(Diario La Nación) - El
Gobierno decidió liberar la traza del tren Belgrano Cargas, sobre la
que habían sido construidas viviendas, a cambio de un pago a sus
ocupantes; hay rechazo a la reactivación del ramal
Las vías lentamente vuelven a aparecer. Foto: LA NACION / Maxie Amena
Más de 800.000 pesos en subsidios abonó
el Estado nacional a 27 familias de la villa 31, en Retiro, como
indemnización por el desalojo y la demolición de las casas en las que
vivían sobre las vías del ferrocarril Belgrano Cargas , que se pretende reactivar. El monto sería mucho mayor, a juzgar por los testimonios de los propios ocupantes.
Mientras voceros de la Administración General de
Puertos (AGP), titular de las tierras en cuestión y responsable de los
pagos, admitieron haber erogado en promedio $ 30.000 por familia, los
habitantes de algunas de las casas demolidas denunciaron ayer que hubo
quienes cobraron hasta 160.000 pesos.
Las tareas de demolición habían comenzado anteayer en
el barrio El Correo, en el cruce de la avenida Ramón Castillo y la calle
10, sin inconvenientes. Pero ayer las topadoras no pudieron avanzar con
la remoción de los escombros: otro grupo de 20 familias, instaladas
bajo la autopista Illia, a metros de los rieles, lo impidió. Temen,
según explicaron, que el futuro paso del tren provoque vibraciones que
afecten a sus viviendas e incluso pongan en riesgo sus vidas.
Los habitantes habían levantado sus viviendas hace tres
años y medio allí, en inmediaciones de las vías e incluso sobre ellas.
Las casas ocuparon un sector de 150 metros de largo; algunas de ellas
quedaron bajo la autopista Illia.
"Si yo hubiera sabido que algún día se iban a habilitar
estas vías no hubiese de ninguna manera invertido en la construcción de
la casa de mi familia y de un local", se quejó ante LA NACION Patricia,
que prefirió mantener en reserva su apellido por miedo a represalias.
El frente de su comercio y la habitación donde viven su hermana y su
cuñado se apoyan sobre las vías que la AGP pretende volver a poner en
marcha.
Contó que el viernes de la semana pasada funcionarios
de ese organismo le ofrecieron $ 30.000 para quedarse con los 16 metros
que su propiedad ocupa sobre los rieles. "Como sabía que a mi vecino le
habían dado $ 160.000, me negué. Al rato, otra persona me llamó y me
dijo que eran $ 50.000, luego $ 170.000. Y ayer [por anteayer] otra vez
volvimos a los $ 50.000. ¡Siento que me están burlando!", agregó
Patricia.
Ayer a la tarde, y mientras las obras para remover los
escombros de otras viviendas seguían su curso, la mujer recibió una
citación con el membrete de la Policía Federal para presentarse hoy ante
Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal N° 7, por
"interrupción de las comunicaciones", según indicaba el documento que
exhibió a LA NACION.
Casanello tiene a su cargo un expediente impulsado por la AGP con el objetivo de liberar las vías. En rigor, las negociaciones entre los habitantes y las
autoridades llevaban unos dos meses. Si bien ayer las versiones en el
lugar eran confusas, se supo que la totalidad de las 27 familias por
desalojar habían aceptado cobrar un subsidio del gobierno nacional para
permitir la demolición de sus casas. Unos hablaban de $ 80.000 y, otros, de 120 y hasta
160.000 pesos. No faltó quien dijera que algunos habían sido
indemnizados con viviendas en otro barrio lejano.
No obstante, ayer, algunos de los afectados se
resistieron a abandonar el lugar. Aseguraban no haber negociado con
nadie y temían por la integridad de sus hogares precarios en caso de que
el tren circulara cerca, o se quejaban porque no habían recibido una
propuesta de la AGP acorde con sus reclamos.
Es el caso de Marta Castro, una de las vecinas más
movilizadas. "Me ofrecieron $ 60.000 para dejar mi casa. ¿A dónde me voy
con ese dinero si acá me piden $ 200.000 para comprar?", se preguntó.
Finalmente, llegó a un acuerdo provisorio y "cedió" para que parte de su
casa, la que está construida sobre los rieles, fuera destruida.
"Piensan que nos arreglan con poco porque vivimos en una villa. Sólo
queremos vivir dignamente", agregó.
Si bien el trabajo de demolición y remoción de
escombros avanzaba ayer hacia la avenida Castillo, al otro lado, bajo la
autopista Illia, la limpieza de los rieles debió detenerse. Unas 20
familias frenaron el avance de las topadoras. "Nadie se acercó a
ofrecernos nada. De un día para el otro comenzaron a ocupar la zona",
contó Teresa.
De las 20 casillas construidas bajo la autopista no
haría falta derrumbar ninguna, pero sus habitantes temen que la
reactivación del ferrocarril provoque vibraciones que destruyan sus
viviendas. Maricel López se quejó: "No nos ofrecieron nada y vivimos acá
desde hace como ocho años". Al cierre de esta edición, este grupo
planeaba no dejar pasar las topadoras e incluso cortar la autopista
Illia si su reclamo no era escuchado.
Radiografía del asentamiento
- Evolución: La villa 31 comenzó a formarse en la década de 1930. Hoy, entre la 31 y la 31 bis, agrupan a casi 30.000 habitantes
- Zona afectada: La demolición de ayer afectó al barrio El Correo, junto al viejo edificio postal
