Investigan una estafa millonaria al PAMI por la falsificación de recetas

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Farmacias de Santiago del Estero facturaron $ 154 millones por remedios para diabéticos; entre los hipotéticos compradores figuran personas fallecidas y jubilados que no padecen esa enfermedad


El operativo en Córdoba terminó con el cerebro de la banda criminal detenido. Foto: Gendarmería

El matrimonio llamó la atención de la farmacéutica. Era habitual que Teresa Acosta y Edgardo Alegre fueran con sus recetas de PAMI para comprar insulina y tiras reactivas para medir el nivel de glucosa. Pero la excesiva frecuencia puso en alerta a la profesional, que le explicó a los clientes que no había stock y les pidió que volvieran al día siguiente. Pocos minutos después comenzaba una investigación que iba a poner bajo sospecha a una organización criminal que estafó en una cifra millonaria al PAMI en Santiago del Estero.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, entre julio de 2015 y febrero pasado las farmacias de Santiago del Estero le facturaron al PAMI $ 154 millones por venta de insulina y tiras reactivas. Pero en la provincia sólo hay 2000 diabéticos insulinodependientes. Entre los supuestos afiliados que compraron los medicamentos hay personas fallecidas y jubilados que no padecen de diabetes.

Desde marzo pasado, el juez federal Guillermo Molinari y el fiscal del mismo fuero Pedro Simón, ambos de Santiago del Estero, tienen a su cargo dos expedientes en los que investigan las maniobras de la presunta estafa.

En las últimas horas, en un country de Córdoba, fue detenido el presunto "cerebro" de la organización criminal. Los detectives de la Gendarmería, a cargo del operativo, secuestraron numerosos troqueles de medicamentos. "El operativo en Córdoba refuerza la principal hipótesis de la investigación: el plan criminal consistía de la falsificación de troqueles de diferentes marcas de insulina y de recetas truchas a nombre de afiliados fallecidos o que no padecen de diábetes", informaron las fuentes.

Uno de los expedientes judiciales, como se dijo, comenzó con la denuncia realizada por la farmacéutica; el otro se inició después de una presentación hecha por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) PAMI, que desde hace poco menos de un mes está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, al descubrir una serie importantes de irregularidades tras un informe hecho por las actuales autoridades de la obra social de los jubilados.

"El caso de Santiago del Estero es elocuente, porque muestra cómo funcionan estas redes, pero tenemos indicios de que esta lógica se da en otros puntos del país. La Justicia está investigando", dijo a LA NACION el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. El funcionario nacional agregó: "Estas redes de corrupción son las que están llevando al PAMI al colapso. Vamos a dejar actuar a la Justicia para que determiné quién y cuánto robó".

Desde marzo pasado, cuando comenzaron las investigaciones de los detectives judiciales y de Gendarmería, suman 16 los sospechosos imputados. Según informaron fuentes judiciales, al matrimonio que levantó las sospechas de la farmacéutica le pagaban $ 100 por cada receta que presentaban. "Se trata de una pareja humilde, que vive de las dos pensiones que cobran", sostuvo un investigador del caso.

Pero Santiago del Estero no sería una excepción. Se sospecha, según fuentes de la UFI PAMI, que en otras provincias podría haber una metodología similar para concretar estafas millonarias.

"Las investigaciones están en trámite y podrían tener derivaciones que afectan a distintas jurisdicciones en el país. El entramado de la maniobra no se limita a Santiago del Estero, tal como ha quedado demostrado a través de los procedimientos realizados en Córdoba", explicaron voceros con acceso a los expedientes.

Uno de los 16 imputados es una empleada de PAMI de la agencia de la ciudad de Loreto, en Santiago del Estero, que retiró de la oficina 6000 recetas que se sospechan habrían sido parte de la maniobra.

Según fuentes judiciales, la tiras reactivas para medir el nivel de glucosa tienen un valor de $ 680. El PAMI cubre el 100% del costo. El año pasado, la obra social pagó a las farmacias de todo el país una cifra cercana a los $ 1000 millones. En los medicamentos para los insulinodependientes, el PAMI tuvo que abonar en 2015 la cifra de $ 1350 millones.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que una de las farmacias de Santiago del Estero que se sospecha participó de las maniobras de la estafa contra el PAMI en un mes facturó unos $ 500.000 en medicamentos para insulinodependientes y tiras reactivas. "Según pudimos constatar en la investigación, en promedio, la venta de los medicamentos para contrarrestar la diábetes suelen ser el 1,5% de la facturación de las farmacias. Pero para algunos de los comercios investigados de Santiago del Estero eran del 90%", afirmaron.

Además de las recetas y los troqueles, la banda criminal contaba con un listado de afiliados del PAMI y sellos de profesiones médicos. "Hubo casos donde farmacias facturaron hasta $ 1.000.000 por medicamentos y tiras reactivas. También descubrimos, por ejemplo, que una afiliada del PAMI que murió en enero siguió comprando los remedios; alguien se hacía pasar por ella y presentaban las recetas", agregaron.

Números irregulares

$ 154 millones - Es lo que facturaron al PAMI las farmacias de Santiago del Estero por remedios para diabéticos entre julio de 2015 y febrero pasado.

16 imputados - Desde marzo, cuando empezó la investigación

$ 500.000 - Facturación - Un farmacia santiagueña facturó ese dinero por los remedios en sólo un mes

El Gobierno luchará contra los piratas en Asia y África

Por Martín Dinatale - LA NACION
La Cancillería y Defensa adoptarán medidas para evitar ataques a buques con productos de exportación.

Susana Malcorra, Johnny Depp y Julio Martínez
El Gobierno decidió dar una pelea frontal contra la piratería de alta mar. No se trata de una película de aventuras de Hollywood. El ataque de barcos piratas en los mares de China a buques que transportan productos agrícolas argentinos y los potenciales negocios del país que se verán afectados en las costas de África por la piratería despertaron una alerta en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa, que ya se pusieron a trabajar en un plan de contingencia concreto.

Desde hace unos meses, en el ministerio que conduce Julio Martínez observan con preocupación que los empresarios que exportan soja y otros productos a Asia ven afectados sus envíos por el ataque de barcos piratas en el mar meridional de China. Algo similar ocurre en las costas de Nigeria, donde un grupo de piratas conocido como Vengadores tiene aterrorizada una zona desde donde la Argentina prevé importar en el futuro inmediato gas licuado. El tema también fue comentado en los mensajes cifrados que recibe la Cancillería de sus embajadas en esas zonas.

"Los intereses argentinos involucrados son los de nuestra exportación agropecuaria a China. Los costos de seguros y fletes que nuestros productores deben pagar en esa región a las empresas navieras dependen de las condiciones de navegabilidad de esas rutas. Cuanta mayor libertad y más seguridad de la navegación por las tensiones geopolíticas interestatales en la región y la actividad de la piratería haya, más baratos serán los costos", expresó a LA NACION José Luis Vila, subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa.

Ante esta situación de riesgo que afecta a la economía argentina, el Gobierno empezó a evaluar algunas ideas: por ejemplo, se abrirán nuevas agregadurías militares en las embajadas de países situados en el mar de China. Ya hay un acuerdo de trasladar también unidades de inteligencia estratégica del Caribe a la zona en rojo de Asia. Por lo pronto, se prevé abrir en lo inmediato una agregaduría militar en Filipinas que trabaje en forma coordinada con las mismas oficinas argentinas situadas en China, la India y Australia. En esas embajadas también se dispondrá de más delegados militares de apoyo para producir informes de inteligencia y detectar a tiempo zonas de riesgo de piratas.

No son las únicas medidas que el ministro Martínez y la canciller Susana Malcorra están pensando para hacer frente a este flagelo de larga historia mundial. También se evalúa coordinar tareas de inteligencia con otros países que trabajan en la lucha contra los piratas. Las fuerzas armadas de China, Tailandia, Filipinas e Indonesia mantienen una unidad de operación común contra la piratería. Estados Unidos y varios países de la Unión Europea hacen tareas de persuasión similares, más allá de las tareas de patrullaje de la OTAN.

A la vez, el Ministerio de Defensa enviará buques de apoyo para embarcaciones que transporten a Asia productos argentinos. Según pudo saber LA NACION, todas estas tareas se están coordinando bajo la órbita del subjefe del Ejército, general de brigada Santiago Ferreyra; el subjefe de la Armada, vicealmirante Horacio Nadale; el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Nieto, y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Miguel Máscolo.

Muchos piratas en el mar de China responden a grupos radicalizados del islamismo. Y los productos argentinos no son los únicos que sufren ataques. Según el portal "Delincuencia en alta mar: las aguas más pirateadas del mundo" (http://www.cnbc.com/2014/09/15/worlds-most-pirated-waters.html), la marina de Estados Unidos estima que la piratería global genera pérdidas anuales que llegan a los 8300 millones de dólares.

