Dos hijos de Lázaro Báez, investigados por comprar oro de manera fraudulenta

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Aparecen nexos entre una financiera y un cartel de empresas que compraba ese metal a una firma interestatal.

Luciana Báez, hija de Lázaro Báez, saliendo este año de los tribunales de Comodoro Py, donde se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, para prestar declaración indagatoria en la causa conocida como la ruta del dinero K, por presunto lavado de dinero de la familia Báez.

Procesados por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, dos de los hijos de Lázaro Báez están siendo investigados por una presunta compra fraudulenta de oro en otra causa. Una firma vinculada a ellos figura en un extenso listado de compradores del metal dorado a la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) donde el juez Sebastián Ramos investiga a ex funcionarios y actuales apoderados, por "administración fraudulenta" de los fondos de la compañía.

Son millonarios por herencia, gracias a la fortuna que logró amasar su padre durante los doce años de kirchnerismo. Sólo en inmuebles el empresario K cuenta con $ 2.754 millones, más de quince empresas y propiedades en diez provincias. Con sus hijos no sólo comparte la fortuna, sino varios procesamientos y embargos cuantiosos que superan los 600 millones de dólares.

Luciana y Martín Báez, los mayores de los cuatro hermanos Báez, no lograron quedar ajenos a los problemas judiciales de su padre. Fueron procesados por lavado de activos y en otra causa (Los Sauces SA) por asociación ilícita. Están vinculados además, a cinco empresas que habrían funcionado como cuevas financieras y con las que -pese a los embargos ordenaron-, los Báez movieron 148 millones de pesos. Estas firmas ahora se conecta con otra causa -a cargo del juez Sebastián Ramos-, que investiga la venta fraudulenta de lingotes de oro.

La causa inició con una denuncia en diciembre de 2016 que hizo la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) que cuenta con participación interestatal: la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Ejecutivo Nacional.

La designación de autoridades, durante la época de los hechos denunciados (2012- inicios de 2016), estuvo bajo la órbita del ministerio de Planificación, que dirigió Julio De Vido. 

La causa investiga a los directivos de YMAD por "administración fraudulenta" respecto a a los fondos de esa sociedad. La firma se dedica a la exploración, explotación y comercialización de yacimientos de oro.

La auditoría sobre 142 expedientes determinó que entre 2012 y los primeros meses de 2016, hubo un gran incremento en la cantidad de lingotes de oro producida y vendida por la empresa (en 2008 era 12,5 kilos de oro, para 2015 se llegó a 1.155,25 kilos).

La denuncia planea que no hubo "razones que justifiquen", dicho aumento considerando que cada año había "más pérdidas producto de la refinanciación por lingote de oro". La venta de oro bajo sospecha representa $ 809 millones.

Las transacciones según se denunció, se habrían materializado a través de licitaciones privadas "mediante las cuales se adjudicaron el 80% de las ventas", a diez empresas organizadas en tres grupos y que estarían "vinculadas entre sí".

En este contexto, el juez Ramos analiza una lista de los supuestos compradores del oro en condiciones fraudulentas. Los primeros informes de auditoría señalan que varias de las empresas involucradas en las operaciones investigadas, tienen vinculación con empresas ligadas a los hijos de Lázaro Báez.

Este "Grupo 1" como figura en el listado al que accedió Clarín, realizó compras de lingote de oro por $ 693.965.930.

Una de las sociedades señaladas y que integra este grupo, es Dereli SA allanada por el juez Casanello en la Ruta del Dinero K, por su relación financiera con la empresa M&P, propiedad de Luciana y Martín Báez. Dereli SA vinculada a los Báez está entre las compradoras de oro, y según fuentes de la causa "habría funcionado como una cueva financiera utilizada por los Báez" para mover sumas millonarias de dinero.

Según la denuncia, el objeto social de varias de las firmas compradoras de oro "no guardaba relación con la comercialización de metales", explicaron fuentes judiciales. Algunas de las firmas son ganaderas, otras venden cereales.

Se detectó que la capacidad económica de las sociedades era insuficiente para justificar las cuantiosas adquisiciones. Esto generó una "pérdida millonaria para la sociedad" y para el Estado.

Vialidad denunció a Cristóbal López por una deuda de $750 millones

Por Lucía Salinas - Clarin.com

El organismo del Estado consideró que el empresario K incurrió en los delitos de estafa y fraude al Estado.

Cerca de perder de forma definitiva la concesión de la Autopista Riccheri, Cristóbal López fue denunciado ante la Justicia por Vialidad Nacional por los delitos de estafa y defraudación por administración fraudulenta. Se trata por la utilización de los recursos de asignación específica (RAE) que no pagó durante cuatro años al organismo vial. La deuda es de $ 750 millones, los fondos se utilizaron para "pagarle a los accionistas" y no se volcó a obras. La denuncia incluye a Nelson Perioti (ex director de Vialidad Nacional) y otros ex funcionarios.

Mientras tanto, el dueño del Grupo Indalo está próximo a perder un negocio millonario: el manejo de la autopista Riccheri Ezeiza - Cañuelas. La administración está intervenida por Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Transporte y en breve se rescindirá el contrato.

Los 65 kilómetros que abarcan la Autopista fue foco de disputa entre el Gobierno y Cristóbal López. Mientras a través del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) que depende de Vialidad, tomó la decisión de rescindir el contrato que tenía vigencia hasta 2021, el empresario K exigía una indemnización de $ 4.100 millones en un pago.

La nueva denuncia remarca que durante cuatro años AECSA -compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante 0,08%-, no pagó los recursos de asignación específica (RAE).

Ese dinero que los concesionarios recaudan en los peajes, se deben transferir a Vialidad. La deuda generada por Cristóbal López a la fecha, según pudo saber Clarín, asciende a $ 750 millones.

Las irregularidades denunciadas incluyen infracciones respaldadas con 69 actas (46 de ellas consideradas graves), multas impagas con un acumulado pendiente de más del 400% de la garantía, cuando por ley no puede superar el 20%.

Por "los irregulares manejos" Vialidad denunció por estafa a Cristóbal López, a su empresa y a Nelson Periotti (ex director de DNV) y Marcelo Gentili quien manejaba el Occovi.

Este organismo intentó ampliar por diez años más, en diciembre de 2015 (antes que Cristina Kirchner deje la Casa Rosada) el contrato a favor de López. Esto iba a generar una ganancia de $ 5.000 millones para el dueño de Indalo. La actual gestión dio marcha atrás al expediente.

Además. el OCCOVI está señalado por "ahogar financieramente" a OHL la empresa que manejaba antes la autopista "no permitiendo actualizar las tarifas y exigiendo que pague los RAE". Cuando la empresa el manejo fue dado al empresario K "se actualizaron las tarifas y estuvo sin pagar los RAE por cuatro años".

La denuncia sostiene que hubo un uso "fraudulento" e "indebido" de recursos que debían en primer lugar, pagarse al organismo vial y además, tenía que traducirse en obras. Cristóbal López, según se denunció, no sólo no pago los RAE, sino que se financió con dicho dinero.

López y su socio Fabián de Sousa destinaron los fondos "para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, indica la denuncia. Asimismo, sostiene que terminaron de obtener "el paquete accionario de la empresa que manejaba la autopista", con el dinero que debían pagar a Vialidad Nacional.

Imputan a Milani por supuestos sobreprecios en la compra de puentes militares

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Tras una denuncia anónima, la fiscal Alejandra Mangano acusó al ex jefe del Ejército por fraude al Estado. La licitación, además habría estado direccionada. Investiga la jueza Servini de Cubría.

