¡Qué bien vendría para las bateas no empleados en los VCTP/TAM que están en Boulogne...!
martes, 24 de julio de 2012
La Foto: Torreta BM-7 PARUS (Ucrania)
¡Qué bien vendría para las bateas no empleados en los VCTP/TAM que están en Boulogne...!
España bloqueó un crédito para el país
Por Silvia Pisani - LA NACION
El gobierno de Rajoy exigió una nueva revisión para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 140 millones
España bloqueó ayer un crédito por US$ 140 millones que la Argentina esperaba del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una maniobra con la que ahora obliga a nuevas revisiones de un programa que, en rigor, ya había sido aprobado en sus primeros tramos.
La información fue confirmada a LA NACION por fuentes del organismo que conduce Luis Alberto Moreno, que atribuyeron el giro a una represalia por la decisión argentina de nacionalizar las acciones de Repsol en la petrolera YPF. "El caso es francamente curioso porque se trata, en realidad, de la tercera parte de un programa cuyos dos primeros tramos ya habían sido aprobados sin inconvenientes", se indicó.
El crédito bloqueado es por US$ 140 millones, pero el conjunto total del programa -con aportes adicionales- llega a US$ 200 millones. El gobierno español no especificó si sancionaría a la Argentina en las organizaciones multilaterales de crédito, pero sí previno que ejercería su presión "en cuanto foro" pudiera. La oficina argentina en el BID decidió "no informar" sobre lo que ocurre en la entidad.
No es la primera vez que la llamada "silla española" en el BID bloquea un crédito para la Argentina, pero éste es el más importante de los que ha obstaculizado hasta ahora.
El crédito en cuestión está destinado en su mayoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lidera Lino Barañao. Tiene un tramo adicional para la Jefatura de Gabinete, de Juan Abal Medina. Ambas carteras se verán obligadas a esperar, pero no está claro por cuánto. En los fundamentos de su presentación al menos parecían urgidos por los fondos y revelaron lo que no siempre admiten en público; esto es, que el ciclo económico argentino está cambiando de signo. "El país está pasando por una etapa de transición hacia un crecimiento más moderado", afirman.
Entre los justificativos de la solicitud se explicita también que el gobierno argentino en la actualidad "tiene espacio reducido para políticas expansivas". El bloqueo español confirma dificultades políticas de la Argentina en el seno del BID, donde desde hace casi un año viene padeciendo el voto negativo de los Estados Unidos a sus proyectos de financiamiento. "En realidad, lo que está haciendo la silla española es más nocivo para la Argentina que lo que hace Washington. Los primeros consiguen dilatar los préstamos, mientras que Estados Unidos se limita a votar en contra, aunque sabe que igualmente serán aprobados", se explicó a LA NACION.
Por lo pronto, está previsto que el bloqueo del crédito tecnológico obligue a una nueva defensa de sus características ante el directorio de la entidad multilateral y, posiblemente, al desplazamiento a esta ciudad de los funcionarios argentinos que trabajaron en su presentación.
El gobierno de Rajoy exigió una nueva revisión para aprobar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 140 millones
La información fue confirmada a LA NACION por fuentes del organismo que conduce Luis Alberto Moreno, que atribuyeron el giro a una represalia por la decisión argentina de nacionalizar las acciones de Repsol en la petrolera YPF. "El caso es francamente curioso porque se trata, en realidad, de la tercera parte de un programa cuyos dos primeros tramos ya habían sido aprobados sin inconvenientes", se indicó.
El crédito bloqueado es por US$ 140 millones, pero el conjunto total del programa -con aportes adicionales- llega a US$ 200 millones. El gobierno español no especificó si sancionaría a la Argentina en las organizaciones multilaterales de crédito, pero sí previno que ejercería su presión "en cuanto foro" pudiera. La oficina argentina en el BID decidió "no informar" sobre lo que ocurre en la entidad.
No es la primera vez que la llamada "silla española" en el BID bloquea un crédito para la Argentina, pero éste es el más importante de los que ha obstaculizado hasta ahora.
El crédito en cuestión está destinado en su mayoría al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que lidera Lino Barañao. Tiene un tramo adicional para la Jefatura de Gabinete, de Juan Abal Medina. Ambas carteras se verán obligadas a esperar, pero no está claro por cuánto. En los fundamentos de su presentación al menos parecían urgidos por los fondos y revelaron lo que no siempre admiten en público; esto es, que el ciclo económico argentino está cambiando de signo. "El país está pasando por una etapa de transición hacia un crecimiento más moderado", afirman.
Entre los justificativos de la solicitud se explicita también que el gobierno argentino en la actualidad "tiene espacio reducido para políticas expansivas". El bloqueo español confirma dificultades políticas de la Argentina en el seno del BID, donde desde hace casi un año viene padeciendo el voto negativo de los Estados Unidos a sus proyectos de financiamiento. "En realidad, lo que está haciendo la silla española es más nocivo para la Argentina que lo que hace Washington. Los primeros consiguen dilatar los préstamos, mientras que Estados Unidos se limita a votar en contra, aunque sabe que igualmente serán aprobados", se explicó a LA NACION.
Por lo pronto, está previsto que el bloqueo del crédito tecnológico obligue a una nueva defensa de sus características ante el directorio de la entidad multilateral y, posiblemente, al desplazamiento a esta ciudad de los funcionarios argentinos que trabajaron en su presentación.
Indec: basta de mentiras
El Gobierno debe corregir el fraude de las estadísticas oficiales y sacar a la Argentina del ridículo en que se la ha colocado
El falseamiento del índice oficial de precios ya lleva 66 meses y no parece haber intención de terminar con esta grave e inmoral anormalidad. Mes a mes se repite el hecho sin que ningún funcionario siquiera se sonroje y sin que la Presidenta parezca anoticiarse del fraude que su gobierno está cometiendo.
Los medios del país, con excepción de los oficialistas, y los del exterior señalan continuamente este ilícito. Las estadísticas internacionales del Banco Mundial y de otros organismos incluyen notas que dicen que las cifras del Indec se reputan incorrectas. El semanario económico y político más leído en el mundo, The Economist, ha destacado reiteradamente esta falsedad y ha reemplazado en sus cuadros estadísticos el dato de inflación del Indec por el de una fuente privada.
La manipulación de los datos ha sido denunciada públicamente por los propios técnicos responsables de la elaboración del índice, que fueron apartados del organismo cuando se resistieron a semejante imposición de parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La trampa se puso en evidencia al advertirse de inmediato la diferencia entre las mediciones del Indec y las de las direcciones de estadística de varias provincias. A poco que el índice oficial fue falseado, surgieron mediciones privadas como respuesta a la necesidad de cifras ciertas aplicables a infinidad de relaciones contractuales o a la diaria administración de los negocios. Pero la necedad y abuso oficial movilizaron al Gobierno en persecución y en el silenciamiento de las consultoras. Estas fueron sometidas a juicios y multas, apoyándose sin razón en la ley de lealtad comercial.
Un grupo de legisladores nacionales de la oposición logró salvar estas elaboraciones privadas recibiendo en forma confidencial las mediciones y construyendo mes a mes con su promedio el denominado Indice Congreso.
Las negociaciones salariales también pusieron en evidencia la inutilidad del índice oficial. Los aumentos acordados desde 2007 siempre reflejaron la inflación verdadera o "la del supermercado", como gusta decir Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Consecuente con esto, ese sindicalista acaba de anunciar la creación de su propio órgano de estadísticas. Similar descarte de los datos oficiales ha ocurrido en ajustes judiciales, debiendo los tribunales solicitar frecuentemente las mediciones privadas para aplicarlas en sus sentencias.
Un conjunto de universidades nacionales, en tanto, fue convocado para analizar la cuestión y emitió un informe que ponía en evidencia las graves transgresiones y fallas, y recomendaba una reestructuración del Indec. Este documento fue entregado al entonces ministro de Economía Amado Boudou, sin que se conozca hasta ahora alguna acción correctiva. También hubo una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyas recomendaciones no parecen haberse tenido en cuenta.
Ha habido denuncias en contra del Indec, aunque aún no han culminado en sentencias condenatorias, a pesar de las contundentes evidencias. La cuestión no es banal y las consecuencias de una constatación y sentencia judicial pueden ser de gran importancia.
Una parte relevante de la deuda pública está en bonos nominados en pesos con ajuste CER, o sea por el índice de precios minoristas del Indec.
El desfase de ajuste desde enero de 2007 respecto de índices privados alcanza hoy al 93 por ciento. En otras palabras, la inflación verdadera duplicó la informada por el Indec. Y aun el hecho de que ahora admita que la economía cayó 0,5% en mayo es engañoso, porque para el sector privado ese retroceso es todavía mayor.
El impacto fiscal de una corrección sería de gran magnitud y pasaría a engrosar los reclamos por cuentas y deudas impagas del Estado argentino. No se puede continuar con esta grave transgresión. Ha llegado el momento de terminarla, no sólo por una razón moral y para no continuar dañando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, sino también para salir del ridículo en el que nuestro país no merece estar...