Por otra parte, la Cancillería y el Ministerio de Defensa también pusieron la mira en las costas africanas. El Gobierno busca importar gas licuado de Nigeria. Pero el avance de los piratas en esa zona desató una alerta. "Nigeria es una zona que la Argentina podría aprovechar mucho para el comercio, pero antes hay que tomar fuertes recaudos por los piratas", dijo una fuente de Defensa. El embajador argentino en Nigeria, Gustavo Dzugala, envía continuos reportes sobre grupos de piratas en esas costas y alertó de los riesgos ante posibles negocios. La idea de la Cancillería y de Defensa en este caso es instalar allí una agregaduría militar. No es tarea sencilla. Se estima que la apertura de una de estas oficinas podría costar unos 600.000 dólares anuales. Esa tarea en África se reforzaría con la agregaduría militar de la embajada en Sudáfrica, que comparte datos con fuerzas armadas de países de Europa y con Estados Unidos.

En las costas nigerianas el problema es tan complejo como en el mar de China. Allí hay grupos radicalizados del terorismo islámico de Boko Haram y la red pirata Vengadores. Según datos de la Oficina Marítima Internacional (https://icc-ccs.org/icc/imb), sólo en el primer trimestre de este año hubo 37 incidentes de piratería allí. Nigeria y Costa de Marfil representan dos tercios de los secuestros registrados en todo el mundo.

"Hay que atender el tema de la piratería en las zonas donde el país tiene actividad comercial, ya que se encarecen los seguros de navegación y eso se trasladará a los costos de los empresarios", coincidieron en Defensa y en la Cancillería.

Medidas contra la piratería

Agregadurías - El Gobierno abrirá agregadurías militares o ampliará su personal en embajadas del país en las zonas afectadas por los piratas

Información - Prevén más acuerdos para ampliar el intercambio de datos sensibles con otros países en la región

Envío de buques - Defensa prevé mandar buques de apoyo para los barcos que exporten a Asia

Utilizaban madera robada de las vías para fabricar muebles

Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Dos chicos murieron por la falta de protección en los rieles

La Policía Federal recuperó más de mil tablones de lapacho. Foto: LA NACION / Policía Federal

El 15 de noviembre pasado murió electrocutado Matías Godoy, de 15 años. Fue en las vías del ferrocarril Urquiza, a la altura del puente Arroyo Morón, entre las estaciones Pablo Podestá y Jorge Newbery. Seis meses después, el 18 de mayo, el mismo trágico destino tuvo como protagonista a Enzo Pavón, de 12, cuando jugaba al fútbol en una plaza cercana a la estación Lourdes y fue a buscar la pelota que había quedado cerca de los rieles.

Ninguna de las dos tragedias fue una simple casualidad. Fueron consecuencia de un crimen previo: una banda de delincuentes había robado los tablones de lapacho colorado que cubrían el tercer riel que sirve para proveer electricidad a los trenes, a través de un conducto continuo en los lados de la línea férrea.

En las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina recuperaron 1032 tablones de lapacho valuados en 1.500.000 pesos. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales. Personal de Metrovías, empresa que tiene la concesión del ferrocarril Urquiza, reconoció como propio gran parte del material recobrado.

Fuentes de la investigación explicaron a LA NACION que hubo allanamientos en una maderera de Benavídez, en Tigre, y en un aserradero de Matheu, en Escobar, donde se secuestraron los tablones de lapacho colorado.

Se sospecha que con la madera robada de las vías del ferrocarril Urquiza se hacían muebles. Los detectives de la Policía Federal secuestraron espejos, mesas, bancos y respaldos para camas.

"Una de las mesas secuestradas estaba a la venta por 19.800 pesos y un espejo con marco rústico de madera, en $ 3200", dijo a LA NACION una de las fuentes consultadas. En total se decomisaron 40 muebles terminados, por un valor estimado de 300.000 pesos. La investigación judicial está a cargo del juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta.

La pista seguida por los detectives federales los llevó hasta una maderera de Benavídez, donde fueron secuestrados los primeros 170 tablones de lapacho. Técnicos de la empresa Metrovías pudieron identificar ese material como los protectores de rieles robados de las vías del ferrocarril Urquiza.

Allí se encontraban al menos cuatro muebles presuntamente fabricados a partir de la madera sustraída. Sólo en ese lugar se decomisó una carga valuada en 200.000 pesos.

Ese primer allanamiento fue realizado en la mañana del 18 de mayo pasado. Mientras los investigadores identificaban allí el material supuestamente hurtado a Metrovías, la ausencia de protección del riel por el que pasa la corriente eléctrica le costó, en ese mismo momento, la vida al chico de 12 años que jugaba al fútbol con amigos en una plaza y cometió el fatídico error de ir a buscar la pelota a las vías.

En 2015, José López desvió $ 13.000 millones asignados a viviendas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El dato fue revelado por una auditoría oficial del Gobierno; no hay registros sobre el destino de esos fondos previstos para reducir el déficit habitacional


José López, anteayer, cuando fue trasladado a Moreno luego de ser detenido cuando intentaba ocultar casi 9 millones de dólares. Foto: Fabián Marelli

Un grupo de auditores que encararon la tarea a pedido de la Jefatura de Gabinete se convencieron casi de inmediato: comenzar a revolver en los papeles que dejó el ex secretario de Obras Públicas José López era el primer paso de un camino plagado de irregularidades de distinto alcance que conducen al manejo sospechoso de fondos millonarios destinados originalmente a la construcción de viviendas con fines sociales. Les pusieron un número a sus estimaciones: sostienen que durante la gestión del ex funcionario en 2015 se desviaron por lo menos $ 13.544 millones que tenían como objetivo reducir el déficit habitacional. Así lo declararon en el informe denominado "El estado del Estado", que la dependencia de Marcos Peña difundió hace dos semanas.

LA NACION vio la auditoría en la que se basó el informe. Sostiene que el destino de esos fondos es incierto, aunque el Gobierno sospecha que la mayor parte se asignó a otras obras que no tenían nada que ver con la construcción o el mejoramiento de viviendas. En cambio, a ese destino habrían ido a parar apenas $ 5000 millones, un poco más de la cuarta parte.

La investigación que inició el Gobierno podría revelar caminos de corrupción hasta ahora escondidos que se analizarán en los tribunales.

Sucede que, al igual que en otras áreas del Estado, se repartieron fondos de manera discrecional a unidades ejecutoras afines en las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Jujuy y Santa Cruz, que también lidera la lista de distritos más beneficiados con fondos para rutas.

La auditoría que ordenó Frigerio sostiene que todas esas provincias "recibieron fondos desde Nación muy por encima de sus necesidades en términos de déficit habitacional". Y como las viviendas se adjudicaron sin condiciones "claramente establecidas" y escaso seguimiento después de la entrega, les abrieron el paso a "transacciones informales de venta o alquileres".

Todos esos datos acompañarán denuncias que el Gobierno presentará en la Justicia. Esa seguidilla comenzó con algunos casos ejemplares que involucran a organizaciones sociales que están en el centro de la polémica, como la Tupac Amaru, cuya líder es la diputada del Parlasur Milagro Sala, presa desde principios de año acusada de asociación ilícita, o la fundación María de los Ángeles, que conduce Susana Trimarco, cuya hija, Marita Verón, fue víctima de trata.

Las transferencias de fondos se instrumentaban a través de los institutos provinciales de vivienda y en menor medida por intermedio de los municipios. En todos los casos la administración macrista apunta a revisar los casos en que los pagos de las obras no guardan relación lógica con el avance de los proyectos.

En Jujuy, la Tupac Amaru encaró dos obras para construir 500 viviendas por $ 183,32 millones. En octubre del año pasado la secretaría de López había completado los pagos, pero el Gobierno hoy sólo tiene rendiciones de cuenta por el 80% de los montos.

También en Jujuy la organización de Sala recibió $ 128 millones para realizar 1000 mejoramientos de viviendas. El 30 de noviembre del año pasado, luego de perder el ballottage y 10 días antes de dejar el mando, la administración de Cristina Kirchner giró más de $ 29 millones para ese proyecto, que nunca presentó el acta de inicio de obra ni alguna otra rendición.

La relación con las provincias y los municipios también está bajo la lupa de la nueva gestión. En Bariloche (Río Negro) se destinaron $ 248,54 millones para la construcción de 495 viviendas que tienen un avance mínimo. Y a La Rioja llegaron $ 32,32 millones para afrontar el primer desembolso de 1500 mejoramientos. "Se presentaron certificaciones como si la obra se hubiera sobreejecutado. Se solicitaron el segundo y el tercer desembolso por montos superiores a los previstos en el plan original. Se envió una auditoría de la Secretaría de Vivienda y, a partir de una muestra, se determinó que en una gran cantidad de casos las obras declaradas como terminadas no han sido realizadas", acusa la auditoría.

Según el trabajo que hizo el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, López acostumbraba a pagar con gran antelación trabajos que se dilataban en el tiempo o directamente nunca se hacían. En ese saco la administración de Cristina Kirchner puso al menos $ 2292 millones para afrontar el primer desembolso en 924 proyectos que nunca presentaron certificados de obra, por lo que su grado de avance es incierto.

