El PRO sacó una ley para que se puedan vender las villas

LPO - Se simplificará el proceso de escrituración de los habitantes de las villas. Michetti lo había sugerido el año pasado.


Foto: La autora del proyecto, Karina Spalla.

La Legislatura porteña le aprobó una ley a Mauricio Macri que permitirá vender las villas, tal como Gabriela Michetti dio a entender el año pasado en el programa de Mirtha Legrand.

Con los votos del PRO y de los bloques de Unen, el parlamento porteño sancionó hoy una ley que modifica el Código Fiscal respeto a temas de regularización dominial en los cuales el gobierno porteño, en forma directa o por medio del Instituto de la Vivienda (IVC) o la Corporación Buenos Aires Sur son parte de primeras transmisiones de dominio, lo que agilizará el proceso de escrituración para más de 160.000 vecinos que vivan en villas o asentamientos o sean ocupantes legítimos en complejos habitacionales porteños.

El PRO retomó así la idea del economista peruano Hernando De Soto, que planteó que la regularización dominial genera transformaciones significativas en las condiciones de vida de los habitantes de las villas.

La senadora Michetti había blanqueado el año pasado que ese proceso podría culminar con la venta de las villas. “La villa 31 es el único lugar de las villas que es muy difícil transformar en un barrio, entonces mi sensación es que hay que hacer la regularización dominial para que cada persona tenga su casa y su propia escritura”, había explicado Michetti el año pasado, lo que desató un escándalo en la Legislatura.

“Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad o cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media”, argumentó en ese entonces la candidata del PRO.

La ley

La ley aprobada hoy establece un diferimiento de 36 meses para la aplicación del Valor Inmobiliario de Referencia -VIR- lo que redundaría en una sensible baja en los aranceles de escrituración.

También con la modificación se evitará la doble inspección para mensura de los predios sobre los cuales realicen las primeras transmisiones de dominio, dándole validez y carácter de instrumento único a los planos "M" o "C" o "MH", según corresponda en cada caso. El expediente iniciado por los diputados Karina Spalla y Cristian Ritondo (PRO), modifica los artículos 260, 271, 277,407 del Código Fiscal que rige en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los fundamentos los diputados firmantes del despacho de la Comisión de Presupuesto explicaban que “se ha observado que el Código Fiscal carece de especificidad” en ese tipo de regularizaciones dominiales lo que “produce distorsiones en los montos de las escrituraciones por aplicación inmediata del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR)”, que considera el valor de referencia del terreno en cuanto la valuación del barrio o zona, así como la valuación de los edificios y el potencial de edificabilidad”.

La modificación conlleva, según continúan detallando los legisladores, “la optimización del proceso de regularización dominial y la escrituración de los predios donde los habitantes desean regularizar la situación”.

"En el caso que una propiedad tenga deudas inmobiliarias al momento de la transferencia de dominio, las mismas se extinguirán" señaló Ritondo, quien además, coincidió con Spalla en que "la reforma fue hecha de la forma más meticulosa posible y en su elaboración participaron técnicos de diversas áreas del Poder Ejecutivo, como el IVC, la AGIP y Escribanía General".

También destacaron "el objetivo de aportar soluciones a los problemas habitacionales de los más de 163 mil vecinos que viven en las villas y asentamientos de la ciudad y que reclaman ser dueños genuinos del suelo que ocupan. Cuando evaluamos el impacto de esta ley estamos pensando en vecinos con igualdad de oportunidades y en cómo esa mejora repercute en el bienestar de la sociedad en su conjunto".

El expediente contaba con un dictamen de minoría firmado por el bloque del Frente para la Victoria que proponía el archivo debido a que “puede resultar conflictiva la entrega de títulos sobre soluciones habitacionales como las construidas por el IVC y Corporación Sur dado que hay casos en las que las mismas no cumplen con las condiciones mínimas”, entre otras objeciones. La norma resultó aprobada por 37 votos positivos (PRO, CP, SUMA+, PSur, CC), 18 negativos (FpV, FPP, SP, NE, BC, FIT, SL) y 2 abstenciones (Alejandro Bodart -MST y Virginia Goznález Gass -PSA).

Pensar que los "rojos" son los "progre" y votan en contra de una ley que habilita el acceso a la propiedad de ñps pobres...No entiendo.

Riachuelo: sancionan una ley que avanza en el traslado de mil familias de la villa 21-24

(La Nación) - Se rezonificaron terrenos para hacer viviendas; castigan la reventa de entradas
 
La Legislatura porteña sancionó ayer una ley que permite rezonificar terrenos en La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios para poder relocalizar casi mil familias que viven en la villa 21-24, de Barracas, a orillas del Riachuelo.

La normativa permitirá con el plan de saneamiento, ordenado por la Corte y que tiene dos años de retraso, la mudanza de estas 1334 familias. Ése es el total que debe ser reubicado en nuevos terrenos. Por el momento, se han mudado 106 al complejo de Castañares y General Paz. Mientras que a los nuevos terrenos donde se levantarán las casas irán 678 familias, según el convenio que el Instituto de Vivienda de la Ciudad firmó con la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) hace más de tres años.

Sólo ahora se podrá llamar a licitación para comenzar con las obras, según detallaron en el IVC.

La ley fue aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo y dispone la transferencia de inmuebles, expropiación y rezonificaciones, por iniciativa de los legisladores de Pro, Karina Spalla y Cristian Ritondo.

La norma es el resultado del consenso entre legisladores, Acumar (que financia la construcción de las viviendas), el IVC, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, el Ministerio Público de la Defensa, ONG y también de los vecinos, que participaron en los lineamientos de su propia relocalización y lograron que el Poder Ejecutivo tomara como propio el listado de terrenos que ellos mismos relevaron en la comuna 4.

María Rosa Muiños (FPV), presidenta de la comisión de Planeamiento Urbano, recordó: "En junio de este año, Acumar diagnosticó 72 niños con probabilidad de presencia de trastornos en su desarrollo psicomotor y 53 niños con diagnóstico toxicológico por encima de los valores de referencia".

"En la ciudad vivimos con un conflicto de escasez de tierra disponible para la construcción de vivienda nueva. La presente ley completa la necesidad de terrenos para avanzar en la construcción de viviendas sociales que den solución a 1334 familias de la villa 21-24, completando así en un 100% la obligación asumida por el gobierno porteño respecto del fallo Mendoza", dijo Emilio Basavilbaso, presidente del IVC en referencia al fallo por el saneamiento de la cuenca.

En ese mismo sentido, el auditor porteño Eduardo Epszteyn sostuvo: "Celebramos la aprobación de la ley aunque hay un retraso notable es los planes y en los plazos que estaban previsto".

REVENTA DE ENTRADAS

Ayer, también se aprobó con 52 votos positivos y una abstención el proyecto de ley que propone sancionar la reventa de entradas para espectáculos masivos, artísticos o deportivos. La iniciativa contempla multas que van desde $ 2000 hasta 20 días de arresto y la misma pena para quienes la vendan y no sean los responsables de la organización. Y cuando las conductas sean cometidas por los organizadores las sanciones serán de entre $ 10.000 y hasta 30 días de arresto.

Un proyecto de Detroit propone demoler para repoblar

POR ROSE HACKMAN - ESPECIAL PARA THE GUARDIAN Y ARQ - (Clarín.com)
La ciudad estadounidense está derribando 200 casas a la semana, como parte de un controvertido plan que busca atraer a inversores a la ciudad, pero los críticos dicen que va a expulsar a los residentes negros. El objetivo del proyecto es demoler 40 mil viviendas.

La ciudad de Detroit arrancó un proceso de demolición sistemática de sus edificios más decaídos, con la intención de erradicar 40 mil edificios y viviendas deterioradas en los próximos 5 años. Las demoliciones están ocurriendo a un ritmo de 200 por semana, y cada una cuesta 15 mil dólares. El programa cuenta con poco menos de mil millones de dólares para gastar.

Ninguna otra ciudad de Estados Unidos ha intentado alguna vez una operación de tal envergadura. Para Detroit está en juego su recuperación financiera - a pesar de que se estima que solo se crearán 430 puestos de trabajo en los próximos cinco años. Con esta operación de tabula rasa se liberarán tierras para nuevos edificios y las autoridades de la ciudad enviarán, teóricamente, una señal de bienvenida a potenciales inversores y nuevos residentes de una estirpe más rica -e inevitablemente más blanca.

La huída de la clase media blanca a los suburbios, que se aceleró después de los disturbios raciales de 1967, ha sido un factor importante en los cambios demográficos que ocurrieron en la ciudad en las últimas seis décadas, como así como su empobrecida base fiscal. Detroit pasó de poseer una población mayoritariamente blanca y de ser símbolo de la próspera clase media de Estados Unidos, con una población de 1,8 millones a finales de 1950, a tener un 82% de población negra en la actualidad, con un ingreso medio por hogar rayando la línea de pobreza, con una población de 700.000 personas.

Peter Hammer, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Wayne, donde también dirige el Centro de Keith J Damon para los Derechos Civiles, es escéptico respecto del éxito de la iniciativa. Él llama a los esfuerzos anti-decaimiento urbano, "una visión miope centrada en destruir edificios". "Desearía que los funcionarios municipales se preocuparan por el racismo con la misma intensidad maníaca como lo hacen por la calidad de las construcciones", afirma.