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1492450-indec-basta-de-mentiras
Los medios del país, con excepción de los oficialistas, y los del exterior señalan continuamente este ilícito. Las estadísticas internacionales del Banco Mundial y de otros organismos incluyen notas que dicen que las cifras del Indec se reputan incorrectas. El semanario económico y político más leído en el mundo, The Economist, ha destacado reiteradamente esta falsedad y ha reemplazado en sus cuadros estadísticos el dato de inflación del Indec por el de una fuente privada.
La manipulación de los datos ha sido denunciada públicamente por los propios técnicos responsables de la elaboración del índice, que fueron apartados del organismo cuando se resistieron a semejante imposición de parte del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
La trampa se puso en evidencia al advertirse de inmediato la diferencia entre las mediciones del Indec y las de las direcciones de estadística de varias provincias. A poco que el índice oficial fue falseado, surgieron mediciones privadas como respuesta a la necesidad de cifras ciertas aplicables a infinidad de relaciones contractuales o a la diaria administración de los negocios. Pero la necedad y abuso oficial movilizaron al Gobierno en persecución y en el silenciamiento de las consultoras. Estas fueron sometidas a juicios y multas, apoyándose sin razón en la ley de lealtad comercial.
Un grupo de legisladores nacionales de la oposición logró salvar estas elaboraciones privadas recibiendo en forma confidencial las mediciones y construyendo mes a mes con su promedio el denominado Indice Congreso.
Las negociaciones salariales también pusieron en evidencia la inutilidad del índice oficial. Los aumentos acordados desde 2007 siempre reflejaron la inflación verdadera o "la del supermercado", como gusta decir Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Consecuente con esto, ese sindicalista acaba de anunciar la creación de su propio órgano de estadísticas. Similar descarte de los datos oficiales ha ocurrido en ajustes judiciales, debiendo los tribunales solicitar frecuentemente las mediciones privadas para aplicarlas en sus sentencias.
Un conjunto de universidades nacionales, en tanto, fue convocado para analizar la cuestión y emitió un informe que ponía en evidencia las graves transgresiones y fallas, y recomendaba una reestructuración del Indec. Este documento fue entregado al entonces ministro de Economía Amado Boudou, sin que se conozca hasta ahora alguna acción correctiva. También hubo una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyas recomendaciones no parecen haberse tenido en cuenta.
Ha habido denuncias en contra del Indec, aunque aún no han culminado en sentencias condenatorias, a pesar de las contundentes evidencias. La cuestión no es banal y las consecuencias de una constatación y sentencia judicial pueden ser de gran importancia.
Una parte relevante de la deuda pública está en bonos nominados en pesos con ajuste CER, o sea por el índice de precios minoristas del Indec.
El desfase de ajuste desde enero de 2007 respecto de índices privados alcanza hoy al 93 por ciento. En otras palabras, la inflación verdadera duplicó la informada por el Indec. Y aun el hecho de que ahora admita que la economía cayó 0,5% en mayo es engañoso, porque para el sector privado ese retroceso es todavía mayor.
El impacto fiscal de una corrección sería de gran magnitud y pasaría a engrosar los reclamos por cuentas y deudas impagas del Estado argentino. No se puede continuar con esta grave transgresión. Ha llegado el momento de terminarla, no sólo por una razón moral y para no continuar dañando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, sino también para salir del ridículo en el que nuestro país no merece estar...
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1492450-indec-basta-de-mentiras
El nuevo mobiliario porteño ya asoma en el corredor norte
Por Pablo Tomino - LA NACION (Twitter: @prtomino - Mail: ptomino@lanacion.com.ar)
Esta renovación, que estaba pendiente desde 2001, cuando se venció la anterior licitación, se advierte hoy en las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Monroe, que atraviesan los barrios de Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano.
Refugios de colectivos en Figueroa Alcorta y Salguero. Foto: LA NACION / Fotos de M. Gomez y G. calabrese
El gobierno porteño instaló 1287 elementos nuevos de los más de 16.000 que se colocarán en toda la ciudad. Pero hay demoras de cuatro meses respecto de lo anunciado: apenas se cubrieron las calles incluidas en la etapa uno, que debiera haber estado lista durante marzo pasado. Hoy, las empresas adjudicatarias recambian la cartelería en las avenidas Las Heras, Sarmiento, Callao y Entre Ríos. Y luego continuarán en las avenidas Córdoba, Santa Fe, Juan B. Justo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Martín García, Almirante Brown y Regimiento de Patricios.
Infografía: Ubicación Las esquinas porteñas del corredor norte tienen nueva nomenclatura de calles: avanza la renovación del mobiliario urbano, cuya cartelería se está instalando en las fachadas de inmuebles, en semáforos y, en algunos casos, en los tradicionales postes.
"Monroe 1100-1200. Comuna 13", reza un cartel colocado sobre la fachada de una casa en la mencionada arteria. Así, numerosas calles van mutando su estética, con menos contaminación visual por la desaparición de los postes. De todas maneras, en algunas esquinas se mantendrán los históricos carteles azules si es que están en buen estado de conservación.
En la actualidad, numerosas esquinas porteñas ni siquiera están señalizadas -como en el cruce de Bonifacio y Calasanz, en Caballito-, y otras tantas, debido a la rotura de los carteles, tampoco pueden ser identificadas por los vecinos que las transitan, como ocurre en la avenida La Plata y Alberdi.
Además de la nomenclatura de las calles, el recambio del mobiliario urbano comprende el reemplazo de paradas y refugios de colectivos, con material transparente antivandálico y paneles en braille para personas no videntes, como ya se observa en las avenidas Alcorta y Del Libertador, además de nuevas paradas de taxis y pantallas publicitarias.
Según admitió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el contrato se ejecuta algo más lento de lo previsto. Desde el este hacia el oeste de la Capital, va apareciendo, de a poco, la nueva señalética, que sorprenderá a más de un porteño.
Aún no se advierten los pescantes en las avenidas, que serán fácilmente visibles porque estarán colgados de la parte superior de los semáforos con el nombre de las calles que cruzan. Así, los conductores verán de inmediato la intersección, como ocurre en otras ciudades del mundo, principalmente en los Estados Unidos.
"Encaramos la primera etapa del mobiliario en los lugares donde más transita la gente, para que sean más los vecinos que puedan interactuar con estos novedosos elementos. Progresivamente seguiremos incorporando más barrios hasta completar toda la ciudad", dijo Diego Santilli, ministro del área...
Esta renovación, que estaba pendiente desde 2001, cuando se venció la anterior licitación, se advierte hoy en las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Monroe, que atraviesan los barrios de Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano.
El gobierno porteño instaló 1287 elementos nuevos de los más de 16.000 que se colocarán en toda la ciudad. Pero hay demoras de cuatro meses respecto de lo anunciado: apenas se cubrieron las calles incluidas en la etapa uno, que debiera haber estado lista durante marzo pasado. Hoy, las empresas adjudicatarias recambian la cartelería en las avenidas Las Heras, Sarmiento, Callao y Entre Ríos. Y luego continuarán en las avenidas Córdoba, Santa Fe, Juan B. Justo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Martín García, Almirante Brown y Regimiento de Patricios.
"Monroe 1100-1200. Comuna 13", reza un cartel colocado sobre la fachada de una casa en la mencionada arteria. Así, numerosas calles van mutando su estética, con menos contaminación visual por la desaparición de los postes. De todas maneras, en algunas esquinas se mantendrán los históricos carteles azules si es que están en buen estado de conservación.
En la actualidad, numerosas esquinas porteñas ni siquiera están señalizadas -como en el cruce de Bonifacio y Calasanz, en Caballito-, y otras tantas, debido a la rotura de los carteles, tampoco pueden ser identificadas por los vecinos que las transitan, como ocurre en la avenida La Plata y Alberdi.
Además de la nomenclatura de las calles, el recambio del mobiliario urbano comprende el reemplazo de paradas y refugios de colectivos, con material transparente antivandálico y paneles en braille para personas no videntes, como ya se observa en las avenidas Alcorta y Del Libertador, además de nuevas paradas de taxis y pantallas publicitarias.
Según admitió el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el contrato se ejecuta algo más lento de lo previsto. Desde el este hacia el oeste de la Capital, va apareciendo, de a poco, la nueva señalética, que sorprenderá a más de un porteño.
Aún no se advierten los pescantes en las avenidas, que serán fácilmente visibles porque estarán colgados de la parte superior de los semáforos con el nombre de las calles que cruzan. Así, los conductores verán de inmediato la intersección, como ocurre en otras ciudades del mundo, principalmente en los Estados Unidos.
"Encaramos la primera etapa del mobiliario en los lugares donde más transita la gente, para que sean más los vecinos que puedan interactuar con estos novedosos elementos. Progresivamente seguiremos incorporando más barrios hasta completar toda la ciudad", dijo Diego Santilli, ministro del área...