Con la misma lógica, la vieja Secretaría de Obras Públicas, principal gestora de las viviendas sociales en todo el país, pagó el 100% de 1370 construcciones que, en el mejor de los casos, tienen un avance de obra cercano al 80%.

Los primeros hallazgos del macrismo están en línea con lo que reveló un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe de mayo de 2014. Según el organismo que manejaba Leandro Despouy, sólo uno de cada nueve proyectos auditados de la cartera de López tenía los papeles en orden. El resto presentaba irregularidades de todo tipo, desde "expedientes sin foliatura hasta pagos que se realizaban sin la verificación física de los avances de obra", algo difícil de explicar en la administración de los recursos públicos.

El Gobierno también encontró irregularidades en otras áreas que cayeron bajo la gestión de López. La más clara es la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Por ejemplo, en 2007, la gestión de Cristina Kirchner licitó la construcción de un tramo de la ruta 3 que une las localidades de Rada Tilly y Caleta Olivia. Tenía un presupuesto de $ 3000 millones y el trabajo quedó para Austral Construcciones.

La semana pasada el Gobierno relicitó la obra con un presupuesto de $ 2000 milllones (un 33% menos) y obtuvo ofertas incluso más bajas.

Cayó el segundo de De Vido cuando ocultaba US$ 8,7 millones en un convento . Paso a paso: cómo fue la detención de José López en General Rodríguez

Por Hernán Cappiello - LA NACION
El ex secretario de Obras Públicas José López, un hombre clave en el esquema de licitaciones kirchnerista, fue detenido luego de que un vecino lo vio cargar bolsos con plata y lo denunció; Rafecas ordenó su detención por enriquecimiento ilícito

La primera reacción de José López fue intentar coimear a la policía. La segunda, mentir, al decir que llevaba 8,7 millones de dólares para donar a la iglesia. Ninguna de las dos salidas le sirvió al ex secretario de Obras Públicas, segundo del ex ministro Julio De Vido , para zafar. Esta madrugada fue detenido en un convento de General Rodríguez cuando arrojaba en su interior bolsos y valijas con dólares, euros, yenes y billetes de Qatar, además de una pistola ametralladora Sig Sauer calibre 22 con un cargador de 25 balas.

López fue aprehendido por orden de la fiscal Alejandra Rodríguez de Luján, y anoche el juez federal Daniel Rafecas firmó -a pedido del fiscal Federico Delgado- su detención por enriquecimiento ilícito, en una causa que investigaba desde 2008. Rafecas lo indagará el jueves y le pidió a la justicia provincial que se inhibiera. Anoche había quedado detenido en una dependencia policial de Moreno.

La espectacularidad de la caída de López está destinada a tener un efecto político decisivo para el kirchnerismo: es la primera vez que un ex funcionario vinculado a la obra pública es encontrado en momentos en que intenta ocultar dinero de origen sospechoso. Las repercusiones lo reflejaron de inmediato.

Objetos secuestrados a José López

La detención del ex funcionario responde a una de las cinco causas que enfrenta el ladero de De Vido en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Todas están ligadas a la obra pública, que según el imputado arrepentido Leonardo Fariña era el mecanismo del kirchnerismo para hacer caja. Se lo investiga por los millones entregados a las Madres de Plaza de Mayo por Sueños Compartidos, por el caso Skanska y por beneficiar a la empresa Rovella & Carranza, que fue adquirida por Gotti Hermanos, la constructora de Lázaro Báez.

López fue detenido poco después de las 3 de la madrugada cuando Jesús Omar Ojeda, un vecino que vive frente al monasterio Nuestra Señora de Fátima de General Rodríguez, llamó a la policía y le dijo lo que estaba viendo: que un hombre que se había bajado de un Chevrolet Meriva (patente FEI 444) estaba arrojando bolsos con dinero al interior del edificio religioso. El hombre además quiso abrir el portón, pero no pudo, tal vez porque la llave que tenía no funcionaba. Se trata de un monasterio de las monjas orantes y penitentes situado en Mansilla y Batallón Norte.

Pero cuando llegó la policía detuvo a López en el interior, donde viven tres monjas de clausura dedicadas a la vida contemplativa. La superiora, de 94 años, está en cama, y el arzobispo del lugar, Héctor Rubén Di Monte, falleció en abril pasado.

La primera idea de López fue sobornar a la policía, que no se dejó tentar, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense. La segunda fue decirles a las monjas que tenía dinero que la policía le quería robar y que él lo había traído al convento para donarlo. Una de las monjas dijo por Radio La Red que López les dijo que había robado él mismo ese dinero para ayudarlas. "«Me van a robar, me van a robar». Eso dijo, le dije por qué, y dijo «porque yo robé dinero para venir a ayudar acá». Quiso entrar, pero se lo llevaron preso. Es un hombre muy bueno, pero hoy estaba medio loco cuando vino. Estaba enloquecido este hombre", añadió.

El convento era frecuentado por López y por De Vido. El intendente local de Cambiemos, Darío Kubar, señaló que el ex ministro asfaltó el acceso al edificio religioso.

Anoche -al cierre de esta edición-, la policía, con permiso de sus ocupantes, estaba revisando el lugar en busca de escondites, bóvedas o criptas donde pudiera haber dinero oculto. Utilizaban tres perros de la AFIP entrenados para detectar billetes. López tenía la llave del convento y así ingresó, dijo una fuente de la investigación. Llamó la atención de la policía que los dólares, algunos en fajos de 100 dólares termosellados, de 30.000, 80.000 y 50.000 dólares, estaban húmedos, como si hubieran estado en una bóveda o bajo tierra. Creen que López venía de su casa de Balcarce 451 2° "B" de Tigre, que anoche era allanada. Anoche también seguían contando el dinero, cuyo monto total podría ascender.

Cuatro bolsos ya estaban en el interior del convento, en la cocina, y la valija en la Meriva. Además, la policía encontró en el baúl del Chevrolet la pistola ametralladora y siete relojes de alta gama, incluidos dos Rólex, dos Omega, un Hamilton y un Tommy Hilfiger, con sus cajas. Y el arma. López tenía permiso de portación y tenencia vencidos para una Glock calibre 9 milímetros.

La fiscal Rodríguez imputó a López por el arma y por lavado de dinero. Hoy lo indagará en su fiscalía. El juez federal Rafecas le pidió al juez Gabriel Castro que se inhibiera.

Rafecas viene investigando a López desde 2008 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. Su causa abarca su enriquecimiento de 2003 a 2008. Pero ayer el denunciante habitual Santiago Dupuy de Lome, de Pro, lo denunció por su enriquecimiento por los años posteriores, causa que quedó en el juzgado del propio Rafecas. El fiscal Delgado viene pidiendo medidas contra López, pero no pudieron descubrir nada ilegal. De hecho, la causa estaba más cerca de ser cerrada que de llegar a un hallazgo. Ni la policía y ni la prefectura habían establecido nada de lo que se descubrió luego. Por eso Di Lello admitió ayer que no tenían ninguna pista de que López hubiera acumulado tanto dinero en efectivo.

Al momento de su arresto, López estaba excitado; luego, en una celda de la comisaría 1» de General Rodríguez, se deprimió. Anoche fue trasladado a la dependencia de Moreno, con chaleco antibalas, esposado y con casco del tipo comando. Hoy comparecerá ante la Justicia.

Un botín millonario - López intentaba ocultar 8,7 millones de dólares (anoche seguían contando), en cuatro bolsos, que en el momento de la captura estaban en el monasterio, y una valija que aún estaba en el auto

Divisas - La mayor parte del dinero estaba en fajos termosellados de 30.000, 50.000 y 80.000 dólares, en billetes de 100. Pero se encontró dinero en cuatro monedas: dólares, euros, yenes y billetes de Qatar

El arma - La policía secuestró también una pistola ametralladora Sig Sauer calibre 22. Llevaba un cargador con 25 balas. El arma había sido registrada por López en 2014, pero el permiso de portación estaba vencido

(La Nación) - El recorrido que siguió la investigación, desde el llamado al 911 al traslado a la DDI de Moreno.

Grupos comando y narcos usan cada vez más armas de guerra

Por Daniel Gallo - LA NACION
En dos meses hubo ocho casos en los que los delincuentes tenían fusiles o ametralladoras.


Material que era vendido a narcotraficantes en Rosario. Foto: Ministerio de Seguridad Santa Fe

A fines de marzo, cuando la policía santafecina abrió el baúl de un auto recién decomisado, en Rosario, quedó en evidencia que las bandas criminales están en busca de mayor poder de fuego. Junto a una pelota de fútbol había municiones, un rifle con mira telescópica y tres granadas lanzables desde un FAL. En ese caso se trató de una frustrada venta de armamento para un grupo dedicado al narcomenudeo. Pero la situación se repite en las principales ciudades argentinas y causa preocupación a las autoridades. A partir de entonces se registraron al menos otros siete hechos en los que delincuentes de toda clase aparecieron con ametralladoras en sus manos, en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Mar del Plata, Paraná y Córdoba.

