Por Tristán Rodríguez Loredo Periodista - Cronista.com
Estar o no estar. Esa parece ser la cuestión cuando se
abordan temas en que se evalúa el rol del Estado. Casi como una marca
registrada, la muletilla de que en los ’90 el Estado se hizo ausente y
en la recientemente ‘ganada’, mutó en una presencia activa, se repite
cuando se debaten los más numerosos costados de la política económica.
En las últimas votaciones legislativas con densidad en este campo, se
refirió a este supuesto dilema hamletiano, por ejemplo en:
1. Estatización de Aerolíneas Argentinas (agosto 2008). El Estado como prestador directo del servicio aéreo de pasajeros suplantó al engendro de Marsans como continuador de Iberia. Una privatización que nació torcida y murió de inanición. Promesas de buen servicio y el argumento de palanca estratégica de comunicación federal. Aún no presentó balances públicos.
2. Eliminación del sistema de las AFJP (octubre 2008): luego de invitar a los afiliados al sistema a pasarse, con poco éxito, se decidió unificar el sistema jubilatorio y los consecuentes fondos previsionales en uno sólo, obviamente estatal.
3. Programa ‘Fútbol para todos’ (agosto 2009): ante los goles secuestrados y la posición hegemónica que la AFA había otorgado a sus socios TyC-Clarín con contratos a larguísimo plazo, el Estado toma ese lugar y augura época de vacas gordas para todos los clubes, entonces al borde la quiebra. Inicialmente a financiar con publicidad comercial, inundó la pantalla chica de propaganda política.
4. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (septiembre 2009): luego de arduos y larguísimos debates, se termina aprobando una norma que cuatro años más tarde todavía sigue sin desenvolverse en plenitud ante las demandas de inconstitucionalidad y problemas de factibilidad económica. Reserva un tercio del espectro a medios del Estado y otro tanto a ONGs de dudosa autonomía económica.
5. Declaración de interés público de la producción de papel para diario (diciembre 2011): el papel de diario, en el siglo XXI todavía es visto como el arma letal para amordazar y alinear opiniones. ¿La importación de papel? Sin discusión todavía. Cuotas y racionalización a la vista.
6. Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (marzo 2012): contraviniendo el mandato de cuidar el valor de la moneda, se agregaron otros más propios de un ministerio de Desarrollo Económico, diluyendo las metas de inflación a la mínima expresión. Una nueva caja para financiar un gasto público en expansión y precios en ascenso.
7. Expropiación parcial de YPF S.A. (abril de 2012): curiosa nacionalización de parte del paquete accionario para cortar con la ‘dependencia energética’. La necesidad de fondos para la reactivación de la exploración y explotación convencional y de shale-gas llevó a buscar desesperadamente aliados. Asignatura pendiente.
8. Expropiación de la empresa Ciccone (agosto 2012): ante el escándalo por sospechas de malversación de fondos, se corta por lo sano: la cuestionada empresa para al cobijo del Estado argumentando que una empresa privada no puede imprimir billetes. La Casa de la Moneda es la otra productora (estatal) que alimenta el deseo expansionista del Central.
9. Progresiva estatización de los servicios ferroviarios de pasajeros en el Gran Buenos Aires (2011-2013). Las deficiencias en el servicio, puesto de manifiesto en una serie de accidentes fatales, culminando con el de Once que causara 52 muertos (febrero 2012), llevó a buscar una solución conocida: más intervención estatal y mayor presupuesto para salarios en ascenso, con la ayuda del ejército de reserva de los ‘tercerizados’ no ferroviarios. Un servicio que todavía no produjo los resultados buscados y cuesta cada vez más.
10. Estatización por parte de la Provincia de Buenos Aires de la Autopista Buenos Aires-La Plata (julio 2013). Para no quedar fuera de la ola estatizadora, el gobernador Scioli también decidió revertir la concesión de esta vía rápida, con muchas deficiencias de seguridad, asumiendo un gran pasivo antes que un activo en ascenso.
Se entiende que el Estado se ata las manos al no intervenir en la actividad económica que despliegan los agentes. Cuando el mercado ‘falla’, la doctrina de todos los colores sostiene que la intervención del Gobierno se realiza para poder corregirlas. Pero la intervención no es sólo por apropiación directa de la oferta, sino también por intervención.
La contratara de esta ola estatizadora es al menos muy exigente:
a) ingentes fondos para inversiones en infraestructura;
b) planificación profesional y a largo plazo y
c) obsesión por prestar servicios de calidad.
Y con la estatización se han comprado, también, tres riesgos mayores:
- una exposición política permanente (caso Once);
- necesidad permanente de más fondos y
- un pasivo contingente de deudas a futuro.