De hecho, los críticos afirman que el proyecto busca resolver los efectos de la crisis sin detenerse en sus causas estructurales, y que además fue diseñado por burócratas en vez de residentes. Si se hiciera una consulta popular, ¿los ciudadanos votarían por asignar ese dinero a la demolición en vez de enfrentar otras prioridades más urgentes, como ser el servicio de agua? "El racismo es lo que nos metió en este lío; si embargo, no hay nada en este proyecto de demolición que se ocupe de cuestiones de raza, segregación, discriminación o de la huída de la clase blanca, que es la causa principal de los problemas de abandono de edificios en Detroit", dice Hammer.

George Galster, un distinguido profesor en el departamento de estudios urbanos y planificación de la Universidad Estatal de Wayne, estima que la operación de eliminar las estructuras derruidas es como "poner una curita en una herida", y se lamenta de la poca atención que se le da a las causas de base de la crisis, como ser un mercado inmobiliario desregulado en el región más amplia de Michigan, el cual ha sido responsable de construir un excedente de 10.000 casas por año desde la década de 1950, lo cual constribuyó a expulsar a la gente de Detroit hacia los suburbios.

Algunos toman otra vista. Argumentan que romper algunas ventanas ahora se traducirá en un menor número de "ventanas rotas" más adelante. La controvertida experiencia de Detroit con la teoría policial de las "ventanas rotas" está dejando su marca en el nuevo espíritu de la ciudad. "La idea detrás de la teoría es convincente: una ventana rota engendra una ventana rota", afirma Craig Fahle, quien recientemente renunció a su trabajo como locutor de radio y una de las voces mediáticas más respetadas de la ciudad para unirse a la Alcaldía Duggan renovado Banco de Tierras, el cual está supervisando la eliminación de edificios derruidos, así como la subastando de casas recuperadas por la ciudad y reclutando nuevos residentes. "Es lo mismo con el derruimiento: el derrumiento engendra derrumiento. El derrumiento se arrastra", dice Fahle, comparando el derrumiento a una entidad viviente.

La evidencia aún no es sólida, argumentan algunos. Investigaciones recientes realizadas en colaboración con Erica Raleigh en Data Driven Detroit, sugieren que los edificios abandonados tienen un efecto neutro sobre el crimen, dice Galster. Contrariamente a la creencia popular, no hay evidencia que sugiera que las propiedades arruinadas atraigan o exacerben la actividad criminal.

Bernard Harcourt, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y director del Centro de Columbia para Contemporáneo Pensamiento Crítico, considera que extender la teoría de las ventanas rotas a la eliminación del decaimiento urbano es "fascinante". Harcourt dice que la teoría de las ventanas rotas es utilizada desde hace mucho tiempo como "una excusa para un renacer inmobiliario y la redistribución de la riqueza", ya que las zonas donde se practicó pasaron desde el extremo inferior de la escala socio-económica a la parte superior, incluso en lugares como Times Square de Nueva York y Skid Row en Los Angeles.

Las transformaciones de estas áreas se promocionan como evidencia del éxito de las ventanas rotas. En realidad, afirma Harcourt, fueron el producto de un proceso de planificación urbana y reurbanización que duró una década y que redistribuyó sustancialmente la riqueza y la población de un barrio a otro. "¿Se están demoliendo los edificios para servir a las personas que viven en los barrios ahora, o se están tirando abajo con el fin de facilitar la repoblación de quien sea que vaya va a comprar esa propiedad ahora vacante?"

Villa Olímpica: los ganadores del cuarto concurso

/Diario Clarin) - Cómo es el proyecto de manzana y viviendas propuesto por la arquitecta Mariana Baulán, ganadora del primer premio del Cuarto Concurso de Anteproyectos para las viviendas que conformarán la Villa Olímpica, en Soldati.

 

VILLA OLÍMPICA IV. Implantación general del Primer Premio, obtenido por la arquitecta Mariana Baulán.
 Villa Olímpica IV. Implantación general del Primer Premio, obtenido por la arquitecta Mariana Baulán. Villa Olímpica IV. Implantación general del Segundo Premio, cuya autoría corresponde al arquitecto Carlos Augusto Pedro Dodero. Villa Olímpica IV. La propuesta de viviendas correspondiente al Tercer Premio, de los arquitectos Emiliano Millán y María Virginia Moro.

Con tres premios y una mención cerró el Cuarto Concurso Nacional de Anteproyectos para la construcción de viviendas para la Villa Olímpica, cuyos premios fueron entregados el viernes pasado en la sede de la SCA en presencia del promotor y el organizador.

El masterplan se desarrollará en Villa Soldati y tiene como fin el diseño y la construcción de las viviendas que en principio ocuparán las delegaciones de los Juegos Olímpicos Para la Juventud 2018. El primer premio correspondió al proyecto de la arquitecta Mariana Baulán; el segundo al arquitecto Carlos Augusto Pedro Dodero y el tercero a la dupla Emiliano Millán y María Virginia Moro. El arquitecto Alberto Florio recibió la única mención otorgada por el jurado, esta vez conformado por Daniel Chaín, Daniel Silberfaden, Alvaro Arrese, Susana Di Doménico, Héctor Lostri y Leandro Larrosa.

Sobre el proyecto ganador, el jurado valoró especialmente el planteo de “un nivel inicial compuesto por espacios libres interiores en doble altura, un hábil manejo de las dos escalas que incluyen cambios de ritmo compositivo, transparencias, visuales amplias y versatilidad de usos”. Hay una correcta formalización arquitectónica en lo referente a la modulación estructural de la vivienda, con cocheras en subsuelo y la transición a escala del peatón, con un diseño que permite un eficiente comportamiento bioclimático en las unidades habitacionales.

La fecha de entrega de trabajos para el quinto concurso -el último de la zaga- se prorrogó hasta el 20 de octubre. Una vez finalizado vendrá la etapa de los ajustes entre los cinco proyectos y la presentación del plan urbano elaborado por el Ministerio de Desarollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Un buen plan, aunque se lo puede mejorar

POR DAMIÁN TABAKMAN* - Clarin.com
El autor elogia diversos aspectos del Procrear, como su transparencia y el esquema financiero. Pero opina que el sector privado debería poder invertir, para que la ANSeS no sea su única fuente de recursos.

Obra multifamiliar en Granadero Baigorria, en las afueras de Rosario (gentileza Pecam).

La nota sobre el plan Procrear publicada semanas atrás en este mismo suplemento, si bien es interesante en lo referente a los aspectos arquitectónicos de la operatoria, no contempla un análisis amplio de la misma. En primer lugar hay que señalar que el programa está fondeado básicamente con recursos provienentes del sistema previsional público, lo cual supone una razonable colocación de fondos de los futuros jubilados, que por definición deben ser invertidos a largo plazo.

Por otra parte, vale la pena destacar el criterio de selección de los beneficiarios para entender la calidad de los activos en los cuales el ANSeS invierte. El sistema funciona mediante sorteos públicos de los cuales surgen los elegidos, a quienes luego se les hace una evaluación crediticia. Así, no replica la modalidad histórica de la vivienda social en nuestro país, de tipo “clientelista”. Las hipotecas se originan y administran a través del Banco Hipotecario (fiduciario del programa), cumpliendo con premisas parametrizadas que prevén un buen nivel de repago para retroalimentar al modelo, que hasta ahora se viene verificando.

Las tasas de interés son accesibles, y se vuelven ajustables en el tiempo de manera de no descapitalizar al sistema. Incluso se puede debatir, social y políticamente, si es correcto utilizar recursos previsionales sin maximizar su rendimiento financiero a corto plazo, y lo cierto es que, en última instancia es defendible que los futuros jubilados subsidien, aunque sea en parte, a los jóvenes que quieran acceder a su primera casa.

Concretamente, las líneas de créditos son básicamente las siguientes: los plazos de pago son hasta 30 años, los montos ascienden hasta los $500.000, la relación cuota-ingreso puede llegar hasta el 40% y las tasas van del 2% al 14%, con diversos sistemas de ajuste.

La operatoria viene creciendo y, en varias plazas del país, es lo único que realmente está moviendo el alicaído mercado inmobiliario y de la construcción. Ya se puso en marcha la edificación de 125.000 viviendas para medio millón de personas. De ese total, 92.000 se otorgaron a través de las líneas de crédito tradicionales y se están construyendo unas 33.000 unidades más en 95 desarrollos urbanísticos para 130.000 personas. Casi 50.000 viviendas están terminadas, y todo ello sucede con proyectos de arquitectura que, como se ha destacado, son de buena calidad.

No obstante lo anterior, lo que está muy poco incentivado y podría mejorarse sustancialmente es la incorporación de capital privado en el marco de emprendimientos orientados a este mismo segmento, que es algo que los desarrolladores reclamamos desde las instituciones del sector, como la AEV. En la actualidad ese modelo está virtualmente ausente del Procrear (salvo los loteadores), pero con su aplicación, los resultados podrían ser mucho mejores y más acelerados, replicando la experiencia de otros países latinoamericanos.

El esquema vigente concentra solo en el ANSeS la responsabilidad de proveer los recursos financieros, mientras que el banco, con el management de IRSA es quien desarrolla los proyectos en fracciones fiscales (al respecto, hay que destacar que su puesta en valor también es positiva). Adicionalmente se están adquiriendo tierras privadas para expandir el plan.

Por último, es muy interesante señalar que varios de los principales candidatos de la oposición han dicho que mantendrán el plan, con ajustes como los que se mencionan, en caso de ganar las elecciones presidenciales.