Gas no convencional
Se trata de un pozo vertical que está planificado para perforación a una profundidad total de 3300 metros. Este es el segundo pozo dentro del contrato de subcontratación (cesión de derechos de prospección, explotación y operación) anunciado el año pasado entre Americas Petrogas y ExxonMobil Exploration.
Descontrol en el subte: la complicidad estatal
Por Antonio Lizzano
Las culpas de Nación y Ciudad en la crisis del subterráneo. Las fallas de Metrovías y la presunta protección del Gobierno nacional. La extorsión empresarial.
“Lo que está haciendo Metrovías es presionar para conseguir una suba en los subsidios, teniendo a los pasajeros de rehenes. Esa es la explicación al anuncio de la concesionaria, de retirar 20 formaciones del servicio diario. Argumentan falta de presupuesto y la consecuencia directa será que las frecuencias entre coche y coche se alarguen, provocando un empeoramiento en el servicio. Que la jugada de Roggio sea tan fuerte se debe a la vieja relación comercial que mantiene con las gestiones K de Néstor y Cristina, quienes en su momento le otorgaron la concesión del ferrocarril San Martín en 2004.
Es vox pópuli que un importante ministro kirchnerista banca a la empresa y por eso esta se atreve a presionar, porque sabe que si la castigan saldría a la luz una serie de negocios irregulares entre los K y la compañía”, le manifestó a Noticias Urbanas un ingeniero de Metrovías que fue consultado sobre los motivos del anuncio realizado por la compañía el lunes.
Y que explicó con claridad cuál es el motivo fundamental de la actual crisis del sistema de subtes y por qué la Nación, frente a los gastos que genera poner en condiciones al servicio, quiere que la Ciudad se haga cargo del mismo, más allá de que al gobierno de Macri esto le corresponda por razones distritales y reglamentadas por ley, que están fuera de discusión.
Lou Reed retrató en aguijoneantes rocks urbanos el desencanto de la ciudad que ama: Nueva York. Sus crónicas chorrean asfalto, rascacielos, pérdidas e historias insoportablemente verídicas en donde el mal vence todo el tiempo al bien. La canción “Apagar la luz” integra el disco de 1983 titulado Legendary Hearts, y una de sus frases tiene la contundencia de un gancho a la mandíbula. “¿Y cuál es la diferencia entre el bien y el mal?”, se pregunta en voz alta Reed, acorralando al oyente a responder, en los tiempos que corren, “ninguna”.
Y esa no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal se corporiza de una manera trágica en el reino de la política. Un claro ejemplo es la guerra que vienen llevando a cabo, desde hace tiempo, quienes gobiernan la Nación y la Ciudad, oponiéndose a lo que dice el contrincante por el mero hecho de que el otro es el enemigo, sin tomar en cuenta si lo que hacen beneficia o perjudica a la sociedad que los votó.
Eso describe el conflicto que mantienen ambas administraciones por el traspaso de la red de subterráneos. Lo peor del caso es que a medida que la escalada entre el kirchnerismo y el macrismo aumenta, el servicio empeora y los únicos perjudicados son los usuarios. Las pruebas del caso son incontrastables.
Desde que el viernes 8 de enero el Gobierno porteño subió el boleto de subte a 2,50 pesos, el servicio no hizo más que empeorar. Hubo nuevas medidas de fuerza, paros y frecuencias de espera cada vez más largas entre formación y formación, y denuncias de los empleados acerca del mal estado de los vagones y el peligro que esto acarreaba. La frutilla del postre se conoció este último lunes, cuando la empresa concesionaria del servicio, Metrovías, informó que retiraba de circulación 20 formaciones debido a su deterioro y, tras aducir su imposibilidad monetaria de acondicionarlas, informó que la frecuencia entre coche y coche, que por lo general es de tres minutos promedio, se extenderá a casi el doble, con lo cual viajar será más complicado.
Como si esto fuera poco, al enterarse de la novedad, tanto los funcionarios de Nación como de Ciudad no hicieron más que tirarse la pelota unos a otros, aclarando que el problema no los incumbía y que la solución dependía de su rival político.
“Que el Grupo Roggio haga lo que quiera y encima utilice a los usuarios de rehenes para exigir más subsidios es pura y exclusivamente responsabilidad de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Ellos tienen las herramientas legales para hacer que Metrovías cumpla con sus obligaciones contractuales y no perjudique a los pasajeros ni deteriore bajo ningún concepto la prestación del servicio”, le aseguró a Noticias Urbanas un experto en temas de transporte, al consultársele por la crisis del subterráneo.
Sin embargo, los funcionarios hacen todo lo contrario. Sin ir más lejos, el martes al mediodía, el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, ofreció una conferencia de prensa donde señaló que, de un total de 210 millones de pesos transferidos durante los primeros seis meses del año a la Ciudad, “108 millones se encuentran depositados en una cuenta del Banco de la Nación” para que la administración de Propuesta Republicana (Pro) los destine centralmente “al mantenimiento” de los subtes. Según lo acordado entre la Nación y la Ciudad, cada administración debe aportar 30 millones de pesos por mes como subsidio para el subte, lo que equivale a una suma total anual de 720 millones.
Randazzo le reclamó al Jefe de Gobierno porteño que “cumpla con lo que firmó” en el acta-acuerdo de transferencia del servicio firmada en enero pasado y “con el compromiso de asumir las responsabilidades del transporte que hace a los vecinos de la Capital Federal”. Por último el funcionario kirchnerista aseguró que, para el subte, el Gobierno nacional transfirió, al 3 de julio pasado, “210 millones de pesos, de los cuales 102 corresponden a gastos operativos y 108 para mantenimiento e inversión”.
Las imputaciones de Randazzo no hicieron más que despertar la ira macrista. La contestación fue inmediata. A través de otra conferencia de prensa, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, apuntó contra el funcionario nacional y señaló que “el dinero depositado en el Banco Nación no es de libre disposición”. Con relación a la empresa concesionaria del servicio de subtes, aseguró que “miente al decir que es un problema que apareció ahora”.
Vidal tildó de mentirosos tanto al ministro del Interior nacional como a los titulares de Metrovías. “Hoy comienzan a verse las consecuencias directas a los pasajeros por la falta de diálogo. El ministro sabe perfectamente que no es cierto lo de los 108 millones. Estos fondos estuvieron destinados a (subsidiar) la tarifa y no para la inversión, y no tienen libre disposición”, aseguró la funcionaria porteña.
Luego agregó: “Si el Gobierno nacional hubiese hecho las inversiones hoy no tendríamos estos problemas en el subte”. Con relación a la empresa, Vidal afirmó que “miente al decir que es un problema que aparece hoy”, en referencia al comunicado sobre el retiro de formaciones por desperfectos técnicos, que derivó en demoras en el servicio.
El legislador de Pro Martín Ocampo fue aun más duro con los K al comparar su modo de gestionar con el del expresidente Carlos Menem. “El ministro sabe perfectamente que los subtes los administra el Gobierno nacional. La de Randazzo es solamente una más de las jugadas desesperadas del kirchnerismo para intentar solucionar sus graves problemas de caja, con esa política que llaman ‘sintonía fina’. Son los mismos políticos que durante el menemismo hablaban de cirugía mayor sin anestesia. Y para eso el Gobierno nacional cuenta con su socio, Metrovías, que no vacila en perjudicar a los usuarios, reduciendo la calidad del servicio si eso les es funcional a sus intereses”, disparó.
A ese cruce de acusaciones entre los funcionarios de Nación y Ciudad se sumaron los dirigentes gremiales que representan a los trabajadores de las seis líneas de subterráneos y el premetro. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), se precisó que al sacar de funcionamiento las 20 formaciones, se “perjudicará el normal funcionamiento del subte”. Anunciaron que el sindicato se encuentra en estado de “alerta y asamblea permanente”, al tiempo que no descartaron una próxima medida de fuerza.
Sin embargo, las declaraciones de superficie ocultan las motivaciones concretas que originaron el problema. “El Grupo Roggio controla el 90 por ciento de Metrovías y, además, es una de las dos patas de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), una sociedad anónima que integran los concesionarios privados Metrovías y Ferrovías (hasta la tragedia ferroviaria de Once, también estaba TBA).
La Ugofe fue conformada a fines de 2004, cuando un pasajero de una formación del ferrocarril San Martín que viajaba en el estribo cayó a las vías y falleció. A raíz de ese hecho, el entonces presidente Néstor Kirchner quitó la concesión de los ramales San Martín, Roca y Belgrano Sur al empresario Sergio Taselli. Los otros tres concesionarios de los ferrocarriles metropolitanos se hicieron cargo del servicio.
Ahora, con la salida de TBA, quedaron solo dos”, explicó un funcionario del área de Transporte. Varias de las fuentes consultadas para esta nota señalan que siempre existió una relación de negocios entre Metrovías y las gestiones K de Néstor y Cristina, que se motorizaron a través del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que comanda Julio de Vido.
