Las bandas de la feria se asociaron con el Estado para tener impunidad

Por Matías Dewey - LA NACION

La Salada es el exponente de una economía tan ilegal e informal como necesaria para muchas personas por su oferta de empleos. La clase política hace rato que conoce sus beneficios. Intendentes, concejales, diputados, secretarios de comercio, gobernadores y hasta presidentes han financiado sus campañas y carreras políticas gracias a Jorge Castillo y a la economía que él representa.

En estos días, La Salada parece reducirse a un empresario detenido; el representante de un mundo que parece estar en otro planeta y no a metros de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie parece muy interesado en averiguar cómo ese mercado ha perdurado tanto tiempo. Para empezar, habría que decir que la feria de La Salada es el "mercado central" de la indumentaria en la Argentina.

La Salada es el lugar al cual miles de talleristas informales de indumentaria llevan a vender lo que producen y otros miles, provenientes de todos los rincones del país, llegan a comprar para revender. La razón es simple: la mayor parte de las familias de las clases populares o medias argentinas no pueden afrontar los precios de la ropa producida legalmente. Eso es La Salada: un shopping de ropa de bajo costo que, gracias a extendidas redes de comercio, viste a gran parte del país.

Todos los partidos políticos, grandes y pequeños, peronistas y no peronistas han visitado las instalaciones de La Salada y han dejado que ésta se convierta en lo que es a cambio de votos y dinero.

Y los partidos gobernantes, tanto a nivel municipal como provincial y nacional han renunciado a su obligación de normalizar y formalizar esa economía a cambio de que La Salada genere puestos de trabajo informales, desaliente protestas y permita el acceso a la ropa a millones de personas.

Pero los socios del líder de La Salada no han sido únicamente políticos. Paradójicamente, quienes lo detuvieron, la policía bonaerense, han sido sus socios durante los últimos veinte años. Han sido las fuerzas de seguridad las que, hasta los últimos días, se dedicaban a coimear tanto a compradores como a fabricantes de ropa. Mediante esa metodología promovían la recaudación ilegal de dinero, que luego terminaba en manos de inspectores, comisarios, jefes de brigadas y del poder político.

Por todo esto, nada de lo que sucede en las dieciocho hectáreas que ocupan los mercados de La Salada se entiende sino se repara en la presencia ilegal del Estado municipal y de las fuerzas policiales. El orden instaurado dentro de esos predios es la contracara del comportamiento de inspectores municipales, policías y dirigentes políticos, tradicionalmente más interesados en retribuciones económicas que en hacer cumplir reglamentos y respetar derechos.

Negocios policiales

En 2013, un altísimo funcionario, luego de relatarme cómo iban a pedir dinero para campañas, señalaba la intendencia lomense y me advertía: "Allá, en La Salada, no se mueve un pelo si no dan la orden acá." En los pasillos de las ferias hay mesas de juego controladas por comisarios y legiones de policías recorren los pasillos buscando ropa falsificada y cobrando un impuesto ilegal. Hay grupos de las ahora famosas "mecheras" que trabajan con guardaespaldas y roban para policías.

Y entre todo esto, inspectores y policías ceden a barrabravas la instalación de estructuras metálicas, algo más de 2900 puestos externos, a cambio de una porción de los alquileres. Esa es, en resumidas cuentas, la lógica que ha instaurado el Estado en La Salada y sus alrededores: una constante liberación de zonas a cambio de una porción del dinero recaudado ilegalmente. La consecuencia de esto es tremenda: una incesante invitación a cometer delitos, a la formación de bandas que se asocian al Estado para delinquir.

No son las fuerzas policiales estatales aquellas que velan por la seguridad de los compradores y vendedores de La Salada sino los ejércitos de policías privados contratados por los líderes de las ferias. Ellos intentan instaurar un orden defectuoso ante un Estado que participa tercerizando sus obligaciones y recaudando ilegalmente.

La feria de La Salada está emplazada en Ingeniero Budge, distrito de Lomas de Zamora, una de las zonas más relegadas del país y a tan sólo un kilómetro de la capital del país. En esa zona del conurbano, la política y el Estado muestran su cara más despiadada y atroz: el índice de homicidios quintuplica al de la ciudad de Buenos Aires; prácticamente no existen los títulos de propiedad; el consumo de paco y cocaína es regenteado por la policía; no entran las ambulancias y apenas existe un hospital desvencijado; la policía detiene y encarcela ilegalmente a jóvenes; mujeres, hombres y niños adolecen de enfermedades extrañas y el agua suele estar contaminada.

Y sin embargo, aunque parezca inexistente, el Estado y la política están ahí, presentes, dirigiendo diariamente los destinos de miles de personas. Ambos han fomentado y aprovechado esta estructura de la que ahora se horrorizan y denuncian. Ambos han frecuentado a los líderes de las ferias que ahora parecen desconocer. Y ambos se espantan al enterarse de que existe "violencia de género" cuando en esa zona, como señala Javier Auyero y María Fernanda Berti, existe todo tipo de violencia.

Este es el contexto en el cual, para bien o para mal, La Salada se ha convertido en la única posibilidad de futuro; la única manera que tiene una porción de la población de lidiar con la precariedad y pensar que otra vida es posible.

Para que el "golpe a las mafias" sea algo creíble, y no tan sólo una gestión de la opinión pública de cara a las elecciones, sería deseable que no todo termine con el líder de La Salada. Sería una buena ocasión para que los políticos transparenten un problema con el que se encuentran una y otra vez: cómo financiar sus carreras políticas y sus elecciones. Y finalmente sería una gran oportunidad para impulsar un debate acerca de cómo transformar la economía que lidera La Salada. Cerrar este mercado puede ser tan perjudicial para millones de personas como dejar que todo siga así, hasta que vuelva a ser noticia.

