Impsa acuerda con acreedores y apuesta a la energía eólica

Por Roxana Badaloni - Clarin.com
La familia Pescarmona cederá 65% de la empresa para reestructurar una deuda de US$ 1.050 millones.

Enrique Pescarmona, el ministro Lino Barañao y el gobernador Alfredo Cornejo, en la inauguración de la planta de la metalúrgica. Foto: Delfo Rodriguez

La apuesta del gobierno de Macri a las energías renovables fue determinante para apuntalar a Impsa, la principal metalúrgica argentina, que acaba de lograr el aval de acreedores para renegociar su deuda de US$ 1.050 millones y salir del default. La empresa del mendocino Enrique Pescarmona aceptó ceder el 65 % de sus acciones a sus acreedores y reestructurar su deuda hasta 2031. Relanzará su planta de Mendoza con una fábrica de energía eólica y nuclear.

Con un crédito del Ministerio de Ciencia y Tecnología de $ 18 millones, Impsa fabricó una turbina eólica de 2 megawatts (Mw), diseñada para los vientos argentinos, y destinada al proyecto Arauco en La Rioja.

Además, se sumará a la subasta de energías renovables por 1.000 MW de potencia, que lanzó el Gobierno. Las empresas que incluyan tecnología nacional tienen ventajas a la hora de la licitación.


El ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao participó de la inauguración de la planta de aerogeneradores Impsa Winds, ubicada en la sede de la empresa en Godoy Cruz, en el Gran Mendoza. La fábrica fue instalada con parte del equipamiento que tenía Impsa en la planta de Brasil, que fue cerrada por las licitaciones que no pagó Dilma Rousseff (US$ 700 millones). La inversión en Mendoza alcanza los US$ 15 millones con la última generación de máquinas IWP100.ar.

Barañao dijo que las energías renovables son áreas prioritarias para el Gobierno: “No hay país que no intervenga desde el Estado, política y financieramente, para apoyar los desarrollos propios con un efecto derrame, de generación de puestos de alta calidad”.

Impsa asegura que están en condiciones de fabricar unos 150 aerogeneradores por año con alrededor de un 80% de componentes argentinos.

Para salir del default de casi dos años, Pescarmona tuvo que ceder a los acreedores el 65% del capital de la compañía y comprometerse a pagar US$ 546 millones hasta 2031. El acuerdo contempla que los acreedores perciban US$ 221 millones de deuda “sustentable nominal” con un bono “par”, a cancelar en 15 años. Y otro tipo “discount” de US$ 225 millones, en un combo que completa un pago adicional de US$ 100 millones.

Enrique Pescarmona reconoció que han logrado un acuerdo con acreedores poniendo en riesgo su continuidad al frente de la compañía. Si bien advirtió que llegó a esta situación gracias a una "tormenta perfecta" en la que fue perjudicado por gobiernos como el de Brasil o el de Cristina Kirchner, se mostró optimista. “Presentamos en la Comisión Nacional de Valores el nuevo acuerdo que hemos consensuado con los más importantes acreedores. Creemos que en los próximos 30 días vamos a tener la firma de los acuerdos y esperamos en diciembre tener aprobado el concurso”, detalló.

Pescarmona agradeció al Ministerio de Barañao que “nos ayudó con un crédito y el Banco Nación que colaboró con la reestructuración de la deuda para convencer a algunos acreedores díscolos”.

El gobernador mendocino, el radical Alfredo Cornejo, aliado del macrismo, explicó cómo fue la negociación: “El principal acreedor de IMPSA era el BID y tanto el gobierno provincial como nacional intervinimos en reuniones con el BID para llegar a una negociación exitosa”.

Acuerdan la construcción de dos centrales nucleares por US$ 12.000 millones

Por Martín Bidegaray - Clarin.com
El ministro Aranguren cerró un acuerdo con China.
Foto: Aranguren, en el Senado. (foto: juan jose traverso).

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó un memorando de entendimiento para la construcción de dos centrales nucleares con China. Se trata de una inversión que rondará los US$ 12.000 millones, que comenzará a ejecutarse desde 2017. Los bancos chinos financiarán el 85% de ese desembolso.

Aunque la gestión fue iniciada por el gobierno anterior, Aranguren dijo que la tarea que le dejaron sus predecesores le faltaba "seriedad, proyectos ejecutivos definidos y presupuestos" en una entrevista con Clarín, publicada el 27 de marzo  Ahora, con esos aspectos enderezados, se selló un acuerdo.

La cuarta central nuclear es una obra de alrededor de US$ 5.800 millones. Según lo pactado, su construcción comenzaría en el primer trimestre de 2017. Estas obras monumentales toman entre 6 y 8 años para concretarse, por lo que estaría lista hacia 2025.  "Hay condiciones que ellos quieren imponer y queremos renegociar", le dijo Aranguren a Clarín hace tres meses, para justificar el análisis que hizo al respecto. Entre esas condiciones, China supeditaba su financiamiento que se usara tecnología de ese país. Aranguren quería, en cambio, que se recurriera a la tecnología canadiense (Candu), de agua pesada, que es la misma que corre en Embalse. Y el gobierno chino accedió al pedido argentino.

La quinta central nuclear será de uranio enriquecido y agua liviana. Allí se se usará la tecnología china (llamada PWR), en una obra que superará los US$ 6.000 millones. Se empezará a construir a partir de 2019. Entre ambas centrales, la inversión será superior a los US$ 12.000 millones.

El país posee ahora tres centrales nucleares: Atucha I y II, más Embalse. Esta última está en mantenimiento. Hoy, solo el 2,5% de la matriz energética es de origen nuclear. En 2025, el Gobierno estima que el 5,6% de la energía tendrá origen nuclear. Eso implica el funcionamiento de una de las dos centrales. "Las energías renovables, junto con la nuclear, son las fuentes que permiten mitigar la emisión de gases de efecto invernadero", destacaron en Energía.

Aunque la empresa estatal Nucleoeléctrica quiso forzar la construcción de una de estas centrales para este año, el presupuesto de este año era de $ 5.400 millones, por lo que resultaba insuficiente para una obra de casi US$ 6.000 millones. "Nunca se interrumpió el plan de expansión nuclear sino que por el contrario se amplió", resaltaron en Energía. Al Estado nacional le faltaba comprar un predio lindante a Atucha I y Atucha II. para lo que necesita un decreto de expropiación.

¿Es posible generar energía en una casa e inyectarla en la red en Argentina?

Por Laura Rocha - LA NACION
Que cada usuario sea productor-consumidor es posible pero se necesita una normativa que lo regule; ya se discute en el Congreso pero estiman que recién en un año podría ponerse en marcha


Aún no está legislada la posibilidad de inyectar energía desde el hogar; aquí una instalación en Cañuelas.

En poco tiempo la escena de techos con paneles solares no será tan extraña en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Aunque hoy hay algunos edificios públicos como escuelas, la Defensoría del Pueblo porteña y la Legislatura que ya cuentan con equipos, no hay una regulación nacional para que cada usuario pueda convertirse en productor y consumidor de energía eléctrica.

Por otro lado, Santa Fe, Mendoza y Salta cuentan con una normativa que permite inyectar energía en la red a partir de renovables, las experiencias no son masivas. Hoy se discuten varios proyectos en el Congreso y la Comisión de Energía pretende que salga uno que reúna los acuerdos de las distintas iniciativas. Esto es lo que se denomina generación distribuida.

Juan Carlos Villalonga, diputado nacional por el espacio Cambiemos, presentó su propuesta. "Esto permitirá volcar energía limpia a la red de los pequeños contribuyentes", dice. Según el proyecto, estos usuarios no podrán equiparse para generar energía eléctrica distribuida a partir de fuentes renovables que superen los 30 KW de potencia instalada. Para el ex Greenpeace, su proyecto viene a contribuir tal como lo han hecho otros legisladores con presentaciones propias durante las temporadas 2014 y 2015. "Lo que más me interesa es que el proceso arranque en el parlamento. Lo importante es que se inicie la discusión interna en Diputados dentro de la Comisión de Energía, con eso ganamos tiempo", indicó.

Según el legislador, la norma debe reunir dos condiciones: apoyar al contribuyente en la adquisición del equipo renovable y darle la posibilidad de que amortice en un tiempo razonable la fuente limpia. El plazo que él propone es de cinco años en los cuales el productor tendrá una "tarifa de incentivo". Algo así implementó Santa Fe, que ya cuenta con una ley, pero no consiguió demasiada adhesión. De esta forma en ese plazo se puede recuperar la inversión de los equipos, que rondaría los 80.000 pesos. Los equipos, obviamente, deben estar homologados y aprobados por el distribuidor de energía para minimizar los problemas que puedan generarse en la red.