La fiscal federal Alejandra Mangano imputó al ex Jefe del Ejército, César Milani, por "defraudación a al Estado" por la selección de una empresa estadounidense para la adquisición de puentes móviles en noviembre de 2014. La operación está denunciada por presuntos sobreprecios y vicios en el proceso licitatorio. La causa se inició con una denuncia anónima y se encuentra a cargo de la jueza María Servini de Cubría. La fiscal impulsó una serie de medidas "para determinar el proceso de compra, los costos abonados y se cometieron las irregularidades denunciadas", indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Preso en el Penal de Ezeiza desde febrero de este año, César Milani suma otra causa judicial en su contra. Con el impulso de Mangano, se lo investigará ahora por la compra de puentes a la firma Acrow de origen estadounidense, y la denuncia anónima señaló que se "simuló la legalidad de la operación, ya que el organismo habría realizado dichas adquisiciones mediante licitación pública", pero en el transcurso se habrían cometido diversas irregularidades que van desde sobreprecios hasta un posible direccionamiento en la adjudicación.

La fiscal impulsó una serie de medidas para desentrañar la maniobra que le valió, inicialmente, una imputación por "defraudación a la administración pública" al ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. La decisión alcanza también al agregado militar argentino en Estados Unidos, Juan Rodolfo Brocca.

La denuncia sostiene que los precios por los que fueron adquiridos los puentes "habrían entrado al país sin aparecer en las publicaciones de Aduana", y que quien habría ordenado dichas compras "sería César Milani". 

La operación se realizó en noviembre de 2014 a través de la Agregaduría Militar en Estados Unidos, desde donde se sostuvo que era "admisible" la selección de la empresa Acrown Corporation of America, para la compra de puentes de paneles "modular metálico y accesorios". Por dicha operación, el Estado pagó 1.490.200 dólares, y todo se concretó mediante una resolución de la Agregaduría Militar Argentina en Washington que se oficializó el 6 de marzo de 2015.

Bajo investigación se encuentra la selección de la empresa Acrown durante la licitación, denunciada por ser sólo "una simulación" pues habría habría estado seleccionada de antemano. También está bajo la lupa el monto total que se abonó por el puente móvil, incluyendo los gastos de transporte, "que no se habrían previstos en el monto consignado", indica la denuncia.

Entre las medidas de prueba que la fiscal Mangano pide a Servini, se encuentran pedidos a distintas áreas del Ejército, a la Dirección General de Aduanas y al Área de Transparencia de la Oficina Nacional de Contrataciones. Además se enviarán exhortos a Estados Unidos para conocer detalles de la licitaciones y de la empresa involucrada.

Además de las causas por su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura -por una de las cuales está detenido- el ex Jefe del Ejército está procesado por enriquecimiento ilícito al no poder justificar la compra de una casona de 1150 metros cuadrados en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro. Por ese motivo tiene un embargo trabado de cinco millones de pesos, y en febrero de este año el fiscal Jorge Di Lello pidió la elevación a juicio oral de la causa que lleva el juez Daniel Rafecas.

Odebrecht contó con información secreta para ganar una licitación oficial

Por Iván Ruiz - LA NACION

En 2007, el gigante brasileño recibió antes que sus competidores datos sobre la futura planta en Paraná de las Palmas.

Odebrecht conocía el lugar, la fecha, los detalles técnicos y los secretos del financiamiento para la construcción de una planta potabilizadora en Paraná de las Palmas casi medio año antes de que AySA, la empresa pública de aguas, hiciera público el llamado a la licitación. Los consorcios de compañías que ganaron el concurso, lideradas por las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, ya intercambiaban notas con el Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes) sobre el financiamiento con distintas precisiones sobre el proyecto que todavía no se había oficializado.

"29 de agosto de 2007. Nos reportamos a la consulta presentada por su empresa, objetivando la exportación de bienes y servicios de ingeniería destinados a la implantación de la planta de tratamiento de agua en Tigre, Argentina", escribieron los ejecutivos del Bndes de Brasil. Así, cinco meses antes de que se publicara la licitación, el consorcio liderado por Odebrecht ya hacía gestiones para importar maquinarias para la construcción de la planta "Paraná de las Palmas" (que está en Tigre). La Justicia consideró que estas cartas -a las que accedió LA NACION- fueron prueba clave para considerar que las licitaciones fueron direccionadas a favor de las empresas ganadoras a través de una cartelización del concurso.

Odebrecht, incluso, libró el 1° de octubre (cuatro meses antes de hacerse pública la licitación) un poder para que sus ejecutivos representaran legalmente a la firma en la apertura de sobres que realizaría AySA en enero. El documento -que fue traducido el 14 de octubre- hace referencia explícita a la planta "Paraná de las Palmas", con el mismo nombre con el que después fue bautizada en el pliego.

"Esto evidencia acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena", sentenció el viernes el juez federal Sebastián Casanello, al firmar la indagatoria para ex funcionarios de AySA, el Ministerio de Planificación y los empresarios. Los documentos fueron incluidos por el fiscal Sergio Rodríguez en el informe que le presentó al juez. Todas estas cartas habían sido aportadas al expediente por las propias empresas brasileñas cuando hicieron su oferta formal ante AySA y propusieron el financiamiento del Bndes para las obras.

Las notas entre el Bndes y el consorcio liderado por Camargo Correa para construir la Planta del Bicentenario comenzaron incluso antes. En el expediente aparecen notas de octubre de 2016, exactamente un año antes de que se hiciera público el concurso para construir esa obra en Berazategui.

Además de la cartelización, la Justicia sospecha otras irregularidades en el contrato, como la reasignación injustificada de los presupuestos, la demora en las obras -para beneficiar a las empresas- y la aprobación de dos adendas para ceder nuevos contratos por $ 1000 millones sin concurso alguno en favor de las compañías brasileñas.

Camargo Correa y Esuco SA se quedaron con el contrato para la construcción de la Planta del Bicentenario por $ 404 millones en enero de 2008. Como sucedió también en su contrato mellizo, una redeterminación de precios por $ 53 millones llegó en abril. En total, la obra costaría, entonces, $ 457 millones. Los pagos para concretar la obra finalmente se duplicaron: llegaron a $ 814 millones.

Ese mismo mes, AySA adjudicó la planta Paraná de las Palmas al consorcio liderado por Odebrecht por $ 1838 millones. Sin mediar modificaciones en las condiciones, la reasignación de precios se extendió otros $ 445 millones. En total, AySA asignó para la obra un presupuesto de $ 2293 millones, que financió el Bndes, según consta en documentos oficiales. Pero la obra registró un total de pagos realizados hasta hoy de $ 7000 millones, el triple de lo presupuestado.

Los empresarios tenían incluso más detalle sobre las dificultades que podía presentar el pliego realizado por AySA. Se consigna en las notas la creación de un fideicomiso a ser constituido por la empresa de aguas pública para financiar la construcción de la planta Paraná de las Palmas, modalidad que recién aparece en el expediente cuando se firma el contrato de la obra.

El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

Se proyectan al menos tres nuevos presidios con el aporte de capitales particulares

La búsqueda de inversores privados para obras de infraestructura y servicios que lanzó el Gobierno no sólo apunta a las demandas tradicionales de la población, como la construcción de rutas, de centrales eléctricas o de hospitales. También incluye un capítulo menos tentador, aunque no por eso menos rentable para los dueños del dinero. Se trata de la construcción de cárceles, un ítem deficitario, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Según el relato que cuentan quienes participan de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le planteó la necesidad de aumentar la infraestructura carcelaria al presidente Mauricio Macri, que de inmediato se lo extendió a Rogelio Frigerio, titular de Interior, que también tiene a cargo la obra pública a nivel nacional.

El pedido de Macri se tradujo en proyectos concretos bajo la modalidad conocida como Participación Público Privada (PPP), que se licitarán entre fines de este año y principios de 2018 junto con otros proyectos.

Según los documentos a los que accedió LA NACION, el plan oficial contempla la construcción de tres nuevos complejos carcelarios federales, además de planificarse en forma paralela un proyecto similar para el Servicio Penitenciario Bonaerense (como se informa por separado). El más grande estará en Mercedes, donde se espera edificar un centro de 5280 plazas.