El autor es sociólogo e investigador en el Max Planck Institute for the Study of Societies en Colonia, Alemania. Autor de El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina (Katz Editores)

La guerra después de la guerra: crece la lucha de las potencias por Siria

Por Ricard González - LA NACION

Con Raqqa, la capital del califato de EI, a punto de caer, los gobiernos de EE.UU., Rusia, Irán y Turquía se enfocan en la reconfiguración del orden político del país

Un barrio en Damasco bajo control rebelde, bombardeado por el régimen sirio. Foto: Mohammed Ey Ad / AFP

TÚNEZ.- A medida que se estrecha el cerco a Raqqa, la capital del autoproclamado califato de Estado Islámico en territorio sirio, aumenta el apetito de las diversas potencias regionales y mundiales que llevan más de seis años invirtiendo fondos y capital político en la brutal guerra en Siria.

Con la caída del gobierno del presidente Bashar al-Assad convertida en poco más que una quimera, sobre todo tras su decisiva victoria en el frente de Aleppo, falta todavía por saber cuál será la configuración del sistema político de la posguerra y, sobre todo, si las diversas regiones del país contarán con una amplia autonomía, lo que permitiría a las potencias extranjeras mantener sus diversas zonas de influencia.

Sin embargo, aún no es el momento de las negociaciones definitivas que definirán las características del nuevo orden político. Las conversaciones de Ginebra están estancadas, mientras cada una de las partes aún confía en avanzar posiciones sobre el frente de batalla, y disponer así de una posición de más fuerza en la futura mesa de negociaciones.

Actualmente, es el momento de perfilar las fronteras internas y hacerse con la mayor parte posible del territorio que cede el califato menguante de EI. A la vez que compiten, rusos, norteamericanos, iraníes y turcos -cada uno con su milicia o ejército subrogado- están preocupados por establecer unas mínimas reglas del juego en esta fase final de la partida que evite una escalada violenta entre ellos a partir de una escaramuza no deseada. Los qataríes y los sauditas parecen más distraídos en sus querellas internas en el Golfo Pérsico.

El reciente derribo de un cazabombardero del régimen sirio ha sido una señal de alarma sobre el peligro de que el conflicto degenere en una guerra regional o en una lucha armada entre las potencias implicadas.

Sin embargo, este no es el único encontronazo entre el ejército estadounidense y el sirio o sus aliados. En abril pasado, después del presunto uso de armas químicas por parte de las fuerzas armadas de Al-Assad contra la población civil, el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó el bombardeo de una base aérea. Y, más recientemente, las tropas estadounidenses sobre el terreno abatieron un drone iraní. Al igual que sucedió con el cazabombardero, el aparato representaba una amenaza para las milicias kurdo-árabes, apoyadas por Washington.

"Se está hablando de la posibilidad de crear cuatro grandes zonas de influencia, cada una bajo el control de una de las potencias extranjeras. Pero sus fronteras aún no están claras", señaló a la BBC árabe el analista Hisham Bashem, especializado en el conflicto sirio, que negó la posibilidad de que estos territorios puedan convertirse en Estados independientes después de la guerra.

Más bien, el hecho de que el régimen sirio no haya sido capaz de aplastar a la oposición, y que tanto Washington como Estambul parezcan determinados a impedir que este escenario se consume, sugiere la emergencia de un Estado descentralizado. Y por lo tanto, a través de las diversas milicias locales, las potencias podrían conservar sus diversos intereses estratégicos.

En los últimos días se ha escrito mucho sobre un desplazamiento de unos 200 kilómetros al Sur del llamado "puente iraní". Por este concepto se entiende la ruta terrestre desde la frontera de Irán hasta el mar Mediterráneo, que recorre diversos territorios bajo el control de grupos afines al régimen de los ayatollahs. Mantener un corredor abierto hasta el Líbano, base de la milicia chiita Hezbollah, un aliado clave para la estrategia regional de Teherán, ha sido el principal interés iraní desde el inicio la guerra de Siria. Es a través de esta vía que aprovisiona de armamento pesado a Hezbollah, indispensable instrumento de presión a su archienemigo israelí.

Intereses

En el caso de Turquía y de Rusia, sus intereses son conocidos. El primero quiere evitar la creación de una franja de territorio contiguo a su frontera dominado por las fuerzas kurdas y su constitución en región autónoma; el segundo, que el clan Al-Assad, viejo aliado desde la Guerra Fría, conserve su poder en Damasco, aunque sea debilitado. Eso le permitiría a Moscú garantizar la existencia de su base naval en Latakia, la única que tiene en el Mediterráneo. Es decir, el Kremlin no quiere que la "primavera árabe" termine por significar una pérdida de su influencia en el tablero geoestratégico regional.

El único actor sin una estrategia definida es Washington. Bajo la administración de Barack Obama, obsesionada en no caer en un nuevo avispero como el que sufrió el país en Irak, el único principio rector de su política que parecía claro era el de no correr ningún riesgo de involucrarse militarmente en el conflicto, además de evitar una victoria de Al-Assad.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero pasado, desapareció el pavor a hacer valer el poder militar estadounidense, lo que explica los recientes choques. Los asesores del presidente consideran factible mantener una intervención terrestre limitada en apoyo de sus milicias aliadas gracias a su poderío aéreo.

Ahora bien: no ha surgido aún una doctrina clara, más allá de la destrucción del califato jihadista de EI. Según un reciente artículo publicado por el diario The Washington Post, la indefinición estadounidense responde, en parte, a la existencia de criterios diferentes entre la Casa Blanca y el Pentágono. Sin embargo, un responsable citado en el artículo lo negó: "Nadie discrepa sobre la estrategia o los objetivos. La cuestión es cómo ponerlos mejor en práctica".

En todo caso, esta ambigüedad podría ser una desventaja para Washington en una partida de alto riesgo como la del conflicto en Siria, ya que sus adversarios no parecen tener tantas dudas.