Incentivos

En el mundo, el sistema de generación distribuida cuenta con dos tipos de tarifas, uno que tiene una paridad de precios respecto de lo que el usuario paga (se llama técnicamente net metering), y el otro en que el dueño del panel recibe un estímulo monetario adicional por volcar a la red (feed-in tariff).

Juan Bosch, de San Atanasio Energía SA (Saesa), es muy optimista respecto del escenario futuro: "Creo que es fundamental por el ahorro en los costos de transporte, la diversificación y elasticidad de todo el sistema eléctrico. En Argentina estamos en pañales en materia de energía, en general; en el paso hacia el pro consumo estamos todavía dentro de la panza materna". Sin embargo, opinó que en cuanto exista la regulación con buenos incentivos se desarrollará rápidamente: "Los incentivos son cruciales, hoy estaba como dado vuelta. Ahora que los subsidios se van achicando, cuando se diseñen correctamente, todo lo demás va a ser muy pronto. Una vez que eso suceda, en menos de dos años deberíamos ver un desarrollo muy importante".

En la Argentina sólo tres provincias cuentan con un marco regulatorio para que usuarios residenciales, comerciales e industriales puedan inyectar energía limpia a la red, por medio de fuentes renovables, a cambio de un resarcimiento en la boleta eléctrica. En el caso de Salta y Mendoza, no comenzaron a motorizarse instalaciones bajo el paraguas del marco legal por cuestiones técnicas aún a resolverse. En lo que respecta a Santa Fe, hasta principios del mes de abril la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reconocía la energía limpia aportada por el usuario al mismo precio que se la compraba a la compañía que administra el mercado mayorista eléctrico, CAMMESA, la cual estaba fuertemente subsidiada. Esto provocaba que el gasto inicial de miles de dólares en concepto de compra e instalación de un equipo renovable recién llegará a amortizarse al cabo de algunos lustros, lo que no justificaba la inversión. Hoy el sistema santafecino cuenta con una tarifa promocional más seductora.

Ricardo Girolami, de Solamérica, contó que en los últimos meses, luego de los aumentos en las tarifas de electricidad aumentó el número de consultas para compra de equipos. "En el caso de la energía eléctrica fotovoltaica vemos viable la instalación de equipos individuales que generen una parte importante del consumo pico de cada vivienda, pudiendo devolver energía a la red en las horas de bajo consumo", indicó.

Por el momento, los proyectos siguen en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Los más optimistas aseguran que, en un año, podría ser una realidad. El gobierno, para cumplir con la ley de promoción de energías renovables, lanzó la licitación de 1000 MW de energía limpia y hasta el momento ha recibido varias ofertas. El objetivo es que la matriz energética local, compuesta en un 80% por combustibles fósiles como el petróleo y el gas, se diversifique y las renovables alcancen para 2018 el 8% de participación.

Aranguren reabre una licitación eléctrica para las empresas que quedaron excluidas

Por Antonio Rossi - LPO  La cartera de Energía salió a contrarrestar las críticas a la “mejora de ofertas” de generación.


El ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren salió a brindar una serie de aclaraciones y confirmó -tal como había informado LPO- que procederá a reflotar la licitación de usinas térmicas cerrada a principios de junio para que las empresas que no salieron adjudicadas puedan mejorar sus ofertas con el fin de ampliar la capacidad de generación eléctrica.

Aranguren busca reabrir una licitación eléctrica para incorporar a las empresas que habían perdido.
Al justificar la nueva instancia de repechaje concedida a las firmas que habían quedado al margen por sus precios elevados, la cartera de Aranguren señaló que “el procedimiento no es arbitrario ni inusual: las condiciones iniciales de la licitación no sufren ninguna alteración, ya que la metodología utilizada es exactamente la misma que la establecida en la licitación original”.

El comunicado agregó que “la convocatoria a los oferentes de cualquier licitación -tanto en el ámbito de la administración pública como en el sector privado- contempla la posibilidad de una mejora económica de sus ofertas como un procedimiento habitual. Por ejemplo, el artículo 27 de las normas de contratación del Estado de la AGN así lo establece”.

Tal como consignó LPO, varios analistas del sector consideran que está reapertura de la licitación que se había dado por concluida con la adjudicación de 20 contratos no está exenta de polémica. Apuntan que no estaba prevista en las reglas de juego iniciales y que implica un cambio significativo en la metodología de evaluación y admisibilidad de las ofertas.

Además, no está claro por qué— si el objetivo del Gobierno es pagar los valores más bajos posibles—los funcionarios no solicitaron una “mejora de ofertas” a las empresas que ocuparon los primeros lugares por orden de mérito y resultaron adjudicatarias de los nuevos contratos de generación por medio de la resolución 155 de la Secretaría de Energía Eléctrica.

En tanto, con pocas horas de diferencia, otro comunicado de prensa del ministerio de Energía difundido ayer dio otra explicación distinta sobre la nueva chance abierta para las empresas que quedaron marginadas.

Destacó que “luego de la licitación, los oferentes no adjudicados acercaron sus consultas a la Secretaría de Energía Eléctrica y manifestaron su voluntad de mejorar las ofertas presentadas inicialmente. A partir del mencionado interés, y en el marco de la emergencia eléctrica decretada por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre pasado, se decidió abrir un proceso de mejora de las ofertas económicas”.

Abriendo el paraguas ante cualquier cuestionamiento que le pueda caer de la oposición, el ministerio de Aranguren –entre otras “aclaraciones”—puntualizó que el proceso de mejora de ofertas “no está dirigido a favorecer a ninguna empresa en particular y las ofertas que se eligen son las que reducen costos operativos y mejoran la calidad del servicio de energía eléctrica”.

Entre las empresas que habían sido excluidas y que ahora tendrán la posibilidad de afinar sus números para salir adjudicadas se encuentran: CTG Energía, CPB Energía, la rusa Karpowership, Río Energy, Methax, la estatal cordobesa Epec, Aggreko, Uterm Energy, Uensa, Ugen, IC Power, Nueva Gen y C.T. NOA.

A ellas se suma la empresa Central Puerto, la generadora controlada por SADESA que tiene entre sus principales dueños a Nicolás Caputo, el amigo del presidente Mauricio Macri que había presentado una propuesta para montar una megausina de ciclo combinado de 1.600 MW en Zárate que no fue tenida en cuenta. Ahora, con la nueva instancia de mejora de oferta, ese proyecto tiene una vía abierta para concretarse.

Puesta a flote la mayor turbina mareomotriz del mundo

Scotrenewables Tidal Power puso a flote la semana pasada su turbina mareomotriz SR2000 de 2MW y 550 t, en sus instalaciones Harland & Wolff Heavy Industries Ltd., en Belfast. Es la primera turbina a escala comercial que construye.

Ahora se llevarán a cabo las pruebas de mar en Belfast Lough antes de ser remolcada al EMEC (European Marine Energy Centre) en Orkney para conectarlo posteriormente a la red y dar comienzo así el periodo de pruebas.


La SR2000 es la culminación de más de 12 años del programa para promover actividades I+D dentro de la iniciativa del gobierno escocés WATERS2 con 1,25 M£ de financiación.

Especificaciones técnicas
Potencia 2 MW
Eslora 64 m
Diámetro máximo 3,8 m
Velocidad de corriente de trabajo 3 m/s
Velocidad de la corriente para el arranque 1 m/s
Velocidad de la corriente para la parada 4,5 m/s
Calado durante su transporte 3,8 m
Calado en operación 25 m
Velocidad giro rotor 16 rpm
Diámetro del rotor 16 m
Regulación de potencia velocidad variable con palas de paso fijo
Área de acción 2 x 201 m2
Voltaje de salida 6.6 kV / 11kV
Frecuencia de salida 50 Hz

Fuente: https://sectormaritimo.es/puesta-flote-mayor-turbina-mareomotriz

Pese al tarifazo, el gasto eléctrico será de US$ 10 mil millones

(Perfil.com) - El recorte en las partidas, de unos US$ 2.500 millones, será menor que el que buscaba el Gobierno. Anticipan nuevos aumentos para el año que viene.


ARANGUREN. El ministro estuvo el miércoles en el Congreso. | Foto: TELAM

El miércoles pasado, durante su presentación en el Congreso para responder reclamos y consultas de los senadores por el manejo de la política energética, el ministro del área, Juan José Aranguren, aseguró que el objetivo prioritario de los aumentos de las tarifas de gas y electricidad no era reducir la millonaria maraña de subsidios estatales que se lleva ese negocio, sino incentivar la inversión para garantizar la oferta de energía a futuro.