La más reciente demostración de tamaño poder de fuego criminal se produjo el miércoles pasado en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde un grupo comando acribilló a dos policías con disparos de ametralladora y de FAL para robar los 11 millones de pesos que transportaban dos empleados de una financiera.

Según especialistas en seguridad consultados por LA NACION, algunas bandas buscan, con este aumento en la capacidad de fuego, ostentar poder, en especial, ante bandas rivales. En tanto, la especulación es que el origen principal de esas armas es el histórico saqueo "hormiga" de los arsenales de las fuerzas de seguridad y militares.

Los principales referentes en temas de seguridad de Pro, el PJ y el kirchnerismo ya escucharon las advertencias de funcionarios de Río de Janeiro sobre su experiencia ante el uso de armas automáticas. En las favelas cariocas la tasa de homicidios creció rápidamente cuando las bandas consiguieron un fuerte poder de fuego para saldar sus disputas. Y se tardó años en revertir un problema que aquí empieza a presentarse ahora.

Ostentación

La búsqueda de armamento por parte de bandas narco sería, en opinión de importantes especialistas en seguridad, para ostentar fuerza frente a otros grupos criminales y para proteger de competidores sus propias zonas de acopio y venta de drogas. Consideran que es así por la forma en que se organizan esas bandas, con cadenas de mando endebles y uniones territoriales que no les permiten tomar posiciones con más de una o dos rutas logísticas y una zona de comercialización.

Fue el caso de la banda que acopiaba grandes cantidades de cocaína y marihuana en Itatí, Corrientes, y comercializaba esa droga al menudeo en la porteña villa Zavaleta. A los 40 detenidos de esa organización se les secuestraron varios fusiles automáticos y seis pistolas con silenciadores.

A mediados de abril, la Policía Federal atrapó a una banda que hacía entraderas en los barrios porteños de Palermo, Villa Crespo y Liniers. Para ejecutar esa clase de robos bastante comunes, en los que las víctimas no suelen reaccionar, los delincuentes utilizaban dos ametralladoras y una escopeta. Ellos también tenían pistolas con silenciadores.

En Paraná, un móvil policial comprobó que los delincuentes comunes -a diferencia de los narcos- no tienen problemas en disparar cuando son rodeados. Cercados en una investigación policial por hurto de motocicletas, los sospechosos vaciaron un cargador de su ametralladora FMK3 antes de fugarse.

En el conurbano también se produjo un tiroteo que enfrentó a policías contra una banda de secuestradores que disparaba con una ametralladora. Un operativo cerrojo de patrulleros en Burzaco terminó con el enfrentamiento y con cuatro delincuentes arrestados. En tanto, en Moreno fue detenido en posesión de una ametralladora un hombre acusado de robo en viviendas rurales. Queda a la vista que ese poder de fuego ya no está reservado a bandas que procuran dar con blancos millonarios. Es más, en Mar del Plata, en los últimos días, se usó una ametralladora para robar a los pasajeros de un colectivo. Casi al mismo tiempo, en Córdoba, otra FMK3 apareció en manos de simples motochorros.

El abastecimiento ilegal de municiones no sería un problema para los delincuentes. No está aún determinado cuántas balas desaparecieron de los depósitos de Fabricaciones Militares en Santa Fe; se estima que habrían sido 26.000. Sí hay pistas sólidas de su destino: las bandas criminales. El ministro de Seguridad santafecino, Maximiliano Pullaro, llevó al Ministerio de Defensa de la Nación pruebas de esa situación. En allanamientos de viviendas vinculadas con la banda Los Monos se encontraron cajas de balas 9 mm con las inscripciones de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán.

A fines de mayo, en un control de ruta en la localidad cordobesa de Sinsacate, un grupo de gendarmes encontró 50.000 cartuchos de escopeta 20/70 que eran transportados en forma irregular. Municiones y armas más potentes circulan al alcance de delincuentes de todo nivel.

Una Aduana al servicio del contrabando

(Editorial del diario La Nación) - Durante la conducción de Echegaray, la AFIP no sólo apañó la corrupción kirchnerista, sino que también fomentó la actividad de mafias de contrabandistas


La corrupción en los años del kirchnerismo fue altamente contagiosa, y una de las mejores muestras de esa epidemia fue la Aduana, que integra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entonces a cargo de Ricardo Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación, pese a las graves sospechas de corrupción que recaen sobre él.

En 2011, tres hermanos de apellido Paolantonio crearon una empresa de transporte con un capital de 80.000 pesos. Ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada, la firma, supuestamente dedicada al transporte de contenedores, en realidad era sólo una pantalla para una de las mayores operaciones de contrabando de las últimas décadas, que pudo llevarse a cabo sin problemas hasta el año pasado por contar con la activa complicidad de funcionarios aduaneros que cobraban importantes coimas de los hermanos Paolantonio.

En 2014, la empresa movilizó 180 contenedores, y el año pasado, más de 500. En su interior había productos generalmente fabricados en China, embarcados en Hong Kong. Mediante el pago a la Aduana de coimas que iban de 40.000 a 80.000 dólares por contenedor, los Paolantonio lograban introducir en el país cuanto deseaban.

Estas maniobras delictivas ejecutadas en gran escala y a lo largo de varios años se descubrieron cuando, tras el cambio de gobierno, asumieron las nuevas autoridades al frente de la Aduana, encabezadas por Juan José Gómez Centurión. Ante las sospechas sobre el peso de algunos contenedores, los enviaron a canal rojo para ser inspeccionados. Sin la protección aduanera, sufrían ahora el control exhaustivo de documentación y mercadería, cuando antes, gracias al arreglo, pasaban siempre por el canal verde. Entonces, comenzaron a acumularse esos contenedores en puertos y depósitos fiscales, porque obviamente nadie los reclamaba por tratarse de contrabando. Sumarían entre 3500 y 4000 contenedores, de los cuales más de 300 pertenecerían a las operaciones de los Paolantonio, quienes contaban con varias empresas importadoras cuyos titulares eran otra personas, presuntamente testaferros de los hermanos. La Aduana procedió a revocarles la habilitación a los depósitos fiscales que dieron cabida al contrabando de los Paolantonio, como los ubicados en el Mercado Central y Terminal Carga Tigre, en la zona norte.

En marzo, la Aduana efectuó la denuncia ante la Justicia. En la causa, a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, es importante que no sólo se llegue a los funcionarios aduaneros que autorizaban el ingreso al país de los contenedores con contrabando, sino también a sus superiores, y a partir de ellos determinar el verdadero papel cumplido por Echegaray. Dentro de la AFIP, la Aduana se encarga de recaudar los impuestos asociados al comercio exterior, aplicar la legislación sobre la importación y exportación de mercaderías y controlar el tráfico de los bienes que ingresan o egresan en el territorio aduanero. En esta tercera obligación es donde la Aduana no sólo fracasó, sino que fue parte activa en un delito que por sus dimensiones tiene que haber contado con la complicidad de muy importantes funcionarios.

Como informó LA NACION, una de las primeras medidas adoptadas por la nueva conducción de la Aduana fue cancelar la habilitación de varios depósitos fiscales, mientras se prepara para revisar los precintos electrónicos que se emplean para monitorear tránsitos y traslados de mercaderías. Fue Echegaray quien decidió acelerar la aplicación obligatoria de los precintos electrónicos de monitoreo aduanero.

Si bien hay cinco prestadores de los precintos, el mercado sabe que sólo tienen dos dueños: Saetech, propiedad de Miguel Pascucci, presidente de la Cámara de Depósitos Fiscales, y RSI Group, de un amigo de Echegaray: Sergio González, a quien pertenecerían las otras tres prestadoras.

En 2014 se conoció que Echegaray estuvo en un lujoso hotel de Copacabana con Jorge "el Uruguayo" Lambiris y González. En aquel entonces, a Lambiris se lo sospechaba de ser el principal proveedor de mercadería prohibida. Lambiris era, además, dueño de Carestiba, el depósito fiscal cancelado recientemente por la Aduana.

Por esas vinculaciones es que resulta imprescindible determinar el rol de Echegaray en las maniobras de contrabando. De confirmarse, el actual titular de la Auditoría General de la Nación, ya imputado en más de una causa, habría propiciado el delito que debía combatir. No sería de extrañar. Lo mismo hizo al otorgarles una inaudita protección a Lázaro Báez y a Cristóbal López, junto a quienes se encuentra acusado.

La gravedad de las imputaciones que pesan sobre Echegaray es otro argumento para que abandone su actual cargo, antes de que intente volver a usarlo en provecho propio.

