El "relato" se
quedó sin caja y hay que empezar a ajustar más de prisa. Claro está, siempre que
no se note. Es que hacerlo a la manera tradicional rompería el discurso oficial.
El Gobierno apunta entonces a "dosis homeopáticas" para corregir desequilibrios
que ya vienen desde hace años. ¿Alcanza?
Como afirma el viejo dicho: si un animal tiene cuatro patas, mueve la cola y
ladra, seguro que es un perro, por más que el discurso oficial quiera sostener
lo contrario.
De la misma manera, si una política tiene forma de ajuste, olor a ajuste y cara de ajuste, entonces es un ajuste, por más que el Gobierno le quiera poner otro nombre.
Esto es, ni más ni menos, lo que ocurre en la Argentina de hoy, si se tiene en cuenta que, sorpresivamente, y en un corto período, se han adoptado medidas tales como:
Más allá de que el "relato" proclame la negativa a las recetas de austeridad, ya es inocultable que, puertas adentro, hay algo que el equipo económico del Gobierno mantiene en consonancia con los ajustes tradicionales: un diagnóstico de escasez de recursos.
En otras palabras, se terminó la caja, y llegó la hora de buscar financiamiento genuino para un gasto público que ha subido de manera explosiva.
Todos los economistas, incluso aquellos que suelen criticar al Gobierno por su propensión a usar la billetera más de lo recomendable, coinciden en que es evidente el cambio de actitud en los despachos del ministerio de Economía. "Creo que Axel Kicillof debe estar muy preocupado por la situación del país, porque cuando uno ve las medidas que se toman, apuntan a contener el gasto y las necesidades de financiar el desbalance desde el Banco Central", observa el influyente Miguel Angel Broda.
Su visión es que el Gobierno siente que "se ha encontrado con restricciones y que ya no puede, como antes, hacer políticas expansivas".
En la misma línea, el economista jefe de la fundación FIEL, Juan Luis Bour, destaca que en el corto plazo "el Gobierno no va a poder hacer una política fiscal tan expansiva".
En su visión, las propias limitaciones con las que se encuentra el modelo harán que modere su "pasión" por darle a la maquinita de emitir.
También desde la consultora Analytica, el economista Ricardo Delgado comparte ese análisis: "Este año el déficit fiscal ha sido financiado recurriendo al Banco Central, pero esto encuentra un límite".
Y pone la lupa sobre el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por contener los salarios en los sectores de ingresos medios y altos que, este año, dejaron de crecer por encima de la inflación y, más bien, se limitaron a acompañarla.
Para el economista Federico Muñoz, en tanto, es evidente una lucha interna entre los objetivos políticos del Gobierno -que sabe que su suerte está ligada a los ciclos de alto consumo- y las urgencias que le imponen el deterioro de la caja fiscal y la pérdida de competitividad.
"La jugada se parece al embrión culposo de un ajuste clásico. Esto es una política monetaria algo más restrictiva (suba de tasas y moderación de la emisión) y un atisbo de ajuste fiscal para morigerar el índice inflacionario. Por otra parte, el mayor ritmo de suba del dólar oficial apunta a revertir el ostensible retraso del tipo de cambio", observa Muñoz.
Lo nuevo, en envase "mini"
Lo que también queda claro es que se trata de un ajuste con características propias, diferente de los clásicos planes que buscan un shock estabilizador.
Por eso, tal vez resulte algo exagerado calificar al actual momento como "un retorno a la política neoliberal", como acusa el líder sindical Hugo Moyano.
Las diferencias radican, primero, en ciertas particularidades que distinguen al modelo K, como el fuerte cierre importador y el mantenimiento del férreo cepo cambiario.
La otra diferencia reside en la velocidad. A diferencia de los ajustes históricos, que implicaban correcciones bruscas, ahora se busca que la recuperación del equilibrio se haga en "dosis homeopáticas".
Es por eso que las dimensiones de este ajuste son pequeñas. El último incremento tarifario anunciado por Julio de Vido y Axel Kicillof, por ejemplo, implica una suba promedio de $20 por bimestre en las boletas de servicio eléctrico.
No es una cifra que califique como para hablar de "tarifazo" sino, más bien, de "mini ajuste". Es decir, están presentes todos los componentes del ajuste clásico, pero la consigna es ir haciéndolo de a poquito.
