Un fallo avala la remoción de Gils Carbó sin necesidad de un juicio político

(La Nación) - El juez Pablo Cayssials consideró "inconstitucional" un artículo de la ley del Ministerio Público que equipara al procurador general con los jueces de la Corte.

Por un fallo, Gils Carbó podrá ser removida sin juicio político. Foto: Archivo 

Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político.

La decisión fue adoptada por el juez Pablo Cayssials, quien consideró "inconstitucional" un artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.

"El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios , contemplados en la Constitución Nacional", dice el texto. Agrega que ese artículo, "al establecer el mecanismo de juicio político como modo de remoción del Procurador General, consagró una barrera casi infranqueable a la responsabilidad del funcionario".

El fallo, publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), es apelable, pero en su contenido podría permitirle al gobierno sacar del cargo a Gils Carbó mediante una decisión administrativa que excluya el juicio político.

El escrito rechaza la defensa de Gils Carbó y hace lugar a las demandas interpuestas por la asociación Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que cuestionaron la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148.

Por qué detuvieron a Roberto Baratta y pidieron el desafuero de Julio De Vido por la causa del gas licuado

(Infobae.com) - Ambos ex funcionarios kirchneristas diagramaron y mantuvieron en el tiempo una maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado.

Desde ayer por la tarde está detenido Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Lo decidió el juez Claudio Bonadio quien dictó el procesamiento con prisión preventiva de ambos en la causa en la que se determinó que hubo una defraudación millonaria a la administración pública en la compra de barcos de gas natural licuado GNL.

De Vido, quien tiene fueros por ser diputado nacional por el Frente para la Victoria, no puede ser detenido. Por eso, Bonadio pidió su desafuero a la Cámara de Diputados. Mientras que Baratta fue detenido por la Policía de la Ciudad y pasó la noche en la sede de esa fuerza de seguridad, en la Comuna 12. Esta mañana fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py para ser ingresado al sistema Penitenciario Federal y luego será llevado al Penal de Marcos Paz, donde compartirá pabellón con Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, y dirigente sindical Omar "Caballo" Suárez.

En el procesamiento firmado por el juez se explica que "De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad. En efecto, su participación en los sucesos lograba sortear cualquier control posible pues eran ellos quienes debían velar por el erario público siendo los responsables máximos de las áreas donde ocurrieron".

Bonadio detectó una maniobra de pago de sobreprecios en los barcos comprados por Planificación, primero a través de ENARSA y luego de YPF para abastecer de gas a la red que estaba en plena crisis energética. Según el cálculo que se hizo en la causa a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, a partir de un peritaje se determinó una defraudación de 6.995.926.798 dólares debido a que hubo sobreprecios en las compras de GNL. Según el estudio, se pagó de más por el millón de BTU (la unidad de en la que se mide el GNL) en buena cantidad de los 232 barcos que llegaron al puerto de Bahía Blanca y los 265 que arribaron a Escobar.

Se determinó en varios casos –según explicaron fuentes judiciales– que en barcos que llegaban con días de diferencia se pagaba el doble por el millón de BTU. 

En el procesamiento, Bonadio señaló que "por lo tanto, las pruebas reunidas en la causa dan cuenta que Julio Miguel de Vido en su carácter de Ministro a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Roberto Baratta en su calidad de Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente de dicho Ministerio, idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL -integrada por el resto de las personas imputadas en la causa- cuyas funciones y actividades fueron mencionadas- utilizando a ENARSA en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso -a partir del 12 de noviembre de 2012- en otra empresa -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra -es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando-, y a su vez conformada -en parte- por personal idóneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia. 

En este proceso de importación de GNL, las empresas internacionales proveedoras del fluido participaron sin proceso licitatorio, sino mediante un concurso de precios en el que el valor del fluido ya estaba definido, no existiendo negociación alguna al respecto y con la participación de intermediarios entre ENARSA y los oferentes, cuyas comisiones incidieron en el precio finalmente abonado".

El juez determinó que De Vido y Baratta deben estar detenidos porque "los nombrados, atento a sus vínculos, siendo De Vido diputado nacional, de continuar en libertad podría entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad". Y agrega que "por ende, las circunstancias apuntadas de modo previo, las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación, configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concederle la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia, por lo que se encuentra  consecuentemente fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta; como también que la entorpecerán".

Baratta seguirá detenido. Y De Vido a la espera de lo que deciden sus colegas de la Cámara de Diputados.

Hospital Posadas: procesan a ex funcionarios por compras irregulares y contratación de personal

(Clarin.com) - Lo decidió la Justicia Federal de Morón. Todo se originó tras una denuncia por la aparición de una silla incrustada en un resonador magnético.

Hospital Posadas: procesan a ex funcionarios por compras irregulares y contratación de personal

La denuncia se realizó después de que una silla apareciera incrustada en resonador magnético del Posadas.

La Justicia federal de Morón procesó a ex autoridades del Hospital Posadas por administración fraudulenta, compras irregulares y la incorporación de personal sin cumplir requisitos, informaron hoy fuentes judiciales. Algunos están vinculados al dirigente kirchnerista Martín

La decisión fue firmada por Néstor Barral, titular del Juzgado Federal N 3 de Morón.

El juez procesó a los ex funcionarios del hospital Domingo Martín Latorraca, Andrés René Rodríguez, Lorenzo Manuel Donohoe y Cecilia Natalia Gatta Castel por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, explicaron las fuentes.

Y a Ricardo Ariel Rotsztein, Pablo Saavedra, Eddie Alan Pérez y Emilio Ramiro Fernández los consideró partícipes necesarios porque como monotributistas facturaron honorarios profesionales por asesoramiento en la dirección de administración financiera, añadieron los portavoces.

Según había publicado Clarín el 17 de julio pasado, en el marco de un informe de PPT, el Posadas fue un refugio durante el kirchnerismo de los militantes de Nuevo Encuentro, la agrupación que dirige Sabbatella, que incluyó un nombramiento de 1248 empleados incorporados por Domingo Latorraca, de los cuales 1050 ingresaron en la segunda mitad de 2015: 669 entre noviembre y diciembre, después de la derrota electoral.

La causa se abrió el 17 de febrero de 2016 por la denuncia concretada por Alberto Jorge Díaz Legaspe, entonces Director Nacional Ejecutivo a cargo de la Administración del Hospital Posadas, porque 5 días antes se había dañado un resonador magnético cuando introdujeron una silla metálica en el equipo.

A partir de ahí se abrió un sumario y se supo que en el ámbito de la Dirección General de Administración Financiera "existían compras irregulares, ya que se habían suprimido procesos licitatorios para ser suplantados por el modelo de fondos rotatorios -sólo válido para casos de emergencias", señala la resolución.

También se denunció "la contratación de varios servicios pagados por esa misma modalidad, a los fines de realizar un acto llevado a cabo el 25 de noviembre de 2015 en el Hospital Posadas, cuando dicha erogación no se encuentra vinculada con el objeto del nosocomio".

Asimismo, se denunció la "incorporación irregular de 1.500 personas durante dicho período para realizar actividades no asistenciales, sin cumplir con los requisitos fijados".

Fuente: Télam

Memorándum con Irán: el "espía" Ramón Allan Bogado presentó 18 anexos de pruebas que complicarían al kirchnerismo

(Infobae.com) - El ex agente de la SIDE entregó mails y documentación sobre un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Teherán a través de Venezuela. Involucró a ex funcionarios.

Luego de que Héctor Timerman pasara por los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para declarar en la causa sobre supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado a la AMIA, este miércoles le tocó el turno al supuesto lobbista iraní Jorge Alejandro Khalil, el ex agente de la SIDE Ramón Allan Héctor Bogado y el ex líder de la agrupación "Quebracho" Fernando Esteche.

El testimonio de Bogado era el que más expectativa generaba. Y así fue. El ex espía, según pudo saber Infobae, aportó 18 anexos de pruebas mediante las cuales le detalló al juez federal Claudio Bonadio pormenores de un pacto para triangular tecnología nuclear argentina con Irán a través de Venezuela. Esa documentación, identificada con números romanos, fue guardada en el juzgado en calidad de reservada. 