De los números oficiales del área eléctrica, el sector que más recursos económicos recibe del Tesoro, se desprende que el enfoque del ministro alumbra dos interpretaciones. En efecto, pese al incremento de las tarifas eléctricas aplicado el 1º de febrero, que para algunos consumidores implicó un alza cercana al 500%, la factura de subsidios eléctricos orillará este año los US$ 10 mil millones, más de 2,5 puntos del PBI, bastante por encima de las metas fiscales que se trazó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay.

Cammesa, la empresa mixta –cuenta con representación de privados en su directorio– que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM), recibirá este año $ 140 mil millones, según datos brindados por dos empresas eléctricas. A un tipo de cambio promedio de 15 pesos, serán unos US$ 9.340 millones. El dinero se utilizará, fundamentalmente, para costear los combustibles (gas, gasoil y fueloil) que consumen las usinas termoeléctricas. A raíz del frío registrado en mayo y en menor medida en junio, la importación de gasoil se disparará hasta los 3,75 millones de toneladas durante todo el año, un 20% más que en 2015.

Sin embargo, aunque siguen en niveles inmanejables, también es cierto que los subsidios a la energía registrarán una baja palpable en relación con el año pasado, cuando el Tesoro inyectó $ 101 mil millones en Cammesa. Unos US$ 11.200 millones con un dólar de 9 pesos. “En concreto, el ahorro será del orden de los US$ 2 mil millones este año. No alcanza para poner en caja el desmanejo heredado del kirchnerismo, pero está en línea con el plan de eliminar los subsidios en cuatro o cinco años que anunció el Gobierno”, explicó el presidente de una compañía que participa del negocio de generación de energía. Lo que sí permitió mejorar considerablemente la actualización tarifaria fue el nivel de cobranzas de Cammesa. En 2013 las distribuidoras eléctricas dejaron de pagar –parcial o totalmente– las facturas por la compra de energía a las generadoras, por lo que hasta diciembre pasado la cadena de pagos del sector estaba rota. A partir del aumento de tarifas, las distribuidoras recuperaron su flujo de caja y hoy el nivel de cobranza de Cammesa al segmento de distribución supera el 90%.

YPF producirá energía eólica

(SuperCampo) - El parque estará listo en octubre de 2017 y se ubicará en Chubut. La petrolera también estudia generar energía solar, mareomotriz, biogás y baterías de litio.


La petrolera YPF proyecta comenzar a producir energía eólica a partir de octubre de 2017 en el parque generador que instalará dentro del yacimiento Manantiales Behr, en la Cuenca del Golfo San Jorge, a unos 40 kilómetros al noroeste de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

El proyecto demandará una inversión de u$s120 millones y comprende la instalación de 30 aerogeneradores de 3,4 megavatios (total 100 MW), una obra civil de accesos al parque, la construcción de un edificio para el funcionamiento de la subestación transformadora, una línea de salida de alta tensión para el sistema nacional y una de media tensión para abastecer el yacimiento, detalló la compañía.

En un comunicado, el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, refirió: “Es el primer paso que damos con la mirada puesta en el desarrollo de recursos energéticos renovables. (…) Tenemos como principal objetivo abastecer la demanda total de energía eléctrica de YPF con fuentes renovables, lo cual significará un gran aporte para la sustentabilidad del país”.

La petrolera de mayoría accionaria estatal está investigando también en materia de energía solar y biogás, en producción de baterías de litio, y realiza pruebas en el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, en energía mareomotriz.

En Manantiales Behr se realizaron estudios de medición de factibilidad de los vientos durante dos años y el montaje del parque generador se iniciaría en setiembre próximo.

El proyecto comprende la instalación de 30 aerogeneradores de 79,5 metros de altura de eje; 108 metros de diámetro de barrido y con 3 palas de diseño aerodinámico de 45 metros de longitud. También incluye el tendido de una línea aérea de transmisión de 132 kilovoltios (alta tensión) para la conexión con el Sistema Eléctrico SADI.

YPF puntualizó que el parque eólico “representa una fuente de energía segura, que no produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos, a la vez permite ahorrar combustibles y reducir costos, contribuyendo con la diversificación de la matriz energética y la mitigación del cambio climático”.

FUENTE: DyN

El gobierno envia 250 millones y reactiva la central de Ensenada

Por Antonio Rossi - LPO
La Provincia reclamaba el reinicio de la obra. Enarsa le giró a IECSA un anticipo a cuenta de un reclamo mayor por obras no pagadas.

Mientras analiza las primeras ofertas de compra para IECSA, Angelo Calcaterra recibió una buena noticia. Enarsa finalmente decidió liberar fondos para reanudar las obras de construcción de la central Ensenada, que como reveló LPO, estaban completamente paralizadas. La situación había generado incluso un discreto reclamo del gobierno de María Eugenia Vidal, que necesita como el agua la reactivación de la obra pública, para paliar los efectos del ajuste.


Días atrás se confirmó que el presidente de Enarsa, Hugo Balboa, autorizó el giró de 250 millones al consorcio liderado por IECSA, en parte de pago de las deudas pendientes por la construcción de la central térmica. El pago parcial –que contó con el visto bueno del ministro de Energía, Juan José Aranguren—le permitirá a Calcaterra y su socia Isolux cancelar parte de las facturas con proveedores y subcontratistas que acumulan más de un año de atraso.

Las obras en la usina térmica bonaerense están paralizadas desde el primer trimestre de 2015. Había sido adjudicada en 2010 y, según los plazos iniciales de construcción, tendría que haber estado terminada a fines de 2014. Diseñada para funcionar como una central de ciclo combinado de 810 MW, la usina sólo está generando a ciclo abierto con un aporte que, cuando no está fuera de servicio por problemas técnicos, llega a un máximo de 560 MW.

Las deudas

Además de los numerosos cambios y trabajos adicionales que registró la obra y que ahora están bajo revisión del actual gobierno, la central Ensenada de Barragán arrastra otro serio contratiempo. La proveedora de las máquinas generadoras, la empresa alemana Siemens, dio por caídos el asesoramiento técnico y las garantías de los equipos por los atrasos en los pagos y por una reparación de los álabes de las turbinas que los ingenieros de IECSA e Isolux hicieron —bajo presión de Enarsa– sin la supervisión del fabricante en la cual utilizaron componentes y partes que no eran originales.

Para la administración macrista, la central inconclusa de Ensenada representa un desafío económico, por el monto de la deuda a cobrar que están reclamando IECSA e Isolux. El presupuesto inicial de la central Ensenada fue de 850 millones de dólares. Hasta el año pasado, Enarsa ya había desembolsado alrededor de 1.100 millones de dólares. Y según el planteo de la UTE, le faltarían cobrar por mayores costos, incorporación de obras adicionales y redeterminación de precios otros 300 millones de dólares más.

Además, la misma UTE también tiene en curso otro expediente por redeterminación de los precios correspondiente a la obra de la central térmica Brigadier López. Esta usina –que está localizada cerca de la capital santafesina y opera desde 2012 con un ciclo abierto de 280 MW—también tiene frenadas las obras para ampliar su capacidad de generación a 420 MW.

En este caso, la deuda actualizada que reclama el grupo constructor y que está entre los temas calientes a resolver por Enarsa ronda los 150 millones de dólares.

Puertas adentro del Gobierno, los reclamos económicos de IECSA-Isolux han generado posiciones encontradas. Mientras los responsables de Enarsa quieren auditar y relevar los números a fondo con consultoras externas, desde el Ministerio de Energía serían más proclives a darle un cierre rápido a la cuestión con el pago de monto que incluya una quita razonable de parte de los constructores.

En el documento remitido a la Casa Rosada para armar el informe “El Estado del Estado” que el presidente Macri elevó al Congreso nacional, Enarsa detalló el tamaño del pleito:
-Las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López costaron casi 2.000 millones de dólares. Si se pondera ese costo por los megavatios generados, el precio medio de las dos centrales es de 1,57 millones de dólares por MW, lo que representa entre un 50% y un 70% más que el valor equivalente de otras centrales similares.
-Si se le agregan los costos reclamados por las empresas contratistas para cubrir redeterminaciones y reclamos, además de los costos de los inspectores independientes de Bureau Veritas y costos financieros, el costo total por las dos centrales treparía hasta los 3.000 millones de dólares. 