El segundo, en tanto, estará en Ezeiza. El nuevo Centro Penitenciario Federal VI tendrá 3744 plazas. Y también se ampliará el Complejo Agote II, en Marcos Paz, que sumará otras 600 plazas.

En total, las obras para ampliar la dotación de cárceles sumarán 9624 plazas, en comparación con las aproximadamente 11.000 que están disponibles hoy en Buenos Aires para presos con causas federales.

La inversión se financiará bajo la modalidad de PPP. La ley que convalida esa vía alternativa de financiamiento (distinta a las inversiones solventadas con el gasto público y a los recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito) fue aprobada el año pasado y reglamentada en febrero último.

En el caso específico de la construcción de cárceles y hospitales, que no representarán un ingreso por la contraprestación en el futuro, las compañías privadas deben conseguir el financiamiento y construir la obra. Luego de su finalización comenzarán a cobrar el capital y una rentabilidad preacordada, que figurará en los contratos.

Para convencer a los empresarios privados, el Gobierno deberá comprometer algún tipo de garantía. Pueden ser desde bienes del Estado hasta el flujo de fondos proveniente de un fideicomiso.

La búsqueda de financiamiento a través de PPP está en la mira de Macri desde hace tiempo, quizás inspirado por su pasado como constructor privado. Todos los martes se reúnen unas 30 personas en la Jefatura de Gabinete bajo la égida de Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores de esa cartera. El objetivo es definir las obras a licitar cuanto antes.

En términos institucionales, la Oficina de PPP está en la órbita del Ministerio de Finanzas, que maneja Luis Caputo. Su titular es Luis Moreira, un joven ingeniero nieto de uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano en la Argentina.

El Gobierno considera que la asociación público-privada es un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato.

Para atraer a los inversores de otros países, el marco normativo de esos convenios contempla la posibilidad de extender la jurisdicción en los contratos específicos para que quienes financien al país puedan litigar en otras naciones, si así se estipula.

Especialistas del sector explicaron que uno de los posibles destinos de las nuevas obras sería el pasaje a esos complejos de unos 3000 presos por delitos federales (como los relacionados con drogas) que están en las cárceles bonaerenses.

Otra feliz coincidencia con Proyecto Pragmalia: http://proyectopragmalia.blogspot.com.ar/2010/12/309-construccion-de-establecimientos.html

Proyectan edificar varias cárceles con fondos privados en Buenos Aires

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

La apertura de las propuestas se realizaría a comienzos del año próximo y se espera contar con al menos 1500 plazas en cada nuevo centro de alojamiento para los detenidos

La iniciativa del Gobierno también apunta a descomprimir la situación en las cárceles federales como Ezeiza. Foto: Archivo 

Para aliviar la superpoblación de los 54 penales bonaerenses, el gobierno provincial decidió buscar capitales privados para financiar la construcción de cárceles para alojar a 1500 presos en cada nueva unidad. El proyecto apunta a levantar tres penales para llegar a 4500 plazas.

La apertura para recepción de propuestas se realizaría a comienzos del año próximo, dentro del esquema de Participación Público-Privada (PPP).

Según informó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, la medida no constituye una privatización del sistema carcelario. Se construirá una unidad completa, para al menos 1500 internos, y la gestión será, por completo, estatal. La inversión final no estará sujeta al número de presos y no estará ligada a la prestación de servicios relacionados a la cantidad de internos, como podría ser la provisión de las comidas.

En este caso, la construcción de una cárcel para 1500 presos demandará una inversión de mil ochocientos millones de pesos, teniendo en cuenta que la puesta en marcha de un penal nuevo y equipado cuesta entre $ 1.200.000 y $ 1.500.000 por cada interno. Se trata de una deuda que asumirá el Estado a pagar en veinte años.

Una iniciativa similar será encarada por el Ministerio de Justicia de la Nación, aunque en este caso la inversión será de aproximadamente 850 millones de dólares para construir cárceles federales en las que puedan ser alojados casi 10.000 presos. Entre los proyectos de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense se busca inversiones por más de mil millones de dólares.

"La medida no constituye una privatización. La cárcel la construye una empresa privada que percibirá un canon por la prestación de servicios no vinculados al número de presos como ocurre en los Estados Unidos, sino que podría aportar los sistemas de vigilancia electrónicos y de seguridad, pero no cobrará por cantidad de internos", explicó el ministro Ferrari.

Con 37.000 presos distribuidos en 54 cárceles que tienen 25.000 plazas, con 3700 nuevos internos en un año y una proyección de que, a fin de 2017, esa cifra de nuevos reclusos llegará a 5000, la superpoblación en los penales bonaerenses alcanzó niveles críticos.

Esa crisis con los detenidos en la provincia de Buenos Aires quedó en evidencia hace una semana, cuando siete presos, entre ellos varios acusados de homicidios, huyeron de la comisaría de Villa Ballester. En esa seccional había doce internos alojados cuando, en realidad, tenía capacidad para siete presos. La fuga masiva se produjo en una comisaría que no tiene la estructura para funcionar como cárcel.

Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense: "La medida no constituye una privatización. La cárcel la construye un privado que percibirá un canon no vinculado al número de presos". 

A partir de este episodio se reveló que las 432 comisarías bonaerenses tenían alojados 3049 presos. Esa cifra constituye el mínimo histórico en 15 años. Cuando Cristian Ritondo se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, había 5000 presos alojados en las comisarías bonaerenses. A partir de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, en un año, casi 2000 presos fueron trasladados a las cárceles bonaerenses.

"La construcción de cárceles debe ser una discusión de todos los partidos políticos. Existe una política de encarcelamiento que la ciudadanía y las leyes demandan que hace necesaria que se edifiquen nuevas cárceles para alojar a todos los acusados de cometer delitos que fueron sometidos a procesos penales. Entonces para aplicar esta política de lucha contra el crimen, hay que tener más prisiones. Será decisión del Estado conformado no sólo por el Poder Ejecutivo, sino por todos los partidos políticos hasta qué monto deciden contraer deuda para construir cárceles nuevas. La construcción demandará al privado tres o cuatro años, pero la deuda habrá que pagarla en 20 años", agregó Ferrari.

La última cárcel, en 2001

El último penal se inauguró en General Alvear, en 2001. De esa cárcel que era considerada como de máxima seguridad huyeron, el 27 diciembre de 2015, tres de los cuatro condenados por el triple homicidio de la efedrina, los hermanos Cristian y Martín Lanatta, y Víctor Schillaci.

A partir de un convenio firmado entre Ferrari y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se asignó una partida de 500 millones de pesos para terminar de construir dos penales, en Campana y Lomas de Zamora, que aliviarán la situación en las cárceles del conurbano y en las comisarías.

Otro de los factores que provocó el aumento de presos en las cárceles bonaerenses fue la cantidad de reingresantes. El 43% de los 3700 presos que se agregaron a la población penal en un año, ya estuvo en algún penal. No se los considera reincidentes porque todavía no tienen condenas firmes. Obtuvieron excarcelaciones a partir de distintos beneficios y regresaron a la cárcel por hechos nuevos, antes que los sumarios que los llevaron originalmente a prisión tuvieran una sentencia definitiva.

Según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, otro de los factores que liberaría lugares en las cárceles será la extensión de la aplicación de pulseras electrónicas para monitorear a internos con prisión domiciliaria. En la actualidad hay 1500 presos con ese beneficio y, según se informó oficialmente, tiene un alto nivel de cumplimiento, debido a que el 4% de los presos quebró ese beneficio.

Para evitar problemas de convivencia por la falta de espacio en los calabozos, se aumentó la cantidad de actividades que los presos deben realizar y se pasó de 77 talleres que había en 2015 a 241 este año.

Ratifican denuncia por el dragado en Mar del Plata

(Cronista.com) - Es por convenios que el Estado Nacional firmó entre 2008 y 2012 con el astillero Tandanor, el consorcio portuario local y el Gobierno bonaerense.