La información que aportó Bogado incluye el dato acerca de cómo se habría conformado una red para transferir tecnología y asesoramiento nuclear a Irán para burlar el bloqueo impuesto por las Naciones Unidas.

Con este objetivo, se habrían creado sociedades comerciales fantasma en Argentina y Uruguay que servirían para ocultar los viajes, el intercambio de experiencias y conocimiento, envío de piezas y planos, y los posteriores pagos por estas prestaciones. En estas maniobras estarían involucrados -siempre según la versión de Bogado- ex funcionarios de INVAP y de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).

Según fuentes de su defensa, el espía aportó pruebas de esas sociedades y de cuentas bancarias en Uruguay. También entregó mails y convenios que avalarían sus dichos.

Entre los ex funcionarios involucrados por Bogado figura el ex director de la CNEA, Rubén Calabrese, quien ya habría sido mencionado por Antonio Stiuso en su declaración testimonial ante la jueza Fabiana Palmaghini. Según el espía, Calabrese "se jactaba de estar bajo la tutela de Francisco 'Paco' Larcher", ex subsecretario de inteligencia kirchnerista.

También habría incluido en esta red a empresarios que habrían sido el nexo entre los que querían "vender" la tecnología y su asesoramiento, y los compradores. La defensa dejó trascender que "todos los involucrados, de una manera u otra, están vinculados. Incluso, varios de ellos realizaron viajes en simultáneo a Venezuela, todo esto fuera de los canales formales y diplomáticos".

Según su versión, este accionar habría comenzado luego de la muerte de Néstor Kirchner, con el cambio de rumbo de la política exterior argentina respecto a su relación con Irán, conducta mencionada por Nisman en su denuncia y coincidente con lo dictaminado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La causa por la que deberán declarar un total de 14 personas, entre las que está incluida la ex presidente Cristina Kirchner, se inició a partir de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.

Calendario de indagatorias

El 19 de octubre tendrán que presentarse D'Elía y Eduardo Zuain, quien fue vicecanciller durante el segundo gobierno de Kirchner.

Para el viernes 20 fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del ex canciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y culminó en Zurich (Suiza).

El 23 deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D'Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini. Y para el 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El 25 tienen que presentarse la ex procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Kirchner.

La Justicia abre una nueva investigación sobre la riqueza de Cristina Kirchner

Por Hernán Cappiello - LA NACION

El fiscal Pollicita detectó "inconsistencias" en las declaraciones juradas de la ex presidenta del período 2009-2015; ya había sido sobreseída por los bienes acumulados en años anteriores.

Foto: LA NACION 

Los bienes de Cristina Kirchner están otra vez bajo análisis de la Justicia. La ex presidenta ya fue sobreseída tres veces por el delito de enriquecimiento ilícito, en distintos períodos, de 1994 a 2008. Ahora, el fiscal federal Gerardo Pollicita y su equipo examinaron sus declaraciones juradas de bienes entre 2009 y 2015 y detectaron inconsistencias, que analizan para determinar si constituyen delitos.

Este trabajo del equipo de la fiscalía, contenido en siete carillas con cuadros de Excel, al que tuvo acceso LA NACION, analiza la evolución de las propiedades declaradas por la ex presidenta, los ingresos por la venta de inmuebles, los depósitos a plazo fijo y las participaciones accionarias en Los Sauces, Comasa, Hotesur y El Chapel. También, examina sus ingresos, sus deudas, sus acreeencias y sus dos camionetas Honda CRV 2007 y 2008, que ya fueron declaradas.

El grupo de analistas de la fiscalía de Pollicita detectó las siguientes inconsistencias: algunos bienes son declarados como de Néstor Kirchner, en ciertos casos se informa el monto de adquisición y en otros no, los bienes de Néstor Kirchner se declaran como herencia y se divide en dos el valor fiscal.

El equipo realizó un análisis detallado de cada uno de los plazos fijos y cómo aparecen declarados como herencia desde 2011. Los correspondientes a 5,3 millones de dólares de 2008 van disminuyendo año a año hasta que el depositado en dólares, de Néstor Kirchner, fue cobrado en el Banco de Santa Cruz el 7 de junio de 2012, se retiraron 3.213.728 pesos, el resto fue transferido al Banco Nación y al día siguiente, 8 de junio de 2012, se pesificó y se acreditaron en caja de ahorro $ 14.394.240.

En cuanto a las acciones de empresas, es sugestivo para los analistas que pese a tener la misma participación en 2008 entre los dos integrantes del matrimonio, difiera el monto de dinero correspondiente a la tenencia accionaria. También les llama la atención el cambio de cotización de las acciones de Hotesur, Comasa y Los Sauces y la alternancia en declarar a veces sí, a veces no, la participación accionaria en Los Sauces. No se declaran los ingresos por plazos fijos entre 2012 y 2015.

Estas observaciones serán enviadas por Pollicita a un equipo de la AFIP que ya trabajó para el juez Claudio Bonadio en analizar si hubo evasión en el caso Los Sauces. Esos sabuesos dijeron, tras analizar las declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales de la ex presidenta, que omitió ingresos por $ 2,5 millones y una deuda fiscal de $ 700.000.

Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, fueron investigados y sobreseídos por los jueces Julián Ercolini, Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide. Los fiscales no apelaron. Eso ya es cosa juzgada, no se puede volver a investigar penalmente la evolución patrimonial en ese período, excepto que se pruebe que el sobreseimiento fue fraudulento.

Ahora, si las inconsistencias de los informes que realizó el equipo de Pollicita más el análisis que pidió realizar a la AFIP adquirieran suficiente entidad como para que constituyan delitos, se abriría una nueva causa, pero para investigar el patrimonio de la ex presidenta entre 2009-2015, un período que hasta ahora no fue alcanzado por ningún sobreseimiento. Pollicita -si correspondiera- se lo pediría al juez Julián Ercolini. Esto es así porque la denuncia original de esta causa es de Margarita Stolbizer y se tramita en su juzgado. Ese expediente estuvo hasta febrero de 2016 en manos del juez Daniel Rafecas, que se declaró incompetente y envió todo a Ercolini porque los hechos se vinculaban con la denuncia de 2008 de Elisa Carrió contra Néstor Kirchner, funcionarios y empresarios por supuesta asociación ilícita.

Aunque se declaró incompetente, Rafecas identificó tres hechos:

- El caso Hotesur, por el que Cristina Kirchner será indagada el 9 de noviembre por Ercolini. Se sospecha que alquiló habitaciones en su hotel a Lázaro Báez en concepto de supuestos retornos por beneficiarlo con obras.

- El alquiler a tripulaciones de la estatal Aerolíneas Argentinas de habitaciones en su hotel, mientras ella era presidenta

- Las inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes entre 2011 y 2013.

Pollicita tomó este último objeto y lo amplió a las declaraciones entre 2009 y 2015.

Cristina Kirchner declaró durante 2015, su último año en el poder, un patrimonio de $ 77 millones. Sus bienes se valorizaron en $ 12 millones, un 20 por ciento más que en 2014. Algunos entraron en la sucesión de Néstor Kirchner y fueron donados por la ex presidenta a sus hijos, Máximo y Florencia.

Todos esos bienes están inhibidos por orden de los jueces Ercolini y Bonadio. El fiscal Pollicita pidió además que se afecten a este embargo por 10.000 millones de pesos dispuesto en el caso de las irregularidades en la obras santacruceña estos bienes de la ex presidenta y sus hijos: un lote en El Calafate, tres cajas de ahorro del Banco Galicia, 25 propiedades, acciones en las empresas Hotesur, Los Sauces y Comasa, la camioneta Honda CRV y dinero en efectivo.

Entre las 25 propiedades están la casa de El Calafate donde murió Néstor Kirchner, en 2010; los departamentos de la calle Juncal 1409/11 y Juncal 2164; casas, lotes y departamentos en Santa Cruz, y los US$ 5.696.144 y $ 53.2800 de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia.

La semana que viene, de regreso a tribunales

El presunto encubrimiento de los iraníes que estuvieron involucrados en el atentado contra la AMIA es la causa judicial más próxima que tendrá que enfrentar la ex presidenta Cristina Kirchner en los tribunales.

La candidata a senadora deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio el 26 de octubre, a la mañana, cuatro días después de las elecciones legislativas.