El país en el que todos buscan su botín

EE.UU.

Entre los principales objetivos de la administración que lidera Donald Trump está la destrucción de Estado Islámico, debido a la amenaza que significa la presencia de esa milicia jihadista en una región ya caótica e inestable, y por su capacidad de generar e inspirar atentados en Occidente. El gobierno norteamericano también quiere mantener a raya la actual influencia y las aspiraciones futuras de Rusia

Irán

El régimen de los ayatollahs ha sido ávido en apoyar la dictadura de Bashar al-Assad con equipo militar, comandantes, entrenamiento y asistencia para combatir contra milicias rebeldes, kurdos y Estado Islámico. Le interesa consolidar un corredor terrestre desde la frontera de Irán hasta el Líbano, donde se asienta la milicia chiita Hezbollah, aliado clave en su estrategia de influencia regional.

Turquía

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha sido crítico con Al-Assad, al alegar que es imposible que los sirios acepten a un dictador que llevó a la muerte a cientos de miles de personas. Su principal inquietud pasa de todos modos por evitar la creación de un territorio fronterizo dominado por las fuerzas kurdas y su constitución en región autónoma, por sus propios problemas con los kurdos

Rusia

A lo largo del conflicto, Moscú ha sido el aliado militar más importante del presidente sirio, a quien defiende con un fuerte despliegue militar y desde la diplomacia. Su misión se orienta a sostener en el poder al clan Al-Assad, lo que le permitiría garantizar la existencia de su base naval en la ciudad costera de Latakia, la única base rusa en el Mediterráneo, y mantener así su presencia estratégica en la zona

Procesaron a los Levy por lavado con la embajada paralela en Venezuela

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION
La embajada paralela con Venezuela que lideró en las sombras Julio De Vido durante la década Kirchnerista sumó un nuevo capítulo judicial. El viernes, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por presunto lavado a ocho integrantes del grupo Levy, a los que también embargó por montos multimillonarios y extendió su prohibición de salir del país.

El juez Aguinsky consideró que el grupo vinculado a De Vido blanqueó decenas de millones de dólares en la Argentina. Foto: Archivo 

Aguinsky consideró probado que los hermanos Juan José, Carlos y Alejandro Levy lavaron en la Argentina decenas de millones de dólares que obtuvieron del gobierno de Venezuela mediante una defraudación, al firmar contratos para venderle todo tipo de mercaderías con sobreprecios: desde medicamentos y artículos de limpieza, hasta decodificadores de televisión digital triangulados desde China.

"El inflamiento de los precios pactados en los contratos de suministros desafía la lógica de la escalabilidad del negocio en cuanto a que a mayor volumen de productos menor debería ser el precio de venta", estimó Aguinsky, quien detalló que los Levy colocaron ese dinero en el mercado local con el fin de completar su presunto blanqueo.

El magistrado apuntó también contra cinco colaboradores de los Levy -Juan Ignacio Simó, Julio César Barlocco, Julián Francisco Rubio, Miguel Álvaro Romero y Horacio Beresñak-, y contra tres de sus principales empresas: Laboratorios ESME SAIC, Bleu Tel SA y Corporación Gulfos, a las que también embargó o inhibió.

Aguinsky consideró probada una presunta defraudación contra el Estado venezolano, con efectos directos en la Argentina, y detalló otras zonas oscuras de la operación. Desde el uso de facturas truchas al giro de remesas por montos inflados a las Islas Caiman y a una sociedad en Hong Kong, Frolem Corporation, de Juan José Levy.

Aguinsky apoyó así la requisitoria de la fiscal María Luz Rivas Diez, quien sin embargo había llegado más lejos, al sostener que los Levy también habían cometido el delito de contrabando agravado. Pero el juez estimó que no contaba con datos suficientes para procesar o sobreseer al grupo por ese delito y solicitó nuevos informes a la AFIP antes de tomar una decisión.

La resolución representa un duro revés para los Levy, que siempre negaron haber delinquido y adjudicaron sus problemas judiciales a un supuesto "ensañamiento" mediático, desde que LA NACION informó por primera vez, en marzo de 2014, sobre sus negocios y sus vínculos con De Vido y su mano derecha, José María Olazagasti.

Los Levy siempre negaron mantener vínculos personales, comerciales o societarios con el entonces ministro, mientras que acotaron la relación con Olazagasti a una simple coincidencia en el mismo colegio de sus hijos, el Northland's. Y calificaron la investigación de LA NACION como meras "conjeturas" y "falsedades acusatorias".

Desde su cuenta en Twitter, De Vido también negó toda relación: "Quiero aclarar que no tengo ni tuve ningún tipo de relación ni personal ni de ninguna otra índole con el empresario Juan José Levy".

Sin embargo, los propios hermanos Levy alimentaron las sospechas sobre sus negocios al cruzarse acusaciones sobre el verdadero origen y destino de las ganancias familiares, con afirmaciones incriminatorias que plasmaron por escrito sobre el "pago de reintegros y comisiones indebidas" a "terceros" que no llegaron a identificar.

Foto: Juan José Levy

Esa disputa fraternal derivó primero en varios juicios cruzados en la justicia comercial, que designó dos veedores. Fue uno de ellos, Francisco Cárrega, quien alertó sobre posibles delitos e irregularidades -como sobreprecios del 300% y adelantos del 60% del dinero de ciertos contratos por parte del gobierno de Venezuela-, lo que conllevó la apertura de la causa penal que terminó en las manos de Aguinsky y la fiscal Rivas Diez.

A las acusaciones cruzadas entre los Levy y lo recabado por la justicia en lo comercial se sumó luego un informe que las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) enviaron a la Justicia. Allí alertaron, por ejemplo, que Juan José Levy viajó tres veces a Venezuela en el mismo avión que De Vido y seis veces con Olazagasti entre 2010 y 2013. Y que los tres coincidieron en al menos ocho ocasiones en territorio venezolano, entre 2009 y 2014, a donde ingresaron y de donde salieron en las mismas o similares fechas, en ciertos casos con diferencias entre sí de minutos.