Alianza en un proyecto eléctrico

(La Nación) - La petrolera YPF y General Electric (GE) firmaron un acuerdo para la construcción de una planta de generación de energía eléctrica en la localidad tucumana de El Bracho, que demandará una inversión de US$ 170 millones y permitirá aportar 260Mw de potencia al Sistema Interconectado Nacional a partir de 2018.


El vicepresidente global de GE, John Rice, destacó que el proyecto permitirá "reducir significativamente las emisiones de gases al ambiente". El acuerdo se enmarca en la licitación que el gobierno nacional lanzó en mayo para aumentar la capacidad de generación eléctrica, y la planta fue la más importante que se adjudicó en la licitación.

El precio de la electricidad

Por Orlando J. Ferreres - LA NACION
Con el congelamiento de tarifas, el gobierno anterior trató de crear la idea de que los servicios públicos eran casi regalados en nuestro país y consolidó eso por casi 13 años. Lo ayudó mucho el gran precio de las materias primas, con una soja que llegó a los 600 u$s/ton. No le importó que tuviéramos que dejar de ser un país autónomo en energía y que pasáramos a ser un importante importador. Esto ocurrió al no cubrir el precio de venta de los productos energéticos más que en una pequeña proporción de los costos de producción, lo que desanimó completamente las inversiones para aumentar la oferta. Además estos subsidios eran para todos los usuarios, sin distinción de necesidades económicas: clase media, pobres y ricos.

La política de ese populismo superficial era un callejón sin salida porque no había forma de sostenerla en el tiempo. Cada vez se requerían mayores importaciones de energía y ya desde el 2011 no se podía crecer pues de haberlo hecho hubiera explotado la importación de energía y además ya nos habríamos quedado casi sin reservas de divisas para pagarlas. Por suerte el precio del petróleo presentó una baja importante con lo cual la situación pudo sostenerse un tiempo más. Ahora que se corrigió el precio de venta de casi todos los servicios, aunque por ejemplo el del subterráneo aún no se aumentó, ese grupo político anterior trata de generar desconfianza protestando contra dichos aumentos, sabiendo que a nadie le gusta que le aumenten el precio de lo que compra y eso que sólo se efectuó una parte de la corrección necesaria.

En mayo de 1993 el precio de la electricidad residencial en la Ciudad de Buenos Aires estaba en 8,5 centavos de dólar por Kwh y ahora, después de los aumentos, se encuentra en 4 centavos de dólar por Kwh, es decir, que no llega ni a la mitad de aquel precio. Recordemos que en 2001 el precio era de 7 dólares por Kwh, pero que el gobierno que reemplazó a De la Rúa pesificó el precio y después devaluó 3 veces, con lo que en mayo de 2002 el precio había bajado de 7 a 2 dólares por Kwh. El último valor de los Kirchner era de 1 dólar por Kwh de electricidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea que había bajado en 7 veces, lo cual significa una cifra incomprensible.

Por eso puede considerarse que ese tipo de protesta violenta de grupos políticos relacionados con el gobierno anterior muestra una hipocresía muy grande y una sinceridad muy baja: ellos sabían que habían hecho mal las cosas, que su política había llevado a perder el autoabastecimiento energético, pero ahora que se va corrigiendo esa insostenible distorsión, que se va llegando gradualmente a que los precios se acerquen a los costos, de lo cual aún estamos lejos, justo ahora ellos mismos se tiran desesperados a la calle protestando y diciendo: "¡Esto no puede ser!".

Y aquí no hablamos de algunos errores involuntarios en aumentos, que los hubo, sino del concepto de que se debe pagar lo que cuesta producir un servicio. Por ejemplo, se debe pagar lo que cuesta un Kwh de electricidad. Salvo para los desocupados y los más pobres, a todo el resto le corresponde ir cubriendo el costo de los servicios que demanda. Es necesario que haya algún subsidio, como había en la estructura de tarifas de los gobiernos anteriores al kirchnerismo, subsidio que se le debe otorgar a esa proporción de la población que no puede cubrir completamente con sus ingresos los costos de los servicios públicos.

Ahora bien, quisiéramos saber cuánto cuesta la electricidad por mes para una familia tipo que vive en una casa o departamento de unos 70 m2 en Buenos Aires, que es la zona con mayores subsidios.

Como puede verse, según el cuadro elaborado por Montamat y Asociados, el costo mensual de la electricidad con impuestos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es muy bajo, aún después de las correcciones de las que tanto se queja el kirchnerismo. Es más barato aún que en Brasil, Chile, México, Estados Unidos o Uruguay. Sólo representa el 40 % del precio en dichos países, sin considerar Uruguay donde el precio es exageradamente alto. En la Ciudad de Córdoba, donde la electricidad la provee una empresa estatal, el precio es de 42 centavos de dólar por Kwh, que tampoco es el precio internacional. Este último se encuentra en los 60 centavos de dólar por Kwh, es decir que a Córdoba aún le falta un 43 % en dólares para llegar a un precio promedio internacional razonable. Hoy Córdoba tiene un precio un 70 % mayor que en CABA, aún después de los últimos aumentos.

Por lo tanto, sería bueno que los seguidores de la política anterior se llamen a la reflexión pues están actuando en contra de la realidad. Su política era insostenible y ahora que se está corrigiendo deben llamarse a silencio. El cuadro de los datos numéricos y el gráfico con la evolución en el tiempo son más elocuentes que todas las cadenas nacionales que nos vimos obligados a escuchar sobre el tema.

Apuesta a la energía solar en Mendoza

(La Nación) - La compañía canadiense s2e Technologies analiza instalar una planta de fabricación de paneles solares en Mendoza. 

"Hemos realizado algunos estudios que nos han dado como resultado que el clima de Mendoza es absolutamente favorable para el desarrollo de una gran potencia energética con paneles solares", afirmó Carlos Fernández, presidente de la firma canadiense, tras una reunión con autoridades locales.

Levantarán usinas eléctricas por US$ 1.500 millones

(Clarin.com) - Se aceptaron 20 ofertas, que aportarán un total de 1.800 MW nuevos hasta 2017.


El ministerio de Energía aceptó ayer 20 ofertas para agregar capacidad de generación eléctrica al sistema. Las primeras 4 estarán en marcha antes del próximo verano y aportarán 455 megavatios. Cuando hay mucha demanda de luz, el país necesita alrededor 1.800 megavatios extra. Con esta incorporación, es probable que haya un paliativo para casi un 25% de los cortes de luz.

El Gobierno detalló que las ofertas recibidas son por un promedio de US$ 25.000 por megavatio por mes, en contraste con los más de US$ 32.000 que pagó la administración kirchnerista. "Los precios de adjudicación se resolvieron en un proceso transparente y competitivo", se diferenció Energía de la gestión anterior. De todas formas, el precio que terminará pagando el Poder Ejecutivo estará en un promedio de US$ 21.833 megavatios por mes, un 32% por debajo de los valores que pagaba el Gobierno anterior a través del programa de energía "distribuida".

Una veintena de empresas destinarán US$ 1.530 millones. Además de las cuatro propuestas que empezarán a funcionar antes del próximo 1° de febrero, hay otras cinco ofertas para el 1° de julio de 2017 y 11 más que entrarán en servicio antes del 1° de febrero de 2018.

Sobre las empresas ganadoras, el Gobierno publicará sus nombres en próximas resoluciones. Solo se informó que "figuran 10 grupos empresarios que actualmente operan en el mercado eléctrico, como así también 4 inversores nuevos".

Tal como informó Clarín, hubo ofertas de Pampa Energía, que tiene dos proyectos (uno en Salta y otro en Buenos Aires) hasta YPF, con tres iniciativas. También figura el grupo Albanesi y firmas que trabajan con generadores más pequeños, como Sullair, Aggreko, APR Energy y Secco. Generba y Central Puerto también fueron oferentes.

La eficiencia en consumo de combustible por unidad de energía eléctrica generada de los grupos generadores seleccionados, es sensiblemente mejor (2.229 kcal/kWh) a la media de los grupos contratados por la administración anterior de similares características (2500 kcal/kWh), lo que producirá una disminución del consumo de combustible del conjunto de la generación en el futuro.

El Gobierno ahorrará $ 25.000 millones con el recorte a los subsidios en energía

Por Mariano ObarrioLA NACION
El ministerio a cargo de Aranguren estima un gasto total este año de $ 132.205 millones; la caída será de casi 16%

Luego del retroceso en las subas tarifarias logrado por los gobernadores, el gobierno de Mauricio Macri estima un gasto en subsidios durante 2016 para la luz, el gas y el petróleo de 132.205 millones de pesos. En 2015, al terminar la gestión de Cristina Kirchner, esas transferencias fueron de 157.145 millones. El recorte de ese gasto, de 24.940 millones de pesos, será equivalente a un 15,9 por ciento.