* Arquitecto, Magíster en finanzas y consultor en Real Estate

Destinarán $ 335 millones para urbanizar el barrio Papa Francisco

Por Ángeles Castro  | LA NACION
El gobierno porteño invertirá ese monto en tareas para sanear el suelo, el tendido de los servicios públicos y la construcción de viviendas sociales; reforzaron la custodia del predio desalojado

La topadora continuó trabajando en el predio de Pola y Fernández de la Cruz, ayer vigilado por unos 250 policías. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk

El gobierno porteño destinará por lo menos 335 millones de pesos en el saneamiento y la urbanización del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano. Luego del desalojo del predio y el intento de una nueva toma, ayer se reforzó la custodia policial en el lugar, mientras las maquinarias realizaban tareas preliminares de cateo de suelo.

En tanto, sólo quedaba internado ayer un solo agente de la Policía Metropolitana, tras haber recibido un impacto de bala en la pierna durante el ataque de un grupo de personas que quiso volver a ocupar el terreno. En total, habían sido heridos siete efectivos, tres de ellos, baleados.

Según datos brindados por diversas fuentes oficiales, el proceso de remediación de la tierra contaminada del predio costará unos 50 millones de pesos y demandará aproximadamente un año. En paralelo, en la medida de lo posible, y con una inversión de 55 millones de pesos, avanzarán los trabajos de apertura de calles y demarcación de veredas, así como el tendido de cloacas, agua corriente y electricidad.

Una vez concluidas estas instancias, el Instituto para la Vivienda de la Ciudad licitará y supervisará la construcción de viviendas, que serán destinadas a habitantes de la aledaña villa 20, como determina la ley 1770, sancionada en 2005 y todavía incumplida. Si bien aún faltan definir detalles del proyecto, implicaría un gasto cercano a los 230 millones de pesos.

El domingo de la semana pasada, un día después del desalojo de las 700 familias instaladas en el predio desde febrero, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) comenzó con el cateo del predio.

Las cuadrillas hicieron pozos de entre 30 centímetros y un metro de profundidad para tomar muestras de suelo, que serán llevadas a un laboratorio, confirmó la Secretaría de Hábitat e Inclusión porteña (Sechi). Parte del equipamiento utilizado fue incendiado durante el nuevo intento de toma que ocurrió en la medianoche del viernes pasado.

Tras la invasión del lugar, la custodia policial, que era de 60 agentes de la Policía Metropolitana, se multiplicó hasta 250 efectivos: 190 de la fuerza de seguridad local y el resto, aportados por fuerzas federales.

Con los resultados del cateo, que se demorará entre tres y cuatro meses, se podrá evaluar cuál es el grado de contaminación del terreno y luego definir con qué metodología será saneado. Como se recordará, en esas parcelas funcionaba un cementerio de autos confiscados por la Policía Federal; por eso, se filtraron en el suelo metales pesados e hidrocarburos.

La posterior remoción del suelo podría llevar, en promedio, otros ocho meses. "Sabemos que en el predio habrá que retirar una capa de entre 15 y 20 centímetros de tierra, y es posible que debamos construir hormigón sobre el suelo", dijo a LA NACION Marina Klemensiewicz, responsable de la Sechi.

EL PLAN

Estas obras están incluidas dentro del plan de remediación, presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Elena Liberatori, y le costarán a la Ciudad entre 30 y 50 millones de pesos.

Paralelamente, también comenzó el plan de urbanización del predio, cotizado en otros 55 millones de pesos. El proyecto incluye la apertura de calles, demarcación de veredas, tendido de agua potable, conductos pluviales, cloacas y electricidad.

"Empezamos a remover los escombros y a trazar las calles con estacas. Ahora estamos conciliando con Agua y Saneamientos Argentinos [AySA] el paquete de pluviales, de agua potable y de cloacas", agregó Klemensiewicz.

Una vez que el lote haya sido saneado y abastecido con infraestructura pública, el gobierno porteño podrá iniciar la construcción de viviendas para las familias más vulnerables de la villa 20, como marca la ley.

El organismo encargado de licitar y adjudicar los trabajos será el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Según recordó ayer su presidente, Emilio Basavilbaso, la vivienda social promedio tiene 60 metros cuadrados y cuesta 8500 pesos el m2; es decir, que cada unidad demanda unos 510.000 pesos.

En principio, estaban previstas entre 450 y 500 viviendas, número que se terminará de ajustar en los próximos meses. Así, se invertirá alrededor de $ 229.500.000 millones. "Cuando las viviendas estén listas, la jueza Liberatori deberá otorgarlas a los beneficiarios, según los registros de las personas censadas en mayo pasado en el predio y en la villa 20", explicó Klemensiewicz..

Levantan diez casas en un sólo día con una impresora 3D

(Perfil.com) - Lo hizo una empresa china. ¿La tinta? Materiales de demolición reciclados. Costos bajísimos y una revolución en puerta. 

Tal vez una de las razones por las que muchos piensan que la impresión 3D está sobrevalorada, es que gran parte de la atención se ha centrado en sólo algunos aspectos de la impresión, como los órganos humanos, que aún se encuentran lejos de ser utilizables, y las armas. Sin embargo, la verdadera innovación es que hará que la fabricación cosas de distinta magnitud será más barato, aunque resulten un poco menos atractivas. Y no es algo a futuro, sino que ya sucede.

Una empresa china ha demostrado hasta qué punto se puede ser revolucionario en la impresión 3D industrial. WinSun Decoration Design Engineering  imprimió y montó diez casas monoambientes de 200  metros cuadrados cada una, en tan sólo 24 horas. A pesar de ello, lo más llamativo es el costo: cada unidad cuesta sólo unos US$ 4.800. ¿La “tinta” de la impresora? Residuos de construcción reciclados y cemento.

Investigadores de la University of Southern California ya habían demostrado que la tecnología permitía la impresión de la fachada de un edificio entero en un solo día. Y los arquitectos europeos han sido la construcción de casas en 3D impresos que son caros, gafas de diseño adornos. Pero Winsun son los primeros en construir 10 viviendas en un sólo día.

La compañía utilizó cuatro impresoras 3D  6,1 metros de altura, y tiene 10 metros de ancho por 40 metros de largo, según informa el sitio Computer World. Y en lugar de tinta, las impresoras exprimen el material de construcción de un modo similar a una manga de decoración pastelera, formando paredes de a una sola capa a la vez. Una vez en el sitio de construcción, estas paredes se unen para formar los monoambientes.

Aún más interesante es la sustancia que Winsun utiliza para la “tinta”: materiales de construcción desechados, residuos mineros y otros descartes. Y eso es algo que China genera en abundancia. El promedio de antigüedad para demoler un edificio en China es de 30 años, en comparación con 75 años en los EE.UU. Así se explica cómo es que China genera entre 1,6 millones de toneladas y 2 millones de toneladas de materiales de demolición al año, de los cuales se recicla poco: mientras Japón rescata el 95% de sus residuos de la construcción; China reutiliza menos del 5%.

“Los desarrolladores pueden reducir a la mitad los costes de construcción por la reutilización de materiales“, dice Ma Yihe, CEO de Winsun e inventor de la impresora que utilizan. Ma afirma que está planeando construir 100 plantas de reciclaje en toda China para refinar los materiales para sus proyectos de impresión en 3D.

Sin embargo, la escala es un problema. La gran limitación con impresión en 3D en este momento es que no se puede hacer una pared que sea más grande que la impresora. Y, por supuesto, esos muros prefabricados tienen que ser transportados desde la impresora al sitio de construcción.
Pero Winsun también tiene algo en mente para solucionar esa contra. La compañía está desarrollando un robot “MiniBuilder”  para imprimir directamente las estructuras en el sitio. Si esto funciona, podría, finalmente, hacer que la impresión de viviendas sea incluso más barato, al reducirse los costos de transporte.

Con 26 obras en marcha, la ex AU3 toma forma de barrio

Nora Sánchez (Clarín.com) - Cambios en los barrios Los nuevos edificios de hasta 4 pisos estarán en 13 manzanas entre las calles Donado y Holmberg, sobre la traza de la autopista que nunca se hizo. Habrá escuelas, la sede comunal y un parque lineal.

Pampa y Donado. El complejo tendrá desde monoambientes hasta departamentos con tres habitaciones. Lo inaugurarán en noviembre. /ALFREDO MARTINEZ

Donde hasta hace un tiempo había edificios tomados y calles semidesiertas, hoy hay complejos nuevos de viviendas y obras en construcción. La traza de la AU3, la autopista que jamás se hizo, ya dejó de ser una cicatriz en el límite entre Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Coghlan, Saavedra y Belgrano R. Y va tomando forma como un nuevo vecindario: el Barrio Parque Donado Holmberg.

El nuevo barrio abarca 13 manzanas entre las calles Donado y Holmberg, desde avenida Congreso hasta Carbajal. El paisaje actual de la zona son las grandes grúas y los camiones de materiales que van y vienen. Según el Ministerio de Desarrollo Urbano, hay 26 edificios de vivienda en construcción. Todos con una altura de cuatro pisos, para mantener un perfil residencial. Todos los desarrolladores deben dejar una vereda de 15 metros, donde tienen que hacer a su costo un espacio verde y bicisendas según un diseño determinado por el Ejecutivo. Así se conformará un parque lineal de 1.500 metros.

Los emprendimientos se hacen en parcelas antes ocupadas por los edificios expropiados para hacer la autopista. Hasta ahora, el Ejecutivo vendió 26 de los 51 terrenos existentes por unos $ 120 millones. En algunos de los que falta subastar aún hay construcciones ocupadas, porque falta relocalizar a casi 50 familias. Otros ya están disponibles, pero en Desarrollo Urbano explican que, como la economía se enfrió, están esperando un momento más propicio para venderlos más ventajosamente. Mientras, el Gobierno hará un parque provisorio en la vereda, para darle continuidad al que construyen los desarrolladores.

