Por CLEDIS CANDELARESI - Cronista.com
Expertos cercanos al Gobierno cuestionan la supuesta "opacidad" de las negociaciones que encararon Finanzas y Energía y reclaman intervención parlamentaria, mientras ambientalistas van a los tribunales.
Mauricio Macri firmó un contrato general con China National Nuclear Corporation y China Zhongyuan Engineering Corporation para construir dos usinas atómicas que incluye, al menos, un cambio clave respecto a los compromisos esbozados por la gestión anterior: cualquier eventual controversia será dirimida en tribunales locales y no en los de Londres, tal como había admitido Julio De Vido, con cierto descuido de la soberanía jurídica. Pero ese logro negociador puede diluirse en un escenario de dudas y críticas a la estrategia nuclear que surgen en el propio entorno afín al Gobierno.
Los ministerios de Energía y Finanzas necesitaron seis meses para desentrañar la voluminosa documentación que formaba parte de un memorando de entendimiento que el otrora ministro de Planificación firmó con China poco antes de abandonar el poder. Aunque, a decir de un estrecho colaborador de Juan José Aranguren, la firma oficial sólo rubricaba un par de hojas iniciales. El resto podría tener la categoría de paper de trabajo.
La primer controvertida decisión oficial fue sostener una ambiciosa iniciativa de la gestión kirchnerista en nombre de la continuidad jurídica del Estado, aunque modificando puntos que, a decir de Energía, eran "lesivos de los intereses nacionales".
Estímulos
El afán de evitar conflictos con la potencia oriental y la posibilidad de tener financiamiento accesible a obras de envergadura, fueron los estímulos. Quizás los mismos que para no apartarse de la decisión de construir dos hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, también con recursos y tecnología oriental.
El dificultoso pulido permitió firmar semanas atrás en Beijing un contrato general, que fija condiciones y plazos para rubricar luego los acuerdos específicos de obra y financiero, cuyos términos y condiciones aún siguen negociándose.
En noviembre se alistaría el texto que servirá para la usina IV, a localizar en la bonaerense Lima, y que empezará a operar en 2025. Utilizará tecnología Candu (Canadian Deuterium Uranium), la misma que se utiliza en Embalse y requiere uranio natural y agua pesada.
La segunda, de mayor porte, se comenzará a construir más tarde y estará alimentada con uranio enriquecido: tecnología china de última generación, la que al país de Xi Jiping verdaderamente le interesa financiar. "Ellos tienen una veintena de centrales operativas y otras tantas en construcción y nunca tuvieron un accidente", pondera Enrique Fernández Taboada, de la Cámara de Comercio bilateral, reivindicando la importación de tecnología asiática para la quinta central proyectada (PWR, de tercera generación).
La localización prevista para esta última usina es Río Negro. Una opción anunciada con algarabía por el gobernador Alberto Weretilneck y objetada duramente por el de Chubut, Mario Das Neves, quien considera a este tipo de centrales lisa y llanamente "un basurero nuclear". El encontronazo con un mandatario de un Estado petrolero es una de las varias polémicas que fragmenta al arco político y técnico respecto a la decisión de subir de tres a cinco las unidades del parque atómico local.
Ambas usinas aportarán en conjunto cerca de 1900 mega al sistema interconectado y tienen un presupuesto global de u$s 14.000 millones, de los cuales bancos chinos financiarían el 85% (u$S 12.500 millones), a 20 años, con 8 de gracia y una tasa que rondaría el 4,5% anual, según los términos preacordados hasta el momento.
Caro o barato
El precio al que proveerán energía es otro punto controvertido, desde la definición del criterio para calcularlo. Si debe ser suficiente para repagar las obras, el megawatt hora en el mercado mayorista debería valer al menos de u$s 100, algo más del doble de lo que cuesta hoy. Si la futura tarifa sólo tiene que remunerar los costos de mantener y operar las centrales, puede bajar razonablemente. La cartera energética apuesta a que estará en "valores internacionales": entre u$s 65 y 85 el MWh.
La Argentina tiene en Pilar un reactor experimental desarrollado por la estatal Invap, Carem25, y tres usinas en operación comercial. Atucha I y la cordobesa Embalse, ahora fuera de servicio por un revamping que costará u$s 2100 millones y le prolongará la vida útil por tres décadas más. Y Atucha II, emblema de los tropiezos locales para grandes obras.
