Desplazan a la empresa a cargo del Boletín Oficial

Por Mariano Obarrio - LA NACION
El Gobierno revocó el convenio con una sociedad cercana a Zannini; ahora lo editará el Colegio de Escribanos


Los contratos sospechosos de la herencia siguen generando tensiones. El gobierno de Mauricio Macri revocó hace un mes y medio el controvertido convenio con una empresa vinculada al ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, que cobró 161,5 millones de pesos en 2015 por administrar el Boletín Oficial (BO). El Gobierno cambiará de proveedor y reducirá el contrato a 13 millones en 2016, un costo doce veces menor que el pautado por el kirchnerismo.

El actual secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, firmó un nuevo convenio con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que editará el Boletín con el mismo personal y no lo venderá por suscripción: será gratuito y de acceso libre por Internet. Los usuarios ya pueden acceder por la Web a la edición impresa y a las "ediciones anteriores", para lo cual antes había que abonar una suscripción. 

La empresa desplazada es Administradora de Conocimientos SA (Adconsa), atribuida a Gustavo Benvenuto, amigo personal del ex número dos de Zannini, el ex subsecretario técnico Carlos Liuzzi.

Bajo la controvertida figura del "ente cooperador" del Estado, Adconsa editó y digitalizó el BO y administró el Registro de Dominios de Internet, denominado NIC.ar (Network Information Center Argentina), que gestionó los tres millones de sitios web del país, un negocio estratégico.

También Adconsa fue proveedor de soluciones informáticas para otras áreas del Estado en los años del kirchnerismo.

El sospechoso contrato con Adconsa se originó el 5 de octubre de 2005. El abogado Ricardo Monner Sans denunció una posible sobrefacturación y la causa recayó en el juez federal Luis Rodríguez.

Liuzzi era el hombre de mayor confianza de Zannini y salió a la luz por haber nombrado a unos 30 familiares y amigos en la secretaría y por haber ordenado al ex juez federal Norberto Oyarbide que frenara un allanamiento a la financiera Propyme en 2014, por lo cual también fue denunciado judicialmente, además de haber sido acusado de enriquecimiento ilícito.

En la resolución número 67 del 30 de marzo último, a la que pudo acceder LA NACION, Clusellas, uno de los abogados más cercanos a Macri, ordenó la revocación del convenio de cooperación técnica y financiera de 2005 por "razones de ilegitimidad". Además, dispuso la "suspensión de todo pago a favor de la firma". De hecho, nunca se le pagó el servicio prestado en la segunda quincena de diciembre de 2015.

Por otra parte, Clusellas intimó a Adconsa a que "transfiera los fondos existentes en las cuentas correspondientes al Fondo de Cooperación Técnica" a una cuenta que determinó la secretaría, y lo instó a que lo hiciera "en el plazo de 24 horas" desde la notificación.

En la misma norma, Clusellas ordenó un sumario administrativo para "determinar las responsabilidades disciplinarias y/o patrimoniales que resulten por los hechos que dieron lugar a la suscripción en forma irregular del convenio de cooperación" que se revocó. También dispuso que se "efectúe la denuncia penal que al caso corresponda". Podría aportar así elementos a la causa que instruye Luis Rodríguez.

Según informó la secretaría, en 2015 Adconsa percibió del kirchnerismo 92,5 millones de pesos por "administración", 9,5 millones por "honorarios" y 59,4 millones por "soportes": 161,5 millones por todo concepto. Para reemplazar a este costoso proveedor, Clusellas firmó un convenio con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que hará el mismo trabajo por 13 millones de pesos, doce veces menos que Adconsa.

La semana última, luego de tensas discusiones con los funcionarios de Clusellas, la sociedad de Benvenuto terminó de transferir el personal del ente cooperador al Colegio de Escribanos. No habrá despidos ni incorporación de personal. Las suscripciones de la edición en papel del Boletín Oficial a los clientes privados e institucionales continuarán hasta fin de año, pero las tiradas en papel se irán reduciendo. El objetivo consiste en que los usuarios pasen a consumir el BO sólo mediante el portal de Internet www.boletinoficial.gob.ar para reducir costos.

En la versión online se dieron por finalizadas las suscripciones desde el 4 de marzo. Quienes tengan reservas hasta fechas posteriores tendrán un crédito a favor y les será devuelto el dinero. Las ediciones anteriores se podrán consultar gratuitamente desde la página, una herramienta que hasta esta reforma tenía un costo elevado.

De la mano del polémico Liuzzi

Carlos Liuzzi - Ex número dos de Zannini - Liuzzi es amigo de Gustavo Benvenuto, a quien se atribuye la empresa Adconsa, cuyo convenio generó sospechas por sobreprecios

Hombre de confianza de Zannini, Liuzzi es conocido por haber nombrado a 30 familiares en la Secretaría Legal y Técnica y por haber ordenado a Oyarbide que frenara un allanamiento

Deberán declarar sus bienes todos los gendarmes, prefectos y policías

Por Daniel Gallo - LA NACION
La resolución de la ministra Bullrich alcanzaráa los 115.263 efectivos de las fuerzas federales; los de mayorrango tendrán que entregarlas a la Oficina Anticorrupción

Todos los integrantes de las fuerzas de seguridad deberán presentar obligatoriamente, en un plazo máximo de 90 días, sus declaraciones juradas de bienes. El Ministerio de Seguridad de la Nación preparó una resolución para que los 115.263 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pongan por primera vez sus posesiones bajo análisis de las autoridades.

En la medida firmada por la ministra Patricia Bullrich se establece como necesaria la búsqueda de "transparencia institucional" a partir del sistema de presentación de las declaraciones juradas. La información requerida deberá incluir, además, los bienes de los cónyuges e hijos no emancipados.

Esos datos quedarán bajo examen de la Dirección Nacional de Control de Integridad de las Fuerzas de Seguridad y deberán ser renovados cada cinco años, o cuando el agente sea propuesto para un ascenso.

Bullrich decidió, además, reglamentar el nivel de jerarquías de quienes deberán presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Hasta ahora, esa información era solicitada sólo a los poseedores de los grados máximos en cada fuerza. Con la nueva resolución del Ministerio de Seguridad, la obligación alcanzará al menos a las cuatro primeras jerarquías.

