Desplazan a la cúpula local de Isolux por una polémica obra

Por Martín Bidegaray y Lucía Salinas - Clarin.com

La construcción de una usina de Río Turbio arrancó en US$ 400 millones, pero terminó en más de US$ 1.600 millones.

La empresa española Isolux, que ganó la millonaria obra para la construcción de la central térmica de Río Turbio durante el kirchnerismo , despidió a la cúpula directiva de su filial argentina. Los relevos de los ejecutivos que venían liderando la operación local están "respaldados por el resultado de una investigación interna previa realizadas por indicación del nuevo equipo de gestión", según afirmó la compañía.

La Usina de Río Turbio, la promesa del Gobierno K que nunca se cumplió. Foto Maxi Failla.

Durante el kirchnerismo, Isolux resultó adjudicataria para la construcción de la usina térmica de Río Turbio. El presupuesto oficial era de US$ 485 millones y se estiró a U$S 857 millones con la obra básica. Sin embargo, a fines de 2015, la usina no estuvo terminada y había experimentado 11 redeterminaciones de precios, llevando su costo a US$ 1.631 millones, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Es un 90% más de lo pautado.

Durante el kirchnerismo, el costo de la obra se duplicó en dólares, según los certificados emitidos por Isolux ante el ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. "Costará tres veces su costo original", señalaron fuentes oficiales.

Entre el 2 y el 9 de diciembre de 2015, a pocos días del cambio de Gobierno, la empresa presentó un pedido para cobrar US$ 313 millones que estaban pendientes. Juan José Aranguren, ministro de Energía desde el 10 de diciembre de 2015, desechó ese pago y ordenó una investigación de lo actuado. "La obra estaba sobrefacturada", aseguraron en el Gobierno.

La construcción de la usina se paralizó y el ministerio de Energía le hizo saber a Isolux sus desacuerdos sobre el costo de la obra. En paralelo, la casa matriz de Isolux en España avanzó con su propia exploración al respecto. "Si como consecuencia de estas investigaciones o de las indagaciones internas ordenadas por la dirección se derivara el conocimiento de algún hecho delicitivo, la empresa lo pondría inmediatamente en manos de las autoridades judiciales", señaló ayer la compañía.

El Gobierno calcula que una obra de similares características tendría un costo de US$ 580 millones, según los estandares internacionales. Terminará costando US$ 1.800 millones.

Omar Zeidán fue designado interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio por el gobierno de Cambiemos. Denunció al ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros funcionarios que trabajaban con él. El funcionario encontró un yacimiento "destruido “y con riesgo de derrumbe y explosión de continuar así”, aseguraron.

Durante el kirchnerismo, YCRT recibió partidas por $ 26.000 millones para distintas obras, incluida la usina. La Sigen denunció que “el destino de los fondos no fue el yacimiento, ni se aplicó a otros fines legales preestablecidos por la ley; esta circunstancia resulta fundamental así para sostener la línea de ponderación que genera las fuertes sospechas de corrupción”.

Isolux comunicó ayer el despido de Juan Carlos de Goycochea, director regional de la empresa en la Argentina. Pero eso sucedió el 8 de febrero. "La casa matriz me empezó a pedir $ 20 millones y yo no quise girarla porque la necesitaba. Además, la compañía tenía una deuda conmigo y me la querían pagar en 5 años y solo el 30% de lo que yo reclamaba", le explicó Goycochea a Clarín.

Pero la desaveniencia final se habría dado por unas transferencias a personas físicas sin relación con la compañía. Las mismas suman $ 5 millones y de Goycochea asegura que no las autorizó. "El causal de despido son tres transferencias (una se habría emitido, pero no se realizó) que yo no firmé. Fue un intento de estafa y los voy a demandar en Madrid. Ellos dicen que yo hice unos cheques y no es cierto", agregó el saliente ejecutivo a este diario.

Sobre la acusación del Gobierno nacional en relación a sobrefacturación, costos excesivos y sospechas de connivencia entre Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido) y la conducción local de Isolux, de Goycochea entiende que el ministerio de Energía hizo un abordaje técnico erróneo. "Calculan los costos como si estuviéramos en Buenos Aires y no en Santa Cruz, que tiene otros costos", dijo. El ministro Aranguren estuvo con autoridades españolas de Isolux. Antes de desplazar a de Goycochea, los ejecutivos ibéricos desvincularon a Marcelo Delfino, a cargo de Administración y Finanzas de la filial local.

Calefones solares, una tecnología en expansión

Por Laura Rocha - LA NACION

La instalación de equipos en instituciones sociales porteñas ahorra hasta un 80% de energía.

El área de prueba de la tecnología solar en la localidad de San Martín. Foto: Gentileza Inti

La demanda de energía solar térmica doméstica crece a ritmo sostenido. Así lo afirman emprendedores y vecinos que adoptaron la tecnología, además de un censo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). "De 2012 a 2015, la tasa de crecimiento en instalaciones de calefones solares fue del 100% anual -precisa el informe-. Se duplicó la cantidad de fabricantes nacionales en el último año [por 2016]."

Franco Cechini vive en el barrio porteño de Villa del Parque y este verano decidió climatizar su piscina con un sistema térmico. "Las nuevas ofertas tecnológicas cambiaron el concepto para usar la radiación solar. Antes era oneroso y la eficiencia era incierta", explicó a LA NACION. A simple vista, el equipo es una serie de tubos expuestos al sol en un techo, que se colocan a una distancia de entre 5 y 10 metros de la pileta. Esa "parrilla" de tubos calienta el agua hasta 36°. "Funciona con el sistema de filtrado de la pileta. Es que es excelente -dijo-. En mi casa de fin de semana tengo un termotanque solar que es una maravilla."

Los esfuerzos y los costos son casi exclusivamente particulares. A nivel oficial, la Ciudad lanzó el proyecto de Colectores Solares Térmicos para Instituciones Asociadas a la Vulnerabilidad Social de la Agencia de Protección Ambiental local. "Estos equipos producen 300 litros de agua caliente para uso sanitario y permiten que los hogares y los comedores ahorren entre 30% y 80% de la energía necesaria para calentar el agua de uso sanitario", dijo Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.

Ya se instalaron colectores en el hogar de adolescentes Nueva Vida (Nueva Pompeya), el hogar de mujeres adolescentes con hijos Nuestra Señora de Nazareth (Balvanera), el hogar de niños de la Asociación Civil Soles en El Camino (San Cristóbal) y el centro misionero y solidario San Cayetano del Niño Jesús (Villa Lugano). También avanza la instalación en el hogar de niños de la asociación civil Gestión Educativa y Social Fundación Navarro Viola (Parque Avellaneda) y en la asociación civil María del Rosario de San Nicolás (Parque Chas).

Según el INTI, en el mercado argentino hay calefones solares nacionales por $ 12.000 que permiten ahorrar hasta un 70% de la energía usada para calentar agua. El panorama de los grandes parques solares es bastante diferente, si se tiene en cuenta que la Argentina aún posee abastecimiento de ese tipo de energía fotovoltaica en la red de distribución nacional. "Las conclusiones son muy favorables: la tecnología se está insertando como una alternativa real y concreta, tratando de enfocar en equipos de calidad", dijo Marianela Bornancin, del Centro de Energías Renovables de la institución y coautora del censo.

Las empresas fabricantes de calefones solares en el país instalaron 635 equipos solares térmicos en 2015, según el censo. "Este nivel de equipos instalados es, para los especialistas, una muestra de la gran oportunidad que tiene la energía solar térmica. Al mismo tiempo demuestra que la industria nacional está ante un gran desafío", apuntó Bornancin. Anticipó que se trabaja en una ley de energía solar térmica.

El equipo de Energías Renovables del INTI y la Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minería de la Nación relevaron 134 empresas: 20 fabricantes de equipos solares térmicos, 26 importadoras, 72 instaladoras y 16 entidades que brindan capacitación. El 31% comenzó sus actividades el año pasado y la mayoría está radicada en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Rodrigo Herrera Vegas dirige Sustentator, que desde diciembre recibió varios pedidos, incluidas compañías como Roggio Ambiental, que instaló dos equipos en su planta del centro y de San Martín para calefaccionar el vestuario de sus empleados.

Vegas opinó que, aunque la tecnología aún no es rentable, la decisión de instalar esta tecnología en los countries o los barrios cerrados depende del impacto ambiental y la reducción de los cortes de energía. "Se instala un sistema solar con baterías y mientras haya sol, se aprovecha todo y se almacena -explicó-. Para reemplazar el gas de red es una buena decisión si se usa gas envasado, que es más caro y más complicada la instalación y el mantenimiento."

Martín Hajmatcher, de Solamérica, también recibió más consultas por los termos solares, que se amortizan en seis o siete meses. "Lo que es fotovoltaico aún está muy verde porque las inversiones son caras, no tenés créditos accesibles y se amortizan entre siete y 10 años", comparó. La debilidad del sistema sigue siendo la batería, que es pesada y onerosa.

Una tecnología competitiva

Instalaciones - En 2015, los fabricantes de calefones solares del país instalaron 635 equipos, mientras que las importadoras colocaron 3037 unidades y las instaladoras, otros 2090.

