Por Patricio Eleisegui - iprofesional.com
El capital foráneo ya controla en el país 20 millones de hectáreas, y hoy se ofrecen a la venta otras 15 millones. La mitad de las 2.000 empresas que vienen concentrando la producción son trasnacionales. Lotes que se venden con centros urbanos funcionando. Los casos más sorprendentes.
Con los ecos de la decisión del Gobierno de impulsar una ley que limite la compra de tierras por parte de extranjeros resonando aún en el Congreso, la polémica sobre la posesión por parte de capitales foráneos de amplias extensiones de territorio en las principales áreas productivas de la Argentina sigue ganando temperatura en el interior del país.
Sucede que, más allá de la decisión política de avanzar sobre esta problemática, el desembarco de compañías y empresarios del exterior no se desacelera. Y en un año la cantidad de hectáreas en manos de extranjeros pasó de 17 a 20 millones.
Lo llamativo no es sólo eso: según precisaron a iProfesional.com fuentes de Federación Agraria Argentina (FAA), actualmente se ofrecen a la venta otras 15 millones de hectáreas. Más aún, tanto la superficie ya comercializada como la que hoy ostenta el cartelito de "Se Vende" representa el 20% de las tierras cultivables de la Argentina.
"Nuestro país posee unas 180 millones de hectáreas productivas.
El avance es muy preocupante si se tiene en cuenta esas 20 millones que hoy están en manos extranjeras (11% del total cultivable). Pero eso no es lo único alarmante: en la última década se intensificó la inversión foránea en tierras, y vamos camino a que sólo 2.000 empresas controlen todo lo que es producción de granos en la Argentina", afirmó a iProfesional.com Omar Príncipe, secretario de la FAA e integrante de la Comisión de Tierras de la entidad.
Desde FAA indicaron a este medio que la mitad de esas compañías son multinacionales o directamente empresarios foráneos. "
Esta avanzada terminará con los pequeños y medianos productores locales. El modelo agropecuario actual funciona de modo tal que dejará la producción en manos de grandes grupos de afuera o argentinos. Todo apunta a que el chacarero en la siembra y cosecha de cereales tenga las horas contadas", se lamentó Príncipe.
Una muestra de este oleada de compras y desembarcos, sentencian las entidades agrarias y las asociaciones de productores en general, puede verse en los polémicos desalojos que vienen sufriendo grupos de campesinos en provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Salta y Entre Ríos. Sumado a esto, referentes del sector destacan que se han comercializado grandes campos, en muchos casos, con pueblos funcionando en su interior.
"En Catamarca una empresa extranjera acaba de comprar 117.000 hectáreas con una población adentro de 300 familias. Todo por la minería, que genera riquezas para las compañías de afuera y en la zona sólo deja daño ambiental", aseguró a iProfesional.com Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de la FAA.
"En La Rioja una firma se quedó con 418.000 hectáreas, que incluían el pueblo de Jagüe en su interior. Lo curioso es que, por ejemplo, estos movimientos lo hacen empresas de países en los que un extranjero no puede adquirir tierras. En California, Estados Unidos, un argentino no puede tener terrenos, sin embargo el gobernador de este estado, Arnold Schwarzenegger, se permite averiguar para comprar acá", agregó.
El movimiento de los grandes capitales externos en el sector agropecuario local incluso estaría derivando en importantes movimientos demográficos en distintas provincias. "En Santiago del Estero muchos empresarios, e incluso municipios, ofrecen propiedades en pueblos grandes a los habitantes de pequeños lugares. A cambio, se quedan con las tierras, que luego son destinadas a la producción de soja. De esta forma, se alienta la desaparición de muchas localidades", enfatizó a iProfesional.com un productor agrario de esa provincia.