Así, deberán entregar a la OA sus detalles de bienes todos los policías federales con rango de comisario general, comisario mayor, comisario inspector y comisario; también, los subcomisarios que tengan funciones de comando. En la Gendarmería serán requeridas a los comandantes generales, comandantes mayores, comandantes principales y comandantes; en la Prefectura tendrán esa obligación los prefectos generales, prefectos mayores, prefectos principales y prefectos, en tanto que en la PSA serán exigidas las declaraciones de comisarios generales, comisarios mayores, inspectores y subinspectores.

El detalle de propiedades, vehículos y fondos personales de los oficiales superiores será enviado a la Oficina Anticorrupción. En cambio, el resto de los miembros de las cuatro fuerzas de seguridad deberán poner sus declaraciones juradas a disposición de sus mandos, quienes deberán tenerlas disponibles a solicitud del Ministerio de Seguridad.

Antecedente bonaerense

En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense tomó la decisión de exigir la declaración jurada de bienes a los oficiales superiores de la policía provincial. La determinación de Bullrich irá aún más allá, ya que reclamará el detalle de propiedades a todos los integrantes de las cuatro fuerzas federales, incluyendo a sus familiares directos. "Las declaraciones juradas constituyen uno de los sistemas más utilizados de prevención y control de la corrupción, y propenden a la transparencia de la función pública", es uno de los argumentos centrales de la resolución ministerial.

La observación patrimonial se extenderá a los aspirantes a ingresar en las fuerzas federales de seguridad. En el Ministerio de Seguridad reconocen como positiva la norma interna de la Policía Federal que desde 1983 exige la declaración jurada de bienes a quienes ingresan en su institución, aunque esa primera inspección de bienes no tiene luego continuidad hasta que se llega a los rangos superiores, lo que en general ocurre luego de treinta años de carrera en la fuerza.

Por eso, en la nueva resolución quedó determinado que el período de vigencia máximo de las declaraciones será de cinco años.

La solicitud de declaraciones juradas a los empleados del Estado es algo cotidiano en todas las dependencias y se debe cumplir con una renovación anual. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no estaban hasta ahora incluidas en esos pedidos y con esas características. "El almacenamiento de las declaraciones juradas permitirá una normativa uniforme para alcanzar los máximos niveles de transparencia y control de la corrupción", se señaló como idea central en la iniciativa.

La intención de Bullrich es tener a mano cualquier información sobre desvíos patrimoniales de los agentes a su cargo, con posibilidad de realizar los correspondientes análisis en las unidades de auditoría interna del Ministerio de Seguridad sin tener que depender de las investigaciones que pudiera realizar la Oficina Anticorrupción.

Si bien en las fuerzas de seguridad federales no hubo casos judicializados de corrupción en sus cúpulas, en los últimos tres años cayeron al menos las jefaturas policiales de Santa Fe, Córdoba y Formosa por casos vinculados con negocios ilícitos, especialmente a partir de la penetración del narcotráfico en diferentes niveles de la vida social argentina.

En ese sentido, sí se dieron casos de participación directa de uniformados federales con rangos menores en bandas delictivas. Precisamente como una forma de evitar ese riesgo o de detectar anticipadamente potenciales casos de corrupción es que el Ministerio de Seguridad diseñó y estableció la decisión de exigir las declaraciones juradas a la totalidad de los uniformados.

Del editor: qué significa. El análisis de las posesiones de los uniformados permitirá prevenir casos de corrupción y, también, podría revelar enriquecimientos precedentes.

Boudou falseó facturas para justificar viáticos

Por Hugo Alconada Mon, Luisa Corradini - LA NACION
Presentó recibos apócrifos de gastos de hotel en París y coberturas de TV


Amado Boudou. Foto: Archivo

PARÍS.- La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20.

El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país y responsable del dinero de los contribuyentes, según verificó LA NACION en esta capital y en Buenos Aires.

Los ejemplos se acumulan. Dos meses antes, Boudou también había pasado por esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel, entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010, para una reunión del Club de París. La factura que presentó en el Palacio de Hacienda ascendió a 19.937 euros.

Son casi 340.000 pesos al tipo de cambio vigente hoy. Y fue -según consta en el texto- pagada en efectivo, una práctica prohibida en Francia cuando se trata de sumas importantes. Esa factura N° 88.636, de diciembre de 2010, lleva curiosamente un número posterior a la de febrero de 2011. También es falsa.

El Bel Ami es un establecimiento cinco estrellas ubicado en el corazón del Barrio Latino, a escasos pasos del célebre Café de Flore, lugar donde solían reunirse las grandes figuras del existencialismo francés a mediados del siglo XX. Moderno, cómodo, discreto y acogedor, el hotel está lejos de responder al nivel de un "palace", donde el precio de las habitaciones supera fácilmente los 3000 euros. En el Bel Ami, la suite más cara cuesta 1130 euros por día. Y no era ésa la que solía ocupar el entonces ministro.

"Todo lo que figura en estas facturas es absolutamente inverosímil en un hotel de cinco estrellas como el nuestro: el pago en efectivo, la ausencia de cantidad de habitaciones ocupadas, la inexistencia de IVA (TVA, según sus siglas en francés) en una de ellas, la omisión del impuesto a la estadía (taxe de séjour) en otro de los casos, la inclusión de los vehículos con chofer que jamás figuran de ese modo y hasta la forma absurda de listar ese servicio, el cual denominan «auto» en vez de «location de voiture»", constató con asombro uno de los principales responsables del establecimiento en declaraciones a LA NACION.

Pero todos esos errores, en verdad, tienen relativa importancia. La realidad es que "esas facturas simplemente no existen", resumió la misma fuente, después de controlar los archivos informáticos del hotel. Con su autorización, uno de sus empleados mostró a LA NACION en la pantalla de la recepción que ambos números de factura corresponden a otros huéspedes. "Tiene que haber un error.

El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros", concluyó consternado. Durante la investigación, y para comparar en forma independiente el sistema de facturación del hotel con los documentos presentados por Boudou, LA NACION también se alojó una noche en el Bel Ami.