Aguinsky también dispuso completar un análisis de los llamados entrantes y salientes del grupo Levy entre los seis meses previos a la firma del primer contrato y hasta la actualidad. Buscará determinar de ese modo si aparece algún nuevo indicio sobre un vínculo entre los ex funcionarios y los empresarios.

La defensa de los Levy entreabrió la puerta para avanzar otro paso sobre la embajada paralela. Porque argumentaron que sus contratos con Venezuela no tenían nada de inusual. Por el contrario, dijeron que eran "similares" a los firmados por otras empresas que se operaron dentro del fideicomiso bilateral. Eso llevó a Aguinsky a ordenarle a Nación Fideicomisos que preserve toda la documentación con Venezuela. "Ello para el caso de un eventual requerimiento judicial que tenga como propósito una investigación de casos análogos".

Venezuela adquirió vehículos Norinco ATV CS/VP4 8x8

La Fuerza Armada Nacional de Venezuela adquirió vehículos de reconocimiento ligero 8x8 Norinco ATV CS/VP4, de fabricación china, con la finalidad de mejorar la movilidad de las unidades fronterizas del Ejército y la Infantería de Marina en áreas inhóspitas y restringidas.

Los ATV CS/VP4 adquiridos están sin blindaje y armamento, a fin de reducir peso y aumentar su
capacidad anfibia para transitar por terrenos pantanosos sin preparación, por zonas montañosas y afectadas de desastres naturales, donde no es posible el transito de vehículos 4x4. Además, dadas sus dimensiones y peso, los vehículos permiten su despliegue en operaciones aerotransportadas.

El ATV CS/VP4 es impulsado por un motor diésel de cuatro cilindros y su autonomía es de 60 km. Tiene capacidad para transportar un conductor y siete soldados equipados. No se conoce la cantidad de vehículos adquiridos a la China North Industries Corporation (Norinco).

Video: Vehiculo Exploración (Patrulla) RAM Mk3

Interesante maquina...

Instalaron segunda turbina en central térmica de San Pedro y prevén operar desde diciembre

(Ambito.com) - La empresa Araucaria Energy instaló la segunda turbina generadora de 60 megavatios.

La empresa Araucaria Energy -subsidiaria de la estadounidense Stoneway Energy- instaló la segunda turbina generadora de 60 megavatios (Mw) de la central térmica San Pedro, y anticipó que entre fines de septiembre y los primeros días de octubre comenzarán las pruebas técnicas en la usina para poder concretar su habilitación comercial a principios de diciembre.

El director general de Araucaria Energy, Santiago del Sel, destacó en un comunicado que "tras haber concluido las tareas más complejas y menos vistosas de construcción de las bases y cimientos de la usina, y el montaje de la primera turbina, ahora vamos camino a instalar la segunda turbina para completar los 120 Mw de potencia instalada que tendrá la nueva central". "Una vez que termine la colocación de la segunda máquina comenzarán los trabajos de conexiones y enlaces internos y la vinculación de las turbinas con el gasoducto que alimentará la central", señaló Del Sel tras una visita a la obra junto con el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar.

El directivo de Araucaria confirmó que las pruebas técnicas de sincronización se realizarán a más tardar dentro de dos meses y medio, y durarán aproximadamente 60 días. "Si todo va bien en los primeros días de diciembre concretaremos la inauguración y puesta en funcionamiento de la usina de acuerdo con el contrato que tenemos firmado", precisó.

Agregó que las obras en el predio ubicado en la ruta 191 ocupan en la actualidad a un centenar de operarios, "y en las próximas semanas vamos a llegar al máximo de ocupación previsto, que es de 150 trabajadores".

La usina de San Pedro forma parte del grupo de nuevas centrales térmicas que fueron adjudicadas a mediados del año pasado en el marco de la resolución 21 del Ministerio de Energía y Minería, con el fin de ampliar la capacidad de generación eléctrica mediante la incorporación de 2.871 Mw con contratos a largo plazo y pago en dólares de la potencia y la energía suministradas.

Araucaria Energy tiene en marcha la instalación de cuatro nuevas usinas térmicas en la provincia de Buenos Aires, que implicarán una inversión total de US$ 650 millones. La empresa Siemens, en tanto, quedó a cargo de la construcción de esas centrales y de las tareas de operación y mantenimiento durante los próximos 10 años.

Nuevas propuestas para CINAR (Tandanor)

Segun declaraciones del presidente de CINAR (Tandanor), Juan Arosa ha informado que esta en estudio la fabricación de lanchas de unos 15 ó 16 metros de eslora, de origen sueco, que podrían ser compradas por el Ministerio de Seguridad.

La mitad se harian en Tandanor y la otra mitad vendrían directamente de Suecia. Unas serían para el control del narcotráfico y otras para el control portuario y de las 12 millas (del espacio marítimo argentino).

Asimismo, hay un astillero español (Freire) que quiere armar una UTE con nosotros para la construcción, con un crédito de un banco español, de un buque hidrográfico. Uno se haría en Galicia y otro se construiría en Tandanor.



Esta información es una gran satisfacción para Desarrollo y Defensa -que en su momento entrego sus propuestas de plataformas mínimas al Ministerio de Defensa actual-. 

Plataformas mínimas para la Armada

Además, ha sido uno de los primeros topicos de Proyecto Pragmalia.
(Link: https://proyectopragmalia.blogspot.com.ar/2009/06/88-fabricacion-de-la-lancha-de-combate.html)

Observando el diseño del buque polar Freire con el OPV80-Fassmer que en su momento adquirió Argentina conjuntamente con Chile, nos ha llamado la atención su similitud con el OPV80 Fassmer. Según, el astillero de este último, el diseño le permite incursionar en las funciones de un buque patrullero o de una corbeta -con sus lógicas modificaciones y equipamiento-, a la cual podría agregarse la función de un buque polar con el lógico rediseño y refuerzo de su casco. Sabemos, que la decisión marcha rumbo a Francia. Abra que esperar.

