Decidida a tomar Malvinas como uno de los ejes de su segundo gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció en su discurso una movida diplomática y una jugada que dará énfasis a la estrategia que viene desplegando. La movida diplomática es el anuncio de que quiere negociar con Londres tres vuelos semanales a las islas, desde Buenos Aires y por Aerolíneas. El énfasis es que ella en persona, y no sólo el canciller como ocurre habitualmente, es quien viajará a la reunión anual del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
La movida diplomática tendrá un efecto concreto y varios pasos posibles. Por lo pronto, sacudirá un tablero que en los aspectos bilaterales estuvo quieto en los últimos cuatro años, por la negativa de Londres a negociar la soberanía y por la falta incluso de representante de la Argentina en el Reino Unido. La nueva embajadora, Alicia Castro, será instruida para renegociar el convenio firmado por el Estado argentino en 1999, sobre vuelos a las islas.
El acuerdo autorizó entonces dos vuelos diarios de Lan Chile, la empresa privada chilena. Fue uno de los resultados de la visita de Carlos Menem al Reino Unido, en 1998, la primera tras la normalización de relaciones diplomáticas entre los dos países luego de la guerra.
Otro mundo. Por un lado, Aerolíneas era una empresa privada luego de su desnacionalización por parte del propio Menem. Por otro lado, la postura del canciller Guido Di Tella consistía en desarrollar acuerdos en pesca y petróleo con el Reino Unido poniendo mientras tanto bajo un paraguas la cuestión de la soberanía. La tesis del paraguas tenía un implícito: cualquier medida que se avanzara en conjunto no significa para un Estado la aceptación de títulos de soberanía del otro. Para el tándem Menem-Di Tella, según lo argumentaban en esos años tanto el presidente como su canciller, la soberanía estaría más cercana si la Argentina firmaba como parte en cuestiones de exploración y explotación de recursos. Al mismo tiempo estaba en marcha la política que fue conocida como de seducción de los isleños.
En rigor, hasta el 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas decidieron cambiar la tradición de reclamo pacífico por el desembarco militar, los gobiernos argentinos se habían mostrado cooperativos con los habitantes de Malvinas. Como antes de la guerra se trataba de una colonia de residentes modestos y el presupuesto de la Corona era bajo, recurrían al continente para internarse de urgencia, para enviar correspondencia o para aprovechar la habilidad con el inglés y las clavijas de las operadoras internacionales de ENTel.
El tema de los isleños y su derecho a mantener la forma de vida nunca estuvo en discusión. El debate tradicional es si diplomáticamente valen sus deseos o no. Si valen, son parte en una eventual negociación, así sea como quien veta por una bolilla negra en última instancia. Si los deseos no tienen traducción diplomática, quedan los intereses, que hoy son tutelados por Londres y que la Constitución argentina promete tutelar cuando cambie la soberanía. Para la Argentina los isleños no son un sujeto en condiciones de negociar o plantear exigencias de manera directa. Para el Reino Unido tampoco, pero igual que en Gibraltar utiliza a menudo el argumento de que los isleños tienen derecho a la autodeterminación. Está claro que si el Foreign Office lo dice es porque los isleños parecen determinados a seguir siendo parte de la Corona británica.
El Derecho Internacional marca que una victoria bélica no da derechos de posesión, o sea que no puede validar lo inválido, de modo que la derrota militar consumada el 14 de junio de 1982 no cambia la legitimidad del reclamo argentino confirmada por la Organización de las Naciones Unidas desde que en 1965, como lo recordó ayer la Presidenta, el gobierno de Arturo Illia obtuvo la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que señala la posesión de Malvinas como resabio colonial e insta a negociar.
Pero lo que sí hizo la derrota de 1982, además de su carga inútil de víctimas, fue poner más peso en la mochila de los gobiernos democráticos que vendrían después, obligados a buscar una vía para retomar una negociación por la soberanía que hasta 1981, y con todas sus vueltas, avanzaba de manera extraoficial y discreta.
