Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino

Por Hugo Alconada Mon - LA NACION

El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias a Gustavo Arribas desde una cuenta controlada por una "empresa de fachada"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Foto: Archivo.

Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. LA NACION obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

Arribas sólo admite una transferencia y la adjudica a la venta de un inmueble en Brasil

LA NACION intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

"Propinas"

A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió LA NACION, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones [pagos] en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a LA NACION que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".

"Irregulares"

Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a LA NACION que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

Reactivación en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

"Empresas de fachada"

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.

Quién es quién en la trama

Gustavo Arribas - Jefe de la AFI 

 Mundo fútbol - Escribano de profesión, tras su paso con Mauricio Macri por Boca Juniors comenzó a dedicarse a la compraventa de jugadores

Residente en Brasil - Durante casi una década, Arribas se radicó en Brasil, donde formó una familia, expandió su patrimonio y fijó su residencia tributaria

Millonario - Según la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, Arribas es el funcionario más rico del Gobierno con $ 110 millones

Alberto Youssef - Operador brasileño

Para pagar coimas

Youssef declaró ante la justicia brasileña que utilizó la misma cuenta en Hong Kong desde la que se transfirió a Arribas para pagar coimas por US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior", entre septiembre de 2001 y mayo de 2012

Leonardo Meirelles - Cambista brasileño

"Propinas"

Socio y subalterno de Youssef, Meirelles admitió en una entrevista que concedió a periodistas peruanos de IDL Reporteros en julio de 2015 que utilizó esa y otras cuentas en Hong Kong para pagar coimas por US$ 240 millones en varios países, pero sólo identificó dos: la Argentina, Panamá

Investigan a 100 empresas por la ruta de las coimas y piden pruebas a Brasil

Por Emilia Delfino - Perfil.com

Una fiscalía avanza contra las constructoras que admitieron sobornos en el país vecino y sus socias locales. El caso involucra al kirchnerismo y a la familia de Mauricio Macri.

Efecto doble. El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una de las obras investigadas tanto en Brasil como en Argentina. Involucra a Odebrecht, al kirchnerismo y al primo del presidente Mauricio Macri. Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, está acusado de cobrar sobornos para adjudicar esta obra. Foto:Cedoc Perfil 

El Lava Jato ya es considerado como el mayor caso de corrupción de América Latina y el capítulo argentino no se queda atrás: los ecos de una red internacional de sobornos comandada por las principales constructoras de Brasil alcanza tanto al kirchnerismo y a los principales funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner, como a la familia del presidente Mauricio Macri, y ahora amenaza con extenderse a una red de cien empresas de la construcción en el país.

El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, está al mando de un expediente que busca determinar si el esquema del Lava Jato se replicó en la Argentina, y que comienza a transformarse en la mayor investigación sobre la obra pública en la última década. Además, pone la mira en la relación entre los grupos económicos más importantes de Brasil y del país con el poder político, de ayer y hoy. No sólo se están investigando contratos de la era K. También licitaciones de las constructoras brasileñas con el actual gobierno.

El Lava Jato originó en el último año varios expedientes aislados, pero Rodríguez concentra la investigación central sobre el supuesto pago de coimas de las cinco constructoras involucradas en el caso de Brasil que operaron en Argentina: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y las filiales brasileñas de dos argentinas: Contreras Hermanos y Techint.

En las próximas semanas, los fiscales del Lava Jato, que investigan en la ciudad de Curitiba, recibirán un pedido de colaboración oficial del fiscal Rodríguez, informaron fuentes de la Procuraduría a PERFIL. El documento estará traducido al portugués en los próximos días. En el exhorto, el fiscal solicita a sus colegas de Brasil todos documentos, e-mails, registros telefónicos, y testimonios de arrepentidos, entre otras pruebas centrales, que revelen cómo fueron las operaciones de Odebrecht, Techint, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Contreras Hermanos en la Argentina, durante el período 2006-2014. Eso incluye, además, una estructura de alrededor de cien empresas de capitales argentinos o con operaciones permanentes en el país que se asociaron a las protagonistas del Lava Jato o les prestaron servicios en las obras, según el expediente.

La Procuraduría busca determinar si las empresas pagaron sobornos a funcionarios argentinos para ganar contratos con el Estado; cómo los pagaron; cómo fue la ruta del dinero; y quiénes operaron como intermediarios entre las empresas y los funcionarios.

Las empresas protagonistas del Lava Jato se asociaron con al menos 19 empresas, según los registros de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs). Diez de esas socias –la mayoría de ellas locales– figuran en la lista de las 36 empresas más beneficiadas por el kirchnerismo en la obra pública: desde Iecsa –de Calcaterra, el primo de Mauricio Macri– y Roggio hasta CPC de Cristóbal López y el grupo Austral. Desde Techint y Rovella Carranza hasta Esuco y Electroingeniería.

Entre 2006 y 2014, esos consorcios empresarios ganaron licitaciones de obra pública para construir gasoductos, obras de transporte, rutas y acueductos, entre otros proyectos. Techint es la firma más beneficiada con la obra pública en ese período. Odebrecht ocupa el 6º lugar en la lista. Contreras Hermanos, el puesto 21º.

La Procuraduría comenzará a analizar las contrataciones y licitaciones en las próximas semanas, pero el universo de contratos de estos grupos es tan grande que deberán elegir un “muestreo aleatorio”. Además, pedirá la colaboración de otros organismos y de las áreas de auditoría interna de los ministerios. Los investigadores también cuentan con los movimientos de dinero del Tesoro para el pago de estas obras. 

Rodríguez mantuvo en 2016 un reunión con sus colegas en la ciudad de Curitiba, pero el exhorto es el primer pedido oficial para que Brasil envíe las pruebas de la investigación del Lava Jato que involucre a funcionarios y empresarios en el país. Sólo en el caso de Odebrecht, seis ejecutivos de la empresa brasileña reconocieron que la constructora pagó sobornos por US$ 35 millones a funcionarios argentinos.

PERFIL contó el domingo la historia de Fernando Migliaccio da Silva (48), el ejecutivo de Odebrecht encargado de gestionar los pagos de sobornos a políticos brasileños y extranjero. Los testimonios de seis ejecutivos de la compañía arrepentidos ante los Estados Unidos detallaron cómo operaba. Esos testimonios también serán solicitados por la Procuraduría.

El Lava Jato no tiene eco solo en el pasado. Las empresas que son eje en la investigación de Brasil desde hace dos años, y que ahora son investigadas en la Argentina, siguen participando de licitaciones en la obra pública o recibiendo fondos públicos. Los acuerdos de colaboración le garantizan poder seguir operando en el mercado, si confiesan y aportan información.

La pista del Sarmiento

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó al Ministerio de Economía el registro de pagos a las empresas involucradas en el Lava Jato. Casi todos ya fueron informados, pero aún se esperan los de Transporte, un área sensible para el kirchnerismo y el macrismo por una obra en particular: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La obra, licitada en 2008 por el gobierno de CFK, fue adjudicada a Odebrecht en sociedad con Iecsa, Ghella y Comsa. La obra es investigada en Brasil por el supuesto pago de coimas a Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La Justicia de ese país cree que Odebrecht sobornó para obtener la licitación que comparte con la constructora del primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra.

Una de las primeras medidas de Macri en materia de obra pública fue garantizarle al consorcio empresario integrado por su primo y Odebrecht los fondos públicos para avanzar en la obra. Este medida del Ejecutivo también será investigada por el fiscal Rodríguez.

Piden saber si el Estado les pagó a militantes montoneros

Por Mariano De Vedia - LA NACION

La hermana de un soldado hizo un planteo a Avruj

A pesar de haberle escrito tres cartas al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la señora Jovina Luna no encuentra una respuesta satisfactoria a su reclamo. Ella es hermana del soldado Hermindo Luna, quien en 1975 cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento Monte 29, de Formosa, y estaba de guardia el día en que una formación de Montoneros copó el cuartel, en una ofensiva guerrillera que dejó 13 soldados y policías muertos. En el ataque al regimiento, durante plena vigencia de un gobierno constitucional, también murieron 15 miembros de la organización armada.

"Esos asesinos les gritaron a los soldados de la guardia que se rindieran. Hermindo tenía 20 años y les gritó: «¡Acá no se rinde nadie, carajo!», y lo ametrallaron", relató a LA NACION la hermana del soldado, quien se dirigió a Avruj para conocer, a través de un pedido de acceso a la información, si los que ejecutaron a su hermano recibieron indemnizaciones por las leyes reparatorias.