Los precios - El costo varía según la cantidad de agua o la superficie a calentar. Un calefón solar de 250 litros, con la instalación, cuesta unos $ 28.000, comparado con entre $ 12.000 y $ 28.000 que vale un equipo común. Un sistema de calefacción solar por losa radiante para una vivienda de 90 a 150 m2 (con agua caliente para el baño) llega a 15.000 dólares. Un sistema de climatización solar para una piscina cuesta $ 45.000, mientras que uno tradicional vale unos $ 50.000.

Mundo: Macri reafirmó su visión de integración y destacó el rol de la Argentina

Por Santiago Dapelo - LA NACION

Resaltó el protagonismo del país y ratificó a Brasil como socio; reiteró el reclamo por las Malvinas.

Malcorra destacó los logros en política exterior. Foto: Ricardo Pristupluk.

Habló de integración y describió al mundo como "una fuente de oportunidades". Ratificó el "legítimo reclamo por las islas Malvinas", destacó a Brasil como socio estratégico y resaltó que el Mercosur es la plataforma para pensar el futuro de la región; eso sí, con la Argentina como "actor protagónico".

El presidente Mauricio Macri no realizó un extenso recorrido sobre la relación entre la Argentina y el mundo. No hizo falta. En el Gobierno están convencidos de que es una de las facetas que mejor desarrolló durante su primer año al frente del Poder Ejecutivo. Ayer, como hace cinco días en España, el jefe del Estado volvió a marcar diferencias con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien no comparte la visión proteccionista que impulsa.

"La Argentina es cada vez más un actor protagónico en la región y en el mundo. Empieza a ser conocida por sus aciertos, por sus virtudes y no por sus defectos", dijo el Presidente durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Macri aprovechó la oportunidad para repasar algunos "logros" y marcó la importancia de la agenda que viene para nuestro país. "Resolvimos problemas pendientes con el Mercosur y los países de la región y comenzamos a pensar los desafíos del futuro. Establecimos relaciones maduras y pragmáticas con todos los países del mundo: recibimos las visitas de decenas de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos cinco de los integrantes del G-7", enumeró el Presidente.

Y agregó: "Este año vamos a organizar la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la reunión regional del Foro Económico. Y el próximo, la Argentina será sede del G20, uno de los foros más importantes del mundo".

La canciller Susana Malcorra sostuvo que el discurso del Presidente reafirmó el trabajo que pusieron en marcha hace un año. "Nuestra visión es tener al país integrado al mundo de forma inteligente. En este tiempo hemos salido al mundo y trajimos el mundo a la Argentina", dijo a LA NACION la responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para Macri, los beneficios de la integración van más allá de lo económico, y aseguró que el siglo XXI es "una fuente de oportunidades". En ese sentido, explicó que su plan incluye que las empresas nacionales "se inserten en las cadenas globales de valor y que la inversión extranjera genere empleo" en nuestro país.

A la hora de elegir un socio, Macri no dudó: "Tenemos que recordar la bendición que significa vivir en una zona de paz, gracias a la alianza estratégica con Brasil y con el Mercosur, que es mucho más que una plataforma comercial".

Macri explicó que el profundo cambio en materia exterior que llevó adelante durante su primer año de gestión es el camino "para avanzar" en los intereses nacionales, incluyendo el "legítimo reclamo por las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur". Y añadió: "El diálogo fortalece nuestra posición y nos permite acercarnos para encontrar una solución definitiva a este prolongado diferendo".

Ayer, la Cancillería informó que hubo al menos seis vuelos militares entre las islas Malvinas y aeropuertos brasileños durante 2016. En 2015 habían sido 12. Malcorra instruyó a la embajada argentina en Brasil para que transmita la preocupación y recordó el compromiso brasileño de "no receptar en sus aeropuertos y puertos aeronaves o buques británicos de guerra".

Cuáles son los únicos cuatro autos 0 km modelo 2017 que cuestan menos de $ 200.000

(La Nación) - La inflación también se hace sentir en el precio de los autos 0 km. Las ventas de vehículos nuevos cerraron 2016 con un alza interanual del 10,2%, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), y para este año proyectan mantenerse en crecimiento. Mientras tanto, en el mercado local solo quedan cuatro modelos con precios menores a $ 200.000.

Según el listado oficial de Acara, el auto 0 km más barato del país es el Renault Clio Mio, que dejó de fabricarse a fines de 2016. Se trata del modelo 1.2 Work de tres puertas y 75 cv, que se vende a $ 161.000.

En segundo lugar entre los autos más económicos de la Argentina aparece el Fiat Uno EVO Cargo 1.4 EVO, de 84 cv, cuyo precio oficial es de $ 168.400.

Por último, el listado de Acara muestra dos modelos del VW Up, el auto modelo más chico de la marca alemana. La versión 1.0 de tres puertas y 75 cv tiene según Acara un precio de $ 185.900, mientras que el VW de cinco puertas arranca en $ 197.500.

Más allá de estas cuatro alternativas que se comercializan por debajo de los $ 200.000, existen otras alternativas que se encuentran ligeramente por encima de este monto. Uno de ellos es el VW Gol Trend, cuya versión 1.6 de tres puertas y 101 cv se comercializa oficialmente a $ 204.600.

Otra alternativa, también del segmento de los compactos, es el Chery QQ 1.1 N Light Security de cinco puertas. Este auto, de 68 cv, arranca en $ 206.100.

El Banco Mundial aprobó dos proyectos sociales

(Clarin.com) - El Banco Mundial aprobó el lunes dos proyectos por unos US$400 millones que apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

La Villa Rodrigo Bueno, a metros de Puerto Madero. Foto. Maxi Failla.

Uno de ellos se llama ‘Urbanización y Hábitat Integrados’ y apunta a mejorar el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno. Será implementado en Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy - Palpalá y Mar del Plata-Batán. Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

El otro es ‘Transformación Urbana en el Área Metropolitana Buenos Aires’ y mejorará las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos e infraestructura en barrios desfavorecidos del Área Metropolitana Buenos Aires, entre ellos, en la Villa 31 del barrio de Retiro. “Transformar los asentamientos urbanos informales en barrios florecientes llegará al núcleo de pobreza en muchas ciudades argentinas, estableciendo las bases para el crecimiento”, dijo Jesko Hentschel, director del banco para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Robos a cuarteles: polémica por la derogación de una norma de Garré

Por Daniel Santoro - Clarin.com

Defensa estableció un protocolo de protección legal para militares frente a ese tipo de delitos. Desde el kirchnerismo salieron a criticarlo.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, con las autoridades de Ejército.

Recientemente, un borracho entró al cuartel del regimiento de caballería del Ejército en Villaguay, Entre Ríos, quiso robarse un tanque y no se lo pudo llevar porque no arrancó. Cuando la capturaron, ningún militar sabía exactamente cómo detener y denunciar al borracho ante la policía para que la Justicia decida su situación legal. La anécdota demuestra, por un lado, la situación de falta de seguridad en que han quedado las unidades militares y, por otro, la zona gris legal que existe sobre los ataques, robos o accidentes en los cuarteles. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Julio Martínez, puso en vigencia la resolución 154-E/2017 para actualizar ese marco legal y el kirchnerismo salió a criticarlo.

La resolución, publicada el jueves pasado en el Boletín Oficial, derogó la resolución 1020 de la ex ministra de Defensa K Nilda Garré del 28 de septiembre de 2009, que a criterio del actual Gobierno desprotegía a los militares que, por ejemplo, sufrían un accidente en un operativo contra las inundaciones.Por lo pronto, la resolución de Martínez trata de actualizar legalmente cómo deben actuar las fuerzas armadas ante el incremento de robos de armas –incluso un misil Tow 2 capaz de perforar blindados- , uniformes, y otros tipos de delitos comunes en sus cuarteles. Además, de la anécdota del borracho, Garré había reportado 14 delitos comunes cometidos contra la Armada, 43 contra la Fuerza Aérea y 33 contra el Ejército, solo entre 2008 y 2009 y en la crónica policial reciente se han registrado nuevos casos. 

Una alta fuente del ministerio de Defensa explicó a Clarín que la seguridad de las instalaciones militares y la facultad de repeler atentados contra ellas “ya está regulada por los artículos 28 y 28 de la ley de Seguridad Interior 24059” y la resolución 154 de Martínez se basa en ella. Así el anexo II de la ley 26394, que derogó el código de justicia militar y la jurisdicción militar, en su anexo I modificó el código procesal penal. De ese modo, “se facultó a las ff.aa. a los fines previstos por el artículo 189 del código procesal penal en lo referente a la recolección de prueba frente a delitos cometidos por personal militar en el interior de instalaciones militares o bajo control militar”, afirmó la alta fuente para replicar a los que K quienes afirmaron que se esté permitiendo a los militares hacer inteligencia interior a través de la realización de “informes socioambientales”. 

“Además, los principios que establece la resolución, por su parte, son los previstos por el artículo 34 inciso 6 y 7 del código penal para la legítima defensa”, resaltó la fuente. "Autorizar informes socioambientales es permitir, por ejemplo, que un jefe de compañía averigue qué clima, qué indumentaria y qué caminos enfrentará su compañía para repartir agua en una zona inundada", graficó una fuente.