Amigos, parece que las "ideas" de Desarrollo y Defensa han ido amalgamándose con los análisis del poder político, situación que nos hace muy, pero muy felices...

Faurie, ante la ONU por Malvinas: "Hechos históricos y jurídicos sustentan el reclamo argentino"

(Ambito.com) - El canciller Jorge Faurie aseguró ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York que "hechos históricos y argumentos jurídicos dan sustento al reclamo argentino" sobre las Islas Malvinas.

Faurie añadió que las Malvinas formaron parte del territorio argentino "desde el nacimiento de nuestra Nación". Y añadió que las mismas "fueron ocupadas en 1833 por un acto de fuerza que nunca fue consentido por la Argentina, que ha reclamado desde entonces la soberanía".

El canciller argentino formuló estas palabras ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde insistió en que "es posible encontrar una solución definitiva a la cuestión de las Islas Malvinas". 

El titular del Palacio San Martín expresó que el principio de autodeterminación que esgrimen los isleños y que la ONU ha avalado en otros casos, no rige para este diferendo.

"El principio de libre determinación infringe el derecho inalienable y preexistente del Estado argentino a preservar la integridad territorial de cualquier influencia externa. El principio de libre determinación, como todo principio, no es absoluto, cuando quebranta la integridad territorial de los Estados existentes, tal como sucede en el caso de la Argentina respecto a las islas Malvinas", explicó.

Por eso, dijo, "no es aplicable a los habitantes de las islas, pues no son reconocidos como un pueblo titular de ese derecho por las resoluciones de las Naciones Unidas". "Cuando el Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en 1833, expulsando de ellas a las autoridades y a la población del Estado que se encontraba en legítimo ejercicio de su soberanía, procedió luego a poblar el territorio con sus propios colonos y ejerció férreamente la política migratoria. Esto explica la actual composición poblacional que existe en las islas", recordó.

Faurie justificó así la necesidad de "negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido", aunque aclaró que el país "respeta y defiende el modo de vida de quienes viven en Malvinas. Es un compromiso asumido por todos los gobiernos democráticos de Argentina", concluyó.

Al debate en Nueva York del denominado C24 de la ONU, asistieron también el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Julio Cobos, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y otros dirigentes de esa provincia patagónica, además de representantes de los ex combatientes.

"Lluvia de dólares": las tres llaves que piden las empresas para abrir la puerta de las inversiones

Por Jorgelina do Rosario - jdorosario@ infobae. com - Infobae.com

El Gobierno reconoce que está en el radar de los inversores, pero busca consolidar las cifras anunciadas. 

Mauricio Macri junto a la canciller alemana Angela Merkel, en su visita a la Argentina. (Télam).

El cruce entre las visitas del presidente Mauricio Macri al exterior con la llegada de mandatarios y figuras políticas de primera línea a la Argentina cumplen con un objetivo claro del gobierno de Cambiemos desde lo discursivo: abrirse al mundo.

Pero detrás de esa idea hay una necesidad concreta, basada en la convicción de que la economía argentina no debe crecer solamente impulsada por el consumo. Convencer a las empresas extranjeras de que inviertan en la Argentina se convirtió en uno de los principales desafíos en los primeros 15 meses.

Hay 370 compañías que prometieron invertir en 478 proyectos, pero hay solo un 30% terminado o en ejecución. "Estamos en el radar del mundo; ahora hay que pasar a la consolidación", insisten una y otra vez desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, que preside Juan Procaccini.

Procaccini hoy es el brazo del gobierno nacional para atraer a los inversores. Con entusiasmo, cuenta a sus allegados que "Arabia Saudita quiere venir", pero "Japón dará la sorpresa" al concretar un acuerdo de inversiones tras la visita oficial de Macri al país asiático a mediados de mayo. "Esperamos anunciarlo antes de fin de año", se entusiasma en las reuniones informales cuando le preguntan sobre el balance de esa gira.

Pero más allá de las expectativas, de lo que diga el mercado financiero con sus notas o del resultado de las elecciones legislativas, las empresas privadas quieren bajar sus costos, y hay tres cambios que piden para invertir con más fuerza. Son tres llaves que dependen de tres ministerios y que podrán abrir, según los privados, la puerta de la "lluvia de dólares":

1. Logística e infraestructura (Dietrich): rutas, caminos, puertos y trenes forman parte del pedido de los inversores. Ese conjunto de promesas está bajo la lupa del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien esta semana se reunió con 106 empresarios norteamericanos para presentarles el Plan Nacional de Transporte.

Las redes de accesos viales a Bahía Blanca y a Rosario, las obras de transformación de las rutas 3 y 226 y la extensión del tren Roca a Vaca Muerta son algunas de las que se englobaron en el régimen de participación público-privada. Por ejemplo, la empresa YPF espera que la llegada del tren a Loma Campana, en Neuquén, le permitirá bajar los costos logísticos asociados a la producción de petróleo y gas no convencional. Con todo, la eficiencia energética también entra en juego.

2. Reforma tributaria (Dujovne): el Ministerio de Hacienda tiene la llave de un pedido que une tanto a empresarios locales como del exterior. La presión impositiva de la Argentina está entre las más altas del mundo, y a la hora de conseguir mejor rentabilidad, surgen una y otra versiones sobre el peso de los impuestos en las conversaciones con inversores.

El ministro Nicolás Dujovne está trabajando con su equipo económico para presentarle un borrador de la reforma a Macri, que ante todo avanza con cambios en ingresos brutos y el impuesto al cheque. El desafío para llegar al 2018 con una reforma seria no es menor: el Gobierno tiene que cuadrar la decisión de bajar impuestos con la reducción del déficit fiscal.

 Las empresas privadas que quieren entrar a la Argentina piden al Gobierno bajar los costos para invertir

3. Reducir costos laborales (Triaca): otra vez con la bandera de menores costos para las empresas, el Gobierno impulsa la reforma laboral, que buscará bajar costos laborales sin reducir los salarios de los empleados.

La rebaja de las contribuciones patronales está en la mira de las empresas, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ya planteó el tema en la mesa de Diálogo de Trabajo y la Producción en la que se sienta la CGT. Con todo, esta reforma avanzará después de las elecciones legislativas de octubre.

Mientras que los países de la región reciben una inversión extranjera directa en torno al 4,5% de su PBI, la Argentina hoy está estancada entre un 1 y 1,5 por ciento. "Son de seis a ocho mil millones de dólares por año. Deberíamos llegar a USD 25.000 millones anuales", calculan en la Agencia de Inversiones.

El camino es largo porque las tres llaves que piden los inversores requieren cambios estructurales, algunos se verán después de 2019. Y una vez más, ese año buscará comprobar si existe o no la continuidad de las políticas de largo plazo que no sólo el mundo espera, sino que la Argentina tiene que demostrar.

Operación Gnomo: secuestraron 3 toneladas de marihuana en el mayor operativo antidrogas de Córdoba

(Infobae.com) - Fue en el marco de una entrega controlada. La droga había ingresado desde Paraguay. Hay siete detenidos

Más de tres toneladas de marihuana procedente de Paraguay fueron halladas en dos camiones cisterna en la ciudad de Córdoba, donde hubo siete detenidos y se secuestraron 30 mil dólares, 500 mil pesos, armas y rodados de alta gama, en el marco de una operación bautizada "Gnomo".

Se trata del mayor cargamento de esta droga secuestrado en la historia de Córdoba, ya que el más importante había sido hasta ahora el registrado en febrero pasado, en el departamento de San Justo, con alrededor de 2.600 kilos.

Personal de la División Antinarcóticos de Córdoba, que depende de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, interceptó en la noche del jueves a los vehículos en el cruce de la ruta nacional 19 y la avenida Circunvalación, del barrio El Palmar, cerca del Mercado de Abasto local.

Dentro de los rodados se encontraron 3.008 kilos de marihuana, cuatro kilos de cocaína, alrededor de 30 mil dólares y 500 mil pesos. Durante el operativo fueron detenidos siete hombres y se secuestraron seis autos de alta gama, al menos seis armas de fuego de puño y gran cantidad de municiones.

 El procedimiento se concretó tras cuatro meses de investigaciones basadas en escuchas telefónicas, seguimientos, triangulación de llamadas, tomas fotográficas y filmaciones. "Se trató de una entrega controlada", sostuvo un informante. Y explicó que "los camiones, procedentes de Paraguay, fueron seguidos discretamente desde las primeras horas del jueves tras su ingreso al país por la frontera con Misiones".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo en una conferencia de prensa en Córdoba, donde afirmó que "se ha hecho el operativo más grande en la historia" de la provincia. "Era una banda integrada por personas de Córdoba, parte de una banda narcocriminal que traía droga de Misiones y la distribuía aquí", precisó.

Tras sostener que "no son perejiles, sino hay toda una narcorganización que después distribuía la droga", la ministra destacó que se evitó que llegaran a la gente "6 millones de cigarrillos, 6 millones de dosis que representan 600 mil puntos de venta", y equivalen a "unos 120 millones de pesos" en el mercado.

En el caso intervienen el juez federal Alejandro Sánchez Freytes y el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, que llevan adelante una causa por "infracción a la ley 23.737 de drogas, en carácter de tráfico internacional, y tenencia de armas y municiones de guerra", entre otros  delitos.

El Gobierno ofrecerá a inversores financiar paquetes de obras públicas

Por Gabriela Origlia - LA NACION

Prepara conjuntos de proyectos para que resulten más atractivos a las empresas, bancos o fondos inversores; las elecciones y el costo argentino, las preocupaciones.

La obra pública, una apuesta para reactivar la economía. Foto: LA NACION 

CORDOBA.- El gobierno nacional prepara "paquetes" de iniciativas para atraer inversores-financistas e impulsar el esquema de las alianzas público-privadas (APP) aprobadas por el Congreso hace unos meses. La intención es reunir varios proyectos para "generar escala" y ser más atractivas para quie nes deben poner los recursos.

Así lo adelantó a LA NACION Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, quien participó del X Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef) que se realizó en esta ciudad.

Explicó que ya hay proyectos definidos que abarcan la construcción de viviendas, hospitales y rutas. "Después de algunos sondeos, es claro que es más atractivo para potenciales inversores -tantos nacionales como extranjeros- si hay volumen; resulta más vendible que iniciativas aisladas".

Delgado admitió que la mayor dificultad para "vender el proyecto" es la preocupación de los inversores por el "costo argentino", que incluye desde lo laboral no salarial hasta los aspectos impositivos. "Los inquieta más que el factor electoral -continuó ante este diario-. El resultado de las legislativas interesa, pero la cuestión de la competitividad está primero".

Insistió en que hay un "enorme espacio para trabajar en la reducción de costos", un camino que -según dijo- el Gobierno transita con la mesa sectorial puesta en marcha para el sector de la construcción y por cuya gestión se consiguió una baja de 14% en dólares del precio del acero.

"Ahora estamos cerca de otro acuerdo por el aluminio y otros materiales claves, como el plástico, para bajar el costo de la construcción", señaló el funcionario y aseguró que de las 100.000 viviendas comprometidas por los privados en un año, "hay 60.000 ya identificadas en 15 provincias".