La obra del complejo GreenHaus, en La Pampa y Donado, está muy avanzada. Va a tener desde monoambientes hasta departamentos de cuatro habitaciones, piscina cubierta y descubierta, spa y microcine. Ya vendieron todas sus unidades y en noviembre llegarán los primeros habitantes. El vértigo de la construcción contrasta con la dejadez de la esquina opuesta, que retrata la postal anterior del barrio. Allí persiste una de las pocas propiedades ocupadas que quedan.

Para desarrollar GreenHaus, el estudio Elepe compró siete lotes. “El barrio estaba muy deteriorado, pero tenía un gran potencial –cuenta el arquitecto Hernán Pelavski, socio de Elepe–. Compramos media manzana entre Pampa y Sucre, a tres cuadras de la zona mas cara de Belgrano R pero en un lugar poco vendible. Contratamos a un arquitecto internacional, Mathias Klotz, y lanzamos el emprendimiento avalados por su diseño. Y nos sorprendió la repercusión: en menos de 20 días se vendió todo el edificio.

El target es gente que busca su primera o segunda vivienda, recién casados, parejas con uno o dos hijos o solteros. El eslogan de GreenHaus es ‘departamentos con alma de casa’, porque todos tienen jardín vertical propio y hay muchas áreas verdes”.

En Holmberg al 2400 avanza la obra de Moho, de la desarrolladora Unoenuno, con unidades con grandes balcones con parrilla. La fecha de entrega es diciembre de 2015. “El retiro de todos los edificios más allá de la línea de frente oficial para crear un parque lineal va a generar una situación urbana de vida en comunidad muy alentadora –señala el arquitecto Diego Rybka–. Nuestro proyecto aprovecha esa situación. Además, nuestros departamentos son más grandes que el standard. Tuvimos una gran aceptación: el 85% de las unidades ya están vendidas. Los compradores son gente que busca departamentos con espíritu de barrio y de vida en casa”.

Las iniciativas privadas conviven con tres complejos de viviendas sociales levantados por el Gobierno porteño para las familias que vivían en los edificios ocupados, como el de Donado y Virrey del Pino. Uno ya está totalmente habitado. En los otros dos aún falta la conexión definitiva de electricidad. Más adelante construirán otros dos complejos. Mientras, se refaccionó el antiguo edificio ocupado de Rivera y Holmberg, también como vivienda social. Una construcción muy reconocible porque, en su medianera, hay un colorido mural de 412 m2 pintado por el artista urbano Martín Ron.

“En el Barrio Parque Donado Holmberg ya se ve la reconstrucción del tejido social –señala el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain–. Avanzan las construcciones privadas y públicas. Estamos haciendo la Escuela Siglo XXI, en Holmberg y Rivera. También está en construcción el edificio de la Comuna 12, al lado de la estación Drago. Adelante de esta sede habrá una plaza y más allá continúa hasta Monroe el parque diseñado por Clorindo Testa”.

La dinámica, además, cambió desde que hace un año inauguraron los pasos bajo nivel de Donado y de Holmberg. Las vías del ramal a José León Suárez del tren Mitre dejaron de fracturar al barrio.

Ciudad y Nación apuran la construcción de 3500 viviendas en el sur de la ciudad

(La Politica Online) - Se reunieron para avanzar con el plan Procrear en Pompeya y Parque Patricios. Colocaron un cerco para evitar usurpaciones. 

 

Horacio Rodríguez Larreta y Diego Bossio se reunieron en privado esta tarde en la jefatura del gobierno porteño para avanzar con la construcción de 3500 viviendas en el sur de la Ciudad, en el marco del plan Procrear que está a cargo de la Anses.


Por una ley aprobada en diciembre de 2012, que autorizó el uso de playas ferroviarias pertenecientes al Estado nacional para la edificación de viviendas, el Gobierno nacional construirá 2955 departamentos en Parque Patricios y 900 en Pompeya.


En la reunión, Bossio y Larreta acordaron que la Anses a través del programa Procrear y la Ciudad van a colaborar para encontrar alternativas para las familias que ya fueron registradas, y para que el inicio de las obra sea lo antes posible.


El hermetismo con el que se venía manejando el tema se debió a que ambos gobiernos querían evitar el incentivo de posibles usurpaciones, como sucedió en febrero en el predio de Lugano que sería como cementerio de autos de la Policía Federal.


Pero como ahora construyeron un cerco perimetral y agregaron seguridad en los predios, el riesgo de ocupación es menor. Además se realizó un relevamiento habitacional por desarrollo social para censar a las familias que vivirán en las nuevas viviendas.


La presencia de Bossio en Bolívar 1 no llamó la atención por la buena sintonía entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri que comenzó a destrabar obras postergadas por las peleas entre ambos gobiernos.

Luego de la inauguración que encabezaron ambos mandatarios de la ampliación de la autopista Illia que estuvo demorada por 10 años, el PRO y los K acordaron, como anticipó LPO, el traslado del Archivo General de la Nación a Parque Patricios.


Las viviendas

Con respecto a las obras del Procrear, en las playas ferroviarias de la Estación Buenos Aires de Parque Patricios se construirán 2955 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que beneficiarán a 11.764 porteños.

La inversión total estimada será de $2412 millones y las constructoras serán Sudamericana del Oeste, Green S.A., Riva S.A. y Conorvial S.A. La superficie total del terreno es de 309.904 metros cuadrados.


En tanto que en las playas ferroviarias de la Estación Sáenz en Pompeya se construirán 900 viviendas para 3600 personas, en una superficie de 91.982 metros cuadrados.


Las constructoras involucradas son Vidogar construcciones S.A. y Riva S.A., y la inversión total estimada es de $736 millones. Con este proyecto, el Gobierno nacional cederá medio millón de metros cuadrados de su propiedad para la creación de nuevos espacios verdes.

Agregado:

El gobierno Nacional firmó acuerdos con ocho empresas constructoras para  construir 3.841 viviendas en dos predios de Parque Patricios y Pompeya, Se adjudicarán por sorteo y se pagarán en cuotas, con tasas del 4 al 7 por ciento anual y estarán listas en 16 meses.


La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció  la adjudicación de dos desarrollos urbanísticos, en Parque Patricios y Pompeya, para la cons­trucción de 3.841 viviendas en el marco del Plan Procrear.
Ambos barrios, ubicados en la zona sur, recibirán inversiones por $3.148 millones de pesos más la llegada de 16 mil nuevos vecinos, además destacó que las nuevas casas se levantarán “en zonas históricamente relegadas” y señaló también que el gobierno nacional tuvo que intervenir en la cesión de las 22 hectáreas que ocupará el proyecto urbanístico frente al “gran problema de la falta de tierra para edificar”.

Los terrenos elegidos son: los que están ubicado frente a la estación Bue­nos Aires, en Parque Patricios, dentro de un perímetro delimitado por las calles Mirave, Lafayette, Suá­rez, Vélez Sarsfield, Olavarría y La­vardén, frente a la cancha del Club Atlético Huracán, donde también hay  un terreno de una hec­tárea donde el Club Huracán, ampliará sus instalaciones.

La obra está dividida en 15 sectores y se prevé que el gobier­no porteño construya una escuela de nivel primario y medio y que la estación Buenos Aires se integre al conjunto de viviendas a través de puentes peatonales. La obra está a cargo de las constructoras Sud­americana del Oeste, Grenn SA, Riva SA y Conorvial SA, ganadoras de la licitación correspondiente.

Los barrios de Pompeya y Par­que Patricios forman parte de la Comuna 4, y comparten los indi­cadores socioeconómicos del sur porteño. Allí, la falta de vivienda es más acentuada que en el resto de la ciudad, mientras que los ingresos per cápita y familiares están por debajo del promedio general.

La jefa de Estado precisó que existen 110 mil viviendas en construcción y adjudicación, en el marco del plan Procrear, al que definió como el “más importante en los 125 años” de gestión del Banco Hipotecario y de toda la historia del país.

El macrismo busca impulsar la urbanización en la Villa 20

Por Pablo Novillo - diario Clarín

Presentó un proyecto de ley para convertir el asentamiento en barrio. La iniciativa autorizaría construcciones de hasta seis pisos. Sigue pendiente el desalojo del predio contiguo ocupado hace 38 días.

La villa y la toma. Construcciones en altura en el cuarto asentamiento más grande de la Ciudad. El predio ocupado es uno de sus límites. / ANDRES D’ELIA.

El macrismo presentó un proyecto de ley para urbanizar la Villa 20 y el predio tomado desde hace más de un mes, en Villa Lugano. Así, busca retomar la iniciativa política en el conflicto y que la Justicia termine concretando el desalojo.

 

El texto fue ingresado por mesa de entradas de la Legislatura el martes a la noche. Lo firmaron los macristas Cristian Ritondo, vicepresidente 1° de la Legislatura, y Karina Spalla, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano.

 

La urbanización abarcaría el polígono comprendido por las vías del ferrocarril Belgrano sur, avenidas Escalada, Fernández de la Cruz y la calle Batlle y Ordóñez. “El proyecto permitirá una traza urbana de comunicación fluida con el Premetro y el Metrobus, equipamientos barriales, clubes de barrio, centros sanitarios y escuelas, cloacas, agua, electricidad y gas, más arbolado e iluminación pública. Generará una urbanización de calidad exactamente igual al resto de la Ciudad”, aseguraron Ritondo y Spalla.