Pero desde el kirchnerismo ya se empezó a poner en duda el alcance de esa resolución. “El concepto de zona militar sugiere que instalaciones como el edificio Libertador pasarían a estar custodiadas por la policía militar. No es un cambio menor. Si mañana los ex combatientes de Malvinas van a protestar ahí, ¿los va a sacar con el Ejército?”, se preguntó el ex ministro de Defensa K, Agustín Rossi, en declaraciones al diario Página 12. Por su parte, el director del CELS, Gastón Chillier, dijo que “el gobierno parece estar preparando el terreno para profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales”. “Vamos a estudiar el tema y no descartamos iniciar una acción judicial porque la resolución iría en contra de previsiones legales que establecen que las Fuerzas Armadas no pueden hacer tareas de seguridad interior, ya sea reprimiendo delitos o haciendo inteligencia”, agregó. “El gobierno parece estar elaborando el marco legal para darle jurisdicción y competencia a las Fuerzas Armadas para volver a hacer tareas de inteligencia sobre actores sociales, como quedó demostrado en el juicio que terminó con la condena al ex jefe de la Armada almirante Godoy, que incluía esos mismos informes ‘socio ambientales’”, recordó el director del CELS.

Desde Defensa niegan esa supuesta oculta intención y explican por qué tendrán defensa legal oficial los militares que repelan un robo a un cuartel o sufran un accidente de tránsito en un operativo para ayudar a indundados. “Quién cumple con la ley y por ello actúa en ejercicio de su función puede verse sometido a un proceso y es por eso que se le provee defensa oficial a los fines de dicha resolución”, agregó. “Ello siempre que no hubiere obrado en exceso de su función”, advirtió.

“Por lo demás el concepto de jurisdicción militar era propio del código de justicia militar y refería a los tribunales militares. En la resolución es reemplazado por el de zona militar que refiere a instalaciones en los términos de la ley 23554 de Defensa y de la ley 24059 de seguridad interior”, agregó la fuente.

Los principales puntos de la resolución de Martínez dicen textualmente:

- “Es obligatorio para el personal de las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar, comunicando en forma inmediata el hecho a la autoridad judicial competente y requiriendo la presencia de Fuerzas de Seguridad o Policiales”.

- “El ámbito de actuación del personal de cada una de las Fuerzas Armadas en orden a repeler todo delito flagrante estará exclusivamente limitado al ámbito de su Zona Militar”.

- “No procederá la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento de los extremos regulados por la presente medida. No se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales realizados por los organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas”.

En base a esta resolución, al Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. realizará directivas precisas para los militares.

La resolución “lo único que pretende es cortar con los robos de armas en cuarteles y eventuales homicidios como el del soldado de Chajarí”, subrayó la alta fuente de Defensa. Aunque, una fuente de Cambiemos -que no integra esa cartera- explicó que la resolución de Martínez roza el decreto 727 del 2006 de Garré que permite a las FF.AA. solo repeler “una agresión de origen externo y de carácter estatal”. Este decreto incluye una cuestión doctrinaria. Para un sector de Cambiemos, habría que derogarlo porque las amenazas en el siglo XXI como Al Qaeda no responden a un estado.

Entonces, si hipotéticamente un grupo de narcotraficantes argentinos ataca un cuartel con armas automáticas “¿los militares no podrían defenderse porque no son una agresión de origen externo?”. La orden de Martínez establece en el sentido de que es obligatoria para los militares aplicar “el uso de la fuerza necesaria, proporcionada y razonable para rechazar la comisión de todo delito flagrante contra la Zona Militar” va en ese camino. La clave está en la palabra proporcionada. Es decir, si el ataque es con una gomera se responderá con una gomera, pero sí es con fusiles automáticos se responderá con lo mismo. Pero el Gobierno aún no decidió derogar el decreto de 727 de Garré, que será la verdadera batalla ideológica de fondo con el kirchnerismo.

Un paso más para arrancar con la obra del Paseo del Bajo

(Clarin.com) - Se realizó en la Legislatura la audiencia pública por la venta de terrenos para financiar la construcción de la autopista ribereña.

El Paseo del Bajo constituirá un parque lineal sobre la autopista ribereña. Render del proyecto.

Desde el vamos, la venta de una porción de los terrenos correspondientes al Dique 4, en Puerto Madero, para financiar la construcción del Paseo del Bajo, generó controversias entre los vecinos de la zona y el Gobierno de la Ciudad. No obstante, la ley que habilitará la operación avanza en la Legislatura porteña, donde el viernes pasado dio un paso más para ser aprobada definitivamente.

Comenzó la obra que transformará el Bajo porteño en una autopista subterránea y un paseo verde

En las puertas del feriado extra largo de Carnaval, se celebró la Audiencia Pública por la iniciativa que habilita la venta de 17.000 m2 conocidos como "manzana 1Q", y ubicados a la altura de Juana Manso al 400, entre Emma de la Barra, Avenida de los Italianos y lo que sería la continuación de Trinidad Guevara, por un valor aproximado de 60 millones de dólares.

El terreno en cuestión, sobre el Dique 4, es el último disponible en el lugar Foto: Luciano Thieberger

La reunión entre funcionarios del Gobierno porteño y representantes de asociaciones vecinales era un escalón obligatorio para la sanción definitiva de lo que representa una modificación del Código de Planeamiento Urbano.

La resistencia vecinal tiene como argumento que las tierras que se están comercializando son de dominio público, con el agravante de que constituyen el último terreno libre de la zona. Por su parte, desde el Gobierno alegan que la propuesta apunta a mejorar las condiciones urbanísticas y ambientales de la zona, sumando diez hectáreas de espacios verdes de uso público.

En el predio en cuestión, actualmente en manos de la Corporación Antigüo Puerto Madero, se podrán construir edificios en altura, tal como en las manzanas que lo rodean, y siempre de acuerdo al Master Plan que definió el diseño del barrio levantado entre diques.

El predio ocupa 17 mil m2 a la altura de Juana Manso al 400 y está valuado en más de 60 millones de dólares. Foto: Luciano Thieberger

Las obras se harán respetando las parcelas pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires y el Colegio Nacional, sobre las que se asienta su Campo de Deportes.

El Paseo del Bajo, constituido por un parque lineal sobre la autopista ribereña que permitirá vincular el barrio con el resto de la ciudad, también se financiará en parte con otra cesión de terrenos aprobado por la Legislatura: la venta de las tierras del playón ferroviario que está detrás de Catalinas Norte.

La Ciudad autorizará la construcción de torres de oficinas, tal como las que dan a Leandro N. Alem, y la Nación (dueña del predio) las venderá pero transferirá el dinero para la obra de la autopista. Pasada la Audiencia Pública, la normativa volverá al Recinto para un último debate, luego del cual se espera su aprobación en los primeros meses del año.

El subte C vuelve a llegar a Constitución y en diez días abren el centro de trasbordo

Por Pablo Novillo - Clarin.com

La estación estuvo cerrada por obras durante dos meses y la línea terminaba en Independencia. El nuevo espacio, con techo de vidrio, mejorará la conexión con los colectivos. 

El centro de trasbordo de Constitución abrirá en diez días. Foto: Juan Manuel Foglia.

Tras dos meses cerrada por obra, hoy volverá a funcionar la estación Constitución del subte C. Así, también reabrirá la estación San Juan, que quedó en desuso porque el servicio sólo llegaba hasta Independencia. Y dentro de diez días habrá otra novedad: quedará habilitado el centro de trasbordo que el Gobierno porteño construyó sobre la plaza que queda frente a la terminal del tren.

Constitución estuvo inactiva desde el 2 de enero para que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE, la empresa estatal que controla el servicio) pudiera hacer las obras para renovar señales, principalmente para instalar el sistema llamado "Communication Based Train Control", que permite detectar con precisión a qué distancia está la formación anterior, para de esa manera reducir las frecuencias. Es una tecnología que ya funciona en la línea H. Además, SBASE reparó los pisos de los andenes, entre otras mejoras. A comienzos de 2015 habían hecho lo mismo con la terminal Retiro, por lo cual los servicios sólo llegaban hasta la estación San Martín.

La línea C ya incorporó 24 de las 30 formaciones que compró la Ciudad, todas con aire acondicionado, para mejorar el servicio. Así, llegó a 3:08 minutos de frecuencia entre trenes en hora pico. El año pasado creció un 3,8% en cantidad de usuarios.

La terminal sur de la línea C es la estación con más pasajeros en toda la red, con cerca de 200.000 por día. Por eso, su cierre temporal generó varias complicaciones. Es que el subte sólo llegaba hasta la estación Independencia, a 13 cuadras de la terminal. Como la gente no quería caminar tanto, muchos terminaban tomando colectivos, que así se vieron más congestionados, incluso a pesar de ser verano. Otro problema colateral fue para los comercios de la galería que queda entre las estaciones de tren y de subte: aunque permanecieron abiertos, se quedaron sin clientes durante dos meses.

El centro de trasbordo de Constitución abrirá en diez días. Foto: Juan Manuel Foglia.