Cristina Kirchner integra la lista de varios ex funcionarios y dirigentes kirchneristas convocados por el juez por la misma causa.

El líder piquetero Luis D'Elía será el primero en declarar, este jueves.

Según constitucionalistas, el día de la indagatoria Cristina declararía con fueros, en caso de que se repitieran los resultados de las elecciones primarias, según los cuales obtendría una banca en el Senado.

En tanto, la ex mandataria también deberá declarar el 9 de noviembre por el caso Hotesur.

Las claves del procesamiento contra Alejandra Gils Carbó

Por Lucio Fernández Moores - Clarin.com

Para el juez la Procuradora "intervino de manera directa" e "ideó el plan" para simular una licitación por la compra del edificio.

La Procuradora Alejandra Gils Carbo el día que fue a declarar a Comodoro Py ante el juez Ercolini . Foto: Pedro Lázaro Fernández.

Para el juez federal Julián Ercolini, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, "intervino de manera directa, ideando el plan para llevar a cabo la maniobra" que describió a lo largo de una resolución de 211 páginas y que él consideró constitutiva del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

Entre las claves del procesamiento, se encuentra el hecho de que el magistrado no le creyó a la procuradora cuando le dijo que fue engañada por su subalterno Guillermo Bellingi en base al "principio de confianza" y que por ello no merecía ser procesada ella.

Prueba de ello es que el magistrado no le otorgó a Bellingi la autoría del crimen, como esbozó la procuradora en defensa propia, sino que los procesó a ambos como coautores, es decir que los dos, según el juez, se pusieron de acuerdo para violar la ley.

Los otros tres procesados, el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, y los representantes de la firma vendedora y de la inmobiliaria que intervino en la operación, Adrián González Fischer y Bárbara Jaureguiberry, fueron procesados como partícipes necesarios para realizar la maniobra ahora reprochada penalmente por la Justicia.

Ercolini escribió que Gils Carbó y Bellingi "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667".

El magistrado describió que entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013 ellos llevaron a cabo "distintas acciones ardidosas", las que incluyeron "abuso de poder", "aprovechamiento de los canales administrativos", "utilización instrumental de funcionarios del organismo ajenos al plan", "personas insertadas con calidad simulada" y otras personas "interpuestas para apariencia de empresa o negociación".

Todo ello, para "hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble", sostuvo el magistrado, que enumeró todos los pasos administrativos iniciados con la anulación de la compra de otro edificio originalmente elegido, a lo que incluyó entre los "actos preparatorios" de la comisión del delito, y la concreción de la compra del inmueble que desde entonces utiliza Gils Carbó y donde tiene su despacho.

Ercolini también habló en su resolución de "direccionamiento" en la licitación, de un "pliego hecho a medida", por las características requeridas por la procuradora y las condiciones que reunía la firma que resultó finalmente adjudicada como vendedora de la propiedad.

La resolución prácticamente hace un recorrido "día a día" de todos los actos administrativos llevados a cabo para concluir con la compra que ahora reprocha la Justicia como parte de un delito. Buena parte de esa documentación fue aportada por la propia procuradora en su primera presentación en la causa. Pero el juez citó en el fallo otras pruebas incorporadas a la causa por fuera del expediente administativo de la Procuración, como por ejemplo intercambios de correos electrónicos entre los acusados y otros involucrados.

Mafia de los contenedores: procesaron a una militante K y buscan a sus jefes

Por Daniel Santoro - Clarin.com - El juez Aguinsky también embargó a Gladys Fernández en 31 millones de pesos. Mafia de los contenedores: procesaron a una militante K y buscan a sus jefes.

La primera arrepentida de la mafia de los contenedores, la militante K Gladys Fabiana Fernández, fue procesada y embargada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky por contrabando, aunque aún no se investigaron una serie de explosivas pistas que dio y podrían dar un avance significado al caso.

En una resolución a la que accedió Clarín en fuentes judiciales, Aguinsky le trabó un embargo de 31 millones de pesos sobre sus bienes y una caución real de 500 mil pesos para dejarla en libertad. Se trata de la militante K que fue detenida del 15 de septiembre y que en su cuenta en Facebook tiene selfies con Néstor y Cristina Kirchner, Hebe de Bonafini y otros dirigentes kirchneristas. Fernández, junto a otros dos imputados, está acusado de intentar sacar del puerto de Buenos Aires uno de los 900 contenedores retenidos por una investigación iniciada por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. 

El contenedor tenía productos electrónicos por valor de un millón de dólares. En las últimas semanas, Gladys ofreció acogerse al régimen del arrepentido y dio una serie de datos clave pero la fiscal Gabriela Ruiz Morales no lo aceptó. Otros de los procesados ayer fueron Victor Palomino Zitta y Rodolfo Costas, quienes habían ido a retirar el contenedor al depósito fiscal Exlogan.

La puntera K, a través de dos jóvenes y de Palomino y Costas, quiso sacar con documentación falsa un contenedor de la firma Ambika SRL que ya está investigada en esta caso que abarca otros hechos. Ambika está relacionada con los empresarios Gabriel Garcés y Gabriel Traficante. La misma Fernández en su declaración indagatoria los nombró como supuestos partícipes de maniobras de contrabando.

En su indagatoria, Palomino dijo que “Fernández por Whatsapp. (…) Nos informó, que trabajaba para dos personas llamadas Gabriel Traficante y Gabriel Garcés, y que ellos tenían vendido el contenedor por lo tanto necesitaba sacarlo con urgencia” .

Explicó que habían llegado al depósito con dos jóvenes, uno de los cuales “ había venido conmigo en el auto me pide la llave del vehículo, se va hasta el auto y me trae mi campera que en el bolsillo contenía USD 30.000” para sobornar a los aduaneros y lograr la salida del contenedor.

Por su parte, la puntera K dijo que los jóvenes que acompañaron a Palomino “son ahijados de “los Gabriel”. Estos chicos se identifican como Augusto Rotella alias “El Perro”, pelirrojo de barbita. Al otro chico le dicen “Juanchi”, no recuerdo el apellido. (…) A Rotella y a “Juanchi” se los puede ver en las grabaciones de las cámaras de seguridad de Exolgan, en la que yo también aparezco”. El Fiat 500 patente NPD 712 con que llegaron esos jóvenes estaría a nombre de “Agustín Rotella, quien sería hijo del ex director de Lealtad Comercial del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, Adalberto Rotella”, afirmaron fuentes policiales. Sin embargo, aún la Justicia no identificó a los dueños de esos autos. El juez preguntó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si Rotella tenía alguna relación con el organismo y hasta el viernes no había recibido respuesta.

“Garces me dijo que la mercadería del contenedor era de él y de Gabriel traficante. Me dijo que la persona que sacaba el contenedor se llevaba USD 100.000”, agregó Fernández.

Luego precisó que “Traficante para el 2010 era el que concentraba todos los pedidos de El gordo Damián, Mr Korea, de Gárces, entre otros…Cuando Traficante vio que Garcés hacía fortunas importando compacts vírgenes, le propuso directamente dejarle de cobrar y ser socios”. Damián “el gordo” Sierra fue un jefe aduanero y a la vez informante oficial de la SIDE y “Mister Korea” es otro procesado en el caso junto al cuñado de Julio De Vido, Claudio “El Mono” Minnicelli. Sierra fue el mismo que en el 2013 sacó en una camioneta al ex director de Contrainteligencia de la SIDE Antonio Stiuso del país, tras la muerte violenta del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman.

“Armaron una sociedad en Argentina Mapeiratim y otra en Estados Unidos Mapeis export inc.. Garcés y Traficante se jactan de tener más de 100 millones de dólares en Estados Unidos, Panamá, Dubai y en Argentina… Usaban la cobertura política para trabajar de sacadores de latas gracias a Damian Sierra, y la parte de sacar el dinero a Estados Unidos lo hacía con la cobertura de Di Pierro…”, añadió Fernández.

