Buscan al submarino San Juan: la Armada confirmó que no fue encontrado, como trascendió (II)

(Clarin.com) - El navío habría sufrido un desperfecto técnico el miércoles por la mañana. Hay 37 personas a bordo.

Buscan al submarino San Juan: la Armada confirmó que no fue encontrado, como trascendió

El submarino ARA San Juan habría perdido contacto con base naval durante más de 36 horas. /Ministerio de Defensa

Un operativo de rescate dispuesto por el Comando Naval de Tránsito Marino intentaba localizar desde anoche a un submarino argentino con el que perdió contacto desde el miércoles.

El navío "ARA San Juan", que realizaba ejercicios de vigilancia en la zona económica exclusiva, a la altura de Puerto Madryn, habría sufrido hace más de 36 horas una falla y posterior incendio en el banco de baterías, el sistema que almacena la energía eléctrica abordo. Ese sería el motivo por el cual se interrumpió el contacto entre la tripulación del mismo (37 personas, entre ellas ocho oficiales) y la Base Naval de Puerto Belgrano.

“No se encontró al submarino”, afirmó el vocero de la Armada Enrique Balbi en medio de versiones que decían que ya estaba ubicado y siendo transportado a un puerto.

Las declaraciones del portavoz rompieron el hermetismo que se mantuvo desde anoche, cuando transcendió la noticia. “La última comunicación fue el miércoles”, dijo y aseguró que se desplegó un plan de búsqueda del submarino. “La versión del incendio no es una información oficial, pudo haber una falla técnica”, expresó Balbi. “Aún no tenemos comunicación”, sostuvo.

Las declaraciones del portavoz rompieron el hermetismo que se mantuvo desde anoche, cuando trascendió la noticia. “La última comunicación fue el miércoles”, dijo y aseguró que se desplegó un plan de búsqueda del submarino. “La versión del incendio no es una información oficial, pudo haber una falla técnica”, expresó Balbi. “Aún no tenemos comunicación”, sostuvo.

Para lograr detectar la ubicación de la nave se dispuso un procedimiento de búsqueda y rescate que cuenta con la participación de dos corbetas y una avioneta del ejército para rastrear la zona.

Los puntos centrales del acuerdo fiscal que Macri firmó con las provincias

Según la agencia Telam, el documento firmado este jueves por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores de todas las provincias, excepto San Luis, incluye entre sus temas principales el consenso de las provincias para bajar impuestos distorsivos; el pacto por el Fondo del Conurbano; y el compromiso de desistir sobre los juicios contra el gobierno nacional.

Los gobernadores de todas las provincias, excepto San Luis, firmaron este mediodía junto al presidente Mauricio Macri el acuerdo fiscal. 

El texto explicita compromisos comunes, del Estado nacional y de las provincias. Tras la firma,

el acuerdo será elevado en un plazo de 30 días por los Ejecutivos provinciales a las Legislaturas de cada distrito para la aprobación, “la modificación de las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal n”, según indica el texto. Además, queda abierto a San Luis, la única provincia no firrmante, para que se adhiera.

Los puntos centrales

- Impuestos distorsivos: las provincias se comprometieron a bajar Ingresos Brutos y Sellos por 1,5% del PBI en los próximos 5 años.

- Ley de Responsabilidad Fiscal: las provincias se comprometen a aprobar el proyecto de modicación

de la norma, enviado por el Ejecutivo al Congreso, y adherir al régimena antes del 18 de junio de 2018.

- Juicios contra el Estado: todas las provincias, menos San Luis, desistirán de los juicios contra el Gobierno (340.000 millones las provincias y 400.000 millones de la provincia de Buenos Aires por Fondo del Conurbano). Se abstendrán “de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de

competencias, servicios o funciones, por hechos o normas anteriores a la entrada en vigencia de este Consenso”.

- Fondo del Conurbano: se compensa a Buenos Aires “por la eliminación de la asignación especíca

contemplada en el inciso b del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La compensación será administrada por la provincia, se destinará a obras públicas y programas sociales del conurbano. Contempla "40 millones en 2018, y 65 millones en 2019 para la provincia".

- Régimen previsional: se impulsa la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria para que las prestaciones “se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”;  busca garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil y eliminar las jubilaciones de privilegio.

- Cajas previsionales provinciales no transferidas: el Gobierno se comprometió a financiar los déficit.

- Compensaciones a provincias: será a través de transferencias diarias y automáticas, “con un monto equivalente a la disminución de los recursos que resulten de la eliminación del artículo de la Ley del Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque”. Se coparticipará el impuesto por el revalúo impositivo, y "lo recaudado por el impuesto al cheque irá en su totalidad al Anses".

- Responsabilidad fiscal en los municipios: las provincias se comprometieron a "aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios a cada una de las jurisdicciones". También a establecer un régimen legal de de coparticipación de recursos provinciales con los municipios. Por último, promover la adecuación de las tasas municipales y crear una base en la que consten esas tasas.

- Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo con las valuaciones de mercado.

Cómo es el submarino ARA San Juan

Por Fernando Morales - Infobae.com - La nave es de origen alemán y se incorporó a la Armada Argentina en 1985. En 2014 fue reparada.

La Argentina cuenta con fuerza de submarinos desde 1933, cuando llegaron las primeras unidades de origen italiano. Desde esa fecha y hasta el presente el asiento de las naves está en la base naval de Mar del Plata, donde también funciona la escuela de esa especialidad. Hoy el país cuenta con tres unidades: el ARA Salta, ARA Santa Cruz y el ARA San Juan.

El San Juan, que es intensamente buscado desde anoche, es alemán y se incorporó a la Armada Argentina en 1985. Tiene 66 metros de eslora (largo), desarrolla una velocidad de 25 nudos en inmersión y está configurado como submarino de ataque. Por otra parte, tiene una dotación es de 8 oficiales y 29 suboficiales y entre su tripulación se encuentra la primera oficial submarinista de la Armada Argentina.

En 2014 esta unidad completó en el complejo industrial CINAR del Ministerio de Defensa su reparación de media vida, durante la cual fue literalmente "partido al medio" y, entre otras tareas mayores, se procedió al recambio de la totalidad de sus casi 1000 baterías propulsoras.

Su propulsión es Diesel Eléctrica y cuando se encuentra en superficie su motor impulsa un generador eléctrico que carga los distintos bancos de baterías con los que se propulsa la nave cuando navega en la profundidad.

Actualmente, junto a otros componentes de la Armada, realiza tareas de patrullaje marítimo en defensa del patrimonio marítimo nacional, en especial el control de la pesca ilegal.

La Argentina cuenta con una fábrica de submarinos, el astillero Almirante Storni, que fue construido durante la última dictadura militar. Allí se llegó a avanzar en la construcción de una unidad que fue discontinuada una vez recuperada la democracia. Si bien sucesivas gestiones en el Ministerio de Defensa han intentado retomar las tareas, por razones presupuestarias no fue posible.

Cabe resaltar que dos unidades participaron de la guerra de Malvinas: uno es el San Luis, actualmente fuera de servicio, y el Santa Fe, que fue hundido por su tripulación para que no cayera en poder del enemigo.

7 sectores quedarán exentos del impuesto a los Ingresos Brutos en 4 años

Por Daniel Sticco - Infobae.com - dsticco@infobae.com
Lo acordó el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores. Bajará intensamente en los servicios de electricidad, gas y agua y transporte, y para la industria papelera

El Presidente logró el consenso de 23 de los 24 gobernadores para desarmar una maraña de impuestos distorsivos de los costos de las empresas y de las familias.

El gradualismo es el camino que ha elegido el Gobierno de Cambiemos para comenzar a transitar el camino hacia la "normalidad" del sistema tributario, donde se eliminen los cargos en cascada que terminan desalentando tanto a productores de bienes y servicios, como al conjunto de las familias, para financiar exageradas estructuras en la hacienda pública nacional, provincial y municipal.

La tarea de alcanzar un consenso previo con la casi total de los gobernadores que asegure un rápido tratamiento legislativo no fue sencilla, porque el cobro de Ingresos Brutos representa el principal recurso propio de las provincias; y prescindir de él implicará caer en un abultado déficit fiscal, si no se encara un equivalente "ajuste" del gasto total.

De ahí el esquema elegido por el Ministerio de Hacienda, en acuerdo con el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, de una rebaja gradual, para que el efecto positivo esperado de la medida sobre el crecimiento de la economía ayude a lograr el objetivo final.

 Sobre 16 grandes ramas de actividad gravadas, en cinco años tributarán una decena. Los mayores recortes recaerán sobre los servicios públicos de electricidad, gas, y agua; y el transporte público de pasajeros

CÓMO ES EL CRONOGRAMA DE REBAJAS

* Agricultura y ganadería; Pesca; y Explotación de Minas y Canteras: Parten de una alícuota de 1,5% en 2018; se reduce a 0,75% en 2019% y quedarán exentas desde 2020;

* Industria manufacturera, excluida la papelera: Pasará de 2% en 2018; a 1,5% en 2019, y recortará otro 0,5 puntos porcentuiales en 2020 y 2021, hasta quedar exento en 2022;

* Industria papelera: Tendrá un ritmo de poda de un punto porcentual por año, desde 7% inicial, hasta estabilizarse en 3% en 2022;

* Electricidad, gas y agua: Quedará eximido del gravamen en un quinquenio. Partirá de una baja en 2019 de 1,25 puntos porcentuales, desde 5% actual, que se repetirá en los dos años siguientes. Para los consumos residenciales el cargo actual es de 4 por ciento;

* Construcción: Mantendrá una alícuota de 3% en 2018, y disminuirá por única vez medio punto porcentual en 2019, para luego quedar estable en 2% desde 2020;

* Comercio y reparaciones: Hoy no tiene tope, y tendrá un máximo de 5% desde 2019;

* Hoteles y restaurantes: Recortará del 5% inicial en 2018 a 4,5% en 2019; y quedará fija en 4% a partir de 2020;

* Transporte: Parte de 3% en 2018, y disminuirá a 2% en 2019; 1% en 2020, y exento en adelante;

* Comunicaciones, excluida telefonía celular: Desde un 5% inicial en 2018, recortará un punto en 2019 y otro en 2020, para quedar fijo en 3% desde 2021;

* Telefonía celular: Parte de 7% actual, y disminuirá a ritmo de 0,5 puntos porcentuales por año hasta 2022, donde se estabilizará en 5 pp;

* Servicios financieros: Actualmente no tiene tope; se fija en un máximo de 7% en 2019, y recortará un punto en 2020 y 2021, para quedar desde ese año en 5 pp;

* Créditos hipotecarios: Seguirán exentos;

* Inmobiliarias y servicios empresariales y alquiler: Tendrá un tope de 6% en 2018; y recortará 1 pp en 2019 y 2020, momento a partir del que quedará fija en 4 pp;

* Servicios Sociales y de Salud: Arrancará de 5% en 2018, y se reducirá a ritmo de 0,22 pp por año, hasta quedar estable en 4% en 2022.

Además, los gobernadores acordaron "eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente, o del lugar de producción del bien, conocido como "aduanas interiores".

 “Los gobernadores acordaron “eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente, o del lugar de producción del bien”

También se comprometieron a "desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con sectores mineros o hidrocarburíferos y sus servicios complementarios"; así como "los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior del país".

Aclara el pacto fiscal que "no están alcanzados por topes del impuesto a los Ingresos Brutos las actividad relacionados con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas, ni la venta. No podrán incrementarse las alícuotas vigentes al 30 de ocubre de 2017 para las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, incluidas las de refinería con expendio al público, las cuales quedarán exceptuadas del cumplimiento del cronograma de alícuotas máximas".

Analizarán la posibilidad de realizar una "autopista navegable" alternativa al Paraná

Por Gabriela Origlia - LA NACION

El gobierno nacional firmó un acuerdo con los Países Bajos para estudiar la obra; el objetivo es unir zonas productivas con el puerto.

Analizarán un estudio para una "autopista navegable" para el Paraná. Foto: Archivo

CÓRDOBA.- El gobierno nacional analizará la posibilidad de hacer una "autopista navegable" alternativa al Paraná para lo cual firmó un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con el Ministerio de Infraestructura y Gestión Hídrica de los Países Bajos. Los resultados estarán en nueve meses.

Desde Recursos Hídricos explicaron a LA NACION que sería una hidrovía mediterránea alternativa al Paraná que permita sacar la producción del centro del país por barcazas.

El objetivo del proyecto de "vías de navegación interior" -como se llama técnicamente el proyecto- es evaluar la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de la construcción de un canal adecuado para el transporte por vías de navegación interior. Busca la conexión entre zonas de gran producción agrícola en el centro del país y un puerto (a desarrollar o no) capaz de recibir embarcaciones de ultramar.

En el acuerdo también se establece la cooperación para el desarrollo de la caracterización del delta del Paraná y una propuesta de desarrollo que pretende definir el estado actual y evaluar sus posibilidades de que se genere un esquema de desarrollo sustentable de la región.

Firmado por la Argentina por el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, el convenio establece -en el caso de la "autopista navegable"- un estudio preliminar para identificar las zonas de producción sin acceso al transporte fluvial, la definición de alternativas del canal de navegación a ser excavado, la ubicación de puestos con conexión de ultramar y la de existentes y posibles nuevos.

Respecto de las actuales vías de transporte y flujo de mercancías deberá caracterizarse la red de rutas y ferrocarriles que se puedan interpretar como complemento de los canales de navegación (multimodal) o como alternativa competitiva, analizarse el flujo de mercancías, estudiarse la disponibilidad de agua y el régimen de inundaciones.

Ese estudio preliminar brindará la información necesaria para definir y analizar las distintas alternativas de las trazas. La segunda fase del proyecto pasará por el estudio de factibilidad y planificación.

En esa instancia, se avanzará sobre especificaciones técnicas necesarias tales como la selección de zonas de producción que serán atendidas y la salida óptima, la ubicación de trazas y geometrías para la vía de navegación interior (el área es la de los ríos Tercero, Carcarañá, Paraná y Salado), la evaluación de la correspondencia con los canales naturales o el diseño de sistemas independientes del drenaje natural y la navegación.

Entre las tareas a realizar también se incluyen la definición de embarcaciones (tipo y cantidad), los flujos mínimos y máximos del canal y los requisitos hídricos para la operación sustentable todo el año del sistema. Se deberán cuantificar las necesidades de transferencia hídrica en la cuenca fluvial. Los costos y beneficios serán estimados tanto para la vía de navegación interior como para los medios de transporte alternativos.

Rescataron a submarino ARA San Juan tras incidente en el sur y lo remolcan a Mar del Plata

(La Capital) - Se investiga un problema eléctrico que pudo haber causado un incendio dentro de la embarcación que tiene su apostadero en la Base Naval Mar del Plata

El submarino de ataque ARA San Juan, con apostadero en la Base Naval de Mar del Plata, se mantuvo por algunas horas desaparecido después de un serio incidente que puso en riesgo a su tripulación en la zona de Puerto Madryn.

De acuerdo a información del Comando Naval de Tránsito Marino, en horas de la tarde se reportó el inicio del operativo de búsqueda y rescate tras confirmarse un severo desperfecto en la línea de baterías que provocó un corte de energía general en la nave. Esto, a su vez, habría originado un incendio que afectó al submarino pero no a su tripulación.

La última posición registrada era la del día 15 de noviembre a las 07:30 en latitud 46° 44′ sur y longitud 59° 54 Oeste, a la altura de Puerto Madryn.

Fuentes oficiales aseguraron que en horas de la noche el sumergible fue localizado y ya está en pleno traslado a la Base Naval Mar del Plata.

El ARA San Juan es uno de los tres submarinos de Argentina y fue construido en 1985 en Alemania. Está dentro del Area Naval Atlántica y tiene 66 metros de eslora, 7,50 metros de manga y su característica es convencional, diesel eléctrico.

Este año se le habían realizado reparaciones de media vida y luego fue entregado al Comando de la Fuerza de Submarino para entrar operativo 100% al servicio.

Llegaron miles de metros de rieles y durmientes para la reactivación del tren a La Quiaca

Así informa la agencia Telam, el material se utilizará para la reconstrucción de las vías en la Quebrada de Humahuaca, como primera etapa del proyecto de recuperación del tren de pasajeros entre San Salvador de Jujuy y la ciudad fronteriza.

La provincia de Jujuy recibió 60.000 durmientes de quebracho y más de 86 kilómetros de rieles para la reconstrucción de las vías en la Quebrada de Humahuaca, como primera etapa del proyecto de recuperación del tren de pasajeros entre San Salvador de Jujuy y la ciudad fronteriza de La Quiaca.

El proyecto lleva acopiados hasta la fecha 38.592 metros lineales de rieles, que cubren el total de la traza a recuperar entre las localidades de Volcán y Purmamarca, según informó la Unidad Provincial Tren Jujuy -La Quiaca (Uept). Los 60.000 durmientes de quebracho y 86.400 metros de rieles de 100 libras servirán para avanzar en la ejecución de los primeros 40 kilómetros de vías, lo que representa "un importante adelanto", señalaron voceros de la entidad.

En ese sentido detallaron que los rieles fueron cedidos por la estación de Baradero (72.400mtrs) y la de Gobernador Castro, en el partido bonaerense de San Pedro (14.000m), en tanto que los durmientes provienen de la provincia de Santa Fe: de la estación San Justo (3.719 unidades), estación Saralegui (21.433), estación San Cristóbal (19.320) y entre Baradero y San Pedro (15.528).

Reformas, también en las FF.AA.

Por  Martín Balza - Clarín.com

Recientemente ha trascendido que el Ministerio de Defensa dispondrá importantes reformas en un área por demás sensible y casi ignorada en el presente siglo. A priori, y sin conocimiento de ellas, las considero impostergables. Las Fuerzas Armadas existen en razón del derecho y la obligación ineludible del Estado de garantizar la defensa de la sociedad organizada.

Nuestro país debe fortalecer su capacidad de negociación, lo que impone contar con fuerzas militares de tal magnitud, eficiencia, profesionalidad y motivación, que den respuesta real a la natural demanda de sus habitantes, y cuya capacidad de disuasión le permita alcanzar los objetivos nacionales y políticos ansiados por el pueblo.

Los Estados, por más amantes de la paz que se declaren, no deben soslayar desafíos ni amenazas. Eso constituiría una omisión infantil e injustificable. No implica en absoluto incursionar en una carrera armamentista, sino avanzar hacia un impostergable reequipamiento, congelado a principios del actual milenio. Solo se pretende rescatar el concepto del “…derecho inmanente de legítima defensa”, proclamado en el Art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

En tal sentido, me permito recordar lo que el Ejército realizó en la década de los `90: una restructuración autoimpuesta que significó un cambio de pautas culturales, libre de todo condicionamiento político e ideológico. Apreciamos entonces que el mundo de Posguerra Fría ya no sería bipolar, estructurado y previsible, sino unipolar en lo militar, incierto, colmado de conflictos y desafíos, unos visibles y otros latentes que impondrían actuar con sentido predictivo sobre la misión, el dimensionamiento, la estructura, el despliegue y la capacidad operativa y logística de la Fuerza.

Avanzamos en el respeto a las instituciones republicanas y los derechos humanos; en un sistema educativo basado en la búsqueda de la máxima excelencia; en el logro de un mando por objetivos compartidos; en el servicio militar voluntario; en la activa participación en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas; en la integración con los ejércitos de los países vecinos; en una impostergable actualización doctrinaria e incrementamos la participación de la mujer.

No se descuidó la significativa incorporación de armamento, material y tecnología avanzada. Lo expresado está consignado en la Memoria del Ejército Argentino 1992-1999, Primera y Segunda Parte (Un Ejército hacia el siglo XXI).

El siglo finalizó con una década ganada para el Ejército. Esta modernización fue concebida por un excelente equipo de generales y ejecutada por entusiastas oficiales y suboficiales; estos últimos constituyen la columna vertebral de toda fuerza armada. Se eliminó toda parálisis por análisis.

En los trabajos se respetó la sentencia de Manuel Davenport y James Stockdale: “La profesión militar carece de máxima dignidad y jerarquía cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas”.

Una de las deudas pendientes--por incomprensión de gran parte de la dirigencia política--fue no capitalizar debidamente las experiencias del Conflicto del Atlántico Sur, donde el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea libraron--operativa y logísticamente-cada una su propia guerra; excepto en contadas ocasiones en el marco táctico en las Islas.

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incompetentes mandos superiores en el continente olvidaron que el accionar conjunto -para el que no estábamos preparados- es parte y todo del éxito en el combate.

El desafío a enfrentar por las autoridades actuales, incluido el Poder Legislativo, no es menor, pues coexisten viejas y nuevas amenazas. En el área de Seguridad: el desborde del terrorismo internacional, el narcotráfico, el resurgimiento de fobias étnicas , las mafias, las agresiones al medio ambiente, las descontroladas migraciones masivas, las apetencias territoriales y la posibilidad del acceso a las armas químicas y bacteriológicas .

En el área de Defensa: la explotación de los recursos de mar y los vacíos geopolíticos. En nuestro caso, la Patagonia con el 30% de la superficie del país y solo el 5% de los habitantes, y un litoral marítimo de más de 5 mil Km de costas. Ambas, joyas de materias primas desprotegidas y vulnerables.

El Estado debe ejercer el uso legítimo de la fuerza acorde con el orden jurídico vigente: la ley 23554 de Defensa Nacional y la ley 24059 de Seguridad Interior. La situación actual en nuestro país no impone vulnerar el principio de empleo escalonado de la violencia legítima. Afectar el instrumento militar en el marco interno sería prematuro, innecesario, desmoralizador e inconducente.

En buena hora las decisiones del Gobierno actual sean consecuencia de una acertada apreciación de situación de Estrategia Nacional que adopte disposiciones contra-aleatorias y priorice los principios de Unidad de Comando y Economía de Fuerzas.

En una primera fase, aprecio imprescindible potenciar las atribuciones del Estado Mayor Conjunto, el redespliegue, el dimensionamiento y un realista reequipamiento del Instrumento Militar. La prevención es paradigma de acción y, para una visión pragmática, es preferible ser criticado por prevenir mediante una disuasión creíble que ser elogiado por privilegiar la vulnerabilidad y la indefensión.

Martín Balza es ex jefe del Ejército y ex embajador en Colombia y en Costa Rica. Veterano de Guerra de Malvinas.

Descubren una caja negra mensual de 1.246.000 de pesos en una comisaría

(Clarin.com) - Fue tras una intervención de la seccional 1a. de La Plata. Había 14 mil horas adicionales que no se podían justificar.

En septiembre hallaron 600 mil pesos en una caja fuerte dentro de la comisaría 1a. de La Plata.

Si se toma en cuenta que el básico de la hora Polad (Policía Adicional) se paga 89 pesos, que una investigación de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense haya constatado que en la Comisaría 1a. de La Plata se cobraban 14.000 horas que no se hacían, entonces se puede hablar de una caja negra mensual de 1.246.000 pesos en esa seccional.

Según confiaron fuentes de la causa a Clarín, ahora se buscará determinar las responsabilidades pertinentes pero también conocer cómo era el sistema recaudador y qué otros actores se veían beneficiado con ese dinero negro.

Como ejemplo de esto, las fuentes graficaron: “El fin de semana pasado desvalijaron la zona de juegos de un hospital infantil donde debía haber policías haciendo adicionales para custodiar el lugar y no estaban. Tampoco se denunció eso”.

Durante la auditoria se constató que los policías no iban a cumplir los adicionales, o iba menos cantidad de la facturada; y también se encontraron planillas con firmas truchas; explicaron las fuentes.

La investigación comenzó cuando un equipo de Asuntos Internos realizó el 1 de septiembre una inspección durante 24 horas a la Comisaría 1a., ubicada en calle 53 entre 9 y 10 de La Plata.

En esa dependencia se encontraron 600 mil pesos en una caja de seguridad. El comisario Pablo Fernando Orgoñez, jefe de la seccional, dijo en ese momento que ese dinero era para pagar horas Polad, pero eso no pudo ser justificado.

A raíz de esto, Asuntos Internos desafectó a nueve policías y los denunció ante el fiscal Marcelo Martini y el juez Guillermo Atencio. La gravedad de la situación, que se repetía por tercera vez, ameritó la intervención de la comisaría y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, designó al comisario inspector Javier Martínez y su equipo en ese lugar.

Fue tras esa intervención a la comisaría 1a. de La Plata que se determinó que allí “había 14.000 horas Polad que no tenían sostén”, informaron y agregaron que están en vías de devolver las horas sobrefacturadas.

Los 600.000 mil pesos hallados en la caja fuerte de la comisaría 1° de La Plata.

Es más, tras la investigación, "se terminó de bancarizar el cien por ciento de las horas Polad de la comisaría primera platense", precisaron desde el ministerio de Seguridad Bonaerense.

En tanto, el hasta ahora interventor, Martínez, asumirá como Jefe Departamental en San Vicente y la Comisaría 1a en cuestión quedará a cargo de su segundo Rubén Cañete.

Un inédito espectáculo de negociación política

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION

El peronismo no lo dirá nunca, pero llegó a dos conclusiones. La primera es que necesitará de un largo tiempo para construir un liderazgo, del que carece, y un programa nuevo si no quiere atarse a los perdidosos paradigmas de Cristina Kirchner . La otra conclusión es una asignatura pendiente: demostrar que puede convivir con un gobierno no peronista sin complicarlo a este ni condenarlo a un final prematuro. 

Al revés de lo que muchos temían (que los recientes resultados electorales lo convirtieran en insufriblemente soberbio), el Gobierno aceptó que las victorias parlamentarias son una cosa y otra la aritmética parlamentaria. Si Mauricio Macri quiere hacer reformas en la política argentina (económicas, sociales e institucionales), debe admitir que necesita la complicidad del peronismo y de los sindicatos. Casi todas las reformas que propuso requieren la aprobación del Congreso, donde el oficialismo sólo conquistó una minoría más robusta.

Esas necesidades mutuas han creado un clima de meganegociaciones en el universo político, en el que oficialismo y oposición están conversando permanentemente. Hablan no sólo los políticos, sino también los técnicos. Del gobierno nacional, de cada una de las gobernaciones provinciales y de los distintos bloques parlamentarios. El objetivo es llegar a la firma de un acuerdo durante la jornada de mañana. Según referentes opositores y oficialistas, es probable que se firme un acuerdo global entre el gobierno federal y las provincias argentinas, aunque algunos temas podrían ser apartados para seguir con las conversaciones. No será un Pacto de la Moncloa (que respondió a otro contexto histórico y a otra realidad nacional), pero no es menos significativo que la política argentina esté hablando y sus protagonistas acepten las reglas de cualquier negociación: todos deben ceder algo.

Desde 1983, el diálogo entre los principales dirigentes políticos argentinos fue sólo una excepción y no la regla de la convivencia. Una excepción fue la especial relación que tejieron, entre 1987 y fines de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín y el jefe del peronismo renovador, Antonio Cafiero. Otra vez Alfonsín, ya como líder opositor, volvió a protagonizar un período de acuerdo con el entonces presidente Carlos Menem por la reforma de la Constitución de 1994. El resto de un tiempo que abarca casi 34 años fue de duros enfrentamientos entre los distintos gobiernos y sus opositores. El período más aislacionista fue, sin duda, el de los Kirchner, que usaron el argumento de que todos los opositores representaban la "vieja política" para no hablar con nadie y gobernar a su antojo. No es una novedad menor, entonces, el actual espectáculo de una vasta negociación.

El aspecto más fácil de las conversaciones actuales es el que se refiere a temas institucionales. La reforma de la ley del Ministerio Público fue el primer acuerdo entre el oficialismo y gran parte de los senadores peronistas. La percepción de que esa ley saldría con el acuerdo del peronismo es lo que empujó la renuncia de Alejandra Gils Carbó, una funcionaria sólo defendida por el núcleo duro del kirchnerismo. Falta ahora que el Gobierno proponga a su sucesor (o sucesora). 

El peronismo recibiría como un gesto de reconocimiento a su aptitud negociadora si el postulado fuera el constitucionalista Alberto García Lema, un jurista de extracción peronista, pero respetado por casi todos los partidos que importan. García Lema se ha propuesto, si llegara al cargo de jefe de los fiscales, dedicar su gestión a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Hay otros candidatos, como el juez Ricardo Recondo y varios fiscales de carrera. La aprobación del nuevo procurador necesitará, de todos modos, de la mayoría absoluta (37 votos) del Senado, si la reforma de la ley del Ministerio Público resulta aprobada por el Congreso. El Gobierno requerirá entre 12 y 15 votos más que los que tendrá en la Cámara alta. Necesitará, en fin, de algunos senadores peronistas.

La parte más complicada de la negociación es, como siempre, la que tiene que ver con el dinero. Sin embargo, todas las provincias (incluidas, sobre todo, las peronistas) destacaron la importancia de bajar el monumental déficit fiscal y frenar la inflación. Las conversaciones se complican cuando se llega a algunos impuestos que podrían afectar economías regionales. Es el caso de Tucumán con el impuesto a las bebidas azucaradas, que afectaría a su principal industria, la del azúcar, y a la producción de limones, también utilizados por las fábricas de gaseosas. Ese impuesto también es rechazado por provincias patagónicas productoras de manzanas y peras, que son materia prima de bebidas azucaradas. Cada impuesto nuevo o viejo que se toca tiene sus afectados. La mayoría de las provincias peronistas están reclamando una solución política al Fondo del Conurbano. Es decir, no quieren una solución judicial, que necesariamente resolverá hacia un lado u otro. 

El Gobierno encontró una fórmula para ir devolviéndole a Buenos Aires gradualmente un monto de 65.000 millones de pesos, que se alcanzaría en 2019. Es un monto enorme de dinero extra que el gobierno de María Eugenia Vidal utilizaría en obras de infraestructura, sobre todo en cloacas y agua corriente. La fórmula es neutra para el resto de las provincias, pero el peronismo no ignora la carga política potencial que tendría esa cantidad de dinero si fuera bien administrada. En rigor, Macri no le está haciendo ahora un favor a Vidal, sino a sí mismo. Si consiguiera mejor calidad de vida para el conurbano bonaerense, donde el 40 por ciento de sus habitantes son pobres, no sólo estaría haciendo una obra justa. También estaría sembrando la semilla de sus votos para la reelección en 2019. Al peronismo no lo desvela esa posibilidad; sabe que le será muy difícil encontrar un líder ganador y un proyecto nuevo para competir en las próximas presidenciales.

La línea roja del peronismo son los sindicatos. La buena relación con los gremios es lo único que gobernadores y legisladores peronistas no están dispuestos a perder. Los sindicatos están negociando con el Gobierno, aunque tienen reparos a algunas reformas fundamentales en las relaciones laborales. Nadie se explica por qué el Gobierno decidió enviar una ley de reforma laboral al Congreso y no se conformó con una negociación sector por sector con el sindicalismo. De todos modos, ninguna ley de reforma laboral pasará por el Congreso sin la aprobación previa de los gremios. Los sindicatos hacen duras declaraciones públicas, pero están negociando con más vocación que la que aparece. Esa es la novedad importante dentro de un clima de sucesivas y paralelas negociaciones.

Una parte del peronismo, al menos, estaría dispuesta a refrendar la nueva forma de liquidar los aumentos a los jubilados. Esa fórmula nueva tendría en cuenta la inflación y los aumentos se aplicarían cada tres meses, no cada seis, como ahora. Esa franja del peronismo entendió que la moratoria de Cristina Kirchner para los que no hicieron aportes (que duplicó el número de jubilados) no es sustentable en el tiempo sin una forma distinta de liquidar los aumentos. Aquella decisión de Cristina fue populista e injusta, porque terminó perjudicando a los que sí hicieron aportes. La última novedad es, entonces, que las negociaciones tienen la dosis de realismo de la que suele carecer la política argentina.

Afirman en Defensa que "no habrá espacio para dos fuerzas aéreas" (II)

Por Mariano De Vedia - LA NACION

Aguad avanza en una reestructuración militar para "unificar recursos"

La Fuerza Aérea y la Armada se pelean por los aviones franceses que compró Macri. Foto: Archivo 

Sin tomar directamente partido por la Armada o por la Fuerza Aérea, en la disputa por los cinco aviones Super Étendard modernizados adquiridos recientemente a Francia, fuentes castrenses dejaron trascender que en el plan de reestructuración militar en la que viene trabajando el ministro de Defensa, Oscar Aguad , "no habrá espacio para dos Fuerzas Aéreas". Eso implica, según pudo saber LA NACION, que en los hechos todas las unidades aéreas que hoy pertenecen al Ejército y a la Armada pasarían a actuar bajo la supervisión de las autoridades aeronáuticas.

La polémica surgió a raíz de conocerse la insólita pelea que se desencadenó entre la Armada y la Fuerza Aérea a partir de la compra de los cinco cazabombarderos franceses, por 12,5 millones de euros (más US$ 2 millones que demandará el traslado), con la finalidad de fortalecer las condiciones de seguridad del espacio aéreo durante la cumbre del G-20, prevista para fines del año próximo en la Argentina.

"El objetivo será la unificación de recursos", se le escuchó decir al ministro Aguad, quien analizó con sus colaboradores la situación planteada a raíz de la incorporación de las aeronaves francesas, indicaron fuentes castrenses a este diario. Mientras el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Víctor Amrein, dejó trascender que los aviones le corresponden a su fuerza por "razones lógicas y estratégicas", el titular de la Armada considera que corresponde que las nuevas incorporaciones se sumen a la aviación naval, dado que la fuerza ya cuenta con otros nueve Super Étendard, hoy desactivados y fuera de circulación, pero sometidos a procesos de modernización. A diferencia de lo que ocurría durante la Guerra de Malvinas, cuando se utilizaron dichas aeronaves, hoy la Marina no cuenta con portaaviones.

La intención de Aguad es aprovechar el plan de reestructuración, que podría estar listo antes de fin de año, para unificar recursos y evitar superposiciones de gastos y estructuras militares.

"No tiene sentido que exista más de una Fuerza Aérea o más de una Armada, aunque eso no implica que una determinada fuerza maneje todo", deslizó una fuente castrense. En ese sentido, el plan de Aguad, cuyos lineamientos generales aún permanecen en reserva, es fortalecer las funciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que está llamado a coordinar las acciones operativas de las distintas fuerzas y que en los últimos años perdió protagonismo, a expensas de los jefes de cada arma.

"La disputa no tiene sentido. Todos tienen que trabajar en forma coordinada, sin sentirse desplazados", explicó una fuente castrense con acceso al ministro Aguad.

En rigor la posibilidad de que los aviones franceses se destinen finalmente a la Fuerza Aérea se robustece a partir de que operativamente, con vistas a la cumbre del G-20, sería más apropiado que estuvieran disponibles en una base aérea como la de El Palomar que en una más lejana como la de Puerto Belgrano.

La disputa entre la Armada y la Fuerza Aérea se da, particularmente, en un contexto en el que ambas fuerzas, al igual que el Ejército, enfrentan una crisis en su equipamiento militar.

Lo que no se explicó en los medios castrenses consultados por LA NACION es si la política de reestructuración y optimización de recursos se extenderá a la relación de las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería y la Prefectura, que también tienen unidades aéreas y embarcaciones, que en algún sentido podrían superponerse con las acciones operativas de la Fuerza Aérea, del Ejército y la Armada.

La empresa Calidus con sede en los EAU revela nuevos aviones COIN

Por Gareth Jennings - IHS Jane's Defense Weekly

Calidus, con sede en Emiratos Arabes Unidos, ha revelado un nuevo avión turbohélice diseñado para la contrainsurgencia de ataque ligero (COIN).

Visto por primera vez en el Dubai Airshow, el Calidus B-250 desarrollado por los Emiratos Árabes Unidos es un avión COIN de ataque ligero provisto de un sensor EO / IR y siete puntos fuertes. (Rockwell Collins)

El B-250 de un solo motor, que fue presentado en el Dubai Airshow del 12 al 16 de noviembre, es un avión de doble asiento en tándem construido alrededor de la suite de aviónica Pro Line Fusion de Rockwell Collins. Calidus no había respondido a una solicitud de información adicional en el momento de la redacción, pero según los informes de los medios, la aeronave fue diseñada en conjunto con la empresa brasileña Novaer.

Las imágenes de la aeronave en exhibición estática en Dubai muestran que está equipado con una torreta sensora retráctil electro-óptica/infrarroja, y se aprovisiona con seis puntos de anclaje. Además del rol de COIN, el avión se presenta como adecuado para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); apoyo aéreo cercano (CAS); y entrenamiento para piloto avanzado.

Salen a remate inmuebles decomisados a narcos y tratantes de personas

Por  FLORENCIA LENDOIRO - Cronista.com

El Gobierno autorizó ayer a la AABE a subastar un hotel alojamiento, una whiskería y una estancia enajenados en juicios por actividades ilícitas

El hotel alojamiento Momentos, la Whiskería Roxi y la estancia "El Haragán", son algunas de las propiedades que ayer el gobierno autorizó a ser rematadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), todas provientes de una organización criminal vinculada con el narcotráfico, contrabando y trata de personas, que operaba en la frontera con Brasil y Paraguay, y con base en Paso de Los Libres. Los inmuebles integran un grupo de una docena de terrenos y construcciones que se dispusieron y enajenaron para subastarlos o derivarlos a otras dependencias que lo requieran.

La medida está incluida en el decreto 928 publicado ayer en el Boletín Oficial, y autoriza a la AABE a subastar inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, Santa Fe y Salta.

Según la Agencia, la venta de estos predios persigue como objetivo la puesta en valor de inmuebles y terrenos que se encuentran subutilizados, en estado de abandono o mal concesionados, para mejorar los entornos en los que están ubicados y dinamizar la economía, detalló el organismo oficial en un comunicado. "Desde la AABE trabajamos con el compromiso de administrar de la forma más óptima y eficiente el patrimonio de todos los argentinos. Estamos convencidos de que los inmuebles del Estado son una herramienta que permite generar valor en las comunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", agregó el titular de la entidad, Ramón Lanús.

Los inmuebles se subastarán a través del Banco Ciudad en un proceso público y abierto, y para el cual habrá una convocatoria acorde con lo que establece la ley. Dentro de los organismos oficiales y jurisdicciones que solicitaron inmuebles o terrenos se encuentran el Banco Central, la Ciudad de Buenos Aires para relocalizar vecinos del Barrio 31, la Municipalidad de San Miguel y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires para el complejo judicial de Mercedes, entre otros.

La particularidad de este lote que se puso a disposición ayer, es los tres inmuebles ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres fueron decomisados por la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de terrenos que fueron utilizados por una organización criminal vinculada con el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, que operaba en la triple frontera desde la Argentina.

Los inmuebles decomisados son la Estancia "El Haragán", ubicado en el km. 461,7 de la Ruta Nacional 14 (un predio de 14 hectáreas); el motel alojamiento "Momentos", ubicado en el km 7,5 de la Ruta Nacional 117 (con una superficie de 1050,00 m2) y la Whiskería Roxi, en la Ruta Nacional 117 km. 8 (de superficie de 1085,80 m2).

La Justicia Federal de Corrientes aseguró que la compra de estos tres inmuebles fue realizada con fondos ilícitos. La causa comenzó en 2011 y obtuvo sentencia firme en 2013 pero desde ese momento no se definió un destino concreto para las propiedades y comenzaron a deteriorarse.

En este caso, se indicó además que el 100% de los fondos que se consigan en las subastas será destinado a la UIF para mejorar la infraestructura del organismo y la calidad de trabajo de sus empleados.