Las dos facturas que presentó el ex ministro comparten algo más. Fueron refrendadas con su firma por el entonces "jefe de Secretaría Privada" de Boudou, Eduardo Romano, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. Conocido en Mar del Plata como "Cachi", es uno de los mejores amigos de "Aimé" y luego pasó a integrar la planta del Senado con la categoría 1, la más alta y mejor paga del escalafón.

Ambos, Boudou y Romano, acumulan antecedentes judiciales. El ex vicepresidente se encuentra procesado por su rol en el caso Ciccone, se encamina al juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto y en diciembre pasado afrontó un pedido de indagatoria por la presunta adulteración de su DNI.

"Cachi" Romano, por su parte, también debió declarar ante la Justicia por el caso Ciccone, pero para explicar dos llamadas que recibió de un teléfono asignado a Alejandro Vandenbroele y porque su tarjeta de negocios fue encontrada en la planta de Ciccone Calcográfica durante un allanamiento. Antes, en junio de 2012, fue indagado en Mar del Plata por el presunto cobro de subsidios fiscales irregulares.

Una y otra vez, Romano fue el encargado de rendir las cuentas de los viajes de Boudou como ministro de Economía y, después, como vicepresidente de la Nación. Y las irregularidades se acumularon, según reconstruyó LA NACION.

Otras facturas de otros viajes de Boudou también resultan llamativas. Es el caso de, por ejemplo, la que emitió la firma TVT (Televisión Turística de América SA) el 28 de septiembre de 2010 por la "cobertura fílmica de la participación del señor ministro de Economía de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York".

Refrendada, como las anteriores, por "Cachi" Romano, la factura que emitió TVT por seguir a Boudou un par de días durante su viaje por Nueva York ascendió a 5000 dólares (unos 60.000 pesos al cambio actual). Pero lo hizo a pesar de que el ministro integraba la comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cobertura a cargo de la productora La Corte.

No sólo eso. La firma TVT que facturó por cubrirlo en Nueva York es de Cancún, México. La factura 0524 se redactó a mano. Y aparecen dos números de teléfono que hoy no funcionan, como también una página de Internet que tampoco se encuentra activa. La productora es hoy, en sí, inhallable.

Baja $ 2800 millones el gasto en el Estado por los despidos

Por Laura Serra LA NACION
Ese monto representaba el pago de casi 11.000 contratos en el Ejecutivo; se redistribuirán partidas

La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner. Foto: Reuters / Enrique Marcarian

Culminado el proceso de revisión de las contrataciones en el sector público, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó un total de 10.921 cesantías de empleados en distintas áreas del Poder Ejecutivo. Esta cifra es el 5 por ciento de la dotación correspondiente a ese sector y, según anticipó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, representará para el Estado un ahorro de 2800 millones de pesos anuales en el gasto salarial.

¿Qué impacto tiene este ahorro en el presupuesto? La respuesta depende del prisma con que se mire. Según Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el efecto presupuestario es relativo si se considera que el total de personas despedidas, casi 11.000, equivale a 1,4% de la dotación total que heredó Macri de la gestión kirchnerista, con casi 779.000 agentes en todo el sector público nacional.

Sin embargo, para Ibarra, el ahorro de $ 2800 millones es muy significativo si se lo analiza en otros términos. Sólo a manera de ejemplo, el hospital Posadas, uno de los más importantes del país, insume un gasto anual de 2178 millones, según la ley de presupuesto 2016. El programa Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, otros 1641 millones. El presupuesto anual de la Corte Suprema, otro caso, es de poco más de 2400 millones de pesos. Es otra perspectiva para medir el mismo impacto presupuestario.

Según precisó el ministro Ibarra a LA NACION, las cesantías afectaron sólo a trabajadores contratados de manera temporaria y que no prestaban funciones (conocidos como "ñoquis"), o bien "no respondían a necesidades de servicio" (su tarea era más bien de militancia política). Remarcó que sólo se aplicaron en el Poder Ejecutivo, que cuenta con un plantel de 220.000 agentes.

"Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía -remarcó Ibarra a LA NACION-. No queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios."

El funcionario confirmó que ya no se producirán más cesantías dentro de la administración pública central. El proceso de revisión y de depuración del personal había comenzado en diciembre y se instrumentó por medio del decreto 245/2015, por el cual el presidente Macri instruyó a todos los funcionarios a revisar las contrataciones que se efectuaron en los últimos tres años en los ministerios, empresas públicas y organismos estatales descentralizados.

El panorama con que se encontró la flamante gestión fue impactante. Cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, el sector público nacional (incluidos los tres poderes del Estado, los organismos descentralizados, empresas públicas, universidades y otros entes) sumaba 778.798 agentes, 61% más que en 2003. Así lo indica el informe "GPS del Estado", que la semana pasada presentaron en forma conjunta ASAP y Cippec.

El informe da cuenta, además, de que 30% de los empleados en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratación, un porcentaje que se mantuvo estable desde 2003; en los organismos descentralizados, ese porcentaje de precarización llega a 45%.

"De los 70.000 contratos que recibimos, hemos dado de baja casi 11.000", explicó Ibarra. El funcionario señaló que, pese a lo abultado de la dotación, no habrá despidos en la planta permanente del Estado. "Nuestra intención es capacitar y jerarquizar a los empleados de planta permanente", indicó. Y agregó que a medida que avance el proceso de ordenamiento del personal contratado se ordenarán pases a planta permanente "en los casos que se justifiquen".

"Hay personas contratadas con más de 10 años de antigüedad. Previo concurso, esta gente -unos 2500 empleados- podría pasar a planta permanente", anticipó.

La oposición mantiene una mirada crítica sobre los despidos producidos en el Estado. En un informe, el economista y diputado Claudio Lozano (MC) señaló que, mientras el Gobierno ejecutaba cesantías entre los contratados, amplió las estructuras del Estado con más cargos jerarquizados. "En efecto, se observa un aumento en la cantidad de ministerios (pasaron de 17 a 21), en la cantidad de secretarías (de 65 a 80) y también en las subsecretarías (de 167 a 196)", advirtió Lozano en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

"Esto pone en duda el discurso del gobierno nacional centrado en la necesidad de «despolitizar» la administración estatal para un adecuado funcionamiento -agregó Lozano-. Como se demuestra en este trabajo, el nuevo perfil de la estructura burocrática se caracteriza por el incremento de los cargos jerárquicos, lo que implica entonces una mayor politización."