Continuando con la relación entre Garcés y Traficante, la puntera K señaló que “en 2011 Garcés en vez de pagar un canon de 80 mil dólares por sacar cada contenedor al señor Gabriel Traficante mal codificado, se decidieron asociar en una empresa que se llama Mapeiratim. Que sin la parte final “ratim” (en honor jocoso a sus orígenes con Verbatim) armaron la empresa Mapeis LLC en EEUU, dentro del condado de Doral, también con el objeto de realizar importaciones y exportaciones (…) Gabriel traficante y Garcés ocultan la documentación de suma importancia para esta causa en una casa que es propiedad del propio Traficante… en el lote 631 de, country Saint Thomas SUR de Canning…”.

En el allanamiento del 15 de septiembre a la mansión Fernández en un countrie de Ezeiza y otras viviendas, unos 30 efectivos a cargo del jefe de la División Delitos Federales de la Policía Federal, comisario Alejandro Ñamandú, secuestraron documentos y computadoras.

En su cuenta en Facebook, Fernández también se muestra en aquella mansión con camionetas Hummer y autos importados de alta gama, mientras su hijo viaja por el mundo, juega en casinos y se saca fotos con fajos con un millón de dólares. Sin embargo, no figura en ninguna empresa ni tiene antecedentes laborales bajo relación de dependencia ante la AFIP. Exhibe fotos con Néstor y Cristina durante la primera presidencia del ex primer mandatario bajo consignas como "exitosamente exitosa". Y escribió un libro titulado "El Génesis Néstor Kirchner" que lo ofrece en Mercado Libre.

Cristina Kirchner ordenó votar el pacto con Irán, dijo Yoma

Por Hernán Cappiello - LA NACION

Declaró ante Bonadio que lo echaron del bloque a raíz del acuerdo.

El ex diputado peronista Jorge Yoma declaró ante la Justicia, bajo juramento, que fue una orden directa de la presidenta Cristina Kirchner votar la ley que refrendaba el pacto con Irán. Y sostuvo que lo echaron del bloque por no apoyar ese convenio.

Yoma es uno de los 12 diputados que citó Bonadio en la causa en que se investiga a la ex presidenta por encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Esa causa se inició por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Allí dijo que la firma del pacto con Irán iba a permitir levantar los pedidos de captura contra los iraníes acusados del atentado.

Ayer, Yoma le dijo al juez que la postura del bloque "fue alinearse con el Poder Ejecutivo" y que cuando pidió mas información le dijeron que "era una orden de la presidenta". Yoma opinó que el tratado era ilegal y que no tuvo ninguna información adicional antes de la votación.

Declaró que la exposición del canciller Héctor Timerman sobre el pacto "tuvo una influencia decisiva" en la decisión de su bloque, ya que "llevaba la voz de la presidenta Fernández de Kirchner".

Yoma reveló que en respuesta a su negativa de apoyar el memorándum, decidieron expulsarlo del bloque. Sostuvo, además, que el oficialismo llevó a votar a dos diputados que habían renunciado y aseguró que nunca supo que hubieran existido reuniones secretas con iraníes antes del pacto.

No obstante, dijo que creía que su firma estaba destinada a levantar "las alertas rojas en forma definitiva".

Casanello investigará la usurpación de terrenos vecinos a la Villa 31

(Telam) - La Corte Suprema de la Nación resolvió que el juez quede a cargo de la causa que había rechazado al considerar que no se trataba de un delito federal.

La Corte Suprema de la Nación resolvió que el juez federal Sebastián Casanello investigue la usurpación de terrenos vecinos a la Villa 31, en el barrio de Retiro de esta capital.

El magistrado había rechazado su competencia porque consideró que no se trataba de un delito federal, pero la Corte coincidió con un dictamen fiscal que recordó que esos predios estaban inscriptos bajo la titularidad de la Administración de Infraestructura Ferroviaria del Estado Nacional.

El fallo de hoy la Corte, que se remitió al dictamen de Casal, fue firmado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. 

Vandenbroele había pedido US$ 1 millón para confesar sobre Boudou y Ciccone

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El Gobierno rechazó pagarle al presunto testaferro del ex vicepresidente; mañana comienza el juicio oral

Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou. Foto: Archivo 

Alejandro Vandenbroele tasó su arrepentimiento: pidió US$ 1 millón, y más protección para él y su familia, pero ante la negativa oficial se tomó unos días y comunicó que quería romper su silencio igual, siempre que le dieran garantías. Pero una filtración interesada abortó ese acercamiento, según surge de nuevos datos a los que accedió LA NACION.

Las tratativas comenzaron hace dos meses y se alargaron durante semanas, en las que un efectivo de la Prefectura Naval sirvió de primer puente entre Vandenbroele y el Gobierno. El prefecto transmitió el mensaje, que llegó a la cúpula de la fuerza y de allí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, por otro lado, tenía su propia vía de llegada a la familia del presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou. Ese primer mensaje fue elocuente: Vandenbroele viajó desde Mendoza, está en un departamento de Puerto Madero junto con el prefecto y a su abogada, Liliana Cobas, y quiere acogerse al régimen del arrepentido y al programa de protección de testigos, según reconstruyó LA NACION.

Las versiones comienzan entonces a mostrar matices, aunque comparten la esencia. Desde el Gobierno afirman que Vandenbroele llegó más lejos. Que dijo que estaba cansado de ser "mantenido por Brito, que le pasaba una mensualidad", en alusión al banquero Jorge Brito, y que pedía "un millón de dólares para dar el paso". Junto al potencial arrepentido sostienen que no aludió a Brito, sino a "los dueños de la plata", y evitaron precisar cifras, sino que Vandenbroele sí pidió que le dieran garantías "de seguridad, para que no lo maten, y de que podrá mantener una cierta posición económica", indicaron. Pero reafirmaron que no buscaba "un beneficio económico".

Bullrich se reunió a solas con Cobas. Pero rechazó pagarle a Vandenbroele. "No vamos a hacer «la gran Galeano»", indicó, en alusión al entonces juez federal de la causa AMIA Juan José Galeano, que le pagó US$ 400.000 a través de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a Carlos Telleldín para que declarara como testigo y terminó destituido y acusado.

La ministra dio otros tres pasos. Alertó a los jefes del programa de protección de testigos, que depende del Ministerio de Justicia, y al juez federal a cargo del "caso Ciccone", Ariel Lijo, que replicó que Vandenbroele fuera de inmediato a su juzgado, mensaje que le comunicó a la abogada del potencial arrepentido.

Pero lejos de envalentonarlo, la aparición de Lijo inquietó a Vandenbroele, que al igual que algunos colegas de Comodoro Py le adjudica al magistrado una solapada cercanía con Brito, algo que Lijo siempre negó, indignado, cada vez que LA NACION lo consultó sobre esas versiones.

El equipo de Bullrich evaluó entonces evitar a Lijo e intentarlo con el fiscal del "caso Ciccone", Jorge Di Lello. Pero ya era tarde. Vandenbroele comenzó a recibir llamadas amenazantes en su teléfono celular y enfrió las tratativas por primera vez, tal como ayer reveló LA NACION. Optó por marcharse a Mendoza para "evaluar sus opciones". Unos días después, comunicó que quería intentarlo otra vez y volvió a Buenos Aires. Aunque el paso sólo puede darse en la etapa de instrucción de una causa penal -no cuando ya está en la instancia oral-, Vandenbroele aún tenía forma de lograrlo. Podía entrar, por ejemplo, a través de la causa por los $ 7,8 millones de comisión que cobró The Old Fund por el canje de la deuda del gobierno de Formosa tras una decisiva intervención de Boudou, entonces ministro de Economía.

Limitaciones

El problema es que, con el paso de los días, esa negociación -en teoría secreta- ya se había filtrado lo suficiente como para que allegados de Boudou se acercaran a Tribunales todos los días para preguntar si Vandenbroele ya había dado el paso. Y luego llegaron las filtraciones periodísticas, a fines de agosto. Primero en Radio Rivadavia; después, Clarín. ¿Quién lo filtró? ¿Para qué? "Ahí se cayó todo", confiaron junto a Vandenbroele, según reveló ayer LA NACION. "Por temor a que le pegaran un tiro a él o a alguien de su familia. Es una lástima porque él podía ayudar a resolver esta investigación [por el caso Ciccone]? y otras también." Desde entonces, el equipo de Bullrich intentó un tercer y último acercamiento. Contactó a un conocido de Vandenbroele, pero la respuesta fue negativa. Porque el presunto testaferro de Boudou ya cerró esa puerta, por desconfiar del juez Lijo y porque aún si pudiera resolver sus problemas en la Argentina seguiría bajo la lupa en Uruguay, que reclamó su extradición por presunto lavado.