Para colmo, el 5 de enero los trabajadores de la línea hicieron un paro sorpresivo porque se quejaban de que la estación San Juan, que originalmente había sido definida como terminal provisoria, no tenía baños ni comodidades para trabajar. Por eso, se mudó la operación hasta Independencia, y así San Juan también quedó en desuso.

En tanto, la semana que viene abrirá el Centro de Trasbordo, una nueva conexión que agilizará el acceso al subte, al Metrobus de la avenida Garay y a las dársenas donde paran los colectivos. Se trata de un acceso construido en la plaza que queda entre Garay, Lima Oeste, Brasil y Lima Este. La obra comenzó en diciembre de 2014 y debía terminar en seis meses, pero se demoró porque hubo que rehacer todo el proyecto dado que cuando comenzaron con la excavación se toparon con un enorme caño pluvio-cloacal, y moverlo hubiera resultado muy caro.

Bajo una cubierta vidriada de 2.358 m2, la Ciudad construyó un vestíbulo con escaleras mecánicas y ascensores, desde el cual se baja directo a la estación del subte, en la punta opuesta al ingreso actual. Se podrá entrar y salir más rápidamente desde la plaza, y quienes lleguen desde la conexión con el tren también tendrán más lugar. Además, la estación estará más iluminada con luz natrual, y habrá mejor ventilación.

El nuevo hall también tiene un túnel que pasa por debajo de la avenida Garay y desemboca en la otra plaza, donde está la estación del Metrobus. A futuro está planeado construir otro paso bajo tierra que salga al hall de la estación del tren, mientras que ya quedó lista la conexión para la futura estación de la Red de Expresos Regionales, el proyecto que tiene el Gobierno nacional para que los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur corran bajo la 9 de Julio y lleguen a una gran estación que harán bajo el Obelisco. 

En el vestíbulo habrá boleterías, locales comerciales y una sucursal del Banco Ciudad.

El Centro de Trasbordo también mejorará la seguridad vial, porque habrá menos peatones cruzando calles y mezclándose con los autos y colectivos. Además, toda la plaza tendrá un nuevo solado de baldosas, y en la esquina de Brasil y Lima Este habrá una pantalla gigante. Por Constitución circula diariamente 1.000.000 de personas. En total, la construcción abarca 3.515 m2, y tuvo un costo de $ 100 millones.

La producción de trigo creció un 63 por ciento

Por Orlando J. Ferreres - LA NACION

Este año 2017 la siembra y producción de trigo han crecido notoriamente en relación a los valores de los últimos 6 años. En efecto, la siembra llegó a 6.360.000 hectáreas, es decir, un 45,5% más que la del año pasado. Esto se debe al efecto de la eliminación de derechos de exportación sobre los precios locales y, además, a la anulación de una serie de prohibiciones cuantitativas y cualitativas sobre las exportaciones de este producto.

El aumento del precio local del trigo, que llegó a 3490 $/ton al cierre de febrero de 2017, fue de 80% comparando con noviembre de 2015, lo que se tradujo en repercusiones sobre el precio de la harina en el mercado local.

El precio actual de la harina de trigo, con su registro de $ 4,8 por kilo el mismo día que el del trigo aumentó un 68 % sobre la misma base de noviembre de 2015, o sea que aún le falta trasladar una parte del aumento de dicho precio al de la harina. Es fundamental tomar en cuenta estas variaciones para percibir en su plenitud el incremento de los costos y su traslado a los precios de los productos terminados o intermedios. No se puede analizar solo el aumento del precio de la harina -como han hecho algunos analistas- sin ver cuánto aumentó el precio de la materia prima trigo en el mismo lapso.

En cuanto a la producción, podemos ver que la misma creció hasta llegar a 18.390.000 de ton, o sea un 62,7% sobre la cosecha anterior. Es fundamental tener presente que este desarrollo se basa en una recuperación gradual de este cultivo. También ha habido una muy buena recuperación de las toneladas producidas de maíz, las que llegarán a 36.500.000 de ton. Este es el producto que el gobierno decidió favorecer a este momento al bajar a cero los derechos de exportación respectivos y no hacerlo gradualmente como pasó con la soja.

Con las actuales producciones de granos y teniendo en cuenta que la producción de soja puede ascender este año a 54.000.000 ton o algo más, estaríamos llegando en este primer período de Mauricio Macri a un record en la producción agrícola que sería de alrededor de 125.000.000 de toneladas, el que se estima seguirá aumentando en los próximos años.

Creo que esta es la forma de ver los resultados de la política, con números, no meramente con opiniones que suelen ser subjetivas. Necesitamos producir más trigo para lo cual es necesario seguir creciendo tanto en siembra como en rendimientos por hectárea, lo que mucho depende de las semillas y tratamiento del suelo que hagamos, aunque a veces las condiciones climáticas pueden favorecer o perjudicar los rendimientos.

Esta es la forma de hacer política, evaluado los resultados numéricos y no meramente las distintas opiniones, que pueden ser muy sensatas, pero que no son nunca una realidad tangible. Argentinos, a las cosas.

La Foto: Cañón Oto Melara de 105 -120 mm y el sistema Ares (Remax) fabricados en Brasil

Felicitaciones, realmente admirables...

Blindados brasileños 4x4: nuevas tecnologías para combatir el crimen

Por Roberto Caiafa/Diálogo - Estos vehículos proporcionan defensa balística, velocidad y poder de impacto.

El LMV, en la pista de pruebas en Sete Lagoas, en el estado de Minas Gerais, demuestra su agilidad en subidas empinadas. Entre otras modificaciones, el vehículo cuenta con un equipo de lanzagranadas de humo arriba del parabrisas blindado. (Foto: Roberto Caiafa)

La Base Industrial de Defensa brasileña tiene en desarrollo por lo menos tres vehículos blindados modernos, el LMV (Light Multirole Vehicle, por sus siglas en inglés), el Guará 4WS y el Gladiador II, proyectados y fabricados para cumplir misiones en escenarios que pueden variar desde el ambiente urbano hasta carreteras y caminos sin pavimentar.

El Guará 4WS fue presentado oficialmente en la Feria LAAD 2016 y deberá estar listo para su producción a finales del 1.º semestre de 2017. (Foto: Roberto Caiafa)

Debido al aumento de la violencia en las grandes ciudades brasileñas, estos vehículos son prácticamente indispensables en conflictos urbanos, y son utilizados como equipos de protección colectiva. En las fronteras secas, pueden actuar como multiplicadores de fuerza en regiones más vulnerables. Fue imprescindible revisar el equipo suministrado a las fuerzas de seguridad, debido al aumento del poder de fuego de las bandas y pandillas, que incluso emplean ametralladoras pesadas montadas en camionetas y vehículos utilitarios deportivos, que usan en delitos fronterizos transnacionales y ataques a bancos.

“Para los miembros de las Fuerzas Armadas, la adquisición de un blindado moderno con capacidad expedicionaria y gran confiabilidad de empleo era una demanda antigua y muy necesaria, especialmente en el caso de las tropas profesionales listas para actuar”, observó el General de División Guido Amin Naves, jefe de la Oficina de Proyectos del Ejército.

“La práctica anterior entre las fuerzas de seguridad, especialmente en la ciudad de Río de Janeiro, consistía en la adaptación de vehículos de entregas de valores (vehículos blindados) para incursionar en las áreas de conflicto dominadas por las bandas de narcotráfico y las milicias”, dijo el ingeniero Paulo Roberto Bastos, especialista en vehículos blindados. “Estos vehículos adaptados carecen de una buena resistencia mecánica y balística y no pueden actuar en los terrenos montañosos de las comunidades y favelas cariocas. Claramente es algo improvisado que todavía está en uso. Debido a la falta de un buen producto nacional, Brasil adquirió estos blindados en el extranjero para atender la demanda de eventos internacionales como la Copa del Mundo 2014 y las Olimpíadas 2016”.

El Iveco LMV, modelo M65E19WM, podrá alcanzar la marca de 186 unidades producidas en el país, de un mínimo de 36 encargadas para el Ejército brasileño. Es un 4x4, con peso máximo de ocho toneladas, capacidad de carga de una tonelada y capacidad para cinco hombres. El vehículo cumple los requisitos de blindaje y las especificaciones bélicas de supervivencia para los tripulantes. Además, puede actuar en distintos terrenos y emplearse en misiones policiales, de fuerzas de paz internacionales o como vehículo militar liviano multifuncional.

El sistema de protección de los militares a bordo está basado en una célula para los tripulantes, mientras que el resto del vehículo está configurado en torno a esta característica central. Así, la energía residual proveniente de las explosiones es disipada antes de provocar daños críticos a los efectivos. El tanque de combustible está recubierto con espuma supresora de explosiones, y el tapón del combustible está ubicado lo más lejos posible de las puertas, para reducir el riesgo en caso de incendio.

Vistas internas del Gladiador II. El vehículo posee protección Spall-Liner y amplio espacio para cinco tripulantes. Los asientos son de tipo anticolisión, resistentes a las explosiones. (Foto: Roberto Caiafa)

El vehículo cuenta con paquetes de blindaje modular y tiene capacidad para un escudo protector contra minas antitanques. Los asientos no están directamente sujetos al piso, lo que proporciona una capacidad de supervivencia superior a la de los vehículos utilitarios livianos convencionales y la de los camiones. La empresa responsable de su producción tiene una gran planta industrial responsable también de la fabricación de camiones, utilitarios livianos y máquinas agrícolas. Esa escala de producción garantiza un alto nivel de nacionalización de los componentes, mediante una gran red de proveedores nacionales.

El Guará 4WS, destinado al empleo táctico en operaciones especiales de fuerzas de seguridad en área urbana, es empleado para combatir el narcotráfico, contra asaltos a bancos y a vehículos blindados y contra bandas que actúan en zonas rurales. “el Guará 4WS posee un alto grado de componentes nacionales, lo que facilita mucho cualquier desarrollo posterior”, dijo Marcos Agmar de Lima e Souza, gerente de desarrollo de negocios de la empresa fabricante del vehículo. “El cálculo estructural también es nuestro, lo que elimina la dependencia externa; esto significa un costo menor de adquisición y una reventa muy eficiente, ya que dominamos ampliamente cualquier pieza, componente o estructura del blindado”.

Sobre el concepto de eje trasero direccional, Agman aclaró que son pioneros en esa clase de vehículo para el uso policial. “Este tipo de sistema ya existe en vehículos más pesados 6x6 de uso militar. El vehículo todavía está a prueba, pero ya verificamos que puede ampliar el radio de dirección y el radio de giro del equipo más allá de los seis metros actuales. El blindado tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas. Tratamos de usar el máximo de componentes comunes con los vehículos de la familia Astros, ampliamente probados y certificados. Esto disminuye mucho los costos y los miliares familiarizados con estos equipos podrán adaptarse al nuevo vehículo con facilidad. Esperamos la certificación para el ejército a mediados de 2017”.

El vehículo más reciente que será presentado es el Gladiador II. Este utiliza un motor diesel, transmisión automática de seis velocidades y una velocidad máxima de 100 km/h en carreteras pavimentadas, lo que ofrece una mejor protección balística y equipos avanzados. “La fábrica iniciará la producción en el segundo semestre de 2017”, dijo Jairo Cândido, presidente de la empresa fabricante del vehículo. “Destinado inicialmente al uso militar, el proyecto presenta flexibilidad para reconfigurar el vehículo y así atender misiones tan distintas como reconocimiento, puesto de observación avanzado, puesto de comando, antitanque, mortero, radar, taller, ambulancia y guerra electrónica. El blindado posee nivel balístico OTAN STANAG 4569 nivel 2 y protección para piso OTAN STANAG 4569 de 2.° nivel”, detalló.

“El Gladiador II cumple los requisitos del Ejército brasileño y fue proyectado y construido totalmente en Brasil. Utiliza blindaje desarrollado con investigaciones de técnicos y científicos brasileños y puede modificarse fácilmente hacia otras versiones destinadas para las fuerzas de seguridad, la defensa civil o para las agencias federales”, concluyó Cândido.

La Foto: Autoridades de la empresa Coreana KAI (Korea Aerospace Industries) visitaron FAdeA

(Aviación Argentina.net) - Con el objetivo de explorar potenciales mercados para la generación de nuevos negocios, el pasado jueves y viernes visitaron a FAdeA, a autoridades de la empresa Coreana KAI.

Zanella lanzó el cuadriciclo GForce 700

Por  ALEJANDRO FISCHER - WEEKEND (Modificada)

Zanella lanzó el GForce 700, un cuatriciclo con tracción integral destinado a tareas agrícolas pero que es ideal para excursiones de caza y pesca.

 

Hacia comienzos de la década del 70 el mercado estadounidense empezó a demandar un tipo de vehículo que fuera más estable que una moto y que se pudiera usar en terrenos con menor grado de adherencia. Así surgió el triciclo con motor, un vehículo con ruedas anchas que se difundió rápidamente en Estados Unidos y Japón. Sin embargo, esa masividad le jugó en contra: tanto por exceso de velocidad como por inexperiencia de los conductores se registró un elevado número de accidentes, que llevó a las asociaciones de consumidores a reclamar por la peligrosidad del rodado. 

Unos 10 años más tarde los triciclos dejaron de producirse y la nueva respuesta de la industria fue el ATV (All Terrain Vehicule), cuyo concepto era el de una conducción similar al de una moto pero con la estabilidad de un auto, y que se lo podía utilizar sobre cualquier superficie y en condiciones climatológicas adversas.

En un comienzo, los ATV fueron usados como ayuda al trabajo cotidiano, principalmente en zonas agrícolas, casi como un reemplazante del caballo y otros animales de tiro. Gracias a su versatilidad, los distintos modelos de ATV también fueron incorporados por fuerzas de vigilancia, seguridad y rescate.Algunos años después se adaptaron para usos más civiles. Fue entonces cuando se empezó a diferenciar el uso laboral y recreacional, los ATV, del más próximo a la competición deportiva, los quads.

¿Cuáles son las diferencias entre un ATV y un quad? El cuatriciclo o ATV fue concebido como un vehículo para el trabajo, su aspecto es más cuadrado, casi todos tienen cajas reductoras, cambio automático, tracción a las 4 ruedas, ya sea permanente o temporal, disponen de planos de carga delante y detrás, son más pesados, pueden arrastrar remolques y equipos de trabajo e, inclusive, pueden circular por terrenos difíciles, como ripio, barro o arena gracias a su tracción integral.

El quad es un vehículo deportivo muy liviano con un aspecto mucho más estilizado y veloz, destinado a circular por pistas y circuitos de competición. Mayoritariamente tienen tracción trasera con eje rígido y cambio manual o automático.

Con la irrupción de China en el mundo productivo capitalista, hacia finales de los ’80 la fabricación de casi todos los bienes de consumo se masificó gracias a unos costos de producción casi imbatibles, básicamente por una mano de obra muy barata y la aplicación de impuestos sumamente bajos.

Zanella es una de las primeras empresas productora de motos de baja cilindrada en la Argentina. Fue fundada en 1948 por los hermanos Juan y Santiago Zanella en la ciudad bonaerense de Caseros. Tras la crisis industrial de los ’90, producto de la apertura indiscriminada de las importaciones, la empresa quedó al borde de la quiebra, hasta que en 1999 fue comprada en U$S 5 millones por el ingeniero suizo Walter Steiner. Hoy, la marca es conducida por Steiner y por su esposa, Cecilia Freire, quien es la directora comercial. En la actualidad, gracias a un acuerdo de importación con empresas chinas de motocicletas y motopartes, Zanella ensambla en el país una gran cantidad de modelos de motos para casi todos los segmentos –scooters, triciclos utilitarios y cuatriciclos–, lo que le reporta una considerable porción del mercado.

Nuevo producto

Precisamente, poco tiempo atrás lanzó al mercado su ATV estrella, el GForce 700, un cuatriciclo con capacidad para 2 personas destinado al trabajo y con notable nivel de equipamiento. Por ejemplo, ofrece malacate delantero con cable de acero de 10 metros, bocha trasera para remolque, y una capacidad de carga de 200 kilos.

Está equipado con motor monocilíndrico de 4 tiempos de 686 cm3 de cilindrada con refrigeración líquida (viene con doble radiador, uno para el agua y otro para el aceite), que entrega una potencia de 44 HP y permite una velocidad máxima de 95 km/h. Tiene arranque eléctrico y la transmisión es por CVT (Continuous Variable Transmission) o transmisión continua variable sin cambios predeterminados con caja selectora para estacionamiento (P), retroceso (R), neutral (N), alta (H) y baja (L).

Dispone de tracción simple y doble –2WD y 4WD– con bloqueo de diferencial, con suspensiones delantera y trasera independientes con regulación de amortiguadores manual. Cuenta con diferencial con semieje con brazo estabilizador de suspensión. El sistema de frenos está compuesto por discos en las 4 ruedas con doble circuito independiente. Todo indica que le espera un gran futuro.

Nota completa publicada en revista Weekend 533, febrero 2017.

Trump anuncia una nueva fase de rearme para "volver a ganar guerras"

Por Rafael Mathus Ruiz - LA NACION

Subirá casi 10% el gasto en defensa en su primer presupuesto, a expensas de otras agencias; el programa de protección del medio ambiente se verá perjudicado; dijo que es un aumento "histórico".

Trump, ayer, con los CEO de las empresas de salud. Foto: Reuters / Kevin Lamarque

WASHINGTON.- Estados Unidos inició una nueva era de rearme. El presidente Donald Trump anunció que el primer presupuesto que enviará al Congreso incluirá un aumento "histórico" en el gasto militar financiado con duros recortes en otros programas del gobierno federal, sobre todo en los de protección del medio ambiente y asistencia a otros países. "Tenemos que empezar a ganar guerras de nuevo", dijo ayer Trump en un breve discurso tras una reunión con gobernadores en la Casa Blanca.

Trump dijo que el nuevo presupuesto militar cumplirá con su promesa de mantener seguro al país y rearmar las "desguasadas" fuerzas armadas en momentos en los que Estados Unidos, agregó, más las necesita. "Tengo que decir que cuando era joven, todo el mundo solía decir que nunca perdimos una guerra. Nunca perdimos una guerra. Ustedes se acuerdan, algunos estaban ahí conmigo. Estados Unidos nunca perdió. Ahora nunca ganamos una guerra. Nunca ganamos y no peleamos para ganar. Tenemos que ganar o directamente no pelear", remató.

Unas horas después del discurso presidencial, el director de la Oficina de Presupuesto, Mick Mulvaney, precisó que la Casa Blanca quiere llevar el presupuesto del Pentágono a 603.000 millones de dólares, un aumento de 54.000 millones de dólares o de casi el 10% respecto del gasto actual en defensa.

El impacto del rearme traspasará las fronteras del país. La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático, y los programas de asistencia a cargo del Departamento de Estado, que llegan a América latina, África, Asia, Medio Oriente y el este de Europa, serán los principales perjudicados por el rearme, anticiparon funcionarios. Pero los recortes alcanzarán a toda la administración. "Es realmente un presupuesto «Estados Unidos primero»", graficó Mulvaney.

Estados Unidos es la primera potencia militar. El actual presupuesto de defensa equivale a un tercio del gasto global de defensa. El aumento propuesto por Trump es similar al presupuesto total de Rusia o Gran Bretaña. Pero una de las promesas centrales de campaña de Trump, que hoy hablará por primera vez ante el Congreso, fue "reconstruir las fuerzas armadas".

Una y otra vez Trump retrató un país desprotegido, perdedor, más débil que sus adversarios por falta de equipamiento militar. Barack Obama intentó fustigar ese argumento al llamarlo "cháchara" en su último discurso ante el Congreso, hace poco más de un año. Decidido a mantener el rojo fiscal bajo control, Trump dijo que el gobierno federal buscará la manera de "hacer más con menos".

Mulvaney y el secretario de Prensa, Sean Spicer, dejaron en claro que la prioridad principal del presupuesto será el gasto en defensa del país, que de por sí ya representa más de la mitad del gasto público discrecional.

Trump ha prometido proteger los tres programas centrales del gobierno federal, la seguridad social y los programas de asistencia médica a ancianos (Medicare) y pobres (Medicaid), un gasto "obligatorio". Por eso, los fondos para financiar el aumento del gasto en defensa saldrán del resto del presupuesto. "La reducción en el gasto será sensible y racional, pero también será dura", advirtió Spicer.

El rearme amenaza con crear un efecto dominó con consecuencias geopolíticas, además de desatar conflictos de intereses con la política exterior del país.

El Departamento de Estado solicitó 36.500 millones para asistencia global durante el corriente año fiscal. Allí conviven un sinfín de decisiones estratégicas que muchos consideran un componente esencial de la política exterior de Washington, pero cuyo recorte cae perfecto dentro de la lógica nacionalista de la Casa Blanca. Un ejemplo: dentro de ese fondo están la asistencia militar a un aliado histórico, Israel, para preservar su ventaja militar regional; la ayuda a los palestinos para promover su desarrollo y la paz regional; los fondos para preservar la paz en Sudán, una de las siete naciones incluidas en la llamada "prohibición musulmana" de Trump, o el dinero para la Iniciativa Mérida, el plan cerrado con México para combatir el narcotráfico, otra prioridad de Trump.

El grueso de la asistencia está concentrada en África, Medio Oriente y Asia. México y Colombia son los dos principales receptores en América latina. La Argentina cuenta con un paquete de ayuda de 550 millones de dólares para promover la estabilidad regional, la no proliferación y las oportunidades económicas. Muchos de los fondos para la asistencia global aún no han sido utilizados.

La EPA, una agencia creada por Richard Nixon y que los conservadores quieren desguasar desde hace años, también se prepara para sufrir una drástica reducción de gastos que podría perjudicar la lucha contra el cambio climático. Esto, desde ya, si el plan de Trump lograr atravesar el Congreso, bajo control de los republicanos, donde el presidente ha encontrado una dura oposición demócrata, junto con algo de escepticismo en algunos legisladores de su tropa.

La estrategia contra EI

La Casa Blanca recibió ayer las propuestas del Pentágono para intensificar la lucha contra el grupo jihadista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, informó un funcionario estadounidense. "La Casa Blanca comenzará a analizar las recomendaciones", precisó el colaborador del presidente Donald Trump, que pidió el anonimato. El 28 de enero, ocho días después de su asunción, Trump publicó un decreto en el que le daba 30 días al Departamento de Defensa para preparar un nuevo plan para acelerar la lucha contra EI, iniciada hace dos años y medio.

La otra deuda interna: el Estado enfrenta demandas por más de $ 244.500 millones

Por Diego Cabot - LA NACION

La cifra corresponde sólo a aquellas cuyo monto está determinado y excluye los juicios jubilatorios; en total, son 603.426 expedientes; a su vez, el Estado es reclamante en causas por $ 221.551 millones.

Se necesitan 12 cifras y un poco de imaginación para entender lo que significa la monstruosa cantidad de pesos que suman los millones de juicios que tienen al Estado como reclamante o como demandado.

El Estado nacional, los organismos autárquicos y las empresas privadas acumulan 2.279.969 causas, un magma de papeles y de reclamos cruzados que es difícil de mensurar. Sólo para poner una métrica que se entienda. Si cada expediente acumulase tres cuerpos de papel (en general tienen más) y se pusieran uno arriba del otro, la pila de expedientes tendría 456 kilómetros de altura, algo así como unos 1425 edificios de 20 pisos. ¿Será justicia?

La cuenta que se acumula detrás de millones de fojas es también impresionante. De acuerdo con los datos que maneja la Procuración del Tesoro de la Nación, la Argentina es demandada en 603.426 expedientes, de los cuales sólo 309.479 son los reclamos que se hicieron en los últimos 15 años por los jubilados por diferentes razones que tienen que ver con los desajustes jubilatorios del kirchnerismo. El resto de las demandas, la gran mayoría patrimoniales, llegan a 293.947 juicios.

Si se excluyen las demandas jubilatorias -la reparación histórica en marcha terminará con una gran cantidad de ellas-, el monto que en su conjunto se le reclama al Estado es de 12 cifras: los expedientes en trámite en los cuales está nominado el monto suman 244.509 millones de pesos. Carlos Balbín es el procurador del Tesoro de la Nación. "La gran mayoría de los juicios contra el Estado son patrimoniales. Esa cifra, en realidad, sólo contiene los juicios cuyo monto está determinado, los otros, claro está, no se incluyen", dijo a LA NACION. Todo eso sin contar los reclamos jubilatorios.

El Estado no sólo es el más demandado del país, sino también el que más juicios tiene iniciados. De aquel total de 2,27 millones de pleitos, existen en el país 1,676 millones de juicios en los que es el reclamante y que suman 221.551 millones de pesos. En ellos los abogados de organismos públicos, centralizados o descentralizados y de sociedades estatales tratan de cobrar dinero de particulares o empresas.

"Desde hace un año que estamos con el trabajo de poner al día este registro de juicios en los que el Estado es parte. Cuando llegamos encontramos cierta desorganización en los datos, ya que algunas reparticiones no informaban o lo hacían mal o con algún tipo de faltante de datos", dijo Balbín.

El servicio jurídico del Estado tiene como último responsable a la Procuración del Tesoro de la Nación. Pero este vértice de la pirámide legal estatal no quiere decir que esta repartición tenga todas las representaciones. Cada uno de los organismos, centralizados, autárquicos o sociedades del Estado, tiene su departamento jurídico. "Salvo algunas causas, la Procuración del Tesoro sólo entiende cuando algún ministro pide explícitamente la intervención de este cuerpo de abogados", dice Balbín. Eso sí, cada una de las partes que inician un reclamo debe informar en un determinado plazo a la procuración, aunque los abogados defensores sean de un determinado departamento legal. Ése es el caso del polémico juicio del Correo Argentino en el que el grupo Macri reclama una millonaria indemnización al Estado. Iniciado en junio de 2016, jamás se informó a la procuración. Hace una semana, el Gobierno se presentó y pidió la caducidad de instancia, una manera de terminar el proceso por la inactividad de la parte actora por seis meses.

Balbín cree que este número está cercano a lo que efectivamente ocurre. "Es una reconstrucción artesanal la que hacemos desde hace meses, ya que no estaba unificado el registro. Pero creo que estamos cerca del número final. Además, hay ciertas empresas públicas que consideran que no están obligadas a entregar la información, por eso se podría sumar algo más", contestó. La obligación de informar cada proceso estaba regulada desde 2000, pero el año pasado se firmó una resolución para poner plazo de entrega de los datos.

De las 293.947 demandas que el Estado tiene en su contra, una vez descontados los juicios de los jubilados, 158.903 son por reclamos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Ése es otro de los enormes pasivos que se gestaron en los últimos años también de la mano de diferencias en el sistema de retiro de los militares. En el Gobierno dejaron traslucir que también se le busca una salida a esta enorme deuda previsional que se ha judicializado.

Entre las demandas están los llamados "temas especiales". Dentro de ese ítem se cuentan 26.370 causas, la gran mayoría con reclamos millonarios. Los expedientes que se iniciaron tras la explosión del arsenal de municiones en Río Tercero, los que vinieron detrás del incendio de Cromagnon, los que aún están pendientes sobre el atentado de la AMIA o los daños y perjuicios que promovieron las víctimas de la tragedia de Once son algunos de ellos. Además, están algunas ejecuciones fiscales, todos los reclamos de empleados públicos y los expedientes que tramitan como consecuencia de la acción del Estado y que pudieran haber afectado a la propiedad participada que se les entregó a los empleados cuando se privatizaron los servicios públicos. Los accidentes ferroviarios también se cuentan de a miles. Sucede que aunque haya un concesionario la responsabilidad del Estado se mantiene, ya que es el dueño de la cosa (en este caso, la formación ferroviaria o la infraestructura) y como tal es responsable de los daños que cause.

Por otros temas jurídicos, con variedad suficiente como para escribir tomos y tomos de maneras de demandar al Estado, se tramitan 108.674 causas.

Los poco más de 1,676 millones de expedientes en los que el organismo público es reclamante son, mayoritariamente, ejecuciones fiscales de la AFIP. Pero dentro de ese magma de pleitos existen juicios del Banco Central, de los ministerios de Economía y Trabajo, y de los entes reguladores de servicios públicos, entre otros.

Juan Javier Negri, abogado socio del estudio Negri & Pueyrredón, explica que en la Argentina el Estado no es uno más a la hora de estar en juicio, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, sino que tiene varias prebendas, sea como actor o como demandado. "Por ejemplo, para iniciar juicio hay que extinguir la vía administrativa", dijo.

Negri dice que uno de los puntos más importantes y que explican la impresionante cifra de juicios con el Estado como parte tiene que ver no sólo con la cantidad de actividades que desarrolla, muchas ajenas a la actividad estatal propiamente dicha, sino a la prohibición de llegar a acuerdos con la contraparte. "Eso impide tomar decisiones racionales acerca de continuar o acabar con juicios que duran años y cuyo costo de gestión supera largamente cualquier posible resultado negativo", advierte.

Así, por años, muchas agencias de abogados del Estado se convirtieron en "apeladores seriales", una manera de pasar la responsabilidad al último tribunal que entendió en la causa. "Es imposible el control expediente por expediente. Nos abocamos a finalizar el registro y hacer auditorías de juicios por muestreo", dice Balbín.

Carlos Balbín - Procurador del tesoro - "Desde hace un año que estamos con el trabajo de poner al día este registro de juicios en los que el Estado es parte. Cuando llegamos encontramos cierta desorganización en los datos, ya que algunas reparticiones no informaban o lo hacían mal"

Una maraña de expedientes

309.479 Causas en trámite que tiene en contra la Anses - Son los reclamos que se hicieron en los últimos 15 años por los jubilados por diferentes razones que tienen que ver con los desajustes de haberes.

293.947 Causas contra el Estado más allá de la Anses - Son las demandas que tienen a los jubilados como protagonistas. Son principalmente reclamos de efectivos de Fuerzas Armadas y de seguridad.

244,5 Son los miles de millones que se le piden al Estado - Si se excluyen las demandas jubilatorias (la reparación histórica terminará muchas de ella), ése es el número por el que se demanda al Estado.

221,5 Son los miles de millones que el Estado demanda - Es el monto que el Estado, desde sus organismos, les reclama, a través de diferentes causas, a miles de particulares o empresas privadas.

26.370 Expedientes "especiales" en litigio - Éstas son las causas que suman por ejemplo, el programa de propiedad participada, empleo público, ejecuciones, AMIA, tarifas y Río Tercero, entre otros.

1,6 Millones de litigios con el Estado como actor - Ésa es la cantidad de juicios que tienen al Estado como actor iniciador de la demanda a través de diversos organismos, como AFIP, BCRA o Trabajo.

Paseo del Bajo: los pros y los contras

Editorial del diario La Nación

Aunque con un trazado opinable, hay que destacar que la nueva obra significará una importante mejora en la caótica situación del tránsito actual.

Después de muchos años de analizar y desechar varias alternativas, está en proceso de concreción la vía rápida que conectará las autopistas Buenos Aires-La Plata e Illia. La obra, que antes se conocía como Ribereña, es ahora denominada Paseo del Bajo.

Las obras ya han sido licitadas y se estima su finalización para comienzos de 2020. De esta forma se completará una red de autopistas urbanas a la que le faltaba este tramo de conexión entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien la tendencia mundial en las grandes urbes es privilegiar las soluciones de tránsito masivo electrificado, desechando la construcción de nuevas autopistas, la excepción se impone cuando se trata de un enlace esencial y faltante en una red existente. Vale esta reflexión para el Paseo del Bajo, aunque en este caso la nueva autovía excluirá los automóviles y colectivos locales. Para éstos está prevista la circulación por las avenidas laterales Alicia Moreau de Justo y Huergo-Madero, a las que se les dará un sentido único y tendrán cuatro carriles cada una. Entre ambas avenidas serán construidas bajo nivel las dos calzadas de dos carriles cada una. Un tramo será en túnel y la mayor parte en trinchera, lo que permitirá disponer de la superficie a nivel para su parquización.

El proyecto inicial para la Ribereña consistía en un viaducto elevado ubicado en el mismo trazado, con tres carriles en cada sentido. Sin embargo, cuando los viejos depósitos de Puerto Madero se transformaron en oficinas y restaurantes de alta calidad, un viaducto frente a ellos resultó inadmisible.

A partir de entonces llegaron a analizarse más de veinte alternativas, una de las cuales ubicaba el recorrido de la nueva autopista en terrenos de la Reserva Ecológica. Esta solución resultaba la más económica y flexible en cuanto a su capacidad y su aptitud para futuras ampliaciones. No obstante, aceptando una estricta definición ambiental, quedó descartado el uso de la Reserva. De esta manera, las opciones necesariamente debieron conciliarse con el intenso desarrollo del barrio de Puerto Madero y la construcción bajo nivel se tornó inevitable.

Una propuesta de utilizar el fondo de los docks quedó también descartada por su costo y dificultades técnicas. El Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería había propuesto una solución en túnel bajo la Avenida de los Italianos, lindante con la ex Costanera Sur. La definición final ha dejado atrás estos estudios y propuestas, aunque no disipa la posibilidad de observaciones, que las hay y fundadas.

Una primera limitación del proyecto elegido es la exclusión del tránsito liviano de la autopista central. Al derivarlo a las avenidas laterales con intersecciones a nivel, se les negará a los automovilistas la conexión rápida. Pero tal vez la observación más importante se relacione con la estrechez del diseño a la que obligó el escaso espacio del que se dispondrá para el ancho de la autopista. Se proyecta una calzada de dos carriles para cada sentido de circulación, con banquinas laterales estrechas y sin entradas ni salidas a lo largo de más de cinco kilómetros.

La capacidad máxima estimada para cada sentido es de 2550 vehículos (camiones más ómnibus) por hora. En las rampas de conexión en el extremo sur y en la salida al Puerto, que serán de un solo carril y con pendientes del orden del 4%, la capacidad se reducirá a menos de 900 vehículos por hora. Por lo tanto, desde el inicio, habrá congestión en las horas pico. Además, debido a la estrechez de las banquinas, cualquier detención de un camión invadirá medio carril derecho, dejando sólo uno para la circulación.

A lo largo de cinco kilómetros, en medio de la ciudad, no habrá escapes frente a una detención o un accidente. Estas fuertes limitaciones y sus consecuencias resultarán de no poder ofrecer tres o cuatro carriles de circulación en cada sentido.

Durante la construcción, la obra ocasionará serias perturbaciones en un área de densa ocupación y movimiento. También se enfrentará a tener que desplazar servicios que utilizan el subsuelo. Esto se podría haber minimizado si se hubiese elegido otro recorrido, como el de la Avenida de los Italianos.

No obstante estas observaciones, la ciudad contará con una conexión de la que actualmente carece y que permitirá derivar hacia ella el intenso tránsito de camiones que hoy circulan por la avenida Huergo-Madero. La Terminal de Ómnibus de Retiro y el Puerto de Buenos Aires mejorarán sus accesos desde el Sur. Los automovilistas, aunque sin autopista, dispondrán de dos avenidas, ambas sin camiones y con un solo sentido de circulación, lo que mejorará su penosa situación presente.

En definitiva, la ciudad concretará una importante obra, aunque en una alternativa de trazado e ingeniería opinables.

Afirman que este año se reanudarán las obras de las represas del Sur

(La Nación) - El Gobierno cree que se trata de un proyecto "positivo" para el país

A pesar de la polémica, el Gobierno avanzará con las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, proyecto en el que estuvo involucrada la firma Electroingeniería en tierras de Lázaro Báez, cercano a los Kirchner. El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, afirmó ayer que las obras para la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz se reiniciarán este año, y consideró que serán positivas para el sistema energético.

Afirman que este año se reanudarán las obras de las represas del Sur.

"Antes o después del invierno estamos confiados en que se reinicien las obras", indicó Sruoga a la agencia estatal Télam, y señaló que "bien hecha" se trata de una obra positiva. "Tiene mínimo impacto en el ambiente y un alto impacto económico en la provincia."

