Por Angeles Castro - La Nación
Por las escuelas y hospitales transferidos al gobierno porteño en 1992, reclamará $ 8824 millones de los fondos correspondientes
El gobierno porteño demandará al Estado nacional ante la Justicia por la falta de pago de los recursos necesarios para financiar los servicios de educación y salud, que, en 1992, fueron transferidos a la órbita de la ciudad sin las partidas monetarias para afrontar tanto el mantenimiento de escuelas y hospitales como los salarios de docentes y médicos.
Según cálculos del Ministerio de Hacienda porteño, la deuda nominal supera hoy los $ 2761,8 millones y, con los intereses y las actualizaciones pertinentes al 31 de diciembre de 2009, suma $ 8824,4 millones.
El monto equivale casi exactamente a lo presupuestado para abonar este año los sueldos de todos los empleados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales.
Por el decreto N° 417/10, publicado en el Boletín Oficial de la ciudad, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, instruyó al procurador general de la ciudad, Ramiro Monner Sans, a "promover las acciones judiciales que correspondan, a los fines de reclamar al Estado nacional el pago de lo adeudado en concepto de transferencia de servicios de educación y salud, por los períodos 1992 a 2003 [inclusive], más sus intereses y actualizaciones correspondientes".
Fuentes de los ministerios de Hacienda y de Salud recordaron que, a principios de la década del 90, la Capital recibió provenientes del entonces gobierno de Carlos Menem 216 escuelas (63 medias, 44 técnicas, 76 de adultos, 26 especiales, 5 de experimentación pedagógica y 2 artísticas), 10 hospitales (Rivadavia, Santa Lucía, Lagleyze, Udaondo, de Odontología, de Odontología Infantil, Borda, Moyano, Tobar García y Ferrer) y un instituto de rehabilitación. En Salud, agregaron que, junto con los centros asistenciales, se transfirieron aproximadamente 5000 empleados médicos y no médicos. En cambio, fue imposible establecer el número de docentes que pasaron de la órbita nacional a la porteña en ese momento.
Según las fuentes de Hacienda, oportunamente el costo de esta transferencia fue estimado en 282,9 millones de pesos anuales que, por las leyes nacionales que autorizaron el traspaso, la Nación debía enviar año tras año a la entonces Municipalidad de Buenos Aires. La normativa también estableció que los incrementos de la coparticipación que se registraran -sobre el piso de los $ 125 millones que cobró la Capital en ese concepto en 1992- se descontarían de esa suma.
En 2003, el monto que la ciudad recibió por coparticipación creció abruptamente y, en 2004, la diferencia superó los $ 282,9 millones, por lo que, a partir de ese año, no existe partida por reclamar, explicaron a LA NACION ante la consulta sobre por qué sólo se exigía el pago desde 1992 hasta 2003 inclusive.
Lo cierto es que el Estado nacional nunca canceló esas partidas, sostuvieron los voceros, pese a reiteradas negociaciones realizadas e incluso a la firma, en 2002, de un acta acuerdo por la deuda en educación, luego ratificada por la ley porteña 947, en la que la Nación reconoció una mora de 82.488.607 millones de pesos al entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra por el periodo 2000-2001. "Luego íbamos a ver cómo saldarla. Era una deuda importante del gobierno nacional, que debería cancelarse en el contexto de un acuerdo político, y si éste fracasara, queda la opción judicial", dijo ayer Ibarra a LA NACION.
Con un criterio similar explicó la decisión de avanzar judicialmente el actual jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. "Insistimos hasta ahora por todas las vías para que la Nación nos transfiera lo que debe a la ciudad. Como no tuvimos respuesta, estamos yendo a la Justicia", señaló.
En ese sentido, el decreto 417/10, que instruye al procurador general porteño a iniciar las acciones legales, detalla que ya el año pasado el gobierno de Macri envió a la presidenta de la Nación, al jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de Economía "una intimación para que en el plazo perentorio e improrrogable de 60 días se proceda a abonar la deuda mencionada", intimación que fue recibida en "septiembre de 2009, sin que se tenga a la fecha respuesta alguna".
El procurador general porteño, Ramiro Monner Sans, que en la víspera superó con éxito la audiencia pública en la que podían presentarse impugnaciones a su designación, relató a LA NACION que es probable que la demanda sea radicada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque existen otras posibilidades.
Sobre cómo se estimó la deuda por exigir, los voceros de Hacienda detallaron que surge de multiplicar los $ 282,9 millones anuales menos la diferencia de coparticipación registrada, por los 12 años reclamados (1992-2003). Ese cálculo suma $ 2761,8 millones a valor nominal. El 74% de la deuda corresponde a servicios de educación y el 26%, a salud.
Esa cifra actualizada asciende a $ 8824,4 millones. Para arribar a ese total, dijeron las fuentes del Ministerio de Hacienda, calcularon lo que llaman el "costo de oportunidad", es decir, qué hubiese hecho el gobierno de la ciudad si hubiera dispuesto de esos $ 2761,8 millones. Si bien, en la práctica, los hubiera invertido en obras y gastos corrientes, el perjuicio se estimó como si hubiera estado en un depósito a plazo fijo con la tasa de interés de un banco oficial.
HISTORIA DE LA DEUDA
Durante la gestión del ex intendente Carlos Grosso el Congreso aprobó las leyes que autorizaron al Poder Ejecutivo nacional a transferir a la ciudad de Buenos Aires las escuelas y los hospitales. Entonces, la Capital no tenía autonomía y era un distrito federal. Sólo 4 años después la ciudad de Buenos Aires logró su autonomía. Comenzó a luchar por recuperar los fondos que le correspondían.
Durante el gobierno de Aníbal Ibarra hubo un paso importante. El gobierno nacional reconoció a la Capital, en un acta acuerdo, una deuda por servicios educativos de $ 82.488.607, correspondientes al período enero de 2000-diciembre 2001. La gestión de Mauricio Macri decidió ahora, cumplidos sin éxito todos los pasos administrativos entre ambas instancias de gobierno, reclamar en la Justicia.
Los números, caso por caso.
- $ 6530,05 millones: Deuda en educación (desde 1992, la Capital mantiene 216 escuelas que antes pertenecían al gobierno nacional: 63 de educación media, 44 técnicas, 76 de adultos, 26 especiales, 5 de experimentación pedagógica y dos artísticas, y a su dotación de personal) .
- $ 2294,34 millones: Deuda en salud (desde 1992, la ciudad costea el mantenimiento de 10 hospitales (Rivadavia, Santa Lucía, Lagleyze, Udaondo, de Odontología, de Odontología Infantil, Borda, Moyano, Tobar García y Ferrer) y un instituto de rehabilitación transferidos).
Por Rosendo Fraga - Para LA NACION
