Baez, la flota de 900 autos no pagaba patentes

Por Mariela Arias - LA NACION - La empresa de Lázaro Báez acumuló una deuda de $ 4 millones
RÍO GALLEGOS.- Hace más de dos años que Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones no pagan la patente de su flota de más de 900 vehículos, la deuda acumulada ronda los cuatro millones de pesos y lo convierte en el principal deudor del municipio local en el rubro de patente automotor.

Mientras una tormenta de despidos, cesación de contratos y deudas parece haber caído sobre el emporio de Báez, toda la expectativa sobre su futuro está puesta en el próximo jueves, cuando deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa por supuestas maniobras de lavado de dinero. Ese día también tendrá que asistir a los tribunales de Comodoro Py su ex contador Daniel Pérez Gadín, en tanto que para el viernes fueron citados Martín Báez y Fabián Rossi.

Los primeros en declarar en esa causa en Retiro serán Sebastián Pérez Gadín; Walter Zanzot, presidente de la empresa de aviación Top Air, ligada a Báez, y Gustavo Fernández, ex presidente de SGI, quienes deberán presentarse mañana. Los dos primeros aparecen identificados en los videos difundidos por los medios en todo el país salvo en Santa Cruz.


Foto:Archivo/Horacio Córdoba / LA NACION

Según pudo cotejar LA NACION a partir de documentos oficiales, las deudas municipales acumuladas a nombre de Báez y su empresa Austral Construcciones en el rubro patente automotor llegan a los cuatro millones de pesos. Si se suma el adeudado no vencido (vencimientos al 31/12/16) el monto se acerca a casi seis millones de pesos.

El acumulado de deuda corresponde a un período que va entre dos y tres años. En algunos casos hay rodados que arrastran deuda de hasta siete años. Hasta agosto del año pasado la comuna estuvo dirigida por un pariente de Báez, el peronista Raúl Cantín, quien renunció en medio de denuncias judiciales por administración fraudulenta. Pero Cantín también estaba tutelado políticamente por Báez, quien en la campaña de 2011, cuando llegó a la intendencia por el Frente para la Victoria, lo acompañó con fondos para la campaña y fondos.

En 2013, LA NACION reveló que el empresario contaba en su haber con más de 900 rodados, entre autos, camiones y camionetas. El 98% estaba registrado a nombre de Austral Construcciones SA. Los 910 autos corresponden a modelos que en su gran mayoría fueron adquiridos a partir del año 2003, año en que Báez entró de lleno al rubro de la construcción.

La voluminosa flota tienen una particularidad: son en general de color blanco, en fuerte contraste con "la flota negra" de autos de alta gama estacionados en un galpón de Río Gallegos que fue allanado por la Gendarmería en el inicio de la investigación por presunto lavado de dinero.

Lavado oriental: China, nuevo refugio para el dinero sucio del mundo

Por Ralph Satter, Kinetz, Goldenberg, (La Nación) - Bandas delictivas y carteles de la droga aprovechan las redes financieras clandestinas del país para limpiar sus ganancias

ASHDOD, Israel.- Estafadores, cárteles del narcotráfico y bandas de todo el mundo han descubierto un nuevo refugio donde lavar su dinero: China.

Las bien desarrolladas redes financieras clandestinas del país dueron aprovechadas por delincuentes extranjeros, que usan China para lavar su dinero sucio y volver a inyectarlo en el sistema financiero global, en gran parte fuera del alcance de las agencias de la ley occidentales, según una larga investigación.

Conforme China se globalizaba y enviaba dinero y trabajadores al extranjero, la economía sumergida hizo otro tanto. Bandas de Israel y España, traficantes de cannabis del norte de África y cárteles de México y Colombia lavaron miles de millones de dólares en China y Hong Kong, al introducir las ganancias de sus actividades ilegales en la gran marea del comercio y las finanzas legítimos de la región, según confirmaron jefes policiales, registros judiciales europeos y norteamericanos y documentos de inteligencia.

El banco central chino y la policía del país rechazaron peticiones reiteradas de hacer comentarios.

En una sesión informativa periódica con la prensa, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei, dijo ayer que el país "no es, no ha sido ni será en el futuro un centro global de lavado de dinero".

Gilbert Chikli, un estafador convicto franco-israelí, comprende el atractivo de China. A Chikli se le atribuye haber ideado una estafa tan exitosa que ha inspirado a una generación de imitadores. El fraude, conocido por sus falsos correos electrónicos de directivos o empresas, ha costado a miles de empresas, muchas de ellas norteamericanas, 1800 millones de dólares en poco más de dos años, según el FBI. "China se ha convertido en un pasadizo universal para todas estas tramas", comentó Chikli. "Porque China es hoy una potencia mundial, porque no le importan sus países vecinos y porque, sobre todo, China se burla de otros países a lo grande", agregó.

Chikli ganó millones al usurpar la identidad de altos directivos y agentes de inteligencia, y convencer a empleados de algunas de las empresas más grandes del mundo de que transfirieran dinero a sus cuentas bancarias, según documentos legales franceses. Él reveló que blanqueó el 90% de ese dinero robado a través de China y Hong Kong. "Es inmenso", dijo en una entrevista en su lujosa casa de tres plantas en Ashdod, una localidad en la costa mediterránea israelí.

Un tribunal francés condenó el año pasado a Chikli por defraudar 6,1 millones de euros a cinco empresas: La Banque Postale, LCL Bank, HSBC, Accenture y Thomson, una firma francesa de tecnología. También se lo condenó por intentar obtener unos 70 millones de euros de al menos 33 compañías, incluidas Barclays y American Express, así como la empresa gestora de Disneyland Paris. Fue condenado en ausencia a siete años de prisión y recibió una multa de un millón de euros.

Hoy sigue siendo un hombre buscado, pero vive abiertamente en Israel, donde las autoridades rechazaron hacer comentarios sobre su caso. Israel y Francia no tienen un acuerdo bilateral de extradición, aunque Israel ha entregado ciudadanos franceses en algunos casos.

Chikli explicó que su método preferido para lavar dinero eran mecanismos de exportación e importación. Él transfería el dinero robado a empresas fachada en Hong Kong y después retiraba el efectivo y lo empleaba para comprar mercancías en China. Compraba, por ejemplo, 20 toneladas de acero, pero sobornaba al proveedor para que le diera un recibo por 100 toneladas. Después vendía el producto y enviaba el dinero a Israel, donde los falsos recibos hacían que toda la suma pareciera un beneficio legítimo por la operación comercial.

Ese sistema de blanqueo basado en el comercio es una creciente preocupación para las autoridades norteamericanas. Tres colombianos instalados en Guangzhou, China, lideraron una red global de lavado de dinero que movió unos 5000 millones de dólares para carteles del narcotráfico españoles y mexicanos, según una orden judicial del Departamento de Justicia norteamericano desclasificada en septiembre. La red operaba supuestamente en Estados Unidos, Colombia, España, Ecuador y Venezuela.

Como Chikli, procesaron beneficios ilegales a través de cuentas bancarias en Hong Kong y China y lavaban el dinero mediante la compra de mercancías, a menudo productos falsos que enviaban a Colombia y otros lugares para su venta, según la orden judicial norteamericana.

Chikli insiste en que ya no gestiona estafas de usurpación de identidad, conocidas como "fraudes de CEO", pero una nueva generación de estafadores imita su técnica. Al igual que Chikli, envían el dinero robado a China y Hong Kong. El FBI rastreó transferencias de esta clase a unos 70 países diferentes. "En toda la cima de esa lista están Hong Kong y China", dijo Jay Bienkowski, agente especial supervisor del FBI en Washington, en una entrevista antes de retirarse.

La policía cree que algunas de las redes que ahora gestionan esas estafas colaboran con migrantes chinos en Europa para lavar el dinero. Para ello, emplean una versión del antiguo sistema chino de transferencia de dinero fei qian, o dinero volador. La policía francesa desarticuló una trama similar en junio en un distrito de comercios chinos al por mayor al norte de París, en una operación en la que se acusó a los vendedores de lavar dinero de narcotraficantes norafricanos.

"Los grupos de delincuentes no chinos que cometen fraudes de CEO envían dinero a China porque los grupos de delincuentes chinos en Europa les dan efectivo", comentó Igor Angelini, responsable de inteligencia financiera en Europol, la agencia policial de la Unión Europea. "La escala de este fenómeno es bastante considerable." En general, las autoridades chinas hacen poco por ayudar a las empresas occidentales víctimas de estas estafas, según documentos de inteligencia europeos a los que tuvo acceso AP.

En un informe este mes, el Departamento de Estado norteamericano reprochó a China su escaso éxito en investigaciones contra el lavado de dinero. Europol tampoco tiene un acuerdo de cooperación con China. Una vez que los fondos entran en el país, se desvanecen. "Para nosotros es un punto ciego -dijo Angelini-. Lo que ocurre después es un agujero negro."

La red que atrae plata negra

Estafadores - El FBI descubrió que en los últimos dos años varias empresas occidentales, víctimas de estafadores, perdieron 1800 millones de dólares al ser engañadas por falsos correos electrónicos

Mafia israelí - Organizaciones criminales de Israel utilizan a inmigrantes chinos residentes en Europa para triangular giros hacia cuentas en China

Narcotráfico - Desde Guangzhou, tres colombianos lavaron unos 5000 millones de dólares para carteles de México y Colombia utilizando bancos de Hong Kong y China

Mafia europea - España detuvo en febrero a seis directivos del banco ICBC acusados de facilitar el lavado de dinero a organizaciones criminales europeas

Carteles de África - Comerciantes chinos de Aubervilliers, Francia, están acusados de lavar ingresos de los carteles de la droga del norte de África

Vialidad facilitó una maniobra de Austral Construcciones

Por Diego Cabot - LA NACION - El 2 de diciembre le extendió certificados de pagos pendientes para justificar 1800 despidos

Una semana antes de que Cristina Kirchner termine su mandato, el empresario Lázaro Báez consiguió el último documento que le faltaba para iniciar la retirada. El 2 de diciembre de 2015, Vialidad Nacional le entregó un certificado en el que le informaba que no le podía pagar los certificados de obra pendientes. Báez corrió con el certificado, paralizó las obras y 1800 personas quedaron sin empleo. Pero todo fue una ficción, casi una mentira. Según pudo verificar LA NACION, no sólo que no se le debían certificados al empresario kirchnerista sino que tenía adelantado los pagos hasta el 6 de enero de 2016.

