Los registros automotores como botines políticos

(Editorial del diario La Nación) - Con más de 1500 registros en todo el país, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios ha recogido serios y fundados cuestionamientos a lo largo de las últimas décadas, y no sólo en materia de corrupción, o porque los registros constituyen en su mayoría premios o compensaciones a políticos o familiares de éstos, sino también por su alta rentabilidad, las elevadas tasas que cobran y su abundante burocracia. Un registro puede arrojar a fin de mes una ganancia neta muy significativa.


Muchos ciudadanos lamentan que los trámites en los registros no puedan realizarse por Internet y señalan los altos costos de ciertos trámites.

Debería ser hora de sanear y modernizar lo que para buena parte de la sociedad es sinónimo de un nido de corrupción. Los concursos para la designación de encargados titulares de registros son un importante paso adelante, pues durante la etapa final del kirchnerismo se habían privilegiado las intervenciones directas. La Cámpora manejaba esa verdadera caja política donde se registran los automotores de todo tipo, la maquinaria agrícola y los motovehículos. Durante las últimas semanas del régimen anterior, el camporismo se ocupó de cubrir más de treinta vacantes, y se ha informado que en diciembre pasado había cerca de 50 titulares de registros que no reunían los requisitos legales para desempeñar esa función.

Desde 1995, la Dirección Nacional se convirtió en una de las fuentes más importantes de recaudación del Ministerio de Justicia. El reempadronamiento de automóviles realizado para la unificación de documentación y blanqueo de vehículos, y la creación de los entes cooperadores con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA), resultaron convenientes para conseguir autofinanciamiento y sostener direcciones dependientes del Ministerio que económicamente resultaban costosas.

El 1° de enero de 2012 asumió el cargo de subdirectora nacional la abogada Mariana Aballay, luego denunciada por alterar los concursos para cubrir las vacantes de encargados de registro, nombrando interventores a militantes de La Campora. Un concurso realizado para la obtención de las chapas patentes puso en evidencia groseras irregularidades y la aparición de personajes vinculados con el caso de la ex Ciccone y Amado Boudou. Luego, la Dirección Nacional de los Registros comenzó a adquirir impresos a Casa de Moneda, a cargo de la militante de La Cámpora Katya Daura, vinculada con Boudou.

En aquellos años, una auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación encontró que no era uniforme la metodología de archivo de los documentos de automóviles, motos y máquinas viales. También, que no se controlaba la correcta aplicación de las normas para evitar el lavado de activos y, que, sobre un total de 1499 registros, había 703 intervenidos.

La avalancha de escándalos que protagonizó el kirchnerismo ha mostrado que la estrecha relación entre política y corrupción se establece cuando se equipara el acceso al gobierno con el manejo de una gigantesca caja. Esa viciada concepción del poder considera al Estado como propiedad privada de los gobernantes, quienes pueden disponer de ella en beneficio propio y de sus allegados sin rendir cuentas. Así se ha procedido desde hace años con varios registros, y por eso fue que el kirchnerismo optó por las intervenciones. Los concursos para designar encargados titulares son la oportunidad de comenzar una nueva etapa en la que hay mucho por cambiar.