Más allá de ese ahorro, importante en términos nominales, se quebrará una tendencia ascendente a lo largo de casi una década. Desde 2007 hasta 2015, durante los dos gobiernos que encabezó Cristina Kirchner, los subsidios energéticos se multiplicaron 24,8 veces: aquel año se pagaron 6335 millones de pesos y el año último se erogaron 157.145 millones.


De hecho, en dólares, moneda en la que se hacen las operaciones de importación de combustibles, la poda será significativa. Con un dólar a 10 pesos, en 2015 se gastaron US$ 15.740 millones, mientras que al tipo de cambio actual, de 14,2, se erogarán US$ 9297 millones. Se ahorrarían de esta manera US$ 6443 millones, casi 1,5% del PBI, con una caída de 40,9%.

Además de la suba en las tarifas, la devaluación del peso en más de 40% favorecerá para la baja de subsidios medidos en la moneda norteamericana.

Así surge de un informe sobre subsidios a la luz, el gas y el petróleo del Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, al cual accedió LA NACION por medio de un pedido de acceso a la información. Entre 2007 y 2015 se gastaron 593.297 millones de pesos en subsidios y si se agrega 2016, la cifra se eleva a 725.501 millones de pesos. Eso le costó al Estado congelar las tarifas.

La secuencia de aumentos de subsidios energéticos fue la siguiente: en 2007, ascendieron a 6335 millones de pesos; en 2008, a 17.102 millones, y en 2009 la cuenta fue de 14.488 millones. La caída entre 2008 y 2009 obedeció, según el informe, a la recesión económica derivada la crisis financiera mundial de entonces y ello determinó una menor demanda industrial de combustible.

Pero la suba continuó en 2010: ese año se pagaron 26.848 millones de pesos; en 2011 la cuenta fue de 44.901 millones de pesos; en 2012, de 68.902 millones; en 2013, subió a 90.249 millones; en 2014 alcanzó los 167.326 millones, y en 2015 bajó levemente, a 157.145 millones de pesos.

La rebaja entre 2014 y 2015 se explicó por la caída abrupta del precio del barril del petróleo en el mercado internacional: el crudo estaba a 107 dólares a mediados de 2014 y en diciembre de ese mismo año bajó a 55 dólares.

Pero al año siguiente siguió descendiendo y terminó en 35 dólares. Por lo tanto, se necesitaron menos pesos en 2015 para la importación de gas y para subsidiar a los productores de crudo.

Críticas de gobernadores


Mauricio Macri y el ministro de Energía Juan José Aranguren

Luego de la primera suba de tarifas de Macri y Aranguren en gas y electricidad, que desató críticas de los gobernadores, la oposición y las centrales sindicales, el Ministerio de Energía preveía gastar en subsidios en 2016 unos 129.455 millones de pesos. Pero luego del acuerdo con los gobernadores, hace dos semanas, Aranguren estimó que esos subsidios aumentaran en 2250 millones para el gas y unos 500 millones para la luz; así, en total aumentarán las transferencias en 2750 millones, hasta llegar a 132.205 millones de pesos al final del año.

El dato que subrayan en Energía es que se quebrará la tendencia de crecimiento exponencial de la gestión del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que gestionó la energía desde 2003 con un fuerte atraso tarifario.

El congelamiento de tarifas, además de la caída en la producción de combustibles, provocó desde 2007 un aumento en forma geométrica en los subsidios energéticos y en la compra e importación de combustibles hasta el año pasado. En gran medida, ellos explican el déficit fiscal de 5,8% de 2015, que ahora la gestión Macri quiere bajar a 4,8%.

Las tarifas "regaladas" fueron una decisión política de los Kirchner para favorecer a sectores medios urbanos con fines electorales. Pero determinó un aumento del gasto público financiado con préstamos de la Anses, del Banco Central y de una creciente emisión monetaria, que contribuyó a disparar la inflación, que rondó el 700% desde 2006 hasta diciembre último.

Macri, del conurbano a Bogotá

El presidente Mauricio Macri iniciará hoy una semana agitada, que incluirá su primera visita de Estado a un presidente extranjero. Atento a la situación en el conurbano bonaerense, el Presidente presentará a las 10.30 las obras de electrificación del ramal General Roca en el tramo que une Quilmes con Berazategui. Por la tarde firmará un convenio en Casa Rosada con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de distintas provincias.

Mañana será el tiempo de visitar a un gobernador aliado como el salteño Juan Manuel Urtubey, con quien Macri anunciará la puesta en marcha de un plan nacional para la digitalización de la administración pública en esa provincia. No bien termine esa presentación Macri viajará a Bogotá, Colombia, donde el miércoles tiene previsto reunirse con el presidente Juan Manuel Santos. La reunión en la capital colombiana coincidirá con un día clave en el ámbito local. En el Senado se discutirán dos pliegos para la Corte, la ley de blanqueo y pago a jubilados, y el Indec presentará sus primeros números.

Del editor: qué significa. En números fríos, el ahorro en la cuenta energética no es menor; pero las cifras esconden una acalorada negociación política que tendrá secuelas.

Empiezan a liberar el precio del crudo para frenar la suba de naftas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El barril de petróleo, sostenido por el Gobierno, tiene un valor local más alto que el internacional, pero hay operaciones entre privados a precios más bajos; es la base de la estrategia oficial


Foto: Archivo / Rodrigo Néspolo / LA NACION

Con menos estridencia que los aumentos en la luz y el gas, el Gobierno comenzó a dar los primeros pasos para llevar el precio local del petróleo a los parámetros internacionales, algo que con los valores actuales del crudo en el mundo (más bajos que los precios internos) permitiría contener eventuales aumentos en las naftas y en el gasoil, al menos en el mediano plazo.

En los papeles, en el país tanto los precios de los combustibles como la importación de petróleo son libres. Sin embargo, para conservar el equilibrio en una actividad sensible para los consumidores y, en especial, para las provincias patagónicas, el Gobierno sigue de cerca la marcha de algunas variables.

El secretario de Combustibles, José Luis Sureda, es el encargado de monitorear la convivencia entre productores de petróleo y sus clientes, las refinerías (entre las principales están YPF, Shell, Axion, Oil y Petrobras, que se vendió recientemente a Pampa Energía) sin intervenir en el mercado.

Para alcanzar ese objetivo, que muchas de las compañías apadrinan, les pidió a los ejecutivos de las empresas "que sean inteligentes". En otros términos, que la pelea por los precios no obligue a los funcionarios a actuar de juez del mercado y se orienten a parámetros establecidos por la oferta y la demanda.

A fines del año pasado, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dispuso continuar con un precio denominado "sostén" para la producción petrolera de Neuquén y Chubut, un modelo que, con matices, tomó de la administración Kirchner. Así, el barril de crudo denominado Medanito, en el caso de la primera, cuesta US$ 67,5, mientras que el Escalante, de la segunda, se paga US$ 57.

En ambos casos los valores están por encima de los precios internacionales del crudo.

Ayer, el WTI, propio de Estados Unidos, que siempre costó más que la oferta local, subió 2,2%. Pese a eso, cerró a US$ 49,69, es decir, US$ 17 por debajo del Medanito, el crudo local más caro.

Principio de apertura

El Gobierno recomendó un marco tácito para las discusiones entre privados: que todo volumen de producción adicional con respecto al año pasado se negocio de manera libre, de modo que el productor ofrezca un precio que compita con el producto importado. Hoy ese número es el valor del barril Brent más un adicional de US$ 5 por barril.

Pese al consejo oficial, las empresas tienen una convivencia inestable. Hace aproximadamente un mes y medio, YPF, dueña del 55% del mercado de combustibles, dejó de comprarles a un puñado de compañías porque le alcanzaba con su propia producción para abastecer a sus refinerías.

Las empresas intentaron colocar en el mercado ese crudo excedente. Hoy manejan un precio en torno a los US$ 60, a mitad de camino entre el que apadrina el Gobierno y la cotización internacional.

Antes, en abril, la compañía CGC, de Eduardo Eurnekian, le había enviado una nota a Aranguren en la que expresaba que le sobraba crudo y analizaba exportarlo porque las refinadoras locales no le compraban toda su producción, algo que finalmente ocurrió. El objetivo oficial, de todas maneras, es que esa clase de operaciones no se repitan porque, al mismo tiempo, la Argentina importa petróleo.