Córdoba: denuncian el robo de 600 kilos de pólvora de una fábrica militar

Por Gabriela Origlia - LA NACION
Ocurrió en Villa María; este mes se produjeron dos faltantes; el establecimiento está auditado por sospechas de triangulaciones con el de Fray Luis Beltrán


CÓRDOBA.- Las autoridades de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos (FMPE) de Villa María denunciaron este mes el robo de 600 kilos de pólvora ante la justicia federal. Ayer detectaron destrozos en el alambrado posterior del establecimiento, donde no hay cámaras ni personal de seguridad. El faltante detectado ahora es de unos 300 kilos (la pólvora se almacena en bolsas de 20 kilos) mientras que el 3 de este mes habría faltado una cantidad similar, robo que también fue denunciado ante la fiscal federal María Marta Schianni.

Las presentaciones las realizó Miguel Toselli, director de la fábrica. La pólvora a granel faltante es la que se usa para llenar municiones. No se realizó una estimación económica del robo. En lo que va del mes ya se robaron 600 kilos de pólvora de la Fábrica Militar de Villa María.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hace tiempo que insisten que los depósitos hay cantidades importantes de pólvora acumulada y que las autoridades no realizan acciones para venderla. Por la acumulación de stock, incluso, hubo un freno a la producción. El gremio planteó también que las medidas de seguridad en la fábrica son precarias: sólo hay guardia en el ingreso principal. En los dos robos, la salida de la pólvora fue por la parte de atrás del predio.

OTRA CAUSA

En marzo último el Ministerio de Defensa denunció irregularidades en la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe. Las autoridades sospechan que existía un "circuito paralelo" de venta de municiones e insumos del establecimiento. Una auditoría detectó que parte de los fulminantes que figuraban como faltantes aparecieron en Villa María.

En el predio cordobés también aparecieron, 24.000 kilos de pólvora que no estaban en Fray Luis Beltrán. Lo que se comprobó es que esos insumos figuraban en Villa María en "remitos de orden interno que violan la normativa de la AFIP. Lo que se sospecha es que esas triangulaciones entre las dependencias de Fabricaciones Militares escondía un circuito paralelo de comercialización.

Negro y Tata: reyes del contrabando de contenedores para Buenos Aires

Por Matías Longoni - Clarin.com
Son dos hermanos que, en connivencia con la Aduana de Ricardo Echegaray, administraban el ingreso al país de cientos de contenedores con mercadería prohibida. Clarín accedió a documentación que exhibe con lujo de detalles esos ilícitos.

 El buque porta contenedores Valence, que hace el recorrido entre China y Sudamérica. En junio de 2014 trajo varios equipos repletos de contrabando.

A Miguel Paolantonio, de 44 años, lo llaman “Negro”. A su hermano menor de 36 años, Alejandro Paolantonio, se lo conoce como “Tata”. Conocer esos dos apodos resultará clave de ahora en más para entender una suerte de diario íntimo de la más importante banda de contrabandistas que operó en Buenos Aires en los últimos años. Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.

Entre el Negro y el Tata hay un tercer hermano, Raúl Paolantonio, de 40 años, que se ocupa de coordinar los camiones pertenecientes a la empresa Transportes DTM SRL. La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio. Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos. Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.

Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo. Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA. Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares. Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.

Parte del diario de un contrabandista, que relata día a día los negocios de los hermanos Negro y tata Paolantonio, los mayores contrabandistas de Buenos Aires en los últimos años.

Al contrabando, y no al transporte, se dedicaron en realidad los Paolantonio en los últimos cuatro o cinco años, al menos hasta diciembre de 2015. Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal con diversas medidas. La más elemental fue que todas las "latas” que despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente hacia el Canal Rojo. Es decir, debían ser abiertas para verificar la carga. Esto provocó que una gran cantidad de contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie los reclamase. Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.

“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray. Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.

"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana. Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.

Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno. Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores. Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado. A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares.

Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas. La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.

Miguel "Negro" Paloantonio era el presunto cabecilla de la organización de contrabandistas que hizo negocios millonarios en connivencia con funcionarios de la Aduana.
Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo. Según las fuentes consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables, que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio legal, para complicar los controles. En estos casos era poco necesario, pues nadie las controlaba.

El volumen de negocios en los que han participado los Paolantonio a través de estas importadoras es inabarcable. En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas. Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.

Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala. Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.

Boudou falseó facturas para justificar viáticos

Por Hugo Alconada Mon, Luisa Corradini - LA NACION
Presentó recibos apócrifos de gastos de hotel en París y coberturas de TV


Amado Boudou. Foto: Archivo

PARÍS.- La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20.

El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país y responsable del dinero de los contribuyentes, según verificó LA NACION en esta capital y en Buenos Aires.

Los ejemplos se acumulan. Dos meses antes, Boudou también había pasado por esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel, entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010, para una reunión del Club de París. La factura que presentó en el Palacio de Hacienda ascendió a 19.937 euros.

Son casi 340.000 pesos al tipo de cambio vigente hoy. Y fue -según consta en el texto- pagada en efectivo, una práctica prohibida en Francia cuando se trata de sumas importantes. Esa factura N° 88.636, de diciembre de 2010, lleva curiosamente un número posterior a la de febrero de 2011. También es falsa.

El Bel Ami es un establecimiento cinco estrellas ubicado en el corazón del Barrio Latino, a escasos pasos del célebre Café de Flore, lugar donde solían reunirse las grandes figuras del existencialismo francés a mediados del siglo XX. Moderno, cómodo, discreto y acogedor, el hotel está lejos de responder al nivel de un "palace", donde el precio de las habitaciones supera fácilmente los 3000 euros. En el Bel Ami, la suite más cara cuesta 1130 euros por día. Y no era ésa la que solía ocupar el entonces ministro.

"Todo lo que figura en estas facturas es absolutamente inverosímil en un hotel de cinco estrellas como el nuestro: el pago en efectivo, la ausencia de cantidad de habitaciones ocupadas, la inexistencia de IVA (TVA, según sus siglas en francés) en una de ellas, la omisión del impuesto a la estadía (taxe de séjour) en otro de los casos, la inclusión de los vehículos con chofer que jamás figuran de ese modo y hasta la forma absurda de listar ese servicio, el cual denominan «auto» en vez de «location de voiture»", constató con asombro uno de los principales responsables del establecimiento en declaraciones a LA NACION.

Pero todos esos errores, en verdad, tienen relativa importancia. La realidad es que "esas facturas simplemente no existen", resumió la misma fuente, después de controlar los archivos informáticos del hotel. Con su autorización, uno de sus empleados mostró a LA NACION en la pantalla de la recepción que ambos números de factura corresponden a otros huéspedes. "Tiene que haber un error.

El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros", concluyó consternado. Durante la investigación, y para comparar en forma independiente el sistema de facturación del hotel con los documentos presentados por Boudou, LA NACION también se alojó una noche en el Bel Ami.


Las dos facturas que presentó el ex ministro comparten algo más. Fueron refrendadas con su firma por el entonces "jefe de Secretaría Privada" de Boudou, Eduardo Romano, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. Conocido en Mar del Plata como "Cachi", es uno de los mejores amigos de "Aimé" y luego pasó a integrar la planta del Senado con la categoría 1, la más alta y mejor paga del escalafón.

Ambos, Boudou y Romano, acumulan antecedentes judiciales. El ex vicepresidente se encuentra procesado por su rol en el caso Ciccone, se encamina al juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto y en diciembre pasado afrontó un pedido de indagatoria por la presunta adulteración de su DNI.

"Cachi" Romano, por su parte, también debió declarar ante la Justicia por el caso Ciccone, pero para explicar dos llamadas que recibió de un teléfono asignado a Alejandro Vandenbroele y porque su tarjeta de negocios fue encontrada en la planta de Ciccone Calcográfica durante un allanamiento. Antes, en junio de 2012, fue indagado en Mar del Plata por el presunto cobro de subsidios fiscales irregulares.

Una y otra vez, Romano fue el encargado de rendir las cuentas de los viajes de Boudou como ministro de Economía y, después, como vicepresidente de la Nación. Y las irregularidades se acumularon, según reconstruyó LA NACION.

Otras facturas de otros viajes de Boudou también resultan llamativas. Es el caso de, por ejemplo, la que emitió la firma TVT (Televisión Turística de América SA) el 28 de septiembre de 2010 por la "cobertura fílmica de la participación del señor ministro de Economía de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York".

Refrendada, como las anteriores, por "Cachi" Romano, la factura que emitió TVT por seguir a Boudou un par de días durante su viaje por Nueva York ascendió a 5000 dólares (unos 60.000 pesos al cambio actual). Pero lo hizo a pesar de que el ministro integraba la comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cobertura a cargo de la productora La Corte.

No sólo eso. La firma TVT que facturó por cubrirlo en Nueva York es de Cancún, México. La factura 0524 se redactó a mano. Y aparecen dos números de teléfono que hoy no funcionan, como también una página de Internet que tampoco se encuentra activa. La productora es hoy, en sí, inhallable.

Descubren un desarmadero, donde preparaban autos de alta competición

(La Nación) - Funcionaba como un supuesto taller; secuestraron tres coches de carrera, uno de ellos de origen alemán de alta gama, además de 140 autopartes de dudosa procedencia

Uno de autos hallados en el desarmadero ilegal. Foto: M. de seguridad

El taller mecánico, donde se preparaban y reparaban vehículos de alta competición, en el barrio de Mataderos, era en realidad un desarmadero de automóviles, donde detectives de la Policía Federal secuestraron 140 autopartes ilegales.

