondos de inversión de estrategia "pasiva", es decir, aquellos que solo buscan replicar el "benchmark", o sea, el índice de referencia, en este caso el MSCI EM, apuntarán a incorporar, por lo menos, el equivalente a la ponderación argentina en sus carteras. En este caso la fecha clave es mayo del 2019. De modo que, se estima que pondrán el foco en abril para llegar sin problemas. 

Cabe aclarar que MSCI destacó que la decisión se basó en que los inversores internacionales expresaron su confianza en la capacidad del país para mantener las condiciones actuales de acceso al mercado accionario, que es un factor clave en el marco de clasificación de MSCI. Sin embargo, a la luz de los eventos más recientes que afectan la situación cambiaria del país, MSCI también advirtió que revisaría su decisión de reclasificación si las autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, tales como control de capital o de divisas.

El copy del anuncio de MSCI sobre la recalificación de mercados.

El humor de los inversores ya no es el mismo que meses atrás. La situación local se deterioró. Por ello son cautos a la hora de proyectar la posible "lluvia" de inversiones. Si la recalificación a emergente se hubiera dado el año pasado el ingreso de fondos hubiera superado ampliamente al esperado ahora. Anoche los estrategas de los principales bancos de inversión de Wall Street estaban recalculando la posible demanda sobre el mercado argentino tras la noticia.

Los fondos que invierten en emergentes ahora saben que deben tener "Argentina" para seguir el benchmark del mercado. Llegar a mayo 2019 sin tener "Argentina" será un costo de oportunidad que no querrán asumir.

En cambio, los fondos de estrategia "activa" que pueden o no buscar replicar el benchmark, pueden tener más (over weight), menos (under weight) o la misma ponderación en sus carteras. Estos fondos se estima que ya están posicionados en papeles argentinos, incluso, muchos de ellos invirtieron a pesar que el país era "fronterizo" especulando con la apuesta al nuevo Gobierno y la recalificación. 

Ayer MSCI explicó que Argentina formará parte del MSCI Emerging Market Index en mayo de 2019 en coincidencia con el rebalanceo semestral del índice. En septiembre MSCI divulgará un índice provisional que ayudará a los inversores en el proceso de implementación de inclusión de Argentina al índice de emergentes. En ese sentido, MSCI divulgó una lista simulada con 16 compañías argentinas que integrarán en MSCI Argentina Index, aplicando los criterios que se aplican a los países que son emergentes (entre ellas, Telecom, YPF, Galicia, Macro, IRSA, Cresud, Francés y Supervielle). 

También señaló que dado el bajo nivel de liquidez del mercado local, por ahora, solo incluirá en el índice a compañías argentinas listadas en el exterior, como los ADR.

El plan económico de Dujovne, revelado en la carta de intención con el Fondo

Por José Del Rio - La Nación

Es la primera vez que todas las medidas que vendrán se unifican en un documento; cuáles son los 20 puntos claves.

Se difundieron las 34 páginas del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos días después de la carta enviada formalmente a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, finalmente se hizo público. Es la primera vez que el plan económico liderado por Nicolás Dujovne se unifica en un documento. 

Se admite que la Argentina pidió apoyo al plan local y se cuantifica -tal como se había anticipado- un acuerdo por fondos equivalente a US$50.000 millones. El primer tramo, de unos US$15.000 millones, se utilizará como apoyo presupuestario y el resto estará como precaución, pero no para uso inmediato. También se hace hincapié en que "se planea sostener el gasto en asistencia social".

Se justifica el memorándum en la presión de los mercados financieros, la severa sequía y las condiciones globales. A continuación, los 20 puntos claves:

1. Inflación - Se adoptan nuevas metas para que el Banco Central logre una tasa interanual de inflación del índice de precios al consumidor (IPC). La meta será igual o inferior a las expectativas actuales del mercado (REM) para el final de 2018 (27%), aunque podría llegar hasta 32%, y luego 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes tres años.

2. Dólar - Continúa el tipo de cambio flexible y se afirma que las ventas de divisas serán muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario. Un dato no menor para una jornada de nuevo récord. En el mismo sentido, se afirma que se les pondrá un piso a las reservas para ser menos vulnerables internacionalmente. Se habla de "un tipo de cambio real más depreciado".

3. Bancos - No se prevén riesgos en el sistema dados su pequeño tamaño y el alto nivel de capital. De esta manera, se explicita también que la situación que se produjo en el último mes de corrida cambiaria no tuvo correlato en el sistema bancario.

4. Crecimiento y mercado - Se espera que este año se sitúe entre 0,4% y 1,4% interanual. Se busca potenciar el mercado doméstico con la ley de financiamiento productivo, recientemente aprobada, y aumentar la competencia con la sanción de la nueva ley y la llegada de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Con respecto a fusiones y adquisiciones, la nueva ley reemplaza el régimen de controles ex post por uno de controles ex ante, algo similar a lo que ocurre en las principales potencias internacionales.

5. La política fiscal - Se buscará acelerar el ritmo de reducción del déficit primario. Se busca alcanzar el equilibrio fiscal y llevar a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020. Proponen reducir el gasto público para lograrlo y consideran que el esquema fiscal de mediano plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8% del PBI hacia fines de 2021. Buscarán alargar la madurez de los títulos, optimizar el costo de los pasivos y aumentar el porcentaje de la deuda pública nacional denominada en pesos.

6. Presupuesto - Pese a las hipótesis que circularon en los últimos días, se formaliza el compromiso de enviar en octubre la ley de presupuesto al Congreso, que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3% del PBI en 2019. Las proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluirán, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos, afirma el documento. Si los resultados económicos y fiscales evolucionan de manera más positiva de lo anticipado, se acelerará la eliminación de los impuestos distorsivos, avanzando más en un shock que en gradualismo. Por otro lado, las provincias también deberán ser parte. El compromiso es que su balance primario consolidado pase de -0,4% en 2017 a un superávit de 1/4% del PBI hacia el final del período del acuerdo stand-by.

7. Subsidios y tarifas - Seguirá la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad. Esto implica que los aumentos no terminaron para la zona del AMBA. También se buscará eliminar las diferencias entre regiones y se mantendrán los programas de tarifa social.

8. Empleo - Seguirá la reducción del empleo público a través de varias medidas que van desde no renovar cargos en puestos no prioritarios hasta congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes. El objetivo que se plantean es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa. Aquí aparece otro de los principales desafíos políticos.

9. Gasto - Se reducirá el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15% en términos reales durante 2018 en relación con 2017 y continuarán con este proceso en 2019.

10. Obra pública - No quedará de lado en un año electoral. Continuarán ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero se pospondrán aquellos que no lo sean. Una batalla que seguramente se dirimirá en términos políticos con las principales regiones afectadas.

