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martes, 5 de julio de 2016

La escuela de negocios de Santa Cruz

Por Ricardo Roa - Del editor al lector (Diario Clarin)
Ya ni Cristina sostiene su cuento de abogada exitosa. Pasó a identificarse con bastante menos precisión como comerciante. Dice que “alquila inmuebles” después de haberle dicho al juez Bonadío: “vivo de mi pensión de ex presidente y la de mi ex marido”.

Recibe por esas dos rentas públicas privilegiadas más de $210.000 en el bolsillo. Un vuelto. Como locataria ha sido y es claramente más exitosa que como abogada. Tema de estudio para Harvard.

Compró a precio de remate terrenos fiscales, gentileza de intendente al matrimonio presidencial. Y logró alquilar al gran terrateniente y alquilador serial Lázaro Báez habitaciones que nunca se ocuparon en los hoteles que construyó sobre esas tierras.

Ahora se la investiga más que por esos alquileres por ser parte de una maniobra de lavado. Son las causas Hotesur y Los Sauces, que compiten en novedades con la de las trasnochadas delictuales de José López y los sobreprecios en la obra pública y con Pérez Corradi y los aportes del narcotráfico a la campaña electoral.

No menos importante y oscura es la ruta del dinero que manejó Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Kirchner y de quien Miriam Quiroga, la amante del ex presidente, dice dos cosas: que “era la sombra” de Néstor y que lo vió llevando o llevándole “bolsos llenos de dinero”.

Muñoz era el de mayor confianza y el único del entorno que tenía las llaves de la caja fuerte de Kirchner. Fue también el primero al que Cristina llamó luego de la muerte de Kirchner. “Vení y contame todo”, le ordenó. Se entiende: todo era lo que ella no sabía. Dicen que le dio el cuaderno de Néstor con la contabilidad negra.

Muñoz comenzó como un che pibe del estudio jurídico de los Kirchner y trabajó con el matrimonio presidencial desde el 2003 al 2009. En 2003 declaró un Volkswagen Gol como todo patrimonio. Murió hace un mes y medio: sólo en Miami tenía propiedades por más de US$40 millones y se sospecha que era el administrador de las cuentas bancarias de Báez en Nevada, que el fondo buitre NML descubrió.

Bastante de eso conocía Kicilloff. También otro de La Cámpora: el subprocurador del Tesoro. Los dos fueron informados por los abogados que defendían a la Argentina. La documentación fue destruída. La Justicia trata hoy de reconstruirla.

El nombre de Muñoz aparece también en los Panamá Papers detrás de la sociedad Gold Black Limited. Mediante testaferros creó 13 compañías en Miami y en el paraiso fiscal de Delaware. Muñoz actuaba con su esposa Carolina Pochetti, sobrina política del ex gobernador Peralta. Por donde se mire Santa Cruz ha sido una impresionante escuela de negocios.

jueves, 30 de junio de 2016

Cómo detectar a los pícaros que alimentan la grieta

Por Luis Majul - LA NACION
Entre la idea extrema de que Mauricio Macri mata de hambre a los argentinos y la exageración de que todos los que apoyan a Cristina Fernández son tanto o más corruptos que ella, hay un mundo de hechos verificables que relativizan ambos presupuestos.

El problema, ahora mismo, es la dinámica de la discusión. Y eso sí que reconoce responsables con nombre y apellido. Son los pícaros que alimentan la falsa grieta y que, cada vez que se plantea una conversación sobre José López , Lázaro Báez , Aníbal Fernández o Ibar Pérez Corradi , descalifican a su interlocutor poniéndole el cartelito de macrista, gorila, oficialista y terminan la conversación a los gritos. Algo parecido, pero en sentido contrario, hacen los que son incapaces de reconocer las graves consecuencias que sigue ocasionando el tarifazo que decidió Macri e instrumentó Juan José Aranguren . Atención: son los mismos que se niegan a discutir la imputación del ex presidente y ahora también la de Néstor Grindetti en los Panamá Papers que revelaron la existencia de empresas offshore.

A los primeros, cuyo exponente más pintoresco es Guillermo Moreno , se los podría considerar miembros de una secta que cada vez se encierra más. La aparición de Lopecito arrojando bolsos con nueve millones de dólares en "físico", relojes y joyas los apabulló un poco. Sin embargo, siguen alimentando las redes sociales con su resentimiento de marca mayor. Y lo hacen, por supuesto, sin contrastar datos duros ni argumentar con un mínimo de sentido común. Pero cuidado. Porque a los segundos ni siquiera se les pueden mencionar las ambigüedades éticas del Presidente o de algunos de los ministros de su gabinete. Tampoco quieren oír hablar de los puntos cuestionables de la declaración jurada de Macri. Ellos pretenden silenciar al grito de "¿Y por qué no te metés a analizar todas las tropelías que se mandaron estos chorros?". Si se los invita a reflexionar sobre lo inconveniente que resulta que Aranguren, siendo ministro del Estado, tenga acciones de la empresa privada donde trabajaba hasta hace seis meses, atacan así: "¡Qué poco tardaste en darte vuelta, eh!". O te acusan de "choripanero". Son extremistas. De la clase de extremistas que hacen imposible cualquier pensamiento de más de dos pasos.

Y en el toma y daca de ideas sobre el presente de la economía es donde se evidencia más la imposibilidad de desarrollar un razonamiento más o menos complejo. Para cualquier kirchnerista de paladar negro, Macri y su equipo económico asumieron el poder con el único objetivo de quitarles la comida de la boca a los sectores más desprotegidos. Peor todavía: para cercenar los derechos sociales básicos, como el de alimentarse, educarse o cuidar la salud. No hay manera de hacerles entender que el revoleo de subsidios a la generación, distribución y consumo de energía dejó a la Argentina al borde del colapso y que en algún momento había que cambiar el rumbo, porque nos íbamos a estrellar. No hay forma de lograr que contemplen la sencilla idea de que parte de la desmesurada suba de precios durante los primeros seis meses de este gobierno es la consecuencia de una inflación reprimida de más del 700%. No les importa escuchar que un país que vive en emergencia permanente, con millones de planes sociales y que no genera trabajo genuino, tarde o temprano va a estallar por los aires, por más dinero en efectivo que se emita o más parches que se utilicen.

Pero a los energúmenos que hablan de esta administración como si fuera el diablo se les oponen los engreídos de la ortodoxia del ajuste, quienes se resisten a aceptar lo que está pasando ahora. ¿Por qué antes de descerrajar semejante tarifazo de luz, agua y gas no "peinaron" mejor el sistema de datos para diferenciar entre un club de barrio, un taller mecánico, un teatro independiente o la sucursal de un banco, un hotel cinco estrellas o la cancha de River? Lo pregunté con insistencia. Pero nadie del actual gobierno, todavía, me dio una respuesta más o menos lógica. Recibí por toda contestación una serie de "verdades reveladas". Del tipo "era ahora o nunca". E incluso: "Pero ¿vos no estabas contra la demagogia populista que alimenta la fantasía de que todo el mundo tiene derecho a usar el aire acondicionado a 17 grados en verano y a 28 grados en invierno y que el Estado debe garantizar semejante locura?". Sí. Lo estaba y lo estoy. Pero las buenas administraciones combinan los ajustes con las políticas de contención social, para que las distorsiones del timing no las sufran los más vulnerables. Y este gobierno empezó a implementar esta compensación bastante tarde y de manera desordenada.

El primer semestre se está yendo, pero el último mes de este medio año ha sido, sin dudas, el peor. El último índice de inflación fue el más alto desde la crisis de diciembre de 2001. Los economistas de izquierda y de derecha coinciden en que el nivel de actividad es también el más bajo desde la peor crisis de principios de este siglo. ¿Era necesario semejante golpe recaudatorio? Y si coincidiéramos por un momento en que alguien tenía que pagar la fiesta loca y descontrolada, ¿no sería más justo que la pagáramos los que más recursos somos capaces de generar? No soy tributarista, pero algún día la renta financiera debería pagar un impuesto, que hoy es igual a cero. Tampoco soy economista, pero es evidente que apenas asumió el Gobierno le puso el freno de mano a la obra pública con un argumento indiscutible: la actividad era un desbarajuste de sobreprecios, retornos e ineficiencia.

Sin embargo, las consecuencias inmediatas de semejante parate no las sufrieron Lázaro Báez ni José López, sino, en especial, las miles de pymes subcontratadas por las firmas de mayor envergadura. Y, junto con esas pymes, los millones de changarines del conurbano bonaerense y de otras zonas del país. Trabajadores informales que a duras penas llegaban a fin de mes, pero alimentaban a su familia de su propio bolsillo. La multiplicación de la demanda de alimentos en los comedores solidarios lo explica con más rigor que cualquier estadística. Tampoco es un secreto que los salarios están siendo viejos y los precios son cada vez más nuevos. Y que los abusivos aumentos de los formadores de precios en general dejaron a los trabajadores formales e informales de clase media y clase media alta patas para arriba. Por eso es tan difícil ver un restaurante con un cubierto superior a 200 pesos más o menos lleno. Y por la misma razón ya casi no hay ningún argentino que compre un par de medias o elija cargar nafta sin tarjeta de descuento o promo que le haga un poco más liviano el gasto que antes ejecutaba casi sin pensar.

Pero que los otros exponentes de la falsa grieta no se confundan ni sigan confundiendo a los demás. Las inconsistencias éticas que les achacan a muchos funcionarios de este gobierno no tienen punto de comparación con la megacorrupción de Estado que fue inherente al modelo de Néstor y Cristina. Pero los escándalos de corrupción que todos los días generan una noticia más explosiva que otra no van a servir para distraer por demasiado tiempo a los millones de argentinos que no llegan a fin de mes.

domingo, 26 de junio de 2016

Una nueva oportunidad por Malvinas

Por Roberto García Moritán - Clarin.com
La pesca representa casi el 60% del PBI de las islas y depende del acceso a la UE.


El Reino Unido, la segunda economía europea, deja la Unión Europea tras décadas de descontento. En 1975 los euroescépticos no tuvieron un resultado favorable respecto a la permanencia en la Comunidad Económica Europea, precursora de la UE. Sin embargo, esta vez se cumplió la profecía de Winston Churchill que “cada vez que Gran Bretaña tenga que decidir entre Europa y el mar abierto, decidirá siempre por el mar abierto”. El denominado Brexit es una cuestión cuyos efectos eventuales trasciende fronteras.