Con esa finalidad, solicitó por escrito el 11 de marzo y, luego, en una carta documento enviada el 23 de abril, que se le permitiera acceder al listado completo y actualizado de las personas que recibieron el beneficio. "Tengo el derecho de conocer los nombres de todos los montoneros que cobraron", le escribió Luna al secretario de Derechos Humanos.

En julio recibió como respuesta del organismo una negativa, con el fundamento de que se trata de "datos sensibles", reveló la hermana del soldado, frustrada con la explicación. El 26 de octubre pasado volvió a plantear su reclamo a Avruj en una carta manuscrita.

Según varias denuncias, el pago de indemnizaciones a combatientes de organizaciones guerrilleras y sus familiares se extendió particularmente durante los doce años del gobierno kirchnerista. En el libro Mentirás tus muertos, el autor José D'Angelo estimó que el total de indemnizaciones abonadas por asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ascendió a US$ 1850 millones. "Si el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares, quiero saberlo, quiero que me lo digan. Y que se hagan responsables", relató Luna, que reside en la localidad bonaerense de Mechita, partido de Bragado.

A la espera de que se le permita acceder a la lista, la hermana del soldado Luna quiere conocer si "es verdad que han indemnizado a los montoneros que mataron a todos esos jóvenes soldados que defendieron el cuartel".

"Hace tiempo les reclamo a las autoridades de este gobierno lo que antes era imposible. Yo creí que este gobierno me iba a entender, pero se ve que me equivoqué", arriesgó la señora Luna. cuyos padres murieron "con la tristeza de saber que sus asesinos son tratados como héroes y premiados por haber hecho lo que hicieron".

El Ciadi ordenó indemnizar a una empresa alemana

(La Nación) - El Ciadi, tribunal del Banco Mundial, ordenó indemnizar en US$ 13,41 millones a Hochtief Aktiengesellschaft, empresa alemana que participó de la construcción del puente Rosario-Victoria, informó ayer la Procuración del Tesoro.

El reclamo había sido presentado por 157 millones contra el Estado argentino por la concesionaria, que se sintió perjudicada como socia de Puentes del Litoral S.A., firma que ganó en 1997 la concesión para construir, mantener y operar la obra. Argumentaba que, por la pesificación y los cambios tarifarios, la Argentina había violado puntos del Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 con Alemania, como la prohibición de expropiar o adoptar medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato equitativo. 

En su fallo, según la Procuración, el tribunal consideró que había responsabilidad del país en no "conferir un trato justo y equitativo al no haber restaurado y reparado el equilibrio comercial garantizado en el contrato, y haber pesificado el peaje", pero rechazó la mayor parte del monto reclamado.

13,41 Millones - Son los dólares que deberá pagarle el Estado argentino a Hochtief Aktiengesellschaft, una de las constructoras del puente Rosario-Victoria. El reclamo había sido por 157 millones.

Suspendió la Corte las obras de las represas en Santa Cruz

Por Mariela Arias - LA NACION

Pidió realizar estudios ambientales antes de que sean construídas las centrales hidroeléctricas Kirchner y Cepernic

EL CALAFATE.- Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, que ya se encontraban paralizadas desde hacía un año. Los jueces recomendaron que se cumpla con los estudios de impacto ambiental antes de avanzar con la obra para garantizar la protección de los glaciares. El fallo abre la incógnita sobre cómo afectará esta decisión judicial a los acuerdos económicos firmados entre el gobierno y China.

La Corte hizo lugar, así, a las medidas cautelares presentadas hace más de un año por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. El máximo tribunal aclaró que la medida no incluye las "tareas preliminares" del proyecto ejecutivo. Es decir que podrían continuar las obras de sondeo geotécnico exploratorio, las actividades de estudio de base para el proyecto, los caminos de acceso y la construcción de villas temporarias.

Los jueces fundamentaron su decisión en que luego de pedir informes de la obra a los organismos intervinientes del Estado advirtieron que no se habría cumplido con el procedimiento de impacto ambiental y audiencia previsto en la ley de obras hidráulicas. Aclararon que no se ofrecieron "razones que expliquen esa conducta".

La ley de obras hidráulicas es de considerable relevancia en el caso, dado que establece mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana mediante el desarrollo de audiencia pública en el ámbito del Congreso de la Nación. En el fallo se transcriben los detalles que la ley determina y los plazos que se deberán respetar, tanto para la presentación del estudio como para las consultas vecinales.

Los jueces recordaron que hasta el momento el estudio de impacto ambiental que se había presentado era del 9 de diciembre de 2015. La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia lo aprobó el mismo día en el que se realizó la audiencia pública fijada por ley, en la localidad de Piedrabuena. Fue el último día del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, la Corte considera que es necesario ampliar los estudios y aplicar la ley de obras hidráulicas, que hasta ahora no se habría tenido en cuenta.

Impactos económicos

Foto: Archivo / Horacio Córdoba

El fallo también podría producir un cimbronazo en los acuerdos a los que la gestión de Mauricio Macri llegó con el gobierno de China, por los que a mediados de año se aseguró la financiación de US$ 5000 millones para las dos centrales hidroeléctricas, US$ 12.000 millones para dos centrales nucleares (Atucha IV y Atucha V) y US$ 2700 millones para recuperar el ferrocarril Belgrano Cargas.

Entre los otros acuerdos, se habían establecido: US$ 1800 millones para dos gasoductos en Córdoba; proyectos de inversión por US$ 360 millones para un acueducto y obras viales en Entre Ríos, y US$ 350 millones para un programa de generación fotovoltaica en Jujuy. También un proyecto de energía solar para San Juan y otro para La Rioja, que sumarían US$ 800 millones más de financiamiento.

En Santa Cruz, la suspensión de la obra genera inquietud en el sector de la construcción, que ya veía con buenos ojos los últimos anuncios de reactivación. Cientos de obreros están subsidiados por la UTE Represas de la Patagonia y por el gobierno provincial.

En agosto pasado, el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, visitó Santa Cruz y bajó las expectativas sobre una fecha de reinicio de las obras. Aseguró que las represas no avanzarían "si no se hace el trabajo de impacto ambiental". En ese momento firmó con Alicia Kirchner convenios de intercambio académico y sobrevoló el lugar donde estarían emplazadas las obras.

Hasta ayer, la expectativa por la reactivación de las obras en Santa Cruz crecía. Hace menos de una semana, gerentes de la UTE Represas de la Patagonia brindaron una charla informativa donde aseguraron que en enero empezaría la actividad en los obradores y marcaron mayo como el mes probable de inicio de las obras.

Allí también presentaron un trazo grueso de los cambios que reformularon al proyecto, que incluye la reducción de los niveles del embalse Néstor Kirchner y la disminución de la cota a 176,5 metros sobre el nivel del mar, con lo cual lo desacoplaría del Lago Argentino y no afectaría a los glaciares.

De este modo, a través de la presentación, los técnicos de la UTE reconocieron lo que ambientalistas, estudiosos y vecinos venían asegurando desde hacía años. Es que los proyectos anteriores, con una cota superior, iban a afectar no sólo la costa de la localidad, sino también la vida de los glaciares y el ritmo del Lago Argentino.

La Corte fue contundente en el fallo, al indicar que se debe determinar cuál sería el impacto ambiental que esos emprendimientos podrían causarle al ecosistema. En particular, al Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares.

Los argumentos legales de la paralización

Suspensión - La Corte Suprema dictó una medida cautelar que suspende las obras de las represas hidroeléctricas Kirchner y Cepernic, hasta que se implemente el proceso de evaluación de impacto ambiental

Prevenir daños - El tribunal requirió estudios para prevenir eventuales daños al ecosistema en el Lago Argentino, los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y el Parque Nacional Los Glaciares

Audiencias públicas - No se cumplió con la ley 23.879, de obras hidráulicas, que fija mecanismos específicos de información pública ambiental y participación ciudadana a través de audiencias públicas

El "policía millonario", dueño de una flota de helicópteros y más de cien propiedades

Por Fabián Debesa - Clarin.com
La Justicia lo investiga por “enriquecimiento ilícito”. Era quien manejaba las horas extras de los agentes. En su declaración jurada, dijo tener solo siete inmuebles.

El comisario inspector Néstor Omar Martín (izq.) fue desplazado y pasado a retiro. Dicen que es el policía más rico de la Provincia.

