Por
Martín Kanenguiser | LA NACION - Twitter: @mkanen
NUEVA
YORK.- El juez Thomas Griesa nombró ayer un mediador para que la
Argentina y los holdouts se sienten desde esta tarde a negociar en Nueva
York, con la difícil misión de llegar a un acuerdo tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tomar el caso.
El
elegido es el abogado Daniel A. Polack, con amplia experiencia en
litigios en el sector financiero, que deberá comunicar al juez cualquier
acercamiento para que éste tome una decisión. Polack, egresado de
Harvard, ganó varios casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos como
representante del sector privado y se hizo fama de duro -y hasta el
apodo de "el hombre que muerde al perro"- cuando desafió al gobierno
norteamericano para que no se excediera en sus investigaciones contra el
sistema financiero, años antes de la última crisis global.
El juez respondió con esta convocatoria a la carta que el Gobierno le había enviado a la mañana
a través de sus abogados en esta ciudad, en la que le pidió que
restableciera el amparo que suspende la acción del fallo para poder
negociar una salida con sus acreedores.
El estudio de Polack está
en el edificio de la coqueta Park Avenue 245, donde se desarrollarán las
negociaciones. El primer encuentro será sólo con los abogados, pero
posiblemente en los siguientes participen también los propios
demandantes y, si quiere, el Ministerio de Economía argentino.
Una
fuente cercana a los fondos buitre comunicó que "éste es un paso
positivo, porque crea una potencial estructura para movernos hacia
adelante". En cambio, una fuente de los inversores minoristas que
participaron de la demanda contra la Argentina dijo a LA NACION que "acá
no es cuestión de nombrar a un mediador, sino de que la Argentina
muestre voluntad de negociar, y eso aún no está claro, más allá de los
discursos".
El foco de la energía del Gobierno estuvo colocado
ayer en el pedido ante Griesa para que reinstale el efecto suspensivo de
la sentencia por 1400 millones de dólares para sentarse a negociar, a
través de una carta presentada por sus abogados.
Especialistas en
temas legales que siguen el caso de cerca dijeron que esto sólo puede
concretarse si los demandantes lo aceptan, pero fuentes vinculadas a
estos grupos afirmaron a LA NACION que no están de acuerdo con esta
premisa.
Por lo tanto, quieren primero ver cuál es la propuesta
que acercará el Gobierno y luego decidir sobre esta cuestión, que para
el Gobierno es clave, dado el pago que debe hacer por 200 millones de
dólares el próximo lunes o hasta el 30 de julio, correspondiente al
vencimiento de los bonos Discount emitidos en dólares y bajo legislación
norteamericana. "La Argentina no necesita esta medida en forma
inmediata, hay que negociar primero", indicó la fuente de los
litigantes, que admitió que hubiera preferido que Griesa resolviera este
caso sin intermediarios.
La carta
En su carta a Griesa, la Argentina dijo que "respetuosamente solicita una medida suspensiva (stay) de los
amended
injunctions [medidas cautelares], que le permita entablar
conversaciones con los demandantes en un plazo de tiempo razonable para
este tipo de negociaciones".
En este sentido, la misiva menciona
que en los últimos meses el Gobierno "ha resuelto con éxito importantes
disputas", incluyendo la planteada por Repsol SA, que había demandado a
la Argentina ante el Ciadi por la suma de 10.000 millones de dólares,
por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF SA; la
larga negociación con los países miembros del Club de París, por 9700
millones de dólares, y con las empresas que habían obtenido laudos
favorables en las demandas que plantearon contra el país ante el Ciadi.
El mensaje continúa afirmando que "un
stay
proporcionaría un resguardo (un "paraguas legal") para que las
negociaciones tengan lugar, considerando las complejidades legales y
financieras inherentes al proceso", y luego aclara que "el total
adeudado a los
holdouts luego de la reestructuración de deuda de
la República excede la mitad de las reservas del país", una cifra que
para todos los especialistas del sector privado es incorrecta, ya que
creen que la suma estaría entre 7000 y 10.000 millones de dólares (y no
15.000 millones, como plantea el Gobierno).
También se mencionó la
cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO), que impide hacer una
oferta en forma voluntaria mejor a los
holdouts que la que
recibieron los bonistas que entraron a los canjes, pero que para los
abogados especialistas no rige si la propuesta surge por una orden
judicial.
Tácitamente, también menciona la ley cerrojo como un
impedimento para cambiar la oferta, aunque en Wall Street creen que si
el Gobierno tiene voluntad de suspenderla, lo haría de inmediato en el
Congreso.
"La Argentina se encuentra comprometida a entablar un
diálogo con los demandantes que pueda llevar a la resolución de este
litigio en tanto y en cuanto se den las condiciones propicias para que
la negociación contemple los intereses del 100% de los acreedores",
concluye la carta.
La opinión de los expertos
El abogado Marcelo Etchebarne, consideró en diálogo con LA NACION, que "si el mediador lo pide, puede ser que Griesa reponga el
stay",
mientras que su colega Marco Schabl sostuvo: "Dudo que lo hagan si no
lo piden las dos partes, y eso dependerá de cómo vayan las
negociaciones: si están cerca un acuerdo, habrá incentivos para que lo
hagan".
Por su parte, el abogado Richard Samp, de la Washington
Legal Foundation, dijo que "el nombramiento de un mediador puede
facilitar las negociaciones, pero no debe ser visto como una indicación
de que Griesa está presionando a las partes a negociar". Sobre la
posibilidad de que reinstale el
stay, Samp dijo que "Griesa
emitió sus órdenes hace dos años y ahora que el proceso judicial está
agotado no hay razón para pensar que le garantizará más demoras a la
Argentina".
El abogado se refiere a la decisión de Griesa en
primera instancia de ordenar el pago a este grupo de bonistas al mismo
tiempo que a los acreedores que ingresaron al default, pero
reconociéndoles el 100% de lo que reclamaban, en una polémica
interpretación de la cláusula
pari passu, que fue ratificada meses después por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Hace
ocho días, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó al Gobierno el
pedido de revisión del caso y dejó así firme el fallo, además de darles
la razón a los fondos buitre en el caso del Discovery, por el cual éstos
podrán acceder a la información de activos potencialmente embargables
del Gobierno en el exterior.
Es que el apetito de NML-Elliot, uno de los fondos buitre que ganaron el caso del
pari passu,
junto con Aurelius, Blue Angel y 13 inversores minoristas, no termina
en los 1400 millones de dólares de este expediente. En otros juicios, la
firma de Paul Singer tiene US$ 2700 millones, que pretende cobrarle al
país, por lo que su interés en que las negociaciones salgan bien es
relevante. Sin embargo, nadie se jugó a decir cuánto durará este proceso
ni cuál puede ser su resultado.
La carta argentina
Las claves del documento enviado al juez por Carmine D. Boccuzzi, abogado que representa a la Argentina en el conflicto
- "Le
escribo para actualizarle la información brindada a la Corte en la
audiencia del miércoles sobre que la Argentina tiene la voluntad de
negociar de buena fe"
- "La República Argentina, respetuosamente,
solicita una medida suspensiva de las medidas cautelares que le permita
entablar conversaciones con los demandantes"
- "Ningún país puede
utilizar la mitad de sus reservas para hacer un pago y ser dejado sin
medios para (...) manejar su economía, incluyendo las necesidades de su
población"