Presentan pruebas de un circuito privilegiado para pagarle a Báez

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
El titular de Vialidad denunció a De Vido por supuesta defraudación; es por usar un sistema de pagos anticipados en beneficio del empresario


El empresario kirchnerista Lázaro Báez. Foto: Archivo

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado de financiar rutas nacionales, le enviaba todos los meses al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas con empresas constructoras. Quien daba la orden era José López, entonces secretario de Obras Públicas. La nómina correspondiente a enero del año pasado llevaba en el margen derecho un mensaje manuscrito: "Los 10 primeros sí o sí se paguen [sic]". En el sexto lugar de esa lista figura Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, que según documentos que vio LA NACION tenía para cobrar ese mes $ 60 millones.

Aunque "los 10 primeros" de la nómina encierran otros nombres, como el de Iecsa -la compañía de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri -, la prioridad de pago hacia las compañías de Báez se repite en la mayoría de los documentos en los que se liquidaban las deudas de Vialidad.

La prioridad de pago a las firmas del empresario patagónico es la base de una demanda penal que Javier Iguacel, actual titular de la DNV, presentó el martes en la Justicia y quedó a cargo del juez Julián Ercolini. La denuncia sugiere que Báez, López y el ex ministro de Planificación Julio De Vido montaron una organización para defraudar al Estado. Y reclama que se investigue la eventual comisión de varios delitos.

Entre ellos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito.

Se trata del paso más importante que dio el gobierno de Mauricio Macri para avanzar en el terreno judicial contra el dueño de Austral Construcciones. "Advertimos que podríamos estar en presencia de una maniobra delictual cuyo objeto final sería sin duda el enriquecimiento ilícito a partir del arbitrario y fraudulento manejo de los fondos públicos, diseñado por una organización y un plan perfectamente ordenado hacia tal fin. Esta denuncia tiene por objeto iniciar el proceso para desentrañar y llegar a individualizar a todos y a sus principales responsables", plantea el texto presentado por la DNV, al que accedió LA NACION.

Iguacel se presentará hoy ante Ercolini en Comodoro Py para ratificar la denuncia, que va acompañada por pruebas, muchas de ellas recolectadas a partir de una auditoría que hizo Vialidad.

El documento que se presentó a la Justicia sostiene que Obras Públicas indicaba de manera habitual qué empresas debían cobrar y en qué proporción, hasta agotar la cuota presupuestaria del período. La comunicación se efectuaba a través de correos electrónicos dirigidos a DNV, que disponía los pagos indicados y los giraba a Economía.

Para concretar esas maniobras se estableció un circuito de pago de excepción, distinto del proceso ordinario. Austral Construcciones y las restantes empresas del grupo obtuvieron del anterior administrador de Vialidad, Nelson Periotti, el visto bueno para el pago anticipado de certificaciones de obra, algo que está contemplado en un acuerdo firmado por Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de la DNV. Ese convenio acompaña la denuncia.

Sobre esa base la Jefatura de Liquidaciones del organismo, a cargo de Claudia Bellofatto, remitía notas a la comisión permanente de actualización y consolidación de deuda indicando e individualizando los expedientes y las fechas que debían cancelarse anticipadamente.

Las empresas de Báez, no sólo Austral, sino también Kank y Costilla, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4% de toda la provincia. Y si bien las compañías del empresario incumplieron los plazos, nada de eso se trasladó a la administración kirchnerista, que les pagó con una demora promedio en torno de los 60 días (otras empresas tenían una espera cercana a los 260 días).

En paralelo, el kirchnerismo favoreció la realización de obras en Santa Cruz. Hasta enero de este año se habían adjudicado trabajos por $ 21.269 millones, 4,2 veces más que en Chubut, casi 2 veces más que en Río Negro y 15 veces por encima de lo que recibió La Pampa, todas provincias con más población.

Según un relevamiento de LA NACION, tan sólo en la primera década de gobierno el kirchnerismo destinó $ 63.400,71 millones al tendido y la reparación de rutas a través de la DNV, uno de los presupuestos más jugosos del país.

Santa Cruz fue la más beneficiada: se llevó cerca de $ 6885 millones, casi el 11% de lo disponible. La siguió Buenos Aires, el distrito económico más importante, con menos del 10%. Según el censo de 2010, la provincia de Buenos Aires tiene 15,6 millones de personas, que recibieron, cada una, $ 73,80 para rutas en 2013. Los patagónicos obtuvieron $ 3261,78, es decir, 44 veces más.

Antes de tiempo

Los beneficios de las compañías de Báez por encima de sus competidoras se profundizaron a medida que se acercaba el fin del mandato de Cristina Kirchner. Aunque el sector de la construcción reclama retrasos de meses en los pagos, registros de la DNV indican que al 20 de noviembre del año pasado las empresas de Báez habían cobrado certificados de obra por adelantado, que vencían el 4 de enero de este año.

Sobre la base de esa información, la denuncia de Iguacel sostiene que el gobierno anterior "estableció un sistema donde no sólo se priorizó y se garantizaron pagos de certificaciones sobre las restantes empresas contratadas por la DNV, sino que se estableció un circuito de pagos irregular y de excepción, el cual permitió a las empresas del grupo reseñado cobrar los certificados de obra en plazos aún menores que los establecidos contractualmente y de manera altamente beneficiosa, respecto de las demás empresas contratistas".

Iguacel también denunció ayer en declaraciones a Radio Continental sobreprecios en las obras viales. "Se iniciaba una obra por un monto de $ 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con $ 150, $ 200 millones terminaban costando $ 3000", sostuvo.

El circuito de los pagos por adelantado - Los funcionarios kirchneristas beneficiaban a las empresas de Lázaro Báez. El Gobierno presentó una denuncia en la Justicia en la que acusa a la administración kirchnerista de defraudar al Estado, entre otras cosas, por favorecer los pagos para las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El patagónico se quedó con cerca del 80% de las obras viales de Santa Cruz

José López - Ex secretario de Obras Públicas - Respondía en el organigrama a Julio De Vido, pero tenía juego propio por su cercanía a Néstor Kirchner. Es uno de los principales engranajes dentro del circuito de pagos privilegiados que beneficiaron a Austral Construcciones y a otras compañías de Lázaro Báez.

Julio De Vido - Ex ministro de Planificación - Aunque su nombre no aparece de manera directa en la denuncia que presentó la DNV, sí está mencionado su ministerio. Eso se debe a que tanto obras públicas como el organismo encargado de licitar y financiar las rutas estaban dentro de su órbitra.

Guillermo Periotti - Ex titular de la DNV - Fue el jefe del organismo (Vialidad) encargado de licitar y pagar obras viales en todo el país, por lo que manejó uno de los mayores presupuestos de la Nación. Lo acusan de promover un circuito de pagos a favor de Lázaro Báez y en detrimento de otras firmas.

Lázaro Báez - Dueño de Austral construcciones - Autral Construcciones y Kank y Costilla, dos compañías del empresario, recibieron 51 obras de un total de 83, un 78,4 % de todas las rutas que se hicieron en Santa Cruz. Una auditoría del Gobierno indica que cobraban a 60 días, un plazo mucho más corto que el de otras firmas.

Mapa de las propiedades de Baez

En 2015 hubo 10.500 muertos y heridos en robos en todo el país

Por Daniel Gallo - LA NACION
El Gobierno difundió datos criminales por primera vez desde 2008; la tasa de homicidios en la Argentina es de 6,6


Más de 10.500 personas fueron heridas o muertas el año pasado durante robos en todo el país. Ese dato sobre la violencia cotidiana, donde cada hora un asalto termina en un hecho de sangre, quedó reflejado en la estadística criminal presentada ayer por el Ministerio de Seguridad, la primera en ocho años.

La ministra del área, Patricia Bullrich, difundió cifras que estaban vedadas al público desde 2008. La situación actual empeoró al menos un 10% con relación a aquel año, en que el acceso a tal información fue bloqueado por el gobierno anterior. Las cifras del año pasado marcan, también, una leve disminución con respecto a las de 2014, comparación que puede realizarse ahora a partir de la apertura de las estadísticas.

"Es obligación del Estado brindar estadísticas oficiales. Antes había una idea de reportar menos para hacer creer que el delito no existía", dijo Bullrich, que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales.

La información, que puede servir como punto de partida de posteriores análisis, señala que 2837 personas fueron asesinadas en 2015. Esa cantidad -que agrupa tanto homicidios en robo como en riñas o en casos intrafamiliares- significa un 13% con respecto a lo sucedido un año antes y representa una tasa de homicidios de 6,6 cada 100.000 habitantes.

Ese dato ofrece dos lecturas rápidas: por un lado, se trata de una de las tasas de asesinatos más bajas de América latina (sólo mejorada por Chile, con 3,1 cada 100.000); por otro, está bastante lejos de las cifras de los países desarrollados: en los Estados Unidos, es de 3,8; en Canadá, de 1,4; en Francia, de 1,2; en Gran Bretaña, de 1; en Italia, de 0,8, y en España, de 0,6 cada 100.000 habitantes.

No obstante, la certeza de que 10.500 personas fueron heridas o muertas en ocasión de robo confirma el nivel de violencia del delito. Sólo la mala puntería y la pericia médica evitaron que se registraran más heridos y muertos.

La estadística reveló la disminución de las tasas de homicidios de la región metropolitana: hubo 7,4 homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires y 5,4 en la Capital. La tasa más alta en 2015 se registró en Santa Fe: fue de 12,2 y duplicó el promedio nacional. Las autoridades santafecinas afirman que sus datos de asesinatos incluyen aquellos heridos que murieron posteriormente en hospitales; dudan de que otros distritos utilicen idéntico parámetro. En general, el registro criminal se parece más a una foto del momento del hecho, sin seguimiento de eventuales cambios en los desenlaces.

La ciudad de Buenos Aires aparece con altas cifras de delitos contra las personas y la propiedad. La tasa de robos en 2015 fue de 2064 cada 100.000 habitantes, sólo superada por Mendoza. La provincia cuyana también tiene alarmantes indicadores, con las tasas más elevadas del país en robos, delitos varios contra la propiedad y contra las personas; su tasa de homicidios, de 7,5, la coloca en segundo lugar, detrás de Santa Fe. Ambos distritos son, en los últimos años, escenario de luchas sangrientas por el control del narcomenudeo.

Para la ministra Bullrich, la merma en denuncias de robos observada entre 2014 y 2015 tiene más que ver con la falta de confianza en la respuesta pública (esto es, menos denuncias realizadas) que con una real disminución del delito.

Caída de decomisos

Algo similar intuye la funcionaria en cuanto a la drástica caída del decomiso de cocaína, de las 10 toneladas incautadas en 2014 a las seis de 2015. "Realmente es una baja importante y no consideramos que haya entrado menos cocaína ese año en la Argentina", afirmó. También se notó una importante declinación en las cifras de decomiso de drogas sintéticas: del récord alcanzado en 2014, con 634.158 pastillas, a las 21.749 secuestradas un año después. En este caso, hubo un par de golpes a laboratorios en plena producción que alteraron el promedio de capturas en 2014.

En cambio, fue récord el decomiso de marihuana durante 2015, con cerca de 198 toneladas secuestradas tanto por las fuerzas de seguridad federales como por las provinciales. Las cifras parciales de captura permiten intuir que este año esa cifra podría ser superada, al menos en cuanto a las incautaciones realizadas por las fuerzas federales.

"No se puede hacer una política de seguridad seria sin estadísticas", señaló Bullrich al hacer públicas las esperadas cifras del delito.

La recuperación de las cifras

Datos oficiales - En general, los delitos aumentaron 10% si se comparan las cifras de 2015 con la información de 2008, último año en el que se habían difundido estadísticas de seguridad. De todas maneras, se registró una disminución de homicidios y robos de 2014 a 2015

12,2 Tasa de muertes - Santa Fe quedó con la tasa más alta de homicidios del país en 2015; las autoridades santafecinas afirman que las diferencias con otras provincias se explican, en parte, porque ellos registran también los heridos que mueren en hospitales. Mendoza, con 7,5 y Buenos Aires, con 7,4, tuvieron las tasas más importantes de asesinatos

Tierras que equivalen a más de 13 veces la superficie porteña

(La Nación) - El dato surge al relevar campos, chacras y terrenos urbanos de Báez sólo en Santa Cruz

EL CALAFATE (De nuestra corresponsal).- Ninguna de las casi treinta estancias que se conocen aquí como propiedad de Lázaro Báez figura entre las 42 propiedades que le embargarán por la suma de 100 millones de pesos, según el fallo del procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello que dejó en prisión al empresario santacruceño.

Las famosas estancias que Báez compró en la última década -seis de ellas ubicadas en la margen sur del río Santa Cruz-, sobre las que realizarían las expropiaciones de tierras para emplazar las represas hidroeléctricas que construye el consorcio Represas Patagonia tampoco serán embargadas, por ahora.

Sobre ellas, Báez había reconocido en un documento firmado por el escribano Leandro Albornoz -a quien le allanaron el estudio hace 15 días- que cedía el resultado de las expropiaciones al sistema de escuelas rurales de Santa Cruz. Desde el año 2012, en el que firmó ese documento, pasó mucha agua bajo el puente. Y poco avance sobre las represas, aunque las expropiaciones ya están en marcha.

Sólo en Santa Cruz, el empresario Lázaro Báez acumuló durante la década kirchnerista tierras por una superficie equivalente a 13 veces la Capital Federal. Así surge del relevamiento de terrenos urbanos, chacras y estancias que realizó LA NACION sobre sus inversiones inmobiliarias en esta provincia con documentación oficial fehaciente. Al año 2013, Báez contaba con 2632 kilómetros cuadrados (263.200 hectáreas), que adquirió a su nombre o de sus sociedades.

El dominio territorial, sin embargo, es muchísimo más amplio. A este número de hectáreas podrían adosarse otros 1100 kilómetros cuadrados (110.000 hectáreas), el equivalente a otras cinco ciudades autónomas de Buenos Aires. Por ahora ninguna de esas hectáreas será embargada.

Tampoco serán valuados y sujetos a embargo terrenos que el empresario compró pero no registró a su nombre, sino a nombre de Badial SA., la misteriosa constructora que construyó poco, compró mucho y estuvo sospechada de lavado de dinero.

Badial centró sus actividades en El Calafate, donde compró tierras y construyó un hotel que, aunque terminado, nunca se inauguró.

Si bien se registran compras desde 2003, fue durante 2011 cuando Báez, sus hijos y sus empresas invirtieron más en bienes inmuebles. Sólo ese año adquirió 322 kilómetros cuadrados (32.200 hectáreas) por al menos $ 15 millones de pesos y 1,12 millones de dólares, según valores declarados.

Los datos inmobiliarios fueron revelados por LA NACION a fines de 2013, después de analizar más de 200 informes de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble. El dato del año en que más inversiones inmobiliarias se realizaron cobra hoy otro significado a partir del nuevo relato del valijero Leonardo Fariña. Según pudo constatar LA NACION, entre 2013 y 2016, Báez siguió adquiriendo propiedades.

A nombre de Badial, Báez tiene escriturados 331.925 metros cuadrados, es decir, el equivalente a más de 33 manzanas de tierras, el 98% de ellas se encuentra en El Calafate. La tierra adquirida tiene usos diversos: desde un obrador en las afueras hasta varias en Bahía Soberana, una cotizada zona que rodea la bahía Redonda y bordea el lago Argentino.

Un lote de 1200 metros cuadros en esa zona hoy se cotiza a 35.000 dólares. A través de Badial, Báez los compró a un valor promedio de 10 pesos el metro cuadrado, y hoy cotiza entre 27 y 30 dólares el metro.

Bonadio podrá acceder a datos

El juez federal Claudio Bonadio logró recuperar, o al menos volver a mirar, la documentación que secuestró en los allanamientos simultáneos en Río Gallegos y El Calafate, en julio de 2015, en el marco de la causa Hotesur. Esos allanamientos, cuestionados por el gobierno kirchnerista, le valieron ser apartado de la causa. Ahora, de la mano de la causa en la que se investiga la firma Los Sauces, de los Kirchner, el juez logró que la Justicia lo habilite a tener acceso a las cajas con documentación guardadas en un cuartito húmedo y custodiadas por la Prefectura. La causa había recaído en el juzgado de Daniel Rafecas.

El embargo a Báez no alcanzó a sus bienes más preciados

Por Mariela Arias - LA NACION
Cuando lo procesó, el juez Casanello le trabó embargo por $ 100 millones; fuera del radar judicial quedaron más de 20 estancias y terrenos


Casona de El Calafate: de 500 metros cuadrados, casi sin uso y valuada en US$ 750.000, quedó embargada por la Justicia.

EL CALAFATE.- El juez federal Sebastián Casanello ordenó el lunes el embargo por $ 100 millones de Lázaro y Martín Báez. Pero ambos lograron mantener lejos de la mano judicial casi la mitad de los inmuebles que poseen en Santa Cruz. Y lograron, en especial, conservar la libre disposición de sus bienes más preciados: sus legendarias estancias.

Casanello embargó los bienes de los Báez por $ 100 millones para así garantizar el eventual recupero de los fondos bajo sospecha de lavado de activos. Para eso contó con información patrimonial suministrada por la AFIP. Pero de acuerdo con documentos públicos a los que accedió LA NACION, el dueño de Austral Construcciones tiene declaradas sólo en Santa Cruz y a su nombre casi el doble de esas propiedades inmuebles.

El juez ordenó, además, avanzar sobre todos los vehículos de todos los imputados. En el caso de Báez, y según registros oficiales, hasta 2013 tenía de alta más de 900 autos sobre los cuales adeudaba la patente automotor por un monto de más de cuatro millones de pesos al municipio de Río Gallegos.

Mientras Báez permanece en prisión y se prepara para la ampliación de la declaración indagatoria que deberá prestar el próximo 6 de mayo, su imperio de empresas y propiedades entró en un maremoto. De acuerdo con la identificación de propiedades de documentos catastrales, el empresario tiene sólo en Santa Cruz 76 propiedades registradas a su nombre, cifra que se eleva a 212 si se toman en cuenta las propiedades de sus hijos y siete de sus empresas, con las que adquirió gran cantidad de inmuebles.

Terrenos grandes y pequeños, canteras, chacras, estancias, casas y departamentos fueron comprados en su mayoría entre 2004 y 2012. Así surge de la sumatoria de bienes escriturados a su nombre; los de sus hijos Martín, Leandro y Luciana, y las empresas Austral Construcciones, Badial SA, Kank y Kostilla, Valle Hermoso, Epelco, Loscalzo y Del Curto.

Dentro de la lista de 42 propiedades a tasar de Báez se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires. Entre los bienes a tasar no se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas. Tampoco se incluyeron terrenos muy bien valuados en El Calafate, el predio donde se encuentra el hotel nunca inaugurado en esta localidad, ni su vivienda particular sobre la calle Villarino, o una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos.

Pero sí cayó en el embargo la casona de El Calafate de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas ubicada sobre la avenida costanera Presidente Néstor Kirchner -asfaltada por su constructora- que fue construida sobre los lotes 8 y 9 de la manzana 311. La tasación de mercado ronda los US$ 750.000, y US$ 100.000 por el valor del terreno. Curiosamente, la vivienda, color cemento de techos negros y revestida en laja, pocas veces fue ocupada. Cuenta con seguridad privada permanente y casi no hay movimientos en el chalet.

En Río Gallegos, los peritos deberán tasar y embargar la famosa chacra del empresario: el lujoso predio cuenta con una pileta climatizada, una cancha de césped sintético y un quincho para más de 100 personas, donde se encuentra una bodega-bóveda subterránea en la que, según el valijero Leonardo Fariña, se guardaba dinero.

"En una tanda de billetes, los últimos de un fajo quedaron inservibles por humedad y hongos. Porque uno de los famosos lugares donde se guardaba dinero era la supuesta bodega, que no eran solamente lockers, eran cajas ciegas en la parte de abajo y esos cajones daban al piso", detalló el valijero en la indagatoria que terminó con la ex presidenta imputada en la causa.

La chacra se hizo famosa el día en que un obrero que trabajó en la remodelación reveló fotos de cómo se transformó de bóveda en bodega. En 2013, cuando las fotos salieron por Canal 13, Báez convocó a la prensa para hacer un recorrido nocturno en el lugar y demostrar lo contrario. Pasaron tres años de esa noche robada a una película de cine negro donde Báez habló durante media hora, se prestó a las fotos y dijo que a Fariña casi no lo conocía.

Ese predio, de acuerdo con fuentes inmobiliarias consultadas en Río Gallegos -que también cuenta con invernaderos-, rondaría un valor de mercado de US$ 1,5 millones. No hay otra chacra con tal inversión y despliegue en la ciudad. Se encuentra ubicada a unos siete kilómetros del centro, a 500 metros de la avenida Asturias y, pese a estar rodeada de calles de tierra, Báez mandó pavimentar el ingreso.

A la chacra, según relató el propio Báez a la prensa, iba Néstor Kirchner con frecuencia, pero negó, esa vez, que Cristina hubiera ido alguna vez. Ya entonces marcaba sin querer diferencias en la relación que mantuvo con Kirchner y con su esposa.

Entre los 52 inmuebles a tasar se encuentran una vivienda en el Barrio Codepro tasada en US$ 200.000, una hectárea en Barrio del Carmen valuada en US$ 500.000 y dos casas sobre el pasaje Tehuelche, todas estas propiedades en Río Gallegos. Pero también hay chacras en Río Turbio y 28 de Noviembre, uno de los lugares, limítrofes con Chile, donde Báez eligió invertir en la última década.

Otra de las propiedades a tasar es la Quinta 67, según su propia denominación catastral, un predio de 10.000 metros cuadrados ubicado junto al hotel Las Dunas, el tercero de los hoteles que los Kirchner tienen aquí, un enorme predio por ahora vacío con vista al lago Argentino valuado en 500.000 dólares, según una tasación inmobiliaria local. Predios ideales para algún nuevo emprendimiento hotelero.

Las propiedades del empresario K

Larga lista a tasar - Dentro de la nómina de 42 propiedades que ordenó tasar el juez federal Sebastián Casanello se encuentran chacras, casas y terrenos en Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, El Chaltén, Lago del Desierto, Chubut y Buenos Aires

Lo que quedó afuera - No se incluyó ninguna de las más de veinte estancias que Báez adquirió a su nombre y al de sus empresas, ni tampoco los terrenos en El Calafate, su vivienda particular sobre la calle Villarino y una decena de departamentos en pleno centro de Río Gallegos

Báez usó 3 bancos suizos y 9 financieras para fugar plata

Por Daniel Santoro (Clarin.com) - En su confesión, Leonardo Fariña individualizó a las entidades que ayudaron a sacar millones de dólares en negro. También explicó los mecanismos que se usaron.


La confesión de Leonardo Fariña revela que desde la muerte de Néstor Kirchner hasta mediados del 2011, Lázaro Báez usó a la financiera Provalor y a otras ochos más y a los bancos suizos Lombard Odier, UBS y Credit Suisse y al español Sabadell para fugar la plata. 

Según el ex valijero, la plata que él manejó no llegaba en aviones sino en camionetas custodiadas desde Río Gallegos y la entregaban en la sede de Austral en Pasaje Carabelas 241, en La Rosadita o en un departamento de Báez en Belgrano. A diferencia del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, dijo que él no usó aviones para sacar plata. Previamente, los 8 mil millones de pesos de las ganancias, sobreprecios o supuestos sobornos provenientes de los contratos de obra pública que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner entre el 2003 y el 2015 eran convertidos a dólares o euros por el dueño de la financiera Invernes, Ernesto Clarens.

Una vez concentrada la plata en Buenos Aires, la transportaban en camionetas custodiadas -en las cuales siempre iba Martín Báez- a las financieras o agentes de bolsa: Provalor, Alhec Tour, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, Forex Cambio, Santiago Punturo o Santiago Carradori. Desde allí, a través de distintas maniobras, la plata se depositaba en los bancos suizos o el español nombrados, entre otros. Incluso, nombró a “un grupo de chinos”, que no identificó, como partícipes de las maniobras.

Los dichos de Fariña están ahora tratando de ser comprobados por el juez federal Sebastián Casanello con distintos allanamientos a las financieras y otras medidas de prueba.

Como dando cátedra, Fariña explicó que parte de la plata las financieras de la City a sacaban con los métodos “back to back”, “leverage by out”, “el de la cuenta puente”, alguna transferencia a un testaferro o de cooperativas fantasma. El primero consiste en que la financiera tenía un cliente en Suiza que, por ejemplo, necesitaba un millón de dólares en Buenos Aires. Entonces, le pasaban el efectivo aquí y en Suiza le acreditaban la plata a una cuenta de Báez. Dijo que el “leverage by out” implicaba redactar un contrato mediante el cual una persona física o jurídica compraba La Rosadita simulando que lo hacía con las ganancias futuras que iba a generar la empresa.

El tercero consistía en que el Lombard Odier recibía pequeñas transferencias de plata durante 180 días por una “cuenta puente” que manda cables y luego deja de existir. Después la plata quedaba en una tercer cuenta que la maneja una empresa off shore en Suiza con títulos al portador para no identificar al dueño. Un cuarto método era usar cooperativas fantasma y un último era transferir directamente “la plata a una cuenta del ex funcionario K Santiago Carradori en el Banco Sabadell de España”. 

A fines de diciembre del 2010, dos custodios de Báez “le entregaron 3.550.000 dólares” a Elaskar quien no los envió a las cuentas de Báez sino que se los quedó, siempre según Fariña. Semanas más tarde, “Elaskar le compró un campo de papas a Anastasia Blaquier en 1,5 millones de dólares”. Fariña y Elaskar mantiene un viejo intercambio de acusaciones sobre quién fue el que se quedó con plata negra de Báez que fue lo que desencadenó el escándalo. Precisó que Elaskar tiene, dijo, una cuenta secreta en el banco Merrill Lynch de EE.UU. y en otra en la financiera “Pershing”.

En un momento tanta era la plata que había que blanquear que Carradori “fue a comprar un holding a España llamado Samber & Tarex que es una sociedad con cuentas bancarias preexistentes en las que solo tenés que cambiar a los directores”. “Me consta que a través de Provalor se enviaron 11 millones de dólares a esa cuenta en España”, afirmó. En otra oportunidad, un representante del Lombard Odier, que paraba en el hotel Alvear y vestía trajes importados, le entregó a Martín Báez “una carpeta con las acciones al portador de Teegan (una empresa off shore creada en Belice) y un Token” para mover la plata. Un nuevo personaje en este escándalo es Santiago Punturo, quien manejaba una financiera cerca de la casa de Santa Cruz. Se le dio plata y no hizo la transferencia. “Después nos enteramos que hizo una compra de granos y era socio de Rudy Ulloa”, finalizó.

Los ex consuegros de Jaime lo denunciaron por usar plata negra y recibir coimas Omar Lavieri

Por Omar Lavieri olavieri@infobae.com
La familia Ledantes reveló cómo el ex funcionario utilizó dinero que no podía justificar en la compra de una casa


Ricardo Jaime, esposado y trasladado por efectivos de seguridad

Julieta Jaime-una de las hijas de Ricardo Jaime- fue novia de Sebastián Ledantes desde 2003 a 2007. Se casaron el 30 de noviembre de 2007 y en 2008 se separaron. Tan rápida fue la separación que el novio nunca llegó a tener las fotos de la boda.

Ledantes conocía cómo era y cómo cambió el modo de vida de los Jaime a medida que el ex funcionario kirchnerista recaudaba dinero en negocios oscuros. Fue testigo de ello y terminó imputado en la causa por enriquecimiento ilícito del ex funcionario kirchnerista. Sus padres Norberto y Graciela Vigna están procesados y deberán ir a juicio oral y público como testaferros de Jaime.

Ambos aparecen vinculados a la compra de la casa en Carlos Paz donde Jaime vivía con su hija hasta que fue detenido el 1 de abril pasado. Ese inmueble ahora está a nombre de Julieta Jaime, quien según la ajusticia no tiene fondos para justificar la compra y debe ser procesada como testaferro de su padre. Esa bella propiedad en Carlos Paz antes estuvo a nombre de Vigna.

Con Jaime preso, los Ledantes se presentaron ante el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari y denunciaron varias cosas que comprometen tanto a Jaime como a su hija Julieta.

La denuncia de los Ledantes -a la que accedió Infobae en fuentes judiciales- señala que:
-Julieta Jaime, el 27/04/2007, compró una casa en Carlos Paz con dinero perteneciente a su padre y les pidió anotarla a nombre de Graciela Vigna, ya que Julieta Jaime, al ser estudiante, carecía de fondos para justificar la compra de la propiedad.

- Julieta Jaime, con "un discurso inofensivo" solicitó que los Ledantes figuraran como dueños de la casa de la calle Omaguacas 91 porque ella era estudiante universitaria. Debido a la confianza que tenían hacia la pareja de su hijo, Vigna accedió a figurar como dueña de la casa, con el consentimiento de su esposo Norberto Ledantes.

- El dinero para la operación inmobiliaria, lo aportó íntegramente Julieta Cecilia Jaime, por intermedio de su padre, Ricardo Jaime. La suma fue de $250.000, aunque nunca supieron si ese fue el valor real del inmueble.

LA FAMILIA LEDANTES SE PRESENTÓ ANTE EL FISCAL DE CÓRDOBA Y DENUNCIÓ COSAS QUE COMPROMETEN TANTO A JAIME COMO A SU HIJA

- La casa fue comprada para que viviera allí Julieta Jaime con Sebastián Ledantes. Además, y por pedido de Ricardo Jaime a su hija, allí se inscribió la sede social de la firma Lago Azul S.A., quien sería encargada de explotar un emprendimiento hotelero.

-Por instrucciones de Jaime y a pedido de su amigo Alfredo Pielach, Julieta Jaime tuvo que ubicar en Carlos Paz o zonas aledañas, un hotel que se encontrara en venta para que fuera explotado por la sociedad Lago Azul.

- Que luego de esa búsqueda compraron el Hotel Saint Tropez.

-Que la operación la realizó Pielach.

-Que Pielach designó a Sebastián Ledantes como apoderado administrativo para manejar el hotel cuando estaba por casarse con Julieta Jaime.

-Que también Lago Azul SA le dio a Sebastián Ledantes una camioneta marca Kia, modelo Carnival patente GSJ-927, para que usara.

Julieta Jaime, hija del ex secretario de Transporte kirchnerista

-Que la luna de miel de la pareja Julieta Jaime- Sebastián Ledantes (Brasil, diciembre de 2007) se interrumpió abruptamente porque Ricardo Jaime le pidió a su hija que viajara con urgencia a Suiza junto a otra de sus hermanas.

-Que le revocaron a Sebastián Ledantes el poder de Lago Azul S.A. en enero de 2008 luego de la separación.

-Que el 11 de enero de 2008 traspasaron la titularidad de la casa de Vigna a Julieta Jaime.

-Que en la escritura figura que Julieta Jaime le pagó a Vigna la suma de $440.000, dinero que jamás recibieron porque fue una venta simulada.

LA LUNA DE MIEL DE LA PAREJA JULIETA JAIME- SEBASTIÁN LEDANTES SE INTERRUMPIÓ PORQUE RICARDO JAIME LE PIDIÓ A SU HIJA QUE VIAJARA CON URGENCIA A SUIZA

-Que cuando los imputaron en la causa por enriquecimiento ilícito de Jaime, el ex funcionario los visitó en su casa y les transmitió tranquilidad y se ofreció a ponerles abogados y solventar los gastos de la defensa.

-Que cuando fueron a declarar en la causa, Jaime les puso abogado.

-Que fueron sorprendidos por las maniobras en las que se vieron involucrado por los Jaime.

-Que no tuvieron la finalidad de encubrir el enriquecimiento de Jaime.

-Que no se beneficiaron económicamente.

-Que Sebastián Ledantes pidió separarse de Julieta Jaime cuando comenzó a notar actitudes "extrañas".

-Que no denunciaron antes por temor a quien era secretario de Transporte de la Nación a quien creían "honorable".

La denuncia de los ex consuegros de Jaime confirma varias cosas

-Que tal como dice el fiscal Carlos Rívolo quien acusó a Jaime por enriquecimiento ilícito, Julieta Jaime no tiene como justificar la adquisición de bienes. Su ex marido señaló que no trabajaba.

-Que la plata con la se compró la casa fue puesta por Jaime y tiene un solo origen: la corrupción.

-Que el empresario Néstor Otero, dueño de la Terminal de Ómnibus de Retiro, le compró un hotel –negocio propicio para el lavado de dinero- a Jaime como pago de sus favores. Pielach es uno de los hombres de confianza de Otero, quien, según comprobó la justicia, coimeaba a Jaime pagándole mensualmente el alquiler de su departamento. Tanto Pielach, como su compañero en la Terminal, Lisandro López, están procesados como testaferros de Jaime.

-Que Julieta Jaime y su hermana Gimena Belén, viajaron a Suiza de urgencia por orden del padre en 2008, lo que podría llegar a dar paso a una investigación acerca de una la posible apertura de una cuenta bancaria en uno de los países predilectos para esconder dinero negro.

La denuncia fue presentada en Córdoba pero tal vez sea remitida al juzgado de Sebastián Casanello quien procesó a Jaime por enriquecimiento ilícito. Condenado en varios casos y detenido por negociados, Jaime suma y sigue. Su frente judicial no parece aliviarse.

Investigan si una fábrica militar abastecía al mercado negro con armas y municiones

Por Cecilia Di Lodovico (Perfil.com) - Una auditoría detectó serias irregularidades. Advirtieron un excedente en el stock no declarado en los registros contables. Sospechan de un desvío de la producción al exterior.


La fábrica santafesina en Fray Luis Beltrán fue allanada por personal de Gendarmería. | Foto: Cedoc

El 4 de abril pasado, una auditoría del Ministerio de Defensa descubrió preocupantes fallas en Fray Luis Beltrán, la principal fábrica militar de proyectiles y municiones que abastece a las Fuerzas Armadas y a todas las fuerzas de seguridad del país. No sólo detectaron el faltante de millones de proyectiles, cartuchos y fulminates para fusiles y pistolas, sino también un excedente en el stock no declarado en los registros contables y el hallazgo de material oculto en un depósito.

La irregularidad preocupa al gobierno de Mauricio Macri y es una prioridad para el Ministerio de Defensa llegar al fondo del asunto. Fuentes calificadas indicaron a PERFIL que no creen estar sólo frente a un desmanejo administrativo, sino a una falta de gravedad internacional “que puede comprometer la responsabilidad del Estado” a ese nivel.

Sospechan que en Fray Luis Beltrán funcionaba un sistema de producción paralelo de armas y municiones para abastecer al mercado negro interno y al exterior del país. Según explicaron, el faltante es tan importante, que “es imposible que se haya quedado en el país. Si fuera así, el mercado estaría sobresaturado”. Pese a que aún desconocen el destino que habría tenido el armamento, el puerto de Rosario podría haber sido una puerta de salida rápida.

El hallazgo de material no declarado en un depósito –dentro del que se cuentan 6 mil proyectiles, 100.416 cartuchos de diferentes calibres, 96.740 vainas para 7.62 y 9 mm, trenes de fuego de granadas, piezas de portacebos, cebos y reforzadores, espoletas de cohetes, pólvora, lanzador de cohete servido y granadas lacrimógenas– refuerza la hipótesis.

A la vez, detectaron en la dependencia de Fabricaciones Militares de Santa Fe un circuito virtual de compra y venta asociado a la fábrica de Villa María, en Córdoba. “Un claro indicio de corrupción“ para Defensa, que lo denunció el 22 de marzo pasado.

El relevamiento de la Unidad de Auditoría interna en la Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María detectó dos depósitos que, según sostuvieron sus autoridades, pertenecían a la fábrica de Fray Luis Beltrán. En su interior, se verificó la existencia de fulminantes y pólvora procedente de Brasil. Para el ministerio, el hallazgo “constituiría la verificación de circuitos paralelos en el interior de la Dirección General de Fabricaciones Militares”. Un mail enviado entre personal de ambos establecimientos que devela maniobras con documentación oficial para “arreglar” la situación irregular de un polvorín robustece las sospechas.

La auditoría interna detectó “un sistema de movimiento de material bélico interfábricas con documentación y remitos no agregados a la carpeta de uso habitual para movimiento de mercadería entre dependencias”. En Villa María, al igual que en Fray Luis Beltrán, se detectaron 24 toneladas de pólvora atribuida a la segunda, pero no registra ingreso ni egreso en ninguna de las dos.

Tras la denuncia, el juez Marcelo Bailaque ordenó un allanamiento que confirmó la denuncia presentada por la cartera que conduce Julio Martínez. Secuestraron documentación –remitos de la AFIP y planillas del Renar– y tres computadoras.

No es la primera vez que se alerta de las irregularidades. Durante la gestión de Agustín Rossi, se presentaron informes que fueron rechazados por las autoridades de la Dirección de Fabricaciones Militares en Fray Luis Beltrán.

El año pasado, PERFIL advirtió sobre municiones de Fabricaciones Militares en manos de integrantes de Los Monos. En octubre de 2006, una investigación de este diario develó que Néstor Kirchner, durante su presidencia, autorizó la venta de armamento de Fabricaciones Militares a una empresa de Paraguay vinculada a la guerrilla colombiana y a los narcos de Brasil.

Hallan cobros irregulares en previsión social

Por Marcelo Veneranda - LA NACION
El gobierno de Vidal encontró jubilaciones duplicadas y pagos a personas fallecidas por $ 688 millones; procura ahora cobrar deudas por otros 660 millones a los municipios y colegios privados.


La gobernadora María Eugenia Vidal.Foto:Archivo/LA NACION / Fernando Massobrio

A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones. Así lo reveló a LA NACION el titular de la entidad, Christian Gribaudo, quien por estos días intenta recuperar otras deudas millonarias: unos $ 160 millones de los municipios y $ 500 millones de los aportes de colegios privados.

"A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.

Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios. En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente.

No será la única visita a los tribunales. El funcionario de María Eugenia Vidal ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas. "El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo".

Sin embargo, Gribaudo no despotrica contra "la herencia" sciolista y hasta elogia a su antecesor, Mariano Cascallares. Busca, de hecho, diferenciar la situación del IPS de otros organismos provinciales. Por ejemplo, la obra social IOMA, donde se detectaron irregularidades por $ 1500 millones y en las que el gobierno de Vidal responsabiliza a funcionarios de Daniel Scioli.

"Cascallares hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.

Aunque no lo diga, esa defensa de su antecesor no tiene que ver sólo con su paso por el IPS. Convertido en intendente de Almirante Brown, Cascallares es un aliado de Vidal en la relación con los municipios del Frente para la Victoria.

La relación con los intendentes -que impacta en la Legislatura bonaerense, donde Cambiemos necesita apoyo opositor en ambas cámaras- posiblemente dificulte el cobro del segundo "paquete" que persigue Gribaudo: los $ 160 millones que adeudan los municipios, principalmente, por aportes no realizados al IPS cuando se pagan bonos de fin de año a los empleados locales.

El tercer paquete, y el mayor, proviene de unos $ 1035 millones que adeudan los colegios privados bonaerenses. Cascallares identificó el 93% de esa deuda y consiguió que la mitad de los deudores se inscribieran en una moratoria. Gribaudo busca cobrar los $ 500 millones restantes a través de apremios.

Trámites eternos y gestores

El IPS fue uno de los actores centrales en los anuncios de aumentos para jubilaciones, comedores y planes sociales que Vidal hizo esta semana y que significaron un alivio para su gestión, en medio de las protestas de policías y estatales, el aumento en las tarifas y los despidos.

Más allá de ese aporte, y de la recuperación de fondos millonarios que intentará, Gribaudo enfrenta varios desafíos para modernizar el IPS.

El primero pasa por acortar los trámites jubilatorios, que en la provincia duran entre un año y medio y dos años. El objetivo de Cambiemos pasa por lograr en 2016 que esos trámites se completen en un año o menos. El objetivo final: que se logren iniciar y cerrar en 30 días.

Para eso, Gribaudo planea completar la descentralización iniciada por el sciolismo -que creó 76 centros de atención previsional (CAP)- y plantar una sucursal del IPS en los 135 municipios bonaerenses. Pero, antes, deberá resolver un problema: el IPS no tiene un sistema informático en red que integre sus oficinas. Los trámites que se inician en los CAP tardan tres meses más que los iniciados en La Plata.

"Necesitamos un sistema que funcione y personal capacitado. Porque la lentitud del sistema se convirtió en un negocio para quienes gestionan jubilaciones", señaló Gribaudo. Esas empresas de gestores rodean la manzana del IPS, en La Plata.

Detectar esas y otras irregularidades, como las jubilaciones mal pagadas, también es un problema: hasta ahora estaban a cargo de una sola persona del departamento jurídico del IPS, que tiene 288.000 beneficiarios.

Los investigadores creen que Jorge Chueco se fugó a Brasil o a Paraguay

Por Alan Soria Guadalupe - LA NACION
El abogado cercano a Lázaro Báez hacía viajes frecuentes a la frontera y por eso es la principal hipótesis


PUERTO IGUAZÚ.- Hubo cambios en la búsqueda del abogado Jorge Chueco, visto por última vez el jueves en esta ciudad. Ayer cobró fuerza la hipótesis de que el abogado cercano al empresario kirchnerista Lázaro Báez pudo haber salido del país. En pocas horas, las autoridades pasaron de negar que hubiera elementos suficientes para suponer que Chueco ya no estaba en la Argentina a "no descartar" que pudo haber escapado a Brasil o Paraguay sin dejar rastro. Anoche esa hipótesis era la principal. "Todos en Iguazú están convencidos de que cruzó", reveló a la nacion una de las fuentes con más peso en la investigación.

¿Qué elementos sostienen la nueva hipótesis? En la búsqueda de datos que pudieran describir con más detalle los movimientos de Chueco antes de su desaparición, los investigadores se toparon con que el hombre solía realizar viajes frecuentes y fugaces a esta ciudad. Y no sólo eso, sino también que en esas visitas aparentemente furtivas Chueco acostumbraba cruzar la frontera con Brasil. En lo que va del año, visitó Misiones dos veces. Aunque la policía provincial no brindó información sobre las ocasiones en las que viajó en otros años, sí confirmó que fueron numerosas.

"Nosotros no descartamos nada. Es un tema abierto. Estamos pidiendo informes de entrada y salida [a migraciones de Paraguay y Brasil]", contestó el fiscal a cargo de la investigación, Martín Brites, a la nacion, cuando se le preguntó por la hipótesis que hasta anteayer era débil.

Un dato no menor: según pudo saber este diario de una alta fuente de la investigación, al momento de ser trasladado desde la pasarela de las Cataratas por la policía provincial -tras encontrarlo ebrio y drogado- Chueco dijo que tenía US$ 150.000 en el hotel donde se hospedaba. Pero en el allanamiento en el Saint George se encontraron poco más de US$ 43.000. Además, la última vez que lo vieron los empleados de Los Helechos, Chueco salió con uno de los bolsillos del pantalón inflado por la cantidad de cosas que llevaba allí. Todavía no se confirmó qué era.

Otro dato más: anoche se terminaron de analizar las cámaras de seguridad que registraron el paso del abogado por las Cataratas y en ningún momento se ve a alguien arrojarse.

Mientras la hipótesis del suicidio se desinfla, crece la idea de que todas las supuestas pistas que Chueco dejó atrás -los dólares, los $ 1000 en efectivo y las cartas de disculpas a la familia- eran para desviar la atención.

Sin embargo, las autoridades son cautelosas y aún no dan por seguro que Chueco haya escapado del país. "Pudo haber salido hacia otro punto o estar todavía alojado en la ciudad", afirmó el jefe de la policía de Misiones, Manuel Céspedes.

Por eso, ayer se dispusieron nuevos operativos para encontrar pistas sobre su paradero. Hubo rastrillajes en los alrededores de los hoteles céntricos Los Helechos y Saint George -donde Chueco se hospedó simultáneamente- y se sumaron buzos a los operativos sobre los ríos Paraná e Iguazú, además de que por varias horas se vio un helicóptero de Prefectura sobrevolar la ciudad.

También -indicó el fiscal a la nacion- se intensificaron los controles en los accesos a la ciudad, se ordenaron rastrillajes en unas 600 hectáreas y se tomó declaración a los guardaparques del Parque Nacional Iguazú y al chofer del micro que llevó al abogado desde Posadas a Iguazú el 12 de abril, luego de que dejó su Peugeot 408 negro abandonado en el estacionamiento de un supermercado. Ayer el auto estaba secuestrado en la Unidad Regional V de Iguazú, luego de que un conocido de Chueco lo trajo a esta ciudad.

Para ayer estaba prevista la declaración de las hijas del letrado en la comisaría 1a, pero las autoridades no confirmaron que se hubiera concretado. La ex mujer de Chueco, Patricia Tendler, quien hizo la denuncia por la desaparición, volvió ayer a Buenos Aires, pero hoy regresaría a Misiones.

El apoderado de Helvetic Service Group -la sociedad que compró La Rosadita- debía declarar el miércoles próximo ante la justicia federal en la causa por lavado de dinero por la que está detenido Báez.

Señales para despistar

Jorge Chueco - Abogado - Los investigadores no descartan que la visita de Chueco a las Cataratas y las cartas a la familia hayan sido pistas falsas dejadas por el abogado

Subte: evitan actos vandálicos por las cámaras de seguridad

 (La Razón) - Dos bandas de grafiteros fueron sorprendidos con la intención de pintar formaciones de las líneas D y E. También allanaron el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red.

Los grafiteros fueron visualizados gracias al sistema de monitoreo interno que supervisa estaciones y talleres.

El refuerzo de vigilancia en el subte dio sus frutos. Gracias a las cámaras de seguridad, se evitaron dos nuevos actos de vandalismo en las líneas D y E. Además, fue allanado el domicilio de uno de los miembros del grupo que realiza la mayoría de los grafitis en la red. A partir de las imágenes tomadas por el CCTV instalado por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) -un sistema de monitoreo interno para supervisar estaciones y talleres del subte- se detectó la presencia de dos jóvenes que estaban escondidos debajo de una formación en la cochera Canning de la línea D, que une Congreso de Tucumán y Catedral. Rápidamente se dio aviso a la Policía Metropolitana, que logró detener a uno de los implicados en la estación Plaza Italia.

Por otro lado, tres jóvenes con aerosoles fueron visualizados en el andén de la estación Entre Ríos de la línea E, que conecta Plaza de los Virreyes con Bolívar. Tenían la intención de ingresar al taller San José para vandalizar formaciones, pero no pudieron consumar el hecho, ya que el personal de seguridad de Metrovías se dirigió de inmediato al lugar para interceptarlos.

En sintonía con los actos vandálicos en el subte, Sbase encabezó un tercer operativo junto con la Fiscalía porteña y la Policía Metropolitana. Allanaron el domicilio de otro de los integrantes del grupo Soketes, principal responsable de los daños con grafitis en la red (en enero irrumpieron en la vivienda del líder de la banda, donde encontraron varios elementos utilizados para dañar coches).

Con el objetivo de cuidar los vagones y brindar un servicio más seguro, ya se instalaron más de 700 cámaras de seguridad en puntos estratégicos, que son supervisadas las 24 horas, y más de 500 efectivos de la Metropolitana están presentes en andenes y formaciones.

Un producto local que no contamina

Para remover los grafitis de los subtes porteños se usó un producto inventado y fabricado en la Argentina por la empresa Solmi, que también se encargó de realizar los trabajos de limpieza. Esta sustancia no contamina el ambiente y, además, elimina las pintadas sin afectar la pintura original de las formaciones. Durante el proceso, la carrocería es recubierta con una laca que hace que sea más fácil borrar los dibujos de los artistas clandestinos.

En una auditoría, Vialidad detalló las maniobras de Báez (II)

Por Lucía Salinas - Clarin.com - Sospechas de corrupción. Sus firmas certificaban obras que no se hacían, cobraban seis meses antes que otras, y “competían” entre sí. La auditoría de Vialidad Nacional lo deja al borde de otra denuncia a Lázaro Báez.

Vialidad Nacional resolvió la auditoría sobre la obra pública en Santa Cruz. El informe definitivo (N° 3/2016) al que accedió Clarín, expone las irregularidades que rodearon la adjudicación de licitaciones a favor de Lázaro Báez y los mecanismos de corrupción utilizados para garantizarse millonarios ingresos.

Maquinaria abandonada de Austral Construcciones. Foto Opi Santa Cruz


“Una gran concentración de obras en un único grupo de empresas”, concluye la auditoría y la referencia directa es al grupo Austral que además, presentó un incumplimiento reiterado en los plazos de realización de las obras, el 44% de todo lo adjudicado aún se encuentra en ejecución.

Después de la intervención del Distrito 23 con asiento en Santa Cruz, el 9 de enero, empezó el proceso más arduo: investigar toda la obra pública que el kirchnerismo otorgó a su Provincia los últimos doce años. Los números reflejan las sumas siderales que se destinaron: 83 obras por 21.269 millones de pesos (Buenos Aires recibió 25 millones), desde 2010.

Del total 51 corresponden a empresas de Lázaro Báez, lo que representa 16.386 millones de pesos del presupuesto general, es decir un 78,4%, según detalla la auditoría final. De esta suma total, Vialidad concluyó que sólo ejecutó 9.037 millones a diciembre de 2015, es decir que no supera el 50%.



Predio de Austral Construcciones. Foto Opi Santa Cruz.

El relevamiento se hizo sobre las Rutas Nacionales N° 3, 40, 281 y 288. Del total de obras, el 90% se realizaron a través de convenios con Vialidad Provincial, que en su carácter de comitente, fue la responsable de supervisar las obras, certificarlas.

El grupo Austral logró trazar tres mecanismos para el ingresos de fondos. En primer lugar, el grupo certificaba por obras que no se hicieron: En la Autovía Comodoro - Caleta Olivia, se certificaron el 92% por bloques de hormigón divisorios de las calzadas que nunca se colocaron; la obra “Puente Blanco-Bella Vista” sobre la Ruta 40, tiene certificación de 925 metros carpeta asfáltica “no ejecutada”, y a la vez no tiene obrador pese a que se certificó su totalidad bajo el ítem “Movilización de Obra”, que incluye su construcción. La obra de 68 kilómetros a Tres Lagos, en sus primeros 13 kilómetros no presenta ninguna realización. En la misma se certificaron las alcantarillas en su totalidad, y no se terminó ninguna. Son sólo parte de un extenso detalle.

A diciembre de 2015 el grupo Austral tenía en ejecución 26 obra, de las cuales 23 no cumplieron con los plazos estipulados en sus licitaciones, incluso sufrieron ampliaciones en promedio de 2,63 veces más sobre sus plazos originales. El cobro de las certificaciones se convirtió en otro mecanismo favorable: mientras las demás constructoras cobraban a 213 días, Lázaro Báez obtenía el dinero en 34 días.

La competencia con sus propias empresas fue otra instancia permitida. Por ejemplo en 2011, de la mano del ex ministro Julio De Vido, Báez ganó dos licitaciones (11/11 y 12/11) para pavimentar 170 Kilómetros de una ruta provincial que empalmaba con la Ruta Nacional N° 3. La primera licitación, por 634.959.463 pesos, la ganó la empresa Kank y Costilla S.A, y la segunda, por unos 640.148.519 pesos fue ganada por Austral Construcciones.

Muchas de las obras están en estado de abandono, algunas hace dos años. La Ruta 3 de la autovía representa un riesgo vial para los conductores, y hay bases y terraplenes que podrían deteriorarse. Si esta obra continuaba en manos de Lázaro Báez, iba a costar 3.000 millones de pesos, cuando se licitó por 125 millones. El empresario K la tuvo ocho años y solo hizo el 36%. Otro ejemplo es la obra Rospentek-Puente Blanco, que tiene un avance del 27% y está paralizada desde 2013.

Báez ya no tiene obras. Los últimos contratos que le quedaban fueron rescindidos tanto en Santa Cruz como por la Nación. Ahora, Báez podría enfrentar una denuncia penal por la información arrojada por la Auditoría que reflejó que gran parte de las obras están en estado de abandono, en algunos casos, hasta de dos años.  Incluso los 400 millones que Austral reclama desde enero a Vialidad por 19 obras, a través de un dictamen serán bloqueados y no se abonarán. Tal como informó Clarín, la Justicia decidió que ese dinero si ingresa a las cuentas de las empresas, será embargado.

Baez, la flota de 900 autos no pagaba patentes

Por Mariela Arias - LA NACION - La empresa de Lázaro Báez acumuló una deuda de $ 4 millones
RÍO GALLEGOS.- Hace más de dos años que Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones no pagan la patente de su flota de más de 900 vehículos, la deuda acumulada ronda los cuatro millones de pesos y lo convierte en el principal deudor del municipio local en el rubro de patente automotor.

Mientras una tormenta de despidos, cesación de contratos y deudas parece haber caído sobre el emporio de Báez, toda la expectativa sobre su futuro está puesta en el próximo jueves, cuando deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa por supuestas maniobras de lavado de dinero. Ese día también tendrá que asistir a los tribunales de Comodoro Py su ex contador Daniel Pérez Gadín, en tanto que para el viernes fueron citados Martín Báez y Fabián Rossi.

Los primeros en declarar en esa causa en Retiro serán Sebastián Pérez Gadín; Walter Zanzot, presidente de la empresa de aviación Top Air, ligada a Báez, y Gustavo Fernández, ex presidente de SGI, quienes deberán presentarse mañana. Los dos primeros aparecen identificados en los videos difundidos por los medios en todo el país salvo en Santa Cruz.


Foto:Archivo/Horacio Córdoba / LA NACION

Según pudo cotejar LA NACION a partir de documentos oficiales, las deudas municipales acumuladas a nombre de Báez y su empresa Austral Construcciones en el rubro patente automotor llegan a los cuatro millones de pesos. Si se suma el adeudado no vencido (vencimientos al 31/12/16) el monto se acerca a casi seis millones de pesos.

El acumulado de deuda corresponde a un período que va entre dos y tres años. En algunos casos hay rodados que arrastran deuda de hasta siete años. Hasta agosto del año pasado la comuna estuvo dirigida por un pariente de Báez, el peronista Raúl Cantín, quien renunció en medio de denuncias judiciales por administración fraudulenta. Pero Cantín también estaba tutelado políticamente por Báez, quien en la campaña de 2011, cuando llegó a la intendencia por el Frente para la Victoria, lo acompañó con fondos para la campaña y fondos.

En 2013, LA NACION reveló que el empresario contaba en su haber con más de 900 rodados, entre autos, camiones y camionetas. El 98% estaba registrado a nombre de Austral Construcciones SA. Los 910 autos corresponden a modelos que en su gran mayoría fueron adquiridos a partir del año 2003, año en que Báez entró de lleno al rubro de la construcción.

La voluminosa flota tienen una particularidad: son en general de color blanco, en fuerte contraste con "la flota negra" de autos de alta gama estacionados en un galpón de Río Gallegos que fue allanado por la Gendarmería en el inicio de la investigación por presunto lavado de dinero.

Lavado oriental: China, nuevo refugio para el dinero sucio del mundo

Por Ralph Satter, Kinetz, Goldenberg, (La Nación) - Bandas delictivas y carteles de la droga aprovechan las redes financieras clandestinas del país para limpiar sus ganancias

ASHDOD, Israel.- Estafadores, cárteles del narcotráfico y bandas de todo el mundo han descubierto un nuevo refugio donde lavar su dinero: China.

Las bien desarrolladas redes financieras clandestinas del país dueron aprovechadas por delincuentes extranjeros, que usan China para lavar su dinero sucio y volver a inyectarlo en el sistema financiero global, en gran parte fuera del alcance de las agencias de la ley occidentales, según una larga investigación.

Conforme China se globalizaba y enviaba dinero y trabajadores al extranjero, la economía sumergida hizo otro tanto. Bandas de Israel y España, traficantes de cannabis del norte de África y cárteles de México y Colombia lavaron miles de millones de dólares en China y Hong Kong, al introducir las ganancias de sus actividades ilegales en la gran marea del comercio y las finanzas legítimos de la región, según confirmaron jefes policiales, registros judiciales europeos y norteamericanos y documentos de inteligencia.

El banco central chino y la policía del país rechazaron peticiones reiteradas de hacer comentarios.

En una sesión informativa periódica con la prensa, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei, dijo ayer que el país "no es, no ha sido ni será en el futuro un centro global de lavado de dinero".

Gilbert Chikli, un estafador convicto franco-israelí, comprende el atractivo de China. A Chikli se le atribuye haber ideado una estafa tan exitosa que ha inspirado a una generación de imitadores. El fraude, conocido por sus falsos correos electrónicos de directivos o empresas, ha costado a miles de empresas, muchas de ellas norteamericanas, 1800 millones de dólares en poco más de dos años, según el FBI. "China se ha convertido en un pasadizo universal para todas estas tramas", comentó Chikli. "Porque China es hoy una potencia mundial, porque no le importan sus países vecinos y porque, sobre todo, China se burla de otros países a lo grande", agregó.

Chikli ganó millones al usurpar la identidad de altos directivos y agentes de inteligencia, y convencer a empleados de algunas de las empresas más grandes del mundo de que transfirieran dinero a sus cuentas bancarias, según documentos legales franceses. Él reveló que blanqueó el 90% de ese dinero robado a través de China y Hong Kong. "Es inmenso", dijo en una entrevista en su lujosa casa de tres plantas en Ashdod, una localidad en la costa mediterránea israelí.

Un tribunal francés condenó el año pasado a Chikli por defraudar 6,1 millones de euros a cinco empresas: La Banque Postale, LCL Bank, HSBC, Accenture y Thomson, una firma francesa de tecnología. También se lo condenó por intentar obtener unos 70 millones de euros de al menos 33 compañías, incluidas Barclays y American Express, así como la empresa gestora de Disneyland Paris. Fue condenado en ausencia a siete años de prisión y recibió una multa de un millón de euros.

Hoy sigue siendo un hombre buscado, pero vive abiertamente en Israel, donde las autoridades rechazaron hacer comentarios sobre su caso. Israel y Francia no tienen un acuerdo bilateral de extradición, aunque Israel ha entregado ciudadanos franceses en algunos casos.

Chikli explicó que su método preferido para lavar dinero eran mecanismos de exportación e importación. Él transfería el dinero robado a empresas fachada en Hong Kong y después retiraba el efectivo y lo empleaba para comprar mercancías en China. Compraba, por ejemplo, 20 toneladas de acero, pero sobornaba al proveedor para que le diera un recibo por 100 toneladas. Después vendía el producto y enviaba el dinero a Israel, donde los falsos recibos hacían que toda la suma pareciera un beneficio legítimo por la operación comercial.

Ese sistema de blanqueo basado en el comercio es una creciente preocupación para las autoridades norteamericanas. Tres colombianos instalados en Guangzhou, China, lideraron una red global de lavado de dinero que movió unos 5000 millones de dólares para carteles del narcotráfico españoles y mexicanos, según una orden judicial del Departamento de Justicia norteamericano desclasificada en septiembre. La red operaba supuestamente en Estados Unidos, Colombia, España, Ecuador y Venezuela.

Como Chikli, procesaron beneficios ilegales a través de cuentas bancarias en Hong Kong y China y lavaban el dinero mediante la compra de mercancías, a menudo productos falsos que enviaban a Colombia y otros lugares para su venta, según la orden judicial norteamericana.

Chikli insiste en que ya no gestiona estafas de usurpación de identidad, conocidas como "fraudes de CEO", pero una nueva generación de estafadores imita su técnica. Al igual que Chikli, envían el dinero robado a China y Hong Kong. El FBI rastreó transferencias de esta clase a unos 70 países diferentes. "En toda la cima de esa lista están Hong Kong y China", dijo Jay Bienkowski, agente especial supervisor del FBI en Washington, en una entrevista antes de retirarse.

La policía cree que algunas de las redes que ahora gestionan esas estafas colaboran con migrantes chinos en Europa para lavar el dinero. Para ello, emplean una versión del antiguo sistema chino de transferencia de dinero fei qian, o dinero volador. La policía francesa desarticuló una trama similar en junio en un distrito de comercios chinos al por mayor al norte de París, en una operación en la que se acusó a los vendedores de lavar dinero de narcotraficantes norafricanos.

"Los grupos de delincuentes no chinos que cometen fraudes de CEO envían dinero a China porque los grupos de delincuentes chinos en Europa les dan efectivo", comentó Igor Angelini, responsable de inteligencia financiera en Europol, la agencia policial de la Unión Europea. "La escala de este fenómeno es bastante considerable." En general, las autoridades chinas hacen poco por ayudar a las empresas occidentales víctimas de estas estafas, según documentos de inteligencia europeos a los que tuvo acceso AP.

En un informe este mes, el Departamento de Estado norteamericano reprochó a China su escaso éxito en investigaciones contra el lavado de dinero. Europol tampoco tiene un acuerdo de cooperación con China. Una vez que los fondos entran en el país, se desvanecen. "Para nosotros es un punto ciego -dijo Angelini-. Lo que ocurre después es un agujero negro."

La red que atrae plata negra

Estafadores - El FBI descubrió que en los últimos dos años varias empresas occidentales, víctimas de estafadores, perdieron 1800 millones de dólares al ser engañadas por falsos correos electrónicos

Mafia israelí - Organizaciones criminales de Israel utilizan a inmigrantes chinos residentes en Europa para triangular giros hacia cuentas en China

Narcotráfico - Desde Guangzhou, tres colombianos lavaron unos 5000 millones de dólares para carteles de México y Colombia utilizando bancos de Hong Kong y China

Mafia europea - España detuvo en febrero a seis directivos del banco ICBC acusados de facilitar el lavado de dinero a organizaciones criminales europeas

Carteles de África - Comerciantes chinos de Aubervilliers, Francia, están acusados de lavar ingresos de los carteles de la droga del norte de África

Vialidad facilitó una maniobra de Austral Construcciones

Por Diego Cabot - LA NACION - El 2 de diciembre le extendió certificados de pagos pendientes para justificar 1800 despidos

Una semana antes de que Cristina Kirchner termine su mandato, el empresario Lázaro Báez consiguió el último documento que le faltaba para iniciar la retirada. El 2 de diciembre de 2015, Vialidad Nacional le entregó un certificado en el que le informaba que no le podía pagar los certificados de obra pendientes. Báez corrió con el certificado, paralizó las obras y 1800 personas quedaron sin empleo. Pero todo fue una ficción, casi una mentira. Según pudo verificar LA NACION, no sólo que no se le debían certificados al empresario kirchnerista sino que tenía adelantado los pagos hasta el 6 de enero de 2016.

Todo empezó a principios de diciembre en Buenos Aires, puntualmente en Vialidad Nacional (DNA). Báez logró que el sudirector del organismo, Carlos Joaquín Alonso, contestara un requerimiento de Austral Construcciones. En el escueto documento, el funcionario informó que "los certificados pendientes de pago originado en los contratos vigentes (?) se encuentran imposibilidatos de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales que habilitan el devengamiento de los mismos". Así, el Gobierno reconocía el incumplimiento.

La carta tenía una importancia vital para Austral Construcciones, era el documento necesario para iniciar el vaciamiento. El 11 de diciembre, cuando el kirchnerismo ya no estaba en el poder, Báez empezó la retirada. Con una carta manuscrita que se confeccionó en un block de hojas rayadas, identificada como "Nota de pedido número 29", el representante técnico de Austral Construcciones, José Carlos Pistán, firmó la orden de paralización de un proyecto sobre la ruta nacional 40.

La carta fue dirigida al inspector. "Mediante la presente, solicito a usted la paralización/suspensión temporal de la obra por un plazo de seis meses", empezaba. Luego, Austral Construcciones, explicó: "Motiva esta solicitud lo expresado en el parte de fecha 02/012/2015 de la DNA en donde se nos comunica que los certificados pendientes de pago por parte de este organismo, se encuentran imposibilitados de ser abonados debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales". Así se cerró el círculo que dio con el despido de 1800 trabajadores.

Sin embargo, las fechorías de Austral Construcciones y la administración nacional para cubrir la retirada formal de Báez quedaron al descubierto a poco de abrir un puñado de carpetas. Según los asientos de Vialidad, no sólo que las empresas no tenían certificados de pagos sin cobrar sino que le fueron adelantados los vencimientos hasta el 6 de diciembre de 2016. Además, tampoco era verdad que las partidas estaban agotadas ya que el organismo canceló, ya con la gestión de Mauricio Macri como presidente, deuda por alrededor de $ 1200 millones los últimos días de diciembre. Pero la principal sorpresa que se llevaron los funcionarios que responden al nuevo director de Vialidad, Javier Iguacel, fueron unas hojas que el anterior número dos de DNA dejó. Se trataba de hojas en blanco con membrete de Austral Construcciones. Olvidos kirchneristas.


Las obras que recibió Lázaro Báez serían uno de los blancos más fáciles por sus evidentes irregularidades.Foto:Archivo/Horacio Córdoba

A fines de diciembre, en Río Gallegos hubo una audiencia de conciliación para tratar el asunto de la caída de imperio Báez. Estaban representantes del Ministerio de Trabajo provincial y de Vialidad Provincial, además de la empresa. En las oficinas de Vialidad Nacional, pagadora en última instancia de todos los contratos del constructor, jamás se enteraron del encuentro. Mauricio Collareda, número uno de este organismo en la Santa Cruz, envió un hombre a esa reunión. Poco después se intervino la delegación provincial y se comprobó que aquel enviado ni siquiera era empleado de Vialidad Nacional.

Así funcionó un esquema en el que no había fronteras entre contratante, financista y contratado. De hecho, se sospecha que para gran parte del trabajo que se debía realizar con empleados de Austral Construcciones se hacía con dependientes que pagaba la provincia. Un número puede ayudar. La DNV tiene en todo el país alrededor de 6000 empleados a los que se deben sumar 500 más del Organismo de Control de las Concesiones Viales (Occovi); Vialidad de Santa Cruz tiene un staff de 4500 empleados.

Báez y su imperio constructor lograron obras durante los últimos años por $ 16.000 millones y concentró el 80% del monto que se destinó a proyectos viales de Santa Cruz. En 2015, según surge de las planillas de pagos a las que accedió LA NACION, las empresas del grupo recibieron pagos por $ 1178 millones. Sólo para ponerlo en perspectiva, el Ministerio de Industria ejecutó el año pasado alrededor de $2500 millones para fomentar el entramado productivo del país. Lázaro Báez representó poco menos de la mitad de ese dinero.

Otro de los beneficios con los que contó el grupo cercano a la familia presidencial, fueron los plazos de cobro. En 2012 el promedio de tiempo desde que las empresas presentaban su certificado de obra hasta que cobraban era de 210 días. En ese año, el pago que se hizo más rápido fue en 48 días. Este universo excluye al Grupo Austral. Aquellos 210 días de espera en el caso de Báez eran de 69 y el mínimo de tiempo fue de 14 días. Ahora ya no quedan obras en el Sur en poder de Lázaro Báez y sus constructoras. Por pedido de la Nación, la provincia, que era el contratante, rescindió todos los contratos que la unían con el empresario.

Las notas de la discordia

El empresario Lázaro Báez consiguió que el 2 de diciembre pasado Vialidad Nacional le entregue un certificado donde constaba que no le podía pagar los certificados de obra pendientes. Así, Báez paralizó las obras y avanzó con el despido de 1800 personas.

Dos bandas van a juicio oral por contrabando VIP en Ezeiza y Aeroparque

Clarin.com - Hay 22 acusados: maleteros, empleados de Aduana y de AFIP y de Policía Aeroportuaria. También hay pasajeros.


En la torta había porciones para todos: maleteros, empleados de Aduana, de AFIP y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El negocio era tan simple como cobrarles coimas a los pasajeros que llegaban al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el exterior para dejarles entrar al país todo tipo de mercadería sin pagar impuestos. En algunos casos los “clientes” pagaban entre 400 y 600 dólares por valija para que se hiciera la vista gorda; en otros sus “contactos” les ofrecían, sólo para mantener las apariencias, abonar un canon muy inferior al que les correspondía por superar los 300 dólares de mercadería autorizados.

Todo se arreglaba telefónicamente: desde el primer contacto del interesado –se hacía antes de viajar afuera del país– hasta el seguimiento de los sucesivos pasos que iba dando el “cliente” en el aeropuerto cuando volvía a la Argentina, generalmente desde los Estados Unidos. Ese sistema era impecable y funcionaba como un relojito. Pero resultó tener una falla importante: las conversaciones, grabadas por orden de la Justicia, se convirtieron en una importante prueba de cargo y terminaron volviéndose en contra de al menos dos organizaciones desarticuladas por la Justicia en lo Penal Económico de Capital Federal.

 Cada expediente se inició y avanzó por separado. El más antiguo (iniciado en 2008) tuvo como juez a Gustavo Meirovich y el segundo, de 2013, a Marcelo Aguinsky. Pero ambas organizaciones llegarán a la etapa de juicio oral casi a la vez con cientos de escuchas teléfonicas comprometedoras.

Los casos, investigados por la fiscal en lo Penal Económico María Luz Rivas Diez, tienen en el banquillo de los acusados a 22 personas, entre maleteros, funcionarios y hasta pasajeros a los que se agarró con las manos en la masa.

 Una de las causas por las que Rivas Diez ya requirió la elevación a juicio terminó incluso con el procesamiento de una mujer a la que se le secuestraron 1.350 prendas de vestir que tenía pensado vender en su local de la avenida Scalabrini Ortiz, en el barrio porteño de Palermo. Ella pagó 600 dólares para poder entrar la mercadería al país sin problemas.

El operativo se realizó en febrero de 2013, luego de que la mujer volviera de Estados Unidos con 14 bolsos. Para sacarla indemne de los controles aduaneros, a esta “clienta” –que ya tenía una aceitada relación con la banda– la solían sacar en silla de ruedas, un servicio que las aerolíneas prestan a los pasajeros con problemas de movilidad y que las organizaciones ponían al servicio del contrabando hormiga.

“Va a venir una clienta mía. Está llegando por Aerolíneas. Va a pedir una silla de ruedas. Va a dejar 600 dólares”, le dice en una conversación uno de los maleteros procesados a otro, al que le pide coordinar todo para que la pasajera pasara sin problemas. El caso de esta comerciante forma parte del expediente a cargo de Aguinsky, pero la mecánica detectada –pedir “una silla de ruedas” como contraseña– es casi idéntica a la que ya había sido descrita en otra causa también elevada a juicio recientemente, cuya investigación estalló en los medios en 2010.

Por entonces quedo involucrado como jefe de la mafia Carlos Mechetti, director interino de la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza quien en su momento, además, llego a ser jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Club Boca Juniors.

Aunque muchas escuchas incriminaban a Mechetti como coordinador máximo del negocio, éste logró que se le dictara una falta de mérito e incluso que le devolvieran 800.000 dólares que habían secuestrado en su casa. En el planteo de elevación a juicio de la fiscal Rivas Diez, él sigue siendo la cabeza de la organización aunque la acusación se volvió abstracta porque el ex funcionario falleció.

El expediente de Meirovich y la difusión que tuvo en 2010 obligó a las autoridades a reforzar los controles: se colocaron cámaras y se prohibió el uso de celulares. Pero el expediente a cargo de Aguinsky –abierto tres años después– probó que las bandas seguían operando.

“Modificaron un poco los modus operandi y las coimas comenzaron a pagarse en los baños del aeropuerto o ya fuera del edificio. Por la instalación de cámaras cobraron más fuerza los maleteros”, confiaron a Clarín fuentes de la investigación.

Cuando todas las pistas conducen a la connivencia policial

Por Pablo Tomino - LA NACION
La lupa que los fiscales ubican sobre las organizaciones ilegales que controlan la venta callejera parece encontrar un denominador común: la connivencia policial.

Distintas líneas de investigación que sigue la Justicia sobre la proliferación de depósitos clandestinos conducen a funcionarios policiales, porque desatienden los controles o porque directamente están implicados con las redes de manteros.


Así pudo conocer LA NACION sobre los últimos allanamientos realizados en depósitos de Caballito, donde también están bajo sospecha, por varios delitos, policías federales. Lo curioso: las calles Acoyte y Rivadavia hoy están controladas por policías para evitar que los manteros regresen. Cumplen la función que deben cumplir. El traspaso de la Federal de la Nación a la Ciudad permitió a los funcionarios porteños ir a fondo con esta política: liberar el espacio público de la venta ambulante.

Este cambio de política de Estado puso a la policía no sólo en la obligación de controlar la usurpación de la calles, sino también de impedirla. Hace poco menos de dos meses, nadie respondía por la venta ilegal. La responsabilidad deambulaba entre los funcionarios, la policía y los fiscales. Hoy, están obligados a responder los funcionarios, la policía y los fiscales.

Los operativos de verano habrán marcado una diferencia siempre y cuando se mantengan en el tiempo. En 2014, en Once se abandonaron y las calles hoy están pobladas de manteros. La promesa, por ejemplo, en Caballito es que las calles seguirán custodiadas. Irá mermando el número de agentes, pero habrá incluso vigilancia de civil. Planean repetir el modelo de Florida, donde los manteros nunca regresaron.

El pequeño gran problema es la solución de fondo: adónde irán a parar los desplazados. Probablemente, a otro lugar de la ciudad. Y mientras no haya sitios debidamente asignados para la venta ambulante recalarán en esquinas comerciales de distintos barrios todavía permeables a ilegalidad.

Embestida contra los manteros: allanaron 18 depósitos

Por María Eugenia D'Alessio - LA NACION
Se secuestraron 650 bultos de mercadería destinada a puesteros de Liniers; incidentes con la policía


En José León Suárez al 300, se decomisaron 13 toneladas de alimento. Foto:Aníbal Greco

En 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en Liniers y en Ciudadela, la Fiscalía de la Ciudad -auxiliada por agentes del gobierno porteño y la Policía Metropolitana- secuestró mercadería que estaba destinada a la venta callejera en ese barrio de la Capital. Se decomisaron, además, alimentos y bebidas en mal estado y elementos que sirven para montar estructuras de expendio en la vía pública.

El operativo derivó en un enfrentamiento entre manteros y la policía, cuando los vendedores trataron de interceptar el camión que retiraba los artículos confiscados para recuperarlos. Concluidos los incidentes, después del mediodía las veredas comenzaban a ser ocupadas otra vez por mantas y mesas en las que se ofrecía todo tipo de productos.

Los allanamientos se enmarcan en la embestida encarada por el gobierno y los fiscales porteños contra la venta ilegal, que paso a paso se va erradicando de los puntos más afectados por la problemática o, al menos, disminuye. En semanas anteriores, habían sido realizados otros operativos en Caballito y en Flores.

Ayer, se sumaron las acciones en Liniers y en Ciudadela. Luego de meses de investigación, los allanamientos tuvieron como objetivo galpones y viviendas que eran utilizados como depósitos; en estas últimas también vivían familias, en condiciones precarias.

Como se dijo, se realizaron 18 en forma simultánea. Se secuestraron más de 650 bultos de ropa, juguetes, bijouterie, celulares y ropa blanca. Uno de los depósitos inspeccionados está situado en la calle D'Onofrio, en Ciudadela. En ese lugar, el personal encargado del operativo encontró mercadería que se vendía en la avenida Rivadavia, en Liniers.

Otro de los puntos allanados fue un PH con 18 habitaciones, en Ibarrola al 7200 (casi José León Suárez), en el mismo barrio porteño. Los ocupantes de la vivienda, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la ciudad, trataron de impedir la partida del vehículo con la mercadería secuestrada y arrojaron piedras a los efectivos policiales.

Intervino entonces el grupo BRI (Brigada de Rápida Intervención) de la Metropolitana. Los agentes se interpusieron, con sus escudos, entre el camión y los manifestantes para evitar que estos últimos robaran la mercadería. "Fue un asalto tipo piraña, parecido a lo que ocurrió oportunamente en la avenida Avellaneda", explicó Martín Lapadú, fiscal de cámara de la Unidad Fiscal Oeste, que tiene a su cargo este caso.

Si bien desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) denunciaron que fueron utilizadas balas de goma y una de ellas hirió a un niño, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño lo negaron.

A raíz de los incidentes, los comerciantes de los alrededores optaron por bajar las persianas de sus locales. "Cerramos una media hora, por seguridad", dijo una vendedora de un local de ropa en Ibarrola y Ramón Falcón. Enfrente, la empleada de una casa de tortas comentó: "Había gente que corría, no entendíamos muy bien qué pasaba, así que bajamos la persiana un rato, hasta que se calmó".

Muy cerca de allí, en José León Suárez al 200, los encargados de los operativos hallaron 13.228 kilos de alimentos y 45 litros de bebidas, todos en mal estado. Entre los alimentos había frutas, verduras, granos con insectos y tres barriles de 200 litros cada uno con aceitunas agusanadas. Todo fue destruido mediante compactadoras.

Durante los procedimientos, hubo 50 personas demoradas. Lapadú explicó que fueron identificadas y luego liberadas, ya que ninguna tenía antecedentes o pedido de captura.

Los operativos comenzaron a las 4 de la madrugada y duraron hasta el mediodía, cuando se terminó de clasificar y precintar la mercadería secuestrada. Al retirarse las autoridades, los manteros comenzaron a ocupar las veredas nuevamente, aunque en menor cantidad que lo normal.

La esquina de José León Suárez e Ibarrola, en donde suelen instalarse más de diez carros de supermercado en los que se cocina con ayuda de garrafas, estaba despejada. En cambio, en decenas de puestos a lo largo de Falcón y de José León Suárez se vendían verduras, frutas, jugos, tortas y panificados. A diferencia de otras veces, los vendedores ocupaban sólo las veredas y dejaban las calles libres.

Investigan a 23 policías de la Federal por los manteros de Caballito

Por María Belén Etchenique - Clarin.com
Son efectivos que pasaron por la comisaría 12 desde 2012 hasta fines de 2015. La Justicia porteña los vincula como parte de una organización de venta ilegal.

En algunos puntos de la Ciudad, las calles tienen dueños. Apellidos, apodos o caras sin nombre que deciden quién puede estirar su manta sobre una esquina o levantar un puesto en el medio de una vereda. Nada es gratis. Las autorizaciones se pagan. En Caballito, los manteros están manejados por dos grupos enfrentados. Ellos deciden. En ese juego de jerarquías, la complicidad policial se sobreentiende. Pero la Justicia porteña logró vincularla: imputó a 23 policías de la Federal como parte de la organización de venta ilegal callejera en avenida Rivadavia.

Son seis comisarios, siete subcomisarios, cuatro sargentos, dos agentes, dos cabos, un principal y un inspector que desde 2012 hasta fines de 2015 pasaron por la comisaría 12, ubicada en Valle 1454. Además de involucrarlos en el negocio, la Justicia Contravencional porteña comprobó que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación de no accionar contra los manteros.

Los policías fueron indagados por la fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, entre junio y julio del año pasado. En las próximas semanas, la causa será requerida a juicio. Los efectivos ya no están en esa comisaría, pero siguen en actividad. Se los acusa de ser parte responsable del uso indebido del espacio público y de permitir el desarrollo de esas actividades ilegales a lo largo de la avenida.

Si bien el 29 de enero los manteros fueron desalojados de Caballito, hay dos organizaciones que están detrás de la mercadería trucha que se vende apoyada sobre un lienzo, en un carrito o en una tabla con caballetes en Rivadavia. Una está liderada por la Asociación Vendedores Libres (Movimiento Francisco Jofre) y otra actuaría en connivencia con la Policía. En 2012 y 2013, "Vendedores libres" empezó a denunciar que la Federal los perseguía por instalarse en la avenida sin haber "arreglado" con ellos. Hablaron de amenazas, procedimientos irregulares y pedidos de coimas.

Fuentes judiciales indicaron  a Clarín que la acusación de "Vendedores libres" llegó hasta el Ministerio de Seguridad Nacional, donde en mayo de 2013 dos jefes de la Federal se reunieron con alrededor de 30 manteros de la organización que relataron que "a ellos se les complicaba vender y a los que estaban bajo la protección de la Policía no". "Esto visibilizó el problema y demostró dos cosas: que había una organización de venta ilegal (Vendedores libres) y que por otro lado había un manejo de los efectivos en Caballito con los manteros", dijo el fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, a Clarín, en una oficina de reuniones del Ministerio Público Fiscal.

Cuando la fiscal Ramírez indagó a los policías de la comisaría 12, dijeron que tenían orden del Ministerio de Seguridad de la Nación de no intervenir. "Uno de los comisarios mencionó una resolución emitida en 2012 por Nilda Garré -entonces al frente de Seguridad- para que la Federal no actuara de oficio contra los manteros ni hiciera operativos, porque la problemática debía ser resuelta por la Ciudad", agregó otra fuente judicial a este diario. La excusa es falsa, opinó Cevasco: "La ley dice que la Policía debe actuar espontáneamente ante cualquier contravención fragante". En especial, porque en Caballito aún no está la Policía Metropolitana, asignada a otras comunas.

También entre las declaraciones ante la fiscal, algunos dieron más datos sobre el destino que podía tener el agente que se metiera en el tema: “A mis compañeros anteriores, cuando labraron un acta contravencional contra los manteros de Rivadavia y Acoyte, los mandaron como castigo al Cuerpo de Infantería y a la División Perros ".

La venta ilegal de mercadería es un delito establecido en el artículo 83 del Código Contravencional que se castiga con una multa de $ 200 a $ 600 para quien hace actividades lucrativas sin permiso en el espacio público y de $ 5.000 a $ 30 mil para el organizador de esas actividades. La ley no pena "la venta ambulante en la vía pública o en transportes públicos de baratijas, artesanías o cualquier objeto que no implique una competencia desleal para el comercio establecido". En los últimos años, el Ministerio Público Fiscal dejó de ir detrás del mantero -en la mayoría de los casos, según muestran las causas judiciales, esclavizado por mafias- para enfocarse en la organización que recauda cifras millonarias. Según un informe de octubre del año pasado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),  la Ciudad es el distrito más afectado con 13.596 puntos de venta informal, entre saladitas y manteros. El negocio mueve casi $ 850 millones por mes.

El circuito clandestino se alimenta de redes de fabricación y abastecimiento con talleres, en caso de ropa y calzado, o del contrabando y el robo, en caso de juguetes, artículos electrónicos o de librería. La mercadería se repite en los distintos barrios. En avenida Rivadavia predominaban los juguetes y la ropa. Después están los depósitos (casas tomadas, hoteles familiares, locales comerciales). Ahí, se acopia todo lo trucho. Y desde ese punto, se surte en vehículos o en carritos a los manteros. En esta causa, la fiscal Ramírez allanó 27 locales e inmuebles e incautó 15 camiones de mercadería (en cada vehículo entran entre 80 y 100 bolsones).

"Tenemos notas firmadas, registros fotográficos y filmaciones. Pudimos acreditar que los procedimientos de los policías de la comisaría 12 contra vendedores libres existieron, no así contra el otro grupo. A algunos manteros se los dejó actuar y se usó el procedimiento contravencional sólo contra otros", concluyó Cevasco.

Recuperan uniformes robados en un cuartel del Palomar

(La Jornada) - Un importante lote de uniformes del Ejército Argentino que habían sido robados del Batallón 601 de la localidad bonaerense de El Palomar, fueron recuperados en varios allanamientos realizados en comercios de la localidad de San Miguel, donde las prendas estaban en venta, informaron fuentes policiales.

Se trata de camisas, camisolas y pantalones de combate, casquetes, sombreros tipo jungla y trajes de protección para condiciones climáticas adversas, que fueron encontrados gracias a las tareas de inteligencia efectuadas sobre comercios del rubro de ventas de uniformes

De esta manera, efectivos de la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron recuperar esta importante cantidad de prendas militares robadas del Batallón de Infantería 601 del Palomar, valuadas en unos 600.000 pesos.

Durante las investigaciones, la PFA descubrió tres locales que comercializaban los elementos sustraídos, de nombres “Walkiria”, “La Isla” y la “Proveeduría Textil Obrera”, del partido bonaerense de San Miguel, los que fueron allanados en forma simultánea.

De acuerdo al informe una gran parte de las prendas encontradas llevaban la inscripción "Estado Mayor Conjunto".

Los operativos se llevaron a cabo bajo las órdenes del juzgado Federal Uno de San Martin, a cargo del juez Emiliano Canicoba Corral, tras la denuncia realizada por las autoridades del batallón 601, que días atrás habían notado un faltante de uniformes.