La agencia de calificación de riesgo crediticio, Standard & Poor’s, viene advirtiendo que Londres podría perder su importancia como principal plaza financiera en beneficio de Frankfurt u otras ciudades europeas. También afectaría las posibilidades de crecimiento de los préstamos a los sectores industriales que dependen de las exportaciones del Reino Unido y señalaba “que la salida británica de la UE es mucho más importante que el riesgo que planteó la continuidad de Grecia en la Eurozona”. Otros bancos como Goldman Sachs o ING se han expresado de forma similar. Esas advertencias no tuvieron efecto. Tampoco la insistencia de Estados Unidos de que un acuerdo comercial con el Reino Unido post-Brexit podría demorarse en el tiempo y sería posterior a las negociaciones con la Unión Europea por el acuerdo de asociación de comercio e inversión Transatlántico (TTIP).

Es evidente que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá una variedad de repercusiones geopolíticas y de política exterior. Irlanda del Norte, por ejemplo, ya anuncia la posibilidad de convocar a un referéndum para decidir sobre su anexión a Irlanda. Gibraltar podría estar en el mismo camino. El ministro Fabián Picardo, en declaraciones públicas, no ha descartado la posibilidad de su adhesión a España.

Un informe parlamentario, elaborado por el Comité de Política Exterior de la Cámara de los Comunes señalaba que el Brexit podría, entre otros, alterar el equilibrio político en territorios como Gibraltar y Malvinas. Respecto a Malvinas, el documento destacaba que la ruptura con la UE tendría “amplias y profundas implicaciones” en el Atlántico Sur. Reconoce, entre otras cuestiones, que “el apoyo de muchos europeos a la posición británica sobre Malvinas sería menos cierta, lo que podría animar a la Argentina a tener una posición diplomática más agresiva” en virtud de que en muchos casos estos países avalan la postura de Londres solo en función del Tratado de Lisboa que rige para la UE y todos “sus territorios de ultramar”.

Desde las Islas Malvinas, Sukey Cameron también había expresado preocupación sobre el impacto que podría tener para la economía de las Islas ya que el 73% de la producción, en particular la pesca que representa casi el 60% del PBI, depende del acceso a la Unión Europea y principalmente a España e Italia. La exportación de grandes volúmenes de pesca de Malvinas a la UE no requería de aranceles o el cumplimiento de cuotas. Es evidente que el proceso abierto por el Brexit plantea un panorama que debería ser analizado con atención. Esta nueva circunstancia, puede resultar en un desafío para impulsar, con aire fresco y una lógica renovada, el restablecimiento del diálogo diplomático entre Buenos Aires y Londres como en una ocasión de estímulo para imaginar con creatividad estratégica un horizonte de nuevas oportunidades con las Islas.

lunes, 20 de junio de 2016

Otro escándalo de Néstor Kirchner y Cristóbal López

Editorial del diario La Nación
Nunca antes en nuestra historia se había hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos y socios del poder


El reciente allanamiento realizado por el juez Claudio Bonadio en las oficinas de Alcalis de la Patagonia o Alpat, productora de carbonato de calcio (soda solvay) donde funciona el holding Indalo, puso el foco de la atención pública sobre esa compañía, cuya turbia historia culminó cuando fue adquirida por el zar del juego Cristóbal López en una maniobra urdida por Néstor Kirchner en 2005.

La historia de Alpat es un símbolo de la malversación de fondos del Estado en proyectos faraónicos, inspirados por el sueño autárquico de los gobiernos militares y aprovechados para hacer negocios en nombre de la soberanía.

En 1972, el gobierno nacional adjudicó a Alpat la instalación de una planta de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, para la fabricación de ese insumo básico a partir de sal y calizas extraídas en la región.

La construcción de la planta tomó más de 30 años, pues no se financiaba con inversiones privadas, sino con toda clase de recursos estatales, a través de aportes de un fondo especial, préstamos del Banco Nacional de Desarrollo garantizados con avales del Tesoro y ventajas impositivas.

Con el Estado siempre como avalista, los préstamos del exterior proveyeron de dinero fácil hasta que los vencimientos impagos cayeron sobre el fisco. Entre 1982 y 1988, todos los avales estaban caídos y, como consecuencia, casi un centenar de pagos fue efectuado por Hacienda.

Según el recordado Julio Rajneri, ex director del diario Río Negro, quien mejor conocía la historia de Alpat, este proyecto costó al país, entre avales, aportes, préstamos y diferimientos, una cifra cercana a los 500 millones de dólares.

Si el gobierno nacional hubiese hecho una auditoría de Alpat para saber adónde fueron esos fondos públicos, habría descubierto que el propósito del proyecto no era fabricar soda solvay, sino construir la obra civil de la planta y del puerto, equiparla con maquinaria importada y contratar consultoras para extender indefinidamente esa máquina de reciclar fondos del Estado.

A través del diferimiento de impuestos (IVA) que debían devolverse en un plazo de diez años, sin ajuste por inflación, las empresas contratistas aportaban a Alpat el IVA que no pagaban al fisco y luego recibían esos mismos fondos al certificar las obras, en una "calesita" que nunca debía detenerse. Del mismo modo, los proveedores de equipos inflaban su precio para sobrefacturarlos en beneficio propio y de algunos otros.

El negocio de Alpat no consistía en ponerla en marcha, sino en aumentar el monto de inversión autorizado por el Gobierno para habilitar así más avales y más diferimientos. La prueba es contundente: se invirtieron 500 millones de dólares y luego fue comprada por Cristóbal López por monedas, desviando fondos públicos como lo hizo con Petrobras.

En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y los directivos de Alpat le solicitaron que firmara un decreto para pesificar las deudas, refinanciar pasivos y obtener nuevos beneficios. El entonces presidente se negó a hacerlo en ese momento, pero las cosas cambiaron cuando falleció el dueño "tras las sombras" de Alpat, el francés Marcel Degraye, que la controlaba a través de Bergo Anstalt, una sociedad de Liechtenstein, también dueña del astillero Alianza, de las pizzas Sibarita y de Blanquiceleste (Racing).

Los herederos de Degraye advirtieron que Alpat, agobiada por sus deudas y por su antigua tecnología, no podría ser competitiva sin renovación de los privilegios acordados por el Estado. El beneficio de facturar sin depositar el IVA, concedido en 1981 para cuando la planta funcionase, había expirado por la demora en la construcción. De ese modo, aceptaron la sugerencia de cederla a Cristóbal López, quien se haría cargo de las deudas y de hacerla competitiva "a su manera".

Luego de pactar los términos de la compra, pero sin cerrarla, el zar del juego obtuvo del presidente Kirchner el dictado del decreto 475/05 "de necesidad y urgencia", semejante al que también logró dos años después para las tragamonedas de Palermo.

Mediante ese escandaloso decreto, Kirchner le otorgó a Alpat, para que López confirmase la compra, los mismos beneficios que le habían pedido los gerentes de Degraye el año anterior. Es probable que ya entonces el presidente, astuto en temas de dinero, hubiera olfateado el negocio para hacer con sus amigos. ¿O para sí mismo?

Por orden presidencial, sus escribas debieron redactar la norma "ilegal", invocando la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, concluyendo cínicamente que se trataba de una "cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto".

Como no es posible cambiar de dueño de una sociedad con beneficios de promoción industrial sin que éstos caduquen y López aún no había comprado Alpat, el decreto citado autorizó, en forma inusual, la transferencia accionaria sin aquella penalidad.

En junio de 2006 se hizo público que South Minerals, una sociedad integrada por Oil M&S, Almería Austral, Hispano Americana de Petróleos, Tecnological SA, Oil Petróleos, Oil M&S Brasil, Combustibles del Rosario y Oil Construcciones compraron el 64,11 por ciento de Alpat.

Disfrazado de "reformulación de los términos del proyecto de promoción industrial", el decreto 475/05 dio nuevamente a Alpat el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo nunca visto con anterioridad respecto de una empresa ya en marcha con los beneficios promocionales vencidos y con nuevos dueños.

Además, se refinanció la deuda con el Estado nacional por 162,3 millones de pesos (con reducción de tasa y eliminación de punitorios) y se autorizó a Alpat a cancelar parte de esa deuda con un crédito fiscal de IVA (acumulado por las compras durante la construcción) por 26 millones de pesos. Este privilegio fue inédito y paradojal, pues existe un célebre caso de la Corte Suprema de Justicia, de 1986, justamente llamado "caso Alpat", donde se resolvió que los créditos por IVA ("saldos técnicos") no son reintegrables por el fisco y solamente pueden usarse contra futuros débitos fiscales generados con el giro del negocio. Y ésa sigue siendo la situación para el resto de los mortales, salvo para Cristóbal López, a quien Kirchner autorizó a pagar deudas financieras con saldos técnicos.

Para completar el negocio, el Gobierno otorgó a Alpat, proveedor monopólico de soda solvay, la posibilidad de aumentar sus precios, mediante la imposición de un derecho de importación del 10%. Ese arancel se complementó con licencias no automáticas y la inhabilitación para el desembarco del producto por la aduana de Campana, por donde históricamente ingresó el grueso del carbonato. No había ningún justificativo para que el Gobierno concediese esos inusuales beneficios a Cristóbal López. La ley sobre acuerdos preventivos extrajudiciales permitía al Estado nacional, como principal acreedor de Alpat, llevar a cabo un proceso judicial de cramdown para licitar entre varios interesados la venta de la empresa con los beneficios que se otorgaron en la penumbra al referido López.

Nunca antes se ha hecho un desvío mayor de fondos públicos en provecho de amigos del poder. Nunca antes se había registrado tal nivel de corrupción en el país y lo que se conoce es apenas la punta del iceberg. Detrás de la pobreza y la delincuencia hay que buscar a quienes se han llevado el dinero votado en el presupuesto para otros fines, a través de la obra pública, el impuesto a los combustibles, los bingos y la apropiación del IVA. Son muchos quienes prefieren ignorar la relación entre ambas cosas, tiñendo así de inmoralidad sus discursos morales.

domingo, 19 de junio de 2016

Un océano de corrupción e ineficiencia

Editorial del diario La Nación
La matriz del saqueo que el kirchnerismo llevó a cabo desde el Estado tuvo una magnitud nunca vista, bajo el disfraz de un relato mentiroso


A raíz de las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña , de los allanamientos a las propiedades de Lázaro Báez y del grotesco episodio protagonizado por el ex secretario de Obras Públicas José López , se instaló la idea de que la corrupción del kirchnerismo se basó principalmente en fuertes negociados con las obras públicas. Sin embargo, esta concepción simplista está muy lejos de dar una idea acabada de lo que en realidad fue la matriz de una corrupción tan extendida que no le hizo asco a ninguna posibilidad de hacer dinero por izquierda y terminó institucionalizando el robo a mansalva pues se utilizaron las estructuras del Estado para robar. Esta matriz corrupta fue posible debido a la corrupción estructural de nuestra clase política, empresarial, sindical y judicial.