El juicio por la venta de Ciccone comenzará mañana.

Las evidencias que prueban el vínculo

La Justicia reunió pruebas que confirman la existencia de vínculo entre ambos. Las llamadas entre Vandenbroele y el secretario privado del ex vicepresidente, los viajes compartidos entre el abogado y el entonces jefe de gabinete de Boudou Guido Forcieri o la admisión del abogado de que durmió en el departamento del ex funcionario son sólo algunas.

Orden un peritaje sobre la usina térmica de Río Turbio

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El juez Bonadio solicitó a la SIGEN que audite los costos de la central eléctrica de la mina de Santa Cruz.

La Usina de Río Turbio, la promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto Maxi Failla.

La Usina Térmica de Río Turbio, la fallida promesa energética del kirchnerismo, vuelve al centro de la polémica. Se puso en marcha un nuevo peritaje sobre sus costos en la causa en la que Julio De Vido está denunciado por sobreprecios. El informe está a cargo de peritos ingenieros y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que en otra causa contra el exministro ya informó que el costo de la obra se incrementó un 90,28 %.

La Central a carbón puede complicar a De Vido. Es parte de la denuncia en su contra por el desvío de 265 millones de pesos, y por la que deberá declarar el 28 de noviembre. Hace dos semanas, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, comenzó un peritaje sobre la obra que es objeto de otra investigación: el presunto pago de sobreprecios por parte del ex ministerio de Planificación Federal.

La causa estaba cerrada. Bonadio había sobreseído dos veces a De Vido pero la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación por un pedido la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez

La causa tuvo como punto clave un informe de la SIGEN. El mismo señaló en primer lugar que no existió por parte del gobierno kirchnerista un "estudio de factibilidad técnica y económica" que justifique la licitación de la Central. Pero se concentran en el dinero que demandó la obra: se pagaron anticipos financieros "sin ejecución de obra certificada” y con una "débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones que surgen en el contrato".

En este escenario, el juez Bonadio ordenó que un cuerpo de peritos ingenieros que ya participaron en un anterior análisis de los costos de la obra que prometía inyectar al interconectado nacional 240 Mw (algo que jamás ocurrió), que confeccionen un nuevo informe. En el mismo se incoporó al personal de la SIGEN que este año presentó una auditoría sobre la Usina que complica al diputado del FPV. ​

Los números indicaron que la Usina modificó 11 veces su monto inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de obra incrementaron en un 90,28% su costo original.

"No fueron agotadas todas las instancias y el monto final equivale a la construcción de dos central termoeléctricas de iguales características”, indicaron. La Cámara Federal hizo lugar y ahora se avanza en la causa.

En este escenario, el juez ordenó un nuevo peritaje. Participan del mismo los peritos que sostuvieron anteriormente que el precio de licitación “fue razonable”, en relación a valores internacionales del momento, y la SIGEN con un sobrecosto del 90%. Se pidió que en un "plazo corto se entregue un nuevo informe al juzgado sobre el presunto sobreprecio", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

La Central Termoeléctrica construida por Isolux Corsán se encuentra detenida desde fines de 2015 y suma problemas: la firma se declaró en quiebra en España y sus autoridades volvieron al país "sin fondos para concluir la construcción". El Gobierno analiza el número final para que las dos calderas estén en marcha.

La causa inició por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica. La principal sospecha era la comisión de fraude en perjuicio del “patrimonio nacional y contra la salud pública”, consignando que el costo de la obra “superaría en un 174% el pagado en Chile por una central de similares condiciones”.

La Justicia despegó a Macri de los Panamá Papers

Por Santiago Dapelo - LA NACION
El juez Fraga consideró que no fue socio ni accionista de las firmas offshore.

La Justicia resolvió que el presidente Mauricio Macri "no fue socio ni accionista" y que "no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancias" de las firmas offshore Fleg Trading (de Bahamas) y Kagemusha (de Panamá). Así despegó definitivamente al primer mandatario de la causa de los Panamá Papers , uno de los casos que marcó el inicio de su gestión en el Gobierno.

En el fallo, que lleva la firma del juez nacional Andrés Fraga, el magistrado explicó que el Presidente "sólo aceptó el cargo de director para el que fue designado por Francisco [Franco] Macri, al solo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar". De esta manera, el padre del Presidente, el empresario Franco Macri, quedó como el responsable ante la Justicia de la creación y las operaciones que realizaron las sociedades offshore. "Esto clausura el debate sobre si Macri tendría que haber declarado la existencia de estas empresas", dijeron fuentes oficiales.

Esta decisión de la Justicia se sumó a la que resolvió hace casi dos meses la Sala II de la Cámara Federal, que confirmó el fallo del juez Sebastián Casanello y consideró que no existió lavado de dinero. Así, la causa de los Panamá Papers, que complicó a Mauricio Macri por su participación en sociedades offshore, se dio por cerrada.

El jefe del Estado, que estuvo representado en el expediente caratulado Macri versus Macri por los abogados Fabián Rodríguez Simón y Felipe Llerena -Jorge Anzorreguy asumió la defensa de Franco Macri-, tomó la decisión de la Justicia con "moderado" entusiasmo.

"El juez confirmó lo que venimos sosteniendo desde el principio, que el Presidente es ajeno a las sociedades", explicó Anzorreguy. Todo indicaría que Franco Macri no apelará la resolución del juez Fraga, aunque aún "está pendiente" una conversación con su abogado.

El caso

Tal como reveló LA NACION, en los documentos de Fleg Trading consta que la firma fue creada en Bahamas en marzo de 1998 con acciones al portador y un capital inicial de 5000 dólares.

Sus primeros directores, según el estatuto constitutivo, fueron Mauricio Macri; su padre, Francisco (Franco) Macri, y su hermano Mariano, aunque en la práctica sólo Franco ejerció el cargo.

Respecto de la firma Kagemusha, radicada en Panamá, el patriarca de la familia Macri también manifestó que por las edades de sus hijos en esa época -Mauricio tenía 22 años; Gianfranco, 20, y Mariano, 15- era "imposible pensar que ellos hubieran tomado decisiones o tenido intervención".

Confirman un sobreseimiento de Gómez Centurión y defienden el derecho de la prensa a no revelar fuentes

Por Lucio Fernández Moores (Clarin.com) - Fue la Cámara Federal, al rechazar una querella contra el jefe de la Aduana.

Gómez Centurión, en su despacho de la Aduana. Foto: Guillermo Rodriguez ADami

La sala II de la Cámara Federal penal porteña reivindicó el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes de información al confirmar el sobreseimiento del administrador de aduanas, Juan José Gómez Centurión, en una querella iniciada por el transportista Miguel Paolantonio tras una investigación de Clarín sobre la llamada "mafia de los contenedores".

"Según los postulados de la doctrina sobre la materia, entre los aspectos esenciales de la libertad de prensa, como derecho reconocido y de ejercicio garantizado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales con esa jerarquía, se inscriben el acceso libre a las fuentes de información, la posibilidad de recoger noticias, transmitirlas y difundirlas, y de resguardar razonablemente el secreto de la fuente de la que se han obtenido", dijeron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah en un fallo firmado el viernes y conocido hoy.

Con el patrocinio de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, Paolantonio había denunciado el año pasado a Gómez Centurión por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falso testimonio y encubrimiento, pero el titular de la Aduana fue sobreseído por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en un fallo confirmado ahora por sus superiores de la Cámara Federal.

Todo se había iniciado con una investigación del periodista Matías Longoni publicada por Clarín relacionada con la causa conocida como la de la "mafia de los contenedores", la misma en la que está preso Claudio Minnicelli, el cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. A raíz de otra causa paralela relacionada con la "mafia de los contenedores", Gómez Centurión fue separado preventivamente de su cargo el año pasado, y luego repuesto, por el gobierno de Mauricio Macri.

