Editorial del diario La Nación
Nunca antes en nuestra historia se había hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos y socios del poder
El reciente allanamiento realizado por el juez Claudio Bonadio en las oficinas de Alcalis de la Patagonia o Alpat, productora de carbonato de calcio (soda solvay) donde funciona el holding Indalo, puso el foco de la atención pública sobre esa compañía, cuya turbia historia culminó cuando fue adquirida por el zar del juego Cristóbal López en una maniobra urdida por Néstor Kirchner en 2005.
La historia de Alpat es un símbolo de la malversación de fondos del Estado en proyectos faraónicos, inspirados por el sueño autárquico de los gobiernos militares y aprovechados para hacer negocios en nombre de la soberanía.
En 1972, el gobierno nacional adjudicó a Alpat la instalación de una planta de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, para la fabricación de ese insumo básico a partir de sal y calizas extraídas en la región.
La construcción de la planta tomó más de 30 años, pues no se financiaba con inversiones privadas, sino con toda clase de recursos estatales, a través de aportes de un fondo especial, préstamos del Banco Nacional de Desarrollo garantizados con avales del Tesoro y ventajas impositivas.
Con el Estado siempre como avalista, los préstamos del exterior proveyeron de dinero fácil hasta que los vencimientos impagos cayeron sobre el fisco. Entre 1982 y 1988, todos los avales estaban caídos y, como consecuencia, casi un centenar de pagos fue efectuado por Hacienda.
Según el recordado Julio Rajneri, ex director del diario Río Negro, quien mejor conocía la historia de Alpat, este proyecto costó al país, entre avales, aportes, préstamos y diferimientos, una cifra cercana a los 500 millones de dólares.
Si el gobierno nacional hubiese hecho una auditoría de Alpat para saber adónde fueron esos fondos públicos, habría descubierto que el propósito del proyecto no era fabricar soda solvay, sino construir la obra civil de la planta y del puerto, equiparla con maquinaria importada y contratar consultoras para extender indefinidamente esa máquina de reciclar fondos del Estado.
A través del diferimiento de impuestos (IVA) que debían devolverse en un plazo de diez años, sin ajuste por inflación, las empresas contratistas aportaban a Alpat el IVA que no pagaban al fisco y luego recibían esos mismos fondos al certificar las obras, en una "calesita" que nunca debía detenerse. Del mismo modo, los proveedores de equipos inflaban su precio para sobrefacturarlos en beneficio propio y de algunos otros.
El negocio de Alpat no consistía en ponerla en marcha, sino en aumentar el monto de inversión autorizado por el Gobierno para habilitar así más avales y más diferimientos. La prueba es contundente: se invirtieron 500 millones de dólares y luego fue comprada por Cristóbal López por monedas, desviando fondos públicos como lo hizo con Petrobras.
En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron que firmara un decreto para pesificar las deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. El entonces presidente se negó a hacerlo en ese momento, pero las cosas cambiaron cuando falleció el dueño "tras las sombras" de Alpat, el francés Marcel Degraye, que la controlaba a través de Bergo Anstalt, una sociedad de Liechtenstein, también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing).
Los herederos de Degraye advirtieron que Alpat, agobiada por sus deudas y por su antigua tecnología, no podría ser competitiva sin renovación de los privilegios acordados por el Estado. El beneficio de facturar sin depositar el IVA, concedido en 1981 para cuando la planta funcionase, había expirado por la demora en la construcción. De ese modo, aceptaron la sugerencia de cederla a Cristóbal López, quien se haría cargo de las deudas y de hacerla competitiva "a su manera".
Luego de pactar los términos de la compra, pero sin cerrarla, el zar del juego obtuvo del presidente Kirchner el dictado del decreto 475/05 "de necesidad y urgencia", semejante al que también logró dos años después para las tragamonedas de Palermo.
Mediante ese escandaloso decreto, Kirchner le otorgó a Alpat, para que López confirmase la compra, los mismos beneficios que le habían pedido los gerentes de Degraye el año anterior. Es probable que ya entonces el presidente, astuto en temas de dinero, hubiera olfateado el negocio para hacer con sus amigos. ¿O para sí mismo?
Por orden presidencial, sus escribas debieron redactar la norma "ilegal", invocando la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, concluyendo cínicamente que se trataba de una "cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto".
Como no es posible cambiar de dueño de una sociedad con beneficios de promoción industrial sin que éstos caduquen y López aún no había comprado Alpat, el decreto citado autorizó, en forma inusual, la transferencia accionaria sin aquella penalidad.
En junio de 2006 se hizo público que South Minerals, una sociedad integrada por Oil M&S, Almería Austral, Hispano Americana de Petróleos, Tecnological SA, Oil Petróleos, Oil M&S Brasil, Combustibles del Rosario y Oil Construcciones compraron el 64,11 por ciento de Alpat.
Disfrazado de "reformulación de los términos del proyecto de promoción industrial", el decreto 475/05 dio nuevamente a Alpat el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo nunca visto con anterioridad respecto de una empresa ya en marcha con los beneficios promocionales vencidos y con nuevos dueños.
Además, se refinanció la deuda con el Estado nacional por 162,3 millones de pesos (con reducción de tasa y eliminación de punitorios) y se autorizó a Alpat a cancelar parte de esa deuda con un crédito fiscal de IVA (acumulado por las compras durante la construcción) por 26 millones de pesos. Este privilegio fue inédito y paradojal, pues existe un célebre caso de la Corte Suprema de Justicia, de 1986, justamente llamado "caso Alpat", donde se resolvió que los créditos por IVA ("saldos técnicos") no son reintegrables por el fisco y solamente pueden usarse contra futuros débitos fiscales generados con el giro del negocio. Y ésa sigue siendo la situación para el resto de los mortales, salvo para Cristóbal López, a quien Kirchner autorizó a pagar deudas financieras con saldos técnicos.
Para completar el negocio, el Gobierno otorgó a Alpat, proveedor monopólico de soda solvay, la posibilidad de aumentar sus precios, mediante la imposición de un derecho de importación del 10%. Ese arancel se complementó con licencias no automáticas y la inhabilitación para el desembarco del producto por la aduana de Campana, por donde históricamente ingresó el grueso del carbonato. No había ningún justificativo para que el Gobierno concediese esos inusuales beneficios a Cristóbal López. La ley sobre acuerdos preventivos extrajudiciales permitía al Estado nacional, como principal acreedor de Alpat, llevar a cabo un proceso judicial de cramdown para licitar entre varios interesados la venta de la empresa con los beneficios que se otorgaron en la penumbra al referido López.
Nunca antes se ha hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos del poder. Nunca antes se había registrado tal nivel de corrupción en el país y lo que se conoce es apenas la punta del iceberg. Detrás de la pobreza y la delincuencia hay que buscar a quienes se han llevado el dinero votado en el presupuesto para otros fines, a través de la obra pública, el impuesto a los combustibles, los bingos y la apropiación del IVA. Son muchos quienes prefieren ignorar la relación entre ambas cosas, tiñendo así de inmoralidad sus discursos morales.