Así, hemos asistido a casos que van de las coimas y sobreprecios de los gasoductos a los hoteles de los Kirchner donde Báez alquilaba al por mayor habitaciones que no llegaban a usarse; de los sobreprecios del 450% en la construcción del Centro Cultural Kirchner a la chatarra importada como si fueran trenes; del negocio del dólar futuro, que representó una pérdida para el país de 77.000 millones de pesos, a las estafas al PAMI, que pagaba 500 millones de pesos anuales en remedios para fallecidos y 25 millones a dos clínicas que no existían; de la evasión tributaria de Cristóbal López por 8000 millones de pesos consentida por la AFIP de Ricardo Echegaray, a los 3000 millones de dólares que perdió el país por corrupción e ineficiencia en las compras de gas de Axel Kicillof y Julio de Vido, a quien se sigue protegiendo vergonzosamente en la Cámara de Diputados. Éstos son sólo algunos pocos casos, para no hablar de los protagonizados por Amado Boudou en su calidad de ministro de Economía y luego vicepresidente, como el intento de apropiarse de la ex imprenta Ciccone mediante testaferros.

Para llevar a cabo el saqueo de alto y de bajo vuelo el grupo gobernante, cuyo principal ideólogo y artífice fue Néstor Kirchner, no sólo se adueñó en beneficio propio del Estado, con sus organismos y sus fondos, sino que usó el poder que otorga ese aparato para presionar de forma mafiosa a personas, empresas y grupos económicos privados en un intento por forzarlos a vender a quienes el Gobierno imponía como compradores.

Esas presiones las sufrió, por ejemplo, Repsol-YPF hasta que en 2012 Cristina Kirchner expropió -en los hechos fue una confiscación- el 51% de las acciones de YPF, que estaban en poder de la española Repsol. Pocos años antes, Néstor Kirch-ner había logrado que Repsol-YPF le vendiera al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi -amigos y financistas suyos- el 25% de las acciones, que este consorcio pagaría sin abonar un dólar mediante los dividendos que producían esas acciones.

Otra víctima fue Marsans. El gobierno kirchnerista y los gremios aunaron esfuerzos para expulsar de Aerolíneas Argentinas a este grupo privado español y forzar la reestatización de la línea aérea, altamente deficitaria. Otras empresas, tales como Shell y La Serenísima, también sufrieron fuertes presiones. Uno de los encargados de presionar a empresarios fue el violento secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Al mismo tiempo, y para garantizarse impunidad, el kirchnerismo también presionaba a la Justicia y desactivaba o trababa seriamente el funcionamiento de los órganos de contralor, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la AFIP, que no sólo no controlaban como debían sino que, en el caso de la AFIP, bajo la jefatura de Echegaray constituyó otra herramienta de presión. La Aduana conformó también, junto con la Secretaría de Comercio, otro antro de corrupción en el que todos los ilícitos estaban tarifados.

Nada pasible de ser convertido en delito escapó a la vista y control del kirchnerismo en este esquema que funcionó durante 24 años si computamos las tres gobernaciones de Néstor Kirchner en Santa Cruz y luego su presidencia y las de su esposa. El único cambio entre la gestión provincial y la nacional fue el discurso defensor de los derechos humanos, esencial en el relato del kirchnerismo cuando ocupó la presidencia para así ocultar la realidad y lograr el apoyo de sectores supuestamente progresistas, que prefirieron no reparar en el saqueo llevado a cabo bajo la bandera de los derechos humanos.

La permanencia en el tiempo, sumada a la repetición de los mismos personajes y a la pluralidad, gravedad y diversidad de los delitos cometidos, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos, permite hablar de una asociación ilícita cuya matriz nació en Santa Cruz. La sucesión de hechos de corrupción en todos los campos y la rigurosa impunidad para concretarlos requirió un manejo autocrático en Santa Cruz, luego trasladado al orden nacional. De Río Gallegos provino su más fiel mano de obra: De Vido, José López, Ricardo Jaime y Claudio Uberti. De la etapa de la gobernación data otro de los principales escándalos: el de los fondos de las regalías petroleras, una deuda de la Nación con Santa Cruz que en 1993 ascendía a 630 millones de dólares. Otros cálculos elevan la cifra a cerca de 1000 millones de dólares. Buena parte de los fondos se evaporó.

Como ministro de Planificación, De Vido tuvo bajo su control en esa cartera estratégica buena parte de las áreas donde se ejerció el saqueo: por ejemplo, los transportes con sus concesiones y subsidios, con la tragedia de Once como claro ejemplo del efecto mortal de la corrupción en ese campo, y también las obras públicas y la energía, áreas en las que se destacaron el escándalo Skanska y la futura construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, una obra prescindible, de alto impacto ambiental y sospechada de corrupción por su altísimo costo, sin contar los terrenos adquiridos por Báez en la zona sujetos a expropiación e indemnización. Una de las dos represas de ese monumento a la corrupción llevará un nombre bien apropiado: Néstor Kirchner.

Y, sin embargo, la faena ciclópea del robo institucionalizado jamás podría haberse concretado sin la activa complicidad de los empresarios que accedieron al pago de coimas, y de una buena parte de los jueces y fiscales federales que garantizaron impunidad mientras el kirchnerismo fue gobierno, al no investigar los graves casos de corrupción denunciados. Hicieron falta imágenes explícitas de dinero físico para que la Justicia reaccionara. Los jueces que demoraron las causas son los que tienen que resolverlas. ¿Podrán? ¿Buscarán también a los Báez y López que aún no salieron a la superficie?

Hay que investigar hacia arriba, pero también hacia los costados. La corrupción es una avenida de dos manos. Alguien pagó y alguien recibió el dinero. Hay que saber quiénes son. Se necesitan condenas ejemplares para los responsables de este trágico período de la vida nacional que incluyan la restitución de lo robado.

Algunos casos

- Obras públicas digitadas en favor de empresarios K, como Lázaro Báez

- Enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner

- Evasión impositiva de 8000 millones de pesos de Cristóbal López

- Concesiones ferroviarias a empresas que descuidaron el material, con la tragedia de Once como consecuencia

- Hoteles de los Kirchner que recibían millones de pesos de Báez por habitaciones nunca ocupadas

- Desaparición de los fondos de Santa Cruz por regalías petroleras (entre 600 y 1000 millones de dólares)

- Escándalo de la ex imprenta Ciccone, que involucra a Boudou

- Caso Skanska: coimas y sobreprecios en gasoductos

- Negocios paralelos con Venezuela impulsados por Claudio Uberti

- Negociados con la importación de efedrina, parte de cuyos fondos financió la campaña de Cristina
Kirchner

- Contrabando favorecido por la Aduana

- Negociados con fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo

- Gasto de $ 500 millones anuales por parte del PAMI en remedios para fallecidos

- Sobreprecios en la central eléctrica de Río Turbio

- Malversación de $ 26.000 millones para esa mina, que produce lo mismo que en 1953

- La valija con 790.000 dólares secuestrada a Antonini Wilson en el Aeroparque

- El bolso con 100.000 pesos y 31.000 dólares hallado en el baño de Felisa Miceli, que le valió una condena

miércoles, 8 de junio de 2016

Maniobras montadas sobre un delicado momento social

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION
Tal vez Guillermo Moreno no sea sólo un provocador (que también lo es) o Hebe de Bonafini no sea sólo una anciana rencorosa y desinformada.

El núcleo duro del kirchnerismo está propalando la idea de que un sector importante de la sociedad sufre el hambre de manera insoportable. Ellos (y otros más) son sólo voceros de una estrategia más profunda, que se despliega sobre todo en el conurbano bonaerense, donde reside el universo más amplio de pobres del país. En ese espacio socialmente sensible, siempre vacilante, los cristinistas están llamando a futuras movilizaciones hacia los supermercados, según información que recibió el gobierno de Macri de intendentes propios y de peronistas que aspiran a un proyecto de poder más ambicioso que el caos.


En esa trama, Moreno dijo que el ex dictador Videla fue mejor que Macri ("no le sacaba la comida a los pobres") para provocar el revuelo que ocasionó y para que la mirada social se fijara en la supuesta hambre, llevada por el nombre de Videla. El plan carece de escrúpulos, pero ¿cuándo Moreno tuvo escrúpulos? Bonafini mintió en Roma cuando aseguró que se habían eliminado todos los planes sociales que existían durante el cristinismo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que no se abolió ningún plan y que, al revés, se crearon nuevos planes y se actualizaron los montos de los anteriores.

Sin embargo, es cierto que el plan económico de Macri atraviesa el peor momento en cuanto a sus repercusiones sociales. De hecho, el Presidente debió rectificar el nivel de los aumentos tarifarios.

La propia administración admitió oficiosamente que sus cifras de pobreza son parecidas a las del Observatorio Social de la Universidad Católica, que constató que hay casi un millón y medio de pobres más en el país. Esos pobres se agregaron en los últimos meses a los ocho millones y medio de pobres que ya existían antes del 10 de diciembre pasado. El cristinismo teme que el segundo semestre sea más benévolo socialmente y que los argentinos comiencen a percibir un alivio en la inflación, en la oferta de empleo y en la capacidad de compra. "Si esto fuera así, Macri habría triunfado", le dijo un cristinista convencido a un peronista indeciso. A la propia Cristina se le atribuye una frase, que nunca desmintió, sobre el acuerdo con los holdouts: "Si Macri arregla con los fondos buitre, se quedará ocho años".

La empresa de encuestas Isonomía constató en su última medición que la gestión del Presidente tiene el apoyo del 63 por ciento de la sociedad. Pero también verificó que lo que más apremia a la sociedad ahora es la economía. No obstante, mejoraron las buenas expectativas respecto del futuro económico y hasta del empleo.

Por primera vez, apareció una expectativa menor de inflación respecto del mes pasado. En síntesis: una mayoría social sabe que el momento que atraviesa es malo, pero confía en que Macri puede ser la solución.

En ese contexto, el cristinismo teme que la realidad contradiga su versión apocalíptica del futuro. Algunos intendentes y ex intendentes peronistas, y sobre todo del Frente para la Victoria, están recorriendo los barrios más carenciados del conurbano, donde pronuncian discursos de fuego sobre la situación social. Por lo general, los ex intendentes kirchneristas movilizados son políticos que perdieron sus municipios a manos de candidatos de Cambiemos. Un epicentro de la movilización está en La Matanza, donde se arrincona el peronismo bonaerense más antimacrista. Lo lidera el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En esa municipalidad se les dio trabajo a figuras notorias del gobierno de Cristina Kirchner (Débora Georgi y Roberto Feletti, entre otros). La intendenta actual, Verónica Magario, discípula de Espinoza, ha dicho en las últimas semanas frases de incendio: "En La Matanza hay hambre" o "tenemos abuelos que no cenan".

