Roban dinero que tenía en custodia la policía aeroportuaria

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

Eran US$ 250.000 y $ 400.000 que habían sido secuestrados en una causa de trata.

El caso promete ser un escándalo y hay personal de una fuerza federal de seguridad bajo sospecha. En el interior de una caja cerrada con precintos y guardada dentro de un contenedor en el aeropuerto internacional de Ezeiza había 250.000 dólares y 400.000 pesos que habían sido secuestrados en Mar del Plata en una causa por trata de personas. El dinero estaba bajo la custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esa plata desapareció, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

El hecho sucedió hace dos meses, y se mantuvo en reserva para poder avanzar en la pesquisa. Pero alguien filtró la información ayer. Los investigadores sospechan que el dinero fue sustraído por personal de la PSA que estaba al tanto de dónde estaba el dinero.

La causa, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, comenzó hace 60 días tras una denuncia hecha por el director nacional de la PSA, Alejandro Itzcovich Griot. Según las fuentes consultadas, además de los 250.000 dólares y los 400.000 pesos, fueron sustraídos unos anillos, sin valor de mercado.

Villena ordenó una serie de allanamientos en domicilios de funcionarios de la PSA, pero por el momento no hay imputados.

"Por seguridad, el dinero iba a ser depositado en una sucursal del Banco Nación, pero faltaba un oficio judicial y no se pudo hacer el trámite. Cuando estaba todo listo para ir al banco y completar el trámite se descubrió el faltante", explicaron fuentes oficiales.

En la PSA no hicieron declaraciones sobre lo sucedido. Pero según pudo saber LA NACION, además de la causa penal que lleva adelante el juez Villena, la fuerza federal de seguridad comenzó una investigación interna para determinar qué ocurrió en el aeropuerto.

Si bien aún no se pudo reconstruir lo sucedido, los investigadores judiciales están convencidos de que los responsables del robo pertenecen a la PSA y sabían dónde estaba el dinero.

El monto sustraído había sido secuestrado por la justicia federal de Mar del Plata en una causa donde se investiga a una red de trata de personas. "En el contenedor, además del dinero en efectivo y los anillos, había otras elementos secuestrados en el curso de esa causa. La mayoría de esas cosas está en su lugar: sólo se llevaron el dinero y las alhajas, que no tendrían un valor importante en el mercado comercial", dijeron los voceros consultados.

Además de los allanamientos realizados -que, por el momento, no dieron resultados positivos-, el juez Villena ordenó una serie de medidas para tratar de dar con los autores del escandaloso robo.

El hecho recuerda lo sucedido en la Gendarmería. El mes pasado, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó con prisión preventiva a un sargento de esa fuerza que robaba cocaína que estaba depositada en el edificio Centinela para ser incinerada.

Acribillaron a dos jóvenes a los que les encontraron objetos robados

Por Fernando Rodríguez - LA NACION

Ocurrió anteayer en Merlo; se cree que asaltaron a cuatro chicos y que alguien les disparó en venganza

La policía busca por estas horas a un "vengador anónimo" que la madrugada del domingo mató de varios tiros a dos jóvenes de 19 años que, según sugieren un evento anterior y los objetos que tenían consigo, habrían asaltado poco antes a varios chicos en la plaza donde se arma la feria de Merlo, en el oeste del conurbano.

La reconstrucción de los hechos lo muestra así: a las 5, una sucesión frenética de estampidos despertó a los vecinos del cruce de Navarro y Garay. "Me muero", le escuchó susurrar a Agustín Ezequiel Curbelo una mujer que salió a la calle.

Los objetos que estaban junto a los dos cadáveres.

Estaba sentado en la vereda, con la mirada perdida y vestido sólo con un jeans; alguien ya le había sustraído las zapatillas y la remera. Pedía auxilio, aunque agonizaba sin remedio, con un corte en el mentón, pero, sobre todo, con cinco orificios de bala, dos en la axila, uno en la cadera, otro en la ingle y el último, en el antebrazo.

A la vuelta, sobre Garay, yacía muerto Nazareno Alejandro Vargas. Tenía dos impactos de bala en el pecho, uno en el brazo y otro en la muñeca, como si hubiese intentado, en vano, parar los proyectiles letales con las manos. A su lado había una Yamaha Crypton, las llaves de la moto y una mochila con un contenido variopinto: papel para armar cigarrillos, una tarjeta SUBE, una picana eléctrica, una campera negra y, lo más curioso, tres caretas de plástico, dos de ellas, las famosas máscaras que representan a Guy Fawkes, ícono de la Conspiración de la Pólvora de inicios del siglo XVII en el Reino Unido y popularizadas hace una década por haber sido usadas en la película V de Venganza.

Había más: siete vainas servidas de calibre 9 milímetros y dos plomos encamisados; se deduce de eso que el tirador acertó todos los disparos, y que dos de los proyectiles causaron en una o ambas víctimas heridas con orificio de entrada y salida de bala.

Hasta ese momento, el doble crimen era un misterio tan oscuro como la noche. Hasta que anteayer a la tarde, los detectives de la comisaría 1» de Merlo llegaron hasta un adolescente que vive con su abuela en la localidad de Libertad, en el mismo distrito.

Según confiaron fuentes de la causa, Brian, de 17 años, declaró que a las 3 de la mañana caminaba con sus amigos Lautaro, Alejo y Ariel por la avenida Calle Real; en la punta de la plaza donde se arma la feria de Merlo, en el cruce con 25 de Mayo, les cerraron el paso dos sujetos que montaban una moto negra de 110 cc de cilindrada.

Uno de ellos, el más "gordito" (así lo describió el chico), le arrimó una picana encendida, aunque no llegó a apoyársela. Dijo que eso bastó para que los cuatro comenzaran a entregarles a los "motochorros" lo poco que llevaban encima: una cadenita de oro, 10 pesos, una SUBE, un celular, una campera azul marca Puma con el escudo de BMW, una gorra negra, una mochila y las tres máscaras del cómic V for Vendetta.

La moto voló por Calle Real hacia el Oeste y los chicos, despojados, volvieron a sus casas. Brian, según consta en el parte policial, le contó a su abuela lo que había pasado e hizo la denuncia horas después. Todos esos elementos descriptos por el chico son los mismos que estaban junto a la moto y el cadáver de Vargas, a nueve cuadras de distancia. Eso resolvería el robo. Pero persiste el hiato. En ese intervalo de dos horas, alguien buscó a los ladrones y los ejecutó.