Este semanario adelantó en la nota titulada “Atado con alambre”, del 23 de mayo, las irregularidades cometidas por el Grupo Roggio en el manejo del subte, mediante las cuales desviaban hacia una empresa de su mismo grupo el dinero de los subsidios en lugar de invertir en el mantenimiento de las formaciones. Allí se informó que “los negocios denunciados por Anses son aquellos vinculados a la tercerización de publicidad en vía pública, convenios de asistencia técnica y cánones de asesoría. La mayor parte de estas ganancias es operada por la firma Metronec, sociedad anónima que gestiona la publicidad en vagones, estaciones, escaleras, relojes y demás espacios de gran visibilidad en el subte. Metronec tuvo una facturación superior a Metrovías en 2010 y el año pasado la equiparó en ganancias”.
“El kirchnerismo no puede apretar a Roggio sin sufrir las consecuencias. Si la concesionaria no cumplía con sus deberes contractuales y no era castigada era porque los organismos de control hacían la vista gorda. La situación no es actual, ya que las falencias de Metrovías son de larga data. Y las fallas cometidas no eran nada menores. Por eso, todo hace suponer que la empresa estaba arreglada con un funcionario de mucho peso a nivel nacional. Si no fuera así, no se entiende que ahora salga a decir que retira 20 formaciones por falta de dinero y exija, a pesar de todos sus incumplimientos, que se le suba el subsidio. Es ilógico que el Gobierno nacional no tome ningún tipo de medidas contra la empresa, y que el poder lo tenga Metrovías y no el Estado nacional”, le detalló a NU un importante ingeniero del Grupo Roggio que conoce la relación íntima entre los K y la compañía.
Las asociaciones de usuarios fueron las primeras en afirmar que el Estado tiene todas las herramientas legales para poner en caja a la concesionaria. El representante legal de Consumidores Libres, el socialista Héctor Polino, opinó que el Gobierno de la Ciudad debe proceder a intimar a la empresa a restablecer las unidades retiradas y aplicar la sanción que corresponda. “La actitud de la empresa es injustificada”, señaló Polino. Y remarcó que al importe del boleto de 2,50 pesos que Metrovías cobra y a los 30 millones de pesos mensuales que percibe del Estado nacional, hay que agregarles lo que recibe a través de su empresa vinculada Metronec.
“El retiro de las formaciones ocasionó mayores problemas a los usuarios que los habituales, teniendo que viajar hacinados aun en horarios en que normalmente se viaja con cierta comodidad”, concluyó el representante de la asociación. Pese a todos los elementos legales de los que disponen la Nación y la Ciudad para solucionar el conflicto, nada hacen al respecto y, eludiendo sus obligaciones, prefieren dedicar su tiempo a pelearse públicamente como perro y gato mientras los azorados ciudadanos padecen con resignación el mal servicio de los subterráneos.
Fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?x=107733
Las culpas de Nación y Ciudad en la crisis del subterráneo. Las fallas de Metrovías y la presunta protección del Gobierno nacional. La extorsión empresarial.
“Lo que está haciendo Metrovías es presionar para conseguir una suba en los subsidios, teniendo a los pasajeros de rehenes. Esa es la explicación al anuncio de la concesionaria, de retirar 20 formaciones del servicio diario. Argumentan falta de presupuesto y la consecuencia directa será que las frecuencias entre coche y coche se alarguen, provocando un empeoramiento en el servicio. Que la jugada de Roggio sea tan fuerte se debe a la vieja relación comercial que mantiene con las gestiones K de Néstor y Cristina, quienes en su momento le otorgaron la concesión del ferrocarril San Martín en 2004.
Es vox pópuli que un importante ministro kirchnerista banca a la empresa y por eso esta se atreve a presionar, porque sabe que si la castigan saldría a la luz una serie de negocios irregulares entre los K y la compañía”, le manifestó a Noticias Urbanas un ingeniero de Metrovías que fue consultado sobre los motivos del anuncio realizado por la compañía el lunes.
Y que explicó con claridad cuál es el motivo fundamental de la actual crisis del sistema de subtes y por qué la Nación, frente a los gastos que genera poner en condiciones al servicio, quiere que la Ciudad se haga cargo del mismo, más allá de que al gobierno de Macri esto le corresponda por razones distritales y reglamentadas por ley, que están fuera de discusión.
Lou Reed retrató en aguijoneantes rocks urbanos el desencanto de la ciudad que ama: Nueva York. Sus crónicas chorrean asfalto, rascacielos, pérdidas e historias insoportablemente verídicas en donde el mal vence todo el tiempo al bien. La canción “Apagar la luz” integra el disco de 1983 titulado Legendary Hearts, y una de sus frases tiene la contundencia de un gancho a la mandíbula. “¿Y cuál es la diferencia entre el bien y el mal?”, se pregunta en voz alta Reed, acorralando al oyente a responder, en los tiempos que corren, “ninguna”.
Y esa no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal se corporiza de una manera trágica en el reino de la política. Un claro ejemplo es la guerra que vienen llevando a cabo, desde hace tiempo, quienes gobiernan la Nación y la Ciudad, oponiéndose a lo que dice el contrincante por el mero hecho de que el otro es el enemigo, sin tomar en cuenta si lo que hacen beneficia o perjudica a la sociedad que los votó.
Eso describe el conflicto que mantienen ambas administraciones por el traspaso de la red de subterráneos. Lo peor del caso es que a medida que la escalada entre el kirchnerismo y el macrismo aumenta, el servicio empeora y los únicos perjudicados son los usuarios. Las pruebas del caso son incontrastables.
Desde que el viernes 8 de enero el Gobierno porteño subió el boleto de subte a 2,50 pesos, el servicio no hizo más que empeorar. Hubo nuevas medidas de fuerza, paros y frecuencias de espera cada vez más largas entre formación y formación, y denuncias de los empleados acerca del mal estado de los vagones y el peligro que esto acarreaba. La frutilla del postre se conoció este último lunes, cuando la empresa concesionaria del servicio, Metrovías, informó que retiraba de circulación 20 formaciones debido a su deterioro y, tras aducir su imposibilidad monetaria de acondicionarlas, informó que la frecuencia entre coche y coche, que por lo general es de tres minutos promedio, se extenderá a casi el doble, con lo cual viajar será más complicado.
Como si esto fuera poco, al enterarse de la novedad, tanto los funcionarios de Nación como de Ciudad no hicieron más que tirarse la pelota unos a otros, aclarando que el problema no los incumbía y que la solución dependía de su rival político.
“Que el Grupo Roggio haga lo que quiera y encima utilice a los usuarios de rehenes para exigir más subsidios es pura y exclusivamente responsabilidad de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Ellos tienen las herramientas legales para hacer que Metrovías cumpla con sus obligaciones contractuales y no perjudique a los pasajeros ni deteriore bajo ningún concepto la prestación del servicio”, le aseguró a Noticias Urbanas un experto en temas de transporte, al consultársele por la crisis del subterráneo.
Sin embargo, los funcionarios hacen todo lo contrario. Sin ir más lejos, el martes al mediodía, el ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, ofreció una conferencia de prensa donde señaló que, de un total de 210 millones de pesos transferidos durante los primeros seis meses del año a la Ciudad, “108 millones se encuentran depositados en una cuenta del Banco de la Nación” para que la administración de Propuesta Republicana (Pro) los destine centralmente “al mantenimiento” de los subtes. Según lo acordado entre la Nación y la Ciudad, cada administración debe aportar 30 millones de pesos por mes como subsidio para el subte, lo que equivale a una suma total anual de 720 millones.
Randazzo le reclamó al Jefe de Gobierno porteño que “cumpla con lo que firmó” en el acta-acuerdo de transferencia del servicio firmada en enero pasado y “con el compromiso de asumir las responsabilidades del transporte que hace a los vecinos de la Capital Federal”. Por último el funcionario kirchnerista aseguró que, para el subte, el Gobierno nacional transfirió, al 3 de julio pasado, “210 millones de pesos, de los cuales 102 corresponden a gastos operativos y 108 para mantenimiento e inversión”.
Las imputaciones de Randazzo no hicieron más que despertar la ira macrista. La contestación fue inmediata. A través de otra conferencia de prensa, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, apuntó contra el funcionario nacional y señaló que “el dinero depositado en el Banco Nación no es de libre disposición”. Con relación a la empresa concesionaria del servicio de subtes, aseguró que “miente al decir que es un problema que apareció ahora”.
Vidal tildó de mentirosos tanto al ministro del Interior nacional como a los titulares de Metrovías. “Hoy comienzan a verse las consecuencias directas a los pasajeros por la falta de diálogo. El ministro sabe perfectamente que no es cierto lo de los 108 millones. Estos fondos estuvieron destinados a (subsidiar) la tarifa y no para la inversión, y no tienen libre disposición”, aseguró la funcionaria porteña.
Luego agregó: “Si el Gobierno nacional hubiese hecho las inversiones hoy no tendríamos estos problemas en el subte”. Con relación a la empresa, Vidal afirmó que “miente al decir que es un problema que aparece hoy”, en referencia al comunicado sobre el retiro de formaciones por desperfectos técnicos, que derivó en demoras en el servicio.