En medio de la discusión sobre la polémica ley antidespidos en el Congreso, varios fueron los legisladores opositores que plantean sus críticas por las cesantías en el Estado.

"Hoy, todos los compañeros trabajadores tienen miedo de ser despedidos, y tienen una razón para eso: el mal ejemplo que dio el Estado al decir «cuando me sobran trabajadores, los despido»", enfatizó el diputado Héctor Daer, uno de los "rebeldes" del Frente Renovador en la frustrada sesión del miércoles pasado en la Cámara baja.

En el Gobierno rechazan este punto de vista. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló, por caso, que en el último trimestre el gobierno kirchnerista nombró a más de 10.200 personas en el Estado, en plena campaña electoral, con evidentes fines políticos. Aquéllos fueron los contratos revisados. "Nuestra intención no es achicar el Estado, pero tampoco convalidar situaciones no deseadas", sentenció Ibarra.

Las cifras del proceso de "revisión"

1,4% Del total de empleados - El Gobierno cesanteó a casi 11.000 personas, que representan el 1,4% de los 778.798 empleados públicos a nivel nacional

La herencia - Cuando la presidenta Cristina Kirchner dejó el poder, también dejó un 61% más de empleados públicos que en 2003, según un informe presentado por ASAP y Cippec. El 30% de esos empleados están contratados

220.000 En el Poder Ejecutivo - El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que los despidos que se aplicaron en la Jefatura de Gabinete y los distintos ministerios sólo incluyeron a los empleados contratados que no prestaban funciones o cuyas tareas se limitaban a la militancia

Ponen reparos la construcción de la autopista ribereña

Por Laura Rocha - LA NACION (Extractado)
Cuestionan la calidad del suelo de Puerto Madero, que fue rellenado, y la fragilidad de conductos cloacales y pluviales; la Ciudad indicó que el proyecto es viable

El eje por donde pasaría la autopista ribereña, en Puerto Madero. Foto: Maxie Amena

Todos están de acuerdo en que el norte y el sur del conurbano bonaerense deben tener una conexión que no implique cruzar la ciudad de Buenos Aires. La autopista ribereña es una deuda de más de 40 años que la actual administración prometió hacer realidad con un proyecto mixto, de vías rápidas para autos particulares, y un túnel y una trinchera para camiones y ómnibus de 6,7 kilómetros (ver aparte). Se trata de la obra de infraestructura más importante del área metropolitana.

Sin embargo, algunos expertos advierten sobre los riesgos que pueden representar los trabajos, mientras que los vecinos de Puerto Madero se preguntan cómo los afectará. En el gobierno porteño sostienen que cada movimiento será evaluado al realizar la obra, que costarán 650 millones de dólares.

Carlos Lebrero, arquitecto director de la Maestría en Gestión Ambiental Metropolitana de la UBA, indicó que "el proyecto se ve agradable, pero hay algunas cuestiones que inquietan: la calidad de suelos de ese sector, que es un relleno ganado al río; la conexión cloacal y pluvial unificada en el área central y su descarga en el dique de Puerto Nuevo; va por tres conductos que se denomina el triducto, hecho en ladrillo con un alto grado de fragilidad. Y me pregunto, además, dónde se va a disponer todo lo que se excave, porque hay que atender que se trata de tierra contaminada".

El Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia, respondió que el proyecto del Paseo del Bajo surgió de haber analizado 27 alternativas que se presentaron desde 1965. "De esos proyectos se hizo una preselección de cinco, y uno resultó como el más beneficioso. Se unirá el Sur y el Norte a través de una autopista para el tránsito pesado entre las avenidas Huergo y Moreau de Justo", dijo Moccia.

Respecto del triducto y biducto, la semana pasada el gobierno introdujo un cambio en el proyecto. "Para reducir costos y tiempos en este tramo de la obra en la zona de Dársena Norte, se decidió pasar el eje vial de camiones y buses por sobre el triducto y biducto, generando un falso túnel que permitirá dejar bajo una nueva cubierta el Paseo del Bajo", indicó Moccia. La tierra que se quite se usará para rellenar la Dársena F del puerto.

Inés Schmidt, docente e investigadora de la UBA, realizó un análisis del plan junto a su colega Julián Cheula. Según ellos, debería haber una discusión más profunda. "El proyecto denominado Paseo del Bajo cumple una premisa del ordenamiento del tránsito, la de separar la circulación del transporte pesado de la circulación de las personas. Es un proyecto vial ligado a un proyecto inmobiliario, teniendo en cuenta que se mencionan 9 hectáreas de tierras ferroviarias que cambiarían su uso. Esto merece un planteo más amplio y su discusión", sostuvieron ambos.

"En el área, se localizan numerosos equipamientos (estacionamientos, la Comisaría Nº 22, el Edificio Guardacostas, el ITBA y las terminales de combis). A menos que se prevea la relocalización total o parcial, la presencia de estos edificios limita las posibilidades de crear nuevos parques. La traza del proyecto se superpone en algunos sectores con una línea ferroviaria que puede ser utilizada para la vinculación de ramales Norte-Sur; es necesario plantear el interrogante: ¿este proyecto implica abandonar la posibilidad de interconexión ferroviaria?", se preguntaron los especialistas.

Moccia asegura que no. "Ni el edificio de la Prefectura, ni el ITBA, ni la estación de combis, ni todos los estacionamientos que se encuentran en la zona van a ser afectados por el proyecto, y únicamente se requerirán algunas relocalizaciones menores hacia el Sur. Los parques serán creados a lo largo de la traza sobre la autopista de tránsito pesado, y en forma de parques lineales al costado de las avenidas Huergo-Madero y Moreau de Justo. La vía será relocalizada permaneciendo en todo momento operativa. La obra no afectará el funcionamiento de esta línea ferroviaria", dice el funcionario.

