Por Jorge Remes Lenicov (Exministro de economía), especial para ámbito.com.-
A fines de 2001 Argentina se encontraba en una muy profunda crisis institucional, política, social y económica. En menos de dos semanas se sucedieron 5 presidentes, y la gente en la calle pedía "que se vayan todos", refiriéndose a los integrantes de los tres poderes del Estado. Desde años antes, el colapso de la convertibilidad llevó a la economía a la depresión y a la ruptura de la cadena de pagos, convirtiéndose en la crisis económica más grave desde los años treinta.
En los primeros meses de 2002 se implementó un programa integral para superar la grave situación y establecer los fundamentos básicos para una estrategia productiva. Para ello se adoptaron un conjunto de medidas (devaluación, pesificación, recomposición de los contratos, ordenamiento fiscal, retenciones a las exportaciones, acuerdo con las provincias, reprogramación de la deuda pública interna y del corralito heredado, y la recuperación de la política monetaria y cambiaria, entre otras), que permitieron en marzo detener la caída y en abril volver a crecer, sin estallido social ni hiperinflación, buscando que nadie ganara a expensas de otros, que los costos de la crisis se distribuyeran lo más equitativamente posible y que las medidas adoptadas fueran sustentables y no dejaran problemas para el futuro.
Cuando en mayo de 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia, el país crecía al 8 %, la inflación era del 2 % anual, el tipo de cambio era competitivo, ya se habían alcanzado los superávit gemelos (fiscal y en cuenta corriente) y los precios internacionales de los productos agrícolas comenzaban a crecer aceleradamente. A pesar de ello, el oficialismo, con el afán de victimizarse sigue hablando de la "pesada herencia recibida", más allá de que efectivamente quedaba por mejorar y mucho la situación social, que era difícil debido a la explosión de la convertibilidad pero que se encontraba en franca mejoría.
El nuevo gobierno mantuvo y consolidó las medidas implementadas en el primer cuatrimestre de 2002 y algunos de los temas que quedaron para su resolución posterior, como el de la deuda pública externa y la recomposición salarial y de las jubilaciones, se resolvieron exitosamente. Esta estrategia y el favorable contexto mundial permitió, en los 5 años siguientes, el fuerte aumento del PIB (8,5 % anual), del consumo, de las inversiones y de las exportaciones, así como también una reducción de la pobreza y el desempleo y mejoras en la distribución del ingreso, aunque a partir de 2005 comienzan las presiones inflacionarias.
Cambio de modelo y estanflación
A partir de 2008/09 los pilares básicos se fueron perdiendo lentamente, y sin explicitarlo nunca, el modelo original se transformó en otro. Este nuevo modelo, basado casi exclusivamente en el fomento del consumo interno, provocó el aumento del déficit fiscal, de la inflación y el retraso cambiario, dejándose de hablar de las bondades de los superávit gemelos, del tipo de cambio competitivo y de la baja inflación. El excelente contexto externo y el dinamismo de la producción agropecuaria permitieron "estirar" en el tiempo sus limitaciones. Pero a pesar de ello, a partir del tercer trimestre de 2011 la economía se desaceleró fuertemente: creció sólo 1,7 % en 2012 y se estima 2,5 % para este año. Además se dejaron de crear empleos formales y cayeron las inversiones reproductivas y las exportaciones industriales y de las economías regionales. La inflación se fue instalando en muy altos niveles y así alentó el cortoplacismo, exacerbó la puja distributiva, desalentó el ahorro y la inversión, generó inestabilidad e incertidumbre y terminó perjudicando a los pobres y a quienes tienen ingresos fijos, motivo por el cual está aumentando la pobreza y empeorando la distribución del ingreso. Las reservas internacionales comenzaron a caer, la deuda pública comenzó a crecer y se aceleró fuertemente la fuga de capitales (80.000 millones de dólares desde 2007).
El incentivo al consumo (privado y público) sirve para reactivar pero no para crecer. Dura pocos años porque al no haber incentivos a las exportaciones e inversiones aparecen los problemas por el lado de la oferta a través de los estrangulamientos productivos y de divisas y el aumento de la inflación. A pesar de esto cuando se afirma que el proceso inflacionario genera disloques en la economía, el gobierno responde que quienes así opinan están promoviendo un ajuste recesivo, a pesar que la propia inflación es la que está haciendo el ajuste provocando la caída de los salarios reales y el estancamiento de la economía.
El retraso cambiario, la inflación, la restricción energética, la falta de ahorro y de crédito, el distanciamiento del mundo, la escasa inversión productiva y la salida de capitales no permiten crecer sostenidamente. Esto explica por qué este modelo está agotado. Se depende de la soja y de factores exógenos (lluvias, Brasil y precios internacionales) y la economía entró en estanflación. Si no hay cambios en la estrategia la situación empeorará porque la inflación hará un ajuste peor del propuesto históricamente por los ortodoxos.
Macroeconomía desequilibrada y sin cambios estructurales
Este es el gobierno de las oportunidades perdidas, aunque ellos proclamen que existe "un mayor espacio nacional" para ejecutar políticas económicas, lo cual no es cierto vistos los magros resultados obtenidos.
Ante la crisis la respuesta oficial ha sido "profundizar el modelo". Esto ha traído aparejado el control de estadísticas, importaciones, mercado de cambios y de los precios. Además, se han "planchado" las tarifas y el tipo de cambio para tratar de contener la inflación y se han utilizado los fondos del BCRA y del Anses para financiar el creciente déficit fiscal y se lanzó otro "blanqueo" impositivo para conseguir algunos dólares. Todas estas medidas, en lugar de modificar la tendencia traban la economía y generan más problemas.
Argentina cuenta con excelentes potencialidades. Pero para desarrollarse requiere el diseño de un programa coherente que aproveche las oportunidades, para lo cual son fundamentales el mejoramiento y el fortalecimiento de todas las instituciones de la democracia y el diseño de una estrategia de mediano y largo plazo cuyo objetivo sea el aumento sistemático de la competitividad y del bienestar social. Esto deberá acordarse entre los partidos políticos y los sectores sociales de forma tal que pueda darle estabilidad a las reglas de juego, reducir la conflictividad y evitar los bruscos y cíclicos cambios de las políticas públicas. Además, es primordial lograr una macroeconomía equilibrada, un Estado que funcione adecuadamente, mayores inversiones en infraestructura, maquinarias y ciencia y tecnología, exportaciones con creciente valor agregado y una educación de calidad. Por cierto que ello exige también reformas en el área impositiva (mas progresividad) y en el sistema financiero (para incentivar el ahorro, el crédito a largo plazo y reducir el spread), la modificación del régimen de coparticipación federal (para aumentar y mejorar el federalismo), la promoción del trabajo decente (para evitar el empleo precario e informal), y recuperar el autoabastecimiento energético.
Estos requisitos se contraponen a la estrategia oficial de pensar que sin hacer nada igualmente se generarán las condiciones para alcanzar el "crecimiento sustentable con inclusión". Lo que está ocurriendo muestra lo desacertado de su postura y que la autocalificación de progresista queda solo en el discurso.
Esta política condena al país a vivir por debajo de sus posibilidades, que en esta época son muy favorables. Desperdiciar esta oportunidad histórica por no querer acordar políticas de Estado de largo plazo o plantear un debate abierto y franco sobre los problemas del presente no se puede admitir. Muchos países de AL como Chile, Brasil y Uruguay, cuyos gobernantes participaron de los movimientos revolucionarios de los setenta, están trabajando para consolidar un programa económico y social sustentable y que les permita aprovechar esta coyuntura internacional.