Clarín había publicado que Paolantonio y sus dos hermanos, Alejandro y Raúl, estaban vinculados a una empresa de transporte que traía mercadería importada desde China con falsos datos sobre el contenido y el peso de los contenedores y que al ser retenidos en la Aduana contaban con los contactos suficientes para lograr su liberación a cambio de dinero.

La "mafia de los contenedores" procesada por el juez Marcelo Aguinsky también estaba relacionada con la obtención de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) destinadas a obtener dólares en el marco del cepo cambiario establecido durante el kirchnerismo y la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El contrabando a través de las DJAI es investigado en otra megacausa del fuero en lo Penal Económico a cargo del juez Gustavo Meirovich, quien ya procesó a importadores, prestanombres y hasta un ex agente de inteligencia, con la mira en los estudios contables que facilitaron las maniobras que les permitieron acceder a divisas restringidas por un total de unos 300 millones de dólares.

De acuerdo con Paolantonio, Gómez Centurión "habría accedido a elementos obtenidos en forma ilícita", según reseñó el fallo de Cámara, a partir de mails y capturas de pantalla aportadas por Longoni a la Justicia en lo Penal Económico a partir de sus investigaciones. Pero el periodista, además de reseñar cómo había obtenido parte de su información, hizo uso del derecho de reservarse el nombre de quien le había proporcionado parte de los datos.

Los abogados de Paolantonio, Rusconi y Palmeiro, los mismos que defienden al técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga las causas de la muerte del fiscal Alberto Nisman, habían descalificado la normativa que ampara a los periodistas al sostener que se trata de un "pseudo escudo protector".

Dos hijos de Lázaro Báez, investigados por comprar oro de manera fraudulenta

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Aparecen nexos entre una financiera y un cartel de empresas que compraba ese metal a una firma interestatal.

Luciana Báez, hija de Lázaro Báez, saliendo este año de los tribunales de Comodoro Py, donde se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, para prestar declaración indagatoria en la causa conocida como la ruta del dinero K, por presunto lavado de dinero de la familia Báez.

Procesados por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, dos de los hijos de Lázaro Báez están siendo investigados por una presunta compra fraudulenta de oro en otra causa. Una firma vinculada a ellos figura en un extenso listado de compradores del metal dorado a la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) donde el juez Sebastián Ramos investiga a ex funcionarios y actuales apoderados, por "administración fraudulenta" de los fondos de la compañía.

Son millonarios por herencia, gracias a la fortuna que logró amasar su padre durante los doce años de kirchnerismo. Sólo en inmuebles el empresario K cuenta con $ 2.754 millones, más de quince empresas y propiedades en diez provincias. Con sus hijos no sólo comparte la fortuna, sino varios procesamientos y embargos cuantiosos que superan los 600 millones de dólares.

Luciana y Martín Báez, los mayores de los cuatro hermanos Báez, no lograron quedar ajenos a los problemas judiciales de su padre. Fueron procesados por lavado de activos y en otra causa (Los Sauces SA) por asociación ilícita. Están vinculados además, a cinco empresas que habrían funcionado como cuevas financieras y con las que -pese a los embargos ordenaron-, los Báez movieron 148 millones de pesos. Estas firmas ahora se conecta con otra causa -a cargo del juez Sebastián Ramos-, que investiga la venta fraudulenta de lingotes de oro.

La causa inició con una denuncia en diciembre de 2016 que hizo la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que cuenta con participación interestatal: la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Ejecutivo Nacional.

La designación de autoridades, durante la época de los hechos denunciados (2012- inicios de 2016), estuvo bajo la órbita del ministerio de Planificación, que dirigió Julio De Vido. 

La causa investiga a los directivos de YMAD por "administración fraudulenta" respecto a a los fondos de esa sociedad. La firma se dedica a la exploración, explotación y comercialización de yacimientos de oro.

La auditoría sobre 142 expedientes determinó que entre 2012 y los primeros meses de 2016, hubo un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por la empresa (en 2008 era 12,5 kilos de oro, para 2015 se llegó a 1.155,25 kilos).

La denuncia planea que no hubo "razones que justifiquen", dicho aumento considerando que cada año había "más pérdidas producto de la refinanciación por lingote de oro". La venta de oro bajo sospecha representa $ 809 millones.

Las transacciones según se denunció, se habrían materializado a través de licitaciones privadas "mediante las cuales se adjudicaron el 80% de las ventas", a diez empresas organizadas en tres grupos y que estarían "vinculadas entre sí".

En este contexto, el juez Ramos analiza una lista de los supuestos compradores del oro en condiciones fraudulentas. Los primeros informes de auditoría señalan que varias de las empresas involucradas en las operaciones investigadas, tienen vinculación con empresas ligadas a los hijos de Lázaro Báez.

Este "Grupo 1" como figura en el listado al que accedió Clarín, realizó compras de lingote de oro por $ 693.965.930.

Una de las sociedades señaladas y que integra este grupo, es Dereli SA allanada por el juez Casanello en la Ruta del Dinero K, por su relación financiera con la empresa M&P, propiedad de Luciana y Martín Báez. Dereli SA vinculada a los Báez está entre las compradoras de oro, y según fuentes de la causa "habría funcionado como una cueva financiera utilizada por los Báez" para mover sumas millonarias de dinero.

Según la denuncia, el objeto social de varias de las firmas compradoras de oro "no guardaba relación con la comercialización de metales", explicaron fuentes judiciales. Algunas de las firmas son ganaderas, otras venden cereales.

Se detectó que la capacidad económica de las sociedades era insuficiente para justificar las cuantiosas adquisiciones. Esto generó una "pérdida millonaria para la sociedad" y para el Estado.

Vialidad denunció a Cristóbal López por una deuda de $750 millones

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El organismo del Estado consideró que el empresario K incurrió en los delitos de estafa y fraude al Estado.

Cerca de perder de forma definitiva la concesión de la Autopista Riccheri, Cristóbal López fue denunciado ante la Justicia por Vialidad Nacional por los delitos de estafa y defraudación por administración fraudulenta. Se trata por la utilización de los recursos de asignación específica (RAE) que no pagó durante cuatro años al organismo vial. La deuda es de $ 750 millones, los fondos se utilizaron para "pagarle a los accionistas" y no se volcó a obras. La denuncia incluye a Nelson Perioti (ex director de Vialidad Nacional) y otros ex funcionarios.

Mientras tanto, el dueño del Grupo Indalo está próximo a perder un negocio millonario: el manejo de la autopista Riccheri Ezeiza - Cañuelas. La administración está intervenida por Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Transporte y en breve se rescindirá el contrato.

Los 65 kilómetros que abarcan la Autopista fue foco de disputa entre el Gobierno y Cristóbal López. Mientras a través del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) que depende de Vialidad, tomó la decisión de rescindir el contrato que tenía vigencia hasta 2021, el empresario K exigía una indemnización de $ 4.100 millones en un pago.

La nueva denuncia remarca que durante cuatro años AECSA -compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante 0,08%-, no pagó los recursos de asignación específica (RAE).

Ese dinero que los concesionarios recaudan en los peajes, se deben transferir a Vialidad. La deuda generada por Cristóbal López a la fecha, según pudo saber Clarín, asciende a $ 750 millones.

Las irregularidades denunciadas incluyen infracciones respaldadas con 69 actas (46 de ellas consideradas graves), multas impagas con un acumulado pendiente de más del 400% de la garantía, cuando por ley no puede superar el 20%.

Por "los irregulares manejos" Vialidad denunció por estafa a Cristóbal López, a su empresa y a Nelson Periotti (ex director de DNV) y Marcelo Gentili quien manejaba el Occovi.

Este organismo intentó ampliar por diez años más, en diciembre de 2015 (antes que Cristina Kirchner deje la Casa Rosada) el contrato a favor de López. Esto iba a generar una ganancia de $ 5.000 millones para el dueño de Indalo. La actual gestión dio marcha atrás al expediente.

Además. el OCCOVI está señalado por "ahogar financieramente" a OHL la empresa que manejaba antes la autopista "no permitiendo actualizar las tarifas y exigiendo que pague los RAE". Cuando la empresa el manejo fue dado al empresario K "se actualizaron las tarifas y estuvo sin pagar los RAE por cuatro años".