Explotan las cárceles bonaerenses: cada vez entran más presos

Por Rolando Barbano - Clarin.com

En los últimos 7 meses, las prisiones bonaerenses batieron récords de detenidos. Las requisas que les hacen dan resultados insólitos: les hallaron 13.000 celulares.

Diez balas con talco halladas en el penal de Mercedes

Cuchillos suficientes para enfrentar a un ejército, ahora que el invierno ha llegado. También, miles y miles de teléfonos celulares. Y el dulce de membrillo, que ahora volvió a cubrir los barrotes.

El motivo puede discutirse. Algunos dirán que hay más policías en la calle. Otros, que trabajan mejor. Que subieron su vocación represiva. O que están más activos. Lo cierto es que hay una consecuencia inocultable: cada vez más gente está ingresando a las cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Y eso trae otro tipo de problemas.

En mayo de 2016, en las 55 cárceles y las seis alcaidías departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense -el más grande de la Argentina, que aloja a la mitad de todos los presos del país- había 32.200 detenidos. Una nota publicada entonces por Clarín señalaba que “desde hace un lustro, todos los años la población carcelaria crece 1.200 personas en promedio”. El cálculo surgía de que, cada 12 meses, “poco más de 600 personas abandonan el régimen de privación de la libertad –por cumplimiento de condena o por beneficios procesales–, pero por la otra puerta –la del ingreso– llegan 1.800 nuevos detenidos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.

Ese equilibrio se rompió. Hubo una brusca aceleración en la cantidad de presos que ingresan a los penales provinciales. En diciembre de 2016 ya sumaban 34.392, repartidos entre los penales (33.698) y las alcaidías (694). El aumento es impactante: al día de hoy, el total de detenidos alcanzó los 37.157 (36.3533 en cárceles y 624 en las alcaidías), según cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Es decir, que la población de las cárceles aumentó en 2.765 presos en apenas siete meses, cuando la tasa histórica de crecimiento era de 1.200 por año. Nadie se anima a aventurar cuál será el balance final en diciembre.

En los calabozos de las comisarías había, a mayo de 2016, otros 2.300 presos. Hoy hay 3.000 y llueven las denuncias para que los saquen de allí y los lleven a los penales.

Pero en los penales no hay lugar ni para los que ya están. No lo había en diciembre, menos lo hay ahora.

Una solución sería construir más cárceles. Pero, claro, no se trata de algo rápido ni barato. Levantar un penal lleva entre tres y cuatro años y su costo se calcula por preso, a razón de 1.200.000 pesos por cabeza.

La última gran prisión bonaerense que se estrenó fue la de General Alvear. Fue en el año 2000 -sí, hace 17 años- y tiene capacidad para 1.500 detenidos. Levantar una igual costaría hoy 1.800.000.000 de pesos, o alrededor de 100 millones de dólares. Hacen falta al menos cuatro así.

Mientras se analiza cuándo empezar una obra como ésta, siguen llegando presos. Y el ministro Gustavo Ferrari busca alternativas para que el sistema no estalle.

No es fácil. Para que todo funcione, los presos tienen que vivir en las mejores condiciones posibles. Las que hay son malas, pero lo que se está buscando es que al menos tengan un colchón cada uno, coman todos los días y reciban los medicamentos que necesitan. Parece insólito, pero al penal de Dolores acaba de entrar la primera fruta en 5 años.

Bajar la conflictividad entre presos que viven uno encima del otro es el camino que se intenta recorrer. Para eso están empujando a los detenidos a trabajar y a estudiar, al menos en alguno de los cursos de mecánica de motos que se dictan. Pero también les están haciendo requisas más estrictas en busca, sobre todo, de armas. Así aparecieron las balas. Y volvió el dulce de membrillo.

Las requisas se hacen ahora con un mecanismo nuevo que consiste, básicamente, en que los guardias no las hagan más en el propio penal donde trabajan sino que vayan por sorpresa a otra unidad para realizarlas. Así, se estima, se controla (un poco) la connivencia entre guardias y presos.

Los resultados son, al menos, llamativos. Desde enero a hoy, en las requisas internas hechas en celdas, pabellones y talleres se han encontrado 6.938 facas (cuchillos artesanales) y otras armas blancas, a un ritmo de casi 1.000 por mes. Sólo anteanoche, en la Unidad 9 de La Plata hallaron 163.

Facas halladas el jueves en la Unidad 9.

En los mismos procedimientos los guardias encontraron 1.083 “elementos contundentes”. Y una cantidad alucinante de teléfonos celulares: 13.364. Los últimos 39 fueron hallados en la requisa a la Unidad 9, en la noche del jueves. En ese operativo también cayeron tres guardiacárceles: les encontraron pastillas de todo tipo -las drogas más buscadas por los presos-, celulares y facas, que no podían justificar. Terminaron apartados del servicio.

Elementos secuestrados el jueves a tres guardias de la Unidad 9

Los controles permitieron además un hallazgo que aún no tiene explicación. En un baño del penal de Mercedes, escondidas en un hueco, se encontraron diez balas calibre 9 milímetros cubiertas con talco.

El polvo blanco, se determinó, estaba destinado a mantener secos los proyectiles. Lo que no apareció, pese a las exhaustivas revisiones que siguieron, fue el arma que iba a dispararlos. Tampoco se sabe aún cuál era el blanco de los eventuales disparos.

El otro cambio que hubo fue el sistema de requisas para las visitas de los presos. Se renovó la forma en que se revisan los objetos y, sobre todo, los alimentos que les llevan. Y así fue como el dulce de membrillo recuperó la libertad. Al menos, la de tránsito. Es que su ingreso a los penales estaba prohibido desde hacía décadas, debido a una leyenda carcelaria en la que creían tanto presos como guardias.

Según se cuenta en las cárceles, muchos pero muchos años atrás, en un penal de Resistencia (Chaco) un grupo de presos dejó olvidada una porción de dulce de membrillo sobre una improvisada bandeja de metal. Pasó el tiempo, otros objetos cubrieron los restos de comida y los detenidos no volvieron a reparar en ellos. Hasta que llegó el día en el que uno se puso a limpiar y descubrió que el dulce había hecho un agujero en la bandeja.

