Por Daniel Gallo | LA NACION
Scioli, Macri y Massa coinciden en la necesidad de transferir el área de Seguridad metropolitana al gobierno porteño; el narcotráfico es el delito que más preocupa a los equipos de campaña, que preparan opciones para contener su avance
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| Foto Crédito INFOBAE |
Uno de los cambios más importantes en el área de seguridad será el inicio del
traspaso de la Policía Federal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un proyecto en el que están de acuerdo los tres candidatos presidenciales, incluso Daniel Scioli hizo pública su posición al respecto. Las diferencias tienen que ver con la forma en que se implementará esa transferencia. Pero a partir de esa modificación del sistema federal de seguridad se sustentan varias de las propuestas de reforma en la seguridad pública.
Hasta el momento en la ciudad de Buenos Aires comparten responsabilidades de protección pública la Policía Federal y la Policía Metropolitana, además de los refuerzos especiales de Gendarmería y Prefectura en la zona sur. La Policía Metropolitana fue creada en 2008 por el gobierno porteño de Mauricio Macri y entró en funciones en 2010. El problema central del traspaso de funciones tiene que ver con la asignación de recursos económicos. Y eso es lo que diferencia también a las propuestas de los candidatos.
En el presupuesto 2015 la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal tiene asignados 4800 millones de pesos. Y otros 920 millones de pesos figuran para el funcionamiento de la Superintendencia de Bomberos, que se integraría en el traspaso. Unos 15.000 agentes de la Policía Federal estarían involucrados en ese traslado.
Scioli aseguró que como presidente formará una mesa de análisis para determinar qué recursos transferirá el Estado a la ciudad y durante qué período.
En las propuestas de Macri y de Sergio Massa aparece el traslado de ese personal al gobierno porteño con la correspondiente partida presupuestaria de funcionamiento.
En los planes de trabajo de Massa sobre este punto figuran modificaciones legales y administrativas para que el Ministerio de Seguridad de la Nación pueda disponer en algunas circunstancias especiales de parte de las fuerzas asignadas en la ciudad que alberga a la Casa Rosada. El traspaso de los policías implicará, además, una coordinación sobre salarios, antigüedad y aportes jubilatorios.
NARCOTRÁFICO
La consolidación del narcotráfico y el crecimiento del consumo de drogas, que a su vez expande el mercado de venta, forman parte de las principales preocupaciones sociales y los cantidatos prepararon ejes de trabajo sobre ese tema. Hay coincidencia en establecer una agencia especializada en narcotráfico, aunque las propuestas tienen algunas diferencias entre sí.
Entre los documentos de trabajo que tiene Daniel Scioli figura una agencia de esas características sustentada por las áreas de
inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad. Sería un centro de análisis de la situación de tráfico de drogas del que emergerían planes de acción.
Sergio Massa también creará una unidad especial de información sobre narcotráfico, dentro de un sistema de seguridad interior ampliado que integrará en la
mesa de análisis de información no sólo a las cuatro fuerzas de seguridad, sino también al servicio penitenciario, la AFI (ex SIDE), la AFIP, Aduana y las Fuerzas Armadas.
En el entorno de Mauricio Macri se ve a la
agencia especial contra el crimen organizado como una especie de FBI local con capacidad de análisis de información y movimientos en el terreno, integrándose con las áreas dedicadas hoy a las investigaciones complejas de la Policía Federal y sus contrapartes de la Gendarmería y la Prefectura.
Entre las propuestas de Cambiemos figura, además,
no prorrogar la ley de blanqueo de capitales, al entenderse a esa norma como
un potencial riesgo de lavado de dinero narco. El Frente para la Victoria impulsará un acuerdo político con las provincias para que la
lucha contra el narcomenudeo sea encarada por las policías y tribunales provinciales, mientras que el candidato de UNA apuesta a disminuir el consumo de drogas en los barrios con un presupuesto de 9000 millones de pesos y la actividad de 20.000 tutores como referentes positivos para los jóvenes.
Entre los referentes de los tres candidatos principales a ocupar el Poder Ejecutivo hay coincidencia también en el
rechazo a la legalización de la tenencia de drogas o la regulación de la producción y venta.
FRONTERAS
Entre las alternativas de modificaciones en el área de seguridad ocupa un lugar importante la
situación en la frontera norte. El ingreso de drogas y contrabando por pasos clandestinos tiene en las carpetas de los tres candidatos un rol para el Ejército.
El Frente para la Victoria continuará con la utilización de unidades militares en patrullajes fronterizos. En las propuestas de Cambiemos y de UNA también aparece la
participación militar en el control de las zonas no pobladas de las fronteras. En el esquema previsto por Macri el Ejército no sería usado directamente en el conflicto contra los narcos, mientras que los técnicos de Massa analizan armar patrullajes mixtos en las fronteras con gendarmes incorporados entre soldados, mientras que en lugares urbanos la presencia militar será limitará a sostén logístico.