La denuncia sostiene que hubo un uso "fraudulento" e "indebido" de recursos que debían en primer lugar, pagarse al organismo vial y además, tenía que traducirse en obras. Cristóbal López, según se denunció, no sólo no pago los RAE, sino que se financió con dicho dinero.

López y su socio Fabián de Sousa destinaron los fondos "para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, indica la denuncia. Asimismo, sostiene que terminaron de obtener "el paquete accionario de la empresa que manejaba la autopista", con el dinero que debían pagar a Vialidad Nacional.

Imputan a Milani por supuestos sobreprecios en la compra de puentes militares

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Tras una denuncia anónima, la fiscal Alejandra Mangano acusó al ex jefe del Ejército por fraude al Estado. La licitación, además habría estado direccionada. Investiga la jueza Servini de Cubría.

La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex Jefe del Ejército, César Milani, por "defraudación a al Estado" por la selección de una empresa estadounidense para la adquisición de puentes móviles en noviembre de 2014. La operación está denunciada por presuntos sobreprecios y vicios en el proceso licitatorio. La causa se inició con una denuncia anónima y se encuentra a cargo de la jueza María Servini de Cubría. La fiscal impulsó una serie de medidas "para determinar el proceso de compra, los costos abonados y se cometieron las irregularidades denunciadas", indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Preso en el Penal de Ezeiza desde febrero de este año, César Milani suma otra causa judicial en su contra. Con el impulso de Mangano, se lo investigará ahora por la compra de puentes a la firma Acrow de origen estadounidense, y la denuncia anónima señaló que se "simuló la legalidad de la operación, ya que el organismo habría realizado dichas adquisiciones mediante licitación pública", pero en el transcurso se habrían cometido diversas irregularidades que van desde sobreprecios hasta un posible direccionamiento en la adjudicación.

La fiscal impulsó una serie de medidas para desentrañar la maniobra que le valió, inicialmente, una imputación por "defraudación a la administración pública" al ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. La decisión alcanza también al agregado militar argentino en Estados Unidos, Juan Rodolfo Brocca.

La denuncia sostiene que los precios por los que fueron adquiridos los puentes "habrían entrado al país sin aparecer en las publicaciones de Aduana", y que quien habría ordenado dichas compras "sería César Milani". 

La operación se realizó en noviembre de 2014 a través de la Agregaduría Militar en Estados Unidos, desde donde se sostuvo que era "admisible" la selección de la empresa Acrown Corporation of America, para la compra de puentes de paneles "modular metálico y accesorios". Por dicha operación, el Estado pagó 1.490.200 dólares, y todo se concretó mediante una resolución de la Agregaduría Militar Argentina en Washington que se oficializó el 6 de marzo de 2015.

Bajo investigación se encuentra la selección de la empresa Acrown durante la licitación, denunciada por ser sólo "una simulación" pues habría habría estado seleccionada de antemano. También está bajo la lupa el monto total que se abonó por el puente móvil, incluyendo los gastos de transporte, "que no se habrían previstos en el monto consignado", indica la denuncia.

Entre las medidas de prueba que la fiscal Mangano pide a Servini, se encuentran pedidos a distintas áreas del Ejército, a la Dirección General de Aduanas y al Área de Transparencia de la Oficina Nacional de Contrataciones. Además se enviarán exhortos a Estados Unidos para conocer detalles de la licitaciones y de la empresa involucrada.

Además de las causas por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura -por una de las cuales está detenido- el ex Jefe del Ejército está procesado por enriquecimiento ilícito al no poder justificar la compra de una casona de 1150 metros cuadrados en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro. Por ese motivo tiene un embargo trabado de cinco millones de pesos, y en febrero de este año el fiscal Jorge Di Lello pidió la elevación a juicio oral de la causa que lleva el juez Daniel Rafecas.

Odebrecht contó con información secreta para ganar una licitación oficial

Por Iván Ruiz - LA NACION

En 2007, el gigante brasileño recibió antes que sus competidores datos sobre la futura planta en Paraná de las Palmas.

Odebrecht conocía el lugar, la fecha, los detalles técnicos y los secretos del financiamiento para la construcción de una planta potabilizadora en Paraná de las Palmas casi medio año antes de que AySA, la empresa pública de aguas, hiciera público el llamado a la licitación. Los consorcios de compañías que ganaron el concurso, lideradas por las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, ya intercambiaban notas con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) sobre el financiamiento con distintas precisiones sobre el proyecto que todavía no se había oficializado.

"29 de agosto de 2007. Nos reportamos a la consulta presentada por su empresa, objetivando la exportación de bienes y servicios de ingeniería destinados a la implantación de la planta de tratamiento de agua en Tigre, Argentina", escribieron los ejecutivos del Bndes de Brasil. Así, cinco meses antes de que se publicara la licitación, el consorcio liderado por Odebrecht ya hacía gestiones para importar maquinarias para la construcción de la planta "Paraná de las Palmas" (que está en Tigre). La Justicia consideró que estas cartas -a las que accedió LA NACION- fueron prueba clave para considerar que las licitaciones fueron direccionadas a favor de las empresas ganadoras a través de una cartelización del concurso.

Odebrecht, incluso, libró el 1° de octubre (cuatro meses antes de hacerse pública la licitación) un poder para que sus ejecutivos representaran legalmente a la firma en la apertura de sobres que realizaría AySA en enero. El documento -que fue traducido el 14 de octubre- hace referencia explícita a la planta "Paraná de las Palmas", con el mismo nombre con el que después fue bautizada en el pliego.

"Esto evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena", sentenció el viernes el juez federal Sebastián Casanello, al firmar la indagatoria para ex funcionarios de AySA, el Ministerio de Planificación y los empresarios. Los documentos fueron incluidos por el fiscal Sergio Rodríguez en el informe que le presentó al juez. Todas estas cartas habían sido aportadas al expediente por las propias empresas brasileñas cuando hicieron su oferta formal ante AySA y propusieron el financiamiento del Bndes para las obras.

Las notas entre el Bndes y el consorcio liderado por Camargo Correa para construir la Planta del Bicentenario comenzaron incluso antes. En el expediente aparecen notas de octubre de 2016, exactamente un año antes de que se hiciera público el concurso para construir esa obra en Berazategui.

Además de la cartelización, la Justicia sospecha otras irregularidades en el contrato, como la reasignación injustificada de los presupuestos, la demora en las obras -para beneficiar a las empresas- y la aprobación de dos adendas para ceder nuevos contratos por $ 1000 millones sin concurso alguno en favor de las compañías brasileñas.

Camargo Correa y Esuco SA se quedaron con el contrato para la construcción de la Planta del Bicentenario por $ 404 millones en enero de 2008. Como sucedió también en su contrato mellizo, una redeterminación de precios por $ 53 millones llegó en abril. En total, la obra costaría, entonces, $ 457 millones. Los pagos para concretar la obra finalmente se duplicaron: llegaron a $ 814 millones.

Ese mismo mes, AySA adjudicó la planta Paraná de las Palmas al consorcio liderado por Odebrecht por $ 1838 millones. Sin mediar modificaciones en las condiciones, la reasignación de precios se extendió otros $ 445 millones. En total, AySA asignó para la obra un presupuesto de $ 2293 millones, que financió el Bndes, según consta en documentos oficiales. Pero la obra registró un total de pagos realizados hasta hoy de $ 7000 millones, el triple de lo presupuestado.

Los empresarios tenían incluso más detalle sobre las dificultades que podía presentar el pliego realizado por AySA. Se consigna en las notas la creación de un fideicomiso a ser constituido por la empresa de aguas pública para financiar la construcción de la planta Paraná de las Palmas, modalidad que recién aparece en el expediente cuando se firma el contrato de la obra.

El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Se proyectan al menos tres nuevos presidios con el aporte de capitales particulares

La búsqueda de inversores privados para obras de infraestructura y servicios que lanzó el Gobierno no sólo apunta a las demandas tradicionales de la población, como la construcción de rutas, de centrales eléctricas o de hospitales. También incluye un capítulo menos tentador, aunque no por eso menos rentable para los dueños del dinero. Se trata de la construcción de cárceles, un ítem deficitario, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Según el relato que cuentan quienes participan de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le planteó la necesidad de aumentar la infraestructura carcelaria al presidente Mauricio Macri, que de inmediato se lo extendió a Rogelio Frigerio, titular de Interior, que también tiene a cargo la obra pública a nivel nacional.

