La Argentina debe volver a ser un país respetuoso de las reglas que caracterizan el Estado de Derecho
Las presiones sobre el Indec se venían produciendo desde mediados de 2006, cuando Moreno emplazó y amenazó fuertemente a la entonces directora nacional de Condiciones de Vida del organismo, Clyde Trabuchi, y comenzó a requerir información a Graciela Bevacqua, responsable de los índices de precios. Después de enero de 2007, ambas funcionarias fueron desplazadas al resistirse a manipular las estadísticas y a entregar información amparada por el secreto estadístico y requerida por el Gobierno para verificar el cumplimiento de los controles de precios. Muchos otros profesionales del organismo también reaccionaron, resistiendo la maniobra y denunciándola públicamente. De la misma forma pagaron las consecuencias al ser trasladados a funciones menores o forzados a renunciar y ser reemplazados por personas leales al secretario Moreno.
Desde entonces, la medición del índice de precios minoristas sistemáticamente ha mostrado un evidente alejamiento de la realidad. Este falseamiento contaminó otras mediciones del Indec, como las de pobreza e indigencia y las de crecimiento de la actividad económica.
Las denuncias se multiplicaron y varias de ellas ingresaron en la Justicia. La causa fue tomada por el juez Rodolfo Canicoba Corral e impulsada por el entonces fiscal Carlos Stornelli. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, conducida entonces por Manuel Garrido, inició una investigación. Esta avanzó recogiendo pruebas importantes, llegando a solicitar que el Indec fuera intervenido. También actuó la Defensoría del Pueblo, entonces a cargo de Eduardo Mondino, reclamando la normalización del organismo. Sin embargo, nada de esto fue efectivo. Garrido renunció en marzo de 2009 agraviado por las limitaciones de todo tipo que le impusieron desde el Poder Ejecutivo. El fiscal Stornelli salió de la causa convocado a funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La causa judicial transcurre lentamente, con peritajes y declaraciones, pero después de cuatro años sigue aún sin sentencia.
Intentando probablemente alguna conclusión exculpatoria, el Gobierno convocó a cinco universidades nacionales a realizar un análisis de las metodologías y procedimientos del Indec. El informe fue presentado en noviembre de 2010 con severas críticas y observaciones no sólo a la metodología empleada desde enero de 2007, sino también a la forma de relevar y utilizar los datos ingresados en la medición del índice de precios. Las universidades recomendaron corregir estos graves desvíos y normalizar el organismo, dándole la autonomía que lo preserve de las actuales manipulaciones.
El fraude en el Indec es causa de enorme desprestigio externo y descalificación de nuestro país. Las estadísticas publicadas por los organismos internacionales llevan una nota aclarando que la información oficial sobre inflación en la Argentina es sensiblemente distinta y menor que la medida por entidades independientes. El falseamiento de los índices de precios es considerado un factor principal de ausencia de seguridad jurídica. Piénsese si no en lo que esto significa para todos los tenedores de títulos públicos nominados en pesos y ajustados por el índice de precios oficial.
Es inaceptable que hayan transcurrido cuatro años de esta situación sin que existan señales de que será corregida. Unimos nuestra voz al reclamo de volver a ser un país respetuoso de las reglas que caracterizan el Estado de Derecho. La cuestión del Indec es, además, de orden moral.