El proyecto de las represas fue presentado internacionalmente en 2012, y un año más tarde adjudicado a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Electroingeniería, la firma china Gezhouba Group e Hidrocuyo.

En 2014, el gobierno de Cristina Kirchner aprobó el modelo de contrato con China para que este país financiara parte de la obra, y en febrero de 2015 se ordenó su inicio. Los trabajos comenzaron, pero antes de fin de año se detuvieron, y con el cambio de gobierno su continuidad estuvo en duda. Sin embargo, durante la visita que el presidente Mauricio Macri realizó a China en septiembre pasado se pactó el reinicio de las obras, para las cuales el gigante asiático prometió financiamiento por US$ 4700 millones.

De todos modos, en diciembre pasado un fallo de la Corte Suprema ordenó analizar el impacto ambiental que podrían tener las represas en la región y llamar a audiencia pública para discutirlo. "Estamos trabajando fuerte, todo el año pasado estuvimos trabajando técnicamente en analizar los proyectos", afirmó Sruoga, quien subrayó: "Llegamos a la conclusión de que es un proyecto bueno".

Explicó que para impulsarlo "había que repensar la relación con la provincia, los contratos con la contratista y de financiamiento y los estudios ambientales". "Avanzamos en casi todos los aspectos", aseguró, y precisó: "Lo único que nos falta son los estudios ambientales, que la contratista los complete, se celebren las audiencias públicas, que tengan intervención todos los organismos que deban tenerla y una vez completados los estudios estarán dadas las condiciones para reiniciar la obra".

Sruoga remarcó que "es una obra que puede llegar a emplear a 5000 personas", y aseguró que "es buena para el sistema eléctrico, incluso para las renovables, porque permite acumular agua y se puede emplear cuando no hay viento o no está el complemento de la energía solar". Además dijo: "Combinada con las renovables, es una buena alternativa. Es aprovechar un recurso que no es contaminante y no genera dióxido de carbono".

El Plan Renovar, lanzado el año pasado por el Gobierno, ya adjudicó 47 proyectos en las dos rondas licitatorias realizadas, por 2390,5 megavatios de potencia, apenas por debajo de los 2581 MV que la central hidroeléctrica Yacyretá aporta al sistema eléctrico nacional.

Telefónica refuerza la inversión en la Argentina y empieza el despliegue de una nueva red fija

La Nación - Aunque sostiene su rechazo al ingreso de Clarín en el servicio 4G, invertirá $ 38.500 millones en el trieño 2017-2019; el año próximo prevé llegar con una nueva red fija a 600.000 hogares.

José María Álvarez Pallete, en el Mobile World Congress. Foto: Reuters / Paul Hanna

BARCELONA.- Telefónica agotará las instancias administrativas y judiciales en la Argentina para frenar el desembarco del Grupo Clarín en la telefonía móvil pero ya se prepara para la competencia: aumentará la inversión y desplegará una red fija -apta para dar banda ancha de alta velocidad y TV paga- que se prevé llegue a 600.000 hogares. Así lo anunciaron fuentes de la empresa durante el Mobile World Congress, la cumbre mundial de la industria que se realiza hasta el viernes en esta ciudad, donde los ejecutivos de la multinacional española siguieron reclamando contra las decisiones del gobierno del presidente Mauricio Macri, que la semana pasada recibió en Madrid al CEO global de la firma, José María Álvarez Pallete.

En los próximos 15 días, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) firmará el contrato con Nextel (adquirida por Cablevisión, a su vez controlada Grupo Clarín) y le fijará las condiciones para desplegar una cuarta red de conectividad móvil 4G que usará el espectro comprado por la empresa a las cinco firmas que lo tenían asignado. Para Telefónica hay razones técnicas y jurídicas para cuestionar la forma en la que Nextel se haría con el espectro (asignado para otros usos, como comunicaciones punto a punto).

Desde que asumió, el gobierno del presidente Macri viene dando los pasos regulatorios para la convergencia de los servicios de telefonía e Internet fija y móvil, y la TV paga. Tras años de postergación, esa convergencia podría producirse durante los próximos doce meses, en los que se espera que Cablevision/Nextel construyan su red móvil y comience a dar servicio, y las telefónicas desplieguen fibra para poder dar TV paga y mayores ancho de banda de Internet fija.

Cablevisión tiene la red fija de mayor capacidad pero no tiene aún servicios 4G, y las telefónicas tienen infraestructura instalada de 3G y 4G, pero siguen dando acceso a Internet a través del "par de cobre" (como se llama a los cables telefónicos), que tiene un ancho de banda muy limitado e impide dar TV paga. Por eso, sólo en 2017, Telefónica prevé llegar con una nueva red de fibra hasta 600.000 "hogares pasados" o clientes potenciales. En la empresa analizan las zonas en las que desplegarán esa red: si en las de mayor poder adquisitivo (donde ya está Cablevisión y hay otras redes más pequeñas) o en las áreas donde aún no hay redes robustas: el sur de la Capital Federal y el conurbano, para empezar.

La amenaza de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -el tribunal del Banco Mundial a donde Telefónica ya llevó a la Argentina tras la salida de la convertibilidad- no está descartada pero pierde fuerza. Hasta ahora, la firma reclamó administrativamente ante el Enacom -pidió vista de los expedientes- y planteó en los Tribunales una medida cautelar para suspender la asignación del espectro en banda 2.5 Ghz a Clarín, sobre la cual el juez aún no se expidió.

En el trieño 2017-2019, la empresa prevé invertir en Argentina 38.500 millones de pesos, una cifra mayor que la prevista para 2016-2018. En los últimos dos años, incluyendo lo pagado por el espectro comprado en 2014, la multinacional española invirtió en Argentina 30.000 millones de pesos. Estas cifras son más relevantes si se las pone en contexto: aunque siguen ganando en promedio el 10% de lo que facturan, los operadores globales de comunicaciones vienen perdiendo rentabilidad desde hace algunos años en una tendencia que parece consolidarse (y que motivó algunos lamentos en el congreso de Barcelona). El panorama en América latina también muestra quebrantos: en el mercado brasileño, la operadora Oi -en severa crisis desde hace meses- no termina de ser vendida ni dividida entre los demás operadores; y en México, donde la competencia fuerte arrancó hace tres años, dos de los tres grandes operadores tuvieron fuertes pérdidas el año pasado (AT&T y Claro).

España, donde hay tres grandes operadores convergentes (Movistar, Vodafone y Orange), tiene la penetración de fibra óptica más alta de Europa (y en el mundo sólo está detrás de Corea e Israel). Los españoles pueden adquirir un paquete de cuatro servicios (fibra óptica de 50 megas, una línea fija y dos líneas móviles y la TV por cable de Movistar Plus) a 50 euros mensuales (el equivalente a 900 pesos argentinos). Si prefieren 300 megas y llamadas ilimitadas a fijos, el precio se va a 62 euros y si quieren mejorar esas prestaciones y agregar los paquetes de contenidos Premium (entre ellos parte del fútbol), entonces pagarán 90 euros. El servicio convergente más caro de Movistar en España -que incluye todo el fútbol y las mejores ficciones- tiene un valor de 115 euros (unos 2000 pesos argentinos). Todos esos precios tienen el IVA incluido y no prevén obligaciones de permanencia. En Argentina, por esos servicios -buena parte de los cuales no existen comercialmente- se paga el doble o el triple.

Telefónica -cuyos directivos volvieron a reunirse aquí este domingo con Miguel de Godoy, presidente del Enacom- espera que la administración Macri cumpla las promesas hechas a las telefónicas: equiparar el límite de espectro disponible que cada operadora puede usar (ahora 70 mhz por empresa, cuando Cablevisión/Nextel tendría 90 mhz), que se libere la banda de 700 mhz, comprada y pagada por las tres grandes celcos pero hasta ahora ocupada, que se les permita a las operadora de 4G compartir infraestructura en las localidades de baja densidad poblacional y poder dar efectivamente televisión a partir del 1 de enero de 2018. Sobre este último punto sostienen que el gobierno de Macri postergó ese ingreso, que la ley Argentina Digital de 2014 había habilitado pero que hasta el final del kirchnerismo nunca se había reglamentado.

De fondo está la posibilidad de una fusión entre Cablevisión (empresa controlada por Clarín pero donde el fondo Fintech, del mexicano David Martínez tiene el 40% de las acciones) y Telecom Argentina (controlada por Martínez). En diciembre de 2015, cuando el presidente Macri derogó parcialmente por decreto las leyes de medios y de telecomunicaciones del kirchnerismo, el mercado daba por hecha esa fusión, que incluso fue alentada por el propio gobierno -lo que le hubiese dado una buena excusa para acelerar la apertura del mercado-. Pero las diferencias sobre la estrategia y el control de una eventual empresa fusionada abrieron una brecha entre el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y Martínez, y las aguas empezaron a separarse: hoy cada empresa tiene su plan de inversiones. En las telefónicas consideran que el proyecto propio de Clarín en 4G es una jugada previa a esa fusión (para darle mayor valor a Cablevisión), pero reconocen que si en unos meses Nextel avanza en el despliegue de su red (para la cual prometió una inversión de 500 millones de dólares) aquella operación -tal como se la esperaba- se habrá diluido.