Tal cual lo adelantado por Transport & Cargo en su edición del 28 de junio último, la Justicia Federal de Mar del Plata dispuso una serie de pedidos de documentación, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en las obras de dragado del puerto local realizadas entre 2008 y 2015, a partir de una denuncia impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación, que fue ratificada la pasada semana, informaron hoy fuentes judiciales. La denuncia por posible "fraude a la administración pública" fue radicada el 6 de marzo último y ratificada el martes último ante el Juzgado Federal 1 de la ciudad por Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación (SSPVN), en representación de la cartera de Transporte.

Metz solicitó que fueran investigados una serie de convenios que el Estado Nacional firmó entre 2008 y 2012 con el astillero Tandanor, con el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMDP) y con el gobierno bonaerense para la realización de tareas de remoción de sedimentos en el puerto de la ciudad balnearia, que se desarrollaron hasta 2015.

A partir de la ratificación de la denuncia, el juez Santiago Inchausti dispuso el martes último dos pedidos de documentación a Tandanor, y también a la nueva gestión del Consorcio Portuario local. La presentación judicial, a la que tuvo acceso Télam, detalla que en agosto de 2008, la SSPVN, entonces bajo la órbita del Ministerio de Planificación comandado por Julio De Vido, firmó un "convenio de reparación" con Tandanor, para poner a punto al draga "259 C Mendoza", perteneciente al Estado Nacional.

Según el acuerdo, los trabajos demandarían $4.975.111,35, pero el convenio "no se habría completado, pese a haber sido abonado en su totalidad", lo que exigió nuevas contrataciones con los mismos talleres navales por $3.850.281,13.

La investigación, en la que interviene el fiscal Nicolás Cizik, pone la lupa también en un "convenio de cooperación" firmado en octubre de 2008 entre la SSPVN y el CPRMDP.

Este acuerdo establecía que el Estado nacional aportaría la draga y desembolsaría $16.851.517, en tanto que el Consorcio aportaría la estructura administrativa y supervisaría el dragado: la denuncia en la justicia federal señala que en 2010 se acordó una ampliación presupuestaria de $30.002.286,46, y el trabajo nunca se completó.

"De acuerdo a lo que se desprende del informe de rendición de cuenta efectuado al 30 de abril de 2015", señala la presentación, los gastos ascienden a 46.822.913,85, pero "no existirían constancias obrantes de los últimos trabajos de dragado realizados".

Uno más

Otro hecho denunciado es que en diciembre de 2012, durante la vigencia del convenio anterior para realizar el dragado, la SSPVN -que había pasado a la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, conducido por Florencio Randazzo- y el gobierno bonaerense de Daniel Scioli firmaron uno nuevo, para contratar otra draga.

El servicio fue asignado a la unión transitoria de empresas "Servimagnus S.A, SDC Do Brasil Servicios Marítimos Ltda, Rowing S.A, Servidragas", por $107.811.000, con un plazo que no fue cumplido y fue prorrogado hasta la finalización parcial de las tareas en junio de 2015.

La actual gestión de la SSPVN señala además que el precio acordado por metro cúbico de sedimento extraído en ese caso -US$ 18,13- superaba cotizaciones del momento en otras empresas internacionales, como "China Harbour Engineering Company Ltd" u$s 2,82- y el grupo belga "Jan De Nul" u$s 3,15-.

Fuentes portuarias señalaron a Télam que el dragado realizado en 2017 por la nueva gestión de CPRMDP tuvo un costo de u$s 4,87 por metro cúbico.

Allanan la municipalidad de Caleta Oliva por presunto lavado de activos y venta irregular de tierras

(Telam) - Integrantes de la Policía Federal Argentina realizaron este jueves un allanamiento a la municipalidad de Caleta Olivia, en el extremo noreste de Santa Cruz, por presunto lavado de activos y ventas irregulares de terrenos a extranjeros.

El juzgado federal de la localidadd de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yañez, ordenó el allanamiento a la municipalidad de Caltea Olivia, que comenzó cerca de las 10 de la mañana en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo, entre Irigoyen y Brown.

Los uniformados, antes de detenerse en la oficina privada del intendente Facundo Prades, junto a testigos circunstanciales, también recorrieron las oficinas de las secretarías de comercio, medio ambiente y tierras de la comuna.

La denuncia que originó el allanamiento dispuesto por autoridades federales de la justicia fue presentada por un ciudadano, quién hizo público un video en el que se vio al intendente Facundo Prades en un hotel con una mochila y dinero que sería de un grupo chino que había comprado terrenos a la municipalidad caletense.  La jueza María Gabriela Lanz, titular del juzgado nacional criminal y correccional 42, inició las actuaciones a partir de la denuncia presentada.

Cristina y Timerman, cerca de ser indagados por traición a la patria

Por Hernán Cappiello - LA NACION

El fiscal Pollicita se apresta a pedir esa medida basándose en la investigación de Nisman y en nuevas pruebas sobre el cuestionado acuerdo con el régimen iraní.

Cristina Kirchner puede enfrentar una citación a indagatoria por traición a la patria, a raíz de la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte, en enero de 2015. En ese expediente, acusaba a la ex presidenta de tratar de favorecer a los acusados iraníes de volar la AMIA, el 18 de julio de 1994.

Nisman denunció que la ex presidenta, junto con el canciller Héctor Timerman, los piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche y el diputado Andrés Larroque, entre otros, complotaron para firmar un acuerdo con Irán que en los hechos significaba dar de baja las órdenes de captura contra los funcionarios de ese país sospechados por el atentado.

El fiscal Gerardo Pollicita juntó este año nuevas evidencias, que se suman a las reunidas por Nisman. El funcionario analiza ahora pedir que Cristina Kirchner y Timerman declaren como sospechosos. A ellos se añadiría el ex número dos de la Secretaría de Inteligencia Juan Martín Mena, entre otros. Las pruebas que recopiló Pollicita son casi 40 declaraciones testimoniales de diplomáticos y documentación que le enviaron varias embajadas e Interpol.

Nisman había sostenido que el pacto con Irán buscaba en última instancia dar de baja los pedidos de captura de Interpol contra los iraníes acusados. Dijo que el cambio de política exterior respecto de Irán se dio luego de la muerte de Néstor Kirchner (octubre de 2010), que siempre quiso perseguir a los iraníes y rechazó una propuesta para negociar con ellos. Pero durante su mandato, Cristina Kirchner cambió de idea y abrió negociaciones con Irán que terminaron en la firma de un acuerdo refrendado por una ley y luego rechazado por la Justicia.

Gasoductos de Córdoba, podrían investigar la obra en Comodoro Py

(La Nación) - Es porque la Nación aportó fondos para el proyecto cordobés

Después de un fracasado derrotero por la justicia cordobesa, la licitación para la construcción de los gasoductos de Córdoba podría llegar por primera vez a Comodoro Py. A pesar de que es una obra provincial, Córdoba consiguió que el Ministerio de Energía de la Nación financie el 33% de los fondos necesarios para construir los gasoductos.

Son casi $ 3000 millones que desembolsará la administración nacional, según un acuerdo firmado por el ministro Juan Aranguren y su par cordobés Fabián López el 26 de enero de 2016 al que accedió LA NACION.

El Gobierno, además, habilitó la posibilidad de que Córdoba tome deuda para financiar la obra. El gobernador Schiaretti tomó deuda por más de US$ 1000 millones para acelerar los primeros tramos de la nueva licitación, que construye la brasileña Odebrecht.

Pero los fondos nacionales, que son un alivio para la provincia, habilitan también la competencia de la justicia federal sobre la cuestionada obra que lleva casi diez años y que todavía está lejos de concluir.

Ni las menciones en la lista del cuevero Alberto Youssef, ni las redeterminaciones de precios denunciadas por diputados opositores fueron investigados por las distintas instancias de la justicia cordobesa que descartaron la pesquisa con distintos argumentos.