Rápidos, los presos se pusieron a untar el dulce sobre las rejas de las ventanas. Pero no obtuvieron resultados, así que concluyeron que la pintura que las recubría era un obstáculo. Con paciencia la lijaron, llegaron al metal e insistieron con el membrillo. No hay registros de que algún preso haya escapado alguna vez por obra y gracia de la corrosión del dulce de membrillo. En la mayoría de los detenidos, sin embargo, creció la ilusión de que a cada uno que lo untó sobre un barrote la libertad le llegó antes de que el material se fatigara, por lo que no hay quien se atreva a cortar la tradición.

De hecho, ésta podrá continuar ahora gracias a que al dulce, ante la falta de pruebas fehacientes de su poder liberatorio, le han levantado la prohibición de ingreso a la cárcel. Serán cada vez más quienes apuesten por el dulce: ayer entró en vigencia la ley que prohibe las excarcelaciones anticipadas -libertades condicionales, salidas transitorias y otros beneficios- para aquellos condenados por delitos graves como homicidio calificado, violación o robo con armas. Cerrada también esa puerta de salida, la superpoblación carcelaria no hará más que aumentar día a día.

Secuestraron ametralladoras en manos de delincuentes comunes

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION

En dos casos ocurridos en Palermo y La Matanza, los ladrones portaban armas automáticas de importante poder de fuego

Foto: Ministerio de Seguridad Bonaerense

Uno de los hechos ocurrió en Palermo cuando un grupo de asaltantes redujo a un vigilador privado e intentó entrar en un edificio a 300 metros del Jardín Botánico. El otro sucedió con diferencia de pocas horas y a 26 kilómetros, cuando un delincuente planeaba una "salidera bancaria". El denominador común fue el armamento secuestrado: en ambos casos fueron incautadas dos ametralladoras, lo que indica el poder de fuego de delincuentes comunes.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de las policías bonaerense y de la Ciudad, fuerzas de seguridad que secuestraron las ametralladoras al arrestar a los sospechosos.

En el hecho ocurrido en Palermo, en un edificio de la avenida Santa Fe al 3500, se detuvo a tres delincuentes que usaban camperas similares a las utilizadas por detectives de la Policía Federal Argentina. Otros dos sospechosos lograron escapar y son buscados por los investigadores.

Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, todo comenzó ayer a la 1.30, cuando un vecino que pasaba por la puerta del edificio observó cómo reducían a un vigilador privado mientras le apuntan a la cabeza con un arma. El testigo llamó entonces al número de emergencias 911.

"Después de la llamada telefónica se decidió enviar personal policial al lugar de los hechos. Cuando llegaron los uniformados, tres delincuentes intentaron escaparse por la avenida Santa Fe, dos hacia Julián Álvarez, el otro en sentido contrario. Tras las persecuciones se pudo detener a los tres sospechosos", agregaron las fuentes consultadas.

Los uniformados se llevaron una sorpresa con el poder de fuego de los delincuentes. Se secuestraron dos pistolas calibre 9 milímetros con 27 cartuchos de bala, una pistola calibre 22, una ametralladora calibre 3.80, un silenciador, una campera y una gorra de PFA.

Llamó la atención de los investigadores el secuestro de la ametralladora, para nada común en robos de esas características.

Foto: Ministerio de Seguridad de la Ciudad

Cuando ingresaron en el edificio, los policías se encontraron con el custodio amordazado y maniatado. "Cuando se le sacó la mordaza, el vigilador privado aseguró que los delincuentes no eran tres, sino cinco", explicaron los informantes.

Los tres sospechosos apresados tienen entre 43 y 65 años. Uno es argentino y los otros dos son ciudadanos uruguayos, ambos con antecedentes penales. "Uno de ellos fue condenado por asalto a mano armada", dijeron fuentes oficiales.

Ayer a la mañana fueron hallados una pistola y un par de guantes cerca de donde detuvieron a los tres delincuentes. Se sospecha que pueden haber sido descartados por los dos ladrones que lograron fugarse.

"Salidera" bancaria

En el otro hecho se secuestró una ametralladora en Villa Recondo, en La Matanza, en cercanías de una sucursal del Banco Provincia donde se detuvo a un sospechoso de 52 años.

Además de la ametralladora, el detenido tenía otras dos armas. "Los hechos se registraron cuando personal de la DDI local, que estaba en pleno trabajo de inteligencia para dar con una banda de «salideras», observó que en las inmediaciones del Banco Provincia, sucursal Villa Recondo, se encontraba estacionado un automóvil Peugeot 308 desocupado con una patente que no era original", explicó en un comunicado de prensa el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Según los informantes, los uniformados hicieron "vigilancia" en cercanías del vehículo a la espera de que alguien se subiera.

"Al poco tiempo se observó el arribo de otro vehículo marca VW Surán negro que estacionó detrás y del cual bajó un sujeto con intenciones de abordar el Peugeot. Rápidamente, los investigadores interceptaron al sospechoso y, tras una leve resistencia, lograron aprehenderlo", se explicó en el comunicado.

Fuentes policiales sostuvieron que en el interior del Peugeot 308 se secuestraron patentes originales y documentación de una víctima de una reciente salidera. "En tanto, en el otro vehículo se incautaron una ametralladora PA 3 con numeración suprimida, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y otra Bersa mini Thunder", afirmaron.

Piratería del asfalto: aumentaron los robos contra camiones que transportan alimentos

Por Natalia Iocco (Clarin.com) - Buscan desde lácteos y galletitas hasta carne y pollo. La tendencia crece debido a que la mercadería se vende rápido y sin dejar rastros. Y al auge de comercios  y ferias informales.

El camión trasladaba más de 400 mil pesos en productos lácteos por la General Paz. En el límite entre Liniers (Capital Federal) y Ciudadela (Tres de Febrero), dos autos lo encerraron, ataron al chofer y escaparon con cientos de hormas de quesos. Fue el 30 de junio a la mañana, un día laborable, en uno de los accesos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires y a la vista de todos.

Esta modalidad, que parece insólita por el botín al que apunta, se ha convertido en una de las más elegidas por los piratas del asfalto para hacerse de una buena suma en poco tiempo. En los últimos 45 días hubo una seguidilla de ataques a camiones que transportaban alimentos entre la zona sur y oeste del área metropolitana, una tendencia ya instalada que no se detiene. Los cargamentos robados van desde lácteos y galletitas hasta pollos, carne y embutidos. Para los especialistas, proliferan en paralelo al aumento de ferias o negocios del mercado informal que los comercializan a bajo costo.