Todo empezó a principios de diciembre en Buenos Aires, puntualmente en Vialidad Nacional (DNA). Báez logró que el sudirector del organismo, Carlos Joaquín Alonso, contestara un requerimiento de Austral Construcciones. En el escueto documento, el funcionario informó que "los certificados pendientes de pago originado en los contratos vigentes (?) se encuentran imposibilidatos de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales que habilitan el devengamiento de los mismos". Así, el Gobierno reconocía el incumplimiento.

La carta tenía una importancia vital para Austral Construcciones, era el documento necesario para iniciar el vaciamiento. El 11 de diciembre, cuando el kirchnerismo ya no estaba en el poder, Báez empezó la retirada. Con una carta manuscrita que se confeccionó en un block de hojas rayadas, identificada como "Nota de pedido número 29", el representante técnico de Austral Construcciones, José Carlos Pistán, firmó la orden de paralización de un proyecto sobre la ruta nacional 40.

La carta fue dirigida al inspector. "Mediante la presente, solicito a usted la paralización/suspensión temporal de la obra por un plazo de seis meses", empezaba. Luego, Austral Construcciones, explicó: "Motiva esta solicitud lo expresado en el parte de fecha 02/012/2015 de la DNA en donde se nos comunica que los certificados pendientes de pago por parte de este organismo, se encuentran imposibilitados de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales". Así se cerró el círculo que dio con el despido de 1800 trabajadores.

Sin embargo, las fechorías de Austral Construcciones y la administración nacional para cubrir la retirada formal de Báez quedaron al descubierto a poco de abrir un puñado de carpetas. Según los asientos de Vialidad, no sólo que las empresas no tenían certificados de pagos sin cobrar sino que le fueron adelantados los vencimientos hasta el 6 de diciembre de 2016. Además, tampoco era verdad que las partidas estaban agotadas ya que el organismo canceló, ya con la gestión de Mauricio Macri como presidente, deuda por alrededor de $ 1200 millones los últimos días de diciembre. Pero la principal sorpresa que se llevaron los funcionarios que responden al nuevo director de Vialidad, Javier Iguacel, fueron unas hojas que el anterior número dos de DNA dejó. Se trataba de hojas en blanco con membrete de Austral Construcciones. Olvidos kirchneristas.


Las obras que recibió Lázaro Báez serían uno de los blancos más fáciles por sus evidentes irregularidades.Foto:Archivo/Horacio Córdoba

A fines de diciembre, en Río Gallegos hubo una audiencia de conciliación para tratar el asunto de la caída de imperio Báez. Estaban representantes del Ministerio de Trabajo provincial y de Vialidad Provincial, además de la empresa. En las oficinas de Vialidad Nacional, pagadora en última instancia de todos los contratos del constructor, jamás se enteraron del encuentro. Mauricio Collareda, número uno de este organismo en la Santa Cruz, envió un hombre a esa reunión. Poco después se intervino la delegación provincial y se comprobó que aquel enviado ni siquiera era empleado de Vialidad Nacional.

Así funcionó un esquema en el que no había fronteras entre contratante, financista y contratado. De hecho, se sospecha que para gran parte del trabajo que se debía realizar con empleados de Austral Construcciones se hacía con dependientes que pagaba la provincia. Un número puede ayudar. La DNV tiene en todo el país alrededor de 6000 empleados a los que se deben sumar 500 más del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi); Vialidad de Santa Cruz tiene un staff de 4500 empleados.

Báez y su imperio constructor lograron obras durante los últimos años por $ 16.000 millones y concentró el 80% del monto que se destinó a proyectos viales de Santa Cruz. En 2015, según surge de las planillas de pagos a las que accedió LA NACION, las empresas del grupo recibieron pagos por $ 1178 millones. Sólo para ponerlo en perspectiva, el Ministerio de Industria ejecutó el año pasado alrededor de $2500 millones para fomentar el entramado productivo del país. Lázaro Báez representó poco menos de la mitad de ese dinero.

Otro de los beneficios con los que contó el grupo cercano a la familia presidencial, fueron los plazos de cobro. En 2012 el promedio de tiempo desde que las empresas presentaban su certificado de obra hasta que cobraban era de 210 días. En ese año, el pago que se hizo más rápido fue en 48 días. Este universo excluye al Grupo Austral. Aquellos 210 días de espera en el caso de Báez eran de 69 y el mínimo de tiempo fue de 14 días. Ahora ya no quedan obras en el Sur en poder de Lázaro Báez y sus constructoras. Por pedido de la Nación, la provincia, que era el contratante, rescindió todos los contratos que la unían con el empresario.

Las notas de la discordia

El empresario Lázaro Báez consiguió que el 2 de diciembre pasado Vialidad Nacional le entregue un certificado donde constaba que no le podía pagar los certificados de obra pendientes. Así, Báez paralizó las obras y avanzó con el despido de 1800 personas.

Dos bandas van a juicio oral por contrabando VIP en Ezeiza y Aeroparque

Clarin.com - Hay 22 acusados: maleteros, empleados de Aduana y de AFIP y de Policía Aeroportuaria. También hay pasajeros.


En la torta había porciones para todos: maleteros, empleados de Aduana, de AFIP y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El negocio era tan simple como cobrarles coimas a los pasajeros que llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el exterior para dejarles entrar al país todo tipo de mercadería sin pagar impuestos. En algunos casos los “clientes” pagaban entre 400 y 600 dólares por valija para que se hiciera la vista gorda; en otros sus “contactos” les ofrecían, sólo para mantener las apariencias, abonar un canon muy inferior al que les correspondía por superar los 300 dólares de mercadería autorizados.

Todo se arreglaba telefónicamente: desde el primer contacto del interesado –se hacía antes de viajar afuera del país– hasta el seguimiento de los sucesivos pasos que iba dando el “cliente” en el aeropuerto cuando volvía a la Argentina, generalmente desde los Estados Unidos. Ese sistema era impecable y funcionaba como un relojito. Pero resultó tener una falla importante: las conversaciones, grabadas por orden de la Justicia, se convirtieron en una importante prueba de cargo y terminaron volviéndose en contra de al menos dos organizaciones desarticuladas por la Justicia en lo Penal Económico de Capital Federal.

 Cada expediente se inició y avanzó por separado. El más antiguo (iniciado en 2008) tuvo como juez a Gustavo Meirovich y el segundo, de 2013, a Marcelo Aguinsky. Pero ambas organizaciones llegarán a la etapa de juicio oral casi a la vez con cientos de escuchas teléfonicas comprometedoras.

Los casos, investigados por la fiscal en lo Penal Económico María Luz Rivas Diez, tienen en el banquillo de los acusados a 22 personas, entre maleteros, funcionarios y hasta pasajeros a los que se agarró con las manos en la masa.

 Una de las causas por las que Rivas Diez ya requirió la elevación a juicio terminó incluso con el procesamiento de una mujer a la que se le secuestraron 1.350 prendas de vestir que tenía pensado vender en su local de la avenida Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Palermo. Ella pagó 600 dólares para poder entrar la mercadería al país sin problemas.

El operativo se realizó en febrero de 2013, luego de que la mujer volviera de Estados Unidos con 14 bolsos. Para sacarla indemne de los controles aduaneros, a esta “clienta” –que ya tenía una aceitada relación con la banda– la solían sacar en silla de ruedas, un servicio que las aerolíneas prestan a los pasajeros con problemas de movilidad y que las organizaciones ponían al servicio del contrabando hormiga.

“Va a venir una clienta mía. Está llegando por Aerolíneas. Va a pedir una silla de ruedas. Va a dejar 600 dólares”, le dice en una conversación uno de los maleteros procesados a otro, al que le pide coordinar todo para que la pasajera pasara sin problemas. El caso de esta comerciante forma parte del expediente a cargo de Aguinsky, pero la mecánica detectada –pedir “una silla de ruedas” como contraseña– es casi idéntica a la que ya había sido descrita en otra causa también elevada a juicio recientemente, cuya investigación estalló en los medios en 2010.

Por entonces quedo involucrado como jefe de la mafia Carlos Mechetti, director interino de la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza quien en su momento, además, llego a ser jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Club Boca Juniors.

Aunque muchas escuchas incriminaban a Mechetti como coordinador máximo del negocio, éste logró que se le dictara una falta de mérito e incluso que le devolvieran 800.000 dólares que habían secuestrado en su casa. En el planteo de elevación a juicio de la fiscal Rivas Diez, él sigue siendo la cabeza de la organización aunque la acusación se volvió abstracta porque el ex funcionario falleció.

El expediente de Meirovich y la difusión que tuvo en 2010 obligó a las autoridades a reforzar los controles: se colocaron cámaras y se prohibió el uso de celulares. Pero el expediente a cargo de Aguinsky –abierto tres años después– probó que las bandas seguían operando.

“Modificaron un poco los modus operandi y las coimas comenzaron a pagarse en los baños del aeropuerto o ya fuera del edificio. Por la instalación de cámaras cobraron más fuerza los maleteros”, confiaron a Clarín fuentes de la investigación.

Cuando todas las pistas conducen a la connivencia policial

Por Pablo Tomino - LA NACION
La lupa que los fiscales ubican sobre las organizaciones ilegales que controlan la venta callejera parece encontrar un denominador común: la connivencia policial.

Distintas líneas de investigación que sigue la Justicia sobre la proliferación de depósitos clandestinos conducen a funcionarios policiales, porque desatienden los controles o porque directamente están implicados con las redes de manteros.


Así pudo conocer LA NACION sobre los últimos allanamientos realizados en depósitos de Caballito, donde también están bajo sospecha, por varios delitos, policías federales. Lo curioso: las calles Acoyte y Rivadavia hoy están controladas por policías para evitar que los manteros regresen. Cumplen la función que deben cumplir. El traspaso de la Federal de la Nación a la Ciudad permitió a los funcionarios porteños ir a fondo con esta política: liberar el espacio público de la venta ambulante.