Esta central, proyectada a principio de los 80, tuvo años de parálisis hasta que en el 2004 Néstor Kirchner decidió terminarla, algo que ocurrió una década después y con un presupuesto quintuplicado, cercano a los u$s 4000 mil millones. Un punto negro que destaca en el historial del destacado desarrollo científico local en la materia.
Subir de tres a cinco el parque de usinas nucleares se enmarca en la determinación de fortalecer a la Argentina como uno de los países destacados en el desarrollo nuclear con fines pacíficos y sujeto a regulaciones con un doble estándar de seguridad, el local y el internacional. De hecho, la Argentina acaba de ser aceptada como miembro pleno de la Agencia Nuclear de la OCDE y su banco de datos, selecto club que integran naciones con tecnología de avanzada. Un honor que la comunidad científica local defiende con orgullo.
La contraparte local del contrato firmado y de los documentos en discusión es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, cuyas autoridades defienden los presuntos logros conseguidos respecto a lo delineado por la administración anterior.
Uno fue amparar el acuerdo bajo legislación argentina. Otro, haber delimitado las responsabilidades, de modo tal que si algo falla en la ingeniería o equipamiento, los proveedores asuman el costo. Según fuentes oficiales "tal como estaba redactado en origen, NASA era la única responsable de todo".
Pero la falta de comunicación sobre estas tratativas y sobre los fundamentos para reafirmar el camino nuclear avivan las críticas a la política oficial, no sólo de los defensores acérrimos del medio ambiente sino de técnicos allegados al Gobierno.
Los detractores
El tema provoca odios y amores. Están los militantes de la actividad nuclear como herramienta de desarrollo intelectual y económico. Los fundamentalistas del ambiente que la censuran de cuajo y los intermedios, que avalan la actividad nuclear, pero cuestionan los procedimientos para tomar decisiones estratégicas delicadas.
El grupo de los ocho ex secretarios de Energía -al que la gestión macrista asignó el honroso e inocuo lugar de "asesor"- ya había advertido sobre la delicadeza del tema en su documento de 2014, criticando los avatares de Atucha II y reclamando una auditoría exhaustiva sobre esa mega obra. En la misma carta compromiso suscripta por varios de los entonces candidatos a presidente, incluyendo a Macri (y excluyendo a Daniel Scioli, FPV), se sentencia que: "Por ley especial del Congreso se determinarán los objetivos de construcción de nuevas plantas nucleares".
Uno de sus miembros y actual director de Enarsa y presidente de Transener, Jorge Lapeña, lo reclama ante 3Días con vehemencia. "La decisión de construir centrales nucleares debe insertarse en un plan energético de alta estrategia y aprobado por el Parlamento. Esto no está pasando. Y Embalse tiene que volver a servicio en tiempo perentorio", dispara el radical.
Su correligionario del mismo grupo asesor y actual director de YPF, Daniel Montamat, es más comprensivo respecto a la decisión de continuar con los acuerdos esbozados por el kirchnerismo por la obligación del Estado de atender sus compromisos más allá de los gobiernos de turno, aunque también apunta a una debilidad de unos que estarían sosteniendo los otros. "La estrategia nuclear es una decisión estratégica que debe formar parte de un plan cuidadoso, que el gobierno anterior no tenía", sentencia.
A contramano
El consultor en temas energéticos Ricardo Molina imputa a los acuerdos con China de tener "gran opacidad" y de condicionar al país en una dirección "opuesta al mundo", donde otros repudian la energía nuclear y reivindican la renovable. Suiza es un buen ejemplo en este sentido, ya que por un reciente plebiscito decidió apartarse definitivamente de la actividad nuclear.
Luis Rotaeche, del Instituto General Mosconi, advierte de los supuestos riesgos técnicos. "El accidente de Chernobyl produjo un daño equivalente a cuatro bombas como la que los EE.UU. arrojó sobre Hiroshima". Ergo, es mejor seguir apostando al camino eólico y solar, donde los precios seguirán bajando y no hay riesgo de catástrofe.
