Por Pablo Tomino - LA NACION - Twitter: @prtomino - Mail: ptomino@lanacion.com.ar
Las calles de Once linderas a la terminal ferroviaria, una zona que sigue invadida por manteros pese a las sanciones de la Justicia. Foto: LA NACION / Maximiliano Amena
En el último año, 151 manteros fueron imputados por organizar y vender mercadería en las calles de Once, de las cuales 52 reconocieron su participación en una red ilegal que obtiene cuantiosas ganancias. Y fueron condenados con multas por un valor de 775.333 pesos en total. Lo llamativo: la máxima pena es una sanción de 60.000 pesos, lo cual explicaría la vigencia del negocio callejero.
Así, la Justicia comprobó que un guardián de plaza porteño manejaba a 30 vendedores ambulantes que venden frutas y verduras en Palermo, que un heladero de Once sacó créditos por dos millones de pesos y que un vendedor de garrapiñadas estaba habilitado ante la AFIP para realizar actividades petroleras.
Durante 2014, la fiscalía porteña realizó 75 allanamientos en viviendas particulares y locales comerciales que funcionaban como depósitos de mercadería para la venta ambulante en la zona de Once, hoy invadida de manteros. Las investigaciones encabezadas por la fiscal Verónica Guagnino, junto con la Policía Metropolitana, lograron poner en la mira a los organizadores de una red de corte mafioso que obtiene unos 250 millones de pesos por mes por la venta ilegal callejera. Y se incautaron bienes de dudosa procedencia por 10 millones de pesos, según consta en las causas judiciales a las que tuvo acceso LA NACION.
También quedaron bajo la lupa el grupo de "choque" que garantiza la actividad de los manteros de Once. Éstos suelen enfrentarse con los inspectores y la policía para resistir los operativos. Y se identificó a 33 personas por cortar calles, provocar incidentes y agredir a funcionarios policiales y gubernamentales. De este total, 31 fueron condenadas con juicios abreviados y obligadas a pagar multas por $ 159.000 en total.
Según costa en una de las causas, dos personas que forman parte de la red de venta ambulante, cuyas iniciales son D. E. V. y R. E. V. V., están a la espera de un juicio oral y público por la presunta quema de un contenedor de basura tras un operativo en Once, el 26 de enero del año pasado, mientras que fue beneficiada con una suspensión de proceso a prueba, por dos años, una persona identificada con las iniciales C. H. L., acusada de incendiar una camioneta Amarok del gobierno porteño, el 17 de febrero pasado.
La mafia de los vendedores ambulantes en la Capital tiene distintos escalafones y organigramas, de acuerdo con la zona en la que se asienten. Once, Caballito, San Telmo o la avenida Avellaneda, por ejemplo, estarían coordinadas por células pequeñas, cada una con una veintena de vendedores ambulantes que son contratados como jornaleros por una paga diaria.
En la terminal de Retiro, en cambio, la Justicia comprobó que la venta callejera respondía a una estructura piramidal con un cabecilla que habría sido beneficiado con concesiones y permisos que otorgaba el gobierno nacional.
La fiscalía, según consta en la causa, determinó la existencia de conexiones directas entre los organizadores de Once y Retiro. Es más: constató la participación directa de dos integrantes de la Policía Federal, con jerarquía de subcomisarios, como coautores de una "célula" que funcionaba en un deposito de Once, conocido como Vía La Morocha. Hoy, ambos ex funcionarios están condenados como organizadores de ocupación del espacio público.
Las investigaciones de la fiscalía porteña, donde además intervino Walter López, lograron dar también con "agrupaciones" o "sindicatos" de vendedores ambulantes que recaudan dinero de los manteros de toda la red, con sumas que varían "según el espacio ocupado y la cantidad de puestos de cada organización".
"Desde hace más de una década, la Argentina promueve y tolera por diversas vías la existencia de un mercado negro millonario, donde la «Saladita» en el puerto de Buenos Aires es un ejemplo: hay inmigración irregular, falta de verdaderos controles aduaneros, existe una desarticulación de los sistemas de investigación criminales y de las fuerzas de seguridad. Y hay una ausencia de voluntad política del Gobierno para combatir los productos elaborados sin licencia oficial", dijo Guagnino.
CASO LA MOROCHA
La galería Vía La Morocha, en Presidente Perón 2805, era utilizada como base de operaciones de una banda para la venta ilegal. Funcionó hasta hace pocos meses como un lugar de acopio, depósito y reaprovisionamiento de mercaderías.
Allí, nueve personas fueron acusadas por ser parte de la red, entre ellas, dos ex policías. Incluso cayeron los propietarios del inmueble, ya que mantenían relación directa con los inquilinos de la galería al concurrir periódicamente al inmueble. Hoy, se investigan otros lugares similares.
Entre los condenados por la venta ilegal en Once hay miembros de sociedades anónimas utilizadas como pantallas legales. Por ejemplo, se identificó a un vendedor ambulante de helados que preside tres sociedades y que en los últimos años consiguió créditos bancarios en entidades de primera línea por $ 2 millones..
