Se desprende de los datos preliminares de la auditoría a los juzgados federales que pidió el Consejo de la Magistratura. Hay causas abiertas hace más de diez años y problemas de infraestructura.
El edificio de la calle Comodoro Py 2002, en Retiro, escenario principal de los juicios por corrupción contra funcionarios nacionales. Allí funcionan 12 juzgados federales, las dos salas de la Cámara Federal y las cuatro de la Cámara de Casación, además de los tribunales orales. Foto: Rolando Andrade Stracuzzi.
Con la mirada fija de la sociedad sobre sus pasos, y para cerrar un año de duros diagnósticos sobre las tareas indelegables del Estado, los jueces y tribunales federales argentinos acaban de entregar los primeros datos preliminares de una histórica auditoría ordenada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo pleno acaba de aprobar en la sesión de hoy. Aunque la información aún está incompleta y debe ser procesada, las primeras noticias indican que en todo el país hay en trámite unas 2000 causas por corrupción, y que en los últimos veinte años se investigaron y concluyeron otras 4000.
La intención del trabajo, encargado hace cinco meses a instancias del presidente del Consejo -Miguel Piedecasas- y tras sortear la resistencia de consejeros y magistrados poco acostumbrados a los controles, era lograr un conocimiento del universo total de causas en materia de corrupción y cotejarlas con otros países de la región o desarrollados; medir el plazo de duración de los procesos, para ver si se logra una respuesta eficaz o no del sistema de justicia. Para despolitizar el análisis y alejarlo de la coyuntura, se pidieron datos sobre las causas concluidas y en trámite de los últimos veinte años (1996-2016), en las que haya sido imputado algún funcionario de los sucesivos gobiernos nacionales.
Una vez vencida la resistencia política a la auditoría, el desafío siguiente fue sistematizar el trabajo. Primero se seleccionaron los delitos contra la administración pública cuya posible violación sería auditada: cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones Incompatibles con la función pública; exacciones Ilegales; enriquecimiento Ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; estafas y otras defraudaciones al Estado. Luego, el 14 de julio, se sortearon los auditores, que de inmediato comenzaron a visitar los juzgados, cámaras y tribuanales orales de todo el país.
El 24 de noviembre, finalmente, el Cuerpo de Auditores entregó su informe preliminar, que luego de ser analizado por Piedecasas se discutió en la sesión plenaria del Consejo que concluyó esta tarde.
Veamos entonces algunos datos. Teniendo en cuenta que por ahora la estadística no diferencia las decisiones de fondo que jueces y camaristas fueron tomando en los expedientes de las que sólo representan una "incidencia" administrativa o procesal, el total posible de causas en trámite en el país estaría oscilando entre 1900 y 2000, un número que aumentaría por los informes faltantes, pero que a la vez se reduciría en una escala importante cuando se unifiquen las causas con sus recursos e incidencias, para evitar que se compute en forma duplicada o triplicada.
La misma advertencia debería tenerse en cuenta respecto de las causas concluidas, en cuyos datos falta información que debe procesarse. La información preliminar dice que se investigaron y se cerraron entre 4000 y 5000 causas por corrupción en los veinte años en análisis.
Fuentes importantes de la Magistratura estiman que, cuando el proceso de consolidación termine, las causas en trámite se han de reducir a unas 1000 y las culminadas a 2000, en números absolutamente relativos.
Pero no todas son estadísticas. El análisis descubrió, por ejemplo, que aún hay causas en trámite iniciadas en 1997, 1999 y 2000: hace más de una década. También será clave para medir la eficacia judicial poder ver los porcentajes de condenas, sobreseimientos, absoluciones, falta de mérito y sobre todo tener información precisa sobre las prescripciones, suspensiones de juicio a prueba o archivos. El paso del tiempo, asociado a la inacción judicial suele ser el principal aliado de los corruptos. Ya se sabe, por ejemplo que según las mediciones del propio Tribunal Oral Federal, el porcentaje de condenas en Bahía Blanca es muy bajo.
¿Números? Algunos ya hay. La Cámara Federal de Casación Penal, con todas sus salas, tiene en trámite unas 108 causas. Y en los seis Tribunales Orales Federales de Capital hay unas 150. Las dos salas de la Cámara de Apelaciones que funciona en Comodoro Py atienen ahora a unos 80 expedientes, y los doce juzgados federales porteños, donde se inicia la gran mayoría de las causas por corrupción contra funcionarios nacionales, tienen unas 720 causas en trámite.
Según las estadísticas -aunque la complejidad de cada expediente es distinta y eso relativiza los casos, el juez más sobrecargado allí es Claudio Bonadio, con 96 causas. Le siguen los doctores Ramos, con 83, Casanello y Lijo, con 70, y Julián Ercolini, con 69. Del otro lado, quienes hipotéticamente tendrían más tiempo para dedicarse a cada expediente son los doctores Rodríguez (36 causas en trámite), Canicoba Corral (37 causas), Rafecas (39 causas), Torres (49) y Servini (52). En su juzgado y el que subroga tras la denuncia de Norberto Oyarbide, Marcelo Martínez de Giorgi atiende ahora 61 y 56 causas respectivamente.
En las jurisdicciones del interior (juzgados, tribunales y cámaras), estarían en trámite unas 900 causas, siempre teniendo en cuenta que como en los casos anteriores aún hay que consolidar los recursos e incidentes para ver en cuántos expedientes se están tomando decisiones de fondo. Las jurisdicciones de Rosario; Mendoza y San Martín, en el Gran Buenos Aires, son las que ofrecen mayor cantidad de causas en trámite, rondando las 100 cada una de ellas.
Los cinco primeros meses de trabajo también sirvieron para recoger datos sobre los problemas que la justicia federal enfrenta en materia de infraestructura, sistemas informáticos, recursos humanos, cuerpos periciales y relaciones con organismos externos, que sin dudas afectan el plazo de los procesos y los resultados en relación a la eficiencia de los recursos.
Ahora viene la etapa de procesamiento, análisis de los datos recogidos, además del pedido de informes complementarios, para que durante 2017 toda la información debidamente procesada, unificada, consolidada y analizada permita al cuerpo de Auditores realizar un informe mas sustancioso correspondiente a la segunda etapa del trabajo.
A medida que esa información esté disponible, y si el pleno del Consejo sostiene su decisión, los datos alimentarán un portal abierto de datos, que comprenderá no solo esta auditoría sobre corrupción, sino también las que se realizaron o se están realizando en materia de narcotráfico, delitos de lesa humanidad, causas laborales y aquellas en las que están involucrados menores de edad.
Según pudo saber Clarín de fuentes del Consejo, "la idea es que a partir de ahora el seguimiento de las causas de corrupción y narcotráfico continúe año a año, lo que nos brindará un grado de certeza mucho mayor en el futuro y nos permitirá comprobar el aumento o disminución de las causas en esa materia, lo que hace al mejor o peor nivel de institucionalidad."
No será fácil. El funcionario recuerda que, con la orden de hacer estas auditorías y el esfuerzo en concretarlas, se cambió el criterio de anteriores composiciones del Consejo, que en 2007 y 2010 rechazaron de plano la idea de controlar a los jueces que investigan la corrupción.