El urbanista del Instituto por la Ciudad en Movimiento, Andrés Borthagaray, observa la gran circulación de camiones (unos 10.000 por día) que se dirigen al puerto porteño.

"El Metrobus de la avenida 9 de Julio fue una opción mucho mejor -y mucho más económica - que los túneles viales. Terminó siendo una opción superadora en cuanto a lo social y al medioambiente. Si queda una objeción de la calidad urbana se puede corregir. La inversión aquí es muy alta y compite con prioridades en otras áreas de gobierno. Es clave el acceso del ferrocarril y la articulación con una política portuaria, como en el caso de Rotterdam", ejemplificó Borthagaray.

Según los cálculos oficiales, en julio próximo se abrirá la licitación del Paseo del Bajo, y la adjudicación está prevista para noviembre. Su inauguración está prevista para el primer semestre de 2019.

Se reanuda el ferrocarril Belgrano Cargas entre Salta y Chile

(Casa Rosada) - De esta forma mejorará la competividad de productos argentinos que podrán exportarse a través del puerto chileno de Antofagasta.

El Ministerio de Transporte de la Nación informó que este miércoles se reactivará el tramo ferroviario del ramal Belgrano Cargas que une a la provincia de Salta con el puerto de aguas profundas de Antofagasta, en Chile, lo que permitirá mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas que salen hacia el Océano Pacífico.

Luego de ocho años, la reanudación fue posible gracias a un acuerdo que firmaron la empresa argentina Belgrano Cargas y Logística, y la chilena Ferronor,  indicó la cartera que conduce el ministro Guillermo Dietrich.

Como parte del acuerdo, Ferronor se comprometió a aportar el material tractivo y la conducción. El ramal que se reactivará es el C14 del Ferrocarril General Belgrano, que atraviesa la provincia de Salta y que facilitará la salida de las  exportaciones argentinas hacia centros industriales chilenos  y hacia un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

El primer envío consistirá en 500 toneladas de cal y partirá este miércoles desde San Antonio de los Cobres en Salta, cruzará la frontera a través del paso de Socompa y tendrá como destino final la Minera Escondida cercana a la estación Augusta Victoria, del lado chileno.

La reactivación de este ramal es determinante para la industria minera argentina, principalmente para la producción de las regiones norte y centro del país.

Macri le echo el ojo a Rosario Norte

La cartera que dirige Guillermo Dietrich quiere reforzar el servicio de pasajeros de Rosario a Buenos Aires con siete frecuencias diarias. La incógnita que subsiste es qué ramal se utilizará, y qué tienen pensado para Apeadero Sur.

Una visita inesperada a la Secretaría de Planeamiento municipal hace pensar en el Palacio de los Leones sobre el rumbo que el gobierno de Mauricio Macri pretende en materia ferroviaria, al menos en lo que a Rosario concierne. Una comitiva de Trenes Argentinos, la operadora ferroviaria estatal en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, entrevistó al titular de Planeamiento, Pablo Abalos, para requerir la devolución de la Estación Rosario Norte, en cuyas oficinas funcionan la Secretaría de Cultura y la oficina local del Registro Nacional de las Personas.

Los funcionarios afirmaron que la cartera que conduce Guillermo Dietrich proyecta reforzar el servicio de pasajeros entre Buenos Aires y Rosario con siete frecuencias diarias. Actualmente, hasta esos andenes del barrio Pichincha llegan tres trenes por semana con rumbo a Retiro, otros dos en dirección al norte, con destino a Tucumán, y otro más con destino oeste, a Córdoba. Corresponden a la ex concesionaria privada Ferrocentral, que la Nación tomó con la creación el año pasado de la sociedad estatal Sofse.

Según le transmitió ayer Abalos a la intendenta Mónica Fein, el propósito declamado es garantizar hasta siete servicios diarios entre Retiro y Rosario Norte, aunque no quedó claro aún por dónde: está el ramal histórico de la línea del ferrocarril Mitre, y el nuevo que se inauguró en julio del año pasado y que llega hasta la estación Rosario Sur, de San Martín y Batlle y Ordóñez. Una de las posibilidades es que la traza sea el nuevo ramal, pero que use la conexión con la línea Mitre para entrar a la ciudad por el oeste y arribar así a Rosario Norte, tal el objetivo original de la Municipalidad.

Si no es así, y los nuevos servicios utilizan la línea Mitre -compartida hoy por la concesionaria privada de cargas Nuevo Central Argentino- quedaría relegado el ramal nuevo, donde todavía está pendiente la terminación de una de las dos vías que componen la traza, y el recambio de durmientes de hormigón que se averiaron en estos meses de uso(?????)

El titular de Planeamiento les pidió a los enviados del ministro Guillermo Dietrich precisiones acerca de esos interrogantes. “Primero, respondí que formalicen ese pedido verbal por escrito y dirigido a la intendenta”, indicó Abalos a Rosario/12.

El funcionario consideró que la iniciativa nacional, en caso de prosperar, no se realizará en lo inmediato. Y al preguntarle si incidirá en el futuro del ramal Rosario Sur-Retiro, o en el proyecto de terminación de avenida de la Costa, descartó: “Entendemos que eso, si es que lo concretan, no afectará ni la construcción de la doble traza en avenida de la Costa y que Rosario Sur se mantendrá. Sí quizás haya que pensar en las complicaciones que siete servicios diarios pueda traer al tránsito en el Cruce Alberdi, por ejemplo”, vislumbró.

Mientras tanto, en el municipio empezaron a pensar qué hacer si, en efecto, deban liberar el edificio y sus estructuras ferroviarias que mantiene bajo custodia por un convenio con la Nación de hace algunos años. (Pagina12)

Se incorporó otra formación Nagoya 5000 en la Linea C de Subtes

En la línea C del Subte ya se encuentra circulando la formación Q Nagoya 5000.


Estos coches fueron adquiridos al Metro Municipal de esa ciudad japonesa de Nagoya en un total de 30 unidades, con los cuales ya se encuentran circulando cuatro formaciones de seis coches cada una, identificadas con las letras, N, O, P y Q, restando una quinta formación próxima a incorporarse.