El legislador de Pro Martín Ocampo fue aun más duro con los K al comparar su modo de gestionar con el del expresidente Carlos Menem. “El ministro sabe perfectamente que los subtes los administra el Gobierno nacional. La de Randazzo es solamente una más de las jugadas desesperadas del kirchnerismo para intentar solucionar sus graves problemas de caja, con esa política que llaman ‘sintonía fina’. Son los mismos políticos que durante el menemismo hablaban de cirugía mayor sin anestesia. Y para eso el Gobierno nacional cuenta con su socio, Metrovías, que no vacila en perjudicar a los usuarios, reduciendo la calidad del servicio si eso les es funcional a sus intereses”, disparó.
A ese cruce de acusaciones entre los funcionarios de Nación y Ciudad se sumaron los dirigentes gremiales que representan a los trabajadores de las seis líneas de subterráneos y el premetro. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), se precisó que al sacar de funcionamiento las 20 formaciones, se “perjudicará el normal funcionamiento del subte”. Anunciaron que el sindicato se encuentra en estado de “alerta y asamblea permanente”, al tiempo que no descartaron una próxima medida de fuerza.
Sin embargo, las declaraciones de superficie ocultan las motivaciones concretas que originaron el problema. “El Grupo Roggio controla el 90 por ciento de Metrovías y, además, es una de las dos patas de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), una sociedad anónima que integran los concesionarios privados Metrovías y Ferrovías (hasta la tragedia ferroviaria de Once, también estaba TBA).
La Ugofe fue conformada a fines de 2004, cuando un pasajero de una formación del ferrocarril San Martín que viajaba en el estribo cayó a las vías y falleció. A raíz de ese hecho, el entonces presidente Néstor Kirchner quitó la concesión de los ramales San Martín, Roca y Belgrano Sur al empresario Sergio Taselli. Los otros tres concesionarios de los ferrocarriles metropolitanos se hicieron cargo del servicio.
Ahora, con la salida de TBA, quedaron solo dos”, explicó un funcionario del área de Transporte. Varias de las fuentes consultadas para esta nota señalan que siempre existió una relación de negocios entre Metrovías y las gestiones K de Néstor y Cristina, que se motorizaron a través del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, que comanda Julio de Vido.
Este semanario adelantó en la nota titulada “Atado con alambre”, del 23 de mayo, las irregularidades cometidas por el Grupo Roggio en el manejo del subte, mediante las cuales desviaban hacia una empresa de su mismo grupo el dinero de los subsidios en lugar de invertir en el mantenimiento de las formaciones. Allí se informó que “los negocios denunciados por Anses son aquellos vinculados a la tercerización de publicidad en vía pública, convenios de asistencia técnica y cánones de asesoría. La mayor parte de estas ganancias es operada por la firma Metronec, sociedad anónima que gestiona la publicidad en vagones, estaciones, escaleras, relojes y demás espacios de gran visibilidad en el subte. Metronec tuvo una facturación superior a Metrovías en 2010 y el año pasado la equiparó en ganancias”.
“El kirchnerismo no puede apretar a Roggio sin sufrir las consecuencias. Si la concesionaria no cumplía con sus deberes contractuales y no era castigada era porque los organismos de control hacían la vista gorda. La situación no es actual, ya que las falencias de Metrovías son de larga data. Y las fallas cometidas no eran nada menores. Por eso, todo hace suponer que la empresa estaba arreglada con un funcionario de mucho peso a nivel nacional. Si no fuera así, no se entiende que ahora salga a decir que retira 20 formaciones por falta de dinero y exija, a pesar de todos sus incumplimientos, que se le suba el subsidio. Es ilógico que el Gobierno nacional no tome ningún tipo de medidas contra la empresa, y que el poder lo tenga Metrovías y no el Estado nacional”, le detalló a NU un importante ingeniero del Grupo Roggio que conoce la relación íntima entre los K y la compañía.
Las asociaciones de usuarios fueron las primeras en afirmar que el Estado tiene todas las herramientas legales para poner en caja a la concesionaria. El representante legal de Consumidores Libres, el socialista Héctor Polino, opinó que el Gobierno de la Ciudad debe proceder a intimar a la empresa a restablecer las unidades retiradas y aplicar la sanción que corresponda. “La actitud de la empresa es injustificada”, señaló Polino. Y remarcó que al importe del boleto de 2,50 pesos que Metrovías cobra y a los 30 millones de pesos mensuales que percibe del Estado nacional, hay que agregarles lo que recibe a través de su empresa vinculada Metronec.
“El retiro de las formaciones ocasionó mayores problemas a los usuarios que los habituales, teniendo que viajar hacinados aun en horarios en que normalmente se viaja con cierta comodidad”, concluyó el representante de la asociación. Pese a todos los elementos legales de los que disponen la Nación y la Ciudad para solucionar el conflicto, nada hacen al respecto y, eludiendo sus obligaciones, prefieren dedicar su tiempo a pelearse públicamente como perro y gato mientras los azorados ciudadanos padecen con resignación el mal servicio de los subterráneos.
Fuente: http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?x=107733
El 30 de julio comienza el plan de obras para el mejoramiento del servicio del ferrocarril Sarmiento
El ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, dijo que el objetivo "es mejorar el transporte público", en este caso puntualmente el Sarmiento, la línea más antigua en el país. En ese sentido, anunció que se harán mejoras en los depósitos y estaciones, en el señalamiento y en el material rodante y las vías.
Randazzo diferenció la forma en que se ejecutará este plan, con fondos propios del Ministerio, y cómo se hacían las cosas "en la década de los ´90", destacando que en este caso "hay un fuerte control del Estado" y controles de la Sigen y la Auditoría General de la Nación. La cartera anunció también que tiene en carpeta lanzar, en las próximas semanas, un plan de obras similar para el Ferrocarril Mitre, que une Retiro con José León Suárez, en el noroeste del Gran Buenos Aires.
Tras hacerse cargo en el Ministerio de Transportes, en junio pasado, Randazzo decidió crear una unidad de gestión que incluye a las empresas Ferrovías y Metrovías que tienen a su cargo los servicios del ferrocarril Sarmiento y el Mitre, dos de las líneas más importantes que conectan a la Capital Federal con el Gran Buenos Aires. El Ministerio ya está realizando una obra de importancia para la zona oeste del Gran Buenos y los barrios porteños de Liniers hasta Caballito, que es el soterramiento del tren, lo que permitirá terminar para siempre con los pasos viales y evitar así accidentes como así también pérdida de tiempo a los automovilistas en las barreras.
Los trabajos empezaron a principios de julio de este año en Haedo, partido de Morón, y continuará hasta Caballito, en una primera etapa. Para concretar la obra de mejoras en el Ferrocarril Sarmiento, en su inicio, el 30 de julio, el servicio no funcionará -por un período de 60 días- entre las 22 y las 4, de lunes a viernes, y tampoco el domingo, a lo largo de todo el día, desde Once a Liniers.
El Ministerio informó que se esa forma se podrá acelerar el plan de obras y explicó que solo se verán afectados el 5 por ciento de los usuarios de los que suelen viajar en horario nocturno durante la semana, estimados en unos 10.000 de los 190.000 que tiene la línea. En tanto que el cierre del servicio el domingo afectará a 50.000 usuarios, según la estimación del Ministerio. En ese orden, dispuso que una flotilla de 120 micros refuercen el servicio en cada una de las estaciones en obras, de modo se suplirlo tanto de lunes a viernes de 22 a 4, como los domingos.
Randazzo sostuvo que habló con los intendentes de la zona oeste por la zona que pasa el ferrocarril en su trayecto hacia Moreno, y decidió realizar obras para que sean "más amigables" e incluso para en algunas poner el servicio de trámites de DNI, pasaporte y tarjeta SUBE, que tiene a su cargo el Ministerio.
Puntualmente sobre los trabajos a realizar, el ministro detalló que se harán sobre el material rodante, que consta actualmente de 190 vagones, de los cuales se repararán 140 y se recuperarán 20 que hoy están inutilizables. También se repararán las vías en forma integral, entre Once y Liniers, y se llamará a una licitación para el señalamiento dentro de los 90 días, obra ésta aparte del presupuesto de obras de 800 millones de pesos. "La decisión de llevar adelante este plan de obras ha sido tomada por la presidenta y la vamos a cumplir con este compromiso que es mejorar el transporte público, en este caso los ferrocarriles", enfatizó el ministro.
Cassidian desarrolla un sensor invisible para localizar objetos difíciles de detectar
El responsable de la sección Sensors & Electronic Warfare de Cassidian, Elmar Compans, recuerda que los principios del radar pasivo se conocen desde hace tiempo. “Pero por nuestra parte hemos incorporado las posibilidades más actuales de las tecnologías digitales de recepción y procesamiento de señales para incrementar considerablemente el alcance y la exactitud de la detección mediante el uso simultáneo de diversas estaciones emisoras”, añade
Con esta tecnología, se explica en la nota informativa en la que la compañía anuncia este avance, Cassidian rellena huecos concretos del control del espacio aéreo civil y militar que hasta ahora no era posible completar o no se cubrían suficientemente con los radares activos (emisoras).