El texto establece que la altura máxima de los edificios de viviendas no podrá ser mayor a planta baja y seis pisos. Pero en la ley no se establecerá la obligación de construir esas viviendas para los habitantes de la villa: en el macrismo explicaron que esa decisión “le corresponde al Ejecutivo”. En cambio, sí se determinará dónde pasará cada calle y para qué se podrá usar cada manzana.

La Villa 20 es una de las más antiguas de la Ciudad, y desde 1960 ya hay planes y normativas para urbanizarla. La última fue la ley 1.770, aprobada en 2005. Como no se cumplió, se terminó abriendo una causa en el juzgado contencioso administrativo de la Ciudad que maneja Elena Liberatori. En el marco de ese expediente, y por exigencia de la jueza, el Gobierno porteño presentó un plan de urbanización. Lo que hicieron los legisladores fue tomar ese plan y, con algunas modificaciones, intentar que se convierta en ley. La diferencia con la N° 1.770 es que este proyecto no es enunciativo sino que establece claramente cómo hacer la urbanización.

Con este proyecto el macrismo busca dos objetivos. Por un lado, recuperar la iniciativa política en el conflicto. La oposición se mostró unida en el pedido a la Justicia para que frene el desalojo, y además impulsa un proyecto de ley para crear una mesa de diálogo entre legisladores, habitantes de la villa y organizaciones sociales. En cambio, el macrismo se mostró siempre a la defensiva: no apoyó el proyecto de la oposición, se limitó a reclamarle a la Justicia que decidiera el desalojo, pero una vez que esto sucedió tampoco pudo concretarlo. El operativo, que debe realizar la Policía Metropolitana con apoyo de la Federal y Gendarmería, sigue en veremos, principalmente porque se trata de un procedimiento muy riesgoso por la gran cantidad de gente a desalojar.

Mientras tanto, la toma no para de crecer. El predio fue ocupado hace 38 días por unas 300 familias, en su mayoría provenientes de la Villa 20. Ante la demora política y judicial, hoy ya hay 850. La gente montó comedores, y hasta bautizaron al predio como “Barrio Papa Francisco”.

En la primera noche, y por un enfrentamiento interno, fue asesinado Osvaldo Soto, uno de los ocupantes. Así como hay una causa penal para esclarecer este crimen, la Justicia porteña tiene otro expediente donde se investiga si la toma fue organizada por punteros políticos que pretendían lotear el terreno y vender las parcelas por $ 8.000 a $ 20.000.

El principal problema es que el terreno ocupado está sumamente contaminado, con niveles de plomo tres veces mayores que lo tolerable, por ejemplo. Es que allí funcionaba hasta hace un año y medio un depósito de autos secuestrados por la Policía Federal. Ese predio debe ser saneado, lo que demorará un año y medio, y luego usado para ir construyendo las viviendas transitorias donde relocalizar a quienes vivan en las casillas que se vayan eliminando a medida que avance la apertura de calles y el resto de la urbanización.

El tema es que los habitantes de la toma no le creen al Gobierno porteño. Ellos presentaron su propia propuesta, que era la de ir liberando el predio de a sectores, al ritmo de la urbanización. Pero esto fue rechazado por la Ciudad, y tampoco lo aceptó, al menos hasta ahora, la jueza Liberatori.

Según los censos poblacionales del INDEC, en 1991 la cantidad de habitantes de la villa 20 era de 7.460 personas, en 2001 se había ido a 16.323, y para 2010 ya había llegado a 19.195, cifra que hoy muy posiblemente sea incluso mayor. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, después de la 21-24, la 31-31 bis y la 1-11-14.

La Justicia señaló a tres familias como líderes de la toma

(La Nación) - Cobrarían entre $ 8000 y $ 20.000 por cada lote; vinculan a uno con las Madres de Plaza de Mayo

Mediante la construcción de casillas, los usurpadores consolidan el nuevo núcleo habitacional en el predio tomado de Villa Lugano. Foto: Patricio Pidal/AFV

 

Los fiscales que investigan desde hace una semana la usurpación de un predio de Villa Lugano van tras los pasos de tres familias, presuntas organizadoras de la toma. Según fuentes judiciales, uno de los supuestos cabecillas es empleado del gobierno de la ciudad, estaría vinculado con el partido UNEN y figura en registros como socio gerente de una constructora de viviendas que habría realizado trabajos para el Estado a través de la Fundación Sueños Compartidos, ligada a Madres de Plaza de Mayo.

Se sospecha que no sólo comercializan los lotes demarcados en el ex cementerio de autos, sino también en otros asentamientos. En tanto, suspendido el desalojo y sin otros avances en cuanto a la liberación del terreno por los feriados de Carnaval, los "okupas" siguen consolidando el nuevo núcleo habitacional en Pola y Fernández de la Cruz.

En la madrugada de ayer, efectivos de la Policía Metropolitana realizaron cinco allanamientos requeridos por el equipo de fiscales que investiga la toma, ordenados por el juez penal y contravencional Gabriel Vega. Los operativos fueron efectuados, según voceros del Ministerio Público, en domicilios particulares y oficinas de un grupo de personas individualizadas como "los principales organizadores" de la ocupación que comenzó hace una semana. Según pudo saber LA NACION, de la copiosa documentación secuestrada surgiría que los lotes dentro del predio tomado de Villa Lugano se estarían comercializando a entre $ 8000 y $ 20.000 cada uno. Y se secuestró, incluso, documentación que revelaría la existencia de operaciones de compra de estos lotes realizadas en dólares.

Además, la fiscalía incautó varias carpetas con boletos de compraventa de lotes en asentamientos precarios de la zona desde 2002 hasta hoy, lo que revelaría que esta toma se enmarca dentro de un modus operandi que los organizadores llevan adelante con el fin de vender los terrenos ocupados por la fuerza.

Según los fiscales, se habría determinado que el predio ya estaba repartido entre tres clanes, uno encabezado por Marcelo Chancalay, otro por Manuel Ríos y el tercero por la familia Giménez.

También se secuestraron elementos que evidencian que estos clanes se valen de personas carenciadas para que obtengan ayuda social a su nombre, pero que sería administrada por ellos mismos.

Dueño de una empresa
Según la Justicia, Chancalay es empleado del gobierno de la ciudad desde 2006, es socio gerente de Mach SRL (Marcelo Antonio Chancalay), empresa creada en 2009, dedicada a la construcción de la obra pública, y habría realizado contrataciones con el Estado -a veces a través de la Fundación Sueños Compartidos- por valores incluso por encima de los 500.000 pesos. El hijo de Chancalay, Marcelo Alejandro, ingresó el 1° de marzo de 2008 como empleado en la fundación de Madres de Plaza de Mayo, según la Justicia.

A Chancalay se lo vinculó, al inicio de la toma, con UNEN (que encabezan Elisa Carrió y Fernando Solanas). Según fuentes consultadas por LA NACION, trabajó para ese partido en las últimas elecciones.

El Ministerio Público decidió dar impulso a esta faceta de la pesquisa luego de que, el viernes pasado, no pudo revertirse la usurpación mediante el desalojo del lugar, ordenado por la mañana por el juez Vega y suspendido al anochecer porque no estaban dadas las condiciones necesarias para el procedimiento..

En Constitución, una ranchada histórica se mudó por una obra

(Clarin.com) - Estaba frente a la iglesia, donde se harán los túneles del Metrobus. Ya ocupan veredas y
predios bajo la autopista.

Foto: Caseros. Colchones y carros en un predio que había sido desocupado.

El montaje del obrador para la construcción de los túneles del Metrobus “desalojó” involuntariamente una histórica ranchada del barrio de Constitución.

Aunque no se trata de la única en la Ciudad, es una de las más pobladas y complejas. A metros de la iglesia Inmaculado Corazón de María, frente a la plaza y sobre terrenos de la autopista 9 de Julio Sur, unas 50 personas sobrevivían a la intemperie y en pésimas condiciones sanitarias.

A mediados de enero la Ciudad comenzó las obras para conectar el Metrobus de la 9 de Julio con la estación Constitución y el obrador terminó expulsando a la ranchada, que se desmembró y se mudó a diferentes lugares del barrio.

Ayer, un grupo estaba debajo de la autopista, en la esquina de 9 de Julio y San Juan. Pero la mayoría mudó sus pertenencias (colchones, calentadores, utensilios y ropa) al bajo autopista de Piedras, entre Cochabamba y San Juan, o a un predio en la calle Caseros (también bajo la autopista) que había sido recuperado y contaba con custodia policial. Con ellos llevaron una gran cantidad de papeles, botellas y latas, que cartonean por la zona. A fines de 2012 ya una gran parte de la ranchada se había mudado a la plaza Cecilia Grierson, en donde consiguieron amparo en función de la fisonomía de la plaza, que se desarrolla entre medianeras. Pero como relatan los vecinos del barrio, los problemas se convivencia recrudecen cuando llegan cartoneros y gente de otras ranchadas y se disputan el lugar.

Desde la Ciudad explicaron que no pueden desalojarlos sin orden judicial o un operativo policial. “En Constitución y San Telmo hay un par de ranchadas muy complejas. Son gente en situación de calle que se niega a aceptar ayuda, rechazan los paradores e incluso los subsidios que entrega el Gobierno”, explicaron desde la Dirección General de Atención Inmediata, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. La Ciudad entrega subsidios cuyos montos dependen de la cantidad de integrantes que tenga la familia. “Por un lado no podemos obligarlos a que acepten asistencia, y tampoco a que se vayan sin un operativo policial o una orden judicial. Por ahora se trabaja con un grupo de asistentes sociales”, explicaron.