Los diputados opositores entregaron a principio de año su denuncia ante el fiscal Sergio Rodríguez -junto con la lista de Youssef-, que espera el arribo de la documentación del Ministerio de Energía para presentar la denuncia en los tribunales porteños de Comodoro Py.

Las anotaciones de Youssef dan cuenta de pagos por US$ 36 millones a cargo de dos empresas que participaron de la licitación, pero también aparece otra obra que se hizo en la Argentina, como la construcción del centro catalítico de YPF y más pagos vinculados a Techint en Brasil .

Detectan 26 nuevas propiedades de Lázaro Báez y ya suma más de 400

Por Lucía Salinas (Clarin.com) - Están en el Sur y Santiago del Estero. Según el Tribunal de Tasación su fortuna asciende a US$ 186 millones.

El fiscal Guillermo Marijuan durante los allanamientos a una de las propiedades de El Calafate que pertenecen a Lázaro Báez.. Foto: Maxi Failla

No se detiene. La fortuna de Lázaro Báez sólo va en aumento. La Justicia detectó 26 nuevas propiedades que se suman a las más de 400 ya tasadas. Este nuevo conjunto de inmuebles, en su mayoría campos, se encuentran en la Patagonia y se las tasará en los próximos meses.

El patrimonio del empresario preso por lavado de dinero, se incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 % y el de Austral Construcciones (su firma insignia) en un 45.313%, según un informe judicial que se encuentra en la causa que investiga la corrupción en la obra pública.

Los 52 contratos viales que el Grupo Austral ganó durante el gobierno kirchnerista, contabilizaron 46.000 millones de pesos. El ascenso de la fortuna del empresario K fue durante ese mismo período.

La Justicia sigue contabilizando el patrimonio de Báez. El último informe del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) al que accedió Clarín, arroja un valor de 2.734 millones pesos. Esto representa unos 186 millones de dólares al valor de la divisa que se tomó en el momento de la tasación.

Esta suma millonaria contabilizada en la causa conocida como la Ruta del dinero K, incluye 418 propiedades (terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial), distribuidas en diez localidades de la provincia de Santa Cruz, en Chubut, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Además, se contabilizaron en 937 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.

Recientemente, tal como contó Clarín, se tasaron dos aeronaves propiedad de Top Air SA que arrojaron un valor de 728.300 dólares, incrementando el número que determinó el TTN a junio de 2017. Se torna incalculable una vez más, a cuánto ascienden los bienes de Báez, quien en 2003 era gerente de líneas de crédito en el Banco Santa Cruz y monotributista.

Las 26 nuevas propiedades fueron detectadas en la causa de la Ruta del Dinero K que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan y por la que Báez está detenido. Según fuentes judiciales, los nuevos bienes retrasarán la tarea de tasación final del patrimonio de Báez.

Los nuevos bienes detectados se encuentran en su mayoría en la Patagonia en las provincias de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Pero también adquirió inmuebles en el norte del país en Santiago del Estero.

La mayor parte de las nuevas propiedades son campos, sobre todos los ubicados en Rio Negro. En el extremo sur del país, se encontraron terrenos y locales de las empresas Badial (una constructora sin obras y dueña de varios inmuebles), Integral Alem (una gomería que comercializaba con la inmobiliaria de Máximo Kirchner) y M&P (una firma de Martín y Luciana Báez sospechada de oficiar como “cueva financiera” para eludir los embargos).

Por otro lado, en Comodoro Rivadavia se encontraron más terrenos sin obras, algo que se observó mucho en El Calafate. Allí, Báez compró más de cien terrenos fiscales, todos ellos sin construcciones.

Entre las propiedades más costosas de Báez, se encuentra el hotel Bahía ubicado en El Calafate cuyo valor es de $ 156 millones, el predio de Austral Construcciones sobre la Ruta 3 en el ingreso a Río Gallegos valuado en $ 151 millones, un complejo de cabañas en 28 de Noviembre (Santa Cruz) por $ 72 millones y el Club Boca de Río Gallegos cotizado en $ 49 millones.

También, en esta lista de los más costosos, se encuentran ocho complejos de departamentos y 170 cocheras, todos en Capital Federal tasados en 123.863.000 pesos. Está el terreno que tiene en condominio con los hijos de Cristina Kirchner, en El Calafate, tasado en 17.400.000 pesos.

Gran parte de esta fortuna tiene medidas judiciales. De hecho, Báez tiene embargos en cuatro causas que contabilizan $ 10.963 millones.

Ahora, la Justicia deberá tasar estos nuevos 26 inmuebles para intentar ponerle un número definitivo a la fortuna de Lázaro Báez que terminará superando los 187 millones de dólares.

Denuncian el "elefante blanco de la Justicia", un polo judicial abandonado en Retiro

Segun el diario La Nación, el programa Periodismo para Todos mostró las imágenes del predio sin custodia y abandonado a su suerte en medio de los tribunales de Comodoro Py y la Avenida de los inmigrantes.

En el barrio porteño de Retiro, en medio de los tribunales de Comodoro Py y otro edificio judicial ubicado en la Avenida de los Inmigrantes se encuentra el "elefante blanco" de la Justicia.

El programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata mostró las imágenes del predio en el que se encuentra a medio construir el edificio que sería un polo judicial -y que descomprimiría el espacio en los tribunales existentes-, pero que está a la deriva de la delincuencia y el abandono.

En el informe se ve cómo, sin ningún tipo de vigilancia, pueden acceder al predio sin ningún inconveniente. Además, de acuerdo al secretario gremial del fuero civil, José Luis Cataldo, después de las 15 no hay mucho movimiento en el sector y "puede pasar cualquier cosa".

Según el programa, la responsabilidad del predio y el edificio recae en el Consejo de la Magistratura.

Pero, además de las condiciones en las que se encuentra el predio -en el que en marzo se encontró a una persona muerta y según vecinos se trató de un ajuste de cuentas narco-, PPT mostró que el Poder Judicial alquila containers que son usados como archivadores de expedientes de causas sensibles y que, sin ninguna protección o vigilancia, están resguardados solo por un candado.

A su vez, el predio tiene un espacio habilitado para estacionamiento que, según PPT, explota el Arzobispado de Chaco bajo concesión.

Para la legisladora porteña Paula Oliveto no sólo el Poder Judicial deberá responder por esto, sino también el Arzobispado de Chaco, ya que no hay una razón para que la Iglesia maneje un espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo explote económicamente como estacionamiento de vehículos.

Investigan por contrabando a una empresa vinculada con Suárez (II)

Por Gonzalo Prado - LA NACION
Prefectura realizó operativos en navíos de Maruba, ligada a un detenido ex líder sindical

Decomisaron un contrabando de repuestos navales.

Una empresa ligada al ex titular del gremio de los marítimos (SOMU), el sindicalista detenido Omar "Caballo" Suárez, se encuentra envuelta en una investigación por contrabando luego de que anteayer, en un operativo en conjunto de la Prefectura Naval y la Aduana se decomisaran repuestos de navíos con un valor de mercado estimado en un millón de dólares, según explicaron fuentes judiciales.

La empresa, Marítima Maruba S.A., fue señalada por el fiscal que investiga a Suárez por lavado de dinero como una de las sociedades que el sindicalista utilizó para volver al circuito legal el dinero que obtenía mediante extorsiones a las empresas que deseaban trabajar en los puertos del país.

La embarcación en cuestión es el remolcador Vibrador, que fue abordado anteayer por la noche en el puerto de la localidad bonaerense de Zárate por efectivos de la mencionada fuerza y de la Aduana. Allí se procedió, según explicaron fuentes al tanto de la investigación, a verificar una denuncia anónima que sostenía que en dicho navío había maquinaria pesada de contrabando.

Lo que se encontró, según comunicó la Prefectura, fue "un sistema de propulsión para buques completo, cuyos remitos indicaban una deuda de 350 mil dólares". Todo ese sistema, estimaron, tiene un valor de mercado de $ 17 millones. La hipótesis de los investigadores es que dicho material iba a ser utilizado para reparar las embarcaciones de Maruba.