11. Empresas públicas - Deberán ser más sustentables. Se reducirán las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1% del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021. La misión ya fue notificada a los CEO de esas firmas.

12. Jubilados - La ley de reparación histórica no tendrá cambios por ahora, pero se trabajará con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir cambios en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras, aseguran en Hacienda.

13. Impuestos - Se mantienen los compromisos para reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia fines de 2017, pero se podría extender el período de implementación de algunas de las modificaciones si fuera necesario para alcanzar las metas fiscales.

14. Transferencias - Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo, ya que las provincias tomarán las responsabilidades. La promesa es que la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias no lleve a un aumento del déficit a nivel provincial.

15. Infraestructura - En el caso de que la actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se vea afectada, el recorte será mayor: identificaron una suma equivalente a 0,2% del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura). Es decir, menos obras.

16. Balance primario - Se incluirá también un detalle de los principales riesgos fiscales y de gastos impositivos y detalles acerca de las principales medidas de política que se llevarán a cabo para alcanzar la meta del balance primario de 2019.

17. Reporte fiscal - Se introduce un nuevo reporte fiscal de mitad de año que arranca en junio de 2019, con estimaciones actualizadas acerca del resultado fiscal y proyecciones macroeconómicas y fiscales para el mediano plazo. Se desarrollará un marco de análisis del riesgo fiscal con vistas a incluirlo en los documentos presupuestarios en 2020. Con un nuevo índice de riesgo fiscal, un análisis de largo plazo de sustentabilidad fiscal (tanto para el gobierno nacional como para el gobierno general) y un análisis de las deudas contingentes (explícitas e implícitas) incluyendo aquellas relacionadas con el financiamiento de los proyectos de PPP y las obligaciones sin fondeo del gobierno con el sistema previsional.

18. Planes sociales - La AFIP tomará un rol clave para reducir la evasión -no especifica cómo, pero se sabe que será con tecnología y cruce de datos- y se sumarán un conjunto de indicadores sociales para ser monitoreados periódicamente. El piso para el gasto de asistencia social es de 1,3% del PBI, un nivel que, según dicen, garantiza la implementación de los programas para el período 2019-2020. Se mantienen los programas de Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE, subsidio por embarazo). Se asignarán más recursos a las "asignaciones universales para protección social" en caso de que las condiciones sociales empeoren. Se buscará un gasto adicional de hasta 13.500 millones de pesos en 2018 y el equivalente a 0,2% del PBI por año en estos programas.

19. Reservas y Lebac - Otro dato no menor es que se aclarará el estado legal de las reservas internacionales del BCRA, que solo deberían servir para implementar políticas cambiarias y monetarias, según afirman. A su vez, se limitarán las transferencias al Tesoro solo a utilidades realizadas, que únicamente podrán ocurrir cuando el capital del BCRA exceda un nivel adecuado.

También aparecen las famosas Lebac, por las que el BCRA se compromete a reducir la vulnerabilidad asociada a un stock excesivamente grande y a fomentar la reintermediación del sector financiero. Se creará para ello un comité coordinador de la gestión de la deuda con funcionarios de alto rango del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas (que se unificarán) y el BCRA, que se reunirá semanalmente y coordinará actividades relacionadas con la esterilización y los planes de emisión de deuda.

20. Política monetaria y BCRA - En materia de política monetaria se admite que la reducción de la inflación fue inferior a la esperada, pero que se mantendrá el sistema de metas. Antes de marzo de 2019 se enviará al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de una nueva carta orgánica. Allí se buscará mayor autonomía en su operatoria. Se reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA y se brindará a la entidad la autoridad para establecer, con consulta al Ministerio de Hacienda, las metas de inflación con una anticipación de tres años.

Los nuevos objetivos

32% Inflación - Es el máximo desvío que el Gobierno prevé. La meta para este año es de 27%

1,4% Crecimiento - El Gobierno estima que la economía crecerá este año entre 0,4% y 1,4% del PBI

1,3% Déficit primario - Es el número que enviará el Gobierno al Congreso en la ley de presupuesto para 2019

55,8% Del PBI - Es el ratio de deuda pública bruta al que tendrá que llegar el Estado en 2021

Recortan el 25% de cargos jerárquicos en la AFIP, el PAMI y otros organismos

Por Mariano Obarrio - La Nación

Es parte del plan para bajar el déficit fiscal que el Gobierno acordó con el FMI; alcanza a unos 86 entes descentralizados, como la Anses, el INTA, el Conicet, Parque Nacionales y la Biblioteca Nacional.

Como parte del plan de reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Mauricio Macri prepara para los próximos días el anuncio de un ajuste del 25% en la planta de la estructura de cargos jerárquicos de los 86 organismos públicos descentralizados, como el PAMI , la Anses y la AFIP .

En febrero pasado, el Gobierno anunció la disminución del 25% de los cargos jerárquicos en la administración pública nacional (APN), que comprende la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los 20 ministerios. Se redujeron, así, más de 1000 cargos públicos jerarquizados y se ahorraron $1450 millones.

En realidad, fue un gesto simbólico de austeridad, más que un recorte sustancial. El déficit previsto para este año ronda los $351.000 millones (2,7% del PBI). Se eliminaron cargos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores de áreas.

Lo mismo ocurrirá ahora con los organismos públicos descentralizados, aunque aún no hay cálculos sobre el ahorro que se podría generar. En el Estado existen 86 entes, cuyas características principales son que tienen patrimonio propio y autarquía administrativa.

Además del PAMI -la obra social más importante de América Latina-, la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), esos organismos son el Senasa, el INTA, el INTI, el Conicet, Parques Nacionales, los entes nacionales Regulador del Gas (Enargas) y de la Energía (ENRE), el Enacom, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo de las Artes y la Biblioteca Nacional, entre otros.

"Falta el ajuste de los entes descentralizados del 25% del personal jerárquico", reveló a LA NACION un ministro de trato diario con el Presidente durante el fin de semana, cuando algunos funcionarios se sentaron a pensar cómo será el recorte de gastos para cumplir el programa acordado con el organismo multilateral de crédito.

Ese acuerdo prevé un préstamo stand-by por 50.000 millones de dólares y establece como meta un déficit fiscal para el año que viene de 1,3 por ciento del PBI.

Este año el rojo fiscal terminará en 2,7% del PBI, lo que representa $351.000 millones. Según el convenio con el FMI, la Argentina debería presentar a finales de 2019 un pasivo de las cuentas públicas de 1,3%, es decir de $169.000 millones.