En sus aplicaciones militares, este sistema posibilita la vigilancia de áreas amplias mediante la utilización de receptores en red, y con la ventaja operativa de que el radar pasivo resulta muy difícilmente detectable por el enemigo.
El sistema permite localizar también objetos difíciles de detectar, como aviones y barcos furtivos. Otra ventaja adicional de la nueva tecnología estriba en la mayor capacidad de detección de la sombra de radar en las regiones montañosas, así como la localización de objetos extremadamente lentos y en vuelo a baja altura. De momento, según la información de la compañía, ya se ha suministrado un sistema de demostración a la Oficina Federal de Técnica Militar y Adquisiciones (BWB) de Alemania.
El radar pasivo de Cassidian puede instalarse en un vehículo del tamaño de un furgón comercial para su utilización móvil y trasladarse de forma muy rápida y con unas mínimas necesidades logísticas. Esta tecnología ya ha superado una serie de ensayos en el aeropuerto de Stuttgart, entre otros emplazamientos, y para antes de final de año se prevé la construcción de un sistema pre-serie.
Cassidian es la división de defensa y seguridad del consorcio europeo EADS. Entre otros, desarrolla sistemas aéreos (aviones y sistemas aéreos no tripulados), sistemas navales, sistemas terrestres, y equipos de comunicaciones, inteligencia y vigilancia. Actualmente cuenta con 28.000 empleados, y en 2011 alcanzó unos ingresos de 5.800 millones de euros.
La compañía brasileña Centigon presenta el nuevo blindado policial Alacran
“Este vehículo ya está siendo utilizado en México para el combate del narcotráfico por la Policía Nacional y por la Marina. Comercializamos 120 unidades para este país, con excelente aceptación. Ahora es el momento de entrar en el mercado brasileño. Con la llegada de tres grandes eventos internacionales (la Copa de Confederaciones, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos) nuestras policías y fuerzas armadas necesitan equipos eficientes y de calidad. Y nada mejor que el prestigio de la tecnología 100% nacional que Centigon utiliza en sus productos, una de nuestras grandes diferencias”, explica Andrés Belmonte, generente general de la compañía.
El Alacran está disponible en las versiones 4x2 y 4x4 y fue desarrollado para transportar hasta 10 tripulantes, además de un motorista y un comandante. También existen oportunidades de ‘customizar’ el vehíuclo, con espacio para hasta 12 tripulantes. Esta versión Off Road posee una autonomía de hasta 800 kilómetros con dos tanques de combustibles y velocidad máximo de por lo menos 130 kilómetros / hora. Puede ser construido con diversos paquetes balísticos para proteger contra amenazas de calibres de hasta .50 y protección para el suelo contra granadas DM 51, M67 y minas antipersonal DM-31.
La compañía también presenta sus kits para blindaje de helicópteros con materiales de alta resistencia balística y bajo peso agregado. Centigon respeta las más exigentes normas internacionales y muestra la más avanzada tecnología del mercado en protección. “Una de las ventajas de ser utilizada nuestra tecnología es el tiempo. En el mercado, un blindaje de helicóptero demora cerca de tres horas para ser instalado. Dependiendo del modelo de la aeronave, se ahorra hasta 20 minutos”, afirma Belmonte.
Además de estos productos, Centigon destaca por sus cristales blindados, protegidos contra calibres pesados. Estos vidrios balísticos protegen contra rifles de asalto con municiones comunes y perforantes.
CITEDEF: Esta desarrollando el Gradicom III, un cohete más potente
Cuéntenos un poco sobre la situación actual que atraviesa CITIDEF, ¿cuántas personas trabajan aquí, cuántas áreas se encuentra operativas?
En estos momentos trabajan aquí unas 650 personas, no hay cifras exactas porque tenemos una cantidad de jóvenes profesionales-becarios que son asignados a determinados proyectos y luego algunos se van, pero esa es la cifra que manejamos en la actualidad.
En cuanto a las áreas, en estos momentos estamos trabajando en casi cien proyectos que son de distintas demandas; por un lado algunos proyectos que encarga el propio Ministerio de Defensa, otros que nos encarga la Fuerza Aérea, otros el Ejército, otros la Armada, también la industria –como la Fábrica Argentina de Aviones, o los astilleros que operan en el CINAR (Complejo Naval Industrial Argentino. NdeA) y también estamos trabajando en varios proyectos requeridos por el ámbito privado, que se presentan con sus respectivos presupuestos aprobados.
Actualmente tenemos algunos proyectos importantes, por ejemplo la recuperación y modernización del radar del Buque Rompehielos ‘Irizar’, solicitado por la Armada y el CINAR.
Brasil donó un componente para dicho radar…
Así es, nos donó un componente electrónico necesario, porque como es un radar antiguo, la fábrica ha discontinuado su producción y necesitamos algunos repuestos; Brasil lo tenía y con mucha solidaridad nos lo ofreció y se lo agradecemos mucho.
Otros componentes los buscamos por otro lado, o lo fabricamos mientras podamos hacerlo. También tenemos el área de desarrollo de Vectores, que en nuestro país durante veinticinco años prácticamente estuvo paralizado y que lo reiniciamos a partir del año 2009 y ya hemos construido y probado dos cohetes; el primero llamado “Gradicom I”, que alcanzó los cuarenta kilómetros de altura, y el segundo, llamado “Gradicom II”, que alcanzó los cien kilómetros de altura y ciento veinte kilómetros de distancia.
En estos momentos estamos desarrollando un nuevo cohete que será más potente que los otros dos, cuya denominación será ‘Gradicom III’, y que se presentará con mayor tecnología, como por ejemplo recuperación de carga útil, guiado y control mucho más desarrollado. Para poder desarrollar un cohete hace falta la integración de muchas disciplinas: química, electrónica, telemetría, aeronáutica, estructural, metalúrgica, metalmecánica; es decir, participan muchos especialistas.
¿Para qué fecha se estima la prueba del cohete ‘Gradicom III’?
Está previsto hacerse en la segunda mitad de este año.
¿Efectivamente será así?
Bueno, si los recursos financieros nos alcanzan sí, porque también tenemos restricciones financieras.
La elaboración y construcción de este cohete, ¿continúa siendo ciento por ciento nacional?
Sí, en este sentido, también nos estamos preparando para integrarnos en el proyecto de la Agencia Espacial de la UNASUR, presentado por nuestro ministro de Defensa durante una reunión de ministros de Defensa de la UNASUR en noviembre pasado y tras ser aceptada, ahora se está vinculando funcionalmente la Agencia y la idea es empezar a trabajar en forma conjunta; obviamente que nuestro país y Brasil, son quienes ostentan mayor desarrollo relativo en este campo, a nivel regional.
Por lo tanto, el ‘Gradicom III’ también tendría un uso para el ámbito civil...
Este proyecto está concebido para su uso dual, porque también repotenciamos misiles que a medida que se van venciendo, quedan dos caminos: o destruirlos y comprar nuevos o repotenciarlos y recuperarlos. Por lo demás, y desde luego, no tenemos ninguna hipótesis de agredir a nadie, sino para tener equipamiento al servicio de nuestra defensa potencial, nada más.
Por fuera de esto, también tenemos otra área de pirotecnia, con la que brindamos distintos servicios y equipamientos a los aviones, tanto de la Fuerza Aérea como a los de la Armada, que son los que permiten distintos tipos de eyección y de movimiento que tienen los aviones y que funcionan con determinados tipos de cartuchos pirotécnicos que tienen que ser muy precisos y muy seguros.
Por otro lado tenemos un área ‘Láser’, donde hemos trabajado en cooperación con la Agencia Aeroespacial japonesa y con la Universidad Magallanes de Chile, donde se instaló un observatorio en nuestra ciudad patagónica de Río Gallegos, para medir y hacer el seguimiento del comportamiento del Agujero de Ozono, con un equipo que denominados LIDAR, ese equipo que se creó para ver el tema del Ozono, aplicando esa tecnología, construimos y seguimos construyendo otros similares para instalar en los aeropuertos de toda la región de la Patagonia, y que servirán para medir con precisión la medida y el efecto de las cenizas volcánicas, que azotan cada tanto a esa región del país, para ofrecer mayor seguridad a los vuelos comerciales.
Otro temas con el área de Láser, que estamos trabajando, es el denominado de ‘Separación Isotópica’, que permitirá separar elementos. Otros proyectos que estamos desarrollando también, tienen que ver con la automatización y modernización de viejos cañones del Ejército Argentino, que ahora le incorporamos electrónica, informática y moderna operatividad. En este terreno, estamos trabajando fuertemente en el CP-30, que es un lanzador múltiple montado sobre un camión y que dispara 37 cohetes en doce segundos.
¿También producen simuladores?
Así es, estos son formas de entrenamiento del personal, sin tener que erogar recursos importantes. Nosotros producimos simuladores de tiro, para tanques y para vuelos, entre ellos, desarrollamos el simulador de vuelo para los aviones de entrenamiento avanzado Pampa. Además, entre las novedades que te contaba antes, estamos desarrollando, a largo plazo, se denomina Criptografía Cuántica; que tiene que ver con la seguridad informática; vital para estos tiempos.