Esto se debe a que en otro de los remolcadores de la empresa, el Forjador, se encontraron piezas de similares características.

De los integrantes de la tripulación sólo el capitán se encuentra detenido y, según adelantaron fuentes judiciales, en los próximos días se le tomaría declaración también al presidente de la empresa, Gustavo Rodríguez. El resto de los tripulantes fue detenido, pero finalmente terminaron liberados cuando se les tomó declaración testimonial.

La embarcación fue interceptada en el kilómetro 104, del río Paraná y provenía del Puerto Nueva Palmira, Uruguay, una localidad que se encuentra a 300 kilómetros de Zárate. La causa se encuentra en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo de Adrián González.

En prisión

Suárez se encuentra detenido desde mediados del año pasado por el delito de asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero. De la investigación del fiscal federal Ramiro González se desprende que parte del dinero, presuntamente ilegal que acumuló Suárez durante su gestión a cargo del SOMU, fue a parar a la empresa Maruba.

De 67 años, Suárez estuvo durante 24 años al frente del SOMU. El mes pasado sufrió un revés judicial importante. El juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó su pedido de excarcelación y en consecuencia el ex líder sindical continuará detenido en una de las zonas de máxima seguridad en la penitenciaria de Marcos Paz.

Con un estado de salud deteriorado como consecuencia de un ACV, Suárez apeló el lunes pasado la determinación de Canicoba Corral ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal.

Más allá de la resolución sobre su continuidad o no en prisión, el fiscal González apunta a que Suárez utilizó el dinero obtenido desde la conducción gremial para adquirir el control de la empresa naval Maruba, que, además, posee el monopolio en el país del transporte de carga por agua.

La denuncia fue presentada por la entonces interventora del SOMU, la ahora candidata a senadora nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Gladys González.

Maruba no fue la única empresa en la que Suárez vertió el dinero que conseguía de la extorsión, en el expediente también se encuentran mencionadas la Fundación Azul, para el cuidado y preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre, Mercantes S.A., Pescamarine S.A. y San Jorge Marítima S.A.

El Gobierno frenó en Nueva York otro juicio contra la Argentina por YPF

(Telam) - La jueza Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por Argentina ,al conceder un amparo (stay) y frenar la causa. El fondo de inversión Eton reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

La jueza neoyorquina Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por el gobierno argentino durante una audiencia celebrada en junio pasado, al conceder un amparo (stay) y frenar la causa iniciada por el fondo de inversión Eton por la expropiación de YPF concretada en el 2012, en la que reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

Fuentes oficiales informaron a Télam que la decisión de la jueza Preska fue comunicada el miércoles pasado a los abogados que representan al país.

En torno a la expropiación de YPF existe otra causa iniciada por el fondo de inversión Buford, por U$S 3.000 milllones, en la que aún se encuentra pendiente una decisión de la justicia neoyorquina.

Frenan un juicio en EE.UU. contra la Argentina por la expropiación de YPF

(Clarin.com) - El Gobierno reclama que las demandas se tramiten en la justicia Argentina. Miles de millones de dólares en juego.

Foto: Afiches para apoyar la expropiación, en abril de 2012

La justicia de los Estados Unidos le concedió cierto alivio al Gobierno de Mauricio Macri. Esta vez en una de las demandas que un fondo buitre inició contra el Estado argentino por la expropiación, en 2012, de las acciones de YPF que estaban en manos de la petrolera española Repsol.

Ayer, los abogados que representan a la Argentina fueron notificados de que la jueza Loretta Preska concedió un stay (amparo) y congeló la causa que se inició a partir de la demanda del Fondo Eton.

Fuentes oficiales explicaron que como otra causa (un reclamo de US$ 3.000 millones presentado por el fondo de inversión Burford) está pendiente de decisión en la Cámara, la Argentina pidió frenar la causa Eton. 

En otras palabras, en la causa Burford, la Argentina reclama lo que se denomina “excepción de foro no conveniente”, es decir, que la demanda se tramite en la justicia argentina, porque el Gobierno considera que la expropiación fue un acto soberano del Gobierno. “Lo que le pedimos a la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa (Eton, por US$ 500 millones) quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra” (Burford).

En esto momento se tramitan esos dos juicios. Uno es Eton versus YPF y el Estado argentino; el otro Burford versus Argentina. La jueza Preska decidió suspender su decisión (on hold) en el caso Eton hasta que no se resuelva el juicio de Petersen.

Como la causa de Burford está pendiente de decisión en la Cámara (puntualmente la excepción de foro no conveniente), lo que se le pidió la jueza fue que otorgue un “stay”, es decir que esta causa quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra. Se trata de la respuesta favorable al pedido que hizo la Argentina en la audiencia del mes de julio.

Los abogados argentinos celebraron el hecho de que es la primera señal positiva que les da la juez Preska, que recibió el juicio por la jubilación del juez Thomas Griesa.

Los abogados argentinos sostienen que si se acepta que la estatización fue una decisión soberana, los dos juicios salen de la jurisdicción de Nueva York.

Una casa expropiada a un narco en Esteban Echeverría fue entregada a las Madres contra el paco

(La Nación) - Se trata de la vivienda que pertenecía al "Rey Arturo", está situada en Esteban Echeverría y será utilizada por recuperación y asistencia de jóvenes con problemas de adicción

La casa tenía sistema de vigilancia con cerco eléctrico, pileta climatizada y cancha de fútbol 5. Foto: Captura de video

La casa perteneciente al cabecilla de una banda narco desbaratada en Esteban Echeverría , conocido como "Rey Arturo", será convertida en una nueva sede de la organización "Las Madres contra el paco y por la vida" tras un pedido del Ministerio de Seguridad bonaerense autorizado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora .

"Es un nuevo paso que damos para convertir lo que era de los narcos en hogares para ayudar a los que más lo necesitan" dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo , quien destacó la autorización dispuesta por Federico Villena, titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, tras la solicitud de la cartera provincial que había detenido al narco tras un operativo el pasado 4 de julio.

El funcionario además dijo: "Estamos dando una lucha franca contra el narcotráfico y si esos lugares tienen estructuras sólidas y pueden ser habitables vamos a seguir pidiendo que se conviertan en hogares para los sectores más vulnerables".

Esta vivienda que ahora pasará a ser un espacio para recuperación y asistencia de adicciones fue allanada por la Policía de la Provincia el pasado 4 de julio en el marco de un operativo antinarcos.

En el lugar, ubicado en la localidad de Monte Grande , vivía un hombre de 60 años, conocido como "El Rey Arturo" por su colección de espadas antiguas, y contaba con un sistema de vigilancia con cerco eléctrico, pileta climatizada y cancha de fútbol 5, entre otras comodidades.

Los aviones de Lázaro Báez ya los tiene el Estado

Por Lucía Salinas (Clarin.com) - El juez Casanello los pasó al ministerio de Seguridad y a la Fuerza Aérea para que los administren hasta que termine el juicio.

El avión que trasladó a Lázaro Baez ya está en manos del Ministerio de Seguridad.

El Learjet LV-BPL en el que el 5 de abril de 2016 Lázaro Báez llegó al aeropuerto de San Fernando, donde se ordenó su detención, tal como contó Clarín, oficialmente fue entregado al Ministerio de Seguridad la semana pasada cuando se firmó el acta con el juez Sebastián Casanello. Asimismo, el viernes pasado la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) se notificó de la entrega del segundo avión, un Rockwell Commander. Ambas aeronaves fueron tasadas oficialmente y tienen un valor de 728.00 dólares. El Estado será el responsable de contratar un seguro contra todo riesgo "para la conservación de las aeronaves y mantener su valor".

