Por Guillermo Jorge para A NACION
Lamentablemente, ni Scioli ni Macri explicaron, durante la campaña, cómo piensan enfrentar el problema de la corrupción. Massa propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, una propuesta curiosa si se toma en cuenta que los procesos prescriben luego de más de 10 años de "investigación". El problema no es que los plazos sean breves, sino que los delitos de corrupción no son resueltos por el Poder Judicial, sino por "la política", que premia y castiga con sus propias reglas.
Para que esto cambie, necesitamos un conjunto de reformas que muchos ciudadanos demandamos hace tiempo, pero que requieren acuerdos de largo plazo con tantos actores que nuestros sucesivos gobiernos evitan encarar por una razón estratégica: difícilmente puedan mostrar resultados positivos en menos de cuatro años, cuando volvamos a evaluar su gestión en las urnas.
El próximo presidente, sin embargo, podría hacer algo novedoso para la Argentina, ya probado exitosamente en otros países, que satisface parcialmente nuestra demanda ciudadana y que puede redituarlo políticamente. Me refiero a que el Poder Ejecutivo lidere una estrategia dirigida a recuperar el dinero de los fraudes contra el Estado, de los sobornos y de las ganancias obtenidas a través de contratos corruptos, especialmente en el exterior.
La estrategia es novedosa para la Argentina porque, para la comunidad jurídica local, recuperar activos de la corrupción es una consecuencia de la condena penal. En muchísimos países, en cambio, recurrir a la justicia penal es innecesario para articular un abanico, cada día más amplio, de remedios jurídicos que permiten obtener pruebas, trabar embargos preventivos y obtener sentencias civiles que otorgan al "Estado víctima" la titularidad de bienes que han sido fruto de la corrupción.
En la última década, países que enfrentan problemas similares o peores que el de la Argentina han utilizado estos mecanismos con éxito: Libia ya recuperó más de 3600 millones de dólares - y embargó otros 2500-; Nigeria, más de 2000 millones; Filipinas, más de 700 millones; Egipto, más de 800 millones. En América latina, Perú recuperó más de 200 millones, y Brasil, que hace 10 años creó el Departamento de Recuperación de Activos, ya embargó cerca de 2000 millones en cuentas y bienes en el exterior.
La estrategia satisface parcialmente la demanda ciudadana porque, indudablemente, el juicio penal tiene sabor a poco si la percepción generalizada es que, aun cuando se logra una condena, el condenado disfrutará del "botín" luego de cumplir la pena. Recuperar el provecho de la corrupción para el erario público es una de las caras más importantes del concepto de justicia.
Países que ya experimentaron estos procesos discuten ahora cómo articular estas políticas con las punitivas -recuperar dinero no puede permitir que un imputado millonario "compre" su impunidad, como se discute actualmente en Nigeria- o cómo asegurar que el dinero recuperado vuelva a la sociedad, como la fundación que combate con éxito la mortalidad infantil en Kazakhstán, que administra casi 100 millones de dólares que Suiza y Estados Unidos repatriaron a ese país en 2008.
Finalmente, la implementación de esta estrategia no requiere modificaciones legislativas ni titánicos procesos de acción colectiva. La Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular tiene rango de ministro y depende directamente del presidente de la República, tiene las facultades necesarias para representar los intereses patrimoniales del Estado en juicio, tanto en la Argentina como en el exterior. Las experiencias más recientes -las de la "primavera árabe"- han mostrado resultados positivos durante los primeros dos años de trabajo. Estos resultados, a su vez, impulsan las aletargadas investigaciones penales locales.
Por esto, los equipos del próximo presidente deberían considerar seriamente priorizar esta estrategia para mostrarnos que, aun cuando en la Argentina hay un inmenso camino por recorrer en materia de lucha contra la corrupción, el Poder Ejecutivo liderará una estrategia con enorme potencial para aumentar la confianza ciudadana, tal vez el primer paso para entender las ventajas de que los delitos de corrupción sean, como todos los demás, resueltos por la Justicia y no por la política.
Abogado especialista en recuperación de activos y docente de la Universidad de Nueva York
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