En los últimos 45 días, sólo en La Matanza robaron 7.400 kilos de quesos en dos asaltos a camiones; 180 medias reses de ternera en otro golpe y 32 de cerdo; y 530 cajones de pollo. Esos cargamentos implican sumas millonarias. Como no pueden ser almacenados por mucho tiempo sin las condiciones necesarias, en general se venden muy rápido a compradores previamente acordados.

“Los alimentos perecederos de ese tipo requieren de una logística distinta al resto porque necesitan refrigeración y una red de distribución más específica. No alcanza con un galpón o lugar donde esconder la mercadería, por eso creemos que se trata de bandas que se dedican exclusivamente a la comida”, explicaron en la fiscalía especializada en piratería del asfalto de La Matanza. Creen que puede tratarse de bandas específicas: “Buscan estos camiones porque saben dónde venderlos o tienen una red de distribución ya organizada”, aclararon las fuentes.

Esta jurisdicción fue una de las que más casos tuvo en la provincia de Buenos Aires, no sólo por su magnitud territorial y cantidad de habitantes, sino también por los accesos: Camino de Cintura, el Mercado Central, la Autopista Riccheri son zonas con mucha circulación de camiones hacia distintos puntos del GBA y la CABA. En el primer semestre del año hubo alrededor de 130 causas iniciadas en esa fiscalía por robo a camiones o mercadería en tránsito.

En el departamento judicial de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción también sobre los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y Avellaneda, hubo 93 robos a camiones o de mercadería en tránsito en los primeros seis meses de 2017. Sólo en junio robaron seis camiones que fueron interceptados trasladando comestibles. En la última semana de mayo asaltaron a uno que tenía galletitas, mermeladas, salsas y latas de atún. Tres días después, asaltaron otro con alimentos y bebidas. El 5 de junio fue el tercero, a un camión con embutidos, quesos y bocaditos de pollo. Al día siguiente hubo uno con cientos de kilos de carne vacuna. El último que registraron de este tipo fue el 21 de junio, cuando le robaron a un camionero que transportaba bizcochitos y galletitas.

Según un relevamiento de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, en 2016 el 60 por ciento de los robos a camiones fue en la provincia de Buenos Aires y el 23 por ciento en Capital Federal. A fines agosto presentarán un balance de lo que va de 2017, pero según adelantaron a Clarín la tendencia se sostiene: “Los lugares, los horarios de los robos se mantienen. En su mayoría son entre las 4 de la mañana y las 12 del mediodía y las metodologías que usan son las mismas. Puede ir variando la zona porque se detuvieron muchas bandas y van cambiando de lugar. También porque se van acomodando a medida que avanza el uso de tecnología para prevención o los sistemas de las empresas para proteger los cargamentos. Hay entre tres o cuatro por día en todo el país, en promedio”.

En esa estadística, tomada de casos ocurridos entre agosto de 2015 y julio de 2016, los alimentos ya lideraban el ranking entre los botines más robados. Pero la categoría que usaron para ese análisis incluía bebidas, un robo de “moda” en ese período.

“El año pasado tuvimos varias bandas que se dedicaban al robo de camionetas que transportaban bebidas, sobre todo alcohólicas. Y vimos que se iban extendiendo los puestos que las vendían en la calle”, ejemplificó Hernán Romero, coordinador del área de Piratería de la fiscalía especializada de La Matanza. Después de varias detenciones, ahora esa modalidad parece haber migrado hacia los comestibles.

Diego Benedetto, fiscal de Lomas de Zamora, aclaró: “Es mercadería que se ubica rapidísimo. No es que la roban para comer, la venden a comercios, supermercados o tienen una cadena armada de distribución en distintos puntos. A medida que avanzan las detenciones en un lugar, avanzan hacia otro. Por eso es importante la comunicación entre los fiscales, la Policía y los distintos agentes involucrados”.

En la Provincia de Buenos Aires hay seis fiscalías especializadas en piratería del asfalto. Las bandas, en su mayoría son organizaciones complejas, con muchos integrantes, casi siempre con antecedentes por esto.

“La piratería es comparable a una empresa. Se rige por oferta y demanda. De alimentos siempre hay demanda y se revenden rápido. Seguir su recorrido es muy difícil porque se manejan en efectivo y sin factura. Cuando roban ya tienen todo vendido”, explicó Gabriel Iezzi, de la Mesa Interempresarial de Piratería.

Brasil pidió a EE.UU. que no revele datos del Caso Odebrecht a la Argentina

(Cronista.com) -  VALOR ECONOMICO
Una comitiva local viajó a los Estados Unidos para obtener información que no lograba adquirir de manos de la Justicia Brasileña. Según publicó hoy Valor, el vecino país alega que el Gobierno de Macri no cuenta con un marco legal para cumplir con el acuerdo de delación premiada.

La justicia brasileña pidió a su par de los Estados Unidos que no revele información sobre el caso Odebrecht a la Argentina, al considerar que el país no puede cumplir con el mantenimiento de los secretos tal como exige el acuerdo de delación premiada que permitió al vecino país obtener declaraciones clave de ejecutivos y funcionarios ligados al escándalo.

La Procuraduría general de Brasil argumentó que tiene el deber de velar por el cumplimiento del acuerdo como los ejecutivos de Odebrecht, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. Asimismo, planteó que no hay un equivalente a una ley de delación premiada en la Argentina.

El presidente Mauricio Macri envió a fin de año pasado al legislativo un proyecto para crear un marco regulatorio para un acuerdo semejantes a los realizados en Brasil, pero la propuesta todavía no fue aprobada.

El contexto político y constitucional también es diferente. Argentina celebrará elecciones legislativas en octubre y la expresidenta Cristina Kirchner, principal opositora a Macri, es candidata al Senado en la provincia de Buenos Aires. Ella es el principal blanco de los requerimientos que están en las manos de los dos jueces argentinos, que actúan de forma descentralizada, sin el equivalente al grupo de trabajo en Brasil.

Hay por otro lado un conflicto entre el Gobierno argentino y la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que fue puesta en el cargo por Cristina y que todavía no concluyó su mandato. Macri acusa a Gils Carbó de no actuar con independencia en la búsqueda de informaciones sobre el desenvolvimiento de autoridades argentinas con Odebrecht.

