Impulsan un recorte de $9000 millones en el déficit de las empresas públicas

Por Laura Serra  - La Nación

De las 33 sociedades estatales, solo 13 cubren sus gastos; los ferrocarriles y Yacimientos Río Turbio son las que necesitan mayor auxilio; AySA y Aerolíneas mejoraron sus números.

El ajuste del gasto público llegó a las 33 empresas del Estado nacional: este año el gobierno de Mauricio Macri tiene previsto reducir en 9000 millones de pesos las transferencias que realiza el Tesoro nacional para solventar sus gastos corrientes y de infraestructura.

Incluso así, este sector constituye una preocupación seria para el Gobierno en su afán de reducir el déficit fiscal, ya que más de la mitad de las empresas (20 en total) continuarán generando pérdidas significativas a lo largo de 2018.

En efecto, este año el Tesoro volcará casi $90.000 millones en total al conjunto de empresas del Estado nacional para mantenerlas operativas. El monto total representa una cifra sideral, si se la compara con otras asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la cifra equivale a dos presupuestos anuales del Ministerio de Desarrollo Social, que concentra la mayoría de los planes de asistencia social.

Los ferrocarriles de carga y de pasajeros explican la mayor parte del déficit, en tanto que Aerolíneas Argentinas y AySA muestran una reducción paulatina del rojo.

En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75 por ciento, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. Durante el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI. El año siguiente los giros bajaron al 1,14% del producto.

Finalmente, en 2017 cayeron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más, según insisten en la Casa Rosada. "En los últimos dos años se ahorraron unos $41.000 millones", destacan en la Jefatura de Gabinete, en referencia a la reducción de las transferencias.

En esa órbita funciona el Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas públicas, que aconseja sobre los grandes lineamientos y la estrategia de las empresas, al tiempo que monitorea su desempeño. Lo integran los ministros de Transporte, Energía, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

La meta de ese consejo, que funciona desde 2016, es hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas públicas para que demanden menores transferencias del Estado nacional.

Recursos para cubrir el rojo 

Se trata de un programa de reducción de costos operativos que va en sintonía con la reestructuración de la administración pública nacional que pretende llevar a cabo el Gobierno; el mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció el recorte del 25% de los cargos políticos, el congelamiento salarial de esos puestos ejecutivos y la prohibición de que familiares directos de los ministros ocupen cargos en la administración.

Esto representaría, a la postre, un ahorro del 0,03% del total del gasto previsto para 2018, un porcentaje apenas simbólico para los economistas privados, pero que el Gobierno pretende exhibir como señal de austeridad. De hecho, la purga de familiares finalmente solo alcanzó a 12 funcionarios, tal como consignó LA NACION.

Despidos

Empero, este ajuste en las empresas del Estado genera una gran preocupación en su dotación de personal.

En los últimos dos años se despidieron unas 2300 personas, con lo que el plantel actual es de 108.249 agentes. La poda continúa este año: el mes pasado, por caso, fueron despedidos 215 empleados de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT); es el primer lote de un total de 500 despidos que propone ejecutar su interventor, Omar Zeidan. Por otra parte, en Lotería Nacional está pendiente el destino de unos 200 empleados tras la disolución, por decreto, de esa empresa, la cual fue transferida a la Lotería de la Ciudad.

Otro caso es el de Fabricaciones Militares: el mes pasado unas 220 personas quedaron cesantes tras el cierre de una planta estatal de Azul. El interventor de la empresa, Luis Riva, indicó que sería reabsorbida por otras plantas de Fabricaciones Militares.

De acuerdo con la información que Jefatura de Gabinete suministró a LA NACION, solo 13 de las 33 empresas del Estado tienen sus cuentas en equilibrio y no reciben un solo peso del Tesoro para solventar sus gastos corrientes (pago de sueldos y demás gastos operativos).

Las 20 restantes, en cambio, demandarán este año unos $51.000 millones del Estado para este concepto, a los que deberán sumarse otros $38.000 millones para gastos de capital, es decir, para mantener o ampliar su infraestructura. Así, las transferencias totales del Tesoro totalizarán este año casi $90.000 millones. Las empresas que mayores transferencias del Tesoro demandarán son, previsiblemente, las que tienen tarifas subsidiadas por el Estado: ferrocarriles y Enarsa.

El caso más significativo es el de los ferrocarriles (de carga y de pasajeros); este año el Estado les transferirá 28,3 mil millones de pesos para afrontar sus gastos corrientes, un 18% más que el año pasado.

En cambio, Enarsa muestra un declive sostenido desde 2015: merced al aumento en las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno, en 2018 demandará $10.000 millones para sus gastos corrientes. En 2015 esa cifra era de $27.145 millones.

El resto de las empresas en rojo muestra un desempeño dispar. Las más comprometidas, señala el informe de Jefatura de Gabinete, son YCRT, Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, con 2463 empleados, demandará este año $3436 millones del Tesoro; Télam, con 893 agentes, insumirá otros $812 millones, mientras que RTA, con 2668 trabajadores, percibirá $2777 millones. En el Gobierno sacan las cuentas. "Cada empleado le cuesta al Estado un promedio de un millón de pesos anuales. Esto es inviable", sentencian.

En el caso de RTA, su titular, Hernán Lombardi, comenzó un plan de ahorro que contempla, por ahora, reducción de horas extras, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Como anticipó LA NACION el mes pasado, la dirección de la empresa dispuso no aumentar los sueldos del personal este año atento a que, según se esgrimió, los sueldos de la TV Pública se encuentran muy por encima de los del resto de la industria televisiva.

Repunte

Por el contrario, hay empresas públicas que otrora implicaron fuertes pérdidas para el Estado y que en los últimos dos años mejoraron sustantivamente su desempeño, destacan en la Casa Rosada. Son los casos de Aerolíneas Argentinas y de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Respecto de la línea aérea estatal, el año pasado por primera vez cumplió su presupuesto de $3000 millones y no requirió subsidios extras del Estado; el año próximo las transferencias del Tesoro se reducirán a casi la mitad: $1800 millones. El presidente de la compañía, Mario Dell'Acqua, anticipó que aspira a alcanzar el "déficit cero" en 2019.

El caso de AySA también es motivo de elogios en el Gobierno: en 2015 insumió unos $3000 millones del Tesoro para afrontar sus gastos corrientes; en 2018 esa cifra se reducirá a solo 24 millones.

Eso sí, la empresa de aguas continúa demandando del Estado nacional fuertes erogaciones de capital para obras de infraestructura (ampliación de la red de agua potable y cloacas) por lo que el rojo será de $13.656 millones al final del ejercicio.

En Jefatura de Gabinete son optimistas. "En diciembre de 2015 el Gobierno encontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas reinaba la corrupción", indican.

Esta situación, sostienen en el Gobierno, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. Pero la evolución entusiasma a los funcionarios nacionales que tienen su mirada puesta en el déficit presupuestario: dolo dos empresas tuvieron superávit operativo en 2015. En 2016 ya fueron siete y la idea es que la mayoría tenga déficit cero en pocos años más. Esa es la expectativa de la administración nacional.

Denuncian a funcionarios del ministerio de Defensa por irregularidades en la Campaña Antártica

Por Alejandro Alfie - Clarin.com

La Oficina Anticorrupción investiga el direccionamiento en la licitación de un rompehielos, dos helicópteros y un barco polar. Denuncian a funcionarios del ministerio de Defensa por irregularidades en la Campaña Antártica

El rompehielos Almirante Irízar y el aviso Estrecho de San Carlos, en las Orcadas. El buque recién volvió a hacer la campaña antártica este año.

La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia judicial por "negociaciones incompatibles con la función pública" contra el hoy director de Sanidad de la Armada, comodoro Marcelo Cristian Tarapow, y ex funcionarios del actual gobierno, por un intento de direccionamiento en la licitación de la Campaña Antártica Verano 2016/2017, que tenía un presupuesto de $ 552 millones. "Surgen de esta profusa investigación importantes hallazgos que evidencian un accionar carente de parcialidad, en el que se habrían insertado intereses particulares, en miras a favorecer a la firma Trade Baires International SA, dañando con ello la imagen y el prestigio de la administración pública", sostuvo en su denuncia judicial la Oficina Anticorrupción (OA).

El comodoro acusado por la Oficina Anticorrupción es hermano de Guillermo Tarapow, quien estaba a cargo del rompehielos Irízar cuando ocurrió el incendio devastador, hace poco más de 10 años.

El trámite de la licitación había empezado en mayo de 2016, cuando el Ministerio de Defensa estaba ocupado por el actual senador riojano Julio Martínez (UCR). El plan era contratar un buque polar, un rompehielos y dos "helicópteros pesados navalizados", para lo cual se habían presentado cuatro empresas oferentes. Sin embargo, no se hizo la contratación, porque tres proveedores no cumplían con todos los requisitos establecidos por Tarapow en el pliego de licitación y el cuarto oferente, que era Trade Baires, pretendía cobrar un 51% más que lo presupuestado.

En la denuncia, la OA planteó que Tarapow generó las condiciones técnicas en el trámite de la licitación para que Trade Baires sea el único proveedor en condiciones de cumplir con las especificaciones requeridas. Es que en los pliegos elaborados por Tarapow se estableció que el Estado iba a elegir a la empresa que pudiera proveer los elementos en forma "total, en bloque y a un mismo oferente". Además, se pedía que el buque polar tuviera una "cubierta de vuelo y hangar por diseño", algo que sólo cumplía el buque Vasiliy Golovnin, de Trade Baires.

De hecho, pese a que esa empresa ofertó en la licitación por US$ 30,7 millones, que era un 51% más de la previsión presupuestaria, Tarapow propuso aceptar la propuesta, "ponderando su cumplimiento desde el punto estrictamente técnico y desestimando las restantes ofertas". Fue luego la Comisión Evaluadora de Contrataciones del Ministerio de Defensa la que desestimó todas las ofertas, incluidas la de Trade Baires, por el excesivo monto ofertado en la licitación.

La Oficina Anticorrupción se preguntó "cuáles han sido los argumentos brindados por el comodoro de marina Tarapow a fin de requerir la contratación" conjunta y en bloque. Además planteó que debió "fundar debidamente" ese requisito. Y lo acusó, directamente: "¿O será que tras el velo de esta solicitud se escondió un solapado interés en beneficiar a Trade Baires International, firma que dispone, a diferencia de otros proveedores (oferentes), tanto de un Buque Polar (Vasiliy Golovnin) como de un Rompehielos?".

La denuncia de la OA, también mencionó que a todo eso "debe sumarse su vinculación previa con la firma de mención y el Buque Polar Vasiliy Golovnin, ya que había sido el encargado de dirigir la Campaña Antártica de Verano 2015/2016, empresa que se concretó a través de la utilización de dicha embarcación".

Consultados por Clarín, desde la Armada intentaron deslindar responsabilidades y señalaron que "si bien la Armada cede personal y medios navales para la campaña antártica, el Comando operacional del Estado Mayor conjunto del ministerio de Defensa es el responsable de la planificación, conducción y logística de las campañas antárticas". Además, aseguraron que "esa licitación se cayó por costos excesivos de las ofertas y la Campaña Antártica Verano se hizo con medios de la Armada". 

El organismo que dirige Laura Alonso aseguró que, más allá de la caída de la licitación, el delito se habría cometido al intentar direccionar esa licitación. Y también pidió investigar a ex funcionarios del Ministerio de Defensa, como Walter Ceballos, que en ese entonces era secretario de Servicios Logísticos del Ministerio de Defensa, ya que encabezó una misión paralela para realizar una contratación directa con una empresa sudafricana que participaba en esa licitación.

Fue tal el escándalo que se generó en su momento con esta licitación, que el Gobierno realizó la Campaña Antártica Verano 2016/2017 con medios propios, sin rompehielos ni buque polar, por la mitad del precio que se había establecido en la licitación original. Para ello usó barcos propios y tres aviones Hércules.

En cambio, este año el Gobierno puso en el mar al rompehielos Irízar, que en 2007 se incendió y recién volvió a ponerse en funcionamiento en la Campaña Antártica Verano 2017/2018, que arrancó en diciembre del año pasado.

Revelan un negociado de De Vido con escuelas técnicas a través de Vialidad

LPO - El organismo se presentó en la Justicia luego de una auditoría interna que detectó el desvío de fondos a la UTN.

Julio de Vido quedó envuelto en otro negociado luego de una denuncia sobre el desvío de fondos durante la gestión kirchnerista de Vialidad Nacional a escuelas técnicas.

Las nuevas autoridades de Vialidad, el organismo encargado de hacer rutas, detectaron que la gestión anterior se tomó la atribución de tener planta docente, lo que tiene prohibido por ley, puesto que eso es competencia del ministerio de educación. A través de este mecanismo, en Vialidad estiman que se desviaron 200 millones de pesos.

Después de una investigación interna de más de dos años, el 1º de febrero Vialidad presentó una denuncia -a la que accedió LPO- sobre la presunta creación de un andamiaje y estructura al interior del organismo para el desembolso de pagos irregulares, con dudoso destino y sin una rendición de cuentas adecuada, mediante el funcionamiento de cinco escuelas técnicas y de la Coordinación General de Distritos que era dirigida por Rodolfo Villa, funcionario que respondía a De Vido.

De esta investigación, según fuentes del Gobierno, se destapó la creación irregular de una planta transitoria docente y la utilización de estas escuelas técnicas para el desvío de fondos mediante la Universidad Tecnológica Nacional. De Vido está preso por una causa de desvío de fondos de la empresa estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (Ycrt) a través de convenios con la UTN.

Al respecto, se han identificado irregularidades en la celebración de convenios con UTN en perjuicio de los intereses de Vialidad; la creación de una estructura académica de formación desproporcionada con los fines asignados a Vialidad, con pagos en salarios que superan los cincuenta millones anuales en el pago de horas cátedra.

Por otro lado, se detectó el desvío de fondos y una deficiente rendición de los gastos, además de la utilización de los bienes y activos de Vialidad en favor de intereses ajenos al organismo.

Esta auditoría interna señala además en su informe la falta de criterio normativo uniforme para regir la relación laboral existente entre las Plantas Transitorias Educativas y Vialidad; la omisión de llamado a concursos públicos y abiertos para la designación del personal docente de las plantas transitorias educativas y la falta de protocolos adicionales que regulen el procedimiento de designación del personal docente y no docente de las plantas transitorias educativas.

Se detectó el desvío de fondos y una deficiente rendición de los gastos, además de la utilización de los bienes y activos de Vialidad en favor de intereses ajenos al organismo 

Al mismo tiempo, se cuestionaron las aprobaciones de estas plantas en forma extemporánea, y la carencia de actos administrativos de designación para los últimos períodos, así como la incompatibilidad por desempeño simultáneo entre un cargo de estructura orgánica de Vialidad respecto de un cargo de conducción de la escuelas técnicas de Vialidad.

También se detectaron gastos de "Articulación" y "Coordinación" sin especificar en las facturas los conceptos incluidos y sin acto administrativo previo que respalde esos gastos.

Además de Rodolfo Villa, quienes aparecen en la denuncia son José Luis Pugliese, supervisor de Formación Técnico Profesional de la Coordinación General de Distritos; Alfredo López, supervisor de los establecimientos educativos y enlace con la UTN; Leandro Sverdlik como Jefe del 1° Distrito; Manuel Keumurudji, subgerente de Asuntos Jurídicos y Jorge Medina, Coordinador General de Escuelas de Vialidad.

También se denunció al grupo directivo de la anterior gestión de la UTN, quienes en conjunto con funcionarios internos a Vialidad llevaron adelante las actividades.

Tras esta investigación, en el Gobierno explicaron a LPO que la nueva gestión de Vialidad buscó sacar de la ilegalidad a las escuelas técnicas y para ello impulsó un acuerdo con la nueva gestión del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, a los fines de tomar intervención sobre el proyecto de educación técnica del organismo y garantizar su correcto y legal funcionamiento. Por lo tanto, la UTN se encargará de la administración de la gestión académica de las Escuelas Técnicas con una "propuesta innovadora".

Antes de la desaparición del ARA San Juan, la Armada quería renovar la flota de submarinos

Por Andrés Klipphan - Infobae.com

Un informe "secreto" al que accedió Infobae, revela las intenciones de la fuerza de adquirir nuevos sumergibles por el mal estado general de los buques criollos.

La desaparición del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes, el 15 de noviembre de 2017, sorprendió a la Armada Argentina en medio de un debate interno para renovar la flota de submarinos.

Tres documentos incorporados por la propia Armada a la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, revela la intención de contar con cinco sumergibles de "sexta generación" por el mal estado general de los sumergibles criollos. Se trata de papers rotulados con el sello de "SECRETO" fechados en el mes de abril y junio de los años 2016 y 2017.

Además de describir los aspectos técnicos de los buques de guerra disponibles en el mercado (el más votado fue el alemán 209/1400), el "COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS" volcó en papel la descarnada situación de la flota actual a la que calificó en "estado de obsolescencia".

Entre los argumentos principales para la adquisición de los modernos submarinos, se afirma que esa es la única manera de cumplir con las metas pautadas históricamente para esa fuerza por la DEMIL que significa "Directiva Estratégica Militar", y que en tiempo de paz parecen excesivas, pero que internamente es evidente que se siguen proyectando:

– Desgastar a las fuerzas navales y/o tráfico marino del oponente.

– Ataques a fuerzas navales.

– Operaciones de minado.

– Obtención de información.

– Operaciones de ataque con misiles tácticos a objetivos terrestres, entre otras acciones.

Desconocimiento oficial. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se mostró sorprendido cuando Infobae lo consultó sobre el proyecto que desde hacía dos años venía elaborando el comando de submarinos para la adquisición de cinco nuevos submarinos, los objetivos que aducían en la documentación para sostener la propuesta, y las quejas internas, y volcadas en las actas "secretas", sobre el fallido reequipamiento de las Fuerza Armadas, denominado "PLANCAMIL" (Plan de Capacidades Militares), anunciado en 2011 por Arturo Puricelli, el entonces ministro del área de Cristina Kirchner y que quedó solo en palabras.

Sobre estos temas, Aguad le dijo a Infobae: "Dentro del ministerio de Defensa, o del Estado Mayor Conjunto, en los años 2016-2017 no hay ningún estudio de esa naturaleza. Puede que en la Armada alguien haya hecho eso. Lo desconozco. Ha habido un plan de equipamiento, para las Fuerzas Armadas, ese plan aún existe, pero sobre el plan que me consulta (por la adquisición de submarinos de sexta generación) no solamente no tengo conocimiento, sino que no se conversó de eso. No tengo otra información".

Durante el diálogo telefónico con este medio, Aguad estaba en el norte de nuestro país supervisando el despliegue que realiza el Ejército Argentino en la provincia de Salta azotada por las inundaciones. Esa fuerza militar desplegó, junto a la Cruz Roja, tiendas de campaña con víveres y atención sanitaria. También estaba instalando un puente portátil para unir ciudades aisladas por el desborde del Río Pilcomayo.

La última imagen: dos meses antes de partir a Ushuaia toda la tripulación se sacó una foto arriba del ARA San Juan. Fue el 1º de agosto de este año.

En el mismo documento que el ministro Aguad asegura que la Armada Argentina, por entonces a cargo del almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, no elevó a Defensa, y elaborado en el 30 de abril de 2017, en el punto 9 el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, brindó detalles sobre las "obras pendientes" en el ARA San Juan.

Las "falencias" que detalla son las siguientes: los sonares tienen "ruido eléctrico"; "el sistema hidráulico tiene pérdidas"; hay "filtraciones en el tanque de combustible"; "está pendiente verificar el ruido en la línea de eje"; entre otras. Sobre este punto, el comandante -y uno de los 44 tripulantes desaparecidos- informa que sólo es posible repararlo en "dique seco".

El informe recuerda que era imprescindible "tramitar la imperiosa entrada a dique seco del ARA San Juan durante el primer semestre del año 2018 a fin de asegurar su operatividad, dado que lleva en la actualidad 39 meses sin realizar el mantenimiento correspondiente que, de acuerdo con el manual del fabricante, debería ser cada 18 meses".

Como reveló Infobae, esa era la razón por la cual el sumergible no podía navegar a una profundidad mayor de 100 metros ya que a mayor distancia no estaba certificada su "estanqueidad". "La no renovación de los submarinos existentes implica la pérdida gradual de capacidades únicas de combate y disuasivas de la Armada Argentina", se describe en los documentos.

En el punto 11 del mismo documento titulado: "Estudio de Comando Mayor del COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS. Submarinos de 6ta. Generación" el capitán de navío Claudio Javier Villamide -en la actualidad en disponibilidad preventiva- se queja porque el Plan de Capacidades Militares anunciado durante el gobierno de Cristina Kirchner "era bastante ambicioso", pero que "no pudo cumplirse".

Como ejemplos sostiene que el PLANCAMIL "hablaba de mantener, reparar los actuales submarinos, y recuperar un submarino más, que era el San Luis, ampliar otro submarino, que era el Santa Fe, y comprar cinco submarinos más además de un buque de apoyo de submarinos (un Buque Madres)".

Flota Argentina

El tema de la adquisición de cinco nuevos sumergibles no era sencillo y tenía sus complicaciones. Así queda demostrado en la proliferación de documentos oficiales que analiza la jueza Yañez.

La magistrada ya solicitó la participación de peritos extranjeros para tener una mirada lo más imparcial posible sobre los inconvenientes técnicos con los que el ARA San Juan fue autorizado a navegar. Sucede que hasta en estos papers, donde el tema principal es la compra de nuevos buques de guerra, las deficiencias del sumergible desaparecido, quedó patentizado.

Bajo el subtítulo de "Análisis del problema", un segundo documento, está fechado en junio de 2017, esto es cinco meses antes de la desaparición del ARA San Juan, se destaca que "en la actualidad la fuerza de submarinos cuenta con tres submarinos; dos de los cuales se encuentran en estado operativo: El submarino ARA Salta, perteneciente a la cuarta generación de submarinos, el cual ha superado ampliamente su vida útil (…)".

En el párrafo siguiente el documento aborda una vez más la situación del sumergible siniestrado. "El ARA San Juan incorporado en 1985, junto con el submarino ARA Santa Cruz, pertenecen a la quinta generación de submarinos".

Allí se describe que el San Juan tuvo su reparación de media vida, que se cortó el casco para el "recambio de los motores diésel y el recambio de los elementos de batería (utilizándose en este caso el replacado de las mismas)", es decir que no se las cambió por otras nuevas.

Sobre el ARA Santa Cruz, los marinos recuerdan que se encuentra en el complejo CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino), que depende de Presidencia de la Nación, "realizando reparaciones mayores y cambio de baterías".

Submarinos de sexta generación.

El documento al que Infobae accedió de manera exclusiva, y que está firmado por el ahora ex Comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, y por el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Aníbal Alonso, recuerda que "en las anteriores oportunidades que la Armada enfrentó el mismo problema, incorporación/reemplazo de submarinos, lo resolvió comprando submarinos nuevos en tres oportunidades y comprando submarinos usados en dos oportunidades, disponibles luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial".

También reconoce que "en la actualidad no existe abundancia de ofertas de submarinos por Armadas que se encuentren desafectando unidades". Por esta cuestión el abordaje de los marinos argentinos estuvo centrado los submarinos de sexta generación nuevos disponibles en el mercado.

Algunos de los evaluados fueron:

–Submarino Clase Scorpene, de origen francés, y que es utilizado, entre otras marinas por la chilena, la india, la Marina Real de Malasia y la de Brasil. Esta última, aclara el documento, ya solicitó cuatro submarinos Scorpene de propulsión diésel-eléctricos los cuales "están siendo construidos por una empresa conjunta formada por la francesa DCNS y la compañía brasileña Odebrecht", la misma del escándalo de los sobornos.

-El Submarino Clase 214. De propulsión diésel-eléctrica "se ha convertido en un éxito de ventas para la industria de submarinos alemana", refuerza el documento, y destaca que marinas como la de Grecia, Corea del Sur y Portugal los cuentan entre sus filas.

–Submarino Tipo 209. Fue el más votado por el Consejo Asesor del Arma Submarina y por ende la clase de buque que la Armada recomienda incorporar. Entre sus virtudes, según los oficiales que lo propusieron, este submarino de sexta generación es "convencional de ataque diésel/eléctricos, desarrollado por un consorcio alemán y a pesar de no ser operado por la Marina de dicho país, ha sido un éxito de exportación". La Armada de Turquía es el mayor consumidor de ese buque y "el primer usuario fue la Armada de Grecia". El informe también destaca que el submarino más votado por la armada de nuestro país "tiene capacidad para llevar 14 torpedos" y la tripulación que puede llevar a bordo "es de entre 30 y 36 hombres".

La desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes, en primer lugar, interrumpió las disquisiciones de la Marina para la compra de nuevos sumergibles; pero también agravó el estado de una flota ya diezmada y en "estado de obsolescencia", tal la definición que la Armada hace de ella.

Comentario: Del informe se desprende, la ausencia de coherencia, decisión y control entre el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina. Parecería que los ministerios públicos son un mazo de naipes para repartir los porotos ganados en un partido de "truco" -un juego en que las mentiras es parte del mismo juego...pero en donde existe la ausencia de patriotismo, firmeza y caridad con el prójimo -los miembros de las FFAA-. 

El Gobierno prepara nuevos recortes y muchos funcionarios temen por sus puestos

Por Silvia Mercado - Infobae.com - smercado@infobae.com
Se viene un ajuste en la planta política y nadie tiene seguro si sigue, cómo y con qué sueldo. Por suerte para la mesa chica, volvió Jaime Durán Barba a Buenos Aires.

Marcos Peña reunió el miércoles por la noche a parte de su equipo en la casa de uno de ellos. Estaban inquietos. Les aseguró que solo van a dar las batallas necesarias y no crearán conflictos para fortalecerse en el poder. Reconoció que las cosas no estaban saliendo como habían querido, pero insistió con que el rumbo es el correcto. Y los tranquilizó con lo que más les preocupaba, porque les dijo que no existe ninguna posibilidad de que pierdan las elecciones en el 2019. Como siempre, logró sedarlos.

El Gobierno pasa por un momento especialmente difícil. Está obligado a hacer un ajuste en medio de una fuerte caída de imagen y con una macroeconomía que está muy lejos de provocar noticias positivas en la vida cotidiana, ese espacio imposible de manipular por cualquier relato, porque se trata de la realidad más pura, la que mide qué se podía pagar el año pasado a esta altura y qué se puede pagar ahora.

Desde Mauricio Macri para abajo, las principales espadas creían que este momento de ajuste se daría en un contexto más optimista de la economía y sin incertidumbres, pero los pronósticos no anduvieron y todavía no tienen demasiado en claro por qué. "Utilizaron remedios para bajar la inflación que ya fracasaron en otras etapas porque están negados a las enseñanzas de la historia económica argentina", explicó un economista que los quiere.

"No pegan una, pusieron los aumentos en febrero, porque hay gran cantidad de variables que dan negativo en esta época, pero la dinámica inflacionaria es tan alta, que superará todas las expectativas", analizó una experta en precios al consumidor.

Esa sensación de que todo les cuesta más que a cualquier otro gobierno es el sentimiento que domina entre los funcionarios. Por otro lado, el principal ajuste tiene que hacerse adentro mismo de la administración. No con los ñoquis que no van a trabajar o cumplen funciones irrelevantes solamente para cobrar un sueldo, ya que el esfuerzo de probar sus incumplimientos es ciclópeo, sino con la propia tropa. En el caso del equipo del jefe de Gabinete, gente que viene trabajando para la comunicación de Mauricio Macri hace años y hoy no saben exactamente dónde seguirán, ni cómo, tampoco cuánto ganarán.

La Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Jorge Grecco, tiene tres subsecretarías: Contenidos de Difusión, que tiene al frente a Ezequiel Colombo, el funcionario que concentra el diseño de las campañas de publicidad; Vínculo Ciudadano, conducida por Julieta Goldman, es una oficina clave desde donde se dirige la estrategia en redes sociales de todo el Gobierno; y Comunicación Pública estaba a cargo de "Juano" Gentile, que falleció el año pasado y significó una gran pérdida para el equipo de comunicación del PRO.  Gustavo Gómez Repetto lo reemplazaría, y de hecho está a cargo de la función, pero aún no salió su nombramiento.

Por el ajuste general, se eliminarían esas tres subsecretarías. Y esos tres funcionarios, claves para la comunicación del Gobierno, no saben si sus funciones serán eliminadas, o agrupadas en otras áreas, o simplemente quedarán como asesores externos, sin responsabilidad administrativa. "En principio quedan todos, pero (los cambios) están en proceso", dijo un funcionario del área, que también desmintió que hubiera cualquier tipo de malestar. Sin embargo, Infobae pudo constatar desorden y desconcierto entre los principales cuadros político-técnicos del oficialismo.

"Están bebiendo de su propia medicina", dijo un Secretario que sabe que su "raviol" en la estructura desaparecerá cuando se publique en el Boletín Oficial el nuevo organigrama del Gobierno. Es que el achique de la planta política de la administración fue ordenada por la propia Jefatura de Gabinete que, en un principio, no había mostrado sus recortes. Pero, obviamente, está obligada a dar el ejemplo, así que la sangría está resultando dolorosa e incómoda porque, en general, se trata de profesionales que vienen acompañando al PRO desde hace muchos años.

Es el caso de otro funcionario, actualmente director nacional, recordó que en la primer reunión de Gabinete ampliado, Macri hizo levantar a los que venían de la actividad privada al Gobierno. "A mí me molestó, resulta que los que apostamos al servicio público, ganando poco y corriendo riesgos, ya no valíamos nada y nos tuvimos que someter a imposiciones de gente que no tiene ninguna experiencia en gestionar ni sabe de qué se trata el Estado, y tampoco conoce la cultura del PRO", se quejó amargamente, mientras imprimía su Currílum Vitae, con ganas de renunciar. "Era obvio que las cosas no iban a salir bien", concluyó.

Para tranquilidad de los estrategas del PRO, Jaime Durán Barba volvió a la Argentina, y con otro triunfo en la cocarda, la victoria del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, a quien asesora desde el último trimestre del año pasado para la consulta popular de siete preguntas, donde obtuvo una contundente victoria contra las posiciones de su ex padrino político, Rafael Correa, con porcentajes que llegaron a 70% contra 30% . "Soy macrista-leninista", contestó el consultor cuando un periodista le preguntó su ideología y no mintió. Además de trabajar para el argentino, cuando hizo esas declaraciones ya había sido contratado por su viejo amigo de la juventud, cuando era militante trotskista.

Durán Barba logró que su cliente gane el domingo 4, se quedó dos días más en Quito y el miércoles ya estaba en Buenos Aires, donde se esperaba ansiosamente su llegada. Salvo con Macri, tiene previsto verse en pocos días con todos los accionistas del PRO, a quienes conoce hace más de diez años y para los que trabaja en forma exclusiva en la Argentina, es decir, para ningún otro funcionario o candidato, aunque sea parte de Cambiemos. Almorzó el jueves con Peña, tenía previsto verse el viernes con Horacio Rodríguez Larreta y se supone que durante el fin de semana largo con María Eugenia Vidal. 

"La caída de imagen no nos preocupa, pero sí nos ocupa", dijo a Infobae un miembro de la mesa chiquita del oficialismo. Y aunque nadie quiere anticiparlo, circulan rumores de un cambio en la estrategia de comunicación del Gobierno, que se plasmaría en la disolución de las áreas de Vinculación Ciudadana (redes sociales, que solo estarían focalizadas en el Presidente) y la dedicación a un esfuerzo "explicativo" de las políticas ante líderes de opinión del que, en líneas generales, siempre se renegó durante los ocho años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Optimista, agregó que "no había otra manera de hacer lo que se hizo y el Presidente demostró que no tiene problemas en invertir su propio capital político para hacer lo que hay que hacer". El problema es si alcanza con el ajuste realizado hasta ahora en un contexto de volatilidad financiera global que podría desatarse en cualquier momento. Para ese escenario no hay respuesta.

Disputas comerciales e internas palaciegas aún traban el acuerdo político Mercosur-Unión Europea

Por Román Lejtman - Infobae.com

Mauricio Macri y Angela Merkel presionan a los negociadores de ambos bloques regionales, pero el debate por los cuotas de exportación se transformó en una partida de ajedrez con final abierto

Foto: Mauricio Macri y Angela Merkel durante la última cumbre del G20 en Hamburgo (EFE)

La carne vacuna, la leche, la propiedad intelectual y las internas palaciegas conspiran contra la intención de Mauricio Macri y Ángela Merkel de anunciar en las próximas semanas un acuerdo político entre el Mercosur y la Unión Europea.

El presidente argentino y la canciller alemana presionan a los negociadores de ambos bloques para llegar a la futura Cumbre del Mercosur con una declaración diplomática que demuestre que hay consenso político, pero el debate por los cuotas de exportación entre los eventuales socios comerciales se transformó en una partida de ajedrez con final abierto.

La próxima cumbre del Mercosur se hará en Asunción y la situación política es tan incierta que aún no se confirmó que los delegados de la UE volarán desde Bruselas a la capital de Paraguay para finiquitar las diferencias que preocupan al presidente Macri y a la canciller Merkel.

A los negociadores argentinos no les importa el volumen definitivo de carne vacuna que pueda exportarse desde el Mercosur. En Buenos Aires se apuesta al acuerdo con Europa como un hito institucional que tiene suficiente poder para multiplicar la inversión extranjera directa en la región. Una vaca más, una vaca menos, no hace ni mú en la Casa Rosada.

Pero en Uruguay y Paraguay, con mercados expansivos en la industria agropecuaria, las cuotas de exportación son importantes al momento de aceptar las propuestas de la UE. Montevideo está preocupado por la producción lechera y Asunción por la competencia en ciertos cortes vacunos.

Brasil tiene una posición bifronte. Su nomenclatura diplomática, refugiada en el Palacio Itamaraty, juega con el tiempo y se mueve con medida parsimonia. En cambio, la clase política que cuenta las horas para las elecciones presidenciales, suma presión y pretende que haya un anuncio histórico en la Cumbre del Mercosur en Paraguay.

Al otro lado del Océano Atlántico, los intereses comerciales y políticos se asemejan a un complejo rompecabezas con piezas bien definidas. Italia, España, Alemania y Portugal apuestan al acuerdo bilateral, mientras que Francia, Polonia e Irlanda emiten mensajes contradictorios y dilatan el cierre final del acuerdo político. Emmanuel Macron le dio su palabra a Macri, pero con el presidente francés los significados no siempre coinciden con los significantes, y en Bruselas no abundan los libros de semiología.

Los hackeos aumentaron un 700% en Argentina y el gobierno aceleró el comando de ciberseguridad

Por Martín Dinatale - mdinatale@infobae.com - Infobae.com

Entre 2017 hubo más de 3 millones de ataques cibernéticos al Estado y el sector privado; los detalles del plan de ciberseguridad y ciberdefensa

Los números son escalofriantes y despertaron una alerta en el gobierno: según datos oficiales, entre el 2016 y 2017 los hackeos detectados y procesados en la Argentina aumentaron un 700%.

Con este diagnóstico, que avanza sobre todos los estamentos del Estado y del sector privado, el presidente Mauricio Macri tomó la determinación de darle mayor celeridad y fondos al megaproyecto para la creación de un comando de ciberseguridad en conexión con el escudo de ciberdefensa de la órbita militar.

Un paper reservado del Ministerio de Modernización al que accedió Infobae revela en detalle el incremento de los hackeos en las Argentina: en el 2015 se registraron 2.252; en el 2016 un total de 422.672 y el año pasado la cifra creció 3.131.268 incidentes informáticos registrados tanto en el Estado como en las empresas. Pero hay muchos más, ya que estos apenas son los que se pudieron advertir o denunciar.

"La guerra cibernética nos atraviesa a todos en el Estado y cada vez es más peligrosa porque en lo inmediato puede repercutir en la vida de la gente, por ejemplo con la caída del sistema de una central eléctrica o con el ataque a un banco central", graficó un funcionario de la Casa Rosada abocado al tema.

Según la empresa norteamericana Fortinet que se dedica a crear programas de firewall (cortafuegos) cibernéticos en todo el mundo, en Latinoamérica hubo un creciente interés de los cibercriminales en relación al resto del mundo, siendo Argentina, Brasil y México los países con más ataques detectados por año en toda la región con valores promedio cercanos a los 10 ataques detectados por año por empresa/organización.

Así, los directivos de Fortinet expusieron ante Infobae que "las empresas en Argentina informan significativamente más ataques de todas las clases que en otros países de la región. Los ataques de inyección SQL se reportan más que en cualquier otro país y son los segundos en frecuencia después del phishing, el tipo de ataque más común".

En términos de inversión en ciberseguridad, Argentina está por encima del promedio de América Latina, según datos de Fortinet. El mercado de inversiones en ciberseguridad en Argentina es de 109 millones de dólares y ha crecido un 8% en 2017 con respecto al año anterior.  Pero aun no parece ser inversión suficiente. Si bien el 80% de los entrevistados en un estudio que hizo Fortinet informan que invierten el 20% o menos de su presupuesto de tecnología en seguridad, cerca del 40% ha aumentado sus inversiones en ciberseguridad el último año.

Mario Montoto, director de la revista DEF, mencionó en Infobae parafaseando a Leon Panetta, el ex titular de la CIA de Obama, que la guerra cibernética es "el próximo Pearl Harbor" al que nos enfrentemos. Además, Montoto destacó que ante un escenario amenazante se exige la máxima atención de las autoridades civiles y la total disponibilidad de los máximos responsables del Ministerio de Defensa, así como el involucramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado.

Durante el kirchnerismo se subestimó la cuestión. Sólo hubo intentos soslayados de armar una superestructura de ciberdefensa que no tuvo mucho alcance, menos aún presupuesto adecuado.

La gestión de Macri entendió en el 2016 que esta era una cuestión importante. Pero desde el año pasado y con los números de ataques cibernéticos en mano se aceleró todo el proceso para armar un esquema de ciberdefensa para el área militar y otra estructura de ciberseguridad que estará comandada por el ministro de Modernización Andrés Ibarra y tendrá bajo su órbita a la Agencia Federal de Inteligencia, la Cancillería y los Ministerio de Seguridad y de Justicia.

¿Qué se hizo hasta ahora desde el gobierno y qué se busca potenciar?

En el paper reservado del Ministerio de Modernización que accedió este medio se destaca que más allá del Comité de Ciberseguridad aprobado por el decreto 577/2017 se empezó a trabajar en una estrategia nacional con la colaboración del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA.

La estrategia diseñada hacia el presente y el futuro inmediato contempla los siguientes ejes:

Infraestructuras Críticas: para avanzar en la protección de las infraestructuras críticas nacionales, junto a personal de los Ministerios de Defensa y Seguridad y de la Fundación Sadosky se armó un plan de acción de "alto nivel para su protección". Así, se realizó una primara identificación de los organismos reguladores en la esfera nacional y se analizaron las experiencias de países más avanzados en la materia, como EEUU, Israel y la Unión Europea.

Capacitación: hay en marcha tanto en la Administración Publica Nacional como así también en Provincias y Municipios un programa de capacitación técnica para frenar ciberataques.

Programa Nacional de Infraestructuras Críticas: según el paper de Modernización hasta ahora hubo 6 entidades que se adhirieron a este plan y se encuentran en proceso varias organizaciones más, alcanzándose un total de 94 miembros entre organizaciones públicas y empresas privadas.

Gestión de Incidentes de Seguridad: el CERT Nacional procesó eventos y detectó y colaboró en la resolución incidentes de seguridad.

Escaneo de Vulnerabilidades: se analizaron las condiciones de seguridad de 470 sitios WEB de organismos públicos y privados, encontrando y alertando sobre vulnerabilidades.

Asistencia a otros organismos: el comité de ciberseguridad elaboró un plan de recomendaciones aplicables para optimizar la seguridad del Datacenter de ARSAT y la implementación del Datacenter del Ministerio de Modernización en la calle Perú.

Causas judiciales: hubo un intercambio de información con los jueces que llevan adelante causas judiciales de ciberataque.

Celulares: hay en marcha un programa especial del gobierno para generar un escudo cibernético de seguridad informática en las comunicaciones móviles de los funcionarios.  Este es un sistema similar al que usa Brasil donde los funcionarios tienen un esquema encriptado de mensajería.

Todo este trabajo del comando de ciberseguridad se está articulando con los gobiernos provinciales. Para esto, se les pidió a los gobernadores que respondan un cuestionario de relevamiento y en el desarrollo de un Formulario General para las Áreas de Seguridad.

Además, actualmente se están poniendo en marcha una plataforma de escaneo; un framework de pentesting colaborativo; un sistema GIS para mapeo de Infraestructuras Críticas; una red de detección de amenazas; un manual de buenas prácticas para el desarrollo seguro con una metodología para Estándares de Seguridad.

Desde la Cancillería aseguraron a Infobae que ya hubo trabajos de asesoramiento en ciberataques de Estados Unidos, Croacia, Italia, Corea del Sur, Chile, la Unión Europea y Gran Bretaña.

En paralelo a todo esto, desde el Ministerio de Defensa se aceleraron los procesos para darle mayor consistencia al Comado de Ciberdefensa.

"Los ataques cibernéticos son las guerras actuales y hay que actuar en consecuencia. Tenemos que avanzar rápido en evitar vulnerabilidades", dijo a Infobae un allegado al ministro Oscar Aguad.

En este "actuar rápido" que plantea Defensa hay un desafío inminente que tiene la Argentina en materia de ciberdefensa: la cumbre de presidentes del G20 que se realizará en noviembre en Buenos Aires y las 30 reuniones previas de ministros y secretarios de Estado. Para esto, el Ministerio de Defensa puso en marcha un comando unificado de ciberdefensa que se coordina con el Estado Mayor Conjunto.

Según fuentes calificadas del Ministerio de Defensa este plan contempla la inversión fuerte que se hizo en equipos y programas Firewall. A la vez, se piensa en sumar personal capacitado no sólo del área de defensa sino también del sector privado.

La tarea que lleva adelante este comando de ciberdefensa es la de protección de unidades militares sensibles, sitios vulnerables como centrales nucleares o hidroeléctricas y la creación de todo un sistema destinado a interactuar con el Ministerio de Modernización, la AFI y Seguridad.

Para la cumbre del G20 ya se dispuso la compra de tres radares de INVAP que estarán situados en lugares estratégicos de Buenos Aires en conexión con un barco de la Armada de uso múltiple de radarización que se usó en el 2016 cuando Obama visitó la Argentina.

Un pozo de nueve pisos de profundidad para aliviar inundaciones en cinco barrios

Por María Belén Etchenique - Clarin.com

Ahí funcionará un túnel que servirá como aliviador del arroyo Vega. Correrá por debajo de la calle Pampa y de las líneas B y D del subte. 

En Costanera Norte, se construyó un pozo inmenso que actuará como descarga del arroyo Vega. Foto: Matías Repetto/GCBA

No hay desvíos ni avenidas que se achican a un solo carril. No hay carteles de paso interrumpido, ni ruido de máquinas aturdiendo las calles. No acá, en esta obra, una de las más importantes de la Ciudad, aunque apenas sea perceptible para la mayoría de los vecinos. Muy cerca del Río de la Plata, hay un hoyo de 25 metros de profundidad y 35 de diámetro, el equivalente a un edificio subterráneo de nueve pisos, con una base casi tan grande como la fuente del Monumento a los Españoles. Es el futuro pozo de descarga del segundo emisario del arroyo Vega, un túnel de 8,4 kilómetros que correrá por debajo de la calle La Pampa y las líneas D y B del subte, y se usará para mitigar inundaciones en Agronomía, Villa Ortúzar, Parque Chas, Colegiales y Belgrano.

Es una megaobra hidráulica que se desarrolla a la altura de Costanera Norte, en un punto en el que la Ciudad no parece terminada: el piso es de tierra y arena, no hay árboles ni negocios, sólo mucho río y mucho cielo, que recortan los aviones que descienden hacia Aeroparque. A los costados del gran agujero hay obradores en fila, grúas con los brazos en movimiento, camiones de acoplados larguísimos, retroexcavadora, una fábrica y personas con cascos, botas y pecheras fluorescentes.

El arroyo Vega atraviesa la Ciudad de Oeste a Este hasta desembocar en esta zona. Cuando llueve mucho, su cuenca y su primer emisario -construido en la década de 1940- desbordan e inundan las calles. Frente a ese conducto saturado, 12 años atrás, se decidió que debía construirse otro. En 2017, empezó la excavación. Máquinas que iban mordiendo su propio suelo sacaron 25 mil metros cúbicos de tierra. Y el pozo, ahora definido, no sólo es la puerta de entrada al segundo emisario, también, cuando el sistema esté en funcionamiento, servirá como regulador del agua de las lluvias.

Hay dos maneras de bajar a esa gran fosa: una escalera angosta pegada a la circunferencia o adentro de una caja amarilla, colgada de una grúa. Ése es un descenso vertical en el que, primero, atrapa la vista del Río de la Plata y, después, el contorno grueso del pozo. Lo componen planchas de hormigón que llegan mucho más profundo de lo que se ve. Están enterradas superando el manto del acuífero Puelche, una gigantesca reserva de agua subterránea que la Ciudad comparte con otras provincias.

En los próximos días, en la parte baja del pozo se ensamblará la tuneladora alemana “Elisa”, como la bautizaron en una convocatoria del Gobierno porteño en homenaje a Elisa Beatriz Bachofen, la primera mujer graduada en Ingeniería en Argentina y Latinoamérica. Mide casi dos cuadras y para trasladarla se necesitaron 118 camiones. “Su dimensión y delicadeza obligan a manipularla en rodajas”, explica Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad. La obra depende de su área. “En marzo, empezará a perforar. Funciona como un gran taladro con un cabezal de corte y vagones atrás, que transportan equipos, operarios y la tierra excedente. Es que mientras cava, apuntala el hueco y va formando el túnel”, agrega. Seis piezas curvas de concreto -se las llama dovelas- forman una vuelta y lo van recubriendo. A metros del pozo, se montó una fábrica que proveerá a la obra de estos anillos.

“La tunelera funcionará de lunes a sábado, las 24 horas. El domingo será para mantenimiento. Calculamos un promedio de 20 metros de excavación diarios”, dice Eduardo Cohen, ingeniero a cargo del Plan Hidráulico de la Ciudad. La máquina sólo se usará en un primer tramo que empezará en el pozo y terminará en la calle Victorica, en Parque Chas. Ahí, se conectará con otro túnel. Ese segundo conducto se hará con una tuneladora distinta, de menor diámetro e irá por debajo de la calle Nueva York hasta Helguera, en Agronomía. “La razón de hacer dos túneles es que la cuenca se va angostando hacia el Oeste. Tiene forma de triángulo”, dice Moccia. Cuando la obra esté terminada, el emisario trabajará por gravedad y descargará el agua en el pozo, que escurrirá el líquido hacia el río por presión.

Se prevé que la concreción del segundo emisario del arroyo Vega sea en agosto de 2019. Foto: David Fernández.

La obra se completa con la construcción de 10 kilómetros de ramales y sumideros para conducir el agua de lluvia hacia el ducto principal. El objetivo es que entre el nuevo emisario y el más antiguo puedan soportar una tormenta de 81 mm en dos horas (hoy el límite está en 48). “Los trabajos en superficie serán mínimos -dice Moccia-. Es una megaobra que duplicará la capacidad de drenaje y pasará por debajo de la Ciudad sin molestar”.

Un programa contra las inundaciones

El Plan Director Hidráulico de la Ciudad atravesó varios años y gestiones. Como jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa lo convirtió en ley. Pero recién terminó de diseñarse en 2005. Su objetivo es paliar, a través de obras de infraestructura y programas de alerta, los efectos de precipitaciones y sudestadas.

Gran parte del proyecto consiste en concretar aliviadores para los arroyos entubados que desembocan en el Río de la Plata. La obra del arroyo Maldonado fue la primera del plan y la única hasta el momento terminada. Para triplicar su capacidad de escurrimiento, se construyeron dos aliviadores bajo la avenida Juan B. Justo.

Por la cantidad de personas a las que afecta en forma directa -315.000- le sigue en necesidad de concreción el segundo emisario del arroyo Vega. A diferencia de otras cuencas, la del Vega empieza y termina en suelo porteño. Frente al Río de la Plata está tomando forma y se prevé que se complete en agosto de 2019. Los costos de este tipo de infraestructuras están incluidos dentro del “Plan de Asistencia a la Gestión de Riesgo de Inundaciones para Buenos Aires”, que asciende a U$S 326 millones, solventados mediante un préstamo del Banco Mundial de U$S 200 millones, más U$S 126 millones de la Ciudad. Del total, U$S 135 millones son para la construcción del Vega, la contratista a cargo es una unión transitoria entre las empresas Roggio, Cartellone y Supercemento.

El tercer arroyo en importancia es el Medrano. Nace en el partido de Tres de Febrero, corre entubado por San Martín y Vicente López y entra a la Ciudad. Desde ahí, atraviesa Saavedra, Núñez, Villa Pueyrredón, Devoto, Coghlan y Villa Urquiza hasta su desembocadura en el Río de la Plata a la altura de Lugones. En su cuenca viven unas 500 mil personas, pero el 70% del arroyo está en Provincia y el 30% en Ciudad. Ahí también hacen falta aliviadores y hasta el momento sólo se hicieron paliativos: reservorios en un estacionamiento del shopping DOT, en Parque Sarmiento y Tecnópolis. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte dijeron que están evaluando un diseño de obra para esa cuenca.

Los arroyos Maldonado, Vega y Medrano no son los únicos que atraviesan la Ciudad y descargan sus afluentes en el Río de la Plata y en el Riachuelo. Pero el 70 por ciento de los problemas de inundaciones en Capital corresponden a sus desbordes.

Bullrich quiere forjar la nueva doctrina policial según el FBI (II)

Por Andrés Fidanza - Perfil.com

Equipos del ministerio y las fuerzas volarán a Quantico para modificar los currículos. Elogios de la DEA y Seguridad Interior.

Foto: Patricia Bullrich, se reunió con el director del FBI, James Comey

Patricia Bullrich quiere legitimar desde Estados Unidos su giro en la doctrina policial. Después de haber entronizado al policía Luis Chocobar, procesado por haberle disparado por la espalda a un delincuente, la ministra de Seguridad se dio un autocelebratorio en Washington. Ahí mantuvo reuniones, recibió elogios y cerró acuerdos de colaboración con el FBI, la DEA, la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security) y el Departamento de Estado. Al margen de los compromisos de letra chica alcanzados, el objetivo de su gira es alinear a la Argentina con la agenda estadounidense de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Busca darle una impronta distinta a la formación de las fuerzas federales basada en la inteligencia criminal y en la investigación, pilares de la tarea de formación de los agentes del FBI”, afirmaron desde el Ministerio de Seguridad. Ese fue, al menos hasta ayer, uno de los resultados más concretos del viaje de Bullrich.

La acompañaron el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman (viceministro en la práctica), y el director nacional de Cooperación Regional e Internacional, Gastón Schulmeister. La tropa argentina fue recibida en la academia de entrenamiento de los agentes del FBI ubicada en Quantico, Virginia, a pocos kilómetros de Washington.

Según detallaron desde el ministerio, “equipos de las fuerzas federales junto a autoridades del ministerio” viajarán a Quantico para “transformar los currículos” de las policías y agentes locales.

La promesa refundacional de la ministra coincide con su reciente defensa del policía Chocobar, quien mató por la espalda a un ladrón en La Boca. “Estamos cambiando la doctrina de la culpabilidad hacia el policía, que siempre era el culpable”, había teorizado Bullrich, poco antes de rumbear hacia Estados Unidos. Tras la cita con los funcionarios del FBI, Gerardo Milman se jactó ante Clarín: “Simpatizaban con la postura de la ministra”.

Antes y después de esa reunión, Bullrich estuvo en la Oficina de Seguridad Interior (Homeland Security) y en la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Con el aval macrista, las fuerzas de EE.UU. planean aumentar su influencia en la Argentina. “Propusimos que se instalen en la Triple Frontera”, explicitó Milman.

El macrismo avala la (vieja) versión de la política exterior estadounidense sobre la peligrosidad del grupo pro iraní Hezbollah. Incluso el fiscal Alberto Nisman lo había señalado, con información privilegiada de la CIA, como responsable del atentado a la AMIA.

El balance de la gira del equipo de Seguridad, sin embargo, parece tener un peso más simbólico que operativo. “Argentina vuelve a cooperar con la agenda de los países de los que queremos ser socios, y ya no con Venezuela e Irán”, opina un asesor de Bullrich. “Veremos qué trae realmente”, cuestiona un funcionario que no valora el perfil mediático de la Piba.

Ayer, la ministra partió hacia Miami, para encontrarse con el ministro de Defensa Oscar Aguad. Ambos quieren estrechar su relación con el llamado Comando Sur, brazo militar que mira hacia Latinoamérica.

Subastarán cinco terrenos militares en las zonas más caras de la Capital

Por  FLORENCIA LENDOIRO - Cronista.com

Están en Las Cañitas y Puerto Madero, en manzanas con precios de venta superiores a los u$s 4200. Integran una lista de 42 propiedades públicas que se venderán a privados a través de subastas. Algunos están ocupados, por ejemplo por un hipermercado y la sastrería militar

En pleno barrio porteño de Palermo, frente a la Mezquita Centro Cultural islámico Rey Fahd y el Campo Argentino de Polo, en la zona top gastronómica y comercial conocida como Las Cañitas. Allí, el Estado planea subastar uno de los 5 terrenos del Ejercito Argentino que pondrá en disponibilidad para vender, a través de un decreto que está listo para publicarse en el Boletín Oficial. La norma incluye en total 42 predios que serán subastados, 25 en Capital Federal. En la Agencia de Bienes del Estado calculan que la venta de estos terrenos genere u$s 400 millones.

En la lista de los inmuebles que se venderán, se destaca el de Palermo, junto al Regimiento Patricios porque además del altísimo valor que posee tiene una particularidad. Actualmente, está ocupado por un hipermercado Jumbo y un Easy. Según fuentes de la AABE, todavía el proceso de venta para ese terreno no está definido pero se va a respetar el contrato que se tiene con Cencosud hasta 2019. Una posibilidad sería que el propio grupo sea quien compre el terreno.

El predio en cuestión tiene 44.766 metros cuadrados para explotación comercial en Avenida Bullrich al 300. En esas manzanas, el valor del metro cuadrado es de alrededor de u$s 4300.

El resto de las propiedades militares tiene también también ubicaciones destacadas y están en uso, como la sastrería castrense. Se encuentra detrás del terreno donde está Jumbo, en Avenida Dorrego al 3000. Suma 5.927 metros cuadrados y una superficie cubierta ya de 5.698 metros cuadrados en los que se calcula que se pueden desarrollar casi 9500 metros cuadrados.

En la misma manzana saldrá a la venta otro terreno también en manos del Ejercito ubicado en Huergo al 100 de 6750 metros cuadrados con 5427 metros ya construidos y en el que se puede desarrollar el doble de edificación. Toda esa zona está rodeada de torres de departamentos premium, y restaurantes y bares de primer nivel. Allí se encuentra también el quinto terreno que saldrá a la venta, en Soldado de la Independencia al 500, de casi 3.500 metros cuadrados en los que se puede construir hasta 10.500.

En Capital Federal también se ofrecerá a inversores privados un terreno en Puerto Madero, en Avenida de los Italianos 365 de más de casi 5300 metros cuadrados en los se permitirán construir 25.000 metros cuadrados. En esa ubicación, los precios de venta promedian llegan a los u$s 5200 por metro cuadrado.

El grupo de propiedades incluidas en el decreto se completa con cuatro terrenos en la Provincia de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, tres en Mendoza y dos en Salta, con características diferentes cuyos procesos de venta se detallarán en los pliegos de las subastas.

El decreto es el primer paso para vender este tipo de terrenos de dominio público a privados. Los procesos de venta pueden ser distintos pero la idea oficial es evitar procesos de landbanking (la compra de predios que queden inactivos con cierta especulación de inversores para desarrollar), por lo que se incluye una cláusula que obliga a construir como mínimo en tres años. Si el comprador no lo cumpliera, el terreno vuelve a manos del Estado.

Empresas chinas invertirán u$s 150 millones para parque eólico en Argentina

(Cronista.com) - El emprendimiento se realizará en la localidad bonaerense de Tres Arroyos. Se trata del "primer gran proyecto" de inversión de China Energy Engineering y el China Lac Cooperation Fund en la Argentina.

Empresas chinas confirmaron hoy su decisión de financiar la inversión para el desarrollo de un parque Eólico en la provincia de Buenos Aires, por un monto de u$s 150 millones, informó la embajada argentina en Beijing.

Esta mañana, en la sede de la representación diplomática argentina en ese país, directivos de China Lac Cooperation Fund, China Energy Engineering Investment Corporation (CEEIC) y Golden Peaks Capital, mantuvieron un encuentro de trabajo con el embajador Diego Guelar.

En la ocasión, los empresarios confirmaron su decisión de financiar la inversión para el desarrollo del Parque Eólico Viento Reta en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, por un valor de u$s 150 millones, informó la embajada argentina en un comunicado.

Los empresarios explicaron que el jefe de la misión diplomática nacional que sus empresas “llegado un acuerdo para financiar y desarrollar conjuntamente el parque eólico de 100 MW Viento Reta”.

Al respecto, Guelar manifestó que “es el primer gran proyecto de inversión de China Energy Engineering y el China Lac Cooperation Fund en la Argentina; es un logro muy relevante porque este fondo es uno de los dos fondos soberanos para canalizar inversiones chinas en América Latina”.

El embajador argentino destacó que “el éxito de este proceso puede abrir puertas a más inversiones”.

Por su parte, las empresas manifestaron que esperan finalizar todos los detalles de la operación en los próximos meses.

El Gobierno acordó el despliegue de agentes de la DEA en la frontera norte

(Cronista.com) - La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. armará una ‘task force‘ (fuerza de intervención) con el objetivo de evitar el posible ingreso de estupefacientes al país.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obtuvo en Washington el compromiso de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de los Estados Unidos para armar una ‘task force‘ (fuerza de intervención) con capacidad de intervenir en el noreste argentino para evitar el posible ingreso de estupefacientes al país.   

Esta unidad se sumará a un grupo similar que ya opera en Salta, y que está formado “por policías federales y provinciales y agentes de DEA, que trabajan en zonas complejas "en las que se produce cocaína”, explicó Bullrich.

“Este compromiso incluye más analistas que nos ayuden a analizar de dónde viene la droga”, adelantó la funcionaria sobre la reunión que mantuvo ayer con el titular del organismo, Robert Patterson.

Bullrich se refirió de esta forma a los “especialistas estadounidenses que se incorporarían a trabajar, quienes ya se encuentran desarrollando actividades en la Argentina”.

“Nos pedían que nosotros mandemos la droga a Estados Unidos para que ellos (los funcionarios de la DEA) pudieran analizar de dónde venía, pero esto sería un incordio porque nos obligaba a pedirle a cada juez que autorizara la salida del material incautado. Entonces, es mejor que nos envíen la tecnología a la Argentina, nos formen a la gente, y nosotros analizamos las sustancias”, detalló Bullrich a medios argentinos.

La titular de la cartera de Seguridad recibió además la preocupación que le trasmitieron altos funcionarios estadounidenses sobre la presencia del grupo libanés Hezbollah en la Triple Frontera. 

“Es importante para nuestro gobierno poder colaborar con ellos y ellos colaborar con nosotros. Le hemos ofrecido tener un trabajo conjunto en la Triple Frontera por el tema terrorismo, y creemos que también vamos a poder contar con una representación de otras agencias, además de la DEA, que nos permita tener una mirada más profunda de lo que ahí está ocurriendo”, dijo a esta agencia el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

Asimismo, en lo que hace al terrorismo, Milman señaló que en las distintas reuniones que vienen llevando adelante, a las que se suman el FBI y el Ministerio de Seguridad Interior, “le propusimos instalarse en la frontera del lado de la Argentina porque ellos han mostrado siempre preocupación por Hezbollah”.

En ese sentido, Bullrich sostuvo que ahora lo que se necesita “es un centro de análisis con Paraguay y Brasil, efectivamente, no tanto sobre la discusión teórica sino quiénes, dónde y cómo operan y cuáles son las vinculaciones con el narcotráfico”.

“Nuestra preocupación ahora es el G-20. Un punto de atracción muy importante, tenemos que estar muy preparados para eso”, aclaró mencionando que para ello desde el Gobierno se parte “de dos hipótesis: una es terrorismo y la otra es vigilancia callejera”.

“Para terrorismo lo que necesitamos es una red de información que sea rápida, inmediata, online, que ya la tenemos, pero tenemos que profundizar por posible acercamiento, entrada de información de algún tipo de problema o atentado que pueda haber”, mencionó, remarcando que lo que “más preocupa” en lo que hace a la organización de la seguridad “es donde estamos más débil, que es el control del espacio aéreo”.

No obstante, con la reciente compra de nuevos aviones y de equipamiento tecnológico ofrecido por los Estados Unidos -que incluiría tecnología anti-explosivos, anti-químicos y electrónicos- se está llevando adelante el fortalecimiento de la cuestión aérea, agregó Bullrich, que también indicó que “cada país” participante del G-20 “quiere dar algo”. Y citó el caso de China, que “nos está donando escaners especiales”, dijo.

En lo que hace a la vigilancia callejera durante la cumbre, “hay intercambio de información con Europa, con Estados Unidos y con todos, sobre aquellos que han tenido participación violenta”, que incluye la lista de personas que fueron condenadas en Hamburgo tras los disturbios en la última reunión del G-20 en Alemania.

“Esas personas no van a poder entrar. Eso va a estar acordado”, explicó la ministra, para agregar que “con los locales la idea es tratar de trabajar para que no haya desborde de violencia”.

La delegación argentina del Ministerio de Seguridad -integrada también por el director de Cooperación Regional e Internacional, Gastón Schulmeister- cumplió una agenda de tres días de actividades en Washington y se reunirá este fin de semana en Miami con funcionarios del Comando Sur.

Quizas, agentes de la DEA y algo más...

Busca el Gobierno bajar el precio de los medicamentos

Por Liliana Franco - Ambito.com

Habrá cambios en la forma en que el PAMI compra. Quieren establecer valores máximos a pagar y en otros casos habrá licitaciones. El propósito es obtener un ahorro del 20%. Reparos en laboratorios.

El PAMI, el mayor demandante de medicamentos del país, comunicó a las cámaras que representan a la industria farmacéutica que cambió la forma en que la obra social de los jubilados va a comprar fármacos con el propósito de lograr "bajas sustanciales" en los precios, según adelantaron fuentes de la Casa Rosada.

En 2017 el gasto de medicamentos realizados por el PAMI fue del orden de los $2.600 millones por mes. La idea es conseguir un ahorro en los precios del orden de 20%, según detallaron fuentes oficiales.

En una reunión que hubo esta semana en la Casa Rosada se les notificó a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) y a la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) que de ahora en más la obra social comprará los medicamentos negociando con cada cámara.

El PAMI significa el 40% de la compra total de medicamentos. Por el sistema antes vigente, las tres cámaras representativas de los laboratorios en conjunto hacían una oferta de descuentos al PAMI, en el orden de 40%, según precisan en medios del Gobierno. Ahora, "la nueva metodología obliga a las cámaras a negociar mejor cada una por sus asociados y evita la cartelización", según señalan fuentes oficiales. 

El nuevo procedimiento -que habría sido recibido con reparos por parte de los laboratorios- consiste en que el PAMI fijará un valor máximo al que está dispuesto a pagar por las drogas. Con este sistema se piensa que se podrá obtener mejores descuentos que se sumarán al que ya recibe el afiliado -entre 50 y 60 por ciento-.

En otros casos se llamará a licitación, como con el medicamento para la hemofilia, oportunidad en la que demandaron de manera conjunta el Ministerio de Salud, IOMA y PAMI. Fuentes del PAMI sostienen que con esta licitación esperan bajar 30% el gasto en este medicamento sin afectar la cantidad comprada ni las prestaciones, "es decir, se mantendrán los descuentos que son los mejores entre todos los que otorgan las obras sociales", precisan.

En medios de la obra social de los jubilados se anticipa también que "la compra mediante licitación se aplicará para la adquisición de drogas oncológicas". Al respecto, comentan que el PAMI "paga más caros algunos medicamentos oncológicos que los precios vigentes en países como Noruega, por citar sólo un ejemplo".

Otra de las cosas es que el PAMI buscará recuperar es el control y la auditoría de lo que paga por los remedios. En la actualidad, el software instalado en droguerías y farmacias que carga la información de la venta de medicamentos a afiliados del PAMI corresponde a la empresa Farmalink, pero fuentes oficiales anticipan que la obra social de los jubilados "desarrollará un software propio".

En medios de la Casa Rosada se asegura que "los medicamentos son 80% más caros que en los países vecinos" y en tal sentido anticipan que se tomarán nuevas medidas para bajar los precios de las especialidades medicinales.

Así, sostienen que avanza un proyecto para la compra conjunta de medicamentos que involucra al PAMI, el IOMA, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. 

Si se concretara esta iniciativa, el Estado podría comprar medicamentos por licitación nacional e internacional para el PAMI, el IOMA, los programas del Ministerio de Salud, los hospitales públicos, las obras sociales sindicales y las empresas de medicina privada.

El poder de negociación del Estado es claro si se toma en cuenta que sus compras representan más de $30.000 mil millones de pesos anuales en medicamentos de alto costo.

Una opción sería potenciar e incrementar la capacidad del "antiguo Laboratorio de Medicamento de las FFAA" ubicado en la calle Combate de Los Pozos para producir los medicamentos básicos de uso habitual para el PAMI y de empleo en los Hospitales Públicos a un costo lógico, pero...hay que cuidar la empresa privada. Y bue...