Las casas Townhouse, tendencia en Alemania

Por Jan Hinnerk Roloff (Perfil.com) - En grandes ciudades, surgen cada vez más estas opciones de viviendas con jardín o terrazas. 

Quien vive en la gran ciudad puede cumplir su sueño de tener una casa con jardín en un lugar céntrico con una townhouse: por lo general edificios de viviendas adosados de varias alturas que suelen tener una zona verde, frente a la fachada o en ocasiones en la azotea.

A este tipo de edificaciones se las conoce sobre todo por su existencia en ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago o Boston, pero son muy populares también en cada vez más ciudades europeas.
En Berlín, una ciudad en constante construcción desde la caída del Muro hace más de 20 años, son construidas en base a este modelo sobre todo las viviendas de lujo en zonas exclusivas, y encuentran gran interés entre los compradores. Algunos están dispuestos a pagar hasta más de 10.000 euros (12.800 dólares) por metro cuadrado.

“Los precios en Berlín continúan subiendo. Hoy el precio medio en el segmento medio-alto es de unos 4.200 euros por metro cuadrado, cuando hasta hace pocos años se hablaba de unos 3.200 euros”, afirma Michael Ries, consejero de la inmobiliaria Pantera.

También en otra gran ciudad alemana, Fráncfort, se encuentran cada vez más casas urbanas modernas, en la mayoría de los casos proyectos de prestigio. Aquí suelen construirse más bien en los suburbios y se les suele denominar también townhouse, aunque tienen sólo dos o tres niveles y no cuatro o cinco, como la típica townhouse.

Una forma especial de arquitectura se está dando también en el marco de la restauración del casco antiguo de la ciudad, donde se están reconstruyendo edificios históricos y al mismo tiempo construyendo otros modernos que se adaptan al entorno.

“Hoy por hoy ya no se usa de manera clara el concepto townhouse”, afirma Mirja, Thomann, de la Federación de Arquitectos Alemanes en Berlín. Así se denominan varios tipos de edificios de varios pisos construidos uno junto a otros sobre una parcela estrecha.

“Una townhouse en el sentido clásico de la palabra se levanta sobre su propia parcela, tiene muros de separación con las parcelas vecinas y una entrada individual desde la calle”, explica Thomann, señalando que los precursores históricos de la casa de ciudad del siglo XX eran estrechos, altos y llamaban poco la atención.

Los actuales proyectos de construcción buscan apartarse de la imagen gris de los edificios en serie adosados uno junto a otro. El arquitecto berlinés Hermann Scheidt considera sin embargo que es difícil descubrir tendencias arquitectónicas claras en los últimos proyectos en marcha.

En el caso de la moderna Berlín, predominan los loft y atelieres, con grandes ventanales que suelen llegar hasta el suelo, techos altos y a menudo sólo una habitación por vivienda. Estos conceptos alternativos surgen de los deseos de constructores y compradores de disponer de una mayor superficie utilizable, mayor privacidad e individualidad.

El arquitecto Eicke Becker intenta aplicar estas ideas en su proyecto “The Garden”, en el barrio berlinés de Mitte. “Los dúplex con terraza y acceso a un gran jardín permiten vivir en la ciudad rodeado de verde”, afirma el constructor Michael Ries.

“Los compradores que invierten en un inmueble en Berlín prestan mucha atención al diseño y a un estilo moderno”, dice Ries.

Están muy solicitados los jardines o las terrazas en las azoteas. En algunos casos, en la planta baja hay espacio para oficinas o superficies comerciales, lo que permite trabajar y vivir en el mismo lugar.

En los edificios modernos de viviendas, los constructores utilizan en lo posible materiales naturales, tales como marcos de madera en las ventanas o piedras en la fachada como pizarra o ladrillo, además de también madera. Los colores apagados y lineas clásicas claras subrayan la tendencia hacia lo natural.

“En la selección de los materiales de construcción prestamos atención a que sean ecológicos y, también a que procedan de la región”, afirma Giovanna Stefanel-Stoffel, de la empresa inmobiliaria Stofanel.

Otra tendencia clara es el deseo de diseñar individualmente las viviendas. En el interior es totalmente posible, no así en lo referente al exterior del edificio. “Las limitaciones a la individualidad de una townhouse vienen dadas por el plan de desarrollo urbano respectivo”, explica Thoman. “Por ello, en muchas líneas de casas las diversas unidades se asemejan mucho”.

Pese a todo, las townhouse gustan también a los individualistas entre los constructores. En algunos proyectos se permite a los compradores expresar sus ideas también en lo referente al aspecto externo, para diferenciarse así de los vecinos dentro de la uniformidad gris de muchas ciudades.

San Telmo, el ex Padelai y decenas de edificios siguen ocupados

 El caso más conocido es el del ex Padelai, en Humberto Primo y Balcarce, tomado por una cooperativa.

Olvido. El edificio de Balcarce iba a ser un centro cultural./ FERNANDO DE LA ORDEN

 

La ilusión en San Telmo duró poco.Pero al menos durante un tiempo los vecinos se regodearon con el proyecto de transformar el edificio del ex Patronato de la Infancia (en Humberto Primo y Balcarce), en un centro cultural. Esa era al menos la intención del gobierno español, que firmó un contrato con la Ciudad para usufructuarlo durante 30 años y hacer la obra para recuperarlo. En cambio, cuando en 2012 sobrevino la crisis en España, el proyecto se esfumó, el consulado en Argentina abandonó el edificio y nuevamente fue tomado. Desde entonces está usurpado por integrantes de una cooperativa que reclama la propiedad del edificio. Ayer un grupo de chicos aplacaban el intenso calor en dos pelopinchos montadas en el patio.

El Patronato tiene dos edificios, uno sobre la calle Balcarce (ahora habitado), y otro sobre Humberto Primo, en ruinas.

Pero el del Padelai no es el único edificio tomado en el barrio. Sobre las calles Bolívar, Perú, Carlos Calvo y Chacabuco se pueden contar decenas de edificios tomados o que son conventillos y están habitados por familias que viven apiñadas. Pero hay una casa tomada que preocupa especialmente a los vecinos, está en Carlos Calvo casi esquina Balcarce. El lugar está pegado a una casa de estilo colonial muy pintoresca y los fondos dan a la Casa de Castagnino (ahora galería de arte). “Era un rincón fabuloso del barrio, con la iglesia dinamarquesa y una serie de casas bajas muy de estilo colonial. Ya hicimos denuncias y no sabemos que va a pasar ahí”, se preocupó Ramón, encargado de un restaurante de la zona.

Una villa “escondida” junto a las vías ya tiene casas de hasta tres pisos

Por Romina Smith - diario Clarín
Esta en terrenos del ferrocarril San Martín y tiene unos 4.000 habitantes. Agrupaciones políticas como La Cámpora les dan materiales para construir.

La Carbonilla. Así se conoce al asentamiento que nació en 2001 junto a las vías del tren, sólo separado por un alambre. No para de crecer. / DIEGO WALDMANN

 

Está escondida, pero detrás del frente de casillas llega a tener dos manzanas de ancho, calles internas y casas de ladrillos. Ocupa todo el borde de las vías del ferrocarril San Martín. Se ve apenas desde desde arriba del tren y de un puente ferrovario, pero está ahí.
Y, como otras en la Ciudad, no para de crecer: la villa La Carbonilla, en La Paternal, sigue siendo considerada un asentamiento y aún carece de redes de servicios básicos, pero la construcción avanza sin ningún control y hoy se calcula que tiene 4.000 habitantes. Mientras espera por los resultados de su primer censo oficial, los ladrillos se acumulan en los bordes, las viviendas ya tienen dos pisos y algunas incluso tres. Separada por un alambre a unos tres metros de las vías, varios grupo sociales la incentivan y movilizan a sus habitantes para pedir la urbanización. Mientras, desde la Ciudad dicen que atiende las demandas de emergencias.

La punta de La Carbonilla está en la avenida Manuel Trelles y las vías, en su parte más ancha, y sobre terrenos que son del ferrocarril. Después bordea el tren y llega hasta la avenida San Martín, donde si bien se angosta igual se construye con materiales. Creada por un grupo de cartoneros en 2001, en los últimos tres se multiplicó: pasó de tener 40 familias a decenas de casas pobladas y pegadas unas a otras a lo largo de unas siete cuadras, o apenas separadas por pasillos. Muchos de los que la habitan son peruanos.

Y tiene, además, una calle interna por donde entran y salen autos y una plaza con juegos para chicos que fue inaugurada a fines de 2012 junto a integrantes de agrupaciones políticas, entre ellas, y con más presencia, La Cámpora. Desde entonces, la agrupación kirchnerista realiza talleres y moviliza a los habitantes para que reclamen la urbanización. A cambio, dicen en el barrio, les dan ladrillos y ya les cedieron caños para hacer conexiones de cloacas.

“La mayoría llegamos hace tres años y empezamos a construir acá, porque era más barato. Pero con el tiempo vivir en este lugar también se puso caro, el alquiler subió y el ambiente se puso pesado. Llegamos a ver enfrentamientos. Ahora todo está más calmo”, contó María Suárez, sobre la esquina de Trelles. Dice que están esperando los resultados del censo. Que eso los va a ayudar. “Nos dicen que así vamos a poder elegir delegados y pedir que nos consideren como una villa más de la Capital, así vamos a poder pedir alumbrado, gas, electricidad, cloacas, y agua. Pero agua potable permanente y bien hecha”, sumó Luis Quesada, habitante del asentamiento desde 2012.