Cristina apuntó ayer a quitar del paisaje político la noción de unas islas pobladas de pastores. Informó que sobre tres habitantes, uno es militar.
La oferta de negociar vuelos busca, desde el Gobierno, quitar el argumento de que la Argentina quiere perjudicar a los isleños.
Pero, a la vez, abre una serie de posibilidades y enigmas nuevos en la cuestión de las Malvinas.
¿Londres aceptará negociar sobre vuelos?
¿Qué papel jugará en la discusión el reciente pedido de la ministra de Industria, Débora Giorgi, que sugirió a los industriales las bondades de no proveerse de insumos británicos?
¿El Gobierno utilizó esa sugerencia como otro modo de incluir más temas en la agenda para que hubiera luego cosas nuevas para negociar?
¿Cómo influirá en la discusión con el Reino Unido el hecho de que Aerolíneas sea ahora, literalmente, por la propiedad estatal, una línea argentina de bandera?
¿Cómo transcurrirán las negociaciones con Chile y cuál será, además de la vecindad y la conveniencia mutua, la moneda de cambio para la posibilidad de que Lan suspenda los vuelos desde Punta Arenas?
¿Los vuelos de Aerolíneas desde Buenos Aires harían escala en Río Gallegos, la capital santacruceña que como recordó ayer la Presidenta está a poco más de 700 kilómetros de las islas?
¿Y los pasaportes serán tema de una mesa de discusión?
De paso: ¿la Argentina planteará la renegociación del sistema de vuelos también bajo el sistema del paraguas que, se supone, no implica la concesión de derechos de soberanía a la otra parte?
Las respuestas irán apareciendo con tiempo. Quien imagine el proceso negociador de Malvinas como un episodio frenético se equivoca. El Reino Unido ocupa las islas desde enero de 1833 y aún no negoció oficialmente la soberanía. Lo mismo ocurre con Gibraltar, dominio británico desde antes: 1713.
El Gobierno, más bien, trata de acumular apoyos dentro y fuera de la Argentina. La Presidenta viene insistiendo en que el litigio de Malvinas es una causa nacional, regional y global. El primer punto no tiene discusión. Para completar el segundo sólo falta que se terminen los vuelos a las islas desde Chile. Ya el reclamo de soberanía fue asumido como propio por el Mercosur, que decidió prohibir que sus puertos se conviertan en atracadero de barcos con bandera de las islas, por Unasur y por el Consejo de Estados de América latina y el Caribe.
Como informó este diario el lunes, a través de filtraciones obtenidas de Wikileaks, cables de inteligencia revelan que Brasil apoya la exigencia argentina de soberanía porque no quiere una superpotencia en el Atlántico Sur cuando Petrobras ya se convirtió en un gigante mundial.
La pelea global, de la que Brasil es una pata clave porque figura entre las diez economías más importantes del mundo, es la más difícil. En buena medida por eso Cristina sigue buscando el escenario de la ONU. Igual que el año pasado, en septiembre próximo el tema será parte importante de su discurso. Su participación en junio oficiará de anticipo. Habitualmente son los cancilleres los que encabezan la delegación argentina en el Comité de Descolonización de la ONU. Haber elevado el perfil con la decisión de ir en persona revela su intención de darle más impacto.
Muy pronto estará el resultado de las recomendaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa, con la ayuda de Augusto Rattenbach, que está revisando si el Gobierno puede dar a conocer completos el Informe Rattenbach y sus anexos. El paso será interno y, por lo que ya se conoce del informe, la difusión oficial tiene el sabor de un antídoto contra una visión militarista de la cuestión Malvinas.
Y en un mes exacto habrá otra fecha de las redondas: treinta años del 2 de abril, día del desembarco resuelto por Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo. Un feriado sin sentido democrático ni relación con el reclamo de soberanía. Lo instauró la dictadura, lo anuló el gobierno de Raúl Alfonsín y lo repusieron Fernando de la Rúa y su ministro de Defensa Ricardo López Murphy. Una trampa de los dinosaurios.