Este cambio de política de Estado puso a la policía no sólo en la obligación de controlar la usurpación de la calles, sino también de impedirla. Hace poco menos de dos meses, nadie respondía por la venta ilegal. La responsabilidad deambulaba entre los funcionarios, la policía y los fiscales. Hoy, están obligados a responder los funcionarios, la policía y los fiscales.

Los operativos de verano habrán marcado una diferencia siempre y cuando se mantengan en el tiempo. En 2014, en Once se abandonaron y las calles hoy están pobladas de manteros. La promesa, por ejemplo, en Caballito es que las calles seguirán custodiadas. Irá mermando el número de agentes, pero habrá incluso vigilancia de civil. Planean repetir el modelo de Florida, donde los manteros nunca regresaron.

El pequeño gran problema es la solución de fondo: adónde irán a parar los desplazados. Probablemente, a otro lugar de la ciudad. Y mientras no haya sitios debidamente asignados para la venta ambulante recalarán en esquinas comerciales de distintos barrios todavía permeables a ilegalidad.

Embestida contra los manteros: allanaron 18 depósitos

Por María Eugenia D'Alessio - LA NACION
Se secuestraron 650 bultos de mercadería destinada a puesteros de Liniers; incidentes con la policía


En José León Suárez al 300, se decomisaron 13 toneladas de alimento. Foto:Aníbal Greco

En 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en Liniers y en Ciudadela, la Fiscalía de la Ciudad -auxiliada por agentes del gobierno porteño y la Policía Metropolitana- secuestró mercadería que estaba destinada a la venta callejera en ese barrio de la Capital. Se decomisaron, además, alimentos y bebidas en mal estado y elementos que sirven para montar estructuras de expendio en la vía pública.

El operativo derivó en un enfrentamiento entre manteros y la policía, cuando los vendedores trataron de interceptar el camión que retiraba los artículos confiscados para recuperarlos. Concluidos los incidentes, después del mediodía las veredas comenzaban a ser ocupadas otra vez por mantas y mesas en las que se ofrecía todo tipo de productos.

Los allanamientos se enmarcan en la embestida encarada por el gobierno y los fiscales porteños contra la venta ilegal, que paso a paso se va erradicando de los puntos más afectados por la problemática o, al menos, disminuye. En semanas anteriores, habían sido realizados otros operativos en Caballito y en Flores.

Ayer, se sumaron las acciones en Liniers y en Ciudadela. Luego de meses de investigación, los allanamientos tuvieron como objetivo galpones y viviendas que eran utilizados como depósitos; en estas últimas también vivían familias, en condiciones precarias.

Como se dijo, se realizaron 18 en forma simultánea. Se secuestraron más de 650 bultos de ropa, juguetes, bijouterie, celulares y ropa blanca. Uno de los depósitos inspeccionados está situado en la calle D'Onofrio, en Ciudadela. En ese lugar, el personal encargado del operativo encontró mercadería que se vendía en la avenida Rivadavia, en Liniers.

Otro de los puntos allanados fue un PH con 18 habitaciones, en Ibarrola al 7200 (casi José León Suárez), en el mismo barrio porteño. Los ocupantes de la vivienda, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la ciudad, trataron de impedir la partida del vehículo con la mercadería secuestrada y arrojaron piedras a los efectivos policiales.

Intervino entonces el grupo BRI (Brigada de Rápida Intervención) de la Metropolitana. Los agentes se interpusieron, con sus escudos, entre el camión y los manifestantes para evitar que estos últimos robaran la mercadería. "Fue un asalto tipo piraña, parecido a lo que ocurrió oportunamente en la avenida Avellaneda", explicó Martín Lapadú, fiscal de cámara de la Unidad Fiscal Oeste, que tiene a su cargo este caso.

Si bien desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) denunciaron que fueron utilizadas balas de goma y una de ellas hirió a un niño, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño lo negaron.

A raíz de los incidentes, los comerciantes de los alrededores optaron por bajar las persianas de sus locales. "Cerramos una media hora, por seguridad", dijo una vendedora de un local de ropa en Ibarrola y Ramón Falcón. Enfrente, la empleada de una casa de tortas comentó: "Había gente que corría, no entendíamos muy bien qué pasaba, así que bajamos la persiana un rato, hasta que se calmó".

Muy cerca de allí, en José León Suárez al 200, los encargados de los operativos hallaron 13.228 kilos de alimentos y 45 litros de bebidas, todos en mal estado. Entre los alimentos había frutas, verduras, granos con insectos y tres barriles de 200 litros cada uno con aceitunas agusanadas. Todo fue destruido mediante compactadoras.

Durante los procedimientos, hubo 50 personas demoradas. Lapadú explicó que fueron identificadas y luego liberadas, ya que ninguna tenía antecedentes o pedido de captura.

Los operativos comenzaron a las 4 de la madrugada y duraron hasta el mediodía, cuando se terminó de clasificar y precintar la mercadería secuestrada. Al retirarse las autoridades, los manteros comenzaron a ocupar las veredas nuevamente, aunque en menor cantidad que lo normal.

La esquina de José León Suárez e Ibarrola, en donde suelen instalarse más de diez carros de supermercado en los que se cocina con ayuda de garrafas, estaba despejada. En cambio, en decenas de puestos a lo largo de Falcón y de José León Suárez se vendían verduras, frutas, jugos, tortas y panificados. A diferencia de otras veces, los vendedores ocupaban sólo las veredas y dejaban las calles libres.

Investigan a 23 policías de la Federal por los manteros de Caballito

Por María Belén Etchenique - Clarin.com
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.

En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan. En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.

Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.

Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales a lo largo de la avenida.

Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber "arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos de coimas.

Fuentes judiciales indicaron  a Clarín que la acusación de "Vendedores libres" llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.

Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras comunas.

También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la División Perros ".

La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),  la Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.

El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes, artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios. En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros. En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).

"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.

Recuperan uniformes robados en un cuartel del Palomar

(La Jornada) - Un importante lote de uniformes del Ejército Argentino que habían sido robados del Batallón 601 de la localidad bonaerense de El Palomar, fueron recuperados en varios allanamientos realizados en comercios de la localidad de San Miguel, donde las prendas estaban en venta, informaron fuentes policiales.

Se trata de camisas, camisolas y pantalones de combate, casquetes, sombreros tipo jungla y trajes de protección para condiciones climáticas adversas, que fueron encontrados gracias a las tareas de inteligencia efectuadas sobre comercios del rubro de ventas de uniformes

De esta manera, efectivos de la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron recuperar esta importante cantidad de prendas militares robadas del Batallón de Infantería 601 del Palomar, valuadas en unos 600.000 pesos.

Durante las investigaciones, la PFA descubrió tres locales que comercializaban los elementos sustraídos, de nombres “Walkiria”, “La Isla” y la “Proveeduría Textil Obrera”, del partido bonaerense de San Miguel, los que fueron allanados en forma simultánea.

De acuerdo al informe una gran parte de las prendas encontradas llevaban la inscripción "Estado Mayor Conjunto".

Los operativos se llevaron a cabo bajo las órdenes del juzgado Federal Uno de San Martin, a cargo del juez Emiliano Canicoba Corral, tras la denuncia realizada por las autoridades del batallón 601, que días atrás habían notado un faltante de uniformes.

Escándalo por cobros millonarios en Yacyretá

Por César Sánchez Bonifato - LA NACION - Los ex consejeros se llevaron $4 millones cada uno


POSADAS.- Amenaza con transformarse en otro escándalo el cobro de más de cuatro millones de pesos que se llevó cada uno de los ex consejeros argentinos de la entidad binacional Yacyretá, nombrados por la administración política que dejó el poder a fines del año pasado.

La medida -sustentada en supuesto concepto de indemnización- se habría adoptado el 9 de diciembre, fecha en que todos dejaron sus puestos. La suma que se llevaron sería equivalente al despido de empleados jerárquicos pertenecientes a planta permanente, según afirmaron asesores jurídicos del organismo binacional. Pero por disposición del nuevo director ejecutivo, el dirigente macrista Humberto Schiavoni, la disposición quedó sin efecto.

Los autobeneficiados son Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti, Jorge Antonio Romero y Raúl María Noceti, nombrados por el anterior director, Oscar Thomas, hombre muy allegado a Julio De Vido y al titular de la Legislatura de Misiones y ex gobernador, Carlos Rovira .

Al conocerse la información, medios locales críticos a la renovación kirchnerista que gobierna esta provincia desde 2003, la calificaron de "bochornosa", advirtiendo que la causa ya fue elevada para su consideración a la Procuradoría General de Justicia y a la flamante Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri cuya titular es la ex diputada de Pro, Laura Alonso.

El diario Misiones Cuatro destacó asimismo que Muguerza fue primero decano de la Facultad de Ingeniería de Oberá y luego siguió su carrera administrativa como miembro del directorio de Electricidad Misiones Sociedad Anónima (Emsa), del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Enre), además de figurar entre los principales operadores del negocio que implica de la venta (y/o compra) de energía al Brasil, utilizando la red que enlaza Salto Grande con Rincón Santa María (Corrientes). Las líneas de alta tensión atraviesan el norte del territorio correntino, cruzando el río Uruguay para conectarse con el sistema del país vecino, a la altura del paraje Garabí.

Fuentes cercanas a la actual dirección se mostraron indignadas por la autoasignación de semejante suma por parte de los ex directores. "Es increíble desde lo moral y también desde lo político", afirmaron a LA NACION cerca de Schiavoni, que también pondrá la lupa en otros gastos "indefendibles" de la anterior administración del ente binacional argentino-paraguayo.

Escándalo en el PAMI: vendían remedios a 7.500 jubilados fallecidos

Por Ismael Bermúdez - Clarin.com
Una estafa por $ 500 millones. Lo detectó la nueva administración. Desde 2013 utilizaban sus nombres para medicamentos caros.