En lo que va del año llegaron al menos dos cargamentos a las costas locales con crudo proveniente de Nigeria. Es un producto liviano, como se denomina en el sector, el que mejor rinde en las refinerías argentinas.

A diferencia de otras épocas en que los precios del mercado interno estaban muy por debajo de sus referencias internacionales (en 2008 el barril WTI llegó a los US$ 140, pero las petroleras locales no sacaron provecho de esos valores porque el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le puso un límite de US$ 42), resultó un buen negocio para las refinadoras.

El Gobierno tenía motivos para convalidar esas operaciones. La devaluación de diciembre del año pasado les puso presión a los combustibles, que aumentaron cerca de 30% en lo que va del año, por un motivo sencillo: las destilerías venden su producto en pesos, pero pagan la materia prima en relación con el tipo de cambio. Tras la depreciación de la moneda local, necesitan más pesos para comprar el mismo petróleo que antes.

Hoy, las grandes petroleras les venden a las refinadoras bajo los parámetros del acuerdo de fines del año pasado, pero otras de menor tamaño están obligadas a acordar los precios sobre la base de una negociación. Fuentes privadas reconocieron que ésa será la regla que dominará todas las transacciones el año próximo.

La intención oficial es que más tarde o más temprano ambos precios converjan (más allá de las penalizaciones que tiene la producción local). Dado que el 80% de los costos de la producción de combustibles se lo lleva la materia prima, es decir, el crudo, con los valores actuales en el mundo el precio de las naftas y el gasoil se orientará a la baja en dólares (el valor en pesos también está afectado por el tipo de cambio).

En cambio, si el precio en el mundo aumenta, también lo hará en el país.

Rumbo a la convergencia

US$ 49,7 - Precio internacional - Es el valor al que cerró ayer la cotización del crudo WTI, propio de los Estados Unidos y habitualmente de referencia para la Argentina

US$ 67,5 - Crudo local - Es el precio sostén que acordaron las empresas con el apadrinamiento del Gobierno para la producción de Neuquén. Está casi US$ 18 por barril más caro que su referencia internacional

Inversión en un yacimiento de gas y petroleo

(La Nación) - YPF y la compañía chilena ENAP Sipetrol invertirán US$ 165 millones en un plan para aumentar la producción de gas natural y petróleo crudo en un yacimiento ubicado en el estrecho de Magallanes, anunciaron el presidente de YPF,


Miguel Gutiérrez; el gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, y su par de ENAP Sipetrol, Martín Cittadini.

El objetivo es incrementar en más de 60% la producción diaria de gas natural -de 2,4 millones de m3/día a un valor aproximado de 4 millones de m3/día- y en 25% la producción de petróleo crudo asociado, de 800 m3/día a 1000 m3/día.

Marcha atrás parcial en todo el país con la suba de tarifas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El Gobierno puso topes a los aumentos de gas y electricidad en hogares, pymes y clubes de barrio; más costo fiscal.


El Gobierno le puso ayer un techo para todo el país a los aumentos en las tarifas de luz y gas que aplicó en febrero y en abril, respectivamente, luego de reclamos encendidos de diversos sectores de la sociedad y de la oposición política, que plantearon en la Justicia demandas que amenazan con frenar ambas decisiones en los tribunales.

Después de una reunión con gobernadores y representantes de todas las provincias, la administración de Mauricio Macri dispuso ponerle un tope de 400% a los aumentos del gas para los clientes residenciales de todo el país (a igual nivel de consumo del mismo período del año anterior), y un límite de 500% al incremento en la factura final que recibirán los comercios, las pymes, los hoteles de turismo y los clubes de barrio. Para estos últimos, además, habrá un fondo de 200 millones de pesos para atender necesidades específicas relacionadas con los servicios públicos.

En ambos casos, la medida es retroactiva al 1° de abril pasado.

En el caso de la electricidad, las medidas son distintas. No habrá un tope para los aumentos, pero se incrementó el bloque gratuito de la tarifa social, de 150 KVh a 300 KVh para los hogares de aquellas provincias que no están conectadas a la red troncal de gas.

En el caso de las pymes electrointensivas, que según la lista que armó el Ministerio de Producción, alcanza a 393 compañías, se les reducirá 20% la tarifa de generación, que implicará bajar el precio del megawatt para ese sector de 51 a 41 dólares. Los usuarios que ya pagaron o paguen su factura de gas por encima de los topes informados recibirán un crédito en la próxima facturación.

Lifschitz (Santa Fe), Bordet (Entre Ríos), Schiaretti (Córdoba), Frigerio, Aranguren y Dietrich. Foto: Interior

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, explicó ayer los cambios en las tarifas en un encuentro con la prensa. Las aclaraciones no eludieron la autocrítica. "Reconocemos, y yo soy el primero en hacerlo, que con más tiempo, más capacidad de análisis, teniendo en cuenta todas las realidades locales y el momento [en que se aplicaron las subas], previo a una instancia invernal, se podría haber hecho con más racionalidad si quieren, de una manera un poco más lógica".

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que participó junto a Aranguren en las reuniones con gobernadores, sostuvo en un comunicado: "Nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre con todos los sectores. En estos cinco meses de gestión hemos dado claras muestras de que somos un gobierno que dialoga, que escucha y que cuando se equivoca, corrige", aseguró.

Aranguren le dedicó varios minutos a explicar los alcances de la tarifa social, que favorece a los sectores menos favorecidos. En el caso del gas, hay 8,51 millones hogares conectados a la red, de los cuales 1,52 millones son elegibles para ese beneficio, que consiste en pagar el transporte y la distribución del recurso, pero no la remuneración a los productores. En San Luis, por ejemplo, un 33% podrían alcanzar la tarifa social.

En el caso de la luz, hay 14,64 millones de hogares con energía eléctrica, de los cuales 3,25 millones son elegibles para la tarifa social. De ese número, según Aranguren, ya 2,86 millones tienen el beneficio.

La marcha atrás parcial en los aumentos de tarifas tendrá un fuerte costo fiscal para el Gobierno, acosado por un déficit primario que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, procura reducir.

Para el gas, deberá poner $ 2250 millones, mientras que en el caso de la luz destinará $ 500 millones. Suman $ 2750 millones que en el plan original estaba previsto que lo pagaran los clientes y ahora saldrán del Tesoro. Aranguren insistió en que "el objetivo principal [de la recomposición tarifaria] es generar condiciones para que en la Argentina haya energía, no el ahorro fiscal".

"Un aumento del 500% también es importante, pero el objetivo es tener energía", comentó Aranguren. En la última década se registró una fuerte caída en la producción de gas y petróleo, mientras que el incremento de la oferta eléctrica no alcanza a cubrir los picos de demanda. "Tenemos que generar las condiciones para que se invierta en el país y empecemos a pensar cómo podemos tener más energía", completó más adelante.

Durante una hora, el ministro no se mostró en ningún momento descontento con la marcha atrás. Empezó su exposición reconociendo que "la aplicación del nuevo cuadro tarifario generó preocupación y angustia en la población", valoró el trabajo de los gobernadores, que lo criticaron con dureza frente a los medios de comunicación y llevaron sus reclamos a los estrados, y sólo atinó a justificar algunos efectos del aumento en que el retraso de las tarifas de gas en algunas provincias llevó a enormes distorsiones una vez aplicados los aumentos.

Según la lectura de Aranguren, los gobernadores se fueron de los encuentros satisfechos, por lo que espera que no avancen las presentaciones que hicieron en la Justicia para frenar los aumentos. "Sería deseable que este tema se resuelva políticamente y no judicialmente", sostuvo el funcionario.

Las claves del anuncio oficial sobre energía

Gas natural - Se establece un tope de 400% de aumento para los usuarios residenciales en todo el territorio nacional.

Para pymes y comercios - El tope es de 500% para los usuarios SGP1, 2 y 3 (pymes, comercios y hoteles) para todas las provincias.

La aplicación - Los topes se aplican sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario anterior y con un mismo nivel de consumo.

Energía eléctrica - Los usuarios del servicio en las provincias del noreste argentino duplican su umbral de consumo.

Para empresas - Aproximadamente 400 empresas electrointensivas tendrán un descuento de 20% en su tarifa.

Atucha II: las decisiones y los sobreprecios que le salen caros al país

Por Néstor Farías Bouvier | Perfil.com
El autor de la nota, que fue presidente de Nucleoeléctrica Argentina durante dos años, compara los gastos en la Argentina con obras similares en el mundo.


