Hallan cobros irregulares en previsión social

Por Marcelo Veneranda - LA NACION
El gobierno de Vidal encontró jubilaciones duplicadas y pagos a personas fallecidas por $ 688 millones; procura ahora cobrar deudas por otros 660 millones a los municipios y colegios privados.


La gobernadora María Eugenia Vidal.Foto:Archivo/LA NACION / Fernando Massobrio

A partir del cruce de datos con la Anses y con organismos de otras provincias, el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS) detectó un núcleo de irregularidades en el pago de jubilaciones cercano a $ 688 millones. Así lo reveló a LA NACION el titular de la entidad, Christian Gribaudo, quien por estos días intenta recuperar otras deudas millonarias: unos $ 160 millones de los municipios y $ 500 millones de los aportes de colegios privados.

"A partir del intercambio de datos con la Anses y otros institutos previsionales, encontramos una gran cantidad de jubilaciones irregulares o incompatibles. Básicamente, de tres tipos: personas que cobraban dos o más jubilaciones; personas que percibían jubilaciones y seguían trabajando; y apoderados o gestores que seguían cobrando jubilaciones de fallecidos", señaló Gribaudo.

Agregó que los casos detectados y dados de baja significarán un ahorro para la provincia de $ 188 millones este año, pero que en los últimos años insumieron el pago de $ 500 millones. Para recuperar esos fondos, el IPS planea retener haberes a quienes, tras el cruce de datos, sigan siendo beneficiarios. En el resto de los casos, deberá accionar judicialmente.

No será la única visita a los tribunales. El funcionario de María Eugenia Vidal ya presentó una denuncia penal tras detectar una seguidilla de casos -la mayoría, de las ciudades de Cañuelas y Las Flores- en los que se modificaban claves del sistema para otorgar jubilaciones en categorías mayores a las debidas. "El negocio era el retroactivo", señala el funcionario, y explica: "Detectamos que gestores y empleados del IPS le ofrecían a quienes hacían el trámite una mejor jubilación, a cambio de quedarse con el pago retroactivo".

Sin embargo, Gribaudo no despotrica contra "la herencia" sciolista y hasta elogia a su antecesor, Mariano Cascallares. Busca, de hecho, diferenciar la situación del IPS de otros organismos provinciales. Por ejemplo, la obra social IOMA, donde se detectaron irregularidades por $ 1500 millones y en las que el gobierno de Vidal responsabiliza a funcionarios de Daniel Scioli.

"Cascallares hizo denuncias similares a las que estamos presentando y dejó un IPS superavitario. De hecho, su vice, Mailén Vélez, continúa como directora. Acá no se trata de una herencia política, sino de un vicio en el sistema que estamos combatiendo", remarcó Gribaudo.

Aunque no lo diga, esa defensa de su antecesor no tiene que ver sólo con su paso por el IPS. Convertido en intendente de Almirante Brown, Cascallares es un aliado de Vidal en la relación con los municipios del Frente para la Victoria.

La relación con los intendentes -que impacta en la Legislatura bonaerense, donde Cambiemos necesita apoyo opositor en ambas cámaras- posiblemente dificulte el cobro del segundo "paquete" que persigue Gribaudo: los $ 160 millones que adeudan los municipios, principalmente, por aportes no realizados al IPS cuando se pagan bonos de fin de año a los empleados locales.

El tercer paquete, y el mayor, proviene de unos $ 1035 millones que adeudan los colegios privados bonaerenses. Cascallares identificó el 93% de esa deuda y consiguió que la mitad de los deudores se inscribieran en una moratoria. Gribaudo busca cobrar los $ 500 millones restantes a través de apremios.

Trámites eternos y gestores

El IPS fue uno de los actores centrales en los anuncios de aumentos para jubilaciones, comedores y planes sociales que Vidal hizo esta semana y que significaron un alivio para su gestión, en medio de las protestas de policías y estatales, el aumento en las tarifas y los despidos.

Más allá de ese aporte, y de la recuperación de fondos millonarios que intentará, Gribaudo enfrenta varios desafíos para modernizar el IPS.

El primero pasa por acortar los trámites jubilatorios, que en la provincia duran entre un año y medio y dos años. El objetivo de Cambiemos pasa por lograr en 2016 que esos trámites se completen en un año o menos. El objetivo final: que se logren iniciar y cerrar en 30 días.