Escándalo en el PAMI: vendían remedios a 7.500 jubilados muertos (G. Adrasti)

Desde 2013 el PAMI viene pagando la compra de medicamentos de afiliados fallecidos por $ 500 millones anuales. “Ya detectamos 7.500 personas fallecidas que aparecen con la compra de medicamentos con descuento parcial o total del PAMI. Y esto pasó porque no hubo controles internos, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, había médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas y en muchos casos había connivencia de las farmacias y hasta de la propia industria”. dijo ayer el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. El funcionario describió a Clarín el circuito de la “mafia de los medicamentos”. Esos remedios eran luego revendidos en el “mercado negro” a clínicas y farmacias, en un circuito que se realimentaba y crecía mes a mes.

Regazzoni dio el ejemplo de una señora de 80 años que consumía fármacos para la hipertensión arterial a razón de 100 pesos por mes. “En agosto de 2013, esa señora falleció y sin embargo, nadie en el PAMI reparó que a las pocas semanas empezó a recibir un alto número de recetas de insulina y de tiras reactivas que antes nunca había consumido, y por un valor 10 veces mayor a los consumos anteriores. Además, a pesar de vivir en la Capital, empezó a comprar en farmacias de Ramos Mejía y San Isidro. En total, ya fallecida, consumió fármacos por $ 150.000”.

“En otros casos personas fallecidas empezaron a recibir insulinas y tiras reactivas y dejó de consumir todo su historial de fármacos”, amplió.

También se detectaron casos de personas que aparecen con más de 20 recetas por mes de un mismo medicamento que además fueron compradas en farmacias de cinco provincias diferentes. “Las tiras reactivas eran unas de las favoritas de la mafia de los medicamentos”, enfatizó el titular del PAMI.

Regazzoni dijo que ya habían presentado la denuncia judicial para que la Justicia determine toda la red involucrada, desde las estructuras internas del PAMI, pasando por los profesionales, médicos, farmacias y la industria farmacéutica.

El titular del PAMI también señaló que estaban auditando las cuentas de la obra social, que desde 2011 no presenta balances, y que las anteriores autoridades dejaron una deuda vencida de $ 5.000 millones y un déficit operativo de $ 200 millones mensuales.

Con relación al reciente conflicto por el atraso en los pagos a las farmacias, Regazzoni dijo que habían normalizado los pagos y que todas las farmacias atendían con normalidad a los afiliados.

No obstante, anticipó que el equilibrio de las cuentas y el pago de las deudas atrasadas provendrá de cortar con el fraude y los sobreprecios porque “un tercio del gasto del PAMI se destina a medicamentos cuando en obras sociales similares no supera el 25%”.

En lo inmediato “se acentuarán los controles internos, se están cruzando los datos del PAMI con los de la ANSeS y el padrón de fallecidos, y los de consumo de medicamentos. Todo esto pasó seguramente con connivencia interna”, aseguró.

El combate al narcotráfico en las selvas de Rio de Janeiro

Por el Coronel Fernando Montenegro* (Dialogo) -  En 2015, el Ejército Brasileño y la Policía Militar de Rio de Janeiro reestablecieron un convenio para que los agentes del Batallón de Operaciones Especiales de Rio (BOPE) sean entrenados en tácticas de combate en la selva por el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS). [Foto: Coronel Fernando Montenegro]      


La megalópolis de Rio de Janeiro tiene más de 10 milones de habitantes y más de 1.000 barriadas pobres. La superficie de la región tiene un relieve extremadamente accidentado que está cubierto por selvas. Algunas de las laderas montañosas que conforman este panorama fueron utilizadas por los habitantes más carentes para construir los desordenados conglomerados de casas que pasaron a ser conocidos como "favelas".

Sin embargo, una parte considerable de estas selvas tropicales permanecen bien conservadas. Tomadas en conjunto, las montañas de la Selva de Tijuca, el Parque Estatal de Pedra Branca y el Parque Municipal de Nova Iguaçu, suman una inmensa área que cubre aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Existen también kilómetros de senderos que conectan las cientos de favelas y vecindarios que se encuentran a lo largo de estas montañas. Se trata de un paisaje extremadamente hermoso que hasta hace solo pocos años solía ser frecuentado por excursionistas y entusiastas del ecoturismo.

Pero no constituye ninguna sorpresa que los narcotraficantes hayan estado utilizando estas rutas ya por algún tiempo. En la década de 1990, eI Primer Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército brasileño tenía su sede en Rio de Janeiro y realizaba parte de sus entrenamientos en esas zonas. De modo rutinario, las autoridades encontraban cartuchos de armas de fuego de diversos calibres y vestigios de campamentos, pero no hay registro de combates con el Ejército, porque los militares en ese entonces no realizaban operaciones de combate al narcotráfico. Cuando los grupos armados detectaban que el Ejército se acercaba, simplemente huían.

Incremento de la actividad delictiva

Ha habido un aumento significativo en la circulación de grupos formados por más de 40 delincuentes armados. Los miembros del crimen organizado utilizan los senderos para escapar de los operativos policiales y/o realizar ataques en áreas controladas por bandas rivales en su lucha por el control de las zonas para el tráfico de drogas. Los criminales también se deshacen de cadáveres en la selva, donde los narcotraficantes ahoran tienen conductas semejantes a la de los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las bandas del crimen organizado de modo insistente intentan reclutar soldados y exintegrantes de las fuerzas militares, tales como parcaidistas y marinos, para que se unan a las tropas del comercio de drogas ofreciéndoles pagos tentadores. En la década de 1990, los principales objetivos de este reclutamiento eran cabos y soldados comandos enlistados. Esta fue una de las principales razones por las que las autoridades transfirieron el Primer Batallón de Fuerzas Especiales para Goiânia, la capital del estado de Goiás, en 2003.

El equipamiento, el entrenamiento y, en particular, la logística de los órganos de seguridad pública que operan en Rio de Janeiro son extremadamente limitados y, en la mayoría de los casos, incompatibles con las zonas selváticas. La mayoría de los agentes policiales tienen poca o ninguna experiencia para operar en la selva.

Programa de entrenamiento en la selva

Hasta 1995, el Ejército permitía a los agentes policiales del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) matricularse en el Curso de Guerra en la Selva, en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS) . El último que completó el curso fue el hasta hace poco Comandante General de la Policía Militar de Rio de Janeiro, el Coronel Pinheiro Neto. A partir de 1996, no se siguió permitiendo dicha matriculación y por ello el BOPE comenzó a buscar alternativas, tales como centros de entrenamiento militar en Colombia y otros países.

Sin embargo, en 2015 fue reestablecido el convenio entre el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva y el BOPE, y en la actualidad ya un sargento ha completado exitosamente el curso. Esperamos que la alianza continúe.

En conclusión, es fundamental que los órganos de seguridad pública del estado de Rio de Janeiro dediquen atención al uso que hacen los traficates de drogas de las selvas de Rio de Janeiro, lo cual representa un riesgo en crecimiento para la seguridad pública y que está transformando un área de preservación ambiental en un refugio de delincuentes armados. De la misma manera, las Fuerzas Armadas deben adoptar procedimentos para impedir el reclutamiento de soldados, con atención especial a los integrantes de tropas de élite.
* El Coronel Fernando Montenegro comandó la pacificación de las favelas de Rio de Janeiro (2011-2012); sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército Brasileño; actuó como Instructor en Jefe del Centro de Instrución de Guerra en la Selva (2009-2010), y ostenta el título de Maestría en Ciencias Militares.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador reciben nuevos vehículos para luchar contra las pandillas callejeras violentas

Por Lorena Baires - Dialogo.com
Las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) han recibido una nueva flota de 47 camionetas para responder con rapidez a llamados de emergencia de ciudadanos que reportan ataques criminales. Los vehículos serán desplegados en operaciones preventivas, patrullas de vigilancia y disuasión y misiones antipandillas.


El 24 de noviembre, las Fuerzas Armadas de El Salvador recibieron una nueva flota de 47 camionetas del gobierno. Desde junio de 2014, las FAES han colaborado estrechamente con la Policía Nacional Civil para combatir pandillas. [Foto: Gloria Cañas]

“El trabajo que actualmente realizan las Fuerzas Armadas es fundamental para la construcción de una sociedad en paz y convivencia”, dijo el Presidente Salvador Sánchez Cerén, Comandante General de las FAES, durante la ceremonia de entrega de los vehículos el 24 de noviembre. “Los militares han asumido la responsabilidad y el compromiso de la misión de apoyar las tareas de seguridad para proteger a las familias salvadoreñas. Esto ha generado confianza en la población”.

Las FAES han estado cooperando con la Policía Nacional Civil (PNC) para desmantelar a Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (M-18) – dos de las pandillas callejeras violentas de la nación – desde junio de 2014. “La efectividad de las unidades comprometidas en el apoyo a la seguridad pública va a mejorar sustancialmente con esta flotilla de vehículos. Nos sentimos agradecidos por el apoyo que nos están dando y nos comprometemos a seguir trabajando para llevar seguridad y tranquilidad a los salvadoreños”, dijo el Ministro de Defensa, David Munguía Payés.

La compra de la nueva flota es parte de una adición al presupuesto de US$13 millones que fueron asignados para la defensa nacional y aprobados por la Asamblea Legislativa en el Decreto No. 44 el 9 de julio de 2015. Las FAES organizan sus operaciones de seguridad por medio de la campaña “Nuevo Amanecer”, realizada por los comandos “Zeus”, “Sumpul”, “San Carlos”, “Águila” y “Trueno”.

FAES luchan contra las pandillas en zonas de alta delincuencia

Las FAES utilizarán los nuevos vehículos para realizar patrullas, vigilancia y operaciones contra delincuentes y pandillas. [Foto: Gloria Cañas]      

El Comando Zeus cuenta con 2.821 miembros desplegados en 42 zonas de alta delincuencia. Este comando está dividido en nueve Fuerzas de Trabajo cuyas actividades primarias son la búsqueda de personas y vehículos, realizar patrullas y arrestar a delincuentes.“Nosotros sentimos tranquilidad al tener a los soldados cerca de las comunidades y de nuestras casas porque sabemos que al pedirles ayuda, acuden sin temor”, expresó Julio Aníbal Vega, un carpintero de 53 años y habitante del municipio de Ilopango. “Creo que las pandillas lo pensarán dos veces cuando vean que las Fuerzas Armadas están en los territorios y esperamos que [las FAES] no se vayan.”