Para el año próximo el Gobierno había planeado tener 2,2% del déficit ($286.000 millones). Pero la crisis externa con suba de tasas en Estados Unidos, la crisis cambiaria y la falta de confianza en la capacidad de financiamiento por el elevado déficit fiscal obligaron a dar una señal y el Gobierno pactó una reducción mayor del déficit, hasta llevarlo a 1,3% ($169.000 millones). Para 2020, el objetivo será el equilibrio fiscal.

El descenso de $286.000 millones a $169.000 millones pareciera drástico. Pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, preveía antes del acuerdo con el Fondo sobrecumplir la meta de 2019 y la estimaba en términos reales en 1,9% ($247.000 millones). Por ello, el salto a 1,3% implicará bajar $78.000 millones de gasto, un número significativo, pero no inalcanzable, según los funcionarios.

Se suman más recortes

Hace dos semanas se presentó un decreto de reducción de $20.000 millones (0,15% del PBI) en el Estado nacional y hace un mes se había anunciado que no se usaría una partida de $30.000 millones (0,23%) para obras. Pero el Gobierno necesita ir por más. "Seguramente habrá anuncios, pero no se sabe la fecha todavía", señalaron en la Casa Rosada.

"Estamos preparando el terreno y trabajando. En las próximas semanas se conocerán medidas", dijo un funcionario. Tal como informó LA NACION el sábado último, primero el recorte se hará en la Nación (ministerios y organismos descentralizados), luego en las provincias y finalmente se hurgará en el sector privado para postergar rebajas impositivas anunciadas, lo cual afectará a los contribuyentes.

"Vamos a mirar muy de cerca a las provincias. Se van a eliminar transferencias de gastos corrientes y de capital [obra pública], tanto en obras nacionales como provinciales", dijo una fuente del gabinete económico al tanto de la estrategia que lleva adelante Dujovne, el ministro coordinador del equipo económico.

También se sigue apostando al retiro voluntario del personal. Según reconocieron fuentes oficiales, el plan abarca todos los ministerios.

Un 75% del presupuesto nacional es un gasto rígido, son prestaciones sociales: sueldos, planes sociales y jubilaciones. Las partidas flexibles a la baja representan el 4% del PBI, lo que equivale a $520.000 millones. Así, son básicamente tres los rubros que podrían ser revisados: las transferencias no automáticas a provincias de gastos corrientes, el 0,8% del PBI, unos $104.000 millones; la obra pública de la Nación y las provincias, que son el 1,7% del PBI, de $221.000 millones, y el 1,5% de subsidios a la energía y el transporte, que totalizan $195.000 millones.

"Todo se va a revisar, tanto el gasto de capital (obras públicas) de la Nación como el de las provincias; se revisarán ambos con lupa. Todo va a depender de las prioridades de las obras", explicaron fuentes oficiales. En la cartera de Hacienda, además, aseguraron que este año el ajuste del gasto es superior al año próximo.

"Hay un trabajo silencioso de recorte en todos los ministerios muy fuerte y el Presidente se lo reconoce al ministro Dujovne", aseguró a LA NACION una fuente de la Jefatura de Gabinete.

Siete claves para comprender el acuerdo con el FMI

(La Nación) - Si bien se esperaba que las negociaciones tardaran unas semanas más, esta tarde se conocieron los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) tras el fin de las conversaciones técnicas. 

A continuación, las claves del acuerdo:

¿Por qué la Argentina le pidió dinero al FMI?

Según declaró el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne al momento de anunciar el inicio de las conversaciones con el organismo, la Argentina busca financiamiento preventivo. En otros términos: se trata de asegurarle al mercado que el país está en condiciones de cubrir sus deudas. "Esto no aumentará el endeudamiento, sino que refuerza nuestra solvencia, cuidando a los que menos tienen", expresó el funcionario. En tanto, en una entrevista con este diario, Dujovne dijo que la ida al Fondo no es "para destapar una olla a presión", sino que el Gobierno lo hace "de manera responsable ante el cambio de la situación internacional, donde la perspectiva es que las tasas en Estados Unidos sigan subiendo, y como la Argentina recae mucho en el crédito externo, la queremos proteger".

¿Qué cambiará en la economía cotidiana?

Con los fondos que preste el FMI habrá menos presión sobre el tipo de cambio, algo que a su vez jugará a favor de contener la inflación , uno de los principales objetivos de la administración de Mauricio Macri . En el mediano plazo, sin embargo, el país se genera la obligación de devolver los fondos que, de otra manera, se podrían haber destinado a otras tareas.

¿Para qué se usarán los recursos?

En principio, los dólares que lleguen del FMI servirán como garantía. En un acuerdo stand-by, una vez que se define el monto, los fondos están disponibles. Una parte puede estar al comienzo, otra de manera escalonada, y si no se necesitan, no se usan. El objetivo del Gobierno es utilizar la deuda externa como mecanismo de transición hasta que se elimine el déficit fiscal.

¿Qué condiciones deberá cumplir el país?

Los programas stand-by tienen metas cuantitativas en lo fiscal, pero el Gobierno dice que no habría problemas con eso porque ya tienen metas trimestrales en su plan y están sobrecumpliéndolas. En la práctica, como dijo Macri, el FMI quiere asegurarse que le van a pagar. En otros términos, eso implica que se deberá aplicar un plan de ajuste.

¿Hasta cuándo dura el convenio con el FMI?

Según la web del FMI, la duración de un stand-by cubre un período entre 12 y 24 meses, pero no más de 36 meses. Ese sería el tiempo máximo de vigencia del convenio. Luego, el país puede eventualmente renegociar los términos y extender los plazos.

Las condiciones actuales, ¿son similares a las de la crisis de 2001?

El ex titular del Banco Central, Martín Redrado, dijo que el llamado al FMI hace que muchos piensen en una crisis pero, según él, esta vez no hay una en el horizonte. "Lo que sí tenemos es el desafío de plantear un verdadero programa de crecimiento con estímulos", afirmó. Entre otras cosas, la economía muestra señales de crecimiento -aunque magras- y no hay un tipo de cambio fijo. En tanto, Mario Blejer, otro ex presidente del BCRA, dijo que la crisis actual fue solo cambiaria, mientras que en 2001 se dieron tres juntas: una crisis cambiaria, bancaria y de deuda.

¿La Argentina tenía deudas con Fondo?

No. La última deuda con el organismo fue cancelada en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Gobierno confirmó negociaciones con China para ampliar el swap de divisas y reforzar reservas del BCRA

(Ambito.com) - El Gobierno confirmó que abrió negociaciones con la República Popular China para ampliar el swap de monedas vigente para reforzar las reservas internacionales del Banco Central.

Las negociaciones fueron confirmadas por el jefe de gabinete, Marcos Peña, al diario británico Financial Times en su gira por Reino Unido y Nueva York, para avanzar con la cooperación bilateral y fortalecer el comercio.

Un swap (o "intercambio", en español) es un mecanismo por el cual dos agentes (gobiernos, bancos, empresas) se comprometen a cambiar divisas o dinero en ciertas fechas.  La operación no se realiza de forma inmediata sino que se efectúa en "cuotas", es decir montos y fechas previstas a lo largo de un período acordado.

La idea de la administración de Mauricio Macri es reforzar el acuerdo de intercambio de divisas por el equivalente a 11.000 millones de dólares entre el Banco Central y el Banco Popular de China que se acordó en julio de 2015 y se prorrogó el año pasado. Estas negociaciones son llevadas adelante por el Gobierno en paralelo a la búsqueda de un blindaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de nuevos empréstitos que llegarán el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, banco de desarrollo de América Latina. 

"Tenemos un intercambio activo con China que nos dejó el gobierno anterior y trataremos de hacerlo más grande", dijo Peña en una entrevista en Londres.

Todas estas negociaciones se abrieron después de que el Banco Central viera caer sus reservas en unos 10.000 millones de dólares en pocas semanas producto de una crisis cambiaria que sacudió a los países emergentes. Las monedas de países con grandes necesidades de endeudamiento externo y grandes déficits presupuestarios y de cuenta corriente fueron especialmente perjudicadas, como son los casos de la Argentina y Turquía.

Según señaló el diario británico que entrevistó a Peña en Londres, el funcionario se negó a decir cuánta ayuda se busca, aunque indicó que esperaba ofrecer una "sorpresa positiva" que sería "relevante para el mercado".

Profundizan los recortes en los medios públicos y buscan ahorrar $1000 millones

Por Maia Jastreblansky - La Nación

En la Casa Rosada consideran que se debe avanzar en un mayor equilibrio presupuestario del sistema de radios y televisión; ya se redujeron horas extras y se fijaron topes salariales; crece el conflicto con los gremios

La poda del gasto público que impulsa la Casa Rosada tendrá un capítulo significativo en los medios de comunicación estatales. El Gobierno pretende alcanzar un ahorro de $1000 millones en Radio y Televisión Argentina (RTA), con medidas como la suspensión de paritarias y el fin de las horas extras. En la agencia de noticias Télam el panorama es más incierto.

Fuentes oficiales admiten que en Télam se está "evaluando la planta de personal para corregir los números" dentro de esa dependencia, que hoy tiene unos 840 empleados.

Este plan de recortes ya permeó en los trabajadores de los medios públicos, que iniciaron medidas de fuerza. En Télam, tras el despido de dos empleados, hubo cese de actividades durante cuatro días la semana pasada, y el paro continuó ayer y hoy. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que lleva la voz cantante, marchó con otros gremios a la entrega de los Martín Fierro para denunciar "el vaciamiento de los tres medios del Estado".

Desde el Gobierno ven este recorte como una crónica anunciada. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi , había quedado rezagado en la carrera de ajustes a la que se habían lanzado todos los ministerios. Pero el guadañazo a los gastos públicos iniciado la semana pasada le marcó los tiempos.

Dujovne, de hecho, anunció que se buscará "acelerar el equilibrio presupuestario de las empresas públicas" y nombró, entre otras, a RTA y a Télam. Dijo que, a nivel global, los aportes que hace el Tesoro nacional para mantener la operatividad de las empresas del Estado pasarán de $12.000 millones, este año, a $6000 millones, en 2019.

"En el Sistema de Medios Públicos no se hizo un control de dotaciones tan rígido como en otras áreas. La Secretaría de Empleo Público no ingresó para evaluar cuánta gente trabaja y qué perfiles se necesitan", señalaron fuentes oficiales a LA NACION, al tiempo que admitieron que la administración central tiene menos injerencia que en los ministerios.

Evaluación de números

Mientras aumenta la presión de la Casa Rosada, desde el Sistema Federal de Medios Públicos aseguran que "el plan de ahorro de $1000 millones" ya se puso en marcha este año en RTA. En la TV Pública, eso se tradujo en el congelamiento de las paritarias (no habrá aumentos este año) porque, según esgrimieron desde el Gobierno, "los sueldos de la señal estatal se encontraban un 25% por encima de los del resto de la industria".

También se decretó el fin de las horas extras, un componente importante del salario que afectó la programación. Por esta merma ya no hay noticieros los fines de semana y que obvian coberturas clave. "Hoy, el salario en mano es el 50% del que percibíamos en 2017", señalaban ayer en el Sipreba, y agregaban que los recortes llegaron también a otros componentes estipulados por convenio colectivo.

Desde el Gobierno dicen que otro ahorro importante estará en los derechos para transmitir el Mundial de US$19 millones en 2014 a un tope de US$3 millones este año.

En Radio Nacional, los recortes llegaron a los inmuebles. Las oficinas porteñas de la emisora estatal se emplazaban en dos edificios, uno propio y otro alquilado, en Maipú al 500. Los trabajadores del inmueble en alquiler fueron trasladados hasta la planta de Pacheco para ahorrar unos $300.000 mensuales.

Lombardi, además, dispuso que una buena parte de las 48 filiales de Radio Nacional en las provincias se conviertan en repetidoras de la programación central, por lo que redujeron costos al eludir programación. "La radio recupera su sentido federal", justificaron las fuentes oficiales.

Desde el Sipreba aseguraron que también en la emisora estatal hubo recortes de horas extras y más de 20 despidos entre enero y marzo.

La agencia Télam es la que vive por estas horas el escenario más tenso. "Estamos mirando profundamente a la empresa para definir una hoja de ruta", señalaron desde el Sistema Federal de Medios Públicos a LA NACION. Subrayaron que fue "llamativo" el aumento de la dotación. "A fines de 2001 la agencia tenía 406 empleados. En 2015, la cantidad había alcanzado los 926 puestos. Ya en 2017 los empleados sumaban 893", enumeraron. Pero no quisieron referirse a un plan de desvinculaciones.

El despido de dos trabajadores días atrás por un cable de noticias con información errónea sobre las Lebac -a pocas horas del vencimiento de esas letras- puso en alerta a los tres gremios de esa sociedad del Estado. "Estos dos despidos son un mal antecedente. Se argumenta un error intencional no probado y no hubo ninguna instancia intermedia de diálogo", advirtieron en el Sipreba.

Desde el Sistema Federal de Medios Públicos consideraron que el cable fue "altamente sospechoso" y "una fake new en un momento delicado del país". "Poco colabora este episodio porque desprestigia a la empresa", advirtieron y tensaron más la situación.

El plan tijeras de Dujovne: recortes adicionales por 10.000 millones de pesos

Por Nicolás Wiñazki - Clarin.com

El ministro coordinador revisa el rol de entes descentralizados. Bajará a la mitad el gasto en consultoras de $ 15.000 millones. El extraño rol de las concesionarias de autos.

Dujovne e Ibarra el último viernes al anunciar un ahorro de 20.000 millones de pesos al año. Foto Diego Díaz.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, oficializó el viernes pasado, junto al titular de Modernización, Andrés Ibarra, que intentará bajar el gasto estatal vinculado a “los privilegios del sector público”, en alrededor de 20 mil millones de pesos. Clarín está en condiciones de informar, en base a fuentes calificadas que trabajan en estos temas, que la Casa Rosada divulgará, frente a la inminencia del acuerdo con el FMI, y sobre todo a la espera de una negociación que se abrirá con los gobernadores de las provincias para persuadirlos de que ayuden al oficialismo a votar un Presupuesto Nacional para el 2019 con más recortes en varios ítems y organismos, una “poda” a los fondos del Poder Ejecutivo que será mayor.

A los 20 mil millones ya anunciados, se pusieron bajo análisis de Hacienda otra cifra que podría equiparar al achique ya propuesto: 10 mil millones más. El plan está bajo implementación secreta de Dujovne pero funcionarios del Gabinete dejaron trascender detalles a este diario. Por ejemplo, en Hacienda se analiza cómo están funcionando las empresas o institutos descentralizadas del Estado. Son muchísimas. Por ejemplo, el Teatro Cervantes, la Biblioteca Nacional, el Observatorio Nacional del Deporte; el Instituto Nacional Juan Perón; y otros más conocidos y de trascendencia indudable como la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Conea); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; el Servicio Meteorológico Nacional; o Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Aunque ya existe un achique en algunos de estos organismos, se los mencionó al azar para dar una idea de las características y la diversificación de esos entes. La enumeración no significa que los organismos mencionados sufrirán un recorte presupuestario. Las fuentes vinculadas al “Plan Tijeras” consideran que, en un principio, ya se habría determinado que con $ 4 mil millones menos de presupuesto los organismos descentralizados podrían funcionar igual a como lo están haciendo ahora.

A esos $ 4 mil millones que ya quedaría fuera del gasto de los impuestos que entran al Tesoro Nacional, se le sumaría otros $15 millones que se revisarán y se buscarán cortar: esa plata es la que desembolsa hoy el Gobierno en contratos con consultorías a las que se les pidió que realicen diferentes estudios en varios ministerios, secretarías de Estado, y más dependencias públicas. ¿Se cortarán todos esos contratos? En el equipo que lidera Dujovne aseguran que no, pero sí que es posible revisar todo lo hecho al respecto, sus resultados, y la suma más esperanzadora para Hacienda es bajar esos gastos a la mitad, es decir, a $7. 500 millones anuales destinados a contratar consultorías que hacen compañías externas al Estado. Siempre según fuentes oficiales, primero, del Gobierno para dar una señal de “austeridad” a los demás líderes que ocupan puestos públicos en otros poderes de la República, o que están al frente de provincias, se incluiría una gran batalla que Dujovne está dispuesto a dar con el apoyo del presidente Mauricio Macri.

Es la que incluye a los entes de cooperación del Estado, es decir, entes que tienen sus propios presupuestos pero que trabajan en convivencia total con el Estado, y que terminan hasta financiando sueldos de ministerios. Un caso emblemático que efectivamente está bajo análisis del ministerio de Hacienda es el de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que tiene potestad, de modo oficial y legal, sobre el control de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios. Es decir, maneja los Registros del Automotor, donde los compradores y vendedores de autos deben hacer los trámites para concretar esas operaciones, que tienen un costo para ellos.

Es ACARA quien, como ente cooperador del Estado, un número millonario de pesos al Ministerio de Justicia, que utiliza ese dinero para pagarle el sueldo a parte de sus empleados. Eso significa que el Ministerio de Justicia se financia con plata que recibe de forma unilateral un organismo “extra” estatal como ACARA, pero que tiene un vínculo formal con el Gobierno y hasta lo financia, a escala, pero de una manera que en el Gobierno están revisando. El Estado del Estado sigue dando sorpresas.

El Gobierno y La Rural en guerra judicial por el predio de Palermo

LPO - Extractado - Esta semana comienza un juicio en el que el Estado le reclamará a la entidad que devuelva el predio. La respuesta.

La semana pasada fue la más caliente para el campo desde que se fue el kirchnerismo. Fueron días en los que los fantasmas de viejos enfrentamientos y conflictos con el gobierno anterior estuvieron más vigentes que nunca entre dirigentes y productores.

Se trata de un enfrentamiento que se tuvo con Cristina Kirchner cuando en 2012, mediante un decreto, ordenó expropiar el predio de posee la entidad en el barrio porteño de Palermo con la idea de construir un complejo de viviendas sociales.

Los abogados de la SRA lograron frenar durante varios años ese decreto en la Justicia y esta semana se inicia un juicio en el cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) reclamará que el predio de Palermo vuelva al patrimonio nacional.

El juicio es contra el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y directivos de la SRA por la operación considerada "vil" en la que se pagó en el año 1991 unos 30 millones de dólares, una cuarta parte de su valor real.

A la AABE la lidera Ramón Lanús, un dirigente del PRO que además es vicepresidente de Pro.Cre.Ar, que responde directamente al jefe de Gabinete Marcos Peña, y que encabeza el proceso de enajenación de tierras e inmuebles del Estado.

La fiscal del caso es Gabriela Baigún que estará acompañada por Dafne Palopoli de Investigaciones Administrativas, mientras que el juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini.

La respuesta de La Rural

En un comunicado al que accedió LPO, la SRA se defendió: "Reafirmamos nuestros derechos sobre el predio ferial de Palermo, así como la legitimidad de su compra efectuada en 1.991", comenzó la entidad que preside Daniel Pelegrina. "La operación estaba dentro del nuevo paradigma político que inauguró el gobierno constitucional que asumió el Poder Ejecutivo en julio de 1989. Este paradigma tenía como objetivo un Estado más eficiente mediante la venta de bienes a privados", agregó.

Enseguida, la SRA -que está en plenas internas de cara a las elecciones de septiembre próximo- continuó: "El precio acordado en su momento reflejaba los valores y condiciones del mercado y fue fijado de acuerdo a tasaciones recibidas oportunamente".

La entidad con sede central en la calle Florida sostuvo que "a lo largo de 27 años transcurridos desde que fue realizada la operación, se efectuaron importantes inversiones por un valor superior a los 80 millones de dólares". 

Como sea, el juicio que enfrenta al Gobierno con la SRA no hace más que enrarecer el clima de cara a la próxima edición de La Rural de Palermo en julio en la cual ya había especulaciones acerca de la presencia de Etchevehere tras el polémico "Bono-Gate". 

"Defenderemos nuestros derechos sobre el predio ferial de Palermo fundados en la Propiedad Privada, garantizada en la Constitución, con todos los antecedentes jurídicos y todos los recursos legales en los que se sustenta dicha propiedad", concluyó la SRA. 

El Gobierno aplica al biodiesel la primera suba de retenciones

LPO - Tras la marcha atrás con la soja por la presión del campo, subió del 8 al 15% la alicuota del biocombustible.

Tras dar marcha atrás con la idea de frenar la baja gradual de las retenciones a la soja y hasta reimponer las de trigo, maíz y girasol, el Gobierno nacional aumentó por decreto los derechos de exportación al biodiésel.

A través del decreto 486 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo subió de 8 a 15 por ciento las retenciones al biodiésel a partir del 1º de julio. La decisión se da luego de que en diciembre pasado el Gobierno había eliminado un sistema de retenciones móviles para el biocombustible, que en ese momento estaban en el 0% y se fijaron en 8% desde enero último.

Según la norma, el incremento es para "continuar propiciando la convergencia" entre los derechos de exportación del aceite de soja y el del biodiésel. Igual que el grano de soja, la retención al aceite se viene reduciendo a razón de un 0,5% mensual desde enero pasado (actualmente está en 24,5%).

El argumento para modificar el esquema de retenciones de biodiesel y aceite de soja fue que la diferencia de aranceles entre ambos productos fue uno de las razones esgrimidas por los productores estadounidenses (que la consideran un subsidio) para iniciar una demanda ante el gobierno de Donald Trump, que les dio la razón y aplicó aranceles de alrededor del 70 por ciento para el producto argentino.

Esa es la "convergencia" de la que habla el Gobierno para continuar achicando ese margen, aunque las posibilidades de que la administración Trump dé marcha atrás no parecen demasiadas (se habla de negociar un cupo, como sucedió con el acero), mientras la Casa Rosada sigue demorando la presentación ante la OMC que reclaman los productores locales.

La decisión de subir las retenciones al biodiesel no tiene una gran incidencia en la meta de reducción del déficit fiscal que pregona el Gobierno, aunque es una señal política importante luego de que Mauricio Macri frenara el viernes pasado el regreso de las retenciones al campo, por temor a un conflicto con este sector.

El año pasado, las exportaciones de biodiesel fueron récord (1,68 millones de toneladas) gracias a la reapertura del mercado europeo y antes del cierre del estadounidense, aunque el número no fue significativo para la economía: 1250 millones de dólares.

Aunque en el primer trimestre de 2018, las ventas siguieron creciendo respecto del año anterior (319 mil toneladas, unos 223 millones de dólares) porque el mercado europeo sigue cubriendo la baja del estadounidense, el panorama a futuro es complejo.

Es que de lo exportado en el primer trimestre, casi el 90% se vendió a la Unión Europea (Holanda y Malta), según informó días atrás el portal ValorSoja. El problema es que las autoridades de la Comisión Europea (CE) iniciaron a fines de enero pasado una nueva investigación contra el biodiesel argentino para intentar bloquear nuevamente el ingreso, lo que podría suceder a fin de año o comienzos de 2019.

Por otra parte, con el decreto 487 el Gobierno fijó en 10% la retención para ciertas mercaderías del sector aceitero, esto es de las posiciones 1507.90.11 y 1517.90.10 -mezclas de aceites refinados en envases con capacidad igual o inferior a 5 litros-. 

Los gastos que el Gobierno planea recortar para ahorrar $20.000 millones

Perfil.com - El Ejecutivo quiere reducir el déficit fiscal en vistas a un acuerdo con el FMI.

Los funcionarios reducirán viáticos, choferes y pasajes. Imagen archivo / El presidente Mauricio Macri recibió en Olivos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. FOTO: CEDOC NOTICIAS 

Para achicar el déficit, van por ‘subsidio cero’ a firmas del Estado Lagarde: “Las negociaciones con la Argentina están progresando bien" El déficit comercial llegó a US$ 938 millones en abril por el crecimiento de las importaciones.

En sintonía con lo expuesto días atrás por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el Ejecutivo pondrá en marcha un ajuste en los gastos en la administración que busca un ahorro de hasta $20.000 millones para 2019. 

El paquete de medidas, que se anunciará esta semana, busca profundizar la reducción del déficit fiscal y avanzar así en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dentro de la propuesta se incluyen una baja de viáticos de los funcionarios y un techo salarial, según anticiparon matutinos porteños. "Entramos en una etapa de austeridad y esa etapa va a tener que ser asumida por todos nosotros. A todos nos va a doler un poco, y vamos a tener que dejar cosas que pensábamos que íbamos a poder hacer", manifestó la semana pasada Dujovne, en declaraciones a la prensa. 

Tras anunciar el pedido de un crédito del Gobierno al FMI, Macri también había destacado la necesidad de "profundizar" el recorte del gasto público porque "no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene". En ese sentido, algunos de los puntos del plan de medidas apuntan a recortar los gastos de la política: Pasajes y Viáticos. 

- Actualmente, quienes tienen roles de secretarios y subsecretarios viajan en clase business. A partir de la reducción de gastos, sólo podrán acceder a esa clase el Presidente y los ministros. En ese sentido, también se buscaría reducir el monto de los viáticos que implican los gastos en el exterior. 

- Choferes y autos. Esto implica que sólo los funcionarios de primera línea tendrán autos con chofer y custodia policial, así como también la venta una flota de autos que queden en desuso. No más doble sueldo. Actualmente los funcionarios tienen la posibilidad de percibir el sueldo por la función pública y, paralelamente, por otro puesto en un directorio de empresa o fondo fiduciario, algo que se buscaría evitar. 

- Paridad de salarios. Desde el Ejecutivo buscarán nivelar los sueldos del Banco Central y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros. En la AFIP el promedio salarial de bolsillo está en torno a los 100 mil pesos mensuales, mientras que un chofer de un alto funcionario de un ente descentralizado gana 200 mil pesos mensuales. 

- Empleados “ñoquis”. Se buscará que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo se sumen a la ley de responsabilidad fiscal y que haya ajustes en la cantidad de empleados, según pudo saber Clarín. Al respecto, como ejemplo, se tiene la Biblioteca del Congreso, que emplea a más de 1.700 personas y supera al de otras en el mundo, con colecciones mucho mayores. Al asumir como coordinador del equipo económico, Dujovne le anticipó a los ministros que se debía "acelerar la reducción del déficit". 

En una reunión, el funcionario y sus pares del resto de las carteras comenzaron a definir este recorte de gastos, con el objetivo de alcanzar la meta proyectada del 2,7% de déficit fiscal para este año, tras haberla bajado desde el 3,2% previsto inicialmente. En ese sentido, el ministro aseguró: "Decidimos cambiar el ritmo de la convergencia de nuestro equilibrio fiscal porque lo más importante en este momento, es seguir creciendo y evitar una crisis", sentenció. (Fuente www.perfil.com). 

Investigan a las cementeras por un alza de precios que llegaría al 13%

Pablo Fernández Blanco  - La Nación

Defensa de la Competencia presume que actuaron en forma cartelizada; al Gobierno le preocupa el impacto en la construcción Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk

La pelea que inició esta semana el Gobierno contra los aumentos de precios de los alimentos tendrá un nuevo capítulo en los próximos días. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo autárquico en la órbita del Ministerio de Producción, acelera una investigación contra las empresas cementeras por presunta colusión y supuesto comportamiento oligopólico.

Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que este mes se registraron aumentos de precios en torno del 13%, algo que desde la mirada oficial es difícil de explicar. Según sus cuentas, en el sector estiman que los efectos de la devaluación en sus costos estuvieron entre 30% y 50%, pero las remarcaciones de los últimos días tienen implícito una depreciación del tipo de cambio del 50% (la devaluación en el año ronda el 30%) y un traslado total de ese deslizamiento al valor final.

Se trata de una investigación que sigue de cerca todo el gabinete, incluido el presidente Mauricio Macri , por diversos motivos. Es que la pelea contra la inflación es una de las prioridades de la agenda oficial desde el principio del mandato. Pero ese objetivo recrudeció tras la devaluación de las últimas semanas.

Las principales empresas del rubro son Loma Negra, Holcim y Petroquímica Comodoro Rivadavia, entre otras. Pero la investigación no apunta contra una en particular, sino que recae sobre el sector. Ayer, la CNDC les mandó a todas requerimientos de información y citación para analizar. Y el ministro Francisco Cabrera las va a citar por los aumentos de precios de mayo.

El caso del cemento golpea de manera directa al futuro de la obra pública, una de las apuestas del Gobierno para animar la economía. El caso del cemento tiene otros condimentos. Entre ellos, que golpea de manera directa al futuro de la obra pública, una de las apuestas del Gobierno para animar una economía a la que le cuesta arrancar (a mayores costos, menos proyectos se realizarán).

En la misma línea, el precio del cemento tiene efectos bastante directos sobre el resultado de los estímulos a los créditos hipotecarios y, en especial, del Procrear, el programa con el que la administración de Macri espera que muchas familias accedan a la primera vivienda.

Los números que maneja el Gobierno indican que en lo que va del año, el cemento se encareció un 23%, con una fuerte aceleración este mes. Además, según sondeos extraoficiales de fuentes vinculadas a la Casa Rosada, las cementeras deslizaron la posibilidad de aplicar una nueva suba el mes próximo.

Las definiciones de la CNDC con respecto al cemento son seguidas de cerca por todo el sector privado. Sucede que con la nueva ley de defensa de la competencia, en abril pasado, las multas para las empresas son mucho mayores. Antes, el monto máximo de las multas era de $150 millones. Ahora, en cambio, puede llegar hasta un 30% de la facturación de la empresa involucrada.

En 2005, las cementeras sufrieron la aplicación de una multa millonaria por acordar precios y cuotas de mercado

Desde mediados del año pasado, el Gobierno puso la lupa sobre el sector de la construcción. Las cementeras tienen un antecedente en contra. En 2005 sufrieron la aplicación de una multa millonaria por acordar precios y cuotas de mercado, a partir de una investigación que se había iniciado a fines de los 90.

Una por una, las recomendaciones del FMI a la Argentina

Por Alejandro Rebossio - Perfil.com

Otra reforma previsional, trabajo flexible y más personas que tributen Ganancias.

Álvaro Alsogaray, Roberto Alemann, Adalbert Krieger Vasena, José Alfredo Martínez de Hoz, Bernardo Grinspun, Juan Vital Sourrouille, Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Roberto Lavagna han sido ministros de Economía que a lo largo de 60 años negociaron rescates del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora le toca a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda con menos atribuciones que sus antecesores, acotadas por Mauricio Macri y la Jefatura de Gabinete. Las próximas semanas mostrarán si este ministro débil, aunque de confianza del Presidente, negocia con fortaleza el monto y las condiciones del salvataje que repentinamente pidió la Argentina este 8 de mayo.

Uno de los principales operadores bursátiles del mercado local reconoce que hace pocas semanas “nadie” preveía una corrida cambiaria como la que afecta al mundo emergente, pero sobre todo a la Argentina, desde el 27 de abril. Cuando el dólar alcanzó los 23 pesos el 3 de mayo, comenzaron los rumores de un blindaje del FMI.

No bastaron para calmar el mercado cambiario los nuevos ajustes fiscal y monetario anunciados al día siguiente, ni la orden del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, de que los bancos reduzcan del 30% al 10% sus activos en dólares. El dólar apenas se estabilizó por sobre los 23 pesos con las negociaciones que Dujovne inició este 9 de mayo con el director del FMI para las Américas, el mexicano Alejandro Werner, y el encargado del caso argentino, el italiano Roberto Caldarelli. Al día siguiente, el ministro se reunió con la jefa del Fondo, Christine Lagarde. Con su ex par de Francia, condenada por la Justicia de su país por negligencia en el desvío de fondos públicos, Dujovne venía cultivando una estrecha relación: la había invitado a cenar a su casa en Buenos Aires en marzo pasado, junto a Roque Fernández, y la había recibido en la embajada argentina en Washington el 17 de abril en plena reunión semestral del FMI.

En las próximas semanas, la Argentina recibirá una misión del organismo. Primero deberá pactar el rescate con el duro staff, que en este caso encarnan Werner y Caldarelli, y después se someterá el acuerdo al directorio, donde Estados Unidos es el principal accionista, seguido por Japón, China, Alemania, Francia y Reino Unido. Ahí radica una de las razones del acercamiento de Macri a su par norteamericano, Donald Trump. Lagarde está entre medio de los técnicos y los políticos: fue elegida por el directorio, pero manda al staff. En 2003, incluso el FMI prestó a la Argentina pese a la resistencia de los técnicos y del propio director gerente del organismo en aquel entonces, el alemán Horst Köhler.