En los Tribunales le pusieron un nombre alejado de los tratados de Derecho, pero bien gráfico: la llaman la causa del “policía millonario”. Es una derivación del decreto que obligó a los jefes de la Bonaerense a presentar sus declaraciones juradas de bienes y el caso del comisario inspector Néstor Omar Martín ahora acumula decenas de fojas con indicios de enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, el ex responsable de Coordinación Operativa de la Policía tendría una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol.

La presentación la hizo la Auditoría de Asuntos Internos ante el fiscal penal platense Marcelo Romero. Fue pocos días después de recibir el detalle de las propiedades que declaró Martín en la Escribanía General de Gobierno. Con su firma, el jerarca declaró un total de 4.022.108 pesos, que incluyen siete propiedades inmuebles en La Plata; un helicóptero “experimental” valuado en 400 mil pesos y otros bienes. Incompatible para un funcionario que cobraba poco más de 42 mil pesos como comisario general, el último peldaño del escalafón policial. Era el integrante de la cúpula con la fortuna más abultada. Por eso, los auditores comenzaron a reunir testimonios.

Y allí se encontraron con sorpresas. Bajo reserva de identidad se presentaron testigos que aportaron más datos. Martín sería poseedor de un predio en la periferia de La Plata que fue subdividido en 101 lotes aptos para la construcción de viviendas. Además, el ahora comisario retirado sería propietario de una “flota” de helicópteros, que usaba para alquiler.

Toda la información está sujeta a verificación. Por eso Romero confirmó a Clarín que envió oficios a la AFIP; a ARBA; a dependencias de aeronavegación y otros organismos para avanzar con el expediente. Y reclamó informes al Registro de Propiedad de Nación y Provincia, al Registro de Embarcaciones, el Registro de Aeronaves, a empresas privadas de aviación y al Banco Central para certificar las propiedades a su nombre.

Por ahora, la sospecha es por “enriquecimiento ilícito”. Pero también podría derivar en otros delitos de jurisdicción federal.

Martín es un contador que pasó casi 30 años en la Fuerza, pero siempre se desempeñó en sectores administrativos. En los ‘90 estuvo como “coordinador” de la Departamental La Plata, un lugar estratégico para el manejo de fondos que no siempre tiene una auditoría contable prolija: las horas Cores; los Polad (Policía Adicional, para custodia de puntos fijos) y los viáticos policiales. Ingresó a la institución en el escalafón “administrativo”. Es decir, no tenía mando de tropa. “Nunca estuvo en la calle o al frente de una comisaría”, contó a Clarín un oficial retirado.

Pero supo vincularse con los sectores políticos y hasta judiciales en la capital bonaerense. Hasta que llegó a la Jefatura de la Policía, para ocupar la Superitendencia de Coordinación Operativa.Es decir, el mandamás de las coordinaciones de todas las seccionales provinciales. Allí estuvo casi 8 años. “Pasaban los gobernadores y varios ministros de Seguridad y Martín siempre permanecía en su puesto”, agregó el informante.

Su trayectoria tiene otro aspecto significativo: aunque pertenecía al escalafón administrativo, pudo lograr el grado de general, reservado para los jefes con mando de tropa. “El único caso similar que se conoce en la historia es el de José Lopez Rega, que pasó de cabo de la Federal a comisario general”, recuerdan.

Cuando su declaración jurada se puso bajo la lupa de Asuntos Internos fue desplazado y pasó a retiro.

En abril último, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto para que 3.000 jefes policiales presenten la declaración jurada de bienes. Tenían plazo hasta fines de julio. Algunos se demoraron y 154 fueron sancionados. Por ahora, el caso de Martín es el único con proceso judicial por enriquecimiento ilícito.

La AFIP denunció a la AFA por evasión por $84,3 millones

(Clarin.com) - La cifra se desprende de la apropiación indebida de Ganancias e IVA, más aportes del régimen de Seguridad Social de sus empleados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) interpuso una denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), por retenciones no ingresadas o depositadas fuera del término legal, correspondientes "al Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, y a los aportes del personal en relación de dependencia de la institución, respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto del corriente año", informó la entidad en un comunicado.

Según la AFIP, la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo del juez López Biscayart. "Ahora la justicia debe analizar una maniobra consistente en la omisión de pago temporáneo de distintos gravámenes retenidos a terceros, que ascendería a la suma de $ 8.489.849 - por la apropiación indebida de Ganancias e IVA-, y por unos $ 75.796.121-estos último, en concepto de aportes relativos al Régimen de Seguridad Social de sus empleados", informó el texto.

El organismo gubernamental estimó que la maniobra denunciada "habría permitido a la entidad financiar su desenvolvimiento operativo basado exclusivamente en la apropiación de los impuestos de sus proveedores y empleados en relación de dependencia".

"Cabe señalar que los períodos denunciados por el Organismo no serían pasibles de ser incorporados a la nueva ley de moratoria -Ley N° 27.260- pudiendo corresponderle a los imputados, penas de hasta seis años de prisión efectiva, en caso de corroborarse los hechos objeto de investigación", terminó el texto del comunicado.

Un pedido desde AFA a la Justicia

En paralelo, el vicepresidente del Comité Regularizador de AFA, Javier Medín, presentó este lunes una revocatoria de la medida dispuesta por la jueza María Romilda Servini, quien ordenó que la entidad convoque a una asamblea antes del 30 de diciembre para fijar la fecha de elecciones.

Servini había dictado una medida cautelar que ordenaba a la AFA a convocar a sendas asambleas ordinaria y extraordinaria, con 75 representantes como marca el estatuto de la máxima entidad del fútbol argentino, para llamar a elecciones.

Allegados al Comité Regularizador señalaron a la agencia de noticias Télam que la solicitud ante la Justicia remarca que se cumpliera con la medida cautelar "en forma automática la AFA quedaría en falta", ya que la FIFA designó a los actuales dirigentes para "normalizar el funcionamiento de la entidad, modificar el estatuto y llamar a elecciones perentoriamente". El Comité Regularizador, que encabeza Armando Pérez, tiene mandato hasta fines de junio de 2017.

Por este motivo, destacaron que "si se convalida el llamado a una asamblea antes del 30 de diciembre, la AFA podría ser sancionada por la FIFA debido a la injerencia de la Justicia en temas del fútbol organizado".

Hallan en un tacho de basura armas bajo custodia judicial

Por Gustavo Carabajal - LA NACION

Dos pistolas que debían estar en la sala de resguardo de pruebas de los tribunales estaban en un contenedor en la esquina del edificio; se investiga si fue fruto de la negligencia o de un robo

Las dos pistolas, una 9 milímetros y una .22, sobresalían entre la basura y otros restos dentro del contenedor ubicado en Ituzaingó y Acassuso, en la esquina de los tribunales de San Isidro. El hecho, grave en sí mismo, se puede convertir en un escándalo: esas armas debían estar bajo resguardo judicial, en la sala de custodia de efectos; alguien las sacó de allí por motivos que ahora son objeto de una investigación. Todos los funcionarios policiales y judiciales que trabajan en el lugar son, ahora, objeto de investigación.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, esas armas debían estar en "la jaula", el depósito de efectos que funciona en uno de los subsuelos del edificio. Hasta ahora los investigadores siguen tres hipótesis: que se haya tratado de un acto de negligencia cometido por alguno de los empleados que trabajan allí y que debían realizar una limpieza ordenada por la Suprema Corte; que hubiera sido fruto de un robo tipo hormiga con el objetivo de poner en manos criminales esas armas cuyo faltante nadie advertiría hasta que se hiciera un inventario, y la presunta connivencia entre algún empleado del edificio y el o los acusados en las causas penales por las que habían sido secuestradas esas pistolas.

La Justicia aún no pudo establecer cómo fue que esas armas fueron trasladadas desde el depósito del subsuelo hasta el contenedor de la esquina. El fiscal a cargo de la investigación, Matías López Vidal, comenzó a interrogar al personal que trabaja en el depósito y a los funcionarios judiciales que tienen la responsabilidad de los efectos guardados en la "jaula".

Fuentes de la investigación indicaron que se trata de dos pistolas, una Browning 9 mm, número de serie 1123509, y una Leslie calibre .22 con número de serie 231234.

Además del peligro procesal -que las armas cayeran en manos de delincuentes o de los acusados que pudieran tener interés en hacer desaparecer pruebas comprometedoras-, hubo riesgo de una potencial tragedia: la Browning estaba cargada con dos proyectiles intactos.