Si los investigadores de otro país no quisieran atenerse a esos límites, ellos pueden intentar armar su propia causa. Por eso, representantes de la justicia argentina fueron a los Estados Unidos para intentar obtener información directamente de los americanos, que, en diciembre, firmaron un acuerdo con Odebrecht.

El asunto fue mencionado en el encuentro del equipo del procurador general de la República, Rodrigo Janot, con autoridades del Departamento de Justicia en esa semana en Washington. El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió a las autoridades americanas que no compartan con la Argentina las informaciones obtenidas a partir de delaciones realizadas por ejecutivos de Odebrecht.

La semana pasada, un grupo formado por cuatro jueces y dos procuradores argentinos estuvieron en Washington para requerir información sobre Odebrecht que ellos no estarían conseguido de Brasil.

Janot, que está en la capital americana, se reunió con autoridades de los departamentos de Justicia e Estado. El funcionario considera que que no hay garantías de que las autoridades argentinas vayan a cumplir con las reglas necesarias tras recibir la información.

La Procuraduria general de Brasil tiene que velar por el cumplimiento del acuerdo con los ejecutivos de Odebrecht, lo que significa que las penas no pueden ser ampliadas por otras jurisdicciones. En el caso de la compañía, el castigo por otras jurisdicciones debe de tener el límite de imposición de una multa, manteniendo sus actividades en el país. 

Humm...como se cuidan la "colita" entre ellos.

Los robos golpean más en el interior que en municipios del conurbano

Por Daniel Gallo - LA NACION

Se trata de uno de los delitos que provocan la mayor percepción social de inseguridad y registra las mayores tasas en las ciudades de Mendoza, Guaymallén y Córdoba

El pensamiento tranquilizador sobre la posibilidad de una vida más apacible en el interior del país quedó destrozado por la estadística. Fuera del Gran Buenos Aires se encuentran las tasas de robo más altas de la Argentina.

Es una certeza instalada durante años que el conurbano es el centro más extentido de la violencia urbana. Asaltos en colectivos, acciones de motochorros, hurtos de celulares, secuestros y homicidios apuntalan la percepción social sobre el potencial riesgo que puede irrumpir a la vuelta de cada esquina en el primer cordón bonaerense. Pero el desafío del delito expande sus límites.

La información del Ministerio de Seguridad de la Nación referida a robos denunciados en 2016 permite establecer que las tasas de los municipios del conurbano quedan lejos de las consignadas por ciudades y distritos provinciales. Una comparación de esas características señala que en la ciudad de Mendoza se notificaron 4723,9 robos cada cien mil habitantes, mientras que en Tres de Febrero, el partido bonaerense con más peligrosidad en ese rubro, registró una tasa de 1236,2.

Guaymallén, también en la provincia de Mendoza, aparece en segundo lugar de ese ranking de inseguridad con una tasa de 3487 robos cada cien mil habitantes, mientras que la ciudad de Córdoba tiene una tasa de robos de 3349,1, que la ubica en el tercer lugar.

Por su parte, la encuesta nacional de victimización, difundida este mes por el Indec, reveló que en todo el país sólo es denunciado un tercio de los delitos.

La polémica sobre la forma en que se notifican las denuncias en cada distrito apareció rápidamente al conocerse la estadística oficial sobre robos durante 2016, difundida este mes por el Ministerio de Seguridad. Cada provincia entrega los datos y se procura homologar un protocolo para registrar cada delito. Las autoridades de las provincias cuyas ciudades quedaron con mayores tasas de robos buscaron apoyarse en esa explicación.

Así lo indicaron funcionarios mendocinos al asegurar que el delito bajó en su provincia con relación a 2015. La estadística oficial respalda esa posición al hacer constar una merma allí del 28 por ciento de la tasa de robos a nivel provincial. Sin embargo, siete de sus departamentos figuran a su vez entre los diez distritos argentinos con mayor tasa de robos.

Además de la ciudad de Mendoza y Guaymallén, aparecen en ese listado los departamentos mendocinos de Godoy Cruz (con tasa de 2708,2 robos cada cien mil habitantes), San Martín (2674,9), Las Heras (2439,1) y Luján de Cuyo (2346,2).

Las autoridades cordobesas, en tanto, argumentaron que el perfeccionamiento de su sistema de recolección de denuncias elevó el registro de robos y colocó a su capital como tercera entre las ciudades de mayor tasa. Un ministro de Seguridad de otra provincia avaló esa posibilidad en diálogo con la nacion al aceptar que Córdoba logró un registro fiable de delitos.

De todas maneras, las cifras oficiales marcan una diferencia notable. La ciudad de Córdoba tiene algo más de 1.330.000 habitantes, según el censo de 2010, y se notificaron 47.639 robos allí durante 2016. Un municipio del conurbano comparable en cantidad de habitantes es La Matanza, donde se dejó constancia judicial de 7888 robos (la mayor cantidad de hechos en el Gran Buenos Aires), con una tasa de 377,9.

La ciudad de Mendoza, con 115.000 habitantes, podría compararse en población con el municipio de Ituzaingó, que con 961,1 ocupa el segundo lugar al tomarse en cuenta las tasas de robos en el conurbano. Aunque en esa capital provincial se cometieron 5623 robos en 2016 y en Ituzaingó se conocieron judicialmente 1695.

Cambios de sistema

Las cifras oficiales señalan una importante diferencia entre las posibilidades de ser víctima de un robo en ciudades del interior y en el conurbano. Más allá de esos datos, las autoridades bonaerenses buscan conocer si realmente existe una gran diferencia entre los delitos denunciados y los sufridos por los vecinos. Por eso, en los últimos días la gobernador María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, lanzaron una reforma en el sistema de recolección de denuncias.

En los casos de robos se podrá realizar la presentación en forma online, aunque no podrá ser anónima y deberá ratificarse luego en la Justicia para que se inicie un expediente. Vidal aseguró que intenta transparentar las estadísticas, aunque eso represente una suba en la tasa provincial de robos y otros delitos. Por el momento, los datos oficiales consignan que en cuarto lugar de inseguridad urbana, según la tasa de robos, aparece el departamento neuquino de Confluencia (3032,4), que integran la capital provincial y varias localidades, como Cutral-Có y Centenario.

Muchas veces visualizada como ciudad emblema de violencia por una miniguerra narco, Rosario salió del ranking de diez distritos con mayores tasas de robos y quedó undécima con 2234,7.