Por lo visto, estos requisitos no fueron evaluados en su totalidad y podría arriesgar que hemos socializado muchos de estos costos económicos sin ver, todavía, los frutos de decisiones que no han sido económicas, sino políticas.
1. Estatización de Aerolíneas Argentinas (agosto 2008). El Estado como prestador directo del servicio aéreo de pasajeros suplantó al engendro de Marsans como continuador de Iberia. Una privatización que nació torcida y murió de inanición. Promesas de buen servicio y el argumento de palanca estratégica de comunicación federal. Aún no presentó balances públicos.
2. Eliminación del sistema de las AFJP (octubre 2008): luego de invitar a los afiliados al sistema a pasarse, con poco éxito, se decidió unificar el sistema jubilatorio y los consecuentes fondos previsionales en uno sólo, obviamente estatal.
3. Programa ‘Fútbol para todos’ (agosto 2009): ante los goles secuestrados y la posición hegemónica que la AFA había otorgado a sus socios TyC-Clarín con contratos a larguísimo plazo, el Estado toma ese lugar y augura época de vacas gordas para todos los clubes, entonces al borde la quiebra. Inicialmente a financiar con publicidad comercial, inundó la pantalla chica de propaganda política.
4. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (septiembre 2009): luego de arduos y larguísimos debates, se termina aprobando una norma que cuatro años más tarde todavía sigue sin desenvolverse en plenitud ante las demandas de inconstitucionalidad y problemas de factibilidad económica. Reserva un tercio del espectro a medios del Estado y otro tanto a ONGs de dudosa autonomía económica.
5. Declaración de interés público de la producción de papel para diario (diciembre 2011): el papel de diario, en el siglo XXI todavía es visto como el arma letal para amordazar y alinear opiniones. ¿La importación de papel? Sin discusión todavía. Cuotas y racionalización a la vista.
6. Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (marzo 2012): contraviniendo el mandato de cuidar el valor de la moneda, se agregaron otros más propios de un ministerio de Desarrollo Económico, diluyendo las metas de inflación a la mínima expresión. Una nueva caja para financiar un gasto público en expansión y precios en ascenso.
7. Expropiación parcial de YPF S.A. (abril de 2012): curiosa nacionalización de parte del paquete accionario para cortar con la ‘dependencia energética’. La necesidad de fondos para la reactivación de la exploración y explotación convencional y de shale-gas llevó a buscar desesperadamente aliados. Asignatura pendiente.
8. Expropiación de la empresa Ciccone (agosto 2012): ante el escándalo por sospechas de malversación de fondos, se corta por lo sano: la cuestionada empresa para al cobijo del Estado argumentando que una empresa privada no puede imprimir billetes. La Casa de la Moneda es la otra productora (estatal) que alimenta el deseo expansionista del Central.
9. Progresiva estatización de los servicios ferroviarios de pasajeros en el Gran Buenos Aires (2011-2013). Las deficiencias en el servicio, puesto de manifiesto en una serie de accidentes fatales, culminando con el de Once que causara 52 muertos (febrero 2012), llevó a buscar una solución conocida: más intervención estatal y mayor presupuesto para salarios en ascenso, con la ayuda del ejército de reserva de los ‘tercerizados’ no ferroviarios. Un servicio que todavía no produjo los resultados buscados y cuesta cada vez más.
10. Estatización por parte de la Provincia de Buenos Aires de la Autopista Buenos Aires-La Plata (julio 2013). Para no quedar fuera de la ola estatizadora, el gobernador Scioli también decidió revertir la concesión de esta vía rápida, con muchas deficiencias de seguridad, asumiendo un gran pasivo antes que un activo en ascenso.
Se entiende que el Estado se ata las manos al no intervenir en la actividad económica que despliegan los agentes. Cuando el mercado ‘falla’, la doctrina de todos los colores sostiene que la intervención del Gobierno se realiza para poder corregirlas. Pero la intervención no es sólo por apropiación directa de la oferta, sino también por intervención.
La contratara de esta ola estatizadora es al menos muy exigente:
a) ingentes fondos para inversiones en infraestructura;
b) planificación profesional y a largo plazo y
c) obsesión por prestar servicios de calidad.
Y con la estatización se han comprado, también, tres riesgos mayores:
- una exposición política permanente (caso Once);
- necesidad permanente de más fondos y
- un pasivo contingente de deudas a futuro.
Por lo visto, estos requisitos no fueron evaluados en su totalidad y podría arriesgar que hemos socializado muchos de estos costos económicos sin ver, todavía, los frutos de decisiones que no han sido económicas, sino políticas.