El avión Rockwell Turbo Comander 690B, matrícula LV-MBY, de Lázaro Báez. (Opi Santa Cruz)

Con la firma de las dos actas correspondientes, los aviones que pertenecen a la empresa Top Air SA cuyo mayor accionista es Austral Construcciones firma insignia de Lázaro Báez. La empresa de taxis aéreos es investigada dentro de las maniobras de lavado de activos de la Ruta del Dinero K. La premisa de la justicia es que las aeronaves secuestradas por Casanello fueron utilizadas "para el traslado de dinero" que terminaría siendo parte de las operaciones de blanqueo.

En prisión hace más de quince meses, con embargos millonarios y gran parte de sus bienes inhibidos, el empresario K observó cómo la Justicia comenzó a disponer sobre sus bienes que superan los 2.700 millones de pesos, sólo lo tasado oficialmente.

Con el fin de otorgarles "un fin social" y evitar su deterioro, bajo el mismo lineamiento con el que otorgó a la Dirección de Vialidad Nacional la guarda judicial de más de 400 máquinas de Austral Construcciones, el juez Casanello le hizo la entrega oficial de uno de los aviones más importantes de Báez, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales.

El acta se firmó la semana pasada, consignando que el Learjet LV BPL tiene un valor oficial 517.000 dólares. Su operatividad requiere de una importante inversión. Detenida hace más de quince meses, deben revisar uno de los motores y el sistema de navegación que no estaba funcionando en su totalidad.

La inversión que demandará la puesta en funcionamiento del costoso avión que usaba Lázaro Báez, recaerá sobre el ministerio de Seguridad que utilizará la aeronave para "la lucha contra el crimen organizado y delitos complejos", como así también "para lograr el desplazamiento más eficiente y rápido a los diferentes escenarios del territorio nacional", donde se combatan dichos delitos.

Antes de utilizarlo, el ministerio de Seguridad está obligado a contratar "un seguro contra todo riesgo que garantice la conservación de la aeronave y así también la conservación de su valor", explicaron fuentes judiciales. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya fue notificada de la decisión del juez, y entregarán el Learjet a la cartera que dirige Patricia Bullrich.

El avión de Lázaro Báez en Santa Cruz. Foto Archivo. (Opi Santa Cruz)

El segundo avión, un Rockwell Commander tasado en 211.300 dólares, quedó en manos de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). Es la aeronave más deteriorada y que demandará más inversión para su utilización. El objetivo es destinarla al "traslado en el menor tiempo posible al lugar (donde se produzcan accidentes aeronáuticos) y poder realizar la recolección y análisis de las evidencias, a fin de comenzar con el proceso de investigación".

Las autoridades de la JIAAC firmaron el viernes pasado el acta y antes de retirarlo del aeropuerto de San Fernando, enviarán a sus equipo técnicos para presupuestar cuánto presupuesto se requiere para acondicionar la maquinaria. Al igual que el ministerio de Seguridad, la aeronave deberá ser asegurada contra todo riesgo.

La decisión del juez Casanello fue apelada por Walter Zanzot, presidente de Top Air SA y uno de los que junto a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario K), contaba dinero en la financiera "La Rosadita". Sin embargo, el juez dispuso entregar los aviones al ministerio de Seguridad y a la JIAAC bajo la figura de "depositario judicial para la conservación y resguardo" de dichos bienes.

El Learjet 35A de Lázaro Báez que se despistó e incendió en 2015. Foto DyN.

Hay un tercer avión involucrado, el Learjet LV-ZSZ que Lázaro Báez compró en 2007 a los hermanos Juliá (condenados a prisión en España por narcotráfico) y que según denunció el financista Federico Elaskar, habría sido usado para sacar grandes sumas de dinero del país y depositarlas en el exterior.

Este avión se incendió en 2015 y la aseguradora pagó por el mismo 1.300.000 dólares que fueron cautelados por el juez Casanello como parte de las medidas tomadas sobre el patrimonio del dueño del Grupo Austral. Zanzot reclama dicha suma de dinero, algo que también rechazó el magistrado.

Investigan la licitación de compra de un nuevo avión presidencial

Por Maia Jastreblansky - LA NACION

La Justicia busca irregularidades en el proceso para cambiar el Tango 01.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer un operativo en las oficinas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para secuestrar documentación vinculada al proceso de compra del nuevo avión presidencial.

Según pudo conocer LA NACION, por orden del magistrado, la Policía de la Ciudad se presentó en Paseo Colón 1452 con objeto de obtener los papeles de la licitación para adquirir un Boeing Business Jet. Se trata del modelo que reemplazará al viejo Tango 01, dado de baja al inicio de la gestión de Mauricio Macri.

La causa por la compra del nuevo Tango se tramita en paralelo al caso Avianca, un expediente que instruye el juez Sergio Torres por la denuncia de un grupo de diputados kirchneristas. Por vía separada, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, conducida por Fernando Miguez, hizo otra denuncia en la que apuntó al proceso para reemplazar la aeronave oficial. El escrito recayó en el juzgado de Bonadio y la Cámara Federal resolvió que se investigue como un expediente separado.

La denuncia indicó que Carlos Colunga, ex presidente de MacAir y actual CEO de Avianca, habría hecho lobby para digitar la compra del nuevo avión presidencial. Y que -siempre según la denuncia- ese empresario habría "pactado" previamente que el proveedor del nuevo Tango 01 sería Peerless Aviation, una empresa de aviones canadiense, y que la operación se haría por US$ 70 millones.

El fiscal del caso, Jorge Di Lello, impulsó la investigación y le requirió al juez una serie de medidas para determinar si existieron irregularidades en la licitación.

Cerca del mediodía de ayer, oficiales de la comisaría 14» se presentaron en la ANAC y secuestraron los papeles vinculados a la compra del nuevo Tango. El juzgado busca verificar si Peerless Aviation figuró como oferente, o no, y si reunió las condiciones legales para serlo.

Licitación internacional

El Gobierno asegura que todo el proceso para comprar el nuevo avión presidencial fue regular. Para garantizar la transparencia en la operación, la contratación fue derivada a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de la ONU con sede en Montreal, Canadá.

El 3 de febrero, la ANAC hizo un llamado a licitación para la compra de un Boeing y las ofertas se recibieron hasta el 22 de ese mes. Pasados seis meses desde aquella convocatoria, aún no hay novedades de la adquisición y, según lo que informó Marcos Peña ante el Congreso, "el procedimiento licitatorio aún se encuentra en ejecución y análisis" en la OACI.

Según reveló LA NACION semanas atrás, los miembros de la OACI junto con integrantes de la ANAC ya hicieron una preselección de aeronaves. En paralelo, el Tango 01, avión que compró el ex presidente Carlos Menem en 1992, salió a subasta, pero no hubo oferentes. Según informó Peña, el costo para poner a punto el viejo avión oficial implicaba una inversión de entre US$ 21 y US$ 26 millones.

Desde que asumió, Macri se traslada en vuelos comerciales o en aviones privados para sus misiones en el exterior.

Las medidas en torno de la flota oficial y la política aerocomercial ya le trajo más de un dolor de cabeza para el Gobierno. La decisión de otorgarle rutas aéreas a Avianca, la empresa que compró MacAir (la firma de aviones que era de la familia Macri), desató un vendaval judicial y político.

El episodio derivó en la renuncia de Carlos Cobas a la secretaría de la Presidencia, porque, antes de asumir su cargo, había sido gerente de MacAir. El por entonces funcionario había pedido una licencia, pero aún figuraba como empleado de Avianca cuando compró la empresa que era de la familia Macri.

Hasta su salida, en marzo, Cobas estuvo a cargo de organizar la licitación para la compra del nuevo avión presidencial.

Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la Aduana

Por Darío Palavecino - LA NACION

Minnicelli estaba prófugo desde hacía nueve meses y era uno de los más buscados en el país; lo detuvieron en Chapadmalal; fue clave la recompensa de $ 250.000.

Foto: Mauro V. Rizzi Foto: Mauro V. Rizzi

MAR DEL PLATA.- Luego de permanecer prófugo durante casi nueve meses, fue detenido anoche en Chapadmalal Alejandro Minnicelli, el cuñado del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio De Vido . Está acusado de contrabando y lavado de dinero, por ser considerado responsable de la mafia de la Aduana.