Para eso, Gribaudo planea completar la descentralización iniciada por el sciolismo -que creó 76 centros de atención previsional (CAP)- y plantar una sucursal del IPS en los 135 municipios bonaerenses. Pero, antes, deberá resolver un problema: el IPS no tiene un sistema informático en red que integre sus oficinas. Los trámites que se inician en los CAP tardan tres meses más que los iniciados en La Plata.

"Necesitamos un sistema que funcione y personal capacitado. Porque la lentitud del sistema se convirtió en un negocio para quienes gestionan jubilaciones", señaló Gribaudo. Esas empresas de gestores rodean la manzana del IPS, en La Plata.

Detectar esas y otras irregularidades, como las jubilaciones mal pagadas, también es un problema: hasta ahora estaban a cargo de una sola persona del departamento jurídico del IPS, que tiene 288.000 beneficiarios.

Los investigadores creen que Jorge Chueco se fugó a Brasil o a Paraguay

Por Alan Soria Guadalupe - LA NACION
El abogado cercano a Lázaro Báez hacía viajes frecuentes a la frontera y por eso es la principal hipótesis


PUERTO IGUAZÚ.- Hubo cambios en la búsqueda del abogado Jorge Chueco, visto por última vez el jueves en esta ciudad. Ayer cobró fuerza la hipótesis de que el abogado cercano al empresario kirchnerista Lázaro Báez pudo haber salido del país. En pocas horas, las autoridades pasaron de negar que hubiera elementos suficientes para suponer que Chueco ya no estaba en la Argentina a "no descartar" que pudo haber escapado a Brasil o Paraguay sin dejar rastro. Anoche esa hipótesis era la principal. "Todos en Iguazú están convencidos de que cruzó", reveló a la nacion una de las fuentes con más peso en la investigación.

¿Qué elementos sostienen la nueva hipótesis? En la búsqueda de datos que pudieran describir con más detalle los movimientos de Chueco antes de su desaparición, los investigadores se toparon con que el hombre solía realizar viajes frecuentes y fugaces a esta ciudad. Y no sólo eso, sino también que en esas visitas aparentemente furtivas Chueco acostumbraba cruzar la frontera con Brasil. En lo que va del año, visitó Misiones dos veces. Aunque la policía provincial no brindó información sobre las ocasiones en las que viajó en otros años, sí confirmó que fueron numerosas.

"Nosotros no descartamos nada. Es un tema abierto. Estamos pidiendo informes de entrada y salida [a migraciones de Paraguay y Brasil]", contestó el fiscal a cargo de la investigación, Martín Brites, a la nacion, cuando se le preguntó por la hipótesis que hasta anteayer era débil.

Un dato no menor: según pudo saber este diario de una alta fuente de la investigación, al momento de ser trasladado desde la pasarela de las Cataratas por la policía provincial -tras encontrarlo ebrio y drogado- Chueco dijo que tenía US$ 150.000 en el hotel donde se hospedaba. Pero en el allanamiento en el Saint George se encontraron poco más de US$ 43.000. Además, la última vez que lo vieron los empleados de Los Helechos, Chueco salió con uno de los bolsillos del pantalón inflado por la cantidad de cosas que llevaba allí. Todavía no se confirmó qué era.

Otro dato más: anoche se terminaron de analizar las cámaras de seguridad que registraron el paso del abogado por las Cataratas y en ningún momento se ve a alguien arrojarse.

Mientras la hipótesis del suicidio se desinfla, crece la idea de que todas las supuestas pistas que Chueco dejó atrás -los dólares, los $ 1000 en efectivo y las cartas de disculpas a la familia- eran para desviar la atención.

Sin embargo, las autoridades son cautelosas y aún no dan por seguro que Chueco haya escapado del país. "Pudo haber salido hacia otro punto o estar todavía alojado en la ciudad", afirmó el jefe de la policía de Misiones, Manuel Céspedes.

Por eso, ayer se dispusieron nuevos operativos para encontrar pistas sobre su paradero. Hubo rastrillajes en los alrededores de los hoteles céntricos Los Helechos y Saint George -donde Chueco se hospedó simultáneamente- y se sumaron buzos a los operativos sobre los ríos Paraná e Iguazú, además de que por varias horas se vio un helicóptero de Prefectura sobrevolar la ciudad.