A nivel provincial Mendoza (2467,4 cada cien mil habitantes) y Neuquén (2402,1) tienen las tasas de robos más elevadas, seguidas por la ciudad de Buenos Aires (2374,8).

En el conurbano bonaerense, luego de Tres de Febrero e Ituzaingó figuran Morón (878,2), Avellaneda (821,9), Escobar (760,9), San Martín (740,9), Lomas de Zamora (706,1), Pilar (690,5), Lanús (672,6) y Moreno (668,7).

La estadística debe tomarse en cuenta por otro dato oficial: durante 2016 fueron heridas o asesinadas en robos 10.738 personas en la Argentina.

Reacciones frente a las cifras

- "Mendoza no tiene los problemas de inseguridad ciudadana que tienen las villas principales del conurbano bonaerense", Gianni Vernier, ministro de Seguridad de Mendoza

- "Si todas las jurisdicciones tuvieran el mismo sistema de relevamiento y de análisis, los datos serían comparables, pero eso no existe", Carlos Massei, ministro de seguridad de Córdoba

Desmantelan en Rosario una usina que vendía facturas truchas para 6500 firmas

Por Germán de los Santos - LA NACION

Justicia hizo ayer 35 allanamientos en esa ciudad; la AFIP estimó que la evasión llega hasta los $ 2500 millones

ROSARIO.- Una usina de facturas truchas se empezó a desmantelar ayer en esta ciudad, donde la justicia federal ordenó 35 allanamientos. Se sospecha que en Rosario funciona una organización que comercializa en unas 6500 empresas y comercios de todo el país comprobantes apócrifos con los que se evadieron -según calcularon fuentes de la AFIP- unos 2500 millones de pesos.

Durante el operativo ordenado por el juez federal N° 3, Carlos Vera Barros, se allanaron 35 domicilios en Rosario y las fuerzas de seguridad nacionales detuvieron a cinco personas, que serían los principales responsables de la asociación ilícita. La justicia federal restringió la salida del país a otras 15 personas que también habrían participado de la organización, y se libraron inhibiciones generales de bienes a todos los integrantes de la presunta banda delictiva.

Una banda importante

En total fueron identificadas cerca de 80 personas, entre las que se encuentran escribanos, contadores, expertos informáticos y personal de áreas administrativas y comerciales. Sobre ellos se concretaron intervenciones telefónicas para obtener los detalles de la acción delictiva.

La banda se dedicaba a armar empresas con personas insolventes, facturando con 72 CUIT distintos y con diferentes modalidades de facturas apócrifas, que incluyen comprobantes en papel, electrónicas, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.

La causa se originó a partir de una investigación que comenzó en la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP y se trabajó en conjunto con la Fiscalía Federal N° 3. Participaron más de 150 funcionarios de la agencia de recaudación y 200 de Gendarmería, quienes secuestraron documentación y material informático relevante para la causa. Algunos domicilios allanados están en pleno microcentro de Rosario: Córdoba al 645, 9 de Julio al 900 y Mendoza al 500.

Esta organización delictiva se dedicaba a "armar" empresas, que luego de inscribirlas en la AFIP eran utilizadas sólo para emitir "facturas truchas", procedimiento que puede ser identificable a través de herramientas de control que el organismo diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica, y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas.

Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes, que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.

No son manifestantes, son delincuentes

Editorial del diario La Nación

Si el Estado deja avanzar sobre el espacio público cercenando el derecho de unos en favor de la violencia de otros, habrá declinado una de sus principales funciones

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Por primera vez en mucho tiempo, la semana pasada se hizo cumplir la premisa de que no existen derechos absolutos, sino que todos deben armonizarse dentro del sistema de derechos y garantías que protege a la totalidad de los ciudadanos. La cuestión quedó expuesta con la necesaria intervención de la Policía de la Ciudad para permitir que todos los transeúntes y vehículos que pasaban el miércoles último por la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social, pudieran seguir ejerciendo su derecho constitucional de circular libremente.

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

Si fue necesario intervenir para que ese derecho pudiera ser ejercido fue porque grupos piqueteros, con el pretexto de que se hallaban haciendo una petición a las autoridades, no sólo ocuparon el espacio público, sino que amedrentaron con palos, amenazando y poniendo en riesgo el patrimonio de todos mediante la quema de neumáticos y la rotura de calles para improvisar proyectiles con piedras arrancadas del piso.

Miembros de Quebracho y de la Tupac Amaru, días atras, en abierto desafío a la ley, monopolizaron el espacio público. Foto: DyN / Archivo

No es admisible defender un derecho pisoteando el de los demás. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo civilizado. Quien esconde su rostro bajo una capucha, esgrime un arma -y un palo lo es-, incendia bienes, daña el patrimonio público -se estiman en $ 2 millones las pérdidas- y enfrenta a la autoridad no es un manifestante; es un delincuente. Así lo entendió el juez Sergio Torres, que dispuso la intervención policial. Hubo siete detenidos por resistencia a la autoridad, daños y lesiones. La policía hizo lo que ordenó la Justicia y el Estado cumplió su misión: preservar el orden público. Haber dejado avanzar a esos forajidos hubiera sido otra declinación clara del Estado respecto de una de sus funciones primordiales. Se trata simplemente de cumplir la ley. Movilizarse con elementos aptos para combates violentos admite una única interpretación: se está dispuesto a generar conflicto y a matar. Acostumbrarnos a la violencia es el peor de los caminos

La tortuosa trama del "negocio" que habrían armado Enarsa y una agencia marítima privada para sobrefacturar millones de dólares

Por Fernando Morales -Infobae.com

La denuncia de un grupo empresario, ya en manos de la Justicia, implicaría 80 viajes por año de barcos gaseros que habrían generado entre 2008 y 2014 72 millones de dólares

Millones de argentinos ignoran que el gas licuado llega al país… en barcos.

Se llaman, claro, barcos gaseros. Otros millones de argentinos suponen que esa operación es tan transparente como el gas. Error. No siempre…

Desde el 2008, el Estado (el país, todos nosotros) habría perdido una fortuna en dólares con cada cargamento. Y como siempre, un negocio a pérdida habría sido, para unos pocos, una ganancia tan ilícita como sideral.

Vamos a los posibles hechos.

La crisis energética que arrastramos es una vergüenza. Hace una década nos autoabastecíamos y hasta exportábamos gas… y ahora llevamos años pagándolo a precio de oro. Pero a río revuelto, pescadores alegres… En ese 2008, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Planificación Federal (cabeza: Julio De Vido), puso en los puertos de Escobar y Bahía Blanca dos grandes barcos. Nombre: regasificadores. Tarea: inyectar gas metano en la red para abastecer a los hogares. En especial, la capital y sus alrededores.

¿Cómo funciona la operación? Esos barcos necesitan ser alimentados por otros más chicos: los gaseros. Esa tarea, grande, compleja y onerosa, instaló a la Argentina en el primer puesto del ranking mundial de clientes de empresas navieras que proveen gas. No es un mérito: es un barril sin fondo… Porque al precio del cargamento se agregan servicios: zarpada y atraque de barcos, remolque, tasas migratorias y aduaneras, practicaje y pilotaje, etcétera.

En el mercado naviero internacional, toda operación de un barco fuera del alcance de su empresa propietaria se hace a través de empresas locales. Se llaman agencias marítimas. Y aquí habría nacido el gran negocio denunciado por el grupo empresario Servicios Marítimos SA en la Oficina Anticorrupción (expediente 12514/16), que lidera Laura Alonso, quien luego pasó ese clavo ardiente al juzgado federal de Claudio Bonadío.

Laura Alonso lleva adelante la denuncia presentada por el grupo empresario Servicios Marítimos S.A. ante la Oficina Anticorrupción  (NA)

Ese grupo empresario naviero maneja diversas operaciones: buques de carga, lanchas para transporte de personal, practicaje, remolque. Su cabeza es el capitán Miguel Doñate, el denunciante –primero de modo individual y dos meses después representado al grupo–, su CEO es Joaquín Salas, y sus oficinas están en Puerto Madero, donde Doñate fue entrevistado por Infobae, único medio que tuvo acceso a la denuncia y sus detalles.

La agencia cuestionada se llama Marítima Meridian. Desde su creación en 1985, es una típica empresa familiar. Su titular es Jorge Samarín, y los directores titulares sus dos hijos: Lucas y Matías. Que, según la denuncia, habría facturado, para un solo viaje 597.963 dólares (con 92 centavos). Viaje que se tomó como leading case de la que sería, presuntamente, una vasta maniobra ilícita, y que fue hecho por el barco gasero Exel.

Fuera de contexto, y para el público común, esa suma no es mucho ni poco dinero. Pero en contexto, sería un gravísimo asalto al Estado. Porque el contrato modelo que redactó la empresa de gas Enarsa para los vendedores de gas licuado fijó un tope, para toda la operación, de 60.000 dólares.

Diferencia a favor de la agencia Marítima Meridian: apenas 537.963 dólares, de los cuales una parte sustancial sería -según los denunciantes- non sancta. Importante: por contrato, toda suma mayor a 60.000 dólares sería absorbida por Enarsa.

Vamos llegando al presunto escándalo…

Porque según la denuncia, el sistema de facturación y cobro "se alteró en forma dolosa y con grave perjuicio para el Estado".

¿De qué modo? ¿Con qué trama? Vamos paso a paso…

El barco gasero llega a puerto, y la agencia marítima local contrata todos los servicios de llegada, estadía y zarpada. La suma promedio de esos servicios roza los 600.000 dólares por cada viaje. Según la frecuencia de los viajes, los prestadores de servicios ofrecen tentadores descuentos a sus clientes más fieles, que pueden llegar al 25%. Y es en este punto de la trama donde Marítima Meridian habría logrado una suculenta diferencia…

¿Cómo? Según el contrato de Enarsa (empresa nacional: no olvidarlo) con las proveedoras de gas, éstas no debían pagar por el costo de los servicios locales más allá de… 60.000 dólares.

¿Qué servicios? Portuarios de todo tipo. Si superaban esa cifra, la diferencia debía ser pagada por Enarsa… a través de Marítima Meridian. Que sobre esa base se habría ideado una astuta trama de corrupción…

¿De qué modo? Al final de cada viaje –y de ser cierta la denuncia–, Marítima Meridian le facturaba a las proveedoras navieras el total del costo operativo.  Los cargos eran enviados a la agencia internacional Morgan Stanley, de Londres. Ésta los pagaba, depositaba el dinero en una cuenta de Marítima Meridian en el extranjero, y de inmediato le facturaba a Enarsa… toda suma que superara los 60.000 dólares de tope. Y Enarsa pagaba…

Pero Marítima Meridian, al parecer, se limitaba a pagar los importes netos… luego de deducidos los descuentos de premio a los clientes fieles.

Conclusión. Para un viaje tipo (el del barco Exel costó 597.963 dólares), entre lo pagado por Enarsa y lo realmente pagado por Marítima Meridian, la bonificación para ésta habría sido de 154.738 dólares (con 98 centavos).

El juez Claudio Bonadio  investiga la causa que implicaría a Enarsa y Marítima Meridian (NA)

Para ponerlo blanco sobre negro, o viceversa: Marítima Meridian se habría embolsado dinero del Estado (de todos nosotros…). Una cifra pavorosa que no sabe qué destino final tuvo o a qué manos fue a parar. Punto crucial que hoy está investigando la justicia.

Entre 2008 y 2014, promedio, hubo 80 viajes al año. Multiplique, lector, 80 por 150.000 dólares (redondeando…). Sí: 72 millones de dólares.

Entre 2014 y 2015, por gestión de Axel Kicillof, Marítima Meridian perdió el control del puerto de Escobar. Sólo le quedó el de Bahía Blanca.

A partir del triunfo y el gobierno de Cambiemos, los ministros de Energía y de Transportes revisaron la oscura trama del negocio. Sospechando que uno de los focos de los sobrecostos eran los servicios de practicaje y remolque, Enarsa licitó el servicio de remolque, y contrató para ello a la empresa danesa Maersk.

Pero Maersk armó una UTE (Unión Transitoria de Empresas), recurriendo a su propia filial (Svitzer)… e increíblemente, ¡al grupo Marítima Meridian! Que de ese modo habría vuelto a manejar el mismo negocio anterior. Sólo cambió su nombre: hoy se llama Logística y Servicios. Y logró así el monopolio de la entrada y salida de barcos en ambos puertos.

Pero nadie tuvo en cuenta la ley 26659/11… que prohíbe a las empresas que exploran la existencia de hidrocarburos (petróleo, en fin) operar en cualquier zona del Atlántico Sur controlada por la administración británica, y prestar servicios en aguas argentinas por cuenta y orden del Estado nacional. Exactamente lo que hacía Maersk, la empresa elegida en la licitación por los ministros Guillermo Dietrich y Juan José Aranguren. Ambos sostienen que la ley es anacrónica. Pero es la ley (Dura lex, sed lex…)

Hasta ahora, la justicia contencioso administrativa mantiene interdictos los barcos de Maersk hasta que demuestre que no violaron esa ley.

Y nada fácil tarea le espera al juez Bonadío si decide desentrañar la madeja de los barcos gaseros. Madeja que, de confirmarse la denuncia en todos sus términos, se parece más a las turbias aguas del Riachuelo que al volátil, transparente, incoloro e imprescindible gas. El mismo que alguna vez nos sobraba…

Las bandas de la feria se asociaron con el Estado para tener impunidad

Por Matías Dewey - LA NACION

La Salada es el exponente de una economía tan ilegal e informal como necesaria para muchas personas por su oferta de empleos. La clase política hace rato que conoce sus beneficios. Intendentes, concejales, diputados, secretarios de comercio, gobernadores y hasta presidentes han financiado sus campañas y carreras políticas gracias a Jorge Castillo y a la economía que él representa.

En estos días, La Salada parece reducirse a un empresario detenido; el representante de un mundo que parece estar en otro planeta y no a metros de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie parece muy interesado en averiguar cómo ese mercado ha perdurado tanto tiempo. Para empezar, habría que decir que la feria de La Salada es el "mercado central" de la indumentaria en la Argentina.

La Salada es el lugar al cual miles de talleristas informales de indumentaria llevan a vender lo que producen y otros miles, provenientes de todos los rincones del país, llegan a comprar para revender. La razón es simple: la mayor parte de las familias de las clases populares o medias argentinas no pueden afrontar los precios de la ropa producida legalmente. Eso es La Salada: un shopping de ropa de bajo costo que, gracias a extendidas redes de comercio, viste a gran parte del país.

Todos los partidos políticos, grandes y pequeños, peronistas y no peronistas han visitado las instalaciones de La Salada y han dejado que ésta se convierta en lo que es a cambio de votos y dinero.

Y los partidos gobernantes, tanto a nivel municipal como provincial y nacional han renunciado a su obligación de normalizar y formalizar esa economía a cambio de que La Salada genere puestos de trabajo informales, desaliente protestas y permita el acceso a la ropa a millones de personas.

Pero los socios del líder de La Salada no han sido únicamente políticos. Paradójicamente, quienes lo detuvieron, la policía bonaerense, han sido sus socios durante los últimos veinte años. Han sido las fuerzas de seguridad las que, hasta los últimos días, se dedicaban a coimear tanto a compradores como a fabricantes de ropa. Mediante esa metodología promovían la recaudación ilegal de dinero, que luego terminaba en manos de inspectores, comisarios, jefes de brigadas y del poder político.

Por todo esto, nada de lo que sucede en las dieciocho hectáreas que ocupan los mercados de La Salada se entiende sino se repara en la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos.

Negocios policiales

En 2013, un altísimo funcionario, luego de relatarme cómo iban a pedir dinero para campañas, señalaba la intendencia lomense y me advertía: "Allá, en La Salada, no se mueve un pelo si no dan la orden acá." En los pasillos de las ferias hay mesas de juego controladas por comisarios y legiones de policías recorren los pasillos buscando ropa falsificada y cobrando un impuesto ilegal. Hay grupos de las ahora famosas "mecheras" que trabajan con guardaespaldas y roban para policías.

Y entre todo esto, inspectores y policías ceden a barrabravas la instalación de estructuras metálicas, algo más de 2900 puestos externos, a cambio de una porción de los alquileres. Esa es, en resumidas cuentas, la lógica que ha instaurado el Estado en La Salada y sus alrededores: una constante liberación de zonas a cambio de una porción del dinero recaudado ilegalmente. La consecuencia de esto es tremenda: una incesante invitación a cometer delitos, a la formación de bandas que se asocian al Estado para delinquir.

No son las fuerzas policiales estatales aquellas que velan por la seguridad de los compradores y vendedores de La Salada sino los ejércitos de policías privados contratados por los líderes de las ferias. Ellos intentan instaurar un orden defectuoso ante un Estado que participa tercerizando sus obligaciones y recaudando ilegalmente.

La feria de La Salada está emplazada en Ingeniero Budge, distrito de Lomas de Zamora, una de las zonas más relegadas del país y a tan sólo un kilómetro de la capital del país. En esa zona del conurbano, la política y el Estado muestran su cara más despiadada y atroz: el índice de homicidios quintuplica al de la ciudad de Buenos Aires; prácticamente no existen los títulos de propiedad; el consumo de paco y cocaína es regenteado por la policía; no entran las ambulancias y apenas existe un hospital desvencijado; la policía detiene y encarcela ilegalmente a jóvenes; mujeres, hombres y niños adolecen de enfermedades extrañas y el agua suele estar contaminada.

Y sin embargo, aunque parezca inexistente, el Estado y la política están ahí, presentes, dirigiendo diariamente los destinos de miles de personas. Ambos han fomentado y aprovechado esta estructura de la que ahora se horrorizan y denuncian. Ambos han frecuentado a los líderes de las ferias que ahora parecen desconocer. Y ambos se espantan al enterarse de que existe "violencia de género" cuando en esa zona, como señala Javier Auyero y María Fernanda Berti, existe todo tipo de violencia.

Este es el contexto en el cual, para bien o para mal, La Salada se ha convertido en la única posibilidad de futuro; la única manera que tiene una porción de la población de lidiar con la precariedad y pensar que otra vida es posible.

Para que el "golpe a las mafias" sea algo creíble, y no tan sólo una gestión de la opinión pública de cara a las elecciones, sería deseable que no todo termine con el líder de La Salada. Sería una buena ocasión para que los políticos transparenten un problema con el que se encuentran una y otra vez: cómo financiar sus carreras políticas y sus elecciones. Y finalmente sería una gran oportunidad para impulsar un debate acerca de cómo transformar la economía que lidera La Salada. Cerrar este mercado puede ser tan perjudicial para millones de personas como dejar que todo siga así, hasta que vuelva a ser noticia.

El autor es sociólogo e investigador en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Colonia, Alemania. Autor de El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina (Katz Editores)