"El Estado debe fijar las líneas, dar incentivos para la actividad pero no interferir con los privados", advirtió y reconoció que para el sector público es imposible resolver todos los problemas de infraestructura existentes, "menos con las restricciones presupuestarias existentes".

Para que la inversión en infraestructura pase del 2,5% del PBI al 6% es clave que el esquema público privado empiece a funcionar. "Es un objetivo deseable para crecer de manera sostenible a una tasa del 4% o 5% anual", dijo.

"Hay que encontrar quién adelante los recursos para la construcción que el Estado no tiene y establecer el esquema de garantías que puede ser, por ejemplo, un bono. Ya hemos avanzado en diferentes propuestas que incluyen rutas, proyectos ferroviarios, hospitales, viviendas y cárceles. Es un proceso lento, pero una vez que arranque la rueda se agilizará", describió a este diario.

La experiencia internacional en APP muestra que es atractiva para activos de largo plazo, como los que gestionan los fondos de pensiones y los seguros; es un modelo que ofrece plazos de reembolso predecibles así como retornos financieros interesantes. Por ejemplo, Chile aplica el esquema en varias áreas y Uruguay lo instrumenta para la ejecución de rutas.

En el marco de la promoción de las APP, que Delgado hizo frente a los empresarios, enfatizó que se trabaja en un manual de transparencia y buenas prácticas que incluye todas las etapas del proceso y que garantiza que las iniciativas puedan ser monitoreadas por los ciudadanos en toda su vida útil, desde quién ganó, a qué precio, las readecuaciones de trabajos y precios.

"Promover la competencia es una manera central de bajar costos y precios -añadió-. Los carteles y mesas chicas deben terminarse".

En febrero de este año, el Gobierno reglamentó la ley 27.328 de contratos de participación público privada, con el objetivo de atraer y agilizar inversiones por 40.000 millones de dólares, según las expectativas de funcionarios y empresarios.

El nuevo régimen apunta a "desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica".

La centralización normativa de los contratos prevista por la ley recaerá en la Unidad de Participación Público Privada, en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda, en manos de Nicolás Dujovne.

La PPP constituye una alternativa a los sistemas clásicos de contratación, donde el Estado diseña, financia, paga y opera y el privado sólo ejecuta y construye.

Aysa podrá ir por inversión privada

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, podrá a aplicar el modelo de alianzas público-privadas para ciertos proyectos. "La empresa logró un saneamiento de sus cuentas, pero no tiene excedentes suficientes para grandes inversiones por lo que el modelo también le es atractivo", señaló Ricardo Delgado, quien subrayó que el trabajo de ordenamiento interno es una "garantía" para los potenciales inversores.  AySA tiene a cargo parte de la extensión de la red de agua y cloacas que prometió el Gobierno a nivel nacional.

Malvinas: Faurie debutó en la ONU con un tenso cruce con los kelpers

Por Rafael Mathus Ruiz - LA NACION

El canciller renovó el reclamo de soberanía, pero se encontró con una postura rígida de los isleños, que se consideran "un país" y cuestionan la falta de avances con la gestión de Macri

Foto: LA NACION 

NUEVA YORK.- Los kelpers llevaron ayer a las Naciones Unidas una dura crítica al gobierno de Mauricio Macri, que renovó el reclamo sobre las islas Malvinas con gestos conciliadores para el Reino Unido y los isleños.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, cumplió por primera vez con el ritual anual de defender los argumentos argentinos para demandar la soberanía de las Malvinas y los espacios marítimos circundantes en la reunión anual del Comité de Descolonización de la ONU. Faurie abogó, una vez más, por zanjar la disputa con el Reino Unido en una negociación.

Mike Summers, miembro de la Asamblea Legislativa de las "Falkland", defendió la postura de los kelpers por última vez: se retirará este año. Summers insistió en que su "país" no era una colonia del Reino Unido, sino una economía exitosa y autosuficiente, y que los isleños tienen derecho a la "autodeterminación", un principio respaldado por Londres que Naciones Unidas nunca les ha reconocido.

El histórico contrapunto surgió, esta vez, en un nuevo contexto: el acercamiento entre Buenos Aires y Londres trazado por Macri, que llevó a la firma del comunicado conjunto entre ambos gobiernos que le valió críticas a la ex canciller, Susana Malcorra. Ese acuerdo ha abierto una nueva etapa de diálogo y cooperación que ya ha dejado un resultado concreto: la misión actual de la Cruz Roja que trabaja para identificar los cuerpos de 123 soldados argentinos enterrados en 1982 en el cementerio Darwin.

Summers dijo que hubo un "muy bienvenido progreso" con la Argentina, y recordó que, entre otros temas, se había comenzado a discutir la restitución de los vuelos comerciales entre las islas y el continente. Pero advirtió que, tras esos primeros avances, ahora todo ha quedado parado. Además, acusó a la Argentina de ejercer "colonialismo económico" y socavar la economía de los isleños y presionarlos con sanciones.

"La Argentina ha fallado en honrar los acuerdos vigentes", disparó en su discurso Summers, quien culpó a la oposición en el Congreso y al Gobierno por el impasse.

Faurie optó por un tono conciliador. Reiteró que el Gobierno está convencido de que la relación con el Reino Unido "debe ser recuperada" y que quieren una "agenda amplia" con Londres; habló de un "nuevo marco", y de "avances" en comercio, inversiones, ciencia y tecnología, educación y cultura, seguridad y derechos humanos, y afirmó: "Creemos firmemente en el valor de sentarse a la mesa a discutir cualquier tema".

El canciller también brindó una señal a los kelpers: "La Argentina tiene la firme determinación de respetar y defender el modo de vida de quienes viven en Malvinas. Es un compromisos que ha sido asumido por todos los gobiernos democráticos". Luego, señaló que la resolución de la disputa deberá tener en cuenta como requisito indispensable los "intereses de la población de las islas". Al final de la sesión, Faurie se acercó hasta donde estaba sentado Summers y le estrechó la mano.