La construcción está llena de adjudicaciones dudosas que beneficiaron a los amigos del poder. | Foto: Telam

Es el caso de un proyecto de tecnología única y terminación compleja, cuyo éxito técnico fue opacado por un enorme sobrecosto y plazo de ejecución con evidencias de corrupción organizada.

El largo proceso de terminación del 15% faltante de la central nuclear Atucha II, con cerca de US$ 5 mil M de sobrecosto, y las tramas que se utilizaron para beneficiar a los socios K, deben determinarse claramente para deslindar, al sector nuclear y sus profesionales.

Movimientos y actores del proyecto a partir del año 2000 (ya analizada en artículos anteriores la paralización en 1995).

Cuando asumí como presidente de Nucleoeléctrica Argentina (2000-2001), mi gestión se centró en el mandato del jefe de Gabinete de Ministros, Rodolfo Terragno y el secretario de Energía, Daniel Montamat; esto era, analizar la viabilidad técnica y factibilidad económica de completar la construcción de la Central Nuclear Atucha II –proyecto que había sido paralizado en 1995– y mejorar la gestión de la empresa.

Teníamos un proyecto parado, con importantes costos de mantenimiento de equipos sin instalar, el desarrollo de técnicas propias para mantenerlos dentro de sus especificaciones (sin estar funcionando), muchas partes sin montarse y equipos sin respaldo de sus fabricantes, algunos ya inexistentes.

Como decisión inmediata a tomar, heredamos analizar profundamente un acuerdo de deuda por US$ 120 M, reconocida en acuerdo por el directorio anterior, basado en las retenciones de garantía realizadas sobre los US$ 2.400 M facturados por los dos complejos contratos con Siemens, a sólo dos meses de asumir debíamos cancelar US$ 20 M de la primera cuota. Rechazamos el acuerdo de deuda y llevamos el caso a arbitraje en la Cámara de Comercio de París. Tres años después, el fallo a favor de NASA, ahorró al país US$ 120 M –suma que hoy parece irrelevante, en el actual torbellino de dólares (¿o euros?) espurios. Otros pagos inevitables de US$ 250 mil M mensuales por mantener el equipo profesional de Siemens stand by terminaron sumando US$ 30 M.

Esta breve introducción sirve para sostener el riguroso replanteo del presupuesto de inversión de finalización de la central nuclear que sumó US$ 870 M, y la factibilidad económica dio una tasa de retorno de la inversión remanente, del 11,4% que le hizo ganar aceptación e impulso inicial. Tenía, adicionalmente, ventajas de interés para el sector; dar nueva vida a la planta de agua pesada (sin destino sin Atucha II), impulsar el ingreso de profesionales jóvenes a un sector que languidecía, bajar el costo de combustible para todas las centrales, etc. Actualicé luego el presupuesto inicial, (paridades de las monedas de inversión) a unos US$ 1.100 M (2004 publicado en Archivos del presente e Informe industrial).

Mejoramos de manera sustentable, la gestión de la empresa, con importantes logros económicos y organizacionales, incrementando los resultados, anualizado, en US$ 25 M, gracias a la colaboración del hoy presidente de NASA y el grupo de profesionales con los que tuve la oportunidad de tratar y trabajar valorando su fuerte compromiso y avidez de excelencia.

La comisión que creó Terragno de cinco secretarios de Estado, más el presidente de NASA, para diseñar el camino de la terminación de Atucha II se frustró con la salida de Terragno del gobierno de De la Rúa y el reemplazo de Montamat en la Secretaría de Energía por Deborah Giorgi, que terminó por hundir el proyecto. Salí de NASA tras la previsible falta de sintonía con la nueva secretaria.

En noviembre 2003, inicios del gobierno de Kirchner se conoció la decisión de retomar el proyecto por el Gobierno, bajo la errónea idea de que la inversión costaría US$ 450 M y estaría terminada en 2007 (sic, ministro De Vido, seminario del IESE Business School en IAE, 25/11/ 2003). A partir de este equivocado presupuesto es que se tomó la decisión de avanzar. Un anticipo de cómo se manejarían las decisiones sobre obra pública durante la década perdida.

No obstante esa temprana decisión, se tardó un año en armar la trama “para expoliar al Estado, la componían el ministro De Vido, el subsecretario Roberto Baratta y el director del proyecto y luego presidente de NASA José L. Antúnez, del otro lado, la gran contratista del proyecto Electroingeniería-Vialco y empresas relacionadas”. Como el contrato no tiene precio fijo sino costo unitario por los distintos niveles del personal aportado y dirigido por la empresa y ello incluye un importante plus de gastos generales y beneficio para la misma, si se incrementa artificialmente el personal requerido el contratista aumenta proporcionalmente su beneficio, desmedido al estilo K.

Atrasado el proyecto, en julio del 2012 advertí, (Prensa energética) que Atucha II ya llevaba requeridos fondos por US$ 2.500 M en evidente exceso al presupuesto original. La cifras la levantó Clarín, 27/11/12 y provoco reacción. Un día antes, el 26/11/12, más de dos meses desde la publicación en Prensa energética, el subsecretario del ex ministro De Vido, Roberto Baratta, criticó en varios medios oficiales mi estimación (¿sabía Baratta lo que saldría al día siguiente en Clarín?). Afirmaba que la Central no había invertido esas cifras, y que estaría terminada para fines del 2012 (cuatro meses después). Erró la estimación por dos años, sin informar nunca “su cifra real” de lo invertido.

El mecanismo de “La trama” para aumentar ingresos en números gruesos nos muestra que el costo de la obra contemplaba un plazo de 4,5 años y un promedio anual de personal total de contratistas y propio de 2.240 personas, o sea un total de 10.080 años-hombre, el plazo real de obra fue de 12 años y con un pico de 7.200 personas facturándose, y un total de 35.850 años-hombre, la mayoría por empresas del Grupo Electroingeniería, Vialco y otras participadas por el Grupo con el esquema K, “si me das acciones crecés y ganás más que con la propiedad del 100%”, modelo adoptado con Repsol, con YPF-Eskenazi y otros ganadores de la década perdida.

Pero el costo no terminó allí, siguieron facturando hasta marzo del 2016 (unos veinte meses después de terminada la obra el sueldo de más de dos mil personas, gastos generales y beneficios empresarios... pero sin trabajo que realizar.

La trama organizada terminó por llevar el total de inversión a un valor (informado extraoficialmente) cercano a los US$ 6 mil M, seis veces más de lo previsto, el valor total de una central nueva con el doble de capacidad de generación, seis veces superior al presupuesto actualizado.

Según los datos del propio ministerio, si tomamos el valor comparativo del kWh de potencia instalada: en la Central Atucha II hubo 700 MWh para terminar el 15% faltante, o sea US$ 8.500/kWh, mientras que la Central Hualong (1.000 MWh) total, completa, lo que implica US$ 7 mil/kWh.

El Grupo Electroingeniería (EI) tuvo el origen de su acelerado crecimiento en 2004, al amparo de obras de transmisión eléctrica. Sin antecedentes relevantes, en tres años acumuló US$ 540 M en tendidos de alta tensión, que proyectaba y controlaba Transener. El Gobierno luego, lo eligió socio de Transener, entonces supervisor técnico de su nuevo accionista, EI. En la adquisición entró en conjunto con Enarsa, la empresa estatal fantasma que sirvió para maquillar una entrada forzada.

Luego lo hicieron socio de Siemens para dos centrales térmicas, creo recordar de algo más de 800 M cada una. Un ingenioso mecanismo para evitar facturas truchas y cobrar más que su aporte accionario en la distribución de ingresos por trabajos realizados, sin dejar rastros de comisiones. Siempre hubo esa consistente ambición de ser empresario, no ir por comisiones sino por participación (regalada) en las empresas, gente de trabajo decía antes.

En las dos hidroeléctricas del Sur, prioridad 18ª en el ranking de hidroeléctricas, el ministro De Vido anuló dos veces la licitación ganada por ajenos al poder K, hasta que en la tercera apertura la consigue adjudicar a Electroingenieria con socios chinos y campos a expropiar de Lázaro, el que difícilmente se levante a andar de nuevo.

 ¿Qué rol jugó la dirección del proyecto, a cargo del Ing. José Luis Antúnez, quien aprobaba los excesivos requerimientos de personal y un ministerio que fondeaba los pedidos sin investigar este incomprensible sobreprecio?
Determinar judicialmente las responsabilidades y castigo a los responsables es importante para la salud y el futuro de la República y hacer creíble el futuro Plan Nuclear, un buen efecto secundario.