Éste es el motivo por el cual varios analistas ponen en duda la eficacia de estas medidas. Consideran que el gradualismo con el que el Gobierno intenta corregir las distorsiones ya no resulta suficiente.
"Se ha venido cebando otra crisis", grafica Manuel Solanet, director de la fundación Libertad y Progreso, quien destaca que durante la "era K" el gasto público pasó de un 30% del PBI a un 43% y la planta de empleados estatales creció casi un 50%.
¿Alcanza el gradualismo?
El aumento tarifario en electricidad y gas se ha transformado en un caso emblemático sobre el punto de inflexión en el que se encuentra el modelo K.
Los analistas oscilan entre celebrar el hecho de que el Ejecutivo haya reaccionado ante la grave situación de deterioro del "colchón energético" o si quejarse por lo insuficiente de las medidas anunciadas.
"El Gobierno está complicado por el prejuicio ideológico con el que enfoca esta situación. Ahora este nuevo cargo que crearon es dinero que no va a llegar a las empresas que prestan el servicio -que son justamente las que están en dificultades- así que me permito dudar sobre cómo saldrá todo", señala Solanet, que claramente se ubica entre los escépticos.
Su comentario es contundente: "Estos ajustes graduales ya no alcanzan cuando se ha llegado al nivel de retraso tarifario que tenemos y con este nivel de inflación. Se viene por delante una corrección dura".
En cambio, Alieto Guadagni, uno de los ex secretarios de energía que ha venido advirtiendo sobre la crisis, prefiere destacar la mitad del vaso lleno: "Es una medida en el sentido correcto. Seguro que es insuficiente, pero al menos se reconoce que hay necesidad de financiar más inversiones".
Entre quienes ven este paso como insuficiente se encuentra Jorge Colina, economista jefe de la fundación Idesa, quien destaca que los subsidios a la electricidad y al gas equivalen, cada uno, a todo el déficit fiscal del país.
"El déficit de inversiones que no se hicieron en más de una década no se revierte creando un fondo estatal adicional a los muchos que ya se crearon", se queja Colina, para quien es imperioso sincerar las tarifas de acuerdo a los costos reales del servicio para todos los que lo puedan pagar.
En la misma línea, Federico Muñoz critica al "mini tarifazo", al cual considera como un anuncio "culposo, tardío, inoportuno e insuficiente".
El difícil camino del medio
Lo que hay que reconocerles a los funcionarios K es que tienen una tarea difícil por delante: no sólo deben llevar a cabo un ajuste sino que tienen que presentarlo como un "anti ajuste". Esto implica todo un desafío para la capacidad retórica.
Como la demostrada por Kicillof cuando -para justificar la no actualización del Impuesto a las Ganancias o los nuevos cargos tarifarios en los servicios públicos- destacó que estos aumentos quedan neutralizados por el pago de subsidios a los servicios.
O como cuando, al anunciar la creación de un registro que controle el pago de todas las transferencias a sectores privados, dijo que la idea no era el recorte presupuestario sino que era necesario garantizar que no hubiera un "Estado bobo".
Pero el mayor malabarismo de esta nueva etapa de los ajustes en "formato mini" se encuentra en la política cambiaria.
Sin que ningún funcionario se ponga colorado, y luego de años de haber defendido las bondades reactivantes de una política de tipo de cambio alto, ahora se pasó a vanagloriar un dólar barato, con el argumento de que beneficia a los industriales que pagan menos al importar maquinarias.
Y ahora surge un nuevo giro: al mismo tiempo que los discursos se llenan de críticas al "club de los devaluadores", se duplica el ritmo de deslizamiento en la cotización del billete verde oficial.
Pasó de un 7% anual a un 15%, y los economistas creen que puede estabilizarse en un 20% para el año próximo.
Como si, sin anunciarlo explícitamente, se estuviera reconociendo que ya no es sostenible un "gap" de 15 puntos entre inflación y devaluación.
Todo un difícil equilibrio, donde se procura una "mini devaluación" para que, por un lado, no sea demasiado violenta, porque se teme que no tenga un contagio inflacionario. Pero, por otro, que sea lo suficientemente alta como para devolverle algo de competitividad a los sectores más "ahogados" que pierden mercados de exportación.
Como siempre, la duda reside en si este camino gradualista dará el resultado buscado o si, por el contrario, sólo se pagará la parte negativa de una devaluación (la pérdida de poder adquisitivo) sin disfrutar de un eventual efecto reactivante.
