Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El Gobierno presentó ayer los pliegos con los que espera atraer inversiones por US$ 1800 millones en energía eólica, solar, biomasa y pequeñas hidroeléctricas; dan amplias garantías
Después de los aumentos de tarifas de luz y gas, todavía frenados en la Justicia, el Gobierno quiere dejar de dar sólo malas noticias en materia energética. Una de las apuestas más importantes para alcanzar ese objetivo apunta al desarrollo de las energías renovables, un rubro que, pese a su buena fama local e internacional, suma una historia de postergaciones en el país.
La administración de Mauricio Macri lanzó ayer los pliegos para licitar 1000 MW de energías no contaminantes como la solar, la eólica, la biomasa y la hidroeléctrica en pequeña escala, con vistas a atraer inversiones estimadas en torno a los US$ 1800 millones. La apuesta es fuerte en términos ambientales: busca ahorrar 2 millones anuales de toneladas de dióxido de carbono, el equivalente al consumo de unos 900.000 autos.
El Gobierno lanzó los pliegos finales después de abrir un período de consulta con potenciales interesados que atrajo a más de 100 compañías, según explicó ayer en una conferencia de prensa el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. La Resolución 136/2016 -que contiene los pliegos definitivos- saldrá publicada hoy en el Boletín Oficial.
Las consultas derivaron en algunas modificaciones de la convocatoria final. Entre ellas, se bajaron requisitos para sumar más participantes. De esa manera, el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, espera sumar a la compulsa competidores que garanticen un precio más bajo y despejen los riesgos de cartelización.
La licitación de energías renovables le dará prioridad al componente nacional dentro de cada proyecto. Habrá un ranking de iniciativas según la participación de la industria local. Ese ítem se utilizará para definir varias cuestiones. Por caso, si hay una oferta apenas mejor, pero con menos producción argentina, quedará relegada. Además, las ofertas con componentes locales tendrán mejor acceso al crédito fiscal, que abarata el costo final de los proyectos.
"El objetivo es firmar los contratos en noviembre y que los proyectos estén listos a más tardar en dos años, es decir, en 2018, pero quien termine antes tendrá un premio", explicó Kind. Es una decisión atendible: en diciembre pasado, el Gobierno declaró la emergencia energética. Si bien los problemas más graves están en los rubros de transporte y distribución (un servicio que prestan Edenor y Edesur, por ejemplo) hubo ocasiones en el verano en que la oferta de energía fue menor a la demanda y colocó al sistema en una situación crítica, algo que podría volver a ocurrir el verano próximo.
Garantías
La factura de las energías renovables no la pagará el Estado a través de subsidios, sino los consumidores. Pese a eso, el funcionario descartó que eso traiga mayor presión sobre las cuentas de comercios y hogares. "Las energías renovables deberían bajar el precio promedio del sistema porque reemplazará producción de electricidad con combustibles líquidos y con gas", enfatizó el funcionario.
Para atraer inversores, el Gobierno les dará amplias garantías. Entre ellas, firmará contratos en dólares a 20 años por la energía que comprará Cammesa, la compañía administradora del sistema. Y se comprometerá a tomar toda la energía renovable disponible.
Además, los pliegos contemplan un blindaje con tres garantías. La primera es por el pago de la energía. Si Cammesa no cumple, las empresas podrán disponer de un fondo de $ 6000 millones en la órbita de Energía para cobrarse la deuda.
También hay una garantía por la terminación del proyecto, en caso de que cambian las condiciones económicas antes de la amortización de la inversión. Y si lo anterior no funciona, las empresas pueden tomar un seguro del Banco Mundial (BM).
Además de ese escudo, los contratos finales pueden contener cláusulas para definir eventuales disputas en tribunales arbitrales locales o internacionales.
El Estado adjudicará los proyectos, pero también se reservó la posibilidad de rechazar las ofertas. Y se guardó una carta adicional: pondrá un precio máximo secreto que se conocerá antes de abrir las ofertas. De acuerdo al nuevo esquema, los interesados tendrán tiempo hasta el 5 de septiembre para presentar sus ofertas técnicas y económicas (sobres A y B), en tanto la adjudicación se concretará el 12 de octubre y las firma de los respectivos contratos se realizará el 11 de noviembre.
La apuesta limpia
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Por Emiliano Galli - LA NACION