Al revisar el contenedor, la policía -que intervino tras un llamado anónimo al 911- halló 12 vainas de proyectiles calibre 9 mm y dos cartuchos de escopeta 12/70. Pero había más cosas que no debían haber estado en el contenedor de basura sino el depósito del subsuelo de los Tribunales de San Isidro. Entre las armas, las vainas y los cartuchos, los policías encontraron 50 chapas patente de vehículos afectados a causas penales. Tres de los rodados a los que correspondían esos números de patentes tenían, todavía, pedido de secuestro activo. Esas patentes pertenecen a automóviles modelos 1989, 1992 y 1994.

Según fuentes judiciales, en el momento del hallazgo de las armas entre la basura, el máximo responsable del edificio de los Tribunales de San Isidro era el juez Ernesto García Maañón, que como presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías de dicho departamento judicial tiene a su cargo la superintendencia del edificio.

A partir del hallazgo de las armas y de los otros efectos que debían estar en custodia judicial, fuera de la "jaula", el juez García Maañón realizó la denuncia para esa irregularidad sea investigada.

En los Tribunales de San Isidro se indicó que el recinto de la "jaula" fue escenario de una limpieza en los últimos días para adecuar la instalación a las normas de funcionamiento exigidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) bonaerense.

Por tal motivo, los investigadores no descartaban la posibilidad de que algún empleado hubiera arrojado a la basura las pistolas -que supuestamente nadie reclamaría- con el objetivo de cumplir con la resolución del máximo tribunal bonaerense. Sin embargo, el exiguo número de armas debilita esa teoría.

Modificaciones

Entre el 21 de septiembre y el 21 de noviembre, los inspectores de las subsecretarías de Control de Gestión y Control Disciplinario de la SCJ realizaron una serie de observaciones a los responsables de cada departamento judicial del conurbano con el objeto de adecuar la gestión interna a las normas reglamentarias vigentes sobre archivos, efectos, registros, asistencia, sistemas informáticos y visitas carcelarias, entre otras cuestiones administrativas.

La medida se encuadró en un plan integral impulsado desde la presidencia de la SCJ para controlar el servicio de Justicia y mejorar el funcionamiento de los tribunales.

Al revisar el edificio de Ituzaingó 340, los inspectores recomendaron al responsable de la Cámara que reorganizara los espacios usados para archivar expedientes y efectos para su reutilización, la limpieza del material en desuso y la disposición final de los efectos. En ninguna de esas resoluciones figuraba que esa limpieza incluyera la posibilidad de arrojar esos efectos a la basura. Los procedimientos para descartar los elementos que no se utilizarán figuran en distintas resoluciones que se comunican a cada departamento judicial. En cuanto a armas, se debe cumplir con la ley 25.938, que establece que se deben enviar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar), para que proceda a su registro y destrucción, con el fin de evitar su reingreso al mercado ilegal.

Contrabando de 23.000 municiones

Foto: Prensa Gendarmería

Unas 23.000 municiones de distinto calibre, una pistola de guerra austríaca calibre 9 mm y tres cargadores que estaban ocultos en un doble fondo de un vehículo fueron secuestrados durante un control vehicular realizado por la Gendarmería en el kilómetro 1606 de la ruta nacional N° 12, en Misiones. El conductor del vehículo fue detenido. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 13 de Iguazú, quienes detuvieron la marcha de un VW Suran con patente brasileña cuyo conductor, en un primer momento, quiso evadir el control. Los gendarmes advirtieron anormalidades en el piso del vehículo y, al revisarlo, descubrieron la carga ilegal.

Investigan contratos y el manejo de la publicidad en Yacyretá

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
La actual administración descubrió transferencias de fondos durante la gestión kirchnerista a organizaciones sociales que no existían.

ITUZAINGÓ.- Esta ciudad fue bendecida por una naturaleza exuberante. En el subsuelo no hay petróleo ni gas, las dos fuentes primarias de energía más populares de la Argentina, pero en la superficie el río Paraná recorta un terreno verde subtropical y converge en un punto que permitió construir Yacyretá, un gigante de hormigón, acero y tecnología que produce el 14% de la energía eléctrica que consume la Argentina.

Diez meses después de tomar la conducción de esta emblemática empresa (que fue bautizada "monumento a la corrupción" en los años 90, pero hoy es impensable el funcionamiento del sistema eléctrico sin ella), las nuevas autoridades de Yacyretá, la mayor generadora eléctrica del país, aún no consiguen entender la contabilidad del kirchnerismo.

Según Humberto Schiavoni, presidente por la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la empresa (la misma estructura se repite del lado paraguayo, dueño de la mitad del emprendimiento), el gobierno de Cristina Kirchner había aprobado para este año un presupuesto de US$ 1432 millones, sin especificar el origen de los fondos, dado que la mayor parte no estaban considerados en ninguna partida presupuestaria. Su gestión redujo esa cifra hasta US$ 583 millones sin bajar el volumen de las inversiones, sino incluso contemplando un plan de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de la central.

Sin fiscalizar

El abismo de un lado y de otro se explica, según Schiavoni -que también es presidente de Pro y define junto con otros miembros del partido del presidente Mauricio Macri el armado político de cara a las elecciones del año próximo-, porque sus antecesores montaron una estructura compuesta por "una multiplicidad de gastos injustificados sin fiscalización". Así lo sostuvo en esta ciudad, en el marco de un encuentro con periodistas de distintas provincias.

Dio algunos ejemplos: la EBY puso unos $ 80 millones en ayuda para unas 12.000 personas. Cuando la nueva gestión quiso identificar a los beneficiarios, la mayoría no se presentó, por lo que el número se redujo a 3500 personas.

También encontró transferencias a organizaciones sociales que debían usar esos fondos para el financiamiento de jardines de infantes y comedores. Cuando la nueva gestión revisó las cuentas, encontró que de 79 entidades declaradas sólo existían 20. Son datos que están en una denuncia penal que la compañía presentó en los tribunales de Posadas. Otra parte del ahorro vino por el recorte de 128 contratos, la suspensión de acuerdos de trabajo con consultoras y el recorte del 75% de la publicidad, una partida que se destinaba en un 90% al diario Tiempo Argentino y al canal de cable CN23 (ambos pertenecían al grupo Szpolski). "Nos encontramos con una organización obsoleta en cuanto a los procesos de gestión", dijo el ejecutivo.

Además del revisionismo, la nueva gestión presentó un plan a futuro. Uno de los puntos contempla la instalación de tres nuevas turbinas en Aña Cuá, uno de los brazos de este complejo hidrológico, con capacidad para generar 275 MW adicionales. La inversión, de US$ 550 millones, permitiría producir tres cuartas partes de lo que hoy aporta la central atómica Atucha I, para poner un ejemplo. Otra iniciativa contempla la instalación de otras tres turbinas que sumarán 465 MW en la propia central, con una inversión de US$ 930 millones.

Para Schiavoni, ambos proyectos dependen de un punto crucial: "Tenemos que ponernos de acuerdo con Paraguay", resumió.

La Justicia encontró camionetas de Báez en un predio de Vialidad provincial

Por Lucía Salinas - Clarin.com
Fue durante los operativos en Santa Cruz ordenados por el juez Casanello. Son unas 20 camionetas de Austral que se encuentran sin logo en un predio del organismo que debía controlar a la constructora.

Vialidad Provincial resguarda camionetas de Austral Construcciones. Foto Maxi Failla.

“Gracias Néstor por el camino recorrido desde 2003”, indica el gran cartel que lleva el logo de Vialidad Provincial al ingresar a Río Gallegos. A un costado de la Autovía “17 de octubre” se encuentra un predio del organismo vial que certificó miles de millones de pesos a favor de Lázaro Báez. Lindante al lugar, el empresario K tiene dos grandes extensiones de tierra en forma de “L” y en una de las esquinas se levanta el galpón de Vialidad, con un perímetro hecho de ladrillos. En su interior la Justicia detectó unas veinte camionetas que no tienen ningún logo, pero según confirmaron fuentes judiciales a Clarín y en función del dominio de cada una, pertenecen a Austral Construcciones.