Un caso que ejemplifica estos dichos: Pozo Hondo, en Santiago del Estero. La población de ese centro urbano pasó de 1.601 habitantes a 2.634, lo cual representa un incremento del 64,5 por ciento. El motivo, aseguró la fuente antes mencionada, radica en que Pozo Hondo habría absorbido los habitantes de las localidades que, tras ser adquiridas por capitales extranjeros y grandes productores argentinos, con los años terminaron siendo transformadas en nuevas áreas cultivables.
Otra muestra de la problemática que hoy toca a los pequeños y medianos productores de Santiago del Estero queda graficada a continuación:
"El chacarero, con el correr del tiempo, se está transformando en un mero empleado de las empresas trasnacionales o de los pooles de siembra. Esto está motivando la aparición de numerosos proyectos de ley que apuntan a frenar de algún modo los agronegocios. O, al menos, el proceder de algunas compañías extranjeras", aseguró Príncipe, de FAA. En esa dirección, el directivo mencionó el caso de "unas 30 familias que están sufriendo reiterados intentos de desalojo en la zona norte de Santa Fe".
"Hace 80 años que explotan tierras que en su momento fueron fiscales. Hablamos de 30.000 hectáreas aproximadamente. Esa superficie fue comprada de forma imprevista por una firma extranjera. Y ahora quieren mover a estos productores ganaderos", amplió. Orsolini, de la UCR, sostuvo que "es inquietante la cantidad de inmobiliarias que, en el exterior, venden campos argentinos a precios inverosímiles".
"La tierra de este país no sólo es barata, sino que en muchos casos se remata por `monedas´, al ser terrenos fiscales. Mientras que en Europa comprar una hectárea, por motivos legales, al extranjero no le sale menos de 50.000 euros, acá se puede adquirir la misma superficie, en una zona fértil de Santiago del Estero, a la irrisoria cifra de 300 dólares", dijo.
Precisamente lo accesible de los precios a los que se cotizan los campos en algunas zonas del país es lo que habilita las irrupciones denunciadas por productores y entidades del segmento. A esto hay que sumarle, como denuncia Príncipe,
"los manejos de la tierra que hacen muchas administraciones y funcionarios, que rematan lotes a valores sospechosos". "En Santa Elena, Entre Ríos, está el caso de unas 50 familias de productores que trabajan tierras que pertenecieron a un frigorífico británico. Cuando quebró, la dueña de la planta les dejó los lotes como pago, dado que no tenía fondos para abonar indemnizaciones. Años después, el actual gobierno provincial le vendió esas tierras a una sociedad extranjera que opera en el país bajo el nombre de Tres Arroyos", precisó el dirigente.
Para luego agregar:
"Lo grave no es sólo eso, sino que también comercializaron la hectárea a 1.800 pesos, cuando su valor en la zona no baja de los 4.000 dólares. Y, además, Tres Arroyos tiene el beneficio de poder pagar la superficie en el término de 10 años. Esto no hace más que reflejar cómo se dan los avances en el interior".
La actual oferta de unas 15 millones de hectáreas en las principales áreas productivas de la Argentina hace prever que, durante los próximos meses, tanto las compras como el diseño de estrategias para obtener vastas extensiones de terrenos por parte del capital foráneo continuarán profundizándose. "Se multiplicarán casos como el de Agua Amarga, donde una empresa compró tierras con chacareros adentro", comentó Príncipe. En esa localidad de Santiago del Estero, más de 70 familias de productores concretaron protestas ante el riesgo de perder sus campos.
"El conflicto se originó cuando distintos individuos se presentaron ante los productores con papeles de dudosa validez, argumentando ser los dueños de las tierras de esa región. Nosotros sabemos que desde hace más de cuatro generaciones, los productores realizan sus actividades en dichas tierras y viven de lo que esos campos producen desde muchísimo tiempo a esta parte", expresó Miguel Pérez, representante de FAA en la zona.