Debe consignarse que la mayoría de los intendentes peronistas prefieren huir de esa estrategia, porque supone que un intento de desestabilización de Macri podría tener graves costos electorales. Algunos de ellos escucharon decir a Carlos Kunkel, otro trabajador incansable para debilitar a Macri, que hay que "forzar el éxito". Esto es: apurar el supuesto fracaso de la administración del Presidente. En los "intentos de agitación", según la fórmula elegida por una alta fuente del gobierno nacional, también militan el infaltable Luis D'Elía y Fernando Esteche, jefe del violento ejército llamado Quebracho.

Un papel no menor en este plan lo cumplen los dirigentes de La Cámpora (o algunos de ellos), entrenados para ejercitar una suerte de foquismo. La seguridad de Macri debió reforzarse en sus visitas al conurbano, porque ya es habitual que un grupo de camporistas lo espere para insultarlo en cualquier ocasión. Otra estrategia del Gobierno es no anunciar las visitas de Macri y que ellas sean sorpresivas para evitar que lo aguarden los grupos cristinistas. Fuentes peronistas inmejorables aseguraron que la ex presidenta Cristina Kirchner autorizó todas estas operaciones o que, al menos, las conoce y no las desautoriza.

El cristinismo habría decidido usar el peor momento económico de Macri para forzar (según el término de Kunkel) el fracaso del Presidente. "Más adelante podría ser extemporáneo o demasiado evidente", razona un peronista que intenta interpretar a los cristinistas. Los supermercados atraen la atención de los conspiradores, pero también la del Gobierno. Esos centros de compra se convirtieron en un lugar emblemático de la sublevación social desde la gran crisis de principios de siglo. D'Elía, Esteche, La Cámpora y algunos peronistas sin identificación, pero rencorosamente antimacristas, anuncian próximas movilizaciones hacia los principales supermercados de las zonas más calientes del conurbano.

Seguridad y comida

El gobierno de Macri tomó nota. La custodia policial de los supermercados se reforzó en las últimas semanas. Pidió una información diaria sobre los movimientos políticos y sociales que se producen alrededor de esos lugares. La gobernadora María Eugenia Vidal ordenó una reacción rápida para atender urgencias y demandas sociales. Está distribuyendo más comida que la que se distribuía en tiempos de Cristina Kirchner. Entre Vidal y la ministra Stanley hay conversaciones diarias sobre la situación social y sobre la distribución de alimentos.

Llama la atención del Gobierno la actitud de la organización social Barrios de Pie, que el martes pasado bloqueó todos los ingresos a la Capital y levantó ollas populares en repudio de la política de Macri. Barrios de Pie fue kirchnerista y formó parte del gobierno de Néstor Kirchner, pero en 2008 abandonó esa adscripción y se convirtió en un sector crítico de lo que ya era el cristinismo. Nadie estableció todavía si la actual movilización de Barrios de Pie es conscientemente funcional a los planes del cristinismo o si, en cambio, es sólo una estrategia aislada. Barrios de Pie también adelantó que irá a los supermercados, aunque comenzará por hablar con sus gerentes para pedirles la donación de alimentos.

Elisa Carrió, que suele expresar a veces (no siempre) las ideas que rondan en el Gobierno, fue directa en las últimas horas: "Quieren voltear a Macri", dijo con su particular estilo, directo y frontal. Si se hurga en la composición de los conspiradores, la primera constatación es que significan una minoría política. La segunda comprobación es que son una fuerte preocupación para la mayoría peronista; ésta sabe que ni el foquismo, ni el cristinismo fanático, ni la conspiración evidente constituyen un proyecto de poder, que es el único proyecto del peronismo.

Los conspiradores podrían separarse en tres grupos. Uno está integrado por los jóvenes exaltados de La Cámpora, que tienen su explicación: la exaltación y el fanatismo suelen formar parte de la juventud. Un segundo grupo está compuesto por dirigentes impregnados por una ideología nacionalista y antigua que desprecia a Macri. La última está constituida por los que fueron jóvenes peronistas revolucionarios y ahora son viejos y perdieron el poder. El problema sin solución de éstos es que carecen de tiempo para volver a vivir, desde el centro del poder, una primavera cristinista.

lunes, 6 de junio de 2016

6 meses de Macri: la Nación no es la Ciudad de Buenos Aires.

Por CLAUDIO M. CHIARUTTINI - Urgente24
Reestructurar la cadena de precios relativos de la economía no consiste solamente en actualizar tarifas de un plumazo. Suponer eso es una tontería tan grande como imaginar que se puede hacer sin consecuencias graves que deberían haberse contemplado.

6 meses después Mauricio Macri enfrenta los problemas que se sabía que dejaba Cristina Fernández de Kirchner, si no encontró ni la estrategia ni la herramienta para resolver lo de los precios relativos ni el flujo de dinero aplicado a inversiones, tiene que mantener una lógica de negociaciones políticas que le resulte lo menos onerosa posible. No hay misterios en esto.

6 meses de Macri: la Nación no es la Ciudad de Buenos Aires...El problema es que al PRO no lo satisface ninguna de las 2 posibilidades. En este escenario, el autor escribió el editorial dominical de su programa Sin Saco y Sin Corbata (Concepto FM)

Banda y bastón presidencial, atributos de un poder que requiere más que formalidades. Mauricio Macri lo sabe pero 180 días después necesita recuperar la iniciativa.

El Gobierno de Mauricio Macri se acerca a cumplir los primeros 6 meses en el poder, sumando importantes triunfos y logrando gran parte de las metas que se habían fijado antes de asumir, pero al mismo tiempo, con algunas profundas deudas sociales y sin terminar de definir y conformar una alianza fuerte en el Congreso, que evite tanto desgaste y costo político.

Para dimensionar el descontrol del Estado que Mauricio Macri y su equipo heredó del kirchnerismo, el Gobierno acaba de publicar la primera versión del balance de situación heredada de Cristina Fernández y sus ministros, llamada “El Estado del Estado”, un recorrido repleto de espanto que se puede leer a lo largo de sus 223 páginas.

Centros de cómputos comprados que nunca fueron conectados, programas sociales que acumulaban deudas desde 2009, cientos de miles de expedientes paralizados, miles de empleados que no llegaban a sumar dos horas de trabajo diarios en sus puestos, cataratas de recursos dilapidados, ausencia total de registros contables de gastos, auditorías que jamás se realizaron y un despilfarro descontrolado se puede leer en forma descarnada, pero redactado con la serenidad y ausencia de calificativos despectivos, propios de las auditoría técnicas, lejos de ser un documento político revanchista, como argumentó Francisco al habar del macrismo.

Era usual escuchar funcionarios del PRO recién asumidos en sus cargos afirmando “no sé cómo hacían estos tipos para gobernar”, en referencia a sus antecesores kirchneristas. Justo lo que hoy dice peronista, massitas y kirchnerista del macrismo: “No sabemos qué quieren hacer”; lo que confirma la incomprensión de lo actuado en el pasado y de lo que se intenta realizar ahora, aunque ahora sean mucho más serios y prolijos.

Todas las encuestas, las cercanas al Gobierno y las opositoras, coinciden que la gran deuda del macrismo luego de 6 meses de gestión es en el terreno social. Y pese a las medidas que se han tomado, nada parece alcanzar para neutralizar el efecto de la inflación en el bolsillo de las familias, el aumento de los servicios públicos, de los combustibles, de la medicina prepaga, de las cuotas de los colegios o de los medicamentos.

La falta de buena comunicación, sumada una fuerte carencia de acción política adecuada, hacen que el Gobierno pierda en el roce con aliados y fuerzas opositoras todo lo que pueda ganar con ideas excelentes, como puede ser la cancelación de deudas judiciales a los jubilados, crear una Pensión Universal a la Vejez o eliminar el Impuesto a los Bienes Personales.

Justo cuando el Gobierno había recuperado la iniciativa política y había utilizado una buena estrategia comunicacional para lanzar el plan de exteriorización de activos y cancelación de deudas judiciales previsionales o se analizaba poner límites a los aumentos de los servicios públicos, Mauricio Macri y su equipo tienen que ceder fuertemente ante las presiones de Elisa Carrió, del radicalismo, del peronismo o del massismo.

En 3 días, Elisa Carrió y el massismo obligaron a dejar fuera del blanqueo a los funcionarios de los gobiernos de Cristina Fernández y de Mauricio Macri, los radicales pusieron el grito en el cielo por la norma que cambia el estatus de relación entre las fuerzas armadas y las autoridades democráticas civiles y los peronistas obligaron al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a tener que colocar techo al nivel de suba en las boletas de electricidad y gas. Y todo esto sin que aún se sientan las presiones de parte de las bancas opositoras en el Congreso.

Parece insólito que el Gobierno no tenga un canal de negociación rápido, sencillo y silencioso con Elisa Carrió y el radicalismo. Tan duro fue el choque con la legisladora chaqueña, que hasta llegó a enfrentar a 2 fuertes amigas, la creadora del ARI y Gabriela Michetti, hasta que intervino Federico Pinedo para bajar los decibeles de la discusión.

Era sabido que Elisa Carrió iba a ser una pieza incomoda en el Gobierno de Mauricio Macri. Como buena cruzada jacobina, sus objetivos y metas son más importantes que las condiciones de gobernabilidad y las necesidades de negociar. Pero fue la creadora de la Coalición Cívica la que “limpió la cara” del macrismo y le permitió sumar mucho voto principista antikirchnerista, que nunca hubiesen ido a “Cambiemos”, pero no quiere perder su perfil independiente de cualquier factor de poder.

Los radicales hacen un enorme esfuerzo para seguir junto al macrismo, pese a que Mauricio Macri le cedió importantes porciones de poder y caja, como nunca antes desde el Gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, no todos los radicales gozan de las “mieles” del poder y siguen levantando banderas maximalistas, que no le aportan ni un solo voto, y que en muchas oportunidades, parecen satisfacer las necesidades del peronismo.

Así como peronistas y kirchneristas son incapaces de reconocer ni un solo hecho de corrupción del Gobierno de Cristina Fernández (y menos del de Néstor Kirchner), el radicalismo es incapaz de comprender que no son una opción elegible hoy por los argentinos, que carecen un buen candidato y que si no fuera por Mauricio Macri serían una fuerza en extinción.

Los peronistas siguen siendo los más pragmáticos en el terreno político y, ante los aumentos desmedidos de las tarifas de los servicios públicos, pocas horas después de haber negociado el recupero de una inmensa masa de dinero de la coparticipación que, hasta ahora iban a la ANSeS, se plantaron ante la Casa Rosada y exigieron tope a las tarifas.

El pedido peronista generó un choque entre los ministros de Energía y Minería e Interior, Vivienda y Obra Pública, Juan José Aranguren y Rogelio Frigerio, respectivamente, que implicó que el primero cediera posiciones y tuviera que desmentir que haya amenazado con renunciar al cargo. En político, se sabe que cuando un funcionario niega su dimisión es porque alguien ya está pensando nombres de reemplazos para ese cargo.