En el allanamiento, realizado en por personal de División de Sustracción de Automotores y de la Dirección de Desarmaderos del Ministerio de Seguridad, los policías también secuestraron tres autos de carrera, uno de alta gama, un BMW, un Fiat Uno y un Corsa con numeraciones adulteradas, entre otras irregularidades, según lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. "Los autos de competición corresponderían a la categoría Turismo Internacional, categoría promocional del automovilismo nacional que este fin de semana la clase dos y súper disputarán la cuarta fecha en el Autódromo Oscar y Juan Galvez", agregaron los voceros consultados. El taller mecánico funcionaba en Larrazábal al 1900. La causa judiciales está a cargo del juez de instrucción porteño Luis Schelgel.

De las 140 autopartes secuestradas, según explicaron las fuentes del caso, hay 26 puertas, seis cajas de velocidad, cinco bastidores de motor, cuatro capots, 11 espejos retrovisores, 36 ruedas y ocho llantas, varios semiejes y tanques de combustible, entre otros elementos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: "La lucha contra este tipo de delitos es muy importante por la violencia que generan los robos de autos. Ahora pudimos secuestrar una cantidad de documentación que nos permitirá ir a fondo en la investigación". Por su parte, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, explicó: "Detrás de estos talleres hay toda una cadena de robos, desarme y venta de autopartes que seguiremos desarticulando".

Corrientes: detienen a un ex gobernador

Por Alfredo Zacarías (Clarin.com)
Se trata de "Tato" Romero Feris. Deberá cumplir siete años de prisión.


Foto de archivo del ex gobernador Tato Romero Feris.

El ex gobernador e intendente de Corrientes Raúl Rolando “Tato” Romero Feris fue este martes detenido por orden del Tribunal Oral Penal número 2 de Corrientes que unificó la sentencia de tres causas en su contra y le dicto doce años de prisión, de los cuales ahora deberá cumplir siete años y siete meses. Romero Feris había sido citado el pasado jueves por el Tribunal para que se presentara ante el Juzgado de Ejecución de Condenas a los efectos de quedar detenido y ser alojado en algún lugar donde deberá cumplir la pena que está fijada desde 2012, pero que recién ahora el Tribunal la ordenó cumplir.

El plazo para su presentación venció el lunes. Pero Romero Feria apeló a un certificado médico que le diagnosticaba un cuadro de abdomen agudo para evitar ser detenido. Tras comprobarse que igualmente podía ser conducido a un lugar de detención, la justicia le otorgó hasta la mañana del martes para que se presentara voluntariamente, algo que tampoco hizo.

Cuando un grupo se efectivos policiales llegó este martes a su casa para detenerlo, fueron informados que se encontraba internado en un céntrico sanatorio de Corrientes al que había concurrido por su voluntad. La juez de ejecución de condenas ordenó entonces su detención en ese lugar hasta que se resuelva su supuesta situación médica, algo que resolverían los forenses, para luego trasladarlo a un lugar de detención.

El ex hombre fuerte de Corrientes, fue presidente de Confederaciones Rurales Argentina, CRA, ministro de hacienda de la provincia, dos veces intendente de la Capital y gobernador de la provincia entre 1993 y 1997, además de fundador del hoy casi desaparecido Partido Nuevo tras escindirse del otrora poderoso Partido Autonomista. Recibió varias condenas por delitos de corrupción durante su gestión como intendente de la Capital, cargo que ocupó entre 1997 y 1999 luego de abandonar la gobernación de la provincia y de donde fue desplazado por una intervención dispuesta por la Legislatura Correntina en el marco de una profunda crisis provincial política y financiera y que arrastró también al por entonces gobernador Pedro Braillard Poccard.

Desde 1999, Romero Feris cumplió tres años y medio de prisión mientras era juzgado por causas en la que se investigaba la rendición de fondos municipales con facturas de empresas inexistentes y el desvió de fondos de obras que ni siquiera se llegaron a concretar en la dimensión que se hizo figurar.

Además de las condenas a prisión, Romero Feris recibió la pena de inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, una sentencia contra la que lucha desde aquella época con la intención de volver a tener injerencia en la vida política provincial, algo que logró a medias en los últimos años en alianza con distintas fuerzas políticas, lo que le permitió colocar a su esposa, Nora Nazar como legisladora provincial.

Investigan si se robaron armas de los depósitos del RENAR

Por Daniel Santoro - Clarin.com
La titular de ese organismo empezó un inventario. Si confirma faltantes, formulará una denuncia penal.


Hoy por hoy el Registro Nacional de Armas (RENAR) -el organismo encargo de controlar las armas de fuego- no sabe a ciencia cierta cuántas armas tiene en resguardo debido al, por lo menos, desorden que las nuevas autoridades heredaron del kirchnerismo.

Pero lo más grave es que se sospecha algunas armas automáticas, como ametralladoras Halcón o de grueso calibre fueron robadas de los propios depósitos del RENAR y vueltas al mercado negro. Había sido un robo hormiga. Por lo menos, un par de armas que estaban bajo custodia de ese organismo fueron usadas en crímenes comunes en Formosa y Misiones. Además, en el 2012 se había robado “entre 120 y 200 armas cortas” del depósito que tenía antes el RENAR en su sede central de Bartolomé Mitre al 1.500. Este caso lo está investigando el juez federal Sebastián Casanello por una denuncia del propio RENAR.

Luego de que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner afirmaron haber retirado “300 mil armas sin registrar” de la sociedad civil a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el problema es el mercado negro de armamento (Ver recuadro). Las fuentes de este mercado son el contrabando o el robo hormiga al RENAR, a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. Todo agravado con el hecho de que bandas de narcotraficante usan, cada vez, armas automáticas más sofisticadas de procedencia extranjera. Según un informe del ministerio de Salud, en el país mueren ocho personas por día por el uso de armas de fuego.

Ante aquella situación, la nueva titular del RENAR, Natalia Gambaro, pidió por escrito un inventario que detalle cuántas armas están secuestradas, retenidas a la espera de una resolución judicial o a la espera de ser destruidas y la respuesta del Coordinador de Gestión Técnica y Resguardo de Materiales Controlados, Pablo Balza, fue que “me encuentro imposibilitado de hacerlo por falta de recursos idóneos”. De Balza depende el Banco Nacional de Material Controlado (BANMAC), ubicado en la localidad bonaerense de San Martín, donde están las armas almacenadas, y otro depósito que se encuentra en Boulgone dentro de un predio militar. Se trata del hijo del ex jefe del Ejército, general Martín Balza.

Pesa a que Cristina Kirchner inauguró, el año pasado, con bombos y platillos el BANMAC junto al titular del RENAR y entonces candidato a intendente de San Fernando por La Cámpora, Matías Molle, Gambaro encontró el depósito en un desorden total (Ver foto).

En una disposición interna número 001/2016, Gambaro solicitó a la Escribanía General de la Nación que “arbitre los mecanismos de preservación que fueran necesarios para mantener la inalterabilidad de los lugares de resguardo del material controlado”. Así se procedió a inspeccionar y fajar los depósitos con armas. Además, se pidió a los ministerios de Defensa y de Seguridad y a la Policía Metropolitana expertos en armas para que, junto a dos especialistas del RENAR, actúen como veedores mientras inspectores de ese organismo controlan una por una las armas en resguardo para pasarlas a una base de datos consolidada que abarque a todo el país.

En una entrevista con Clarín, Gambaro estimó que en un mes terminará este inventario y que si se descubre “un faltante significativo de armas, haré una denuncia penal” contra quien corresponda. Se estima que el RENAR debe tener unas 40 mil armas en resguardo por pedido de la Justicia. Estas se deben conservar porque son pruebas en alguna causa judicial y solo un juez puede ordenar su destrucción.


Gambaro quiere terminar rápido el inventario para combatir el mercado negro de armas. En cambio, depende del Congreso si se extiende el plan voluntario de entrega de armas porque supone una amnistía de hecho. Pero el problema más grave es la falta de depósitos seguros para preservar este tipo de armas en las provincias. Gambaro firmó un acuerdo de cooperación con Santa Fe para comenzar un inventario, que quiere luego extender a todas las justicias y policías del país.

Descubren que Báez compró seis hectáreas de un Parque Nacional

(Perfil.com) - Se trata de terrenos del Parque Los Glaciares. También realizaron allanamientos en propiedades en Comodoro Rivadavia.  Galería de imágenes.
Una serie de propiedades pertenecientes al empresario Lázaro Báez y a su familia fueron allanadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, al sur de Chubut, en el marco de la causa por lavado de dinero. Entre esos terrenos, descubrieron que Báez había adquirido seis hectáreas de un Parque Nacional en El Chaltén.

