La actual administración descubrió transferencias de fondos durante la gestión kirchnerista a organizaciones sociales que no existían.
ITUZAINGÓ.- Esta ciudad fue bendecida por una naturaleza exuberante. En el subsuelo no hay petróleo ni gas, las dos fuentes primarias de energía más populares de la Argentina, pero en la superficie el río Paraná recorta un terreno verde subtropical y converge en un punto que permitió construir Yacyretá, un gigante de hormigón, acero y tecnología que produce el 14% de la energía eléctrica que consume la Argentina.
Diez meses después de tomar la conducción de esta emblemática empresa (que fue bautizada "monumento a la corrupción" en los años 90, pero hoy es impensable el funcionamiento del sistema eléctrico sin ella), las nuevas autoridades de Yacyretá, la mayor generadora eléctrica del país, aún no consiguen entender la contabilidad del kirchnerismo.
Según Humberto Schiavoni, presidente por la Argentina de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la empresa (la misma estructura se repite del lado paraguayo, dueño de la mitad del emprendimiento), el gobierno de Cristina Kirchner había aprobado para este año un presupuesto de US$ 1432 millones, sin especificar el origen de los fondos, dado que la mayor parte no estaban considerados en ninguna partida presupuestaria. Su gestión redujo esa cifra hasta US$ 583 millones sin bajar el volumen de las inversiones, sino incluso contemplando un plan de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica de la central.
Sin fiscalizar
El abismo de un lado y de otro se explica, según Schiavoni -que también es presidente de Pro y define junto con otros miembros del partido del presidente Mauricio Macri el armado político de cara a las elecciones del año próximo-, porque sus antecesores montaron una estructura compuesta por "una multiplicidad de gastos injustificados sin fiscalización". Así lo sostuvo en esta ciudad, en el marco de un encuentro con periodistas de distintas provincias.
Dio algunos ejemplos: la EBY puso unos $ 80 millones en ayuda para unas 12.000 personas. Cuando la nueva gestión quiso identificar a los beneficiarios, la mayoría no se presentó, por lo que el número se redujo a 3500 personas.
También encontró transferencias a organizaciones sociales que debían usar esos fondos para el financiamiento de jardines de infantes y comedores. Cuando la nueva gestión revisó las cuentas, encontró que de 79 entidades declaradas sólo existían 20. Son datos que están en una denuncia penal que la compañía presentó en los tribunales de Posadas. Otra parte del ahorro vino por el recorte de 128 contratos, la suspensión de acuerdos de trabajo con consultoras y el recorte del 75% de la publicidad, una partida que se destinaba en un 90% al diario Tiempo Argentino y al canal de cable CN23 (ambos pertenecían al grupo Szpolski). "Nos encontramos con una organización obsoleta en cuanto a los procesos de gestión", dijo el ejecutivo.
Además del revisionismo, la nueva gestión presentó un plan a futuro. Uno de los puntos contempla la instalación de tres nuevas turbinas en Aña Cuá, uno de los brazos de este complejo hidrológico, con capacidad para generar 275 MW adicionales. La inversión, de US$ 550 millones, permitiría producir tres cuartas partes de lo que hoy aporta la central atómica Atucha I, para poner un ejemplo. Otra iniciativa contempla la instalación de otras tres turbinas que sumarán 465 MW en la propia central, con una inversión de US$ 930 millones.
Para Schiavoni, ambos proyectos dependen de un punto crucial: "Tenemos que ponernos de acuerdo con Paraguay", resumió.
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