De esta forma, de un plumazo, los Gobernadores peronistas le sacaron a la Casa Rosada un tope tarifario para sus distritos que para la Nación tendrá un costo fiscal de $ 2.250 millones, monto que aleja aún más las posibilidades de reducir el Gasto Público, como había anunciado el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en Enero pasado.

Otro enorme retroceso ha sido el proyecto oficial de reforma electoral, que por los graves problemas internos del PRO para consolidar e institucionalizar el armado de Cambiemos, ha tenido que renunciar a sus intenciones de suspender las Primeras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; con lo cual, los cambios que llegarán al Congreso será sólo de instrumento de voto, ya que no habría más boleta sábana, sino boleta electrónica, como se votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde hace meses radicales y lilitos reclaman establecer un sistema de consulta permanente entre los socios de Cambiemos. Pero en los 8 años que fue Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri no consensuaba las normas que ingresaría a la Legislatura y la construcción de mayoría se hacía con una propuesta sobre la mesa. Por la imposibilidad de que salieran los proyectos como el PRO quería, casi la mitad de las normas votadas por los legisladores fueron vetadas total o parcialmente.

Así que, la ausencia de consultas previas y la negociación con un texto sobre la mesa es una costumbre de Mauricio Macri en el poder. Modificarlo, después de tanto tiempo, se hace difícil, salvo que tenga un equipo político que asuma los riesgos y los costos de la tarea. Por lo visto, Marcos Peña mantiene el ADN macrista puro y avanza para luego negociar; mientras que Rogelio Frigerio, un “impuro” en la clasificación de Jaime Duran Barba, termina por tener que pactar, sobre todo con el peronismo, decisiones que ya fueron tomadas y hasta publicada en el Boletín Oficial.

Este capítulo del “Estilo PRO” tiene un alto costo político, más cuando venimos de un Gobierno como el de Cristina Fernández que tenía en el Congreso una virtual “escribanía” que aprobaba cualquier iniciativa que saliera de la Casa Rosada, no importaba su contenido, ni la cantidad de “sapos” que tenían que “comerse” peronistas y kirchnerista.

Con 6 meses en el poder, Mauricio Macri ya comienza entender que no es lo mismo la negociación en la Legislatura porteña que en el Congreso de la Nación y que legisladores porteños, muchos que suelen jugar como “líberos”, no se pueden comparar con senadores o diputados que responden (o muchas veces no) a gobernadores cargados de necesidades.

Son tiempos complejos de armado político complicado y desafíos mayores. Pese a las escandalosas revelaciones judiciales alrededor de Cristina Fernández, Lázaro Báez y otros miembros de la elite kirchnerista, el lento accionar de la Justicia no alcanzan a calmar la ansiedad de los votantes antikirchneristas que exigen ver presos a los involucrados. Así, el efecto “placebo” que se esperaba sobre la opinión pública, ha cesado y la inseguridad o los problemas económicos ganan posiciones todos los días.

El default, Thomas Griesa, los holdout, el cepo importador, el cepo cambiario, la imposibilidad de comprar dólares a precio oficial, los cortes de energía, la paralización de las obras públicas y los “Precios Cuidados” ya no forman parte de la tapa de los medios, pero la inflación, la recesión y la falta de inversiones externas son repetidas hace semanas y prometen ser repetidas durante varias semanas más.

Para el votante macrista se ha hecho mucho y hay que tener paciencia para esperar que se cumplan otras promesas de campaña, como  la reactivación o bajar la inflación a valores soportables para una familia tipo. Por su parte, para el votante kirchnerista, el macrismo no deja de destruir su imaginaria “obra”. En el medio, los inconformes superan a los conformes, pero como no hay un candidato opositor que encarne el descontento contra el PRO, en todas las encuestas, la imagen positiva de Mauricio Macri sigue siendo mayor que a negativa.

Puede que Mauricio Macri y su Gobierno no hayan alcanzado las expectativas de muchos que los votaron, pero la tarea realizada ha sido titánica, aunque todavía falta mucho, mucho, mucho más por hacer.

viernes, 6 de mayo de 2016

Más que Uber, Metrobús es el futuro

Por Héctor Zajac - Clarin.com
La inauguración de un nuevo Metrobús y los fallos contra Uber son complementarios. El “carpooling” que promueve Uber contra el auto vacío es una versión edulcorada de un mal mayor fomentado por una distorsión: los que conducimos tendemos a atribuir la causa del embotellamiento a la lentitud del colectivo. Sin embargo, su ratio de uso de espacio por pasajero, 10 veces menor (20 si es articulado) al del auto, convierte al auto en causa de congestión y contaminación.


La app se proclama sustentable: la web crea la sincronía entre usuario y coche más cercano, ahorrando desplazamiento y consumo energético a nivel sistémico. Pero capitaliza en sutiles subsidios indirectos. Medra en el vacío legal no tributando y, aunque los consumidores prefieren contacto con el objeto -el shopping virtual es aún incipiente en relación al físico- esto no sucede cuando el objeto es la movilidad. Un improbable consuelo para el taxi, el grupo etario lejano a la web.
Si la autopista, cuyo incremento de espacio de circulación indujo al auto extra que la acabó taponando, invalidando la finalidad de su creación, en un mundo donde sobran desempleados, ¿no podría la invitación de la empresa a volverse un “uberemprendedor” inducir lo mismo? La cuestión es: ¿cuál es el modelo de ciudad que se pretende, el precio a pagar para evitar su caos y quién deberá pagarlo? Taxi y Uber comparten la ineficiencia funcional de una modalidad de transporte, aunque el primero creció con la ciudad creando un servicio criticado por abusos de precio e inseguridad pero alimentando miles de familias, y en tiempos difíciles.

En la ciudad, cada decisión debe beneficiar a los millones que se mueven diariamente entre Gran Buenos Aires y la Capital en transporte público. Metrobús acortó sus tiempos de viaje. Pero el despliegue de su potencial depende de una gestión que exija a las empresas unidades articuladas y modificaciones en recorridos de acuerdo a los corredores creados. 

El ramal Av. San Martín es clave, una diagonal que es la distancia menor entre el centro geográfico de CABA en el Cid Campeador y su límite en la Gral. Paz, pero aún no hay una línea que cubra la totalidad de un trayecto que beneficiaría incontables usuarios. En la mayoría de las ciudades de la UE hay sistemas similares a Metrobús, y no hay Uber. No se construyen autopistas ni parkings. El centro es territorio del peatón, el tranvía y el bus eléctrico. El subte es cuestionado por costo e impacto ambiental. La app dejó de existir en Bélgica y Francia. En el Reino Unido la legalidad le costó cara: los taxistas fijaron las condiciones.
Las TICS virtualizan el lugar de trabajo, reconcilian la brecha entre éste y vivienda. Reducen los viajes al centro en horas pico, causa estructural de congestión y contaminación, y prometen un futuro sin ellas. Uber invoca la tendencia, pero es esclavo de un modo dominante en una urbe que ya no existe.

El Estado tiene que gestionar por una ciudad democrática, aunque luzca un oxímoron impidiendo Uber. Mejorar el Metrobús y usar gotero en las licencias para taxi. Nivelar el terreno gravando a la app es dar un lugar donde ya no hay. Sin embargo, sería más que bienvenida donde lo hay de sobra, capitalizando los grandes vacíos de integración del país entre pueblos y ciudades.

Héctor Zajac es Geógrafo (UBA) y Magister Problemáticas Urbanas (UNY)

jueves, 28 de abril de 2016

Argentina y Rusia: relación entre "dos necesitados"

Por Sebastián Vigliero - Clarin
La “asociación estratégica integral entre la República Argentina y la Federación de Rusia auspicia una plataforma de complementación de cara al futuro para los dos países, que no se debería dejar de mirarse.

Ambos países, además de compartir fuertes intereses en el campo de la seguridad y la economía –tienen posiciones comunes en el Grupo de los 20 y en Organización de Naciones Unidas (ONU)-, son “dos necesitados” cuyas economías enfrentan el dilema de permanecer dependientes del ciclo de precios de los commodities –granos e hidrocarburos- sino también de convertirse en plataformas productivas modernas y altamente intensivas. Una combinación que pocos países se podrían dar el lujo de soslayar.


Hoy el comercio argentino-ruso se sitúa en alrededor de unos u$s 1.800 millones e involucra en su mayoría productos primarios. El crónico déficit comercial argentino desde 2011 se explica por la magnitud de las exportaciones rusas -70% de la balanza comercial-, constituidas en su gran mayoría por fertilizantes minerales y combustible diesel y por las pocas y concentradas ventas argentinas -frutas, carnes, legumbre y bebidas-. Nuestro país no es para Rusia un socio comercial de envergadura, como sí lo son los mercados en Europa, Asia y sus vecinos inmediatos. 

Lejos de quedarse en la lógica del tradicional esquema de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), tanto Argentina como Rusia se muestran como economías con importantes recursos naturales –de por sí escasos y muy demandados en el mundo- que buscan desarrollarse sustentablemente. El problema es su primitiva matriz industrial y la falta de inversiones.

¿Cómo pueden complementarse? Argentina se ofrece hoy al mundo como una potencial base de operaciones industrial necesitada de inversiones millonarias, de transferencia tecnológica, infraestructura, y de conocimiento. 

Las sanciones internacionales impuestas a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos son una formidable oportunidad para la industria de agroalimentaria nacional en el mercado ruso. Por su parte, el Kremlin, además de la necesidad de modernizar su economía y sus instituciones, tiene intereses concretos en los sectores de hidrocarburos telecomunicaciones, de energía atómica, hidroelectricidad, industria ferroviaria, militar y de transporte, entre las más representativas.

No siendo suficiente ello faltaría creatividad para combinar sinergias de recursos naturales y erigir industrias intermedias altamente intensivas que permitan insertarse en las cadenas de producción internacional.

Ello redundaría no sólo en beneficio de los dos países sino que sería un comienzo para lanzar una estrategia transnacional argentino-rusa y replicarla en América Latina y en la Unión Económica Euroasiática-Asia Central-, haciéndolo extensivo a otras regiones. Algo que podría servir para acortar distancias y acrecentar lazos de dos países que buscan crecimiento sustentable en el tiempo.

Sin dudas, un desafío interesante para la Argentina y Rusia que, pese a la distancia y al disímil tamaño de sus economías, piensan muy parecido sus estrategias de salida que las condicionan en la economía internacional.

Sebastián Vigliero es profesor del Departamento de Gobierno y Relaciones Internacionales de la UADE

Inadmisibles demoras en la causa de Lázaro Báez


(La Nación) - Despierta sospechas la indolencia manifestada por el juez Casanello antes de adoptar elementales medidas para el avance de la investigación.