Una divisoria de aguas es el sendero formal institucional, sugerido por Lapeña: darle participación a otros poderes y profundizar el debate antes de decidir una inversión millonaria. El otro costado controvertido es si la energía nuclear es "limpia", como reivindica la mayoría, o una amenaza para el ambiente. Y esto depende de si la mira se pone en la combustión o en los residuos.
Desde una visión más radical, el biólogo cordobés Raúl Montenegro plantea una alerta roja. "Es la más sucia y peligrosa de todas por la acumulación de residuos radioactivos, que duran 240 mil años. Hay poca información sobre el tema y las decisiones argentinas también afectan al Uruguay", advierte el titular de Funam (Fundación para la Defensa del Medio Ambiente), premio Nobel Alternativo en 2004.
Para el destacado activista y profesor universitario no es posible encarar un proyecto sin la correspondiente licencia. Por esta razón, la extensión de vida útil de Embalse "es ilegal" ya que las obras de reacondicionamiento habrían comenzado antes de tener ese aval. Con el patrocinio del abogado Ricardo Moner Sans, formuló una denuncia penal contra De Vido y Aranguren que tramita en el juzgado de Claudio Bonadío por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
NASA descalifica esa iniciativa. "La denuncia fue presentada después de la audiencia pública para discutir el tema, en la que Montenegro participó", aseguran off the record.
El examen ambiental para avanzar con la cuarta central cofinanciada por los chinos estaría listo a fin de mes, lo que habilitaría a comenzar con las obras en enero, después de rubricar los contratos específicos.
Un punto a favor de los que avalan la marcha del plan atómico y reivindican esta forma de producir energía definida como "limpia", porque no emite los denostados gases de efecto invernadero. Este tipo de energía representa hoy algo más del 5% en la matriz de generación eléctrica y aporta una potencia estable para el sistema, algo no factible con la eólica y la solar, al menos hasta que puedan almacenarse a bajo costo.
Pero la actividad atómica trasciende este rubro y el alto estatus científico del país en la materia es un preciado galardón que ningún gobierno parece dispuesto a resignar, más allá de las voces críticas.
Central IV y V, esquema de los futuros contratos
El Gobierno preserva con celo hasta de su propia tropa las negociaciones con las compañías chinas para definir los términos de los contratos que el kirchnerismo sólo delineó como un borrador. Aquí algunos puntos ya definidos en la tarea de remozarlos, según fuentes oficiales:
- Finanzas estaría intentando bajar la tasa de interés, que podría anclarse en torno al 4,5% anual, supuestamente por debajo de lo previsto en origen. Como crédito concesional, debe ser menor al interés de mercado.
- Se desdobló en el tiempo la construcción de las centrales que, en principio, hubieran sido levantadas al mismo tiempo, con las dificultades que entraña semejante esfuerzo.
- Los ocho años de gracia hasta comenzar con el repago permitirían que la segunda usina (V) comience cuando la primera (IV) ya esté comercializando su energía y Nucleoeléctrica Argentina perciba ingresos por esa venta. Ese esquema permitiría alivianar la carga pública financiera.
- El precio al que las centrales venderán la energía que produzcan se ubicaría entre u$s 65 y 85 el MWh, por encima de los u$s 48 actuales y "a valores internacionales".
- Nucleoeléctrica intentará firmar contratos de abastecimiento que le garanticen a mediano plazo un ingreso por la energía que vendan al sistema. Según la expectativa oficial, para entonces son los usuarios quienes deberían costear ese valor y no el Estado vía un subsidio.
- No es posible afirmar que los u$s 14.000 millones (6000 para la IV y 8000 para la V) será el presupuesto definitivo. Tampoco que el número final implique una reducción efectiva del presupuesto K para la misma obra: por ahora sólo puede hablarse de estimaciones.
- No se utilizará la legislación británica para amparar los contratos sino la argentina, lo que ofrece ventajas naturales a los abogados locales en caso de conflicto con los chinos.
- Se delimitaron las responsabilidades contractuales de modo tal que los proveedores asuman los riesgos propios de las fallas en la ingeniería y equipos. No existen seguros de cobertura para la actividad nuclear.
Editorial del diario La Nación