Según confirma Clarín, estas seis hectáreas de un Parque Nacional pasaron a ser propiedad de Lázaro Báez, a través de la complicidad del gobierno de Santa Cruz, que logró escriturar dichos terrenos a nombre del empresario, quien los adquirió a un bajo costo. Las hectáreas son del Parque Nacional Los Glaciares y deberán ser expropiados por el Estado Nacional una vez que finalicen los allanamientos.

Por otro lado, se llevaron a cabo más allanamientos en la ciudad chubutense durante el fin de semana, en propiedades de Báez situadas en el cordón industrial y forestal de la ciudad y en una agencia de autos de alta gama, aunque medios de la provincia señalaron que continuarán en los próximos días.

Los ocho allanamientos realizados a las propiedades de Báez fueron realizados por personal de la XIV Agrupación de Gendarmería, con asiento en Comodoro Rivadavia, en tanto también participó de las tareas el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La semana pasada se llevaron a cabo decenas de allanamientos en Río Gallegos y El Calafate, Santa Cruz, encabezadas por el fiscal Guillermo Marijuan, en procura de encontrar pruebas sobre los delitos que se le imputan a Báez, acusado de lavar dinero procedente de sobreprecios de obras públicas.

Revés para Cristobal López en la causa por su millonaria deuda con la AFIP

Por Lucio Fernández Moores - Clarin.com
La investigación sobre el empresario kirchnerista. Oil Combustibles debe casi 8 mil millones de pesos y ahora la Justicia Nacional podría intervenir en el concurso de acreedores. El empresario K apostaba a mantener el expediente en Chubut.

Estación de servicio Oil. Foto Pedro Lázaro Fernández

Un juez nacional de comercio declaró hoy la competencia de ese fuero para intervenir en el concurso de acreedores presentado en la provincia de Chubut por la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López, porque su domicilio es en la Capital Federal y no en la ciudad de Comodoro Rivadavia, informaron esta tarde a Clarín fuentes judiciales.

De esta manera, el juez Héctor Hugo Vitale ordenó comunicar al juez chubutense Gustavo Toquier que deberá inhibirse de seguir con el trámite del concurso y que si no está de acuerdo que remita el asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el único tribunal superior común a ambos magistrados para resolver el conflicto de competencia.

La medida adoptada por Vitale fue a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la que Oil Combustibles adeuda casi 8 mil millones de pesos. La AFIP ya había denunciado a la firma por "insolvencia fiscal fraudulenta" ante la Justicia Penal Económico, pero esta causa seguramente terminará en el fuero penal federal ya que allí se imputó también este hecho a través del fiscal Gerardo Pollicita y en el marco de la causa por "asociación ilícita" entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios beneficiados con la obra pública. Además, la AFIP obtuvo una medida cautelar en el fuero Contencioso Administrativo que frenó cualquier movimiento en varias de las empresas del Grupo Indalo.

Oil Combustibles se había presentado ante la Justicia chubutense con el inicio del trámite de cambio de domicilio ante las autoridades de esa provincia, pero como el traspaso aún no había sido aprobado por la Inspección General de Justicia (IGJ) nacional, los expedientes de la sociedad están en la Capital Federal y no en Comodoro Rivadavia.

Vitale aclaró en su resolución, firmada tras un dictamen favorable de la fiscal Raquel Mercante, que una vez recibido el concurso en los tribunales nacionales enviará el caso a la Cámara de Apelaciones del fuero para que se sortee el juzgado capitalino que intervendrá en el caso.

Una pelea que para la Ciudad ya tiene precio: $ 4 mil millones

(Clarin) - El empresario K, en la mira. Con las tragamonedas en Palermo, López nunca pagó Ingresos Brutos. Un emisario de Macri ya lo intimó.

Cristobal Lopez, el empresario que más creció durante el kirchnerismo.

El ingreso de Lotería Nacional al Hipódromo de Palermo y al casino flotante de Puerto Madero fue la última señal que recibió Cristóbal López de parte del Gobierno de Macri. Hubo otras antes: la primera fue el año pasado cuando la Ciudad frenó una licitación de Lotería Nacional que le entregaba en bandejas los cinco bingos porteños al empresario K. La última, la intimación a pagar una millonaria deuda impositiva que los casinos mantienen con la Ciudad.

Fue hace algo más de un mes. Fabián Rodríguez Simón, abogado y asesor de Macri, le había dado 30 días a López para que pagara una deuda estimada en $ 4 mil millones por Ingresos Brutos que acumula desde 2003 por lo que recauda con las máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. El pago nunca se efectuó y no parece casual que, cumplido el plazo, Lotería haya ingresado a las salas de López para controlar por primera vez sus máquinas tragamonedas. No había pasado nunca en los 12 años de gobiernos kirchneristas. De hecho, nadie auditaba lo que López factura con sus 4.500 máquinas. Sólo él lo sabe.

La relación de Cristóbal López con el juego en la Ciudad arrancó en 1999. Asociado a los españoles de CIRSA se quedó la licitación que el presidente Carlos Menem hizo por un casino en Puerto Madero. Técnicamente no estaba en tierra: era un barco (luego fueron dos) que flotaba en territorio federal. Esa fue la excusa para esquivar los controles y los impuestos que debía tributar a la Ciudad. Fernando De la Rúa como intendente intentó clausurarlo. Estuvo cerca aunque siempre chocó contra fallos judiciales. En resumen, hubo en todo este tiempo15 amparos, fallos en todas las instancias y hasta tres sentencias de la Corte Suprema. Y los barcos nunca zarparon.

Ya como presidente, De la Rúa habilitó la instalación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo, que estaba en ruinas y concesionado en manos del empresario Federico de Achával. Por un lado rescató a la actividad hípica. Pero por el otro, le abrió la puerta a Cristóbal López. La llave se la dio Néstor Kirchner. Como las aguas de Puerto Madero, el hipódromo es considerado territorio federal. Lo asoció con De Achával y juntos llevaron el juego en Palermo a su máxima expresión. Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno buscó la manera de que la explosión favoreciera a las arcas de la Ciudad. Terminó arreglando con Kirchner un canon irrisorio al lado de las ganancias que ya generaban las tragamonedas. Otra vez había ganado Cristóbal.

Hace dos años, intentó renovar el convenio a cambio de que le perdonaran la deuda de Ingresos Brutos. Estuvo cerca de conseguirlo. Se lo voltearon. Su suerte en el juego había comenzado a cambiar.

El titular del PAMI mostró escenas insólitas de cómo encontró la obra social de jubilados

(Clarin.com) - Tras pasar por Diputados. Carlos Regazzoni habló de clínicas fantasmas que facturaban millones de pesos, de 16 mil sillas de ruedas que hallaron oxidándose en un depósito y más irregularidades.

Regazzoni dijo que encontraron 16 mil sillas de ruedas oxidándose en el PAMI.

El titular del PAMI, Carlos Ragazzoni, defendió hoy en diputados su gestión en la obra social de los jubilados y denunció que allí se había creado una estructura con un único fin: desplegar lo que denominó como “un plan de robo sistemático de los recursos de los más necesitados”. Como si con palabras no alcanzara, el funcionario de Cambiemos publicó en su cuenta de Twitter dos insólitas postales del desastre con el que se encontró al tomar el mando en el PAMI. En una, la más elocuente, hay miles de sillas de ruedas apiladas en un galpón.

“Cuando llegamos al PAMI encontramos 16 mil sillas de ruedas oxidándose en galpones. Son 16 mil argentinos olvidados”, graficó. Raggazoni contó que descubrieron, además, la existencia de dos clínicas fantasmas que supuestamente le prestaban servicios a la obra social de jubilados y pensionados. “Le facturaban al PAMI $25 millones por internaciones que no hacían”, sostuvo.

“No sólo no se controlaba, se usaba el control para robar. Así estaban auditorías millonarias que habían contratado”, afirmó el funcionario desde Twitter y mostró otra imagen caótica.

La foto es categórica: cajas con documentos apiladas y otras tiradas en el piso y papeles por todos lados en una oficina que parecería haber sido azotada por un terremoto. “Durante 10 años se montó una estructura de robo sistemático al PAMI. El PAMI no fue una isla durante la Argentina de Lázaro Báez”, concluyó.

Algunas imágenes de cómo encontró el PAMI su nuevo titular, Carlos Regazzoni

Presentan pruebas de un circuito privilegiado para pagarle a Báez

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario


El empresario kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de financiar rutas nacionales, le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas. La nómina correspondiente a enero del año pasado llevaba en el margen derecho un mensaje manuscrito: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figura Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, que según documentos que vio LA NACION tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.

Aunque "los 10 primeros" de la nómina encierran otros nombres, como el de Iecsa -la compañía de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri -, la prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repite en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad.

La prioridad de pago a las firmas del empresario patagónico es la base de una demanda penal que Javier Iguacel, actual titular de la DNV, presentó el martes en la Justicia y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. La denuncia sugiere que Báez, López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido montaron una organización para defraudar al Estado. Y reclama que se investigue la eventual comisión de varios delitos.

Entre ellos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.