También -indicó el fiscal a la nacion- se intensificaron los controles en los accesos a la ciudad, se ordenaron rastrillajes en unas 600 hectáreas y se tomó declaración a los guardaparques del Parque Nacional Iguazú y al chofer del micro que llevó al abogado desde Posadas a Iguazú el 12 de abril, luego de que dejó su Peugeot 408 negro abandonado en el estacionamiento de un supermercado. Ayer el auto estaba secuestrado en la Unidad Regional V de Iguazú, luego de que un conocido de Chueco lo trajo a esta ciudad.

Para ayer estaba prevista la declaración de las hijas del letrado en la comisaría 1a, pero las autoridades no confirmaron que se hubiera concretado. La ex mujer de Chueco, Patricia Tendler, quien hizo la denuncia por la desaparición, volvió ayer a Buenos Aires, pero hoy regresaría a Misiones.

El apoderado de Helvetic Service Group -la sociedad que compró La Rosadita- debía declarar el miércoles próximo ante la justicia federal en la causa por lavado de dinero por la que está detenido Báez.

Señales para despistar

Jorge Chueco - Abogado - Los investigadores no descartan que la visita de Chueco a las Cataratas y las cartas a la familia hayan sido pistas falsas dejadas por el abogado

Detectan irregularidades en un subsidio laboral

Por Nicolás Balinotti - LA NACION
Son los Repro, que se otorgan en situaciones de contingencia; pese a ello, el plan continuará

En su rastrillaje por toda la administración pública, el Gobierno avanzó en su política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. En paralelo, también activó auditorías en organismos clave, entre los que está el Ministerio de Trabajo de la Nación. Allí, el ministro Jorge Triaca ordenó una revisión de los fondos de Recuperación Productiva (Repro), un plan de contingencia por el cual el Estado nacional subsidia parte del salario de los trabajadores que se encuentran en empresas cuya situación es crítica.

Con la auditoría todavía en proceso, ya se detectaron algunas irregularidades, como empresas beneficiadas con el subsidio desde hace 96 meses, o clubes de fútbol que no tendría razón alguna para recibir la ayuda, según supo LA NACION a partir de fuentes oficiales. "No se puede vivir en emergencia. No se puede otorgar un subsidio para toda la vida", argumentaron en la cartera laboral. Triaca, sin embargo, evitó dar precisiones de las fallas y se referirá al tema cuando el informe solicitado esté concluido.

A pesar de las irregularidades detectadas, Trabajo continuará con los Repro, aunque evalúa algunas modificaciones en su distribución. En principio, prorrogó el plan hasta el 31 de diciembre de este año en línea con la "emergencia ocupacional".

Actualmente, unas 300 empresas son beneficiarias de los Repro, que consiste en un auxilio estatal de 2000 pesos por trabajador. Esta política tuvo su pico en 2009, cuando alcanzó a 2769 compañías. Desde entonces, la cifra comenzó a bajar.

Durante el mandato del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, la ayuda del Estado fue de aproximadamente 2500 millones de pesos entre 2004 y 2015, según datos oficiales de la anterior gestión. Cerca del funcionario kirchnerista, aseguraron a LA NACION que el Repro se podía cobrar hasta 12 meses, pero que el plazo podía superarse excepcionalmente. Pero nunca 96 meses.

La participación de los gremios en el reparto de los subsidios es determinante. Cada empresa que se declare en estado de crisis y que aspire a obtener el auxilio financiero estatal deberá presentar, entre una serie de requisitos, la conformidad de la asociación sindical que represente a sus trabajadores. Es decir, tendrá que primar un trato de antemano entre el empleador y el gremio.

Las empresas cuyas solicitudes fueron aprobadas por el Ministerio de Trabajo se comprometerán a abonar a los beneficiarios de los Repro el suplemento de dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría que les corresponda, según el convenio colectivo de la actividad. Además, la compañía estará obligada a mantener la nómina total de personal, por lo que se frena cualquier eventual despido, aunque no así suspensiones o reducción de la jornada laboral.

A contramano de la gestión kirch-nerista, Triaca priorizó elevar el seguro de desempleo, que está congelado en 400 pesos desde 2006, antes que destinar más fondos a los Repro, que, a pesar de las contingencias, significa una apuesta a conservar el vínculo laboral y mantener al trabajador dentro del mercado.

