MADRID (De nuestro corresponal).- En ningún otro lugar se siente con más fuerza la angustia del Brexit que en Gibraltar, el enclave británico de apenas 6 km2 anclado en el sur de la península ibérica.
Para sus 32.000 habitantes la ruptura con la Unión Europea (UE) revive la claustrofobia de la frontera cerrada por el dictador Francisco Franco en 1969 para forzar la discusión de la soberanía. Vivieron 16 años así, limitados entre la verja y el mar. El paso sólo se normalizó cuando España entró en el club europeo.
Pero, además, perder el acceso al mercado comunitario podría empujar al desastre a una economía hasta ahora floreciente, basada en los servicios bancarios, los seguros, el turismo y la industria de las apuestas online.
El gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la brecha del Brexit para incluir en la agenda el reclamo diplomático. Ofrece a Gibraltar -en manos británicas desde hace 300 años- que acepte la soberanía española (o al menos un régimen compartido) como vía para retener su membresía europea.
"Nos tratan como matones, con extorsiones. Nunca, jamás, va a flamear la bandera española sobre el Peñón", se queja Fabian Picardo, el ministro principal de Gibraltar.
El conflicto escaló esta semana como pocas veces a raíz de unas incendiarias declaraciones de Michael Howard, ex líder de los conservadores y actual miembro de la Cámara de los Lores. Dijo que el gobierno de Theresa May está dispuesto a defender Gibraltar de la misma forma que lo hizo la ex primera ministra Margaret Thatcher en 1982 en las Islas Malvinas: con una intervención militar.
May bajó el tono dos días después, pero insistió en que la soberanía "es innegociable". Se lo dijo en Londres a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, a quien recibió para avanzar con las tratativas de salida.
Tusk había irritado a los británicos cuando anunció que la UE le otorgará a España poder de veto ante cualquier acuerdo concerniente a Gibraltar al que el bloque llegue con Gran Bretaña como parte del proceso del Brexit.
Eso aceleró la ansiedad de los gibraltareños. Si España busca forzarlos a cambiar de nacionalidad, la lógica indica que bloqueará un eventual pacto que le otorgue a Gibraltar libertad de circulación y el acceso al mercado común, dos aspectos vitales para que el enclave sortee una crisis grave. Mucho menos logrará ser aceptado como "territorio asociado", el objetivo de máxima que persigue Picardo.
"La frontera y el acceso al mercado común son cruciales. Nosotros importamos todo lo que consumimos. Un tercio de los trabajadores cruzan a diario desde España. Y el turismo también depende de la libre circulación", señala Edward Macquisten, jefe de la Cámara de Comercio local.
Tal como ocurre con Malvinas, el caso de Gibraltar se discute desde hace décadas en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. A pesar de recurrentes chisporroteos en el paso fronterizo, la UE ejerció siempre de árbitro para mantener las buenas relaciones entre España y Gran Bretaña, dos de sus mayores socios.
Los gibraltareños reconocen el papel decisivo que juega Europa en su destino. El 95,9% votó allí en contra del Brexit en junio pasado, más que en ninguna otra circunscripción electoral. Pero aun así es unánime el deseo de mantener el vínculo con Gran Bretaña. En 2002 lo reafirmó el 99% en un referéndum y las encuestas actuales ratifican esas cifras.
En gran medida eso se explica por el contraste entre cómo se vive a uno y otro lado de la verja que separa el territorio británico del español. En Gibraltar el PBI creció 49% en los últimos cuatro años, la renta per cápita fue de 69.000 dólares en 2016 -sólo por debajo de tres países, según el FMI- y tiene pleno empleo. El pueblo andaluz vecino La Línea de la Concepción sufre un récord de desocupación, por encima del 30%.
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