Unos pocos metros separan a las instalaciones de Austral Construcciones SA (ACSA), principal firma de Báez que obtuvo del gobierno kirchnerista 52 contratos viales por $ 33.800, de uno de los galpones de Vialidad Provincial. El organismo santacruceño fue responsable, según consta en la auditoría de Vialidad Nacional, de firmar certificaciones de obras que “nunca iniciaron” y que en otras ocasiones, “no guardaba relación con el avance de obra”.

Este aceitado mecanismo denunciado ante la Justicia, “comprueba la falta de control y la familiaridad en la relación con Austral”, que permitió que el empresario K pudiera recibir fondos millonarios. Doce años después, el 50 % de las obras quedaron inconclusas y llegó a cobrar sobreprecios superiores al 65 % según la auditoría. Vialidad Provincial -que hoy resguarda camionetas de Austral- fue el comitente de las obras: debía controlar e inspeccionar a Báez.

Con ACSA completamente detenida, sin operar y al borde del quiebre, la Justicia avanzó en el embargo preventivo de su maquinaria tasada en $ 81 millones. Sin embargo, hay gran parte del parque automotor que aún falta tasar y durante los allanamientos realizados sobre 32 nuevas propiedades del empresario K, los efectivos federales encontraron cerca de 20 camionetas, varias de ellas Hilux color blanco, otras grises y también de la marca Chevrolet en el predio de Vialidad Provincial que da la bienvenida agradeciéndole a Néstor Kirchner por las obras viales, casi como una metáfora.

Según confirmaron a Clarín, el dominio de propiedad indica que los vehículos se encuentran registrados a nombre de Austral Construcciones, y fueron adquiridos entre 2012 y 2015. Sin mayores explicaciones, permanecen en un predio de Vialidad Provincial, el organismo que tenía la responsabilidad de controlar a la firma insignia de Báez y que favoreció al dueño de ACSA con "expedientes rodeados de irregularidades", tal como denunció la actual gestión.

Hay que recordar que en la causa que investiga una presunta matriz de corrupción en la obra pública, que terminó direccionando U$S 2.2000 millones a favor de Báez, están investigado varios ex funcionarios de Vialidad Provincial acusados de firmar certificaciones de obra que no correspondían, y no cumplir con las tareas de inspección correspondientes.

Esto posibilitó que el Grupo Austral que ganó el 78,4 % de las licitaciones volcadas en el Sur, cobre por obras que no se realizaron. Además, en la denuncia se señala que personas del entorno y confianza del empresario K ocuparon puestos claves en Vialidad Provincial, como el ingeniero en Jefe que viajaba en el avión privado de Báez.

Respecto al parque automotor de Austral, no es la primera irregularidad detectada por la Justicia. Esta semana se allanó la “Chacra 12” de una hectáreas de superficie, allí hace quince días se observaron al menos 40 máquinas pesadas y camionetas que cuando fueron a allanar, ya habían sido removidas del lugar.

​“Esas máquinas no estaban ni tasadas ni inventariadas y podría haber un embargo sobre las mismas, pero las movieron”, explicaron fuentes de la causa sospechando de “filtraciones de información”. En ese predio sólo quedó un contenedor, una casa prefabricada y dos trailers, todo completamente abandonado.

Cómo es el imperio de estancias de Lázaro Báez, que está allanando la Justicia

Por Lucía Salinas - Clarin.com
En los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello se encontraron con campos abandonados, cascos destruidos y tierras improductivas.

Una de las estancias más importantes de Báez y que más descuidada se observa. Foto Maxil Failla.

Más de 600.000 hectáreas distribuidas por la gran extensión del suelo santacruceño, integran el imperio de propiedades de Lázaro Báez cuyo valor la Justicia busca determinar. Hasta ayer se tasaron 12 de las nuevas 14 estancias que le detectaron al empresario K y que elevarán aún más su patrimonio que ya es de $2.250 millones ( U$S 156 millones).

Las estancias de Lázaro Báez fueron emblemáticas: algunas fueron denunciadas por tener bóvedas, otras contaban con lujosos cascos y otro grupo -cerca del Río Santa Cruz- fue denunciado por lavado de dinero. Después de quedar detenido, sus campos quedaron despojadas de sus complejos sistemas de seguridad y el deterioro es notorio. Otras se encuentran en una zona con potencial minero.

​Un grupo de unas veinte personas se ocupa de cuidar hoy los campos. En la ruta a El Calafate se observan cada tanto, unos pocos cuidadores recorriendo las estancias. Báez mantiene jardineros y serenos a los que les paga $ 9.000 por mes. En algunos casos, se adeudan salarios hace cinco meses como muestra de un imperio en decadencia. La Justicia se encontró en los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, con campos abandonados, cascos destruidos y tierras improductivas.


Vista de estancia Cruz Aike propiedad en El Calafate. Foto. Maxi Failla.
En la provincia que gobernó Néstor Kirchner, Báez compró 41 estancias: más de 600.000 hectáreas. Los campos son diversos en sus instalaciones y extensión. El Tribunal de Tasanción de la Nación sólo a once campos le otorgó un valor de $ 300 millones. El número se modificará en función de los nuevos allanamientos sobre 14 estancias que no había sido declaradas por el empresario preso, ordenados en el marco de la causa de la Ruta del Dinero K.

En la zona sur, Báez conserva la mayor cantidad del ganado: más de 40 mil ovinos y 700 vientres vacunos. Después cuenta con las crías que es lo que se destina a comercializar Austral Agro, firma responsable de administrar los campos.  El escenario más desolador se observa en el norte santacruceño: Grandes campos con cascos arruinados, sin cuidadores, sin hacienda, superficies áridas y sin mantenimiento. Esto se observó al recorrer estos días las estancias La Fe, La Molle y Cerro del Paso.


Una de las estancias de Báez en la zona sur de la Provincia. Foto Maxi Failla.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se encontraron con “casas abandonadas y muy precarias, terrenos sin un solo animal y lugares totalmente abandonados”.
En este punto el trabajo más relevante no es comparar con otras estancias lujosas que en la zona sur tiene Lázaro Báez, como Alquinta, valuada en $ 101.944.000, o un conjunto de tres campos que tienen un valor de $ 43.995.000, o La Entrerriana por $ 27.471.00.

La prioridad es determinar el dinero volcado en la adquisición de miles de hectáreas. “Son estancias inmensas, lo que valen es por la extensión”, indicó una fuente de la causa a Clarín. La Justicia sospecha que los campos fueron adquiridos a través de una maniobra de lavado de dinero.

Entre los campos allanados para su tasación, se ingresó a Coronel Guarumba en cercanías a la Ruta 40 y la intersección con el camino provincial N° 7. Esta estancia tiene varias tranqueras separadas por más de 22 kilómetros, hasta llegar a su casco principal. Su cuidador Raúl Vargas confirmó que trabajaba para el empresario K y contó que le proveen víveres una vez a la semana. El lugar cuenta con dos administradores que con frecuencia llegan al lugar "a preguntar por las novedades", detalló Vargas.

Por la zona de Bajo Caracoles, recorriendo un extenso camino de ripio los efectivos federales se encontraron un conjunto de estancias que administra Austral Agro, empresa dirigida por Leandro Báez (el menor de los hijos del empresario). Esta zona según los lugareños, tiene un importante potencial minero y sospechan de una compra de las tierras vinculada a dicha actividad.

Aníbal Cofre es el encargado de gran parte de estos campos: La Irenita, Los Gurises, Río Olnie, Manantial Alto y Laguna del Asador. Allí se encontró muy poca hacienda. “Todas tienen superficies de 20.000 hectáreas y se tratan de campos poco aptos para la cría del ganado, porque están en muy mal estado”, señalaron a Clarín quienes recorrieron estas estancias.

En contraposición con este desolador panorama, en El Manantial -otro campo allanado esta semana-, se realiza cría de ganado ovino para el consumo y esquila de ganado. Y es uno de los pocos ingresos que tiene hoy la familia Báez, que se vio favorecida durante doce años por la compra compulsiva de inmuebles que realizó el dueño de Austral Construcciones.


Estancia La Julia conectada a Cruz Aike. Foto Maxi Failla.
Ayer se concluyó el trabajo sobre doce estancias, la mayoría de los cuales se encuentran escriturados a nombre de Austral Agro, Austral Construcciones y en algunos campos figuran los hijos del empresario K, preso hace siete meses.

Uno de los lugares recorridos fue la estancia La Nueva Argentina de 15.500 hectáreas, si bien los peones que la cuidan negaron que pertenezca a Báez, la Matrícula 33883-I indica que el titular registral es Martín Báez (doblemente procesado por lavado de activos). La compra realizada por $ 8.245.024 se hizo con dinero de Austral Agro ante el escribano Leandro Albornoz.