Se trata del paso más importante que dio el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el terreno judicial contra el dueño de Austral Construcciones. "Advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin. Esta denuncia tiene por objeto iniciar el proceso para desentrañar y llegar a individualizar a todos y a sus principales responsables", plantea el texto presentado por la DNV, al que accedió LA NACION.

Iguacel se presentará hoy ante Ercolini en Comodoro Py para ratificar la denuncia, que va acompañada por pruebas, muchas de ellas recolectadas a partir de una auditoría que hizo Vialidad.

El documento que se presentó a la Justicia sostiene que Obras Públicas indicaba de manera habitual qué empresas debían cobrar y en qué proporción, hasta agotar la cuota presupuestaria del período. La comunicación se efectuaba a través de correos electrónicos dirigidos a DNV, que disponía los pagos indicados y los giraba a Economía.

Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.

Sobre esa base la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.

Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).

En paralelo, el kirchnerismo favoreció la realización de obras en Santa Cruz. Hasta enero de este año se habían adjudicado trabajos por $ 21.269 millones, 4,2 veces más que en Chubut, casi 2 veces más que en Río Negro y 15 veces por encima de lo que recibió La Pampa, todas provincias con más población.

Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.

Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%. Según el censo de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene 15,6 millones de personas, que recibieron, cada una, $ 73,80 para rutas en 2013. Los patagónicos obtuvieron $ 3261,78, es decir, 44 veces más.

Antes de tiempo

Los beneficios de las compañías de Báez por encima de sus competidoras se profundizaron a medida que se acercaba el fin del mandato de Cristina Kirchner. Aunque el sector de la construcción reclama retrasos de meses en los pagos, registros de la DNV indican que al 20 de noviembre del año pasado las empresas de Báez habían cobrado certificados de obra por adelantado, que vencían el 4 de enero de este año.

Sobre la base de esa información, la denuncia de Iguacel sostiene que el gobierno anterior "estableció un sistema donde no sólo se priorizó y se garantizaron pagos de certificaciones sobre las restantes empresas contratadas por la DNV, sino que se estableció un circuito de pagos irregular y de excepción, el cual permitió a las empresas del grupo reseñado cobrar los certificados de obra en plazos aún menores que los establecidos contractualmente y de manera altamente beneficiosa, respecto de las demás empresas contratistas".

Iguacel también denunció ayer en declaraciones a Radio Continental sobreprecios en las obras viales. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con $ 150, $ 200 millones terminaban costando $ 3000", sostuvo.

El circuito de los pagos por adelantado - Los funcionarios kirchneristas beneficiaban a las empresas de Lázaro Báez. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia en la que acusa a la administración kirchnerista de defraudar al Estado, entre otras cosas, por favorecer los pagos para las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El patagónico se quedó con cerca del 80% de las obras viales de Santa Cruz

José López - Ex secretario de Obras Públicas - Respondía en el organigrama a Julio De Vido, pero tenía juego propio por su cercanía a Néstor Kirchner. Es uno de los principales engranajes dentro del circuito de pagos privilegiados que beneficiaron a Austral Construcciones y a otras compañías de Lázaro Báez.

Julio De Vido - Ex ministro de Planificación - Aunque su nombre no aparece de manera directa en la denuncia que presentó la DNV, sí está mencionado su ministerio. Eso se debe a que tanto obras públicas como el organismo encargado de licitar y financiar las rutas estaban dentro de su órbitra.

Guillermo Periotti - Ex titular de la DNV - Fue el jefe del organismo (Vialidad) encargado de licitar y pagar obras viales en todo el país, por lo que manejó uno de los mayores presupuestos de la Nación. Lo acusan de promover un circuito de pagos a favor de Lázaro Báez y en detrimento de otras firmas.

Lázaro Báez - Dueño de Austral construcciones - Autral Construcciones y Kank y Costilla, dos compañías del empresario, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4 % de todas las rutas que se hicieron en Santa Cruz. Una auditoría del Gobierno indica que cobraban a 60 días, un plazo mucho más corto que el de otras firmas.

Mapa de las propiedades de Baez

En 2015 hubo 10.500 muertos y heridos en robos en todo el país

Por Daniel Gallo - LA NACION
El Gobierno difundió datos criminales por primera vez desde 2008; la tasa de homicidios en la Argentina es de 6,6


Más de 10.500 personas fueron heridas o muertas el año pasado durante robos en todo el país. Ese dato sobre la violencia cotidiana, donde cada hora un asalto termina en un hecho de sangre, quedó reflejado en la estadística criminal presentada ayer por el Ministerio de Seguridad, la primera en ocho años.

La ministra del área, Patricia Bullrich, difundió cifras que estaban vedadas al público desde 2008. La situación actual empeoró al menos un 10% con relación a aquel año, en que el acceso a tal información fue bloqueado por el gobierno anterior. Las cifras del año pasado marcan, también, una leve disminución con respecto a las de 2014, comparación que puede realizarse ahora a partir de la apertura de las estadísticas.

"Es obligación del Estado brindar estadísticas oficiales. Antes había una idea de reportar menos para hacer creer que el delito no existía", dijo Bullrich, que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales.

La información, que puede servir como punto de partida de posteriores análisis, señala que 2837 personas fueron asesinadas en 2015. Esa cantidad -que agrupa tanto homicidios en robo como en riñas o en casos intrafamiliares- significa un 13% con respecto a lo sucedido un año antes y representa una tasa de homicidios de 6,6 cada 100.000 habitantes.

Ese dato ofrece dos lecturas rápidas: por un lado, se trata de una de las tasas de asesinatos más bajas de América latina (sólo mejorada por Chile, con 3,1 cada 100.000); por otro, está bastante lejos de las cifras de los países desarrollados: en los Estados Unidos, es de 3,8; en Canadá, de 1,4; en Francia, de 1,2; en Gran Bretaña, de 1; en Italia, de 0,8, y en España, de 0,6 cada 100.000 habitantes.

No obstante, la certeza de que 10.500 personas fueron heridas o muertas en ocasión de robo confirma el nivel de violencia del delito. Sólo la mala puntería y la pericia médica evitaron que se registraran más heridos y muertos.

La estadística reveló la disminución de las tasas de homicidios de la región metropolitana: hubo 7,4 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires y 5,4 en la Capital. La tasa más alta en 2015 se registró en Santa Fe: fue de 12,2 y duplicó el promedio nacional. Las autoridades santafecinas afirman que sus datos de asesinatos incluyen aquellos heridos que murieron posteriormente en hospitales; dudan de que otros distritos utilicen idéntico parámetro. En general, el registro criminal se parece más a una foto del momento del hecho, sin seguimiento de eventuales cambios en los desenlaces.

La ciudad de Buenos Aires aparece con altas cifras de delitos contra las personas y la propiedad. La tasa de robos en 2015 fue de 2064 cada 100.000 habitantes, sólo superada por Mendoza. La provincia cuyana también tiene alarmantes indicadores, con las tasas más elevadas del país en robos, delitos varios contra la propiedad y contra las personas; su tasa de homicidios, de 7,5, la coloca en segundo lugar, detrás de Santa Fe. Ambos distritos son, en los últimos años, escenario de luchas sangrientas por el control del narcomenudeo.

Para la ministra Bullrich, la merma en denuncias de robos observada entre 2014 y 2015 tiene más que ver con la falta de confianza en la respuesta pública (esto es, menos denuncias realizadas) que con una real disminución del delito.

Caída de decomisos

Algo similar intuye la funcionaria en cuanto a la drástica caída del decomiso de cocaína, de las 10 toneladas incautadas en 2014 a las seis de 2015. "Realmente es una baja importante y no consideramos que haya entrado menos cocaína ese año en la Argentina", afirmó. También se notó una importante declinación en las cifras de decomiso de drogas sintéticas: del récord alcanzado en 2014, con 634.158 pastillas, a las 21.749 secuestradas un año después. En este caso, hubo un par de golpes a laboratorios en plena producción que alteraron el promedio de capturas en 2014.

En cambio, fue récord el decomiso de marihuana durante 2015, con cerca de 198 toneladas secuestradas tanto por las fuerzas de seguridad federales como por las provinciales. Las cifras parciales de captura permiten intuir que este año esa cifra podría ser superada, al menos en cuanto a las incautaciones realizadas por las fuerzas federales.

"No se puede hacer una política de seguridad seria sin estadísticas", señaló Bullrich al hacer públicas las esperadas cifras del delito.

La recuperación de las cifras

Datos oficiales - En general, los delitos aumentaron 10% si se comparan las cifras de 2015 con la información de 2008, último año en el que se habían difundido estadísticas de seguridad. De todas maneras, se registró una disminución de homicidios y robos de 2014 a 2015

12,2 Tasa de muertes - Santa Fe quedó con la tasa más alta de homicidios del país en 2015; las autoridades santafecinas afirman que las diferencias con otras provincias se explican, en parte, porque ellos registran también los heridos que mueren en hospitales. Mendoza, con 7,5 y Buenos Aires, con 7,4, tuvieron las tasas más importantes de asesinatos