En las manzanas que rodean al asentamiento no ven con buenos ojos a La Carbonilla. Pero no pasa de eso. La Policía dice que se ocupa de los problemas internos. En los pasillos, de día, hay chicos jugando. En 2011 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación plantó árboles y limpió el terreno. Hoy, el predio está judicializado, a la espera del resultado del Censo que hizo el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en diciembre, a pedido de la jueza Elena Liberatori y que llegará, seguramente, después de la feria judicial. “Lo único que pudimos saber es que hay unos 750 votantes y 100 por revisar”, dijeron desde Colectivo por la Igualdad, otra organización política que reclama la urbanización.

Mientras tanto, en el Gobierno porteño aseguran que atienden las urgencias básicas y que lo harán hasta que la Justicia reconozca al asentamiento como villa de emergente y le de, así, la chance de habilitar servicios. “Por ahora es un asentamiento informal que ocupa terrenos que administra ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, y nadie puede meter nada sin orden de la Justicia”, aclararon.

Villa 31: Levantan el corte de la Illia y exigen un subsidio de $ 50.000

(Diario La Nación) - Después de cuatro días de piquete, habitantes de la villa 31 liberaron la autopista

Tras cuatro días consecutivos de corte sobre la autopista Illia, que provocó serios inconvenientes en el tránsito, habitantes de la villa 31 decidieron ayer por la tarde levantar la medida de fuerza con la condición de que hoy se concrete una reunión con autoridades del gobierno nacional y porteño. También reclaman un subsidio de $ 50.000. El reclamo por una solución habitacional había comenzado el lunes con la interrupción total de la arteria, y en los últimos días los manifestantes se habían instalado sobre la mano con dirección al centro porteño.

A comienzos de semana, unas 50 personas decidieron ocupar la autopista Illia en ambos sentidos, metros después de la estación de peaje hacia la Capital. Según explicaron a LA NACION, el motivo de la protesta fue el violento desalojo del predio que ocupaban en Retiro, entre las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las del San Martín, a la altura de la estación ferroviaria Saldías.

Alicia, una de las manifestantes que lleva adelante la negociación con las autoridades, explicó que un mes atrás unas 141 familias, algunas que alquilaban en la villa 31 y otras en situación de calle, se instalaron en ese terreno. "Pero en la madrugada del domingo nos sacaron del lugar con gases lacrimógenos y golpes. Las fuerzas policiales y de Gendarmería llegaron amparados por la oscuridad y sin previo aviso", relató la mujer, que indicó que el desalojo fue ordenado por el juez federal Sebastián Casanello.

En protesta, el grupo desalojado cortó la circulación en la Illia y provocó un severo caos de tránsito en el centro de la ciudad. La situación se repitió hasta ayer a la tarde, aunque en ese caso sólo en dirección hacia la avenida 9 de Julio, ya que en el sentido contrario se habilitó el paso de los vehículos horas después.

Reclamo de subsidio

A las 16 de ayer, y tras mantener una ardua conversación con funcionarios del gobierno porteño, los vecinos levantaron el corte. "Nos pidieron que nos fuéramos, y se comprometieron a acompañarnos a una reunión con gente del Ministerio de Desarrollo Social nacional", contó Alicia. Ese encuentro se realizará esta tarde. Por su parte, Gonzalo Mórtola, coordinador general del programa de mejoras de las villas 31 y 31 bis, confirmó a LA NACION: "Queremos mediar y trabajar en conjunto con el Estado nacional para encontrar una solución para esta gente".

Aunque la protesta se interrumpió, los vecinos advirtieron que podría haber un nuevo corte en la autopista Illia si no hay una respuesta positiva a su reclamo habitacional. "Entendemos que sería mucho pedir una casa de un día para otro, pero al menos queremos que nos den un subsidio, de 50.000 pesos para arriba, para comprar un terreno y así construir nuestros propios ranchos", enfatizó Alicia..

Las villas, un flagelo para 2,5 millones de personas

Por Mauricio Giambartolomei  | LA NACION

Un estudio privado relevó 1834 asentamientos en las zonas más pobladas del país; en el conurbano hay 624; en la Capital, 56

El partido de San Martín, en el conurbano bonaerense, tiene 38 villas, como las que crecen a la vera del Camino del Buen Ayre. Foto: Santiago Filipuzzi

 

Es un drama conocido, pero por primera vez hay números que lo reflejan en su magnitud: en la Argentina, más de 2,5 millones de personas viven en villas de emergencia o asentamientos irregulares, según un informe de la ONG Techo, difundido ayer.

El estudio, que abarca siete provincias que agrupan a más del 60% de los habitantes del país, relevó 1834 villas y asentamientos del área metropolitana, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en los que viven 532.800 familias.

Sólo en los tres cordones del conurbano bonaerense se concentran 624 villas, en las que residen más de 1,2 millones de personas. La Matanza, con 89, es el distrito con mayor cantidad de barrios carenciados del país. En la ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 56, en los que viven alrededor de 350.000 personas.

La organización Techo subrayó que los habitantes de estos barrios tienen serios inconvenientes para acceder a los servicios de electricidad, gas y agua potable. Además, viven en zonas más vulnerables y expuestas a las inclemencias naturales, inundaciones o incendios.

El documento fue presentado ayer en el Salón Azul del Congreso de la Nación ante diputados y senadores. Allí también se habló de los cuatro proyectos de ley que Techo elaboró sobre ésta temática, vinculados con la planificación territorial, regularización nominal, vivienda y producción social, y regulación del proceso de desalojo. "La información es un bien público, no es destructiva, sino que se puede usar para generar soluciones", opinó Ignacio Gregorini, director del Centro de Investigaciones de Techo.

Al desmenuzar los datos del informe se observa que en la ciudad de Buenos Aires existen 49 villas, cinco asentamientos y dos barrios populares, lo que da un total de 56 sitios atravesados por la problemática habitacional y de servicios.

En tanto, en los tres cordones del conurbano hay 163 villas, 418 asentamientos y 43 barrios populares. En ese territorio prevalecen los números de La Matanza, con 89 barrios y 26.700 familias; Quilmes, con 57 y 35.000, y Moreno, con 42 y 9.900. Según Techo, cada grupo familiar está integrado por un promedio de 4,7 personas.

"En La Matanza no vemos la presencia del Estado. Vivir en un asentamiento es como no existir. ¿Por qué no existir? Porque si el Estado nos reconociera, tendría que hacerse cargo de nosotros", contó Eduardo Creus, que vive en González Catán y forma parte de la agrupación barrial Identidad Vecinal.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, el partido de General Pueyrredón -Mar del Plata- se ubica en el primer lugar de la lista, con 32 asentamientos y villas y cerca de 11.000 familias. En todo el territorio bonaerense hay 1046 villas y 327.600 familias.

La ciudad de Córdoba suma 134 villas, en las que viven 21.300 familias. En toda la provincia hay 210, con diferentes grados de precariedad, habitadas por 28.600 familias.

En el Gran Rosario se detectaron 172 barrios de emergencia con 50.500 familias viviendo en ellos.
En los sitios relevados de Salta se hallaron 147 y 18.500 familias; en Misiones (Posadas, Garupa y Fachinal), 72 y 15.800, y en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, 131 villas con 18.500 familias.

De acuerdo con el tipo de metodología implementada para el estudio, Techo trabajó con una definición operativa para delimitar el universo de la muestra. Estipuló que asentamiento "es un conjunto de ocho o más familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a al menos dos servicios básicos, como agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal". Así se llegó a la conclusión de que en los siete sitios relevados había un total de 450 villas, 1260 asentamientos y 124 barrios populares informales.

¿Cuál es la diferencia entre los tres? "Por villa se entiende un barrio que no tiene manzanas, con diferentes grados de hacinamiento y precariedad y una trama urbana irregular", explicó Juan Manuel D'Attoli, director nacional de relevamiento de Techo durante la presentación.

"Los asentamientos -continuó- fueron conformados por diferentes estrategias de ocupación del suelo; y los barrios populares se originaron con la intervención del Estado a partir de loteos. Los tres tienen los mismos problemas de precariedad."

En la elaboración del proyecto colaboraron profesionales del instituto Gino Germani, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de General Sarmiento, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina y el Servicio Habitacional y de Acción Social de Córdoba. El trabajo de campo lo realizaron 700 voluntarios.

Otro de los aspectos en los que se enfoca el documento de Techo es la escasa accesibilidad de los vecinos a los servicios básicos. Dicho ítem fue el más mencionado en el 56% de los asentamientos o villas. Lo siguieron la inseguridad (35%), la falta de pavimentación (33%) y la falta de alumbrado público (26%).

Dentro de los siete territorios relevados, en el 60% de los barrios predomina una mayoría de viviendas con conexión irregular a la red de energía eléctrica. En el 65% las casas están provistas de pozo ciego para la eliminación de excretas y sólo en el 5% prevalece la red cloacal. Un déficit similar aparece en el acceso al agua potable. En el 62% de los sitios reina la conexión irregular a la red y un 10% cuenta mayoritariamente con agua corriente. Además, en un 90% de los barrios humildes el método de calefacción más utilizado es la garrafa.