Hoy quedan dos estancias en la zona de El Chaltén, “Los Médanos” y “El Rincón” que serán recorridas para su tasación.

Apuntan contra 52 universidades por fondos

(La Nación) - Marijuan abrió causas para rastrear el dinero que recibieron durante el gobierno kirchnerista.
La UBA dentro de las universidades denunciadas Foto: Archivo.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a 52 universidades nacionales para que se investiguen millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por el gobierno kirchnerista."Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito", reclamó la denuncia. Entre noviembre y diciembre de 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos.

Marijuan presentó las denuncias por separado y distintos jueces fueron sorteados para analizar los casos. Se trata de las universidades de Buenos Aires, Catamarca, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Comahue, de Córdoba, de Cuyo, de Entre Ríos, de Formosa, de General San Martín, de General Sarmiento, de Jujuy, de La Matanza, de La Pampa, de La Plata, del Litoral, de Lomas de Zamora, de Luján, de Mar del Plata, de Misiones, del Nordeste, de la Patagonia San Juan Bosco, de Quilmes, de Río Cuarto, de Rosario, de Salta, de San Juan, de San Luis, de Santiago del Estero, del Sur, Tecnológica Nacional, de Tucumán, de La Rioja, de Lanús, de Tres de Febrero, de Villa María, Patagónica Austral, de las Artes, de Chilecito, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro, del Chaco Austral, de Villa Mercedes, de Avellaneda, Del Oeste, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de Moreno, Arturo Jauretche, de José C. Paz, de Comechingones, de Hurlingham, del Alto Uruguay y de Rafaela.

Cada juez deberá determinar quiénes fueron las autoridades de los empleados que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos públicos recibidos.

Inscribían a desocupados como choferes de colectivos para cobrar subsidios.

Por Guillermo Villarreal - Clarin.com
 Las empresas obtenían millones extra del Estado gracias a esa maniobra. Ya lo investiga la Justicia.
Varias empresas de colectivos con choferes "fantasmas" - Foto: Fabián Gastiarena.

Como los huéspedes de los hoteles de la familia Kirchner, alojados en los registros contables sin haber estado en las lujosas habitaciones con vista a las calmas aguas del Lago Argentino, en Mar del Plata la Justicia investiga el caso de trabajadores de empresas de transporte de pasajeros que, sin embargo, nunca se sentaron al volante de ningún colectivo. Aquí los llaman los “choferes fantasma”.

Al engrosar su caudal de empleados en blanco a través de sus declaraciones juradas, las empresas obtenían millones de pesos extra en subsidios y además, según contó a este diario el abogado de los damnificados, la maniobra la llevaron adelante en el momento en que pedián un aumento del precio del boleto, que finalmente consiguieron. “En marzo el boleto pasó a costar de $ 5,90 a $ 6,86. Los concejales se taparon la nariz y votaron, no les importó que hubiera casi 400 desocupados que las empresas usaron para aumentar sus costos operativos ni que hayan cobrado millones de pesos en subsidios”, explicó a Clarín Julio Hikkilo, abogado de La Casa del Trabajador, una asociación civil sin fines de lucro orientada a asistir a trabajadores.

Los medios de noticias locales llamaron “fantasma” a los desocupados que fueron declarados como empleados por las empresas de transporte. Ellos se enteraron de la peor manera de la maniobra en la que fueron usados: algunos cuando fueron a cobrar la Asignación Universal por Hijo, otros yendo en busca de la mensualidad del seguro de desempleo, y en las ventanillas de pago les informaron que no iba a ser posible que cobrasen porque figuraban en los registros de la Anses y AFIP como empleados de líneas de colectivos del transporte público marplatense con sueldos promedio de 20 mil pesos.

En la mayoría de los casos los choferes habían acercado su currículum, algunos llegaron a dar una prueba de trabajo, pero nunca fueron convocados. De allí se tomaron sus datos. En total son 392 desocupados los que las empresas hicieron figurar en sus declaraciones juradas ante la AFIP, y casi 12 millones de pesos los que cobraron en concepto de subsidios. Algunos figuraban como choferes en más de una empresa.

Las empresas investigadas en la maniobra que denuncia la Casa del Trabajador son “25 de Mayo SLR”, “12 de Octubre SLR”, “Transportes Peralta Ramos SA” y Libertador SLR”; entre ellas controlan más del 90% del transporte público marplatense.

La investigación comenzó en abril pasado a partir de la denuncia de Hikkilo, que reclama que la investigación sea de competencia federal. La causa está en manos del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien sobre el pedido dijo que “aún se encuentran pendientes de producción diligencias útiles en orden de delinear el objeto procesal”.

El abogado César Sivo, por parte de las empresas transportistas, sostiene que la pretensión de que un fiscal federal sea quien lleve adelante la investigación, “es, como mínimo a esta altura procesal, evidentemente prematura en tanto el pedido únicamente se basa en la ambigua y genérica referencia de que ‘podrían’ (en sentido potencial) los hechos investigados guardar relación una materia de injerencia investigativa federal”. Pero argumenta el abogado de La Casa del Trabajador que la competencia debe ser de la Justicia Federal “por tratarse de una defraudación al Estado nacional”.

Todavía no hay delito definido ni imputados en la causa. Quienes firmaron las declaraciones juradas fueron los empresarios Juan Inza (25 de Mayo, 12 de Octubre, Libertador) y Diego Basilico (Peralta Ramos), y el contador Federico Pomero. Por lo pronto, se sabe que por ahora el caso continuará en la obita de la Justicia provincial, tal como resolvió a mediados de octubre la jueza de Garantías Rosa Frende.

“Los empresarios reconocieron lo que hicieron, pero dicen que se trató de un error involuntario, ¡Es decir que tuvieron 392 errores de tipeo, es un escándalo!”, dijo Hikkilo. En estos días los empresarios del transporte en Mar del Plata reclaman un nuevo aumento del precio del boleto. “Piden un aumento cuando no devolvieron los millones que cobraron y ni siquiera repararon el perjuicio a las víctimas, que son estas personas que de un día para otro dejaron de cobrar sus planes asistenciales. Es una burla”

Detectan llamativas irregularidades en la compra de 110 camiones para Acumar

Por Marcelo Silva de Sousa - LA NACION
La maniobra le costó al Estado 153 millones de pesos

Detectan llamativas irregularidades en la compra de 110 camiones para Acumar. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

"Esta sí que fue una herencia pesada, en todo sentido", dice con ironía una calificada fuente del Ministerio de Ambiente. El 4 de diciembre, a seis días de la asunción del nuevo gobierno y en sesión extraordinaria, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), organismo creado para sanear la cuenca, autorizó la adquisición de 110 camiones IVECAM en una llamativa maniobra por su celeridad y por las irregularidades que tiñeron la operación, que le costó al Estado 153 millones de pesos.

"Nos encontramos con una pila de expedientes sobre la mesa que no sabíamos de dónde habían salido, y que el presidente quiso aprobar a las apuradas. No había detalles sobre los montos de los camiones ni los fines que justificaran la adquisición", contó a LA NACION un ex funcionario de Acumar que prefirió mantener en reserva su nombre.

En la sesión, que se realizó pese a la falta de quórum, justificada bajo la "necesidad de dar tratamiento urgente" a los expedientes, planteada por el ex presidente del organismo Gerardo López Arrojo, el Consejo Directivo aprobó por mayoría la entrega de los vehículos a favor de Acumar. Se dio visto bueno así a la compra de las camiones, pese a la falta de un pedido formal del organismo que la justificase y sin conocerse el destino que tendrían las unidades.

El lote de camiones estaba integrado, en su mayoría, por compactadores -utilizados en la recolección de residuos- y también había volcadores. "La operación no tenía ningún sentido, y el Consejo Directivo no había autorizado la compra, que atentó contra todos los procedimientos administrativos", confió el mismo ex funcionario. Además, precisó: "Acumar no recoge residuos, la tarea que tiene a su cargo es la limpieza de los basurales, siempre de acuerdo a los pedidos que le hace el Ceamse. No se justificaba adquirir camiones recolectores".