Antes de su traslado a Argentina, los coches fueron renovados en la planta de Osaka Sharyo Kogyo, donde se les renovaron sus sistemas eléctricos y de frenado, para poder operar con pantógrafos y con 1500Vcc, en lugar de tercer riel y 600vcc originales. Los mismos vienen a reforzar el servicio de la Línea C, que permitirá en un futuro cercano poder cumplir con la premisa de brindar un viaje más cómodo para el pasajero, y mejorando la operatividad de la frecuencia, la que llegará a los tres minutos entre trenes. Agencia Rieles

Modernización del radar AN-TPS-43

Por el Ministro de Defensa Julio César Martinez
Con la modernización del radar AN-TPS-43 desplegado en la ciudad Chaqueña de Roque Saenz Peña, que fue actualizado por la empresa INVAP y el despliegue de nuevos sistemas en el resto del país, estamos cumpliendo con una tarea fundamental: el control del espacio aéreo argentino. Esto tiene una implicancia directa en la lucha contra el narcotráfico ya que una parte de la droga ingresaba por aire.

Digo ingresaba porque en los últimos meses se ha reducido abruptamente la cantidad de vuelos ilegales. Las leyes son claras en esto, y la misión de las Fuerzas Armadas son las de dar apoyo logístico a las fuerzas federales, encargadas de la lucha contra este delito. Este trabajo en equipo se está cumpliendo de la mejor manera, ya que estamos trabajando también con gobernadores e intendentes. El Presidente asumió un compromiso desde el primer día de su mandato en relación a este tema y ya estamos viendo resultados.

El AN/TPS-43 es un radar de tres dimensiones (3D azimut, distancia y altura) del tipo móvil producido en Estados Unidos originalmente por Westinghouse Defense and Electronic Division, y posteriormente comprado por Northrop-Grumman. Esta empresa completó su desarrollo en 1963 y lo puso en servicio en Estasos Unidos en 1968. Este radar fue desplazado por la Fuerza Aérea Argentina a Puerto Argentino/Stanley durante la guerra de las Malvinas en 1982 y sobrevivió a dos ataques del Reino Unido con misiles antiradar AGM-45 Shrike el 31 de mayo y el 3 de junio.

Gendarmeria decomisó casi una tonelada de marihuana en Corrientes

(Ministerio de Seguridad) - La Gendarmería Nacional Argentina ,logró incautar 994,330 kilogramos de marihuana en un importante operativo desplegado en la localidad de Itatí, provincia de Corrientes.

Los Gendarmes estaban patrullando la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1.097, cuando identificaron una camioneta estacionada en las proximidades de la entrada del campo “Los Búfalos”.

El ocupante, al divisar a las fuerzas, se dio a la fuga internándose en un monte. Al proceder a requisar el vehículo, se hallaron 34 bultos que contenían 994,330 kilogramos de marihuana.

No vamos a parar. Vamos contra todo y contra todos los involucrados en el narcotráfico!

Macri lanzará un "plan federal de Internet" el 17 de mayo

(iProfesional) - Se extenderá la red federal de fibra óptica hasta 1.200 localidades del interior, que tendrán una calidad de conexión similar a las grandes ciudades


El "plan federal de Internet" será presentado de manera oficial por el presidente Mauricio Macri el 17 de mayo, en el marco de la celebración del "día mundial de Internet".

Así lo anunció el presidente de la empresa estatal Arsat, Rodrigo de Loredo, en un encuentro de cooperativas, donde aseguró que el desarrollo de la iniciativa permitirá a los habitantes de pequeños pueblos del interior contar con la misma calidad de servicio que existe en las grandes ciudades. "Internet es una herramienta que no podemos negar a nuestras sociedades y esa es la principal misión que tenemos desde Arsat, para que logremos que el 30% de la población argentina que habita en pequeñas localidades diseminadas en el 70% del territorio nacional, tenga las mismas condiciones de igualdad real que las sociedades que viven en las urbes más pobladas", afirmó De Loredo.

El funcionario expuso las ideas centrales del plan de la empresa para extender la red federal de fibra óptica hasta 1.200 localidades del interior del país, ante un auditorio compuesto por representantes de 220 cooperativas que participaron del séptimo encuentro nacional de Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión) en Córdoba.
"Este es un proyecto en defensa de los pueblos", afirmó De Loredo, quien agregó que la misión de la empresa estatal es "poner a disposición de todas las cooperativas, pequeñas cableras, un precio de internet competitivo, al mismo valor del precio de Internet al que se accede en las ciudades más sofisticadas".

Según informó la agencia Télam, el funcionario afirmó que "el futuro no puede estar condicionado a nacer o desarrollarse en una gran ciudad". "En definitiva, les pondremos en la puerta de cada uno de sus pueblos toda la cantidad y calidad del internet que ustedes deseen para que entre todos cambiemos el paradigma de tratar de sacarle la mayor rentabilidad posible a un mega, por el paradigma de vender la mayor cantidad de megas al menor precio posible", prometió.

Aclaró que "las cooperativas, cableras y los proveedores de servicios de Internet (IPS) no tendrán que hacer un trayecto hacia la red troncal que instalará Arsat al interior de cada uno de los 1.200 pueblos de la Argentina, sino que será la empresa nacional la que va a incorporarse a todos aquellos pueblos que estén hasta a 20 kilómetros de la red troncal".

Otro Catalinas: en silencio, Larreta planea un nuevo megaproyecto muy cerca de Puerto Madero

Por Patricio Eleisegui (iProfesional.com) - Se trata de una superficie de 90.000 metros cuadrados en un lugar estratégico de la Ciudad. Los funcionarios saben que la comercialización de esos terrenos le asegurarán, como mínimo, unos u$s200 millones. Esos fondos podrán ser destinados a darle vida a otra demorada iniciativa.

El área se conoce como "Empalme Norte". Por ahora, es un espacio que está destinado a la conexión entre los trenes de los ferrocarriles Mitre, Roca y Sarmiento. Y, de estas líneas, con el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Comprende una superficie de casi 90.000 metros cuadrados, emplazada entre las avenidas Eduardo Madero, Antártida Argentina, Cecilia Gierson y San Martín.