En 2015, el Comando Zeus capturó a 5.815 sospechosos, incautó 591 armas de fuego, confiscó 103.651 unidades de drogas y US$29.629 en efectivo. El Comando Sumpul, que cuenta con más de 1.000 soldados, es responsable de combatir el tráfico ilegal de drogas, armas, ganado, vehículos robados, cereales, ropa, cigarrillos y licor en los 375 kilómetros de frontera terrestre salvadoreña.

“Hemos estado cubriendo las necesidades de transporte de la Dirección de Logística de las Fuerzas Armadas, pero con estos vehículos vamos a fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la movilidad de nuestras tropas para atender a los ciudadanos”, explicó el Teniente René Benítez, Comandante del Comando Sumpul.

En 2015, el Comando Sumpul incautó 521 armas de fuego; 29.681 unidades de drogas; 193 cabezas de ganado de tráfico ilegal; 24.512 artículos de ropa de tráfico ilegal, y US$22.220 en efectivo.

Los comandos trabajan para desmantelar las pandillas violentas


El Comando Águila y el Comando Trueno, cada uno con 1.302 efectivos y 600 oficiales especializados respectivamente, tienen la única misión de combatir y erradicar las pandillas.

“Los soldados están participando en los operativos ‘Casa Segura’, entran a las casas y revisan que las personas no oculten armas ilegales o drogas”, detalló Patricia Elena Segovia, una estudiante universitaria que reside en un populoso condominio del Centro Histórico de San Salvador. “También ha servido para que saquen a los pandilleros que usurpan viviendas abandonadas”.

De enero a diciembre de 2015, los Comandos Águila y Trueno realizaron miles de operaciones de seguridad y detuvieron a 2.896 sospechosos.

“No hay duda de que la misión que tienen nuestras instituciones de seguridad es sumamente importante, vital para el desarrollo integral de nuestro pueblo”, comentó el Presidente Sánchez Cerén al final de su discurso. “La misión requiere, por lo tanto, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y humanas para el combate efectivo a la delincuencia”.

Dos grafiteros de vagones de la A, imputados

(La Nación) - Les secuestraron objetos robados del subte y fotos tomadas a las pintadas; viven en Avellaneda

La costumbre de fotografiar o filmar las pintadas que realizan clandestinamente en coches del subte porteño para presumir de su habilidad y marcar sus dominios en el mundo de los grafiteros esta vez les jugó en contra. Imágenes de las estampas que dejaron durante la madrugada del 12 de noviembre en cuatro vagones 0 km de la línea fueron parte de los elementos secuestrados a dos jóvenes domiciliados en Avellaneda, que quedaron acusados por daño agravado.

Ayer, la Unidad de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Sudeste porteña, a cargo de Verónica Guagnino, allanó las viviendas de dos sospechosos -identificados como A. N. R. y G. E. B., vecinos del sur del conurbano- y les incautó los aerosoles con que realizaron los grafitis, los candados que rompieron para ingresar en las vías y los túneles, cartelería de subterráneos que sustrajeron y registros fílmicos y fotográficos de sus acciones.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. Previamente, durante la pesquisa, se había reconstruido casi en su totalidad la secuencia vandálica que A. N. R. y G. E. B. protagonizaron aquella madrugada.

Los jóvenes habrían entrado alrededor de las 4.48 por la estación Castro Barros y, desde allí, ingresaron en el interior del túnel ferroviario hasta alcanzar la llamada "fosa de Acoyte", una zona de talleres o cocheras a 200 metros.

Allí estaban estacionados los cuatro coches que resultaron dañados, numerados 5415, 5315, 5615 y 5515. Tras grafitarlos, los jóvenes volvieron a caminar por las vías hacia la estación Acoyte, por donde salieron a las 5.40.

Según las fuentes, luego de los allanamientos realizados ayer y la recolección de elementos de prueba, ambas personas fueron identificadas e imputadas por el delito de daño agravado. Quedaron citadas a presentarse dentro de los tres días ante la fiscalía, pero no fueron detenidas por el momento porque, en principio, no existe peligro de fuga, ya que ambas tendrían domicilio fijo y "tienen arraigo" (es decir, son rastreables).

Seguridad: el desafío de darle respuesta a uno de los mayores pedidos de la gente

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Las nuevas autoridades prometen un trabajo en conjunto de políticas públicas entre la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires para buscar la baja de los índices delictivos

Efectivos de la Gendarmería Nacional en la villa 1-11-14.Foto:Archivo/Ricardo Pristupluk

En los barrios más humildes de la zona sur, hay noches en que los vecinos no pueden dormir por el estruendo de los disparos. La muerte está cerca. Las villas porteñas son el escenario donde ocurre un tercio de los homicidios de la ciudad de Buenos Aires. En Recoleta, Palermo y en otros puntos del sector norte de la Capital, en cambio, la preocupación son los delitos contra la propiedad.

La inseguridad y el delito en la ciudad de Buenos Aires son asimétricos: golpean de diferentes maneras de acuerdo con la zona y los barrios. El primer desafío de las nuevas autoridades nacionales y porteñas que asumieron en las últimas horas será equilibrar las diferencias y coordinar el trabajo de las diferentes fuerzas de seguridad­: la Policía Metropolitana y la Policía Federal.

"El principal desafío que tienen las nuevas autoridades es equilibrar las asimetrías que existen en la ciudad de Buenos Aires respecto de la tasa de delitos que hay según la zona", afirmó a LA NACION el especialista en seguridad Diego Gorgal.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, trabajarán en conjunto con Cristian Ritondo, que ayer asumió la cartera de Seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACION de autoridades del nuevo gobierno porteño, la prioridad será la recuperación del espacio público para el vecino. "Queremos que los vecinos sientan que la calle es de ellos", explicaron las fuentes consultadas.

Durante el año pasado, 198 personas fueron asesinadas en la ciudad de Buenos Aires. La cifra representa un aumento del 13% respecto de los 176 homicidios ocurridos en 2013. Las cifras corresponden a un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía Federal, la zona más roja del mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires es la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, una zona caliente del narcotráfico, donde nada parece frenar las ejecuciones y las peleas entre bandas; le siguen los barrios de Flores y Caballito.

Desde febrero de 2010, la Metropolitana se sumó a las calles.Foto:Archivo/Rodrigo Néspolo

"En tres o cuatro villas ocurre un tercio de todos los homicidios de la ciudad de Buenos Aires", sostuvo Gorgal para graficar uno de los problemas que el Estado aún no pudo resolver.

El diagnóstico coincidió con la opinión de un experimentado detective de la Policía Federal al ser consultado sobre cuál es el peor problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires: "La falta del Estado en las villas permite la existencia de aguantaderos. Hemos comprobado la existencia de búnkers para la distribución de la droga. La mayor cantidad de homicidios se registra en esos barrios. Allí, la vida parece valer menos".

Desde 2011, por una decisión de la por entonces ministra de Seguridad de la Nación y hoy diputada nacional, Nilda Garré, hay tres fuerzas federales que tienen como tarea la prevención del delito en territorio porteño. La por entonces funcionaria nacional sumó en la zona sur a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval.

Operativo Cinturón Sur

Hasta hoy, hay 1760 gendarmes y 1250 prefectos por las calles porteñas, sobre todo en las villas. Ni Bullrich ni el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, que asumió en lugar de Sergio Berni, todavía informaron si el Operativo Cinturón Sur (como Garré llamó al repliegue de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en el sur porteño) continuará en 2016. "En un primer momento fue un impacto positivo la presencia de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval", afirmó Gorgal.

Los prefectos y los gendarmes se sumaron a los casi 6000 oficiales de la Policía Metropolitana que están en las calles porteñas y los 30.000 integrantes de la Policía Federal que responden a la estratégica Superintendencia de Seguridad Metropolitana. "El problema de la inseguridad no lo va a resolver una fuerza por más eficiente que sea si no hay una voluntad del gobierno que sea para irrumpir con propuestas fuertes de inclusión. Tiene que fortalecerse la relación entre provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Nación para que la General Paz no sea un pasaje a la impunidad", afirmó a LA NACION un calificado y experimentado jefe de la Policía Federal.

Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense explicó que habrá una política clara para trabajar en forma coordinada con las autoridades de Nación y de la ciudad de Buenos Aires. "No hay dudas: habrá un trabajo en conjunto y coordinado en favor de los vecinos", dijo una fuente porteña.

Por ahora no habrá anuncios oficiales
"Todavía no vamos a hacer ningún tipo de anuncio", sostuvo ayer la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al salir de la Catedral metropolitana donde participó de una ceremonia religiosa con el resto del gabinete nacional.

"Cuando tengamos hechos concretos ustedes se van a enterar", dijo la funcionaria nacional ante la consulta de los medios sobre si ya había una serie de medidas respecto a políticas de seguridad.

Todavía no se anunció qué pasará con los gendarmes y prefectos que están afectados a tareas de prevención del delito en zonas calientes de la ciudad de Buenos Aires, como la villa 1-11-14.

Otro tema para resolver será qué pasará con los uniformados de la Policía Federal que, antes del ballottage, el Ministerio de Seguridad había enviado a San Martín y Tres de Febrero, dos distritos conflictivos del conurbano bonaerense.

El conflicto
La falta de coordinación entre jurisdicciones
Si bien en el último tiempo hubo una cierta calma, no faltaron las disputas entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires por quién debía hacerse cargo de áreas claves como la seguridad en los subtes o en los hospitales públicos: si la Policía Federal o la Metropolitana.

La posible solución
Políticas de trabajo en equipo
Las políticas de seguridad en Nación, ciudad de Buenos Aires y territorio bonaerense estarán a cargo de funcionarios del mismo sector político que prometen trabajar en equipo y en forma coordinada para intentar terminar con una de las mayores preocupaciones de la gente: el delito.