La intención de López Arrojo era repartir en comodato los rodados entre 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. La nómina de los distritos elegidos presentaba una llamativa particularidad: 12 de ellos se encontraban gobernados por el Frente Para la Victoria. Sin embargo, la iniciativa no prosperó en la reunión, y se decidió postergar la elección de los destinos hasta la asunción de las nuevas autoridades. Todavía está en estudio, según confiaron fuentes de Acumar a LA NACION.

La licitación por los camiones había sido en mayo de 2015 y la orden de compra se generó en noviembre del mismo año. Pero recién el 4 de diciembre, cuando los vehículos iban a ser entregados, López Arrojo puso por primera vez a consideración del Consejo Directivo la compra de los camiones, que ya había sido efectuada. La máxima autoridad del organismo presentaría su renuncia seis días más tarde, el 10 de diciembre. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con él.

Entre las irregularidades que encontró la actual gestión, según relató a LA NACION una calificada fuente, los vehículos habían sido entregados ya patentados a nombre del Acumar, pese a que la compra se realizó desde el Servicio Administrativo Financiero (SAF), dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en ese entonces a cargo de Aníbal Fernández . En rigor, la orden de compra se emitió con el pago de un 30 por ciento, que giró el SAF. En tanto, la actual gestión del Ministerio de Ambiente asumió la deuda del 70 por ciento restante.

Actualmente se tramita en el Juzgado Federal n°1 a cargo de María Servini de Cubría un expediente por irregularidades en el destino que tuvieron los fondos que el Estado le entregó a la AFA entre 2009 y 2015, y por el que fueron procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina . En ese expediente se investiga el acuerdo alcanzado entre la AFA e Iveco -único auspiciante privado en el FPT durante el kirchnerismo-, que se comprometía a pagar parte en efectivo y parte con canje de camiones, que iban a ser derivados al Ejecutivo. Durante ese lapso, la empresa pagó con 159 camiones los spots publicitarios por valor de $ 60.200.000, mientras que entregó $ 24.800.000 en efectivo.

Según relataron fuentes de la actual gestión del Acumar, si bien no se detectaron sobreprecios en el proceso de compra, las irregularidades en el trámite derivaron en sumarios administrativos internos. Los camiones, todavía esperan destino.

Tras pagar multa millonaria liberan a buque chino que fue detectado pescando ilegalmente frente al golfo San Jorge

(Cronica) - Puerto Deseado, (C).- La causa iniciada en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia representa un hecho inédito ya que sería la primera vez que un buque infractor que fue tiroteado por Prefectura queda interdicto en otro puerto con la colaboración de Interpol y debe pagar la multa para ser liberado.

Se trata del pesquero “HUA LI 8” MMSI N° 41242941, de bandera china que el pasado 26 de febrero fue detectado por el Guardacostas Thompson mientras realizaba tareas de pesca a 199,42 millas náuticas dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, frente al golfo San Jorge. El buque que se profugó en dos ocasiones fue detectado por Interpol en un puerto de Indonesia donde quedó interdicto por algunos meses hasta que la empresa armadora se allanó a la multa pagando la suma de 7.500.000 pesos.

El incidente con la embarcación que capturaba calamar en aguas argentinas se inició cuando encontrándose el Guardacostas a unos 180 metros comenzó a efectuarle reiterados llamados en idioma español e inglés por radio VHF como así también mediante señales visuales con faros y sonoras con bocinas, pero el buque pesquero comenzó a levantar las líneas de potas de pesca, apagando las luces de pesca, prendiendo las de navegación y al terminar de izar su ancla de capa, inició huida a toda máquina, realizando maniobras bruscas consistentes en cambios de rumbo repentinos hacia ambas bandas, pasando peligrosamente cerca de los otros buques pequeros que se hallaban en las cercanías.

Dichas maniobras estaban dirigidas a procurar que el Guardacostas pasara por encima de las anclas de capa de aquellos buques inutilizando de ese modo sus hélices propulsoras, acciones que pusieron en peligro la seguridad de los buques y sus tripulaciones.

Disparos 

Ante la negativa de cesar en su huida, se le efectuaron al buque pesquero en reiteradas oportunidades disparos intimidatorios, no pudiendo detenerlo en su marcha hacia aguas internacionales. Por el hecho se inició la causa caratulada “PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO”, la cual tramitó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Doctora Eva Liliana Parcio de Seleme,

Días más tarde precisamente 3 de marzo se detectó el ingreso del citado buque pesquero a la (Z.E.E.A.), a la altura de la Ciudad de Necochea, navegando presuntamente hacia la Ciudad de Montevideo, ante esta circunstancia se puso en aviso a la Dirección de Tráfico Marítimo de ese país solicitándole colaboración en el marco del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, en función de lo cual las autoridades uruguayas destacaron el avión ARA-872, el cual sobrevoló la zona identificando al pesquero y el guardacostas argentino.

Debido a la trascendencia internacional del caso, la Prefectura informó de la situación a la Dirección de Conserjería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Comisión Administradora del Río de la Plata del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y a los funcionarios de la Embajada de China, para que, éstos últimos, intercedan ante el Capitán del buque pesquero a fin de que deponga su actitud.

Pedido a Interpol

Pero horas mas tarde el citado buque infractor volvió a escabullirse de las autoridades uruguayas dirigiéndose de nuevo hacia aguas internacionales

Por este motivo se ordenó el Oficio Judicial N° 310/2016 por el cual se dispuso la captura internacional del potero “Hua Li 8” Señal Distintiva, BZU7N, informándose de ello a Interpol Montevideo, Interpol Brasilia y a la Secretaría General de Interpol, para que amplíen información sobre la fuga del buque pesquero mencionado sobre si se le prestó asistencia en algún puerto, como así también si se labraron actuaciones judiciales.

Posteriormente, la PNA, mediante el Sistema Guardacostas que permite el seguimiento e identificación de buques a nivel mundial, tomó conocimiento que con fecha 30 de marzo de 2016 el buque potero, se encontraba navegando al Sur de Sudáfrica , sin que del sistema AIS surja cuál sería su destino final.

EL 25 de abril de 2016, del Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, comunica que en la mencionada causa judicial, caratulada “PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO”, se decretó la interdicción de salida del buque pesquero “Hua Li 8”, el cual se encontraba amarrado en el Puerto de Belawan, República de Indonesia, requiriendo que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con intervención de Interpol de la Argentina que se soliciten a las autoridades de dicho país diversas medidas como la individualización de la empresa armadora del citado buque pesquero, su Capitán y Oficiales y, en particular con relación a la infracción a la Ley N° 24.922, hacer saber a las autoridades de la Indonesia que la interdicción de salida y navegación del buque, es al solo efecto de permitir que se lleven adelante las acciones administrativas por la infracción que se le imputa por infracción a la Ley N° 24.922.

En ese contexto la jueza Eva Parcio solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que ponga en conocimiento de dicha medida al Ministerio de Agroindustria, para que la Autoridad de aplicación de la Ley N° 24.922 cumpla con las diligencias necesarias.

Ante lo cual la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera del Ministerio de Agroindustria a cargo de Juan Bosch emitió la Nota N° 246 de fecha 27 de abril de 2016 por la cual se pone en conocimiento del Capitán del citado buque pesquero la infracción que se le imputa a fin de que, en el plazo legal se allane a la multa determinada de diez millones de pesos ($ 10.000.000.-) y efectivice el pago, con las quitas que establece el Artículo 54 bis introducido inciso b) de la Ley Nº 24.922, o ejerza su derecho de defensa.

Finalmente la empresa propietaria del buque decidió allanarse a través de su presidente Haijun XU, haciendo efectivo el pago de la multa con una quita del 25% correspondiente a siete millones quinientos mil pesos, logrando de este modo destrabar la interdicción del buque que se encontraba preso en Indonesia.

Río Turbio: dura auditoría de la Sigen sobre una obra de $ 26.000 millones

Por Lucía Salinas - Clarin.com

Gastos que triplican la media internacional, triangulación de contratos y otras irregularidades.

Cristina Kirchner en Río Turbio en una visita a la Usina. Foto Télam.

Sobre una mesa de un metro de ancho por un metro y medio de largo se colocaron una veintena de carpetas. Son todos los expedientes que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) analizó para el informe final de la auditoría sobre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la minera que el kirchnerismo buscó estatizar y que durante los últimos doce años estuvo bajo la órbita del extinto ministerio que dirigió Julio De Vido. Irregularidades en el manejo de los fondos públicos, desapego a las leyes, procesos carentes de “razonabilidad y legalidad” son sólo algunas de las acusaciones del informe del organismo nacional.