Para el influyente economista Miguel Bein, es evidente que el ritmo más acelerado de suba del dólar ya está teniendo una presión sobre los precios, aunque ese efecto quede algo disimulado por el hecho de que éste fue un año "frío" en la economía y con moderación salarial.
En tanto, Muñoz advierte que "si no se va a frenar la inflación, la devaluación nominal nunca va a llegar a ser una devaluación real".
En la base de todas las críticas hay un mismo argumento: ninguna política de ajuste dará resultado si no apunta, principalmente, a un cambio de expectativas.
Es el punto donde el Gobierno sigue sin ser efectivo. Las encuestas sobre humor de los consumidores continúan mostrando una caída en la percepción sobre estabilidad en el empleo y sobre disposición para el consumo.
Ahí está, tal vez, el gran desafío. Una economía con inconsistencias genera desconfianza, pero un programa de ajuste que apunte a corregir esos problemas puede deprimir a los consumidores.
El Gobierno pretende transitar por el camino del medio, tratando de que su mini ajuste se note lo menos posible.
No se siente cómodo con ese papel, pero ha quedado en evidencia que tiene una gran preocupación: ya no hay "caja" para pagar la fiesta de desajustes que se extendiera durante tantos años.
Comentario:
La historia siempre se repite: primero establecer demagogia sin determinar prioridades y luego efectuar el ajuste por deficit de gestión. ¿Nuestros políticos no aprenden más o lo llamamos ineptocracia?
De la misma manera, si una política tiene forma de ajuste, olor a ajuste y cara de ajuste, entonces es un ajuste, por más que el Gobierno le quiera poner otro nombre.
Esto es, ni más ni menos, lo que ocurre en la Argentina de hoy, si se tiene en cuenta que, sorpresivamente, y en un corto período, se han adoptado medidas tales como:
- Recortes en el gasto público, que está creciendo a un ritmo del 19% (es decir, por debajo de la inflación), después de un año de haber registrado un incremento promedio del 29%.
- Aceleración en la suba del dólar, que hace un año era del 7% anual, y ahora se ubica en el 15%, con perspectivas de estacionarse en un 20% para el año próximo.
- Subas en las tasas de interés, convalidadas por el Banco Central, que priorizó el mantenimiento de los depósitos bancarios.
- Aumento de la presión impositiva, principalmente a través de la no actualización del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias.
- Subas de las tarifas públicas, mediante la creación de nuevos cargos para realizar inversiones en las redes de electricidad y gas.
- Contención a los aumentos salariales, al punto de que el Gobierno condiciona un alivio impositivo al hecho de que haya moderación en las próximas paritarias.
Más allá de que el "relato" proclame la negativa a las recetas de austeridad, ya es inocultable que, puertas adentro, hay algo que el equipo económico del Gobierno mantiene en consonancia con los ajustes tradicionales: un diagnóstico de escasez de recursos.
En otras palabras, se terminó la caja, y llegó la hora de buscar financiamiento genuino para un gasto público que ha subido de manera explosiva.
Todos los economistas, incluso aquellos que suelen criticar al Gobierno por su propensión a usar la billetera más de lo recomendable, coinciden en que es evidente el cambio de actitud en los despachos del ministerio de Economía. "Creo que Axel Kicillof debe estar muy preocupado por la situación del país, porque cuando uno ve las medidas que se toman, apuntan a contener el gasto y las necesidades de financiar el desbalance desde el Banco Central", observa el influyente Miguel Angel Broda.
Su visión es que el Gobierno siente que "se ha encontrado con restricciones y que ya no puede, como antes, hacer políticas expansivas".
En la misma línea, el economista jefe de la fundación FIEL, Juan Luis Bour, destaca que en el corto plazo "el Gobierno no va a poder hacer una política fiscal tan expansiva".
En su visión, las propias limitaciones con las que se encuentra el modelo harán que modere su "pasión" por darle a la maquinita de emitir.
También desde la consultora Analytica, el economista Ricardo Delgado comparte ese análisis: "Este año el déficit fiscal ha sido financiado recurriendo al Banco Central, pero esto encuentra un límite".
Y pone la lupa sobre el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por contener los salarios en los sectores de ingresos medios y altos que, este año, dejaron de crecer por encima de la inflación y, más bien, se limitaron a acompañarla.
