Por Daniel Santoro - Diario Clarín - Son para que el Ejército reemplace a los gendarmes enviados al GBA. Polémica por si esa función viola la ley.
Ante el despliege de más gendarmes desde las fronteras al Gran
Buenos Aires realizado en medio de la campaña electoral, el Gobierno
estudia un plan del general César Milani para incorporar 6 mil soldados voluntarios más a los 17 mil existentes en las próximas semanas. Es para crear una brigada de despliegue rápido que patrullará la frontera norte del país, revelaron a Clarín fuentes militares en exclusiva.
Se trata de una función polémica porque la ley de Defensa Nacional prohibe a las Fuerzas Armadas realizar tareas policiales o de inteligencia interior.
El ministro de Defensa y ex diputado, Agustín Rossi, confirmó el redespliegue del Ejército aunque no dijo nada sobre la incorporación de más soldados. Además, afirmó que los militares sólo harán tareas “de vigilancia y control” y no detendrán a narcotraficantes o contrabandistas en sus patrullajes sino que delegarán los arrestos en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el senador radical Gerardo Morales dijo que esa medida constituye “un retroceso” en la decisión de la democracia de desmilitarizar la seguridad.
La medida forma parte del plan de redespliegue militar que anunció Cristina en la cena de camaradería de las FF.AA. de mayo pasado. Pero, en los hechos, es complementaria del plan de seguridad que anunció el Gobierno a fines del mes pasado y que puso bajo al coordinación del secretario de Seguridad, Sergio Berni.
Se trata de casi un tercio más de la cantidad de soldados voluntarios que tiene el Ejército y que hoy llegan a unos 17 mil, que están dirigidos por 7 mil oficiales y 23 mil suboficiales.
El plan de Milani, quien se encuentra investigado por supuestas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (Ver “Ledo...”) implica la reestructuración de la llamada brigada “escuelas de formación” que se encuentra en Campo de Mayo. El Ejército tiene once brigadas. Esa se reconvertirá en “una brigada de despliegue rápido para patrullar las fronteras con Bolivia y Paraguay”, puntualizaron las fuentes.
Básicamente, realizarán controles de ruta. Anoche, Clarín consultó a Defensa por la información pero no respondió. Hasta ayer no se sabía si la brigada se integrará con soldados ya en servicio o se esperará dar la instrucción a los nuevos, que puede durar no menos de tres meses.
Una de las zonas grises del plan, desde el punto de vista jurídico, está relacionada con la pregunta: ¿qué harán los efectivos del Ejército cuando encuentren a un sospechoso de narcotráfico, contrabando u otro delito? Rossi dijo que en ese caso “lo comunicarán en forma inmediata a las fuerzas de seguridad para que éstas actúen”. ¿Pero la sola demora de un ciudadano no sería ilegal?
Además, hay otras dudas como: ¿quién hará la inteligencia previa para desplegar militares en puntos clave de las rutas de frontera? Las FF.AA. la tienen, también, prohíbo por la ley de Defensa Nacional. Milani, además de jefe del Ejército, retiene el cargo de director de Inteligencia, su especialidad.
El proyecto de Milani reemplaza, de hecho, al plan “Escudo Norte” que lanzó la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, en el 2011. Ese plan implicó el desplazamiento de 20 radares Rasit del Ejército para intentar identificar vuelos ilegales y aviones Pucará de la Fuerza Aérea para seguimiento sin intercepción, entre otros elementos. Además, ese plan creó cortocircuitos entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Gendarmería Nacional.
Se trata de una función polémica porque la ley de Defensa Nacional prohibe a las Fuerzas Armadas realizar tareas policiales o de inteligencia interior.
El ministro de Defensa y ex diputado, Agustín Rossi, confirmó el redespliegue del Ejército aunque no dijo nada sobre la incorporación de más soldados. Además, afirmó que los militares sólo harán tareas “de vigilancia y control” y no detendrán a narcotraficantes o contrabandistas en sus patrullajes sino que delegarán los arrestos en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el senador radical Gerardo Morales dijo que esa medida constituye “un retroceso” en la decisión de la democracia de desmilitarizar la seguridad.
La medida forma parte del plan de redespliegue militar que anunció Cristina en la cena de camaradería de las FF.AA. de mayo pasado. Pero, en los hechos, es complementaria del plan de seguridad que anunció el Gobierno a fines del mes pasado y que puso bajo al coordinación del secretario de Seguridad, Sergio Berni.
Se trata de casi un tercio más de la cantidad de soldados voluntarios que tiene el Ejército y que hoy llegan a unos 17 mil, que están dirigidos por 7 mil oficiales y 23 mil suboficiales.
El plan de Milani, quien se encuentra investigado por supuestas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (Ver “Ledo...”) implica la reestructuración de la llamada brigada “escuelas de formación” que se encuentra en Campo de Mayo. El Ejército tiene once brigadas. Esa se reconvertirá en “una brigada de despliegue rápido para patrullar las fronteras con Bolivia y Paraguay”, puntualizaron las fuentes.
Básicamente, realizarán controles de ruta. Anoche, Clarín consultó a Defensa por la información pero no respondió. Hasta ayer no se sabía si la brigada se integrará con soldados ya en servicio o se esperará dar la instrucción a los nuevos, que puede durar no menos de tres meses.
Una de las zonas grises del plan, desde el punto de vista jurídico, está relacionada con la pregunta: ¿qué harán los efectivos del Ejército cuando encuentren a un sospechoso de narcotráfico, contrabando u otro delito? Rossi dijo que en ese caso “lo comunicarán en forma inmediata a las fuerzas de seguridad para que éstas actúen”. ¿Pero la sola demora de un ciudadano no sería ilegal?
Además, hay otras dudas como: ¿quién hará la inteligencia previa para desplegar militares en puntos clave de las rutas de frontera? Las FF.AA. la tienen, también, prohíbo por la ley de Defensa Nacional. Milani, además de jefe del Ejército, retiene el cargo de director de Inteligencia, su especialidad.
El proyecto de Milani reemplaza, de hecho, al plan “Escudo Norte” que lanzó la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, en el 2011. Ese plan implicó el desplazamiento de 20 radares Rasit del Ejército para intentar identificar vuelos ilegales y aviones Pucará de la Fuerza Aérea para seguimiento sin intercepción, entre otros elementos. Además, ese plan creó cortocircuitos entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Gendarmería Nacional.