¿Han suscripto convenios con otros organismos y/o empresas privadas de otros países para desarrollar proyectos en conjunto?
Sí, claro; tenemos convenios con organismos estatales, Fuerzas Armadas y universidades de otros países, fundamentalmente –por decisión política del gobierno argentino- con aquellos que pertenecen a los países de esta región.
Imagino que en este marco de cooperación con los países de la UNASUR, deben existir conversaciones para la exportación de algunos de estos proyectos que usted nombró.
Sí, de nuestros proyectos, los que hasta ahora despertaron mayor interés son los referidos a los simuladores, de todo tipo; Vectores; extensión de vida útil de misiles; también nuestra tecnología para el desminado de campos; en este sentido, nosotros hemos colaborado con distintos países del mundo.
¿Se concretó, oficialmente, alguna venta en estos tiempos?
Los convenios no los firmamos nosotros, se firman a nivel de los gobiernos.
Por último, ingeniero: ¿se vio incrementado en los últimos tiempos el presupuesto que ustedes reciben para llevar a cabo sus proyectos?
Sí, hubo un incremento presupuestario en los últimos años, aunque siempre con restricciones.
lunes, 23 de julio de 2012
Paraísos fiscales: 13 mil billones ocultos de la elite global
Según publicó ayer el dominical británico The Observer, hermano de The Guardian, siguiendo los resultados de la comisión de investigación del grupo Tax Justice Network, se estima que entre 16,6 y 25, billones de euros, es decir, de 13 a 20 billones de libras (1€=1,28 Libras al cambio actual) es la cantidad que las grandes fortunas del mundo defraudan al fisco.
El cálculo más detallado sobre la magnitud de la economía sumergida, “The Price of Offshore Revisited”, es el título del informe, y se lo debemos a James Henry, ex economista y consultor de McKinsey y experto en paraísos fiscales.
Este informe muestra la cantidad desorbitada de recursos económicos que se han filtrado fuera de las cuentas de los países hacia jurisdicciones secretas como Suiza y las Islas Caimán con la ayuda de bancos privados, que luchan para atraer estos activos de los llamados individuos de alto patrimonio neto. Su riqueza está, como Henry dice, “protegida por un grupo de profesionales muy bien pagados en la banca privada y en las industrias jurídicas, contables y de inversión, aprovechando la disminución de fronteras y fricciones de la economía mundial”.
Según explica The Observer, “el detallado análisis en el informe, completado utilizando datos de una serie de fuentes, incluido el Banco de Asentamientos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional, sugiere que para muchos países desarrollados el valor acumulado del capital que ha fluido fuera de sus economías desde los 70′ podría ser más que suficientes para pagar sus deudas con el resto del mundo.
De acuerdo con la investigación de Henry, sólo los diez primeros bancos privados, entre los que figuran UBS y Credit Suisse en Suiza, al igual que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, manejaron más de 4 billones en 2010, un pronunciado aumento desde los 1,5 billones de cinco años antes.
Los pueblos de potencias petroleras han sido las más propensas en ver desaparecer la riqueza de su país gracias a las facilidades que se da a las cuentas sumergidas e impunidad a los off-shores y otros conocidos paraísos fiscales. Según la investigación, “si se incluyen los intereses de la inversión de los activos ocultos, casi 500.000 millones de libras han abandonado Rusia desde el principio de los 90′, cuando la economía se abrió. Arabia Saudí ha visto salir del país 197.000 millones de libras desde mediados de los 70′ y Nigeria 196.000 millones de libras”.
“El problema aquí es que los activos de estos países son de una pequeña cantidad de individuos ricos mientras que las deudas están sobre los hombres de la gente de a pie de estos países a través de sus gobiernos”, dice el informe.
Según The Observer, la suma total de la fortuna asentada fuera del alcance de las autoridades fiscales es tan grande que sugiere que las medidas estándar sobre desigualdad desestiman de forma radical la verdadera brecha entre ricos y pobres. De acuerdo a los cálculos de Henry, 6,4 billones de libras están bajo el dominio de sólo 92.000 personas, es decir, el 0,001 de la población mundial -una pequeña clase de mega ricos que tienen más en común entre sí que todos aquellos en el fondo de la escala de ingresos en sus propias sociedades.
“Estas estimaciones revelan un asombroso fallo: la desigualdad es mucho, mucho peor de lo que muestran las estadísticas oficiales, pero los políticos aún confían en el gota a gota para transferir riqueza a la gente más pobre”, dice John Christensen, de Tax Justice Network. “La gente en la calle no se hace ilusiones en cuanto a lo injusta que se ha vuelto la situación”.
El secretario general del Congreso de Sindicatos, Brendan Barber, afirma que “los países del mundo están bajo una intensa presión para reducir sus déficit y los gobiernos no pueden permitirse que mucha riqueza se fugue a paraísos fiscales. Cerrar las rendijas fiscales explotadas por multinacionales y super ricos para evitar pagar lo que les corresponde reducirá el déficit. De esta manera el gobierno puedo centrarse en estimular la economía, en vez de en estrangular la vida con recortes y aumentos de impuestos para el 99% de la gente, que no son lo suficientemente rica para evitar pagar impuestos”.
Asumiendo los 13 billones de libras en activos que reporta una media del 3 por ciento anual para sus propietarios, y si los gobiernos son capaces de tasar estos impuestos al 30 por ciento, se generaría un colchón de 121.000 millones de libras de ganancias -más de lo que los países ricos han gastando en ayuda al desarrollo cada año.
Grupos como UK Uncut han centrado la atención en la miserable declaraciones de hacienda de algunos de los individuos más adinerados, como Topshop, propiedad de Phillip Green, con veteranos en una reciente protesta gritando: “¿Dónde fue todo el dinero? ¡Se lo llevó a Mónaco!”. La mayor parte del imperio textil de Green es propiedad de su mujer, Tina, que vive en el principado de los bajos impuestos.
Una portavoz de UK Uncut dice: “Gente como Phillip Green usa servicios públicos -necesitan que las calles estén limpias, la gente necesita transporte público para ir a sus tiendas – pero no quieren pagar por ello”.
Líderes de los países del G20 han prometido repetidamente cerrar los paraísos fiscales desde que crisis financiera de 2008, cuando el secretismo que envolvía el sistema bancario fue ampliamente visto como agravante de la inestabilidad. Pero muchos países aún rechazan que los detalles de la riqueza financiera de los individuos estén disponibles como una práctica habitual para las autoridades financieras en sus países de origen. A Tax Justice Network le gustaría ver que este tipo de intercambio de información se convirtiera en una práctica habitual, para prevenir que individuos ricos jueguen en una jurisdicción en vez de en otra.
“La mera existencia de la industria sumergida global y del estado libre de impuestos de enormes sumas invertidas por sus clientes ricos se predica en secreto”, dice Henry.
La información ofrecida en The Guardian ha sido publicada en España en diarios digitales económicos (elEcomomista.es y Expansión.com), en el regional eitb, y en ABC y La Vanguardia, que se hicieron eco de la nota de Europapress al respecto. El País y El Mundo, los diarios de mayor tirada, no han publicado nada hasta el momento
Fuente: http://urgente24.com/areax/2012/07/paraisos-fiscales-13-mil-billones-ocultos-de-la-elite-global/
Ciccone: circulan billetes de $ 100 con groseras fallas de impresión
Por Nicolás Wiñazki - Diario Clarín
Tienen los números invertidos y están manchados. En el Gobierno dicen que no fueron hechos en esa imprenta.
La imagen es elocuente. Hay billetes de cien pesos en circulación tan mal impresos que incluso algunos de ellos tienen los números al revés. Hay otros salpicados con manchones de tinta violeta. O con la imagen del reverso impresa también en el anverso. Y otros que directamente tienen manchones violetas, los números al revés y la imagen del anverso en el reverso. Todo junto.
Clarín comprobó que esos billetes con errores groseros de impresión corresponden a la serie U. El Gobierno había informado que la Casa de Moneda de Brasil imprimiría billetes de $ 100 de las series Q, R, S y T. Las series restantes se están imprimiendo en la Casa de Moneda nacional y en la ex Ciccone Calcográfica.
Vinculada por la Justicia al vicepresidente Amado Boudou, Ciccone fue contratada por la Casa de Moneda para imprimir 410 millones de billetes de cien: cobrará para hacerlo 160 milllones de pesos. En mayo, este diario informó que las máquinas de esa compañía sufrían problemas técnicos que comprometían la calidad de los billetes que se intentaban confeccionar. Aquellos errores de impresión coinciden con el de los billetes serie U que por estos días salieron de varios cajeros, tanto de la Capital Federal como de alguna localidad del interior bonaerense.