Recuperar el dinero de la corrupción

Por Guillermo Jorge para A NACION

Lamentablemente, ni Scioli ni Macri explicaron, durante la campaña, cómo piensan enfrentar el problema de la corrupción. Massa propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, una propuesta curiosa si se toma en cuenta que los procesos prescriben luego de más de 10 años de "investigación". El problema no es que los plazos sean breves, sino que los delitos de corrupción no son resueltos por el Poder Judicial, sino por "la política", que premia y castiga con sus propias reglas.

Para que esto cambie, necesitamos un conjunto de reformas que muchos ciudadanos demandamos hace tiempo, pero que requieren acuerdos de largo plazo con tantos actores que nuestros sucesivos gobiernos evitan encarar por una razón estratégica: difícilmente puedan mostrar resultados positivos en menos de cuatro años, cuando volvamos a evaluar su gestión en las urnas.

El próximo presidente, sin embargo, podría hacer algo novedoso para la Argentina, ya probado exitosamente en otros países, que satisface parcialmente nuestra demanda ciudadana y que puede redituarlo políticamente. Me refiero a que el Poder Ejecutivo lidere una estrategia dirigida a recuperar el dinero de los fraudes contra el Estado, de los sobornos y de las ganancias obtenidas a través de contratos corruptos, especialmente en el exterior.

La estrategia es novedosa para la Argentina porque, para la comunidad jurídica local, recuperar activos de la corrupción es una consecuencia de la condena penal. En muchísimos países, en cambio, recurrir a la justicia penal es innecesario para articular un abanico, cada día más amplio, de remedios jurídicos que permiten obtener pruebas, trabar embargos preventivos y obtener sentencias civiles que otorgan al "Estado víctima" la titularidad de bienes que han sido fruto de la corrupción.

En la última década, países que enfrentan problemas similares o peores que el de la Argentina han utilizado estos mecanismos con éxito: Libia ya recuperó más de 3600 millones de dólares - y embargó otros 2500-; Nigeria, más de 2000 millones; Filipinas, más de 700 millones; Egipto, más de 800 millones. En América latina, Perú recuperó más de 200 millones, y Brasil, que hace 10 años creó el Departamento de Recuperación de Activos, ya embargó cerca de 2000 millones en cuentas y bienes en el exterior.

La estrategia satisface parcialmente la demanda ciudadana porque, indudablemente, el juicio penal tiene sabor a poco si la percepción generalizada es que, aun cuando se logra una condena, el condenado disfrutará del "botín" luego de cumplir la pena. Recuperar el provecho de la corrupción para el erario público es una de las caras más importantes del concepto de justicia.

Países que ya experimentaron estos procesos discuten ahora cómo articular estas políticas con las punitivas -recuperar dinero no puede permitir que un imputado millonario "compre" su impunidad, como se discute actualmente en Nigeria- o cómo asegurar que el dinero recuperado vuelva a la sociedad, como la fundación que combate con éxito la mortalidad infantil en Kazakhstán, que administra casi 100 millones de dólares que Suiza y Estados Unidos repatriaron a ese país en 2008.

Finalmente, la implementación de esta estrategia no requiere modificaciones legislativas ni titánicos procesos de acción colectiva. La Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular tiene rango de ministro y depende directamente del presidente de la República, tiene las facultades necesarias para representar los intereses patrimoniales del Estado en juicio, tanto en la Argentina como en el exterior. Las experiencias más recientes -las de la "primavera árabe"- han mostrado resultados positivos durante los primeros dos años de trabajo. Estos resultados, a su vez, impulsan las aletargadas investigaciones penales locales.

Por esto, los equipos del próximo presidente deberían considerar seriamente priorizar esta estrategia para mostrarnos que, aun cuando en la Argentina hay un inmenso camino por recorrer en materia de lucha contra la corrupción, el Poder Ejecutivo liderará una estrategia con enorme potencial para aumentar la confianza ciudadana, tal vez el primer paso para entender las ventajas de que los delitos de corrupción sean, como todos los demás, resueltos por la Justicia y no por la política.

Abogado especialista en recuperación de activos y docente de la Universidad de Nueva York

Separan a 17 policías por el robo de armas en Córdoba

Por Gustavo Molina (Clarin.com) - Escándalo en la Fuerza.Ocurrió a 72 horas de que Clarín revelara el caso. Los desplazados estaban a cargo del depósito de donde desaparecieron 67 pistolas calibre 9 milímetros, nuevas y embaladas.

Finalmente, 72 horas después de la nota publicada por Clarín, la Policía de Córdoba debió admitir el robo de más de medio centenar de pistolas calibre 9 milímetros que usa la fuerza de seguridad y el Gobierno ordenó el desplazamiento de los 17 agentes que estaban a cargo del depósito de donde desaparecieron las armas de fuego.

“Hemos decidido poner en situación pasiva a las 17 personas del personal policial que estaban a cargo del depósito, que eran los responsables de la custodia de las armas. No tienen una situación procesal”, afirmó ayer a la mañana el presidente del Tribunal de Conducta Policial de Córdoba (TCP), Martín Berrotarán.

El lunes pasado, Clarín reveló que hace cinco meses, en mayo, hubo un robo de 50 pistolas Pietro Beretta calibre 9 milímetros, nuevas y embaladas. Según estimaciones, valen $ 750 mil. Ocurrió luego de una ceremonia encabezada por el jefe de Policía, comisario general Julio César Suárez, en la sede de los Distritos IV y V del Comando de Acción Preventiva (CAP) de barrio Ampliación Cerveceros, en el sur de esta Capital.

Lo más grave resultó que ese faltante de armas no había sido denunciado, pese a que el ex ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, y al menos tres policías de alto rango habrían estado al tanto del hecho: el jefe de la Dirección de Seguridad Zona Sur de la Capital, comisario mayor Fabián Chirichian; el jefe del CAP V, comisario Martín Carranza y el jefe de la Dirección de Administración, comisario mayor Gerardo Vaca.

El miércoles a la mañana, el propio Suárez y el gobernador José de la Sota relativizaron la información. Pero al filo de la medianoche, tras 12 horas de fuertes rumores sobre su desplazamiento como jefe policial, el comisario general presentó una denuncia penal ante el fiscal Rubén Caro –estaba de turno– por el faltante de 67 pistolas que estaban bajo responsabilidad de la Dirección de Armamentos y Equipos. Finalmente, el director del Tribunal de Conducta Policial –un organismo con civiles que reemplaza a Asuntos Internos– decidió pasar a situación pasiva a 17 policías por el robo de 67 pistolas.

“Ayer (por el miércoles), cerca de las 23, conocemos la denuncia. Nos enteramos de todo a raíz de la publicación en Clarín, por lo que iniciamos una investigación y un recuento de armas, y nos dimos que el jefe de Policía realizaba la denuncia ante el fiscal de turno. Si esto se sabía, no entiendo por qué no se nos puso al tanto”, se quejó.

Entre los policías separados de la Fuerza se destacan el director de Logística, comisario mayor Daniel Zambrano; y el jefe de la División de Armamentos y Equipos, comisario Sebastián Vaca, junto a todos los agentes de la división.

Berrotarán advirtió que el robo de las armas en la propia Central de Policía –el depósito está en el subsuelo– “es de una gravedad inusitada por tres motivos: se trata de armamento; fue sustraído en el seno de la Policía, donde uno piensa que debe estar resguardado con mayor celo todos estos objetos; y finalmente, porque no se dio a conocer al Tribunal de Conducta”. Acotó que “hay que asumir que hay casi 70 armas más en manos de delincuentes”.

Los investigadores sospechan que el robo de las armas ocurrió en la sede de la Central de Policía: “Me imagino que esto ha sido por goteo, porque es difícil sacar de la Policía esas cajas con este armamento. Yo supongo que ha sido un robo hormiga”, dijo Berrotarán.

Sin embargo, las fuentes que alertaron a Clarín del caso confirmaron que “las pistolas Beretta fueron retiradas del edificio de la Central para canjearlas por las viejas que tenía el personal del CAP IV y V, y las llevaron en un auto. El problema es que cuando fueron a retirarlas para entregarlas, ya no había nada. Desaparecieron antes de llegar a la sede del CAP”. Y agregaron que “el general (Julio César) Suárez lo supo desde el primer momento. Los oficiales pasados a situación pasiva son perejiles y es muy probable que ellos hayan notificado la existencia del hecho”.

Preocupa la aparición de armas pesadas en manos de asaltantes

Por Daniel Gallo - LA NACION
Se trata, especialmente, de ametralladoras FMK3; se sospecha que provienen de arsenales de las fuerzas de seguridad; no hay investigaciones judiciales profundas sobre su origen.

Parte del arsenal que se le secuestró la semana pasada a la ''banda de los politruchos'' en La Matanza. Foto: LA NACION/Prensa Policía bonaerense

Como si fuesen una brigada, con sus chalecos identificatorios, intercomunicadores y balizas policiales, detenían camiones de transporte de mercadería en rutas. Pero los choferes rápidamente comprendían que no estaban frente a un operativo de control legal. La presencia intimidante de la ametralladora PA 3, arma de dotación en muchas fuerzas de seguridad del país, revelaba las reales intenciones del grupo, que la semana pasada, luego de varios meses de investigación, fue desarticulado.

La caída de la llamada "banda de los politruchos", tras varios allanamientos en La Matanza y la Capital, puso de relieve uno de los datos más preocupantes sobre la seguridad pública en los últimos meses: la aparición, cada vez más frecuente, de armas de alto volumen de fuego en manos de delincuentes comunes.

Ya no se trata de organizaciones "pesadas" que alquilan fusiles para golpes con importantes botines, como asaltos a camiones blindados o bancos; incluso bandas pequeñas dedicadas a todo tipo de asaltos están dotadas de armamento de guerra. Días atrás, la policía bonaerense atrapó a varios integrantes de un grupo que hacía entraderas en countries del conurbano norte y que también se dedicaba al robo de autos. Entre sus armas tenían una ametralladora igual a la de los "politruchos".