Un caso del mismo tenor toca a la provincia de Salta. El conflicto involucra a la zona de los Toldos, un lugar al que debe accederse por Bolivia. La empresa Argencampo compró terrenos en esa zona pero, por un problema de títulos superpuestos, un pueblo entero quedó dentro de las hectáreas compradas. "Ahora hay un juicio de desalojo contra 45 familias. Hay un pueblo entero que no tiene la titularidad de su suelo", declaró Manuel Godoy, presidente de la Cámara de Diputados de Salta.
Para Orsolini, este tipo de situaciones se volverá moneda común, si en el corto plazo no se aprueba una normativa que ponga pautas a la titularidad de determinas áreas territoriales de la Argentina.
"No son pocos los empresarios de afuera que compran tierras y exigen que el campo esté limpio... de habitantes. Ahí es cuando comienzan a hacerse sistemáticas las expulsiones de pobladores. ¿Qué hace la gente desplazada? Va a parar a las grandes urbanizaciones. Hoy me cruzo con más coterráneos en La Matanza que en el mismo Chaco", enfatizó.
La magnitud de estos números, y el incremento de la avanzada de los inversionistas públicos y privados foráneos que se acercan a la Argentina para asegurarse tierras, son algunos de los aspectos que -conocida la intención de la presidenta Cristina Fernández de impulsar un proyecto del Ejecutivo- volverán a discutirse en el Congreso a lo largo de 2011. En este contexto, y a la par de la iniciativa oficial, vuelven a cobrar relevancia dos proyectos de ley que -anticipados por iProfesional.com a principios del año pasado- procuran frenar lo que sus impulsores definen como la "extranjerización de la tierra".
La primera iniciativa corresponde al mencionado Orsolini, mientras que el segundo texto es obra de la oficialista Diana Conti (Frente para la Victoria -Buenos Aires). Las propuestas muestran dos coincidencias fundamentales:
* Limitar la cantidad de tierras que puede comprar cada inversor foráneo en determinadas zonas.
* Fijar controles anuales que permitan determinar la actividad que se está desarrollando en la superficie adquirida.
"Se busca obstaculizar este tipo de compras dado que es una cuestión estrictamente de soberanía", aclaró Orsolini a iProfesional.com. El diputado sostuvo que la discusión de la problemática de la "extranjerización debe darse hoy y ahora".
En el caso del proyecto de Conti, los principales puntos del texto postulan:
* Las tierras rurales a que accedan los sujetos pasivos -extranjeros con residencia en el país menor a diez años o no residentes- no podrán extenderse ni afectar fuentes de materias primas, humedales, cuencas hidrográficas y otros recursos naturales cuando así lo establezcan las autoridades locales.
* La superficie total de las tierras rurales pertenecientes al conjunto de los sujetos pasivos de la misma nacionalidad no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) de la superficie rural de los Municipios o Comunas donde se sitúen.
"Se trata de prohibir a personas físicas o jurídicas extranjeras la adquisición de superficies extensas de provincias o de tierras del Estado nacional, por cuanto se presume que tal adquisición, cuando supera determinados porcentajes, dificulta el adecuado control, preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país", agrega en otro apartado.
En cuanto al proyecto de Orsolini -derivado a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados-, el funcionario comentó a este medio que su iniciativa procura establecer límites de residencia y, también, criterios que permitan conocer la naturaleza de las empresas que controlan grandes extensiones de tierra en la Argentina.
"El texto propone que los extranjeros con residencia menor a cinco años en el país no puedan adquirir lotes. Y directamente anula la posibilidad de que las compras las concreten empresarios que no viven en la Argentina", remarcó el diputado.
Y agregó: "En segundo lugar, se establecen criterios para los titulares de propiedades. Si son sociedades anónimas las dueñas de las tierras, éstas deberán hacer nominativas sus acciones. De esta forma, se podrá saber quiénes participan en cada empresa".
Al igual que el proyecto impulsado por Conti, la propuesta de Orsolini también estipula un control anual que permita conocer el uso que se le está dando a la tierra rotulada como estratégica.