YCRT fue el destino de $ 26.000 millones desde 2005 a 2015, y sólo los últimos dos años del kirchnerismo en la Casa Rosada el gasto estimado por parte de la minera santacruceña fue de $ 10.000 millones, según indica la documentación oficial. En la mayoría de los casos la SIGEN indicó que se trató de manejos “irregulares”, algo por lo que la actual gestión denunció a De Vido por "defraudación a la Administración Pública".

Usina Térmica de Santa Cruz, concentra el reclamo de la UOCRA. Foto Opi Santa Cruz.

"Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, inicia el informe de la SIGEN al que accedió Clarín. A raíz de esta dinámica de trabajo arrastrada durante doce años, consideraron que se “impidió el logro de los objetivos" en el funcionamiento del Yacimiento y "la construcción de la Central Térmica -aún sin finalizar-”. La auditoría planteó que se ocasionó "un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.

Al momento de evaluar la seguridad de la mina, el informe señala la existencia de "condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave inminente- así como también para los equipos e instalaciones en mina, como también de la Central Térmica distintos talleres y depósitos de residuos peligrosos”. Y concluye este punto remarcando que la red troncal de ventilación de la mina se encontró “seriamente comprometida representando un latente peligro de accidentes y derrumbes”.

El manejo de fondos con una "planificación inadecuada e importante subejecución en las tareas de avance y producción de carbón” fue otro crítico punto del informe. Se remarcó que en el período 2011 - 2015 se debían construir 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros “un 70 % menos de lo planificado".

La producción de carbón debía ser en ese mismo período, de 5.706.776 toneladas y sólo se extrajeron 841.990 toneladas: “un 85 % menos de lo establecido”.  El trabajo señala que esto no guarda relación con el incremento de la planta de personal durante esos años que fue del 233 %. “YCRT tuvo esos años una importante inyección de transferencias presupuestarias de $ 16.048.404.69.

YCRT ubicada en la Cuenca Carbonífera sigue arrojando números complicados para De Vido. Foto Opi Santa Cruz.

Los convenios celebrados con la UTN - Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) fue otro punto crítico del dictamen. Entre 2009 y 2015 se suscribieron 453 convenios y 90 adendas entre YCRT y la FRSC por $ 4.866.400.000. Los gastos fueron calificados como “irregulares” y el informe señala que este mecanismo de contratación se hizo, primero, por tareas “que no son propias y específicas de estas instituciones”. Y que la subcontratación de la Facultad “habilitó la triangulación de las operaciones y permitió soslayar la aplicación de la normativa de contrataciones públicas”. Y sospechan de la existencia de "sobreprecios en diversas adquisiciones de bienes”.

Respecto a la Central Termoeléctrica construida por Isolux Corsán se señaló que “se obviaron detalles de envergadura manifiesta, ausencia de los estudios de factibilidad técnica y económica" que justifiquen la licitación de la Central. Pero se concentran en el dinero que demandó la obra: se pagaron anticipos financieros "sin ejecución de obra certificada” y con una "débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones que surgen en el contrato".

Producto de las" imprevisiones" se generaron “ampliaciones del contrato original en once oportunidades”. Su valor inicial fue de US$ 957.341.128. Sumada las once variantes con impuestos incluidos, "incrementaron el 90,28 % el contrato original”. Según la SIGEN el monto de la usina de 240 MW a la fecha es de US$ 1.726.251.980, suma que “triplica el costo internacional promedio que se estima en US$ 2,4 millones por MW”.

La OA denunció penalmente al programa "Argentina Sonríe"

Por Lucía Salinas - Clarin.com - El polémico plan "Argentina Sonríe".

Argentina Sonríe el programa que dirigió la esposa de Máximo será investigado penalmente. Foto Clarín.

El programa que dirigió Rocío García fue derogado el viernes pasado por el Gobierno y hoy la Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente la puesta en marcha del plan de salud bucal por el presunto delito de "defraudación a la administración pública". Sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios, adquisiciones de materiales innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia a la que accedió Clarín.

En 17 páginas la OA expuso los principales argumentos para avanzar con la denuncia penal contra el plan Argentina Sonríe que demandó una erogación de $ 223 millones para once campañas de las cuales seis se realizaron sólo en Santa Cruz donde quien dirigía el programa era la esposa de Máximo Kirchner, y que según el ministerio de Salud las actividades fueron realizadas "con fines electorales". 

Después que el ministerio de Salud bajo la gestión de Jorge Lemus presentara ante la OA la auditoría realizada sobre el plan bucodental, se avanzó en la denuncia penal que recayó en el juzgado Federal N° 11 a cargo del juez Claudio Bonadio.

El expediente que N° 15.396/16 retoma una serie de irregularidades que fueron mencionadas en la Auditoría. Entre ellas se destaca el presunto direccionamiento de las contrataciones y compras de insumos a una misma empresa: Callmed SA que a su vez, uno de sus integrantes tendría vínculos familiares con Rolando Nervi, la mano derecha de Rocío García en Santa Cruz y actual viceministro de salud provincial.

En este punto la OA señala dos hechos "delictivos", el primero es que las compras y refuncionalización de unidades móviles utilizados como consultorios, se hicieron siempre con una sola empresa, y en segundo lugar que, para evitar los procesos administrativos obligatorios como el llamado a licitaciones, se armó "una triangulación con universidades para dirigir el pago a Callmed SA a través de ellas".

María Rocío García, esposa de Máximo Kirchner, saliendo de la inmobiliaria familiar. Foto Emmanuel Fernández.

En el primer caso, según la denuncia,  todo se hizo con "contrataciones directas" y así se compraron unidades móviles según dos facturas (301 y 302) por $ 1.788.500 cada una. Las mismas fueron investigadas por "no discriminar el producto/servicio facturado" y esto podría derivar "en posibles sobreprecios".

La mayor erogación se realizó para la refuncionalización de estas unidades móviles. Sin ningún llamado a licitación ni concurso de precios, según consta en la presentación de la OA, volvió a contratarse para tal fin a la misma empresa "sin que se haya llevado a cabo ningún procedimiento de selección previo". Y consideran que existió un acuerdo "informal" entre los funcionarios de Salud y la empresa para que ésta "llevara a cabo el acondicionamiento de los vehículos" que inicialmente vendió al Ministerio.

Para avanzar en esta etapa y poder pagar tales servicios, el plan Argentina Sonríe "trianguló los pagos con tres Universidades", indica la denuncia. Para la refuncionalización de los móviles se destinaron $31.411.100 por intermedio de la universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín. Callmed SA recibió el dinero de parte de todas ellas.  En el caso puntual de San Martín se denunció que se habrían "desviados pagos por $ 574.782 para servicios de consultorías para una empresa mendocina", corriéndose del objetivo original del convenio. 

Estos convenios de colaboración con tres universidades no "justifica la adquisición de bienes" y sobre todo cuando el único proveedor que intervino tiene sede en Capital Federal y las casas de Altos Estudios tienen otras jurisdicciones. Así, se pagó más caro la adaptación de los vehículos que la adquisición de los mismos. 

Las unidades móviles que el 5 diciembre, gran parte de ellas fueron "donadas" a la provincia de Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner, fueron equipadas según la denuncia "con teconología odontológica que excede tanto los fundamentos de la atención primaria de la salud como también, la etapa rehabilitadora con prótesis parcial y/o completa de acrílico". 

Alicia Kirchner junto a Rocío García en Río Gallegos.

¿Qué se compró? 22 equipos de captación (scanner 3D intrasolares), 10 fresadoras con la totalidad de los insumos necesarios para las mismas. Estos costosos equipos no eran "necesarios ni se ajustan a los objetivos del programa", denunció la OA. Y al respecto consideran, en función de la auditoría de la cartera de Salud, que estas compras "fueron discrecionalmente dirigidas hacia algunos proveedores" y que por los montos que exigían, debían haberse licitado "pero se omitió este paso". 

Todo esto fue calificado como "negociaciones incompatibles con la función pública" y/o "defraudación en perjuicio de la administración pública". 

La auditoría del ministerio de Salud que usó la OA apunta contra Rocío García a quien definen como "el pilar de Argentina Sonríe, ella decía qué se hacía y qué no", también se señala las responsabilidades administrativas de Elena Morán (madre del diputado Andrés "Cuervo" Larroque) coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA y al presidente de la firma, Guillermo Bidinosti.