La detención se produjo a las 21.51 en un parador de Estación Chapadmalal, 15 kilómetros al sur de esta ciudad, un par de semanas después de haberse ofrecido una recompensa oficial. El pedido de captura nacional e internacional había sido ordenado en diciembre por el juez federal Marcelo Aguinsky.

La información precisa sobre la ubicación de Minnicelli -aportada por un vecino de la zona interesado en cobrar los $ 250.000 que ofrecía el Ministerio de Seguridad- llevó a la policía bonaerense hasta una despensa y bar donde lo ubicaron y esposaron sin que opusiera resistencia. "Dijo ser quien es, sin ánimo de eludir la situación", confió una fuente policial que siguió de cerca el procedimiento. Como informó ayer LA NACION, Minnicelli, de 52 años, era uno de los prófugos más buscados del país.

"En la Argentina la impunidad se termina", remarcó anoche la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un tuit con el que confirmó que se habían acabado las horas de prófugo para Minnicelli.

"Teníamos información de que se había ido a Uruguay. También se planteó que se había ido a Paraguay. Siempre lo buscamos con distintas pistas por diferentes lugares. Habrá que ver quién lo sostuvo en esta zona", afirmó luego la ministra.

Alias "el Mono" y hermano de Alessandra -la esposa del ex ministro De Vido, procesado en varias causas-, Minnicelli era buscado en el país y el exterior desde el 24 de octubre de 2016 por su participación en delitos de la "mafia de los contenedores". En el juzgado penal económico que conduce el magistrado Aguinsky se lo considera parte de una asociación ilícita que permitía el ingreso ilegal de mercadería que llegaba desde China y se comercializaba en puestos informales de venta al público, entre ellos La Salada.

Según la investigación, Minnicelli formaría parte de una organización que actuaría en connivencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas, lo que le permitiría eludir controles.

Tras su detención, Minnicelli, de 52 años, quedó anoche alojado en la Comisaría 8», en jurisdicción de la vecina localidad de Batán, donde al cierre de esta edición se cumplían todos los trámites de rigor correspondientes para su identificación y certificación de su estado de salud.

Testimonios a los que pudo acceder LA NACION revelaron que estaba de buen semblante y tranquilo. Incluso, sonrió para la fotografía que se le tomó, según destacaron funcionarios que participaron de cada uno de estos pasos.

El local en el que fue cercado y quedó detenido está ubicado en la calle 9, entre 20 y 22, del paraje Estación Chapadmalal, que tiene poco más de 1600 habitantes y al que se accede por la ruta 88, desde las inmediaciones de Batán. Es un almacén y bar, con algunas mesas y televisor, frecuentado por parroquianos, muy próximo al Club Chapadmalal y la parroquia de la zona. De acuerdo con la información policial, allí ya se lo había visto algunos días anteriores, incluso antes de que el vecino que informó sobre su paradero aportara ese dato concreto.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó anoche que a partir de la precisión aportada por el vecino se dispuso un operativo que, con el transcurso de las horas, dio anoche resultado positivo. "Queda por determinar si estaba alojado en la zona y si estaba acompañado por alguien más", aseguró el funcionario.

Desde anoche comenzó el rastreo de pistas que podría reconstruir el derrotero del prófugo, que habría elegido resguardarse en este territorio escaso de viviendas, con población muy humilde entre la que abundan quinteros, trabajadores de canteras y de hornos de ladrillos.

Minnicelli había llegado hasta esta despensa para realizar una compra que no llegó a concretar. Los uniformados pertenecientes al Destacamento Estación Chapadmalal de Comisaría 8» lo identificaron y, ante testigos, una vez notificado de los cargos que se le imputan y el pedido de captura que pesaba sobre él, lo subieron al patrullero que lo trasladó hasta la dependencia policial de Batán. Esta madrugada esperaba ser trasladado hacia la Capital Federal, en un operativo que estaría a cargo de la Policía Federal.

Ritondo felicitó anoche el desempeño de las fuerzas policiales de la provincia en la resolución de esta captura y resaltó "el trabajo en conjunto" que se pudo lograr con el Ministerio de Seguridad de la Nación para alcanzar el objetivo perseguido, que era la detención de uno de los diez hombres con pedido de captura más buscados en el país.

Según la ministra Bullrich, es muy probable que Minnicelli haya tenido algún tipo de ayuda o asistencia durante estos más de nueve meses que transcurrió evadiendo a la Justicia. "Quizás haya tenido más protección política que de una fuerza de seguridad", afirmó anoche. Por eso destacó el valor de disponer una recompensa importante que, en poco tiempo, dio sus frutos.

YPF: Gobierno ya prepara millonario pago (hasta u$s4.000 M) a buitre Burford

Por Carlos Burgueño - Ambito.com

LA CÁMARA DE APELACIONES DE NUEVA YORK DEBE DEFINIR LA SEGUNDA INSTANCIA.

La Argentina, si pierde el caso, deberá pagar ese dinero a parte de los tenedores del 41% de acciones que no fueron reestatizadas. Especulaciones sobre quiénes (personas y sociedades) se verían beneficiadas.

El Gobierno está resignado. Ya prácticamente se descarta en Buenos Aires que la Argentina perderá el juicio que el fondo buitre Burford le hace al país en Nueva York, por la manera en que se reestatizó YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En silencio, en el Palacio de Hacienda se elabora la estrategia financiera para conseguir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares; el dinero que, se especula, costaría un fallo en contra de la demanda generada por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocaron al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.

El caso está ahora en análisis por los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a la espera de una decisión final de segunda instancia, la que se conocería antes de octubre. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables. Más teniendo en cuenta los argumentos utilizados por la defensa del país en la audiencia del 15 de junio pasado en Nueva York. Ante un fallo negativo, el Ejecutivo apelará la medida, casi a reglamento, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero sabiendo que el destino estará jugado. Ante esto se analizan diferentes alternativas financieras para atender estas causas y el resto de los juicios que puede perder la Argentina en los próximos meses, incluyendo varios que están al borde de la definición en el CIADI. La hipótesis de máxima es que no sería este año el momento para pagar este pasivo y que debería armarse una estructura financiera para el primer trimestre de 2018. Una visión más pesimista habla de este año, pero, al menos, después de las elecciones de octubre. 

El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después de que el juez derivase el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016 y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente hoy se abrirá para que las partes presenten sus reclamos. 

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra y abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, y uno de los grandes misterios (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. 

Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s 66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacioanalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s 440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos. 

Según los analistas la razón para que exista tamaña diferencia de dinero entre lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la demanda, sólo se explicaría por una razón: en realidad Burford es quien lleva adelante el juicio y a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Esto implica que el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero que podría recibir, si el fallo es positivo, unos u$s 2.250 millones. ¿Quién puede ser este tercer actor?. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el "Juicio del Siglo". Puede ser un ex o un actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Por ejemplo, un político o un grupo de políticos. 

En algún momento cercano en el tiempo, el financista Aldo Ducler le aseguró al Gobierno de Mauricio Macri que tenía datos lo suficientemente probados como para confirmar la identidad de este eventual propietario de la mayor parte del juicio. Aseguraba Ducler que las pruebas con las que contaba podrían, incluso, hacer caer la causa y hacerle ahorrar a la Argentina los 3.000 o 4.000 millones de dólares que puede costar en el caso de un fallo negativo. Sin embargo Ducler falleció el primero de junio pasado (a días de la audiencia en segunda instancia) sin que se lo tuviera en cuenta. 

Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó en claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se reestatizó la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. 

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. 

Burford es un viejo conocido del país. Hace semanas le ganó un juicio ante el CIADI por más de u$s300 millones por Aerolíneas Argentinas por el que obtuvo una rentabilidad de casi 1.000%

Gracias Kristi. Muchas gracias por los males que le trajiste al país. Salí a explicar esto...