Los televidentes poco informados que asisten a los shows televisivos con los allanamientos a las múltiples propiedades santacruceñas del seudoempresario Lázaro Báez, así como asistieron antes a su captura y al patético periplo y posterior apresamiento de su abogado Jorge Chueco, quizá tengan la impresión de una Justicia implacable en la persecución de los sospechosos de alto vuelo y la obtención de las pruebas necesarias para procesarlos.

Por desgracia, no es así. Asistimos a medidas elementales que deberían haberse adoptado hace mucho tiempo y que no se instrumentaron probablemente para beneficiar, no sólo a Lázaro Báez, quien dista de ser un personaje con peso propio, sino a la familia Kirchner, pues Báez habría oficiado de testaferro del ex presidente Néstor Kirchner.

No en vano el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa contra Báez por lavado de dinero, se ha ganado apodos basados en su indolencia y extrema lentitud para instruir este importante expediente. Una lentitud tan extrema que podría rayar en la complicidad.

Esa actitud del juez se ha manifestado desde el comienzo y le ha valido fuertes recriminaciones por parte de su superior, la Sala II de la Cámara Federal, que hace más de un año lo instó a que indagara a Báez, al tiempo que le reprochó haber efectuado una investigación "parcial" y haber avanzado en forma despareja con los distintos imputados. En efecto, Casanello había procesado a Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes ejecutaban parte de la ingeniería financiera para lavar el dinero de Báez. Sin embargo, el magistrado se paralizaba ante Báez. Claro, aún gobernaba Cristina Kirchner.

Cuando ella abandonó el poder y la televisión difundió el video con Martín Báez, hijo de Lázaro, y otros personajes dedicados a contar euros y dólares, y a apilar y guardar en bolsos fajos de esos billetes, Casanello no tuvo más remedio que ir por Báez. Poco después se le escapó Chueco, que si no logró suicidarse en Puerto Iguazú o tampoco logró fugarse más allá del Paraguay, fue porque no quiso. Chueco tendría que haber sido indagado antes. Ninguna vigilancia se ejercía sobre él.

También llama poderosamente la atención el hecho de que, habiendo procesado con prisión a Lázaro Báez, no haya hecho lo mismo con su hijo Martín, sobre quien pesan las mismas pruebas, además de la comprometedora filmación de "La Rosadita". Aquí es donde resurgen las suspicacias, pues tras la detención y la indagatoria de Báez padre, se ha publicado en reiteradas ocasiones que tanto él como su esposa habrían resuelto contar cuanto saben si Martín Báez va a parar a una celda.

Otro hecho que puso de manifiesto la extrema indolencia de Casanello se produjo días atrás. El miércoles de la semana pasada, la defensora de Fariña depositó en la Justicia un escrito de puño y letra de su defendido, en el que éste había anotado la lista de propiedades de Báez. Caía de maduro que los allanamientos a esas propiedades requerían una ejecución más que veloz, pues ya habían transcurrido varios días desde la indagatoria de Báez. Pero los días pasaban sin novedades al respecto. El lunes pasado, tanto LA NACION como Clarín se extrañaron ante tanta demora en la adopción de una medida elemental. Mientras tanto, la lista o parte de ella había tomado estado público el día anterior. El juez dispuso los allanamientos en la noche del lunes. Una vez más, pareció actuar a impulso del periodismo.

Cuando se confirmó la prisión de Báez, los camaristas de la Sala II volvieron a reprocharle negligencias a Casanello y lo urgieron a investigar dónde se encuentran escondidos los cuantiosos fondos que constituyen la fortuna de Báez y que provendrían de la sobrefacturación de obras públicas durante la gestión del kirchnerismo.

Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que para probar el delito de lavado de dinero, hay que determinar cuál fue el hecho ilícito que generó esos fondos que hubo que lavar. Se trata de un punto esencial que no debe soslayarse, a riesgo de que todo cuanto muestran las pantallas de televisión en estos días quede como mera espuma.

No puede tocarse el tema de la causa de Casanello sin mencionar la de Hotesur, a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En ella se investiga el presunto lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner. Rafecas declaró la incompetencia en febrero pasado y el expediente corre el peligro de atomizarse en distintos sumarios. Afortunadamente, el fiscal de esa causa, Carlos Stornelli, se manifestó en contra de la decisión de Rafecas, e idéntica actitud adoptó el fiscal ante la Cámara Federal, Diego Velasco.

Causas como las de Casanello y Rafecas arrastran demasiados atrasos difíciles de explicar, que alimentan las sospechas de que el proceder de ciertos magistrados sigue siendo funcional a una mejora de la comprometida situación de la ex presidenta de la Nación en algunas de las investigaciones.

miércoles, 27 de abril de 2016

Muy cerca de Cristina

Joaquín Morales SoláPor Joaquín Morales Solá - LA NACION (Extractado)
Están buscando la fortuna de la familia Kirchner. Jueces y fiscales saben que las propiedades de Lázaro Báez son suyas sólo en lo formal. La enorme mayoría de las cosas que tiene Báez pertenecen a la familia que gobernó la Argentina durante 12 años. El juez Sebastián Casanello dispuso allanamientos más numerosos que los que indicó Leonardo Fariña en su última declaración. Ordenó revisar cada una de las casas o estancias que están a nombre de Báez.

Una tarea monumental por la dimensión patagónica de los territorios que deberán inspeccionar. La Justicia se acerca dramáticamente a los pies de Cristina Kirchner.

Sin embargo, se impone una dosis de cautela. La descripción que hizo Fariña de escondites y covachas llenos de dólares y euros corresponde a los años 2011 y 2012. Tuvieron demasiado tiempo para trasladar el dinero y para cambiar la arquitectura de los lugares, sobre todo después de que Fariña fue un testigo doblemente arrepentido ante el periodista Jorge Lanata (primero se confesó ante él y después se desdijo). Los Báez sabían que Fariña conocía la ubicación exacta de esos lugares. Hasta les sacó fotos. ¿Los dejaron tal como estaban? ¿Cometieron, acaso, la monumental chapucería de no modificar nada? Por eso, Casanello mandó allanamientos más vastos que los señalados por Fariña. Es cierto también que el dinero acumulado es mucho, muchísimo, y que no es fácil en este mundo esconder, trasladar o depositar semejantes caudales.

Es igualmente veraz que la Justicia tendría a mano otros recursos si no hubiera hallazgos importantes. Podría, por ejemplo, hacer peritajes para establecer si hubo cambios en los últimos años en las casas y estancias de Báez y dónde se hicieron. Casanello demoró seis días los allanamientos que debieron hacerse inmediatamente después de la última declaración de Fariña. El juez asegura que le mandó el testimonio del arrepentido al fiscal Guillermo Marijuan, en un sobre cerrado, para que éste se expidiera. El fiscal estaba evidentemente crítico de las demoras de Casanello, pero Marijuan prefirió luego bajar el nivel de la sorda polémica con un elogio a la gestión del magistrado. Hay preguntas que son básicas, pero que conviene hacerlas. ¿Juez y fiscal no debieron, acaso, hablar por teléfono para agilizar los trámites? ¿Por qué procedimientos de tanto volumen político y judicial se resolvieron con el trámite antiguo de enviar un sobre y esperar una respuesta a vuelta de correo? Mientras tanto, el país y, sobre todo, los Báez ya sabían que existía la declaración de Fariña y la supuesta ubicación de los tesoros escondidos.

Una pregunta recurrente que suele hacerse la política es por qué los Kirchner habrían preferido acumular dinero en efectivo en lugar de buscar métodos más seguros. La respuesta que dan los íntimos de Néstor Kirchner es que el ex presidente desconfiaba de los bancos internacionales. Había llegado a la conclusión de que uno de los negocios de esos bancos es guardar dinero de políticos en el poder para negarles su devolución cuando han perdido el poder. Los bancos embargan esos depósitos, por lo general, a la espera de resoluciones judiciales que no llegan nunca. "Éstos te reciben con alfombra roja cuando sos presidente y después no te dan la guita", solía repetir. Eligió, en cambio, amontonar el dinero en efectivo para luego lavarlo lentamente en el país o llevarlo a paraísos fiscales mediante un sistema de empresas que se parecen a las mamushkas rusas. Una empresa de testaferros guarda a otra empresa y así sucesivamente. Sólo en la última, cuando ya se han perdido casi todas las pistas, están los verdaderos dueños.

La otra pregunta que se hace la política es por qué los Kirchner decidieron confiar parte de su fortuna a un personaje menor como Fariña, farandulero y ostentoso. Era un semáforo encendido llamando a la investigación de la Justicia. Según el relato de antiguos confidentes de Néstor Kirchner, Fariña apareció como gestor del dinero de la poderosa familia política argentina luego de la muerte del ex presidente. Antes, Fariña visitó Olivos como amigo de los Báez, sobre todo de Martín, el hijo, y participó de algunos fulbitos con Néstor Kirchner. En esa época, Néstor prefería llevar el dinero a paraísos fiscales mediante profesionales de las finanzas. Gestión a la que le dio especial impulso después de 2008, aunque la ingeniería de obras públicas sobrefacturadas comenzó casi con su gobierno.

En 2008, los Kirchner sufrieron la primera derrota política, tras su guerra con el campo, y el ex presidente perdió en 2009, con su nombre en las boletas, las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Un conocido banquero y otro conocido empresario de concesiones abrían y cerraban entonces las puertas de Olivos. Un amigo del ex presidente le preguntó la razón de esas presencias. "Hay que juntar plata para después del poder", le respondió. La muerte de Néstor Kirchner cambió la política argentina y la estrategia financiera de la familia. Cristina Kirchner arrasó en las elecciones presidenciales de 2011. Comenzó el cepo al dólar y la disputa por el dólar paralelo. Cristina se enojó con todos los banqueros, amigos y enemigos. Le encargó a Lázaro Báez que se hiciera cargo de la fortuna y de su blanqueo o depósito. Báez apareció con Fariña como una inteligente solución. Cuesta imaginar, realmente, que Néstor Kirchner haya depositado parte de sus ahorros (por los que sentía una debilidad inigualable) en manos de Fariña.

Báez sí es obra de Néstor Kirchner. También Cristóbal López. Había una diferencia en el trato con ellos; Báez era un testaferro y López era un socio. Hubo estrategias igualmente diferentes entre Báez y López. Báez creyó en el discurso del microclima cristinista de que la victoria era segura en las pasadas elecciones presidenciales. No se preparó para la derrota, aun cuando Cristina también se peleó con él. Lo dejó sin obras públicas (convencida, dicen, de que robó plata de su marido) y lo expuso públicamente. Varias empresas de Báez están cerca de la bancarrota. No es que Báez no tenga plata. La tiene, pero no puede blanquearla con el pago de salarios a sus empleados. Cristina lo depositó personalmente cerca de los tribunales.