Todavía no existe un patrón común que dé cuenta del origen de esas armas ni hay investigaciones que conecten casos para orientar las pesquisas hacia las formas de abastecimiento de ese mercado de armas pesadas. La principal presunción es la de los robos "hormiga" de armas reglamentarias que terminan en manos de delincuentes comunes. El temor es que se desate una "carrera armamentística" entre las bandas.

En lo que va del año, siete armas similares fueron secuestradas por la policía santafecina. En Rosario, esas ametralladoras fueron usadas en ajustes de cuentas entre dealers, como en el asesinato de un joven y en el contraataque de un "soldado" narco ante un ataque de sicarios, ambos hechos, en agosto.

En mayo, un grupo comando copó la comisaría de General Lagos, en el sur de Santa Fe, y robó armas -entre ellas, tres ametralladoras FMK 3- antes de asaltar la sucursal del banco Credicoop. Por ese hecho fueron detenidos seis policías la semana pasada. En agosto, hubo un asalto a otro banco Credicoop santafecino, esta vez en la localidad de Pérez. Allí, los delincuentes usaron una FMK3 y una ametralladora Halcón.

En Tres de Febrero usaron ametralladoras los secuestradores del empresario Daniel Rebagliati. Y con una ráfaga de ametralladora fueron asesinados cuatro paraguayos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores, donde, según informes de La Alameda, hay un "ejército" de 300 "soldados" que defienden a sangre y fuego el negocio narco.

Este año también fue desarticulada una banda que realizaba entraderas y secuestros en el oeste del conurbano. Fue conocida como "la banda del M16" por las armas que utilizaba, aunque en realidad se trataba de fusiles tácticos M4, una versión moderna de aquella arma del ejército norteamericano. Tenían 12.

Armas reglamentarias

Muchos fusiles que llegaron a manos de delincuentes salieron de arsenales militares. No es el caso de esos M4, cuyo origen aún se desconoce. Pero varios asaltantes comunes se hicieron de fusiles FAL del Ejército mediante robos con asistencia de cómplices en las guarniciones.

Fuentes castrenses contaron que en varios casos ocurridos en los últimos años se pudo determinar la participación en los hurtos de soldados que tenían familiares directos en prisión o involucrados en bandas.

Casos similares sucedieron en policías provinciales. Durante un tiempo, en la policía de Santa Fe la denuncia por falta de armamento se limitaba a un trámite burocrático en el que ni siquiera se consignaba la circunstancia en la que se había perdido el arma. Más de cien pistolas habían sido denunciadas como perdidas por policías. Sospechas similares pesan sobre la policía de Córdoba.

Sin embargo, la inquietud mayor la provoca el ingreso de armas que no figuran en los arsenales militares o policiales argentinos. Se sospecha de una línea de abastecimiento consolidada que usa iguales canales que en el tráfico de drogas. El año pasado la Aduana descubrió un cargamento de cargadores para fusiles AK47 en un ómnibus que se dirigía de Paraguay a Rosario, lo que evidencia la existencia del clásico fusil ruso en el mercado interno. Hace dos años que espera turno de juicio en San Martín un caso en el que se descubrió un Kalashnikov en una casa de El Palomar, además de una ametralladora Ingram y de varios cargadores para fusiles Galil, modelo de arma táctica usada por el ejército israelí.

Capaz de vaciar el cargador en cuatro segundos

La PA 3 es una pistola ametralladora o subfusil diseñado por Fabricaciones Militares en 1974. De ahí obtiene su nombre de FMK 3. Su principal usuario fue el Ejército Argentino, aunque también las tienen varias fuerzas policiales.

Usa munición de 9 milímetros y tiene una cadencia de tiro de 650 disparos por minuto. Cuenta con cargadores de 25, 32 y 40 proyectiles.

Denuncian que La Cámpora incentiva la usurpación de terrenos y viviendas

(Urgente24) - En Villa Gesell, donde ha aumentado el número de tomas, se distribuye un instructivo que explica cómo realizar usurpaciones y cómo justificarlas. Aseguran que el cuadernillo es repartido por la organización ultra K.

Así es el cuadernillo que supuestamente distribuye La Cámpora y qué explica cómo tomar terrenos. Imagen: MinutoG.com y @mercedesninci1.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El miércoles 05/04, un joven matrimonio fue detenido por la policía cuando intentaba tomar una vivienda en Villa Gesell. 48 horas después, la fuerza de seguridad retuvo a otros 3 individuos que trataron de usurpar una casa en la misma localidad balnearia bonaerense.

Los casos son reiterados. El concejal del Frente Renovador Atilio Roncoroni denunció que la ciudad costera "está totalmente liberada" para este tipo de acciones. Y ahora, la edil radical Claudia Cima denuncia que La Cámpora distribuye un instructivo con el que la organización ultraK explica cómo usurpar terrenos o departamentos y ofrece argumentaciones para justificar las tomas.

La primicia la publicó el 17/09 último el portal geselino MinutoG.com. El artículo no identificaba directamente a La Cámpora como responsable de la distribución del "libro de cómo y por qué usurpar", sino que señalaba a una "agrupación política".

Pero la concejal Cima, en diálogo con radio Mitre este lunes, le puso nombre a esa agrupación: la que lidera el hijo presidencial, Máximo Kirchner.

"A partir de gente de La Cámpora se está repartiendo un instructivo que alecciona de cómo organizarse para usurpar y dan los fundamentos para justificar la usurpación", afirmó.

De acuerdo a lo que publicó MinutoG.com, el instructivo consta de 7 "capítulos":

El 1º: La historia de la Tierra, es una introducción al tema y explica “los modos de pensar”. En el texto, se encuentran oraciones como: “Los que piensan un país para pocos, conciben la tierra como una propiedad privada. Los que piensan un país para todos, conciben el acceso a la tierra como un derecho”.

El 2º: El Derecho a la Tierra y a la Vivienda. Habla sobre como poner limites y condiciones a los derechos sobre la propiedad privada.

El 3º: Organizarse y perseverar. Incentiva a formar grupos grandes de personas para toma tierras.

El 4º: Las primera averiguaciones. Da información precisa de cuales son las mejores condicciones para tomar un predio.

El 5º: El proyecto urbano del Barrio.

El 6º: Los asentamientos: Sobre tierras fiscales o sobre tierras privadas.

El 7º: escriturar.

"El instructivo tiene un contenido ideologógico preocupante y se da en un contexto en que han aumentado las usurpaciones de forma alarmante", manifestó Cima en diálogo com Mitre.

Por su parte, el concejal Atilio Roncoroni afirmó meses atrás que  existen organizaciones, que se hacen pasar por ONG, que se dedican a usurpar terrenos,fomentar las usurpaciones -para bajar el valor de las propiedades- y luego comprarlas para generar un negocio inmobiliario.

Ametralladoras: las usan cada vez más delincuentes y narcos en Rosario

(La Nación) - En lo que va de 2015 ya fueron secuestradas siete de estas viejas armas, que tienen un alto poder de fuego; las alquilan por $ 3000 por "trabajo" y las venden hasta por $ 40.000

Un subfusil Halcón ML-63 secuestrado luego de un enfrentamiento entre bandas. Foto:Archivo

ROSARIO.- El combo en el que se mezclan la venta de droga, robos a bancos y cierta capacidad de organización delictiva incluye la ametralladora como la garantía de poder de fuego. Hoy las bandas las alquilan a unos 3000 pesos por "trabajo" (sin incluir las municiones) y muchas veces las usan para hacer intimidaciones. También las compran en el mercado negro a un precio que oscila entre los 30.000 y 40.000 pesos.

"Son armas viejas que se produjeron en Fabricaciones Militares, y tienen una antigüedad superior a los 20 años. Muchas están en mal estado", apuntó uno de los jefes de la Policía de Investigaciones. En Rosario preocupa el poder de fuego que han adquirido algunas bandas. En lo que va del año se secuestraron siete ametralladoras FMK3, Halcón y PAM. En muchos casos, este tipo de armas entra en el mercado negro a través de las fuerzas de seguridad, no sólo de Santa Fe, sino también de otras provincias.

El subsecretario de Control de Armas Matías Palavecino explicó que estas ametralladoras se dejaron de usar en la policía porque "tienen un alto poder de fuego (disparan proyectiles calibre 9 mm) y poseen escasa precisión, lo que las convierte en un armamento peligroso para uso de personal de seguridad". Pero, según el funcionario, las ametralladoras siguen en los arsenales.

En marzo de 2014 el juez Juan José Donnola procesó a dos jefes de Drogas Peligrosas de Rosario por tramar el alquiler de una FMK3 de ese arsenal a la banda de Los Monos.

El comisario Oscar Jesús Romero, de 41 años, y el subcomisario Sergio Andrés Gianola, de 40, fueron pasados a disponibilidad en 2012, luego de que llegaran dos denuncias anónimas que indicaban que estos policías habían arreglado con Ramón Machuca, uno de los jefes de Los Monos y que está prófugo desde 2013, la entrega de una ametralladora a cambio de 30.000 pesos.

Efectivos de la Gendarmería Nacional siguieron los datos de una de las denuncias y dieron con el arma en un contenedor de residuos de Marcos Paz al 4300, en el barrio de Echesortu. Allí encontraron una FMK3 hecha en Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán con número de serie 50807, más 25 cartuchos FLB y 3,7 kilos de marihuana.

Este caso, investigado por la Justicia y Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, dejó al descubierto el mecanismo que garantiza que este tipo de armamento pase de manos de las fuerzas policiales al universo delictivo. Durante 2014 se realizaron 560 denuncias por robo o extravío de armas de fuego en toda la provincia, de las cuales 110 pertenecían a policías santafecinos.

En lo que va del año fueron secuestradas en distintos procedimientos siete ametralladoras, algo que activó la preocupación de las autoridades ante el temor de que ese armamento haga recrudecer la violencia. En los primeros ocho meses 850 personas ingresaron a los hospitales con heridas de bala y en todo 2014 esa cifra superó los 1400 casos. También el uso de este armamento dejó señales mafiosas en cinco concesionarias de autos importados que fueron baleadas en Rosario de la misma manera: jóvenes en moto disparaban de madrugada una ráfaga sobre las vidrieras con el objetivo de amedrentar a sus víctimas.