Para el economista Federico Muñoz, en tanto, es evidente una lucha interna entre los objetivos políticos del Gobierno -que sabe que su suerte está ligada a los ciclos de alto consumo- y las urgencias que le imponen el deterioro de la caja fiscal y la pérdida de competitividad.
"La jugada se parece al embrión culposo de un ajuste clásico. Esto es una política monetaria algo más restrictiva (suba de tasas y moderación de la emisión) y un atisbo de ajuste fiscal para morigerar el índice inflacionario. Por otra parte, el mayor ritmo de suba del dólar oficial apunta a revertir el ostensible retraso del tipo de cambio", observa Muñoz.
Lo nuevo, en envase "mini"
Lo que también queda claro es que se trata de un ajuste con características propias, diferente de los clásicos planes que buscan un shock estabilizador.
Por eso, tal vez resulte algo exagerado calificar al actual momento como "un retorno a la política neoliberal", como acusa el líder sindical Hugo Moyano.
Las diferencias radican, primero, en ciertas particularidades que distinguen al modelo K, como el fuerte cierre importador y el mantenimiento del férreo cepo cambiario.
La otra diferencia reside en la velocidad. A diferencia de los ajustes históricos, que implicaban correcciones bruscas, ahora se busca que la recuperación del equilibrio se haga en "dosis homeopáticas".
Es por eso que las dimensiones de este ajuste son pequeñas. El último incremento tarifario anunciado por Julio de Vido y Axel Kicillof, por ejemplo, implica una suba promedio de $20 por bimestre en las boletas de servicio eléctrico.
No es una cifra que califique como para hablar de "tarifazo" sino, más bien, de "mini ajuste". Es decir, están presentes todos los componentes del ajuste clásico, pero la consigna es ir haciéndolo de a poquito.
Éste es el motivo por el cual varios analistas ponen en duda la eficacia de estas medidas. Consideran que el gradualismo con el que el Gobierno intenta corregir las distorsiones ya no resulta suficiente.
"Se ha venido cebando otra crisis", grafica Manuel Solanet, director de la fundación Libertad y Progreso, quien destaca que durante la "era K" el gasto público pasó de un 30% del PBI a un 43% y la planta de empleados estatales creció casi un 50%.
¿Alcanza el gradualismo?
El aumento tarifario en electricidad y gas se ha transformado en un caso emblemático sobre el punto de inflexión en el que se encuentra el modelo K.
Los analistas oscilan entre celebrar el hecho de que el Ejecutivo haya reaccionado ante la grave situación de deterioro del "colchón energético" o si quejarse por lo insuficiente de las medidas anunciadas.
"El Gobierno está complicado por el prejuicio ideológico con el que enfoca esta situación. Ahora este nuevo cargo que crearon es dinero que no va a llegar a las empresas que prestan el servicio -que son justamente las que están en dificultades- así que me permito dudar sobre cómo saldrá todo", señala Solanet, que claramente se ubica entre los escépticos.
Su comentario es contundente: "Estos ajustes graduales ya no alcanzan cuando se ha llegado al nivel de retraso tarifario que tenemos y con este nivel de inflación. Se viene por delante una corrección dura".
En cambio, Alieto Guadagni, uno de los ex secretarios de energía que ha venido advirtiendo sobre la crisis, prefiere destacar la mitad del vaso lleno: "Es una medida en el sentido correcto. Seguro que es insuficiente, pero al menos se reconoce que hay necesidad de financiar más inversiones".
Entre quienes ven este paso como insuficiente se encuentra Jorge Colina, economista jefe de la fundación Idesa, quien destaca que los subsidios a la electricidad y al gas equivalen, cada uno, a todo el déficit fiscal del país.
"El déficit de inversiones que no se hicieron en más de una década no se revierte creando un fondo estatal adicional a los muchos que ya se crearon", se queja Colina, para quien es imperioso sincerar las tarifas de acuerdo a los costos reales del servicio para todos los que lo puedan pagar.
En la misma línea, Federico Muñoz critica al "mini tarifazo", al cual considera como un anuncio "culposo, tardío, inoportuno e insuficiente".
El difícil camino del medio
Lo que hay que reconocerles a los funcionarios K es que tienen una tarea difícil por delante: no sólo deben llevar a cabo un ajuste sino que tienen que presentarlo como un "anti ajuste". Esto implica todo un desafío para la capacidad retórica.
