Volviendo a la letra y el espíritu de las leyes que regulan la defensa nacional

Por Fabián Calle - Infobae.com

Luego de varias semanas de especulaciones, varias de ellas apocalípticas tanto sea con buena o mala intención, a partir del martes 25 de julio se pudo acceder oficialmente a las breves páginas del decreto 683 que deroga y reforma el decreto 727 del año 2006 que daba el marco general para el empleo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué surge de una desapasionada lectura? Básicamente un regreso más fiel a la letra y el espíritu de las dos leyes nacionales que con amplísimo consenso sancionó el Congreso durante los gobiernos de los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Con un fuerte sentido común, estas preveían el empleo de las Fuerzas Armadas como respaldo logístico y operacional de las Fuerzas de Seguridad y policiales, en el caso de que fuesen sobrepasadas por los actores, estatales o no estatales, que disrumpieran la seguridad y la soberanía de la nación.

Dado que nuestro país cuenta con tres fuerzas federales dotadas de buenas capacidades humanas y materiales, el recurso a los militares fue visto y es visto como algo puntual y de última instancia en lo que hace al empleo de la fuerza. El decreto 727 del 2006 asumía una postura centrada exclusivamente en el empleo de la fuerza militar en caso de que hubiese un ataque por parte de un Estado nación. O sea, enemigos con bandera, marcha, uniforme, código postal y asiento en las Naciones Unidas. Un mensaje no precisamente amigable para nuestros vecinos. Más aún con la retórica de la gran patria bolivariana imperante en esos años (perdón por la omisión, general San Martín). El contra-argumento podía ser que las hipótesis de conflicto no eran Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay, sino el Reino Unido por Malvinas y, si dejamos volar más el realismo mágico, una invasión de los Estados Unidos ansioso de controlar nuestros recursos naturales. De ser así, no se potenció ni el poder naval, ni el poder aéreo, ni el misilístico, etcétera, para un eventual choque con los británicos.

El uso y abuso de retórica nacionalista en cuentas de Twitter, Facebook y dibujitos animados nacionales no cambiaron nunca la ecuación estratégica de Londres. Sus gobernantes se harían, reformulada, la misma pregunta que le hizo Stalin a su canciller Molotov cuando este le transmitió críticas del Vaticano. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? En el caso de que nuestra hipótesis de conflicto interestatal westfaliano del decreto del 2006 haya sido Washington, no se tomó ningún recaudo para transformar a nuestros militares en fuerzas irregulares especializadas en guerra asimétrica para hacer frente al mejor estilo VietCong o talibanes a la abrumadora maquinaria bélica convencional de los Estados Unidos. Ergo, palabras que no se traspolaron en hechos concretos. Nacionalismo redentista sin dientes ni garras.

Sí cabe reconocer que el decreto de esa época fue coherente y funcional al acercamiento acelerado y creciente a la izquierda que un caudillo peronista provincial tradicional como Kirchner y con óptima relación con los militares de Santa Cruz durante sus gobernaciones decidió implementar a partir del 2003, pero en especial desde el 2005, choque con Bush mediante en Mar del Plata y Hugo Chávez y sus petrodólares comprando bonos argentinos. Cuando debía consolidar su autonomía y ruptura con el ex presidente Eduardo Duhalde que lo ayudó de manera decisiva a llegar al poder. En otras palabras, coherente con las necesidades de política doméstica del momento pero no así para la defensa nacional.

Yendo al nuevo decreto publicado finalmente esta semana, se mantiene de manera ortodoxa dentro del marco dado por las leyes antes mencionadas. Sí cambia la barrera pétrea al eventual empleo de las capacidades de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo frente a actores no estatales presente en el decreto firmado hace 12 años. No obstante, durante su vigencia, el anterior gobierno llevó a cabo acciones como Fortín y Escudo Norte, en las que las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército actuaron colaborando con las Fuerzas de Seguridad en materia de lucha contra el narcotráfico y otras actividades delictivas de actores no estatales. El decreto del 2006 de más está decir que no impidió ni dificultó la estrecha relación del poder político de turno con sectores del Ejército en el marco de las pujas dentro del mundo de la inteligencia que generó el memorándum de acuerdo con Irán.

Sin duda, desde el regreso al orden constitucional, en 1983, la dirigencia política argentina ha desarrollado un plexo normativo amplio y detallado en el área de la defensa nacional y seguridad. Con grandes consensos parlamentarios, se votaron leyes relevantes en 1988, 1992, 1998 y 2001. En el 2006, el decreto 727 y ahora el nuevo 683 que reglamenta la ley de defensa nacional. Que, como vimos, se adapta más a los estándares que tienen la mayoría de los países del mundo, entre ellos, nuestros vecinos de la región sudamericana. Incluyendo los autodenominados "bolivarianos". Desde ya, sin caer en casos extremos como la abierta y activa intervención militar en la vida política y económica de Venezuela.

Es llamativo, si bien comprensivo por la presencia de filtros ideológicos y dobles estándares, que algunos sectores políticos y académicos argentinos que son fóbicos a cualquier cosa que esté relacionada con las Fuerzas Armadas argentinas mantengan un ensordecedor silencio con lo que ocurre en este plano en el país caribeño. En otras palabras, si en algo hemos invertido en el campo de la defensa, es en normas, papeles, tinta, palabras y seminarios. La gran tarea pendiente es ir a lo concreto y material. Un paso no menor para los gobernantes y la sociedad argentina de los próximos 10 años.