El informe dice que un 64% de los asentamientos se inunda cuando llueve. La mayoría están situados cerca de un río o curso de agua. En un 29% de los barrios se registró, al menos, un incendio en los seis meses anteriores al relevamiento. En el 30%, cuando se los requiere, los bomberos no ingresan a los lugares porque las calles no están en condiciones.

Radiografía de los barrios más humildes - Privados de casi todos los servicios.

• Comunas
  En la Ciudad de Buenos Aires la Comuna 4 -Barracas, Pompeya, Parque Patricios y La Boca-, con 23 asentamientos, se encuentra en el primer lugar. La sigue la Comuna 8 -Soldati, Riachuelo y Lugano-, con 18

• Gran La Plata
  En la capital bonaerense hay 136 asentamientos. Berisso tiene 17 y Ensenada, 9

• Ocupación
  En el 75% de los barrios se dio la ocupación tipo "hormiga". El 15% fue por medio de tomas colectivas; el 6% por loteo social y el 4% restante, por otros métodos

• Tamaño
  El 53% de los asentamientos son pequeños (8 a 100 familias); el 34% son medianos (101 a 500 familias); el 11% grande (501 a 1500 familias); y el 2% macro (1501 y más familias)

• Núcleo familiar
  El 28% de los nuevos núcleos familiares se instalan en una ampliación de la misma vivienda y el 26% en otra casa, pero del mismo terreno

Del editor: qué significa.
Un espejo de la Argentina a la que nunca parece llegar la equidad. El asistencialismo y el aprovechamiento político, está visto, no son soluciones.

Crece día a día la ocupación de tierras junto a la autopista Illia

Por Silvia Gómez - Diario Clarín

Son familias que fueron desalojadas de esa delgada franja de tierra en 2009 y ahora reclaman que les suban subsidios. Montaron carpas y chapas a escasos metros de la Villa 31.

 

Chapas y cartones. En la mano hacia el Norte de la Illia se ven las precarias instalaciones de las familias que piden subas de subsidios y también viviendas. / JUANO TESONE

 

Sobre una delgada franja de tierra –que apenas supera los 14 metros de ancho– una decena de familias montaron una protesta con casillas precarias para reclamar, por un lado, el aumento de los subsidios habitacionales que perciben y, por el otro, viviendas. El terreno apenas separa la traza de la autopista Illia, mano hacia el Norte, de la Villa 31, en el barrio de Retiro.

Las primeras familias empezaron a llegar la semana pasada, pero desde hace dos noches, la ocupación crece exponencialmente. Muchas de esas familias vivían en Villa Nylon, un desprendimiento de la 31, que fue desalojada en 2009. Desde ese año unas 243 familias cobran un subsidio habitacional que hoy es de $ 700 mensuales. El monto fue fijado por la Justicia porteña el año pasado, en medio de otra toma que terminó con enfrentamientos entre vecinos y la policía Metropolitana.

“Los subsidios que se entregan no están destinados a cubrir el total de un alquiler, sino que son una ayuda. La mayoría de estas familias recibe además otros subsidios, de la Ciudad y también de Nación”, explicó Santiago López Medrano, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. “Los $ 700 se vienen pagando desde el año pasado y el subsidio es prorrogable por otros once meses. Ahora l a Justicia determinará si se aumenta el monto”, explicó el funcionario, que debe entregarle a la jueza Elena Liberatori, quien lleva adelante la causa, un relevamiento de la situación social de todas las familias que cobran el subsidio.

En tanto, AUSA (la empresa de la Ciudad que administra las autopistas porteñas) montó un operativo para evitar accidentes sobre la Illia: “El lugar del que disponen los manifestantes es mínimo, es muy peligroso porque están casi sobre la autopista. También hay una causa penal que se sigue por la usurpación del terreno ” explicaron voceros de la empresa. Entre las defensas de hormigón los vecinos montaron carpas, chapas y cartones para ocupar el terreno que tiene unos 300 metros de largo por 14, en su parte más ancha.

Más allá del condimento político –a días de las elecciones nacionales–, detrás de la toma hay un escenario que desnuda la crisis habitacional que existe en el país y que se replica en las villas porteñas. En la 31 hay una fuerte demanda de viviendas, lo que incrementa los valores de los alquileres y expulsa a quienes no pueden pagarlos. Juan Romero (fundador y director de Radio Villa 31) cuenta que “una habitación con baño, sobre Calle 4, puede costar $ 2.500 al mes ”. La calle es la más codiciada, porque tiene muchos comercios, se accede fácil –pueden entrar y salir ambulancias, móviles policiales y bomberos– y está pegada a la estación de ómnibus. “Son habitaciones que no tienen más de 25 metros cuadrados, con techo de chapa. Lo que está pasando genera mucha impotencia”, cuenta Romero, quien llegó a la villa en 1973.

Otro de los vecinos históricos de la villa es Teófilo Tapia. Llegó en 1963 y, junto a otras 32 familias, resistió el desalojo que llevó a cabo el gobierno de facto antes del Mundial del 78. Logró quedarse y desde entonces es un referente de la 31, donde organiza el Comedor Padre Carlos Mugica. “Mientras no se implemente la urbanización, estos problemas van a seguir existiendo. Y si la demanda de alquileres y vivienda sigue en aumento, habrá más tomas y problemas para todos. Desde 2009 esperamos el dictamen que haga efectiva la ley que se votó en la Legislatura para la urbanización”, explicó Tapia.

El Gobierno porteño está en alerta porque en las tomas anteriores hubo enfrentamientos entre vecinos y la Metropolitana y porque las protestas terminaron sobre la autopista, generando además un enorme colapso en la Ciudad.

Crece otro asentamiento a la vera de la autopista Illia

Por Laura Rocha  | LA NACION

Son ex habitantes de la villa Nylon que reclaman al gobierno porteño una suba en los subsidios

Precarias casillas comienzan a aparecer entre muros de la autopista fuera de uso. Foto: Santiago Filipuzzi

 

Los terrenos linderos a la villa 31 y 31 bis en Retiro vuelven a estar en el centro de la escena esta semana. Desde anteayer, unas 20 familias volvieron a ocupar tierras al costado de la autopista Illia, esta vez en reclamo de un aumento del subsidio que reciben por parte del gobierno porteño.

Se trata de un grupo de personas que estuvieron asentadas allí hasta 2010 en la denominada villa Nylon. Después de llegar a un acuerdo con el gobierno porteño, las 72 familias que vivían en ese asentamiento consiguieron 1600 pesos cada una más un monto mensual para poder alquilar una habitación para vivir. Lo que reclaman ahora, ocupando nuevamente las tierras, es un incremento de lo que perciben por mes.

Esos terrenos pertenecen a la empresa Autopista Urbanas SA y en aquel momento fueron desalojados por la peligrosidad que representa que las familias estén viviendo allí.

Según informaron en el gobierno porteño, se está negociando una salida pacífica y tratarán de evitar un desalojo compulsivo. Las familias que vivían en la villa Nylon consiguieron que se les renovaran los subsidios el año pasado tras un fallo judicial. Sólo de esa forma se puede conseguir obtener un pago por mes, ya que el programa oficial contempla sólo diez meses. "Las familias tienen que recurrir a la Justicia para poder percibir el pago. Ahora las familias de ese asentamiento, junto a otras, que en total son más de 200, están reclamando un aumento del subsidio", indicó a LA NACION el defensor de Cámara, Gustavo Moreno.

Gonzalo Mórtola, coordinador del Programa de Mejoras de la villa 31, dijo a LA NACION: "No son habitantes ni de la villa 31 ni de la villa 31 bis. Este conflicto viene desde el viernes pasado y están amenazando con ocupar terrenos y con cortar la autovía. En este momento, está trabajando la gente de Desarrollo Social. Algunos reclaman un aumento de los subsidios, y otros, tener subsidios".

En el gobierno porteño indicaron que las familias que reclaman perciben entre 700 y 1200 pesos mensuales, según el caso.

El beneficio que reciben las familias es el que se denomina programa 690 que se otorga a las personas que viven en la calle. Entre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios están:

• Ser residente de la ciudad con una antigüedad mínima de un año.

• Tener ingresos menores al monto resultante del índice correspondiente a la canasta básica alimentaria, elaborada mensualmente por el Indec.

• Estar inscriptos en el Registro Único de Beneficiarios.

Asimismo, las jefas y jefes de familia que sean beneficiarios del subsidio deben acreditar que el subsidio otorgado ha sido destinado a la obtención de una solución habitacional, mediante los comprobantes que disponga la autoridad de aplicación y concurrir a la sede de la autoridad de aplicación, cuando ésta lo convoque.
El monto que se otorgue, por diez meses, dependerá de la cantidad de personas que componen el grupo familiar, si hay algún caso de discapacidad y la situación de empleo de los miembros de la familia.
Según la reglamentación de la norma, el máximo que puede percibir cada grupo familiar asciende a 1800 pesos. Sin embargo, como se dijo, el incremento sólo se puede conseguir, en este caso, por un nuevo fallo judicial.

El conflicto con los ocupantes - Data de hace más de dos años y sigue sin resolución
Agosto de 2010: Previo al desalojo con fuerzas de seguridad, el gobierno porteño desalojó a 64 familias que vivían en la villa Nylon, al costado de la Illia. Recibieron un subsidio de 1600 pesos por única vez y otro mensual de 900 pesos
En 2012: Luego de varias intervenciones, y cuando se terminó el plazo de diez meses, la justicia porteña, por medio de un amparo, ordenó la extensión del beneficio
Reclamo: Las familias hoy reciben entre 700 y 1200 pesos