Bajo potestad de la Administración General de Puertos -en combinación con los ferrocarriles- semejante predio es visto por las autoridades del Gobierno porteño como el indicado para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que le ponga sello a la actual gestión. Y, de paso, le sirve para matar dos pájaros de un tiro.

La ubicación estratégica que tiene "Empalme Norte" contrasta con el uso que se le está dando al lugar. Hoy día, es un espacio de maniobras que lejos está de tener la actividad de otras épocas. Bajo estricta confidencialidad, las autoridades avanzan rápido para darle otra utilidad a semejante superficie, muy codiciada por el sector del ladrillo.

Según pudo saber iProfesional, en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli ya está la decisión tomada de darle vida a un ambicioso proyecto inmobiliario que, como mínimo, "empate" con lo hecho en las torres de Catalinas. Además de la impronta que le dará a la actual gestión, la comercialización de esas tierras le asegurará al PRO hacerse de una importante suma de dinero, que podrá destinar para financiar su demorado proyecto de la Autopista Ribereña.

En el Gobierno de la Ciudad, están convencidos de que la comercialización de esos lotes le aportará una caja de, como mínimo, u$s200 millones. Esos fondos le vienen como anillo al dedo para apuntalar la autovía, pensada para oxigenar el tránsito en torno a Capital Federal. La Autopista Ribereña comprenderá una traza de algo más de 7 kilómetros. Su principal finalidad será la de comunicar a la Autopista Illia con la 25 de Mayo y Buenos Aires - La Plata. De esta forma, se podrá mantener fuera de la Ciudad a los vehículos en tránsito.

El desarrollo de la autovía se discute desde hace más de una década, pero distintas trabas  administrativas y una férrea oposición ambientalista han venido congelando el proyecto hasta hace menos de dos años. Para esta obra, el binomio Larreta-Santilli requiere de unos u$s500 millones:
- Parte de ese costo (u$s300 millones) se cubrirá con un préstamo que será aportado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
- El resto (u$s200 millones) provendrá de la comercialización de los terrenos del -hasta ahora secreto- nuevo megaproyecto "Catalinas".

A continuación, la zona donde se llevará a cabo el emprendimiento inmobiliario:

El hermetismo en torno a este ambicioso plan es tal que cuando el Gobierno porteño comunicó que ultima detalles para el inicio de obras de la Ribereña, apenas mencionó que se iba a desprender de los lotes de "Empalme Norte". Sin embargo, distintas fuentes del sector inmobiliario -en estricto off the record- confirmaron a iProfesional no solo el lanzamiento del proyecto sino, además, el uso que se le dará a esa codiciada superficie. Aseguraron que para ese espacio se contempla el desarrollo de torres de oficinas, de viviendas premium y la instalación de hoteles de lujo.

Por lo pronto, el Gobierno de la Ciudad ya tiene definido el tipo de urbanización que alentará para el predio. Sabe, además, que ni bien aparezcan las primeras ofertas de privados deberá discutir este tema en la Legislatura. "En Ferrocarriles Argentinos también sacan cuentas de lo que podrán obtener por las tierras, conscientes de que ahí se construirán torres y de que esas edificaciones superarán los 200.000 metros cuadrados", aseguró a este medio una fuente familiarizada con la iniciativa que lleva el sello Larreta.

Estudios ya efectuados
Desde LJ Ramos, una de las inmobiliarias más activas en la zona de Retiro, su socio y director general, Diego Cazes, reconoció que realizaron estudios a pedido del Gobierno porteño, con el fin de determinar la máxima superficie a construir en "Empalme Norte". "Se puede desarrollar una cantidad importante de metros cuadrados. Hicimos varios informes a pedido. En definitiva, nos avala la experiencia que tuvimos cuando se tuvo que vender lo que hoy día es Catalinas", dijo a iProfesional.

Además, expresó que es altamente probable que se avance con un producto mixto que comprenda oficinas, espacio residencial y hotelería. También, en servicios pensados para quienes luego habiten la zona. Cazes indicó que "no está autorizado para brindar mayores detalles del proyecto", en sintonía con el hermetismo que acompaña la propuesta. No obstante, reconoció que los estudios que llevó a cabo LJ Ramos le confirmaron al Gobierno porteño la elevada rentabilidad que ofrece la venta de "Empalme Norte".

Representante del Partido Social de la Ciudad -parte de la Coalición Cívica, vinculados con Fabiana Ríos- y especialista en desarrollo urbanístico, Facundo Di Filippo, dio su punto de vista sobre este megaproyecto. Aseguró a este medio que "el desarrollo de un emprendimiento en la playa del ferrocarril quedó establecido desde el mismo momento en el que Larreta descartó el soterramiento de la Ribereña". "El jefe de Gobierno confirmó que financiará parte de la autovía con la comercialización de esos terrenos. La tierra se venderá para el desarrollo inmobiliario", remarcó.

"Nosotros estamos siguiendo muy de cerca el tema ya que el plan de la Ciudad para repercutirá en toda la zona", dijo a iProfesional, al tiempo que sostuvo que el mayor trabajo territorial lo vienen llevando a cabo en la Villa 31.

Mirada crítica
Varias organizaciones ya dan como un hecho que el "nuevo Catalinas" comenzará a ponerse a punto en el transcurso del segundo semestre del año. Una de ellas es el Observatorio del Derecho a la Ciudad que recientemente ganara notoriedad por exponer las irregularidades de varios emprendimientos gastronómicos que operan en Costanera Norte. Además, fue la entidad que reveló las maniobras de Boca Juniors para alzarse con las tierras de Casa Amarilla que le permitirán construir un nuevo estadio.

Jonatan Baldiviezo, abogado y referente de la ONG, confirmó que el "nuevo Catalinas" es un "proyecto que el Gobierno porteño promoverá sobre Empalme Norte. Se levantará con rapidez, apenas obtenga el resto del financiamiento para la Autopista Ribereña". En diálogo con iProfesional, el letrado expuso que "la venta de terrenos del ferrocarril es algo que el PRO ahora puede motorizar gracias a la sintonía que existe entre los gobiernos de la Ciudad y Nación". "Lo que está haciendo la Ciudad es desprenderse de superficies para así poder llevar a cabo distintos proyectos de urbanización. Uno de ellos es el que concierne a la Villa 31", expresó Baldiviezo.