El sector que más recurrió en los últimos dos años a la subvención estatal fue el de transporte de pasajeros, cuyo sindicato principal, la Unión Tranviaria Automotor (UTA), cerró recientemente una suba salarial anual de 29% para los colectiveros. En la paritaria, el gremio avaló los aumentos de hasta el 100% en las tarifas. El trato se escenificó en la Casa Rosada con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el jefe de la UTA, Roberto Fernández. No es la primera vez que los movimientos de Fernández quedan condicionados por el reparto de los subsidios. "Nos dijeron que a los Repro los iban a pagar hasta julio o agosto y que después se repartirán de otra manera", dijo el sindicalista a LA NACION.

Otros sectores que están en crisis son los vinculados a la energía y al petróleo. También, la producción de autopartes y la siderurgia, dos industrias que están golpeadas por los coletazos en Brasil, un socio fundamental. El freno de la obra pública hizo caer los índices de empleo en la construcción, donde ya hubo 30.000 bajas en lo que va de 2016. Para este caso, el Gobierno avanza en alternativas con inversión extranjera a fin de reactivar el circuito, aunque hay una decisión tomada de no destinar ayuda a empresas icónicas del kirchnerismo, como Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez.

Habrá más presos y nuevos procesados

Por Joaquín Morales Solá - LA NACION
Hay cosas que sirven para distraer a la gente durante un día. Un paseo por el pasado, por ejemplo. No pueden, en cambio, frenar los procesos que están en marcha. Cristina Kirchner recordó a los argentinos que lidera una corriente agresiva, fanática y minoritaria. Fue un relámpago cargado de imágenes viejas. Sólo un Macri ingrato no le agradecería semejante favor cuando sobrelleva el momento más impopular de su plan de estabilización económica.

La justicia federal, sin embargo, no se detendrá por esas ficciones políticas. Un consenso entre jueces federales y la Corte decidió que continuará, como si nada hubiera pasado, la revisión de las causas de corrupción durante el kirchnerismo. Habrá más presos y nuevos procesados, dijo un juez federal un día después de la parranda cristinista.

¿Cómo sigue entonces? La próxima novedad sobre la ex presidenta la dará el juez Claudio Bonadio, que la procesará por el delito de defraudación a la administración probablemente sobre el final de la semana que se inicia.

Hay que hacer una precisión: Cristina Kirchner no está siendo juzgada en esta causa por asociación ilícita, como ella aseguró en su discurso en la vereda de los tribunales. La figura le sirvió para adornar una frase de autoelogio. Pero no es verdad.

Antes del procesamiento, Bonadio debe pronunciarse sobre la recusación que le hizo Cristina. La recusación es floja: Cristina recordó que Bonadio había dicho que tenía una opinión sobre ella, pero que no la haría pública. Es cierto. Bonadio dijo eso. ¿Está prohibido que un juez tenga una opinión sobre una persona? No. Lo que un juez no puede hacer es expresarla públicamente, sobre todo si esa persona está siendo juzgada por él. Es lo que hizo Bonadio.

Cristinistas y no cristinistas (todos políticos) están cuestionando que se juzgue una decisión política. La política amplió con demasiada generosidad la interpretación de lo que es una decisión política no justiciable. Con palabras claras: una decisión política también puede implicar un delito. El segundo reproche que le hacen al juez es que haya permitido con su citación un regreso a la política de una ex presidenta que estaba arrumbada en el confín del Sur. Si bien es dudoso que la citación haya resucitado a Cristina, las preguntas son otras. ¿Por qué pedirle a un juez que mida con exactitud las repercusiones políticas de sus decisiones judiciales? Si lo hiciera, ¿no se convertiría, acaso, en un militante de fuerzas políticas concretas, oficialistas u opositoras?

Ocurre también que hay una incipiente preocupación de influyentes sectores empresariales por el curso de los acontecimientos judiciales. Comenzaron recibiendo con alegría las noticias que venían de los tribunales, pero cambiaron la cara cuando descubrieron que las investigaciones judiciales podrían terminar en algunos de ellos. El camino es inevitable; la corrupción política se alimenta de la corrupción privada. Ese cambio entre ciertos empresarios fue percibido por el Gobierno y por los jueces.

Hay un ejemplo en estos días de esa supuesta vinculación entre políticos y empresarios. El fiscal Guillermo Marijuan adelantó desde Nueva York que accedió a una voluminosa y devastadora información sobre las concesiones petroleras de Cerro Dragón. La investigación sobre presuntos sobornos involucra al ex ministro Julio De Vido, que se encontró con su destino judicial, y a empresarios nacionales y extranjeros.

Un mensaje nuevo apareció