En UNA se planea una reforma en las leyes orgánicas de la Gendarmería y de la Prefectura para modernizarlas, mientras que Cambiemos propone que esas dos fuerzas federales recuperen sus actividades primarias de control en las fronteras en lugar de ser utilizadas como refuerzo permanente de la seguridad urbana.
Entre las propuestas del Frente para la Victoria se piensa en triplicar, en cuatro años, la cantidad de gendarmes y prefectos. También formaría una gendarmería urbana para colaborar directamente de la seguridad en las ciudades.
En el área de seguridad fronteriza los equipos de Macri y Massa coinciden en promulgar una ley de protección del espacio aéreo, comúnmente llamada ley de derribo. En sus proyectos el tiro de destrucción será el último recurso luego de un protocolo de advertencias de entre cinco y siete pasos.
Scioli no plantea esa alternativa del derribo de aeronaves no identificadas y proyecta aumentar la vigilancia en las fronteras mediante el uso de drones fabricados por el Invap.
Cambiemos buscará imponer en el Congreso una ley para
reprimir el comercio ilegal de precursores químicos, en tanto que UNA también prepara la penalización del tráfico de esos compuestos que sirven para los laboratorios de drogas.
INTERIOR
El traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, posición compartida por los tres candidatos, introdujo en las propuestas la situación de seguridad en las provincias. Más allá de la acción con las fuerzas federales, las alternativas en cada agrupación política implican también una coordinación con los gobernadores para bajar los índices de delito en todos los distritos.
Daniel Scioli tiene proyectado replicar en el interior el sistema de policías locales que implementó este año en la provincia de Buenos Aires. Su propuesta es concretar convenios con las provincias y los municipios para sumar 100.000 nuevos agentes en cuatro años. En esa alternativa el Estado se haría cargo de parte de la capacitación y los salarios. Ese plan tiene como objetivo destinar a esos agentes a la primera barrera de contención urbana contra el delito común. La iniciativa se completa con una reforma en el rol de las policías provinciales a partir de las tareas delegadas a los policías locales. Scioli piensa en entrenar a parte de las policías provinciales para que se hagan cargo del combate contra el narcomenudeo en sus distritos y así reservar a las fuerzas federales para investigaciones más complejas.
En UNA también se toma en cuenta a las policías provinciales dentro del desarrollo del sistema de seguridad nacional. Incluso se proyecta dotar de mayores elementos tecnológicos a las policías que ya operan en los municipios bonaerense, como
acuerdos de transferencia de información para que los centros de monitoreo puedan verificar en el momento si un vehículo es robado. Massa también impulsa compartir con las provincias y municipios la
información de antecedentes penales y pedidos de captura para que los agentes en la calle puedan hacer verificaciones instantáneas de identidades.
En Cambiemos proponen dotar a las policías provinciales de mayores recursos tecnológicos y afirman que se procurará modernizar la capacitación y entrenamiento de esos agentes. La idea cerca de Macri es que el Estado -en todos sus niveles- recupere la presencia integral en los barrios de todos los distritos.
LEYES
Más allá de las situaciones específicas vinculadas con el funcionamiento de la Justicia, algunos puntos de las propuestas en las que trabajan los candidatos presidenciales tienen directa vinculación con sus planes de seguridad.
En el caso de Cambiemos se espera concretar un paquete de normas para
atacar la ruta económica del tráfico de drogas, como una modificación de la ley de lavado de dinero. En el equipo de asesores de Macri en la materia consideran que la ley actual marca sus deficiencias al contarse con sólo tres condenas por ese delito. En ese mismo sentido se prepara una ley que permita el
decomiso rápido de bienes de organizaciones criminales complejas, además de buscarse la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. También se habilitará el debate legislativo para generar una
ley de protección del espacio aéreo.
En el lado de Sergio Massa se pondrá en discusión la ley de seguridad interior, para ampliar los actores que participan en ese esquema, y se propone agregar al sistema de inteligencia al Servicio Penitenciario, para obtener la
información sobre delitos que emana desde las cárceles.
Además de promover una ley para la extinción de domino para alcanzar los bienes narcos, en esa clase de delitos complejos y transnacionales se buscará una norma que invierta la carga de la prueba sobre bienes para que el sospechoso tenga que aclarar el origen de los fondos.
También en UNA se prepara la consolidación del soporte legal para las entregas vigiladas de drogas, se permitirá la figura del arrepentido en caso de que éste aporte pruebas para lograr al menos dos condenas de eslabones superiores en su línea de delito y
se creará el rol de "agente provocador", que tendrá mayores capacidades operativas que el agente encubierto.
En delitos comunes se piensa en aumentar las penas por homicidios o robos violentos y aparece la figura de robo con moto como agravante.
En el Frente para la Victoria se pondrá en debate una modificación del régimen penal juvenil y se buscará que las provincias adopten las leyes de desfederalización del combate a la venta de drogas..