El pedido de Macri se tradujo en proyectos concretos bajo la modalidad conocida como Participación Público Privada (PPP), que se licitarán entre fines de este año y principios de 2018 junto con otros proyectos.

Según los documentos a los que accedió LA NACION, el plan oficial contempla la construcción de tres nuevos complejos carcelarios federales, además de planificarse en forma paralela un proyecto similar para el Servicio Penitenciario Bonaerense (como se informa por separado). El más grande estará en Mercedes, donde se espera edificar un centro de 5280 plazas.

El segundo, en tanto, estará en Ezeiza. El nuevo Centro Penitenciario Federal VI tendrá 3744 plazas. Y también se ampliará el Complejo Agote II, en Marcos Paz, que sumará otras 600 plazas.

En total, las obras para ampliar la dotación de cárceles sumarán 9624 plazas, en comparación con las aproximadamente 11.000 que están disponibles hoy en Buenos Aires para presos con causas federales.

La inversión se financiará bajo la modalidad de PPP. La ley que convalida esa vía alternativa de financiamiento (distinta a las inversiones solventadas con el gasto público y a los recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito) fue aprobada el año pasado y reglamentada en febrero último.

En el caso específico de la construcción de cárceles y hospitales, que no representarán un ingreso por la contraprestación en el futuro, las compañías privadas deben conseguir el financiamiento y construir la obra. Luego de su finalización comenzarán a cobrar el capital y una rentabilidad preacordada, que figurará en los contratos.

Para convencer a los empresarios privados, el Gobierno deberá comprometer algún tipo de garantía. Pueden ser desde bienes del Estado hasta el flujo de fondos proveniente de un fideicomiso.

La búsqueda de financiamiento a través de PPP está en la mira de Macri desde hace tiempo, quizás inspirado por su pasado como constructor privado. Todos los martes se reúnen unas 30 personas en la Jefatura de Gabinete bajo la égida de Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores de esa cartera. El objetivo es definir las obras a licitar cuanto antes.

En términos institucionales, la Oficina de PPP está en la órbita del Ministerio de Finanzas, que maneja Luis Caputo. Su titular es Luis Moreira, un joven ingeniero nieto de uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano en la Argentina.

El Gobierno considera que la asociación público-privada es un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato.

Para atraer a los inversores de otros países, el marco normativo de esos convenios contempla la posibilidad de extender la jurisdicción en los contratos específicos para que quienes financien al país puedan litigar en otras naciones, si así se estipula.

Especialistas del sector explicaron que uno de los posibles destinos de las nuevas obras sería el pasaje a esos complejos de unos 3000 presos por delitos federales (como los relacionados con drogas) que están en las cárceles bonaerenses.

Otra feliz coincidencia con Proyecto Pragmalia: http://proyectopragmalia.blogspot.com.ar/2010/12/309-construccion-de-establecimientos.html

Proyectan edificar varias cárceles con fondos privados en Buenos Aires

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

La apertura de las propuestas se realizaría a comienzos del año próximo y se espera contar con al menos 1500 plazas en cada nuevo centro de alojamiento para los detenidos

La iniciativa del Gobierno también apunta a descomprimir la situación en las cárceles federales como Ezeiza. Foto: Archivo 

Para aliviar la superpoblación de los 54 penales bonaerenses, el gobierno provincial decidió buscar capitales privados para financiar la construcción de cárceles para alojar a 1500 presos en cada nueva unidad. El proyecto apunta a levantar tres penales para llegar a 4500 plazas.

La apertura para recepción de propuestas se realizaría a comienzos del año próximo, dentro del esquema de Participación Público-Privada (PPP).

Según informó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, la medida no constituye una privatización del sistema carcelario. Se construirá una unidad completa, para al menos 1500 internos, y la gestión será, por completo, estatal. La inversión final no estará sujeta al número de presos y no estará ligada a la prestación de servicios relacionados a la cantidad de internos, como podría ser la provisión de las comidas.

En este caso, la construcción de una cárcel para 1500 presos demandará una inversión de mil ochocientos millones de pesos, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de un penal nuevo y equipado cuesta entre $ 1.200.000 y $ 1.500.000 por cada interno. Se trata de una deuda que asumirá el Estado a pagar en veinte años.

Una iniciativa similar será encarada por el Ministerio de Justicia de la Nación, aunque en este caso la inversión será de aproximadamente 850 millones de dólares para construir cárceles federales en las que puedan ser alojados casi 10.000 presos. Entre los proyectos de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense se busca inversiones por más de mil millones de dólares.

"La medida no constituye una privatización. La cárcel la construye una empresa privada que percibirá un canon por la prestación de servicios no vinculados al número de presos como ocurre en los Estados Unidos, sino que podría aportar los sistemas de vigilancia electrónicos y de seguridad, pero no cobrará por cantidad de internos", explicó el ministro Ferrari.

Con 37.000 presos distribuidos en 54 cárceles que tienen 25.000 plazas, con 3700 nuevos internos en un año y una proyección de que, a fin de 2017, esa cifra de nuevos reclusos llegará a 5000, la superpoblación en los penales bonaerenses alcanzó niveles críticos.

Esa crisis con los detenidos en la provincia de Buenos Aires quedó en evidencia hace una semana, cuando siete presos, entre ellos varios acusados de homicidios, huyeron de la comisaría de Villa Ballester. En esa seccional había doce internos alojados cuando, en realidad, tenía capacidad para siete presos. La fuga masiva se produjo en una comisaría que no tiene la estructura para funcionar como cárcel.

Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense: "La medida no constituye una privatización. La cárcel la construye un privado que percibirá un canon no vinculado al número de presos". 

A partir de este episodio se reveló que las 432 comisarías bonaerenses tenían alojados 3049 presos. Esa cifra constituye el mínimo histórico en 15 años. Cuando Cristian Ritondo se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, había 5000 presos alojados en las comisarías bonaerenses. A partir de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, en un año, casi 2000 presos fueron trasladados a las cárceles bonaerenses.

"La construcción de cárceles debe ser una discusión de todos los partidos políticos. Existe una política de encarcelamiento que la ciudadanía y las leyes demandan que hace necesaria que se edifiquen nuevas cárceles para alojar a todos los acusados de cometer delitos que fueron sometidos a procesos penales. Entonces para aplicar esta política de lucha contra el crimen, hay que tener más prisiones. Será decisión del Estado conformado no sólo por el Poder Ejecutivo, sino por todos los partidos políticos hasta qué monto deciden contraer deuda para construir cárceles nuevas. La construcción demandará al privado tres o cuatro años, pero la deuda habrá que pagarla en 20 años", agregó Ferrari.

La última cárcel, en 2001

El último penal se inauguró en General Alvear, en 2001. De esa cárcel que era considerada como de máxima seguridad huyeron, el 27 diciembre de 2015, tres de los cuatro condenados por el triple homicidio de la efedrina, los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci.

A partir de un convenio firmado entre Ferrari y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se asignó una partida de 500 millones de pesos para terminar de construir dos penales, en Campana y Lomas de Zamora, que aliviarán la situación en las cárceles del conurbano y en las comisarías.

Otro de los factores que provocó el aumento de presos en las cárceles bonaerenses fue la cantidad de reingresantes. El 43% de los 3700 presos que se agregaron a la población penal en un año, ya estuvo en algún penal. No se los considera reincidentes porque todavía no tienen condenas firmes. Obtuvieron excarcelaciones a partir de distintos beneficios y regresaron a la cárcel por hechos nuevos, antes que los sumarios que los llevaron originalmente a prisión tuvieran una sentencia definitiva.

Según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, otro de los factores que liberaría lugares en las cárceles será la extensión de la aplicación de pulseras electrónicas para monitorear a internos con prisión domiciliaria. En la actualidad hay 1500 presos con ese beneficio y, según se informó oficialmente, tiene un alto nivel de cumplimiento, debido a que el 4% de los presos quebró ese beneficio.

Para evitar problemas de convivencia por la falta de espacio en los calabozos, se aumentó la cantidad de actividades que los presos deben realizar y se pasó de 77 talleres que había en 2015 a 241 este año.