Ni
la Secretaría de Transporte ni la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF). El soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la
mayor obra ferroviaria del país, recaerá en manos de AySA, la empresa
estatal de saneamiento de aguas y cloacas.
Aunque todavía la decisión del Gobierno no fue
formalizada, según pudo confirmar LA NACION con diversas fuentes del
sector, ya existe un contrato que está a la firma del Ministerio del
Interior, de quien depende desde hace algunos meses el área de
Transporte, y de la Secretaría de Obras Públicas, que está bajo la
órbita del Ministerio de Planificación.
En rigor, AySA será así la encargada de gestionar los
11.000 millones de pesos que fueron presupuestados para la obra, que ya
lleva por lo menos cuatro años de demora y hoy se encuentra
prácticamente paralizada. Pero la construcción del túnel que permitirá
evitar accidentes en los pasos a nivel del tendido que une Moreno con
Once seguirá en manos del consorcio Nuevo Sarmiento, a quien ya el
Gobierno le había adjudicado la obra a través de una licitación hace dos
años.
Consultados al respecto, no obstante, en AySA no
hicieron declaraciones, mientras que en el Ministerio de Planificación
directamente no respondieron a las llamadas ni a los correos
electrónicos de LA NACION.
La decisión del Gobierno llama la atención, en
principio, por el simple hecho de que recaiga en AySA, una compañía
estatal gestionada por el sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias,
la mayor obra del sector ferroviario.
Una interna política
Más allá del objetable expertise de AySA en temas
ferroviarios, quienes participan del negocio de obra pública destacan
que la decisión de darle a la empresa de aguas la gestión del dinero
para el Sarmiento es llamativa también, porque implicaría volver a poner
en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, que depende del
Ministerio de Planificación, la gestión de una inversión millonaria que,
con el traslado de Transporte a Interior, había quedado en manos del
ministro Florencio Randazzo. AySA, según el organigrama del Estado,
depende del subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián López, que a su
vez forma parte de la Secretaría de Obras Públicas.
Pese al silencio oficial, algunas fuentes involucradas
con el proyecto relacionan además el inminente traspaso a AySA con temas
presupuestarios, ya que siendo la empresa de saneamiento de aguas una
sociedad anónima, sería más fácil para el Gobierno cumplir con el
reclamo de todo desarrollador de obra pública de poder ir actualizando
los costos ante el avance de la inflación.
El soterramiento del ferrocarril Sarmiento se
encuentra, de hecho, nuevamente demorado, debido a que el Gobierno no
está cumpliendo con los desembolsos de fondos comprometidos
originalmente en los pliegos de la obra. Para poder avanzar, detallaron,
faltaría activar la fábrica de los bloques de hormigón que se colocarán
en el túnel a medida que la tunelera avance, y que se ubicaría donde se
encuentra el obrador de Haedo, en el oeste del conurbano bonaerense.
El consorcio Nuevo Sarmiento está encabezado por la
constructora Iecsa, de Angelo Calcaterra, e incluye a las empresas
Odebrecht, Comsa y Ghella. La obra del ferrocarril fue anunciada por la
administración Kirchner en por lo menos cinco ocasiones, la última, a
mediados de este año, después de que Randazzo se hiciera cargo de
Transporte. Y es que si bien el proyecto ya había sido adjudicado en
2008, por retrasos en la adecuación de precios había quedado paralizada.
Pero con la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas, en el
gobierno nacional reactivaron el proyecto y prometieron que las obras
estarían finalizadas en 2015.
El túnel por construirse tendrá 10,40 metros de
diámetro y contará con dos vías para la circulación de las formaciones.
Cada 400 metros habrá salidas de emergencia, con escaleras metálicas con
descanso y espacios para bajar camillas.
Según los tiempos acordados inicialmente con el
consorcio Nuevo Sarmiento, la tunelera Argentina, por la que el Estado
pagó 40 millones de euros, iba a completar el primer tramo, entre Haedo y
Caballito, en diciembre del año próximo. En un plazo total de 44 meses,
en 2015, el soterramiento de ese recorrido reemplazaría a la actual
traza de superficie.
La semana pasada, entretanto, el presidente de la
Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, reclamó a la
Justicia que investigue a AySA y al secretario de Ambiente, Juan José
Mussi, como presuntos corresponsables de las supuestas irregularidades
en las obras de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