Como ocurre cada año, el Comité aprobó por unanimidad una resolución que reitera el llamado a buscar una "solución pacífica y negociada de la controversia sobre soberanía" que existe entre la Argentina y el Reino Unido. La resolución fue presentada por Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Summers destacó el tono "discreto" y "conciliador" del canciller. Sin embargo, criticó la tarea del Comité de Descolonización, que siempre ha respaldado por unanimidad el reclamo argentino y ha abogado por una negociación con el Reino Unido, y lo acusó de desconocer el desarrollo en las islas y los derechos de los isleños. Le exigió que se "pusiera al día con la realidad", y en una de sus frases filosas, preguntó: "¿Quiénes son para decirnos que estamos equivocados?".

Rafael Darío Ramírez Carreño, embajador de Venezuela, presidente del comité y uno de los funcionarios más antiguos del chavismo, le respondió: "Es un ejercicio diplomático escucharlo".

Al finalizar la sesión Summers dijo a LA NACION que dudaba mucho que la disputa pudiera ser resuelta porque la Argentina y los isleños "vienen de direcciones muy distintas". Y afirmó: "Nada ha cambiado en todo el tiempo que he estado aquí, o en los diez años antes de que yo empezara a venir".

Creció el decomiso de mercaderías con más operativos en rutas del Norte

Por Daniel Gallo - LA NACION (Extractado)

En el primer semestre de este año fueron incautados productos valuados en más de $ 290 millones que se trasladaban rumbo a la feria ubicada en Lomas de Zamora

La caída del llamado "rey de La Salada" abrió nuevamente la polémica sobre el funcionamiento de ese inusual predio de ventas. Jorge Castillo y sus principales colaboradores fueron arrestados por extorsionar a puesteros y se los investiga por lavado de dinero. Pero detrás de esa causa aparece la sombra de ilegalidad que rodea siempre a esa feria comercial. El incierto origen de las prendas allí comercializadas es eje de una lucha paralela contra organizaciones que adoptan los métodos del narcotráfico para traficar sus productos. En el Gobierno se apuntó al objetivo de disminuir ese comercio irregular. Y en el primer semestre de este año se decomisó un volumen de contrabando de ropa mayor al incautado durante todo 2016.

Los operativos en las rutas contra la circulación de mercadería ingresada de contrabando sumó este año capturas estimadas en 290 millones de pesos. Durante 2016 se habían confiscado productos valuados en 180 millones de pesos. De todas maneras, ese crecimiento de los decomisos impactó, por ahora, más en las zonas de frontera que en el destino de los cargamentos: La Salada.

Fue incautado anteayer un cargamento de calzado en Ituzaingó, Corrientes. Foto: Gendarmería

"Tratamos de convertir a los bagayeros en importadores que van a tener un límite de importación por día y la mercadería que va a venir va a tener un sello de la AFIP", señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El problema planteado por quienes obtienen su sustento diario a partir del cruce de mercaderías desde Bolivia es un desafío importante para las economías regionales. Una de las localidades más implicadas en esa forma de vida es la salteña Aguas Blancas. Allí viven 3000 personas y no hay actividad económica más allá del cruce de bultos a través del río Bermejo desde la homónima ciudad boliviana. El paso en balsas no demanda más de tres minutos. Ante la vista de todos circulan los bagayeros. En la mirada oficial poco puede hacerse allí hasta que se logre la radicación de industrias.

Aguas Blancas, Salvador Mazza y Orán forman el triángulo de acopio de las mercaderías que terminarán comercializadas en La Salada. Es la misma zona donde se almacena la mayor parte de la cocaína que ingresa en la Argentina. Las rutas de traficantes de drogas y de contrabandistas de ropa es la misma.

"La mayoría de la ropa y la mercadería viene por Bolivia, y es mercadería china en un 90 por ciento. Esos son los grandes camiones y ómnibus que vienen desde la zona de Orán y nosotros también empezamos a trabajar ahí, poniendo límites a la entrada irregular de mercadería", comentó Bullrich tras los allanamientos en La Salada.

Insólita protesta

Ese endurecimiento del control de mercaderías generó en Salta una protesta insólita: los bagayeros cortaron varias rutas este mes para reclamar el cese de los operativos de la Gendarmería. Para ellos el contrabando es una forma aceptada.

Para el comercio en La Salada y su derivación posterior en las 660 saladitas que operan en la Argentina, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los decomisos no implican aún un inconveniente mayor. Los secuestros de mercaderías rumbo a la feria ubicada en Lomas de Zamora durante este semestre, récord de decomisos incluido, representan sólo el monto de venta de dos días en La Salada.

Se estima que en las tres zonas autorizadas, denominadas Punta Mogotes (regenteada por Castillo), Urkupiña y Ocean se instalan los lunes, miércoles y jueves unos 30.000 puestos de venta. Cada noche llegan a ese predio unos 600.000 visitantes. El movimiento comercial allí es estimado en los 120 millones de dólares mensuales. De todas maneras, la incautación en las rutas de productos de origen incierto permite visualizar los métodos de las organizaciones que están detrás del negocio.

Uno de los casos más llamativos sobre las rutas del contrabando de mercaderías sucedió este mes en Santa Fe. Un camión fue perseguido durante más de 200 kilómetros por policías y gendarmes. Sólo pudo ser detenido cuando se armó un retén con máquinas viales a la altura de Ceres. El conductor transportaba bultos valuados en unos 30 millones de pesos. Pero los llevaba desde La Salada hacia Jujuy.

Esa situación resultaría anormal en la circulación de cocaína, con un movimiento que siempre desciende desde el lugar de ingreso hacia los mercados locales. Pero el caso de la ropa que hacia el camino inverso hacia Jujuy puede marcar que el gran centro de distribución está en La Salada y que los revendedores no logran abastecerse en otro lugar.