"Para eso también se impulsa la creación de una agencia de bienes que, entre otros activos, se ocupe en algún momento de vender el Tiro Federal. Como el Gobierno porteño necesita más fondos, entonces apela a deshacerse de terrenos públicos para poder encarar algunas obras", destacó. "Ahora tiene vía libre para comercializar los terrenos de Empalme Norte, en tanto el kirchnerismo ya no tiene control sobre los bienes ferroviarios, que prácticamente no se utilizan", dijo. "Formalmente la Ciudad se cuida de 'blanquear' el plan para hacer otro Catalinas. Es lo mismo que está ocurriendo con el plan pensado para la Villa 31", precisó.

En su visión, el PRO siempre opera igual: primero inicia las obras y luego sale a pelear la aprobación final. "El proyecto para la Villa 31, por ejemplo, ya está prácticamente terminado si bien no se llevó a la Legislatura. Se sabe que en agosto se dará inicio a los trabajos en agua corriente, cloacas, alumbrado público y asfaltado para esa zona de la Ciudad", precisó Baldiviezo.

En cuanto a la propuesta para "Empalme Norte", confió a iProfesional que "Larreta ya reconoció que esos terrenos serán parte del financiamiento de la Ribereña" "La intención es cerrar la venta de toda la superficie antes de comunicar el emprendimiento pensado para la zona", aseguró.

Una de los aspectos que podría demorar la iniciativa, según el letrado, radica en que tanto la Autopista Ribereña como la zona de maniobras del ferrocarril carecen aún de evaluaciones de impacto ambiental. Dicho trámite podría volver a frenar el impulso del PRO para poner en marcha con celeridad ambos proyectos. "Luego vendrá el debate en la Legislatura aunque, tal como viene ocurriendo en los últimos años, se da por descontado que se aprobará luego de haber negociado con los diputados del kirchnerismo", concluyó.

Potencialidad del negocio
En el sector del ladrillo, por supuesto, no faltan las miradas positivas respecto de las oportunidades que abre el desarrollo de un emprendimiento de este tipo, en un punto tan codiciado  de la Ciudad, aún sin edificar. José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, destacó la posibilidad de edificar torres en esa zona: "Se trata de terrenos de incidencia alta en el costo pero que claramente están subexplotados". "Ese predio está justo entre Catalinas, que es un emprendimiento netamente de oficinas, y Puerto Madero, que tiene su particularidad residencial. Va a ser un mix de ambos", comentó a iProfesional.

Para el directivo, una combinación de ambas identidades permitirá una sacarle más rédito a la superficie. "Es un espacio válido tanto para lo corporativo como para lo residencial, aseguró Rozados, quien dijo además que "Empalme Norte" cuenta con una posición estratégica. "La indicencia del terreno debe rondar por lo menos los 1.500 dólares el metro cuadrado", afirmó.

Rozados consideró que lo más probable es que no se apunte a darle al lugar un uso específico, ya que al estar estratégicamente bien ubicado que puede atraer distintos tipos de inversiones, incluso en materia de hotelería de lujo o complejos recreativos. "Está muy claro que las autoridades del gobierno de la Ciudad saben que el espacio es fantástico para sumarle atractivo a Buenos Aires. Más, a partir de proyectos de este tipo", concluyó el directivo de Reporte Inmobiliario.

Los kelpers dispuestos a "cooperar" con Argentina, pero a su manera

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
Reacción ante la reunión de Malcorra y Hammond. Tras la reunión de cancilleres en Londres, los isleños también reiteraron que la cuestión de soberanía "es invariable"


Aunque recibieron con frialidad el encuentro entre los cancilleres Susana Malcorra y Phillip Hammond de ayer, los kelper se mostraron dispuestos a cooperar con la Argentina. Igual, no hay un cambio de postura sobre ningún aspecto de su negativa a permintir un cambio de índole administrativo o jurisdiccional con el continente. “El Gobierno de las Islas Falkland quiere una relación positiva y de respeto con todos los países de Sudamérica, y le gustaría explorar formas de potencial cooperación con el gobierno de Argentina en áreas de mutuo interés”, señala un comunicado de las islas emitido esta mañana desde Puerto Stanley.

El comunicado informó que el gobierno isleño está al al tanto del encuentro de los cancilleres ayer en Londres y que fue consultado sobre el mismo. Aunque no lo dice expresamente, se deduce que fue antes de que ocurriera. En el comunicado del gobierno de las islas afirma: “Hammond reiteró que la posición del Reino Unido sobre las Islas Falkand permanece invariable, el referendum que se realizó en 2013 envió un mensaje claro de que los isleños quieren seguir siendo un Territorio de Ultramar del Reunio Unido”

Desde las islas han señalado a este diario que los espacios de “cooperación” que evalúan con Argentina actualmente “no están para conocimiento público” aún. Isleños, británicos y argentinos tienen siempre en la agenda la pesca, el petróleo, la comunicación, pero con distintas miradas. Los kelpers no manejan su política exterior. Lo hace el Reino Unido, pero desde la guerra tienen una amplia llegada a los oídos del Foreign Office que remarca la llamada “autodeterminación” de los kelpers que Argentina no reconoce. Pero el nuevo entendimiento entre Mauricio Macri y David Cameron inició un reacercamiento.

Malcorra y Hammond se reunieron ayer en una bilateral paralela a la cumbre anticorrupción que tuvo lugar en la capital británica. Aunque los ministros se conocen de cuando Malcorra era jefa de Gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, a quien debió representar en diferentes oportunidades, hacía casi 15 años que no se producía un encuentro como este.

La última bilateral tuvo lugar entre julio de 2001 cuando se reunieron el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y Jack Straw. En 2013, Héctor Timerman y William Hague intentaron reunirse en Londres en el medio de las altísimas tensiones bilaterales de entonces, pero la negativa argentina a que estuvieran los kelpers presentes abortó la bilateral.