* Ingeniero Químico. MBA IESE B. School, ex presidente y CEO de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Petroquímica B.B., Austral Líneas Aéreas. Desde 1975, CEO de Sapin SA.

Nota del autor: Las estimaciones son de razonable aproximación a efectos del objetivo planteado para el artículo, en proyectos plurianuales con las altas variaciones de cambio. Las cifras pueden variar según el método de ajuste para obtener cifras entendibles en moneda actual o dólar.

El Gobierno audita una obra de Calcaterra con De Vido

Por Nicolas Gandini - Perfil.com
Enarsa revisará el contrato que el primo de Macri e Isolux ganaron para hacer una usina, aún incompleta. Los detalles.

Decenas de caños de agua de marca Otek permanecen acopiados en uno de los pabellones de una central eléctrica que debió ser amurallada para evitar que se inunde en las afueras de Ensenada, a pocos kilómetros de La Plata. La imagen es apenas una descripción somera del proyecto que más preocupa a Angelo Calcaterra, primo del Presidente y propietario de Iecsa, constructora que le compró en 2007 a Franco Macri y que en las últimas semanas quedó en el ojo de la tormenta después de que Lázaro Báez sostuviera ante la Justicia que los fondos que trajo de Suiza y que son investigados por presunto lavado de dinero eran para participar de una licitación junto con Iecsa y los chinos de Sinohydro en Santa Cruz.

Ayer, además, uno de los hijos de Báez amenazó con difundir una carta manuscrita de CFK que pide ir contra el mismo familiar del jefe de Estado.

Al margen de esa operatoria, Calcaterra enfrenta una situación delicada por el cúmulo de sombras y sospechas de corrupción que genera su relación con Enarsa, la empresa estatal de energía creada por Néstor Kirchner en 2004, que en 2010 le adjudicó –junto a la española Isolux– la construcción de la usina Ensenada Barragán, uno de los emprendimientos impulsados bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio De Vido para enfrentar la crisis energética.

Se trata, ni más ni menos, de la usina termoeléctrica en la que más dinero desembolsó el kirchnerismo y que aún permanece inconclusa. El Estado lleva invertidos en la central Ensenada Barragán cerca de US$ 1.000 millones cuando el presupuesto inicial no superaba los US$ 850 millones, es decir, un 15% menos de lo que se lleva gastado. Pese a eso, la planta se encuentra en funcionamiento sólo al 70% de su capacidad (genera 560 megawatt de energía con dos turbinas a gas) porque nunca fue terminada. Estaba previsto que, a mediados de 2015, la UTE Iecsa-Isolux cierre el ciclo combinado de la usina –para ello hace falta instalar una turbina de vapor–, pero desde julio del año pasado las obras están prácticamente paradas sin reactivación en el horizonte. Hoy sólo se mantiene una pequeña cuadrilla de diez o veinte operarios para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Dudas. Funcionarios del Gobierno y directivos de Enarsa, que hoy es presidida por Hugo Balboa, un hombre cercano al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, creen que en el proyecto existen irregularidades técnicas y sobrecostos, a priori, difíciles de explicar. Para la compañía estatal, la obra está activa pero en estado de readecuación.

Fuentes de Enarsa confirmaron que el área de Auditoría, que lidera Ernesto Wagner, prepara una licitación para contratar a una consultora para revisar la ingeniería de la central y determinar si se pagaron sobreprecios a Iecsa. En rigor, se está a la espera de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) defina si quiere participar del proceso. Si no, la tarea quedará en manos de una empresa privada.

Pedido. Mientras tanto, la UTE (en la práctica, Iecsa está a cargo de la construcción de Ensenada Barragán e Isolux de Brigadier López, otra usina bajo la órbita de Enarsa) presentó un pedido de redeterminación del presupuesto del proyecto, que fue calculado por última vez en 2012 por lo que quedó desactualizado tras las devaluaciones de enero de 2014 y diciembre pasado.

Los privados alegan que el mecanismo de reevaluación de costos utilizado por el gobierno anterior –amparado en el Decreto 1.295/02–quedó perimido y es necesario encontrar una nueva fórmula polinómica para redefinir nuevamente la ecuación económico-financiera del emprendimiento.

En ese marco, hace 15 días Enarsa giró fondos al consorcio liderado por Calcaterra, aunque no está claro en qué concepto. Lo concreto, hoy, es que Iecsa exige $ 4.000 millones adicionales (más de US$ 270 millones al tipo de cambio actual) para terminar la obra, el doble de lo previsto en el presupuesto inicial. La obra terminará costando entre 1.300 y 1.400 millones, un 60% más de lo previsto. De confirmarse las sospechas, Calcaterra quedaría en una posición muy comprometida, como principal responsable de una obra que va camino a reforzar la imagen de la pesada herencia kirchnerista en el área energética que tanto denuncia su primo, el presidente

Millonarias pérdidas en YPF por un paro

(La Nación) - La empresa denunció actos de vandalismo en Chubut y en Santa Cruz
El paro petrolero en instalaciones localizadas en Chubut y Santa Cruz provoca a YPF pérdidas de más de un millón de dólares por día, en concepto de regalías y e impuestos, denunció la empresa.


La medida de fuerza, que frenó prácticamente toda la producción de petróleo y gas de YPF en esas provincias, es llevada adelante en forma conjunta por los sindicatos de Petróleo y Gas Privado de Chubut y Santa Cruz y de Personal Jerárquico y Profesional de Petróleo y Gas Privado de Patagonia Austral .

El cese de actividades se desarrolla por tiempo indeterminado, en medio de protestas que, según la compañía, provocaron destrozos en las instalaciones. "Vamos a parar toda la actividad en los yacimientos de la operadora de bandera tal como lo hicimos en su momento con Enap Sipetrol y con Pan American Energy", advirtió el secretario general del gremio chubutense, Jorge Ávila.

YPF advirtió que las medidas de fuerza "rompen el marco del diálogo e interrumpen las negociaciones en curso, además de desconocer la conciliación obligatoria dictada ayer por el Ministerio de Trabajo de la Nación".

La empresa explicó en un comunicado que el paro "afecta, además de 55 equipos de perforación y WO, el 40% de la producción diaria de YPF". Según la compañía, a esto se suma el bloqueo del sindicato de Camioneros a la planta de despacho de combustibles en Comodoro Rivadavia, que pone en serio riesgo el abastecimiento en la región.

En el caso del crudo, la producción afectada alcanza a casi el 20% de la oferta nacional. Además, por la mala manipulación de algunas instalaciones, se produjeron también derrames de crudo.

Me pregunto: ¿Si el trabajo no les satisface, por que no renuncian y se buscan otro? Todo esto parecería ser un gran juego, cuyo objetivo final es desestabilizar el país.

Hubo 62 ofertas para producir electricidad

(La Nación) - El Gobierno procuraba sumar 1000 MW, pero recibió propuestas por un total de 6611 MW


El Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, informó ayer que en el marco de la licitación para instalar nueva generación de energía eléctrica térmica recibió 62 ofertas, de parte de 30 empresas, por un total de 6611 MW. "El resultado fue muy superior a la convocatoria lanzada por 1000 MW", explicó el ministerio. "El interés demostrado por los oferentes implica un monto de inversión asociado de 5000 millones de dólares", completó.

Los plazos de instalación comprometidos tienen cumplimientos parciales en el próximo verano, el próximo invierno y el verano 2017-2018.

La modalidad de la licitación prevé la recepción de las ofertas en dos sobres: uno técnico y otro económico. Ayer se hizo la apertura del sobre técnico y el próximo 7 de junio se abrirán los sobres económicos de aquellas ofertas que cumplan con los requisitos técnicos. La Secretaría de Energía Eléctrica resolverá la aceptación final de las ofertas el 14 de junio. La evaluación se realizará en base a los beneficios que la incorporación de la nueva generación le signifique al sistema, en cuanto a baja de costos de operación y mantenimiento, y reducción de fallas.

Emergencia

El Gobierno tiene apremio en sumar nueva generación de energía porque en los momentos de mayor consumo la producción local no alcanza para cubrir la demanda y obliga a disponer cortes programados en el suministro, como ocurrió en el último verano. Por eso, una de las primeras medidas del presidente Mauricio Macri fue decretar la emergencia energética hasta el 31 de diciembre de 2017, debido a la situación precaria que enfrenta el sistema.

En febrero, además, dispuso cortes programados públicos, toda una rareza en la Argentina, donde el gobierno de Cristina Kirchner aplicaba las restricciones del servicio, pero sin anunciarlas. Eso ocurrió pese a que la administración de Macri importó toda la energía disponible desde países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile.