Por Mariano Obarrio - La Nación
El Gobierno trabaja en un plan gradual para el transporte, la luz y el agua; implicaría el traspaso de gastos por $110.000 millones en un plazo de cinco años.
En las tensiones previas a la negociación del acuerdo para reducir el déficit fiscal , el gobierno de Mauricio Macri se prepara para transferir en forma progresiva el costo de unos $110.000 millones en subsidios al transporte, la energía eléctrica y las obras de agua a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad (CABA). Pero negociará los plazos y también les reducirá las transferencias no automáticas de 140.000 millones al resto de las provincias en gastos corrientes y obras.
Así, la Nación se liberaría de gastos para mejorar su ecuación fiscal. Y se los transferirá a todas las provincias: Buenos Aires, CABA y el resto. No ocurrirá inmediatamente, sino en un plazo de unos cinco años. Ese es parte del plan de Macri para cumplir el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de dólares, que fijó un déficit de 1,3% del PBI para 2019 y déficit cero para 2020. "El Gobierno quiere transferir a la Ciudad, a Buenos Aires y a todas las provincias el gasto en subsidios a la energía eléctrica y el transporte. Pero sería progresivo", dijo a LA NACION un alto funcionario oficial.
"También queremos bajar transferencias no automáticas de gastos corrientes (salud y educación ) y de capital ( obras )", agregó. "Se verá con qué recursos y con qué gastos y en qué velocidad", especificó.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , se sumaron ayer al respaldo anteayer de otros diez mandatarios y legisladores para reducir el rojo fiscal.
Sin embargo, los gobernadores dejaron trascender que exigirán que la Nación se desprenda de gastos que consideran que deberían ser de Rodríguez Larreta y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , ambos de Cambiemos . Piden el traspaso a esos distritos de Aysa (aguas), que gasta $10.000 millones en obras (en 2018) y de los subsidios que benefician a porteños y bonaerenses, de 100.000 millones, mitad en transporte y mitad en luz eléctrica. El más explícito fue el cordobés Juan Schiaretti . "La idea es que las provincias absorban gastos, todas, para que no dependan de giros discrecionales de la Nación, que sean autónomas. Pero eso se resolverá en la negociación del presupuesto 2019", dicen en Balcarce 50.
El modelo progresivo de cinco años se aplicó con la devolución del 15% de coparticipación a los distritos que les retenía la Anses y con la reforma tributaria de fin de 2017.
Aysa no recibe subsidios; se sostiene con la tarifa. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, que dirige Nicolás Dujovne , su gasto adicional se dirige solo a obras de saneamiento, cloacas y agua corriente, por 10.000 millones para 2018.
Los subsidios de la Nación a la energía eléctrica se dirigen a la empresa mayorista Cammesa, porque las distribuidoras Edenor y Edesur ya no reciben transferencias. Para la Ciudad y la provincia esas subvenciones son de 100.000 millones.
Así las cosas, de la suma de 110.000 millones, Vidal se debería hacer cargo de 90.000 millones y Rodríguez Larreta de 20.000 millones. Sería imposible asumirlos si no hay un plan gradual, porque generaría un descalabro en sus distritos.
Las provincias también exigen que la Nación se desprenda de la Justicia de la Ciudad y postergue la reducción del impuesto a los ingresos brutos, tal como informó ayer LA NACION. Esto último y el traspaso de subsidios a las provincias estaba establecido en el pacto fiscal firmado en diciembre último. El tesoro nacional no tiene demasiado margen para reducir gastos. El 75% son partidas de jubilaciones, pensiones, gasto social, planes sociales, asignaciones familiares y salud. Y tampoco puede aumentar impuestos porque la presión tributaria es altísima.
Es así como Macri, Dujovne y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, buscan desarmar el esquema de transferencias no automáticas (discrecionales) que armó el kirchnerismo: sumó impuestos no coparticipables, retenciones, y creó gastos nacionales dirigidos a la educación, salud, asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado en las provincias. De ese modo, creaba la dependencia política de los gobernadores y construyó así su poder.
Del total de recursos nacionales, la Nación retenía 75% y las provincias 25%. Macri devolvió el 15% de coparticipación que detraía la Anses, bajó retenciones y firmó el pacto fiscal. Ahora el reparto es 68% la Nación y 32% las provincias.
"Como ahora ellas tienen más recursos deberán absorber algunos gastos de la Nación", dijo una fuente de Hacienda. En 2017, las provincias tuvieron un déficit de 0,2% del PBI, $28.000 millones. Y en 2018 tendrán superávit de 0,5%, 70.000 millones. Por eso, el Gobierno buscaría reducir parte de las transferencias no automáticas a ellas: 1 punto del PBI, unos 140.000 millones. Y así atendería el reclamo de esos gobernadores de endosarles a CABA y a Buenos Aires el gasto de 10.000 millones de Aysa y los subsidios en transporte y energía: 0,7% del PBI, 100.000 millones. Pero los subsidios al resto de las provincias son 0,5% del PBI, 70.000 millones. Y también les endosará ese gasto.
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