Como la demostrada por Kicillof cuando -para justificar la no actualización del Impuesto a las Ganancias o los nuevos cargos tarifarios en los servicios públicos- destacó que estos aumentos quedan neutralizados por el pago de subsidios a los servicios.
O como cuando, al anunciar la creación de un registro que controle el pago de todas las transferencias a sectores privados, dijo que la idea no era el recorte presupuestario sino que era necesario garantizar que no hubiera un "Estado bobo".
Pero el mayor malabarismo de esta nueva etapa de los ajustes en "formato mini" se encuentra en la política cambiaria.
Sin que ningún funcionario se ponga colorado, y luego de años de haber defendido las bondades reactivantes de una política de tipo de cambio alto, ahora se pasó a vanagloriar un dólar barato, con el argumento de que beneficia a los industriales que pagan menos al importar maquinarias.
Y ahora surge un nuevo giro: al mismo tiempo que los discursos se llenan de críticas al "club de los devaluadores", se duplica el ritmo de deslizamiento en la cotización del billete verde oficial.
Pasó de un 7% anual a un 15%, y los economistas creen que puede estabilizarse en un 20% para el año próximo.
Como si, sin anunciarlo explícitamente, se estuviera reconociendo que ya no es sostenible un "gap" de 15 puntos entre inflación y devaluación.
Todo un difícil equilibrio, donde se procura una "mini devaluación" para que, por un lado, no sea demasiado violenta, porque se teme que no tenga un contagio inflacionario. Pero, por otro, que sea lo suficientemente alta como para devolverle algo de competitividad a los sectores más "ahogados" que pierden mercados de exportación.
Como siempre, la duda reside en si este camino gradualista dará el resultado buscado o si, por el contrario, sólo se pagará la parte negativa de una devaluación (la pérdida de poder adquisitivo) sin disfrutar de un eventual efecto reactivante.
Para el influyente economista Miguel Bein, es evidente que el ritmo más acelerado de suba del dólar ya está teniendo una presión sobre los precios, aunque ese efecto quede algo disimulado por el hecho de que éste fue un año "frío" en la economía y con moderación salarial.
En tanto, Muñoz advierte que "si no se va a frenar la inflación, la devaluación nominal nunca va a llegar a ser una devaluación real".
En la base de todas las críticas hay un mismo argumento: ninguna política de ajuste dará resultado si no apunta, principalmente, a un cambio de expectativas.
Es el punto donde el Gobierno sigue sin ser efectivo. Las encuestas sobre humor de los consumidores continúan mostrando una caída en la percepción sobre estabilidad en el empleo y sobre disposición para el consumo.
Ahí está, tal vez, el gran desafío. Una economía con inconsistencias genera desconfianza, pero un programa de ajuste que apunte a corregir esos problemas puede deprimir a los consumidores.
El Gobierno pretende transitar por el camino del medio, tratando de que su mini ajuste se note lo menos posible.
No se siente cómodo con ese papel, pero ha quedado en evidencia que tiene una gran preocupación: ya no hay "caja" para pagar la fiesta de desajustes que se extendiera durante tantos años.
Comentario:
La historia siempre se repite: primero establecer demagogia sin determinar prioridades y luego efectuar el ajuste por deficit de gestión. ¿Nuestros políticos no aprenden más o lo llamamos ineptocracia?
El Gobierno argentino pasó uno de los test más difíciles y que llegó a poner
entre la espada y la pared al relato K. Por un lado, la Corte de Apelaciones de Nueva York hizo lugar al pedido para
que suspendiera el fallo del juez Griesa en contra de la Argentina. Por otro, la
Organización Marítima Internacional certificó que la Fragata no podía ser
retenida por tratarse de una embarcación militar. Estas decisiones llegaron en el momento justo y le dieron un
poco de oxígeno a la política exterior del Gobierno, que no paró de recibir
reveses a lo largo de varias semanas.
Después de que Mercedes Benz
recibiera la encomienda, en octubre pasado, de varios cientos de camiones Atego
1725 y 1726 para las Fuerzas Armadas de Brasil y que antes Ford entregase
algunas decenas de camiones Euro 5 a la FAB, MAN- ya el segundo proveedor de
camiones del Ejército, con casi 700 unidades- ha recibido encargos por casi
3.500 unidades destinadas, principalmente, a bases y cuarteles del nordeste.