Se desconoce lo que decidirán las potencias, pero ya se sabe lo que opina el staff. El 1º de diciembre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resumía en cuatro párrafos su informe anual de 83 páginas sobre la economía argentina, el llamado Artículo IV. Sólo el primer párrafo era elogioso, destacaba que la actividad estaba recuperándose, que el gobierno de Macri había “desencadenado múltiples distorsiones”, había recuperado la transparencia de las estadísticas públicas y había corregido “muchos de los desequilibrios macroeconómicos más urgentes”. El propio FMI y la mayoría de la prensa destacó sólo aquello, pero los otros tres párrafos del resumen anticipaban la crisis actual del país: el alto déficit fiscal cubierto con creciente endeudamiento externo, que a su vez trae rojo de la cuenta corriente (compuesta sobre todo por el comercio de bienes y servicios) y sobrevaluación del peso. Allí mismo daba los consejos que ahora repetirá en la negociación del salvataje: “Se necesita una mejor combinación de políticas” y “reformas estructurales serán indispensables”.

He aquí entonces lo que pide el FMI a la Argentina, según el Artículo IV. Si el acuerdo final acaba siendo menos exigente, será gracias a la eventual benevolencia de Trump y los otros líderes de los principales accionistas del organismo. Varias de las reformas requerirán la aprobación del Congreso.

-Congelamiento de la contratación de empleados públicos. Si se cumple en la Nación, las provincias y los municipios este año y el próximo, se ahorraría el 1% del PBI.

-Eliminación de regímenes especiales de jubilaciones. El Gobierno evaluó avanzar sobre ellos, como los de diplomáticos, judiciales o docentes, en noviembre pasado, pero reculó ante las protestas por la reforma previsional de diciembre.

-Nueva reforma previsional. No bastó que en diciembre se dejaran de actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones por la recaudación tributaria, y sólo se ataran a la inflación. El FMI propone restringir la pensión universal por vejez, que beneficia a quienes no aportaron lo suficiente, al 30% de la población más pobre. También recomienda recrear las AFJP, a las que iría destinado parte del aporte de los trabajadores (el resto seguiría yendo al Estado). Además, el Fondo promueve elevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años, de modo de igualarla con la de los varones.

-Reducción de planes sociales. Unificación de programas y actualización de los beneficios por la inflación futura, y no la pasada, como hasta ahora. Se supone que los precios irán bajando y esto implicará un menor aumento de las ayudas.

-Recorte de otros gastos. El Fondo sugiere disminuir las compras de bienes y servicios, las transferencias de las provincias a los municipios y del Gobierno a las empresas públicas. Si se cortan estos gastos un 4% ajustado por inflación en 2018 y 2019, se ahorraría un 1,5% del PBI.

-Que más personas paguen el impuesto a las ganancias. En la actualidad lo abona el 10% de los argentinos. El FMI reclama que lo tribute el 20%.

-Que menos empleados formales reciban las asignaciones familiares.

-Reducción de tasas de interés. Si se ajusta el déficit fiscal, se podrá relajar la política monetaria, según el FMI.

-Tipo de cambio devaluado. El ajuste fiscal derivará en menor necesidad de deuda externa, lo que combinado con menores tasas de interés favorecerá la depreciación de la moneda, según el Fondo.

-Reforma laboral. Agilizar y abaratar el despido, fomentar el empleo temporario y a tiempo parcial y limitar la negociación colectiva de trabajo es la receta que explicitó el FMI.

-Reducción de barreras proteccionistas. El Fondo advierte que continúan 1.600 licencias contra importaciones de productos y que los aranceles del Mercosur triplican el promedio de países emergentes.

-Apertura de sectores a la inversión extranjera. El organismo señala que existe un trato discriminatorio para el ingreso de empresas foráneas en algunos sectores, ya sea en beneficio de compañías estatales o de firmas privadas argentinas.

-Mejora de las pruebas de stress del sistema bancario. Tras la orden a los bancos de vender dólares, los depósitos en esa moneda bajaron el 0,3%, unos US$ 99 millones, entre el 3 y el 7 de mayo. En el Central desestiman temores de algunos ahorristas: recuerdan que, a diferencia de la convertibilidad, ahora no se dan más créditos en dólares a personas.

El FMI dio vía libre para negociar un auxilio ampliado

Por Patricia Valli - Perfil.com - Será un acuerdo de excepción, lo que permite extender el monto a U$S 30 mil. Demanda un seguimiento exhaustivo. “El programa es el de Macri”, dijo Lagarde.

El ‘Argentina Desk’, los especialistas del Fondo en el país, y el equipo de Hacienda se reunirá la próxima semana para seguir negociando el préstamo. 

Sin sorpresas, el directorio del Fondo Monetario Internacional le dio el visto bueno a la negociación con la Argentina por un acuerdo ‘stand by’ que será ‘de excepción’, lo que permitiría que el organismo otorgue los U$S 30 mil millones que busca el Gobierno para reforzar las reservas. 

La reunión ‘informal’ del directorio fue presidida por Christine Lagarde, quien señaló en un comunicado que el plan es “el programa económico de Argentina integralmente concebido por el presidente Macri y su gobierno”. Sin embargo, la letra chica del Stand By Arrangement (SBA) sostiene que el acuerdo tiene condicionalidades, aunque son más flexibles. No es el acuerdo “precautorio” que se había anunciado. “El FMI puede prestar cifras por arriba de los límites normales en un análisis caso por caso”, señalan las normas sobre el acceso excepcional. 

Pero hay un escrutinio adicional del directorio. La tasa se estima en 5%, pero hay un sobrecosto adicional por el segmento que sobrepase los U$S 20 mil que corresponderían normalmente. Y tiene costo de servicio. Los SBA son ‘adecuados a las necesidades de los países’ que deben ser de ingresos medios. Cubren períodos de un año a tres, pero son negociables. 

Las dos partes señalaron que buscan un acuerdo rápido. Para esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, canceló sus planes para el lunes en Buenos Aires porque viajará a Washington DC para empezar la negociación del programa que después deberá ser aprobado formalmente de vuelta por el directorio. El FMI aseguró que coincide con los objetivos del Gobierno. Pero el programa implica un ajuste fiscal por arriba del ya anunciado. La nueva meta para el año está en 2,7% e incluye un recorte de $ 30 mil millones en obra pública. 

Otra de las metas es “reestablecer la confianza de los mercados a través de un programa macroeconómico claro que reduzca las necesidades de financiamiento”. Eso implica bajar el déficit fiscal, que hoy se cubre con deuda. Con la promesa de la “protección de los estratos sociales más vulnerables durante esta transición”, los recortes de planes sociales quedarían a salvo de la primera etapa. 

Sin embargo, en las recomendaciones que entregó a fin de año el FMI marcó la necesidad de reducir el empleo y el salario público. “Argentina está enfrentando una volatilidad financiera significativa, en parte debido a la constricción de las condiciones financieras internacionales y también tras la sequía que dañó la producción agrícola nacional. Es en este contexto que las autoridades solicitaron nuestro respaldo para contrarrestar esta volatilidad en los mercados y proteger el crecimiento, empleo y cohesión social”, señaló Lagarde en el comunicado. 

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