López, en cambio, sí imaginó un escenario de derrota del kirchnerismo. En julio del año pasado, cuando ni siquiera se habían realizado las elecciones primarias, intentó cambiar el domicilio de sus empresas más vulnerables al sur del país, donde hay una justicia que él conoce, frecuenta y adula. Compró también medios de comunicación para presionar sobre un eventual gobierno de otro signo. La AFIP de la nueva administración y la Justicia le impidieron el cambio de domicilio. El error de Néstor Kirchner fue confiar en personajes tan poco presentables. Un ex empleado bancario convertido en uno de los más grandes terratenientes de la Patagonia. Un empresario del juego y del petróleo que no le devolvió al Estado el dinero que cobraba como impuesto a las naftas. Acumuló casi 8000 millones de pesos que usó para agrandar su imperio. El error de Cristina fue, además, poner todo eso en manos ineptas y torpes, muchas veces para conformar caprichos o malhumores personales.

lunes, 25 de abril de 2016

El verdadero cambio que tiene que hacer el presidente Macri

José Luis EspertPor José Luis Espert - LA NACION
Hace 80 años la Argentina estaba décima en el ranking mundial de ingresos per cápita. Hoy no supera el puesto 70. En los últimos 40 años tuvimos cuatro planes que terminaron en crisis profundas: el de José Ber Gelbard, "la tablita" de Martínez de Hoz, el austral y la convertibilidad. Y por ahora evitamos la crisis latente en la que nos dejó "la década ganada" kirchnerista.

Somos el país que más defaults de la deuda pública realizó desde la Segunda Guerra Mundial y el que más juicios soberanos en contra tiene en el mundo. Y desde 1988 (28 años), los niveles de pobreza promedian el 30% de la población, con picos de 50% y 60% en crisis homéricas como la hiperinflación y 2002.

¿Hay una o varias cosas que unan, que sean la columna vertebral, o sea, los elementos aglutinantes de aquellas crisis que nos convirtieron en el país de las posibilidades potenciales extraordinarias, pero, al mismo tiempo, tan decadente? Sí. Al menos hay dos. Primero, todas las crisis tienen su origen en crisis de financiamiento del fisco. O sea, llega un momento en que los déficits fiscales son tan grandes que el Banco Central tiene que devaluar porque se queda sin reservas, si es que los déficits previos a la crisis se financiaron con emisión monetaria o dólares del BCRA (plan Austral y la Década Ganada). Otras veces, cuando los déficits se financiaron con deuda externa, la devaluación ocurre porque hay que generar las condiciones para repagar una deuda que se defaultea y luego se reestructura (consecuencias de "la tablita" y de la convertibilidad).

La segunda causa es la sustitución de importaciones, que permite "funcionar" aislados del mundo, otorgando aumentos salariales extravagantes en dólares que no pueden ser pagados por mayor productividad, sino por aumentos de precios de una industria ultraprotegida mientras los sectores más rentables de exportación languidecen o quiebran frente al consecuente atraso cambiario.

¿Cuál fue la respuesta, hasta ahora, del gobierno de Macri a la "cruz" fiscal que le dejó el kirchnerismo de un déficit de 7% del PBI? Baja de los (indebidos) subsidios económicos que recibe el sector privado para financiar la baja de impuestos ya anunciada (retenciones y mínimo no imponible de Ganancias), la que se avecina (IVA para alimentos), la suba del gasto en obra pública prometido a las provincias y los planes de infraestructura a nivel nacional y en subsidios sociales que con estilo de "goteo" casi diario el PRO no para de anunciar.

O sea, dejar el déficit fiscal en niveles similares al kirchnerismo y financiarlo, después del cierre del capítulo holdout, con la colocación de toda la deuda externa posible para evitar los costos recesivos de financiarlo con colocación de deuda interna o los costos inflacionarios de hacerlo, como el kirchnerismo con emisión monetaria.

Esto, además de desconocer que el problema de un déficit fiscal cada vez más difícil de financiar, no tiene en cuenta -y he aquí lo central y medular- que el nivel de gasto público de hoy de más de 40% del PBI es impagable para el sector privado, porque genera una presión impositiva salvaje que alienta la economía en negro y para los que están en blanco significa trabajar más de la mitad del año sólo para pagar impuestos, reeditando en pleno siglo XXI una nueva esclavitud: la impositiva.

Pero con un pobre ajuste del gasto público y la continuidad de un enorme déficit financiado con endeudamiento externo y más allá de recuperaciones de la economía que eventualmente puedan venir (como también paso en los 90), en el mejor de los casos se retrasará el momento en el cual volveremos a discutir la necesidad de nuevos ajustes fiscales y de devaluar el tipo de cambio. La experiencia local e internacional indica que los ajustes que no se hacen al principio, cuando se tiene poder, no se realizan y con el tiempo los fuerza el mercado y provocan la caída de los gobiernos.

La Argentina ya recurrió al endeudamiento externo para financiar sus déficits fiscales a fines de los 70 y los 90. El camino a seguir no es éste. Es el que siguieron países como Chile, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán. Libre comercio como antítesis a la sustitución de importaciones y Estado pagable y sin déficits fiscales como antítesis al Estado presente y megadeficitario que presenta hoy la Argentina.

Éste sería un auténtico cambio para Cambiemos y el país.
El autor es economista

martes, 19 de abril de 2016

Una facultad de periodismo militante

Editorial del diario La Nación
El asueto decidido por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para facilitar la reciente movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner durante su declaración indagatoria ante el juez Bonadio muestra el desatino de utilizar una entidad académica, que debería privilegiar la enseñanza y la libertad de cátedra, como un camino para canalizar ambiciones políticas.


Hubo más de cien mil adhesiones al pedido de remoción dirigido al presidente de la UNLP con motivo del obligatorio y absurdo asueto. Pero luego, los representantes de los docentes, no docentes, estudiantes y graduados expresaron su "profundo repudio al ilegítimo, improcedente e ilegal pedido destituyente que, con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, busca cuestionar a la doctora Florencia Saintout, decana de nuestra institución".

Posiblemente se hayan preocupado más de la cuenta. Todo indica que Saintout mantendrá su cargo, a pesar del desatino de dar asueto para marchar en favor de quien debe dar explicaciones ante la Justicia por investigaciones sobre corrupción, como un simple ciudadano. La UNLP cuenta con reglas que impiden remover a un decano por simple voluntad del rector. La institución del juicio académico, degradada por la actual conducción de la UNLP, impone que deba intervenir un tribunal universitario.

El problema se instala así fuera de la vida académica y forma parte de la descarnada lucha política. En esos términos sí pareciera ser responsable Saintout, ya que ha abusado de su posición en la UNLP para promoverse políticamente.

Fue elegida concejal cuando era decana y utilizó la facultad de plataforma para sus ambiciones políticas. Como concejal luchó por ser elegida candidata a intendenta y utilizó su cargo de decana para lograr ese objetivo. Las urnas le dieron la espalda. Su capacidad para generar escándalos públicos le ha permitido sobrevivir porque la opinión pública no termina de desenmascararla.

Los premios que durante su decanato se concedieron a Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner, a pesar de los ataques que cada uno de ellos llevó adelante contra la prensa independiente, son testimonio de un pensamiento que debería despertar el rechazo de la comunidad universitaria. Sus declaraciones sobre la masacre en París contra Charlie Hebdo, al señalar que más que repudiar se debía examinar el contexto, demuestran su desprecio por la convivencia. La Facultad de Periodismo tiene mucho más que ofrecer que estas tristes manifestaciones.

Es entendible que Florencia Saintout imponga a los alumnos de la Facultad de Periodismo un asueto contrario a los valores y a la misión de la UNLP. De ese modo privilegia su militancia por sobre la vida académica, prueba que está dispuesta a ignorar que el Estatuto de la UNLP asegura la más completa libertad académica, sin discriminaciones, limitaciones ni imposiciones. Como cree en la fuerza militante, promovió una marcha dirigida a amedrentar a la Justicia.

En lugar de apoyar marchas en favor de quien dice que tiene los fueros del pueblo, deberían tener más presente el Código Internacional de Ética Periodística, aprobado por la Unesco en 1983, cuyo primer artículo impone el derecho del pueblo a una información verdadera. Para difundir noticias verídicas se debe renunciar tanto a la parcialidad como a privilegiar los intereses personales. Ese rumbo parecería que se ha perdido en la Facultad de Periodismo de la UNLP.

domingo, 17 de abril de 2016

Antología del cinismo

Editorial del diario La Nación.
Corregir la gravísima herencia recibida de la gestión kirchnerista se torna imperioso a pesar de los altísimos costos políticos que encierra


La tarea del presidente Mauricio Macri ha entrado en una etapa tan difícil como esperable, en la cual las mayores dificultades se concentran en la gestión económica. Esto ocurre al mismo tiempo que el primer mandatario debe aclarar, con la seriedad del caso, su aparición en directorios de compañías de su familia radicadas en paraísos fiscales. A las limitaciones propias impuestas por la insuficiencia de instrumentos económicos para resolver rápidamente los graves problemas heredados, se suma un clima político que gana descontentos y merma los entusiasmos iniciales.

Las distorsiones económicas y las falencias que se arrastraron sin solución y gravosamente hasta el 10 de diciembre configuraban bombas de tiempo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró que no explotaran en sus propias manos. Cualquiera que hubiera ganado las elecciones habría heredado la responsabilidad de desactivarlas, enfrentando los inevitables costos sociales y políticos. La negación y no la solución de los problemas, en el marco de un populismo irresponsable, no hizo más que agravarlos, haciendo cada vez más difícil la salida.

Visto esto, no cabe sino calificar de un extremo cinismo e hipocresía el mensaje de la ex mandataria frente a quienes concurrieron a apoyarla en su presentación frente al juez Claudio Bonadio. El escrito presentado al tribunal en esa ocasión adjudica al presidente Macri todas las culpas de los efectos de las medidas correctivas del desastre heredado. Tanto esa presentación como su discurso debieran formar parte de la antología del cinismo.

El retraso cambiario y el cepo asfixiaban la producción, destruían el balance comercial y agotaban las reservas del Banco Central. La salida de esa situación con la consiguiente corrección del tipo de cambio era tan necesaria como inevitable, y cuanto antes se hiciera, mejor. Pero había que saber que aquello haría aflorar la inflación reprimida y que el sistema de precios respondería con aumentos. Por otro lado, la emisión monetaria en los últimos meses del kirchnerismo hacía crecer la cantidad de dinero a una tasa del 45% anual. A pesar del retraso cambiario y tarifario, esto determinaba que la herencia incluyera una inflación del orden del 30% anual. Pero la presidenta saliente no sólo legó a Macri su propia inflación, sino además otra píldora venenosa. El Banco Central vendió a futuro miles de millones de dólares a un precio menor que el del mercado, lo que inevitablemente producirá un enorme quebranto financiero durante el año en curso.