Algunas palabras de los billletes fallidos, como la frase “cien pesos”, salieron con la tinta corrida, lo mismo que pasa en los números “100”. Técnicos especializados explicaron que ese error es conocido en la jerga de la impresión como “patas de araña”. Se produce cuando la tinta no es limpiada de modo correcto por un cilindro limpiador de una máquina llamada “Super Orloff”.La máquina es la que tienen la ex Ciccone y también la Casa de Moneda, que está al mando de Katya Daura, un funcionaria de confianza de Boudou, con quien trabajó en distintas dependencias públicas, como la ANSeS.
Los números al revés, o las imágenes del reverso que están también impresas en el anverso, se produjeron porque billetes con la tinta todavía fresca se posaron sobre otros, duplicando las figuras de forma despareja.
Las máquinas de la ex Ciccone habían tenido también problemas para estampar las figuras que se imprimen en modo calcográfico, es decir, con un relieve apenas perceptible, algo fundamental para garantizar la seguridad de la emisión monetaria. Bajo el ojo de expertos, los billetes fallidos de la serie U tienen una impresión calcográfica de mala calidad.
Fuentes del Gobierno dijeron que los billetes fallidos que están en circulación no fueron producidos por la ex Ciccone, pero ningún funcionario lo aseguró de modo oficial.
El billete que ilustra esta nota salió de un cajero del Banco Nación de la localidad bonaerense de San Pedro. Lo recibió el concejal Mario Sánchez Negrete, del partido Frente de Todos. “Mientras el Gobierno aplica a rajatabla el cepo a las monedas extranjeras, no puede asegurar la calidad de nuestro dinero. Para para hacerlo paga importes millonarios, como actualmente pasa con Ciccone”, dijo Sánchez Negrete a Clarín . Y contó que una vez que el Banco Nación de San Pedro supo lo que había pasado, informó por los medios locales que cambiaría los billetes defectuosos a quienes lo reclamen.
Clarín confirmó otros casos de billetes de $ 100 de la serie U que tienen fallas de impresión. Incluso en un sitio de compras de Internet se vende alguno, como una curiosidad. Por ahora, en el Banco Central no se recibieron denuncias por estas cuestiones. En la web de la entidad se informa que la última serie de los billetes de $ 100 que está en circulación es la T. Pero hay más.
Tienen los números invertidos y están manchados. En el Gobierno dicen que no fueron hechos en esa imprenta.
Clarín comprobó que esos billetes con errores groseros de impresión corresponden a la serie U. El Gobierno había informado que la Casa de Moneda de Brasil imprimiría billetes de $ 100 de las series Q, R, S y T. Las series restantes se están imprimiendo en la Casa de Moneda nacional y en la ex Ciccone Calcográfica.
Vinculada por la Justicia al vicepresidente Amado Boudou, Ciccone fue contratada por la Casa de Moneda para imprimir 410 millones de billetes de cien: cobrará para hacerlo 160 milllones de pesos. En mayo, este diario informó que las máquinas de esa compañía sufrían problemas técnicos que comprometían la calidad de los billetes que se intentaban confeccionar. Aquellos errores de impresión coinciden con el de los billetes serie U que por estos días salieron de varios cajeros, tanto de la Capital Federal como de alguna localidad del interior bonaerense.
Algunas palabras de los billletes fallidos, como la frase “cien pesos”, salieron con la tinta corrida, lo mismo que pasa en los números “100”. Técnicos especializados explicaron que ese error es conocido en la jerga de la impresión como “patas de araña”. Se produce cuando la tinta no es limpiada de modo correcto por un cilindro limpiador de una máquina llamada “Super Orloff”.La máquina es la que tienen la ex Ciccone y también la Casa de Moneda, que está al mando de Katya Daura, un funcionaria de confianza de Boudou, con quien trabajó en distintas dependencias públicas, como la ANSeS.
Los números al revés, o las imágenes del reverso que están también impresas en el anverso, se produjeron porque billetes con la tinta todavía fresca se posaron sobre otros, duplicando las figuras de forma despareja.
Las máquinas de la ex Ciccone habían tenido también problemas para estampar las figuras que se imprimen en modo calcográfico, es decir, con un relieve apenas perceptible, algo fundamental para garantizar la seguridad de la emisión monetaria. Bajo el ojo de expertos, los billetes fallidos de la serie U tienen una impresión calcográfica de mala calidad.
Fuentes del Gobierno dijeron que los billetes fallidos que están en circulación no fueron producidos por la ex Ciccone, pero ningún funcionario lo aseguró de modo oficial.
El billete que ilustra esta nota salió de un cajero del Banco Nación de la localidad bonaerense de San Pedro. Lo recibió el concejal Mario Sánchez Negrete, del partido Frente de Todos. “Mientras el Gobierno aplica a rajatabla el cepo a las monedas extranjeras, no puede asegurar la calidad de nuestro dinero. Para para hacerlo paga importes millonarios, como actualmente pasa con Ciccone”, dijo Sánchez Negrete a Clarín . Y contó que una vez que el Banco Nación de San Pedro supo lo que había pasado, informó por los medios locales que cambiaría los billetes defectuosos a quienes lo reclamen.
Clarín confirmó otros casos de billetes de $ 100 de la serie U que tienen fallas de impresión. Incluso en un sitio de compras de Internet se vende alguno, como una curiosidad. Por ahora, en el Banco Central no se recibieron denuncias por estas cuestiones. En la web de la entidad se informa que la última serie de los billetes de $ 100 que está en circulación es la T. Pero hay más.
Recuerdan a los jubilados sólo para saquearlos
Por Adrián Pérez EX DIPUTADO NACIONAL POR COALICION CIVICA/ARI - Diario Clarín
Los jubilados son los olvidados de la agenda política. No sólo porque no se atiende el reclamo de aquellos que después de un largo peregrinaje por las oficinas públicas debieron acudir a la Justicia para obtener la actualización de sus haberes, sino porque una gran mayoría cobra sumas que no les cubren sus necesidades primarias.
El Gobierno decidió abonar sólo un cuarto de las sentencias judiciales en firme por año, cuando al mismo tiempo utiliza el dinero de la ANSeS para afrontar una serie de gastos corrientes.
La implementación de la Asignación Universal por Hijo es correcta y necesaria, pero no se debe cargar a los jubilados con su financiamiento. Lo mismo sucede con el programa Conectar Igualdad y el nuevo plan de vivienda: son financiados por los jubilados como si pudieran prescindir de lo que les pertenece.
Hay que tener en cuenta además que desde 2009 la ANSeS es el organismo que más contribuye a sostener el superávit primario y, aunque el Gobierno lo niegue y siga asegurando que existe superávit, la realidad es que las cuentas públicas se han deteriorado de manera significativa a lo largo de estos años, lo que volvió determinante la solvencia de la ANSeS para poder apuntalarlas.
Los datos de 2011 evidencian que el déficit primario del Tesoro Nacional por $11.645 millones pudo transformarse en superávit gracias al aporte de la seguridad social, que acumuló un saldo positivo de $22.700 millones. Esto demuestra que el principal objetivo de la estatización del sistema jubilatorio era utilizar los recursos previsionales para financiar una política indiscriminada de gasto público.
El excedente con que cuenta la ANSeS debería utilizarse para afrontar la deuda con la clase pasiva y dar respuesta al más de medio millón de jubilados que fueron a la Justicia para que les reconozcan sus derechos. También debería servir para avanzar en la implementación de la recomposición de los haberes: no puede ser que más de las tres cuartas partes de los jubilados cobre el haber mínimo, que no cubre el 50% de la canasta básica.
El Gobierno decidió abonar sólo un cuarto de las sentencias judiciales en firme por año, cuando al mismo tiempo utiliza el dinero de la ANSeS para afrontar una serie de gastos corrientes.
La implementación de la Asignación Universal por Hijo es correcta y necesaria, pero no se debe cargar a los jubilados con su financiamiento. Lo mismo sucede con el programa Conectar Igualdad y el nuevo plan de vivienda: son financiados por los jubilados como si pudieran prescindir de lo que les pertenece.
Hay que tener en cuenta además que desde 2009 la ANSeS es el organismo que más contribuye a sostener el superávit primario y, aunque el Gobierno lo niegue y siga asegurando que existe superávit, la realidad es que las cuentas públicas se han deteriorado de manera significativa a lo largo de estos años, lo que volvió determinante la solvencia de la ANSeS para poder apuntalarlas.
Los datos de 2011 evidencian que el déficit primario del Tesoro Nacional por $11.645 millones pudo transformarse en superávit gracias al aporte de la seguridad social, que acumuló un saldo positivo de $22.700 millones. Esto demuestra que el principal objetivo de la estatización del sistema jubilatorio era utilizar los recursos previsionales para financiar una política indiscriminada de gasto público.
El excedente con que cuenta la ANSeS debería utilizarse para afrontar la deuda con la clase pasiva y dar respuesta al más de medio millón de jubilados que fueron a la Justicia para que les reconozcan sus derechos. También debería servir para avanzar en la implementación de la recomposición de los haberes: no puede ser que más de las tres cuartas partes de los jubilados cobre el haber mínimo, que no cubre el 50% de la canasta básica.
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