En un fallo emitido ayer, el máximo tribunal estadounidense dictaminó por 7 votos a 2 y revocó así un fallo de una Cámara de Apelaciones que había modificado una anterior disposición de un juez de primera instancia.
La resolución judicial cierra el reclamo de British Gas para recuperar el dinero perdido como consecuencia de la decisión del Gobierno de congelar los precios del gas en el 2002, que también violó un tratado recíproco de protección de inversiones firmado en 1993 entre Gran Bretaña y la Argentina.
La compañía británica inició las acciones legales en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Washington. En 2007, ese árbitro resolvió que como la Argentina tenía el acceso restringido a sus tribunales debido a la Ley de Emergencia Pública, sería una “consecuencia absurda y no razonable” exigir a British Gas acudir primero a los tribunales argentinos. Entonces, en primera instancia un tribunal federal de distrito en Washington ratificó la sentencia en 2011.
Al año siguiente, la Cámara de Apelaciones revocó ese pronunciamiento alegando que la empresa británica debería haber intentado presentar la demanda ante la Justicia argentina y luego esperar 18 meses para una decisión, como exigía el tratado, antes de recurrir a un arbitraje.
British Gas argumenta que el congelamiento de precios de 2002 causó la quiebra de Metrogas SA, distribuidora de gas argentina, de la cual era accionista. La empresa británica tenía en su poder el 45% de esta empresa. Luego de varios años, vendió su participación a YPF S.A. e Integra Gas Distribution LLC.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de los EEUU se produce en momentos en que la Argentina apeló ante ese tribunal sendos fallos de primera instancia y de alzada, en los cuales la justicia federal de ese país la obliga a pagar unos u$s1.330 millones a fondos de inversión que tienen deuda en default desde fines de 2001.
En otra causa, esa corte deberá resolver si acepta otra apelación del gobierno argentino por la cual se impide a bancos suministrar información de activos nacionales a fondos de inversión que reclaman por los bonos defaulteados de 2001.
De ambas decisiones dependerá si la Argentina continuará pagando sus obligaciones “performing” o bien caerá en un nuevo incumplimiento.
FUENTE: DyN