El déficit fiscal rondaba a fines de 2015 el 7% del PBI. Sería mayor si se computaran gastos devengados y no pagados, más los retrasos en los servicios de la deuda pública. Esta grave pérdida fiscal se producía a pesar de una enorme e inédita presión impositiva, a tal punto insostenible que reclamó reducciones inmediatas. Para dificultar aún más la corrección del desequilibrio fiscal, el colosal aumento del gasto público corrió por carriles de gran irreversibilidad. Este nivel de déficit público es inviable aunque se retorne a los mercados de deuda para financiarlo y se evite la emisión monetaria. Si no se reduce drásticamente bajando el gasto, el Gobierno puede entrar nuevamente en riesgo de un default. La tarea no es fácil. El combate a la corrupción o la supresión de gastos superfluos son una obligación moral, pero no son cifras que puedan corregir por sí solas el desborde fiscal.

Las reducciones de personal estatal, aunque sustancialmente menores que su incremento en los últimos 12 años, están causando un gran descontento social que la oposición política está capitalizando. Algo similar se observa en el intento de recortar los planes sociales. Se habla de salvajismo e insensibilidad. Lo mismo ocurre con los aumentos en las tarifas de energía y transporte, necesarios para reducir los subsidios. Sin embargo, estos son los frentes en los que se debe trabajar, ya que nada se puede ni se debe hacer con el gasto jubilatorio, que, desde que se concretaron las dos moratorias y la confiscación de los fondos de pensión, incrementó su peso en el gasto público en un equivalente al 4% del PBI.

Por una cuestión meramente aritmética, el gobierno nacional deberá seguir reduciendo el personal excedente, achicar los subsidios y recortar los planes sociales no imprescindibles. Lo tendrá que hacer aplicando atenuantes y compensaciones hacia los sectores más carenciados, pero no podrá evitar el costo político. El trayecto futuro de la reducción del déficit fiscal y de la inflación pasará por una primera etapa en la que habrá sólo dureza y muy escasos resultados. Es inevitable una mayor inflación en los primeros meses.

Resulta clave la respuesta moderada que se dé en las convenciones colectivas para acordar aumentos salariales. Un mejoramiento del clima político y de la actitud de las fuerzas de oposición debería contribuir y no alentar actitudes sindicales que pierdan de vista que hay límites para que el perjuicio no alcance a toda la sociedad.

Habrá más presos y nuevos procesados

Joaquín Morales SoláPor Joaquín Morales Solá - LA NACION
Hay cosas que sirven para distraer a la gente durante un día. Un paseo por el pasado, por ejemplo. No pueden, en cambio, frenar los procesos que están en marcha. Cristina Kirchner recordó a los argentinos que lidera una corriente agresiva, fanática y minoritaria. Fue un relámpago cargado de imágenes viejas. Sólo un Macri ingrato no le agradecería semejante favor cuando sobrelleva el momento más impopular de su plan de estabilización económica.

La justicia federal, sin embargo, no se detendrá por esas ficciones políticas. Un consenso entre jueces federales y la Corte decidió que continuará, como si nada hubiera pasado, la revisión de las causas de corrupción durante el kirchnerismo. Habrá más presos y nuevos procesados, dijo un juez federal un día después de la parranda cristinista.

¿Cómo sigue entonces? La próxima novedad sobre la ex presidenta la dará el juez Claudio Bonadio, que la procesará por el delito de defraudación a la administración probablemente sobre el final de la semana que se inicia.

Hay que hacer una precisión: Cristina Kirchner no está siendo juzgada en esta causa por asociación ilícita, como ella aseguró en su discurso en la vereda de los tribunales. La figura le sirvió para adornar una frase de autoelogio. Pero no es verdad.

Antes del procesamiento, Bonadio debe pronunciarse sobre la recusación que le hizo Cristina. La recusación es floja: Cristina recordó que Bonadio había dicho que tenía una opinión sobre ella, pero que no la haría pública. Es cierto. Bonadio dijo eso. ¿Está prohibido que un juez tenga una opinión sobre una persona? No. Lo que un juez no puede hacer es expresarla públicamente, sobre todo si esa persona está siendo juzgada por él. Es lo que hizo Bonadio.

Cristinistas y no cristinistas (todos políticos) están cuestionando que se juzgue una decisión política. La política amplió con demasiada generosidad la interpretación de lo que es una decisión política no justiciable. Con palabras claras: una decisión política también puede implicar un delito. El segundo reproche que le hacen al juez es que haya permitido con su citación un regreso a la política de una ex presidenta que estaba arrumbada en el confín del Sur. Si bien es dudoso que la citación haya resucitado a Cristina, las preguntas son otras. ¿Por qué pedirle a un juez que mida con exactitud las repercusiones políticas de sus decisiones judiciales? Si lo hiciera, ¿no se convertiría, acaso, en un militante de fuerzas políticas concretas, oficialistas u opositoras?

Ocurre también que hay una incipiente preocupación de influyentes sectores empresariales por el curso de los acontecimientos judiciales. Comenzaron recibiendo con alegría las noticias que venían de los tribunales, pero cambiaron la cara cuando descubrieron que las investigaciones judiciales podrían terminar en algunos de ellos. El camino es inevitable; la corrupción política se alimenta de la corrupción privada. Ese cambio entre ciertos empresarios fue percibido por el Gobierno y por los jueces.

Hay un ejemplo en estos días de esa supuesta vinculación entre políticos y empresarios. El fiscal Guillermo Marijuan adelantó desde Nueva York que accedió a una voluminosa y devastadora información sobre las concesiones petroleras de Cerro Dragón. La investigación sobre presuntos sobornos involucra al ex ministro Julio De Vido, que se encontró con su destino judicial, y a empresarios nacionales y extranjeros.

Un mensaje nuevo apareció en el espacio público: es mejor, dice, dejar tranquilo al cristinismo y no darle la oportunidad del regreso. Que todo quede como está (o como estaba). La corrupción es posible porque alguien recibe dinero y porque otro lo paga. Una verdad simple y obvia, que a veces es necesario recordarla. Las investigaciones deben comprender a todos sus actores, no importa si estuvieron en la gestión pública o en la privada. El debate supuestamente político sobre la oportunidad de avanzar en las causas de corrupción es el pretexto perfecto para la impunidad.

Suelta de viejas ataduras y de más viejos temores, la Justicia parece impermeable a ese mensaje. Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez y excitado contador de dólares en La Rosadita, irá preso dentro de poco. Más integrantes del grupo de Báez acompañarán a Martín y a su padre en la cárcel. Dicen que su padre se convertiría en un Fariña mucho más preciso y caudaloso si su hijo terminara entre rejas. Lo único cierto, por ahora, es que Lázaro Báez está buscando un diálogo con la política o con la Justicia. Ese puente no se habilitó todavía, pero podría construirse en los próximos días.

La resolución de la Cámara Federal que ratificó su prisión le aclaró al juez Sebastián Casanello que el peligro de fuga de Báez no existió porque se subió a un avión sin plan de vuelo. El peligro existe, dice la única sala prestigiosa de ese tribunal, porque la cantidad de dinero lavado es enorme y porque Báez podría usar su libertad para seguir escondiendo su fortuna mal habida. Los tres jueces que firmaron la resolución (Irurzun, Cattani y Farah) hasta deslizan que podría haber dinero en efectivo escondido en covachas de Báez. La Cámara fue, en síntesis, mucho más allá que el propio juez Casanello. Báez no tiene ninguna razón para serenar la ansiedad que padece en estos días.

Los hermanos Schoklender volverán pronto a prisión por la causa que investiga el despilfarro de dinero público en el programa Sueños Compartidos, que también involucra al ex ministro De Vido y a Hebe de Bonafini. Tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) fueron llamados a indagatoria por el derroche de recursos del Estado en Fútbol para Todos. Funcionarios cercanos a la jueza María Servini de Cubría, que es quien los citó, señalaron que es más fácil procesar a Aníbal Fernández por esa causa que por la de la efedrina.

El juez Julián Ercolini decidió crear una unidad fiscal de investigación por la muerte de Alberto Nisman. Le encomendó al fiscal Eduardo Taiano, de su más estrecha confianza, que designara a dos fiscales más. Es decir, que la muerte más importante de la democracia argentina será investigada por tres fiscales. La justicia federal evitó que la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se metiera en el asunto.

El consenso de los jueces resolvió, en fin, que irán tomando decisiones de manera dosificada, pero permanente. El espectáculo sólo ha comenzado.

Desde la cresta del Poder Judicial hasta los pasillos de Comodoro Py sorprendió la información que daba cuenta de cierta desconfianza del Gobierno con el juez Ariel Lijo, que mantiene una excelente relación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. "Lijo es una presencia importante entre los jueces y está convencido de la necesidad de avanzar en las causas que investigan la corrupción", dijeron en la más alta instancia de la Justicia. ¿Un ejemplo? Lo dieron: Lijo estuvo muy cerca de Casanello cuando éste dispuso la detención de Báez. Lo ayudó con algunos consejos prácticos y le sugirió que no permitiera la posibilidad siquiera de una fuga del empresario kirchnerista. Es probable que el Gobierno haya tenido información parcial sobre Lijo, pero lo cierto es que muy pocas veces repercutió tanto una información que afectaba a un juez. Lijo es más que un juez federal. Es un referente (o amigo personal) de varios de sus colegas.

El peronismo sabe de antemano los tiempos que vienen. La reaparición de Cristina Kirchner y la ofensiva judicial son más un problema del peronismo que de Macri. Si algo les quedó claro a los dirigentes peronistas más inteligentes es que ellos no volverán al gobierno con el espectáculo de Cristina Kirchner en Comodoro Py. Tendrán la calle, pero no el poder. Agresiones físicas y verbales a periodistas y un discurso amarrado al pasado. Pedazos de libertad, un derecho que se había recuperado plenamente, parecían otra vez en riesgo. Encuestas que recibió el peronismo aseguran que un 70 por ciento de la sociedad rechaza el acto de Cristina. Y a Cristina.

Poco después del violento pasatiempo cristinista, dirigentes peronistas golpearon la puerta de Servini de Cubría, también jueza electoral. Le suplicaron que acepte que la lista de unidad liderada por José Luís Gioja y Daniel Scioli está en condiciones legales de hacerse cargo de la conducción del peronismo. Hay un solo gobernador peronista que no integra esa lista. Es Alicia Kirchner. Hay un solo sector entre tantos que tampoco fue incluido en la eventual futura conducción del peronismo. Es La Cámpora. No fue casualidad. Tampoco fue magia.
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