Dos ametralladoras, una FMK3 y una Halcón, estaban en poder del grupo de asaltantes que robó el banco Credicoop de la localidad de Pérez, vecina a Rosario, el 27 de agosto pasado. Tras el golpe los ladrones huyeron en un Ford Focus conducido por un chico de 16 años. Cuando fueron atrapados en la autopista Buenos Aires-Rosario, se secuestraron tres armas, dos ametralladoras y una pistola 9 mm. Uno de los detenidos de la banda era un ex policía bonaerense, quien en el Ministerio de Seguridad sospechan que proveyó estas armas.

Dos semanas antes del robo al banco (se produjeron seis asaltos en el año) la Gendarmería secuestró otra FMK3 en un extraño episodio. Tras una denuncia de violencia familiar en el barrio de Nuevo Alberdi, efectivos de esa fuerza revisaron una vivienda donde vivía el supuesto agresor y encontraron arriba de un ropero una ametralladora. En ese barrio se encuentra unos de los puntos más importantes de alquiler de armamento, manejado por un narco que tuvo que huir de La Tablada.

El martes 11 de agosto, poco después de un tiroteo en un complejo de Fútbol 5, en Arijón 30 bis, policías que patrullaban el Fonavi de Sánchez de Thompson y Grandoli levantaron una ametralladora Halcón con 40 proyectiles, que un muchacho apodado Teletubi, había arrojado cuando escapaba. Ese barrio está dominado por una banda ligada a la barra de Newell's Old Boys, que lideraba el asesinado Roberto Pimpi Camino. Alexis, uno de sus sobrinos, sería el dueño no sólo de esa ametralladora sino de una cantidad de armas importante, según revelaron los investigadores. En la causa por el crimen de Maximiliano Nota, que fue procesado otro sobrino de Pimpi, Ezequiel Camino, uno de los testigos dijo que Alexis "se pasea por el barrio Municipal con un revólver grandote y cromado": es uno calibre 357 Magnum.

A principios de agosto, en una casa de Olegario Víctor Andrade al 100 bis, la policía arrestó a un chico de 15 años apodado "Novato", acusado del crimen, según la versión policial, de Jonathan David Rodríguez, acribillado en el Fonavi de Sánchez de Thompson y Grandoli. En la habitación del pibe detenido había una ametralladora FMK 3. Detrás del crimen, según los investigadores, está Alexis Camino, el renovado jefe territorial que maneja quioscos de venta de droga e influencias con la policía.

El 24 de marzo una familia que pescaba en el arroyo Ludueña fue asaltada por dos adolescentes con una ametralladora PAM 1. Diez días más tarde, al ser allanado un búnker de drogas en Esmeralda 64 bis se secuestraron 3 kg de cocaína, 4 kg de marihuana y una FMK 3 que pertenecía a la policía.

Robo de municiones

Luego de que en febrero pasado LA NACION revelara sobre el robo de 19.600 municiones calibres 9 mm y 38 del arsenal del ex Batallón 603, en Fray Luis Beltrán, el ministro de Defensa Agustín Rossi decidió cerrar esa dependencia.

Pero del destino de esas municiones, que podrían cargar 2000 pistolas, no se supo nada hasta ahora. Como las municiones no tienen numeración (salvo las cajas) es casi imposible descubrir dónde fueron reducidas. Uno de los proyectos que tiene el Ministerio de Seguridad de Santa Fe es realizar una marca láser a cada proyectil que se compre para las fuerzas de seguridad. Este método ya es utilizado en otros países, como Brasil, pero tiene un costo elevado, según las autoridades.

Secuestros de armas durante este año

3 de Abril de 2015 - Al ser allanado un búnker de drogas en Esmeralda 64 bis, de Rosario, se secuestraron 3 kg de cocaína, 4 kg de marihuana y una FMK 3 perteneciente a la policía santafesina

11 de agosto - La policía persiguió a un sospechoso en el barrio rosarino Fonavi, manejado por la barra de Newells, y secuestró una Halcón con 40 proyectiles que un muchacho, apodado Teletubi, arrojó cuando escapaba

27 de agosto - Secuestran dos ametralladoras, una FMK3 y una Halcón, que estaban en poder del grupo de delincuentes que asaltó el banco Credicoop de la localidad de Pérez, cerca de Rosario

Los piratas del asfalto roban cuatro camiones por día

Por Gabriel Di Nicola  | LA NACION
El 84% de los asaltos fue en el área metropolitana, según un informe empresarial


Los martes y los miércoles pueden ser malos días para las empresas que transportan su mercadería en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Son los dos días más elegidos por las bandas de piratas del asfalto para sus golpes.

Y se trata de un delito que no cede en todo el país: cada 24 horas hay cuatro ataques a camiones. Se estima que la suma de todo lo robado alcanza unos 2000 millones de pesos al año.

El rubro más golpeado por la piratería del asfalto son las bebidas y los alimentos, sector que sufrió el 30% de los 1368 robos de camiones y camionetas en el país ocurridos entre agosto de 2014 y julio pasado. Le siguieron la industria textil, con un 22%, y en tercer lugar, las autopartes, 19%.

Así surge del último informe elaborado por la Mesa Interempresarial de Piratería del Asfalto, integrada por 80 empresas de la cadena de logística. El estudio, que fue hecho entre el 1° de agosto de 2014 y el 31 de julio pasado, revela que el 64% de los robos se produjo en el conurbano bonaerense; el 20 %, en la ciudad de Buenos Aires, y el 16 %, en el resto del país.

En los últimos tiempos se sumó otra modalidad a los robos de la mercadería en tránsito: el copamiento de las plantas de depósito o los centros de logística.

El viernes de la semana pasada un grupo comando armado con pistolas y ametralladoras, simulando ser operarios, copó un depósito de productos de electrónica en Monte Chingolo, en Lanús, y se hizo de un botín de 50.000.000 de pesos. No se trató de un hecho aislado, ya hubo otros casos similares (ver aparte).

"Son las mismas bandas de piratas del asfalto las que suelen copar los depósitos o los centros de logística. Un golpe planificado y sin contratiempos les genera un botín muy superior a lo que pueden hacer cuando roban un camión", explicó a LA NACION el abogado Gabriel Iezzi, de la Mesa Interempresarial de Piratería del Asfalto (www.pirateriadecamiones.com.ar ).

De los 1368 hechos de piratería del asfalto ocurridos entre el 1° de agosto de 2014 y el 31 de julio pasado, el 80% de los objetivos de los delincuentes fue mercadería transportada en camionetas. El 20% restante de los robos fue a camiones. "Si bien la modalidad de piratería del asfalto no aumentó de un año a otro y se puede hablar de una estabilidad en el delito, el último estudio sí demuestra un cambio de modalidad. Ahora, las bandas de ladrones apuntan a interceptar camionetas más chicas, como utilitarios, porque son las que transportan más mercaderías en los ámbitos urbanos", explicó Iezzi, quien ya hizo siete informes anuales junto con su socio Víctor Varone y en conjunto con las empresas de logística.

DELITO RÁPIDO

Con este diagnóstico coincidió el Coordinador de Seguridad de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Oscar Farinelli. "El robo de los vehículos utilitarios, que en su mayoría se da en la ciudad de Buenos Aires, es un delito más rápido que los golpes a los camiones. Una camioneta se intercepta, a las pocas cuadras se cambia la carga a un utilitario y los delincuentes escapan con tranquilidad", sostuvo el especialista.

Un ejemplo de esta modalidad se dio este mes cuando agentes de la Policía local del distrito de La Matanza recuperó un cargamento de zapatillas valuado en 360.000 pesos cuando dos delincuentes descargaban el botín que les habían robado a los empleados de una fábrica de calzado que circulaban en una camioneta Renault Master. Los ladrones, que se movilizaban en un vehículo Renault Kangoo, interceptaron a sus víctimas cuando empezaban el trabajo de reparto y las tuvieron cautivas hasta que las abandonaron en el barrio de Parque de los Patricios.

Hace poco tiempo, una fuente consultada por LA NACION había dicho que los piratas del asfalto llegaron a pagar 20.000 pesos por la información sobre la mercadería transportada y la ruta elegida. E Iezzi sostuvo: "No se roba un camión que no transporte menos de 250.000 pesos en mercadería".

Si se analizan los hechos de piratería del asfalto ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, se puede decir que la zona caliente de este delito son los barrios de Nueva Pompeya, Parque de los Patricios y Villa Soldati, con el 35, el 32 y el 16% de los casos, respectivamente.

En el conurbano los puntos críticos son la zona sur y la zona oeste, donde se registraron el 43 y el 42% de los hechos delictivos, respectivamente. En la zona norte, en cambio, sólo sucedieron el 15% de los robos.

CHOFER HERIDO DE UN TIRO

A principios de mes, el chofer de un camión que llevaba distintos tipos de mercadería a las provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero no la pasó nada bien ante una banda de piratas del asfalto: cuando transitaba por el kilómetro 115 de la ruta 9, a la altura de Villa Alsina, fue baleado para que disminuyera la velocidad. Un proyectil lo hirió en una de sus piernas. Un ladrón tomó el volante del camión y sus cómplices dejaron abandonada a la víctima en el hospital Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Monte Castro.

El delincuente que manejaba el camión con la carga robada no pudo ir muy lejos: fue detenido tras un operativo cerrojo de la policía bonaerense.

LOS NÚMEROS DE UN FLAGELO MUY EXTENDIDO

64% En el conurbano: El Gran Buenos Aires es el escenario principal de este tipo de delitos, en particular las zonas Sur y Oeste; le sigue la Capital, con el 20%

1368 Denuncias: Es la cantidad de asaltos a transportes de mercaderías ocurridos entre agosto de 2014 y julio pasado

250.000 Pesos: Esa es la cifra mínima del valor de una carga para dar un golpe comando. La mayoría de los asaltos a camiones o transportes importantes siempre se hacen con inteligencia previa o se compra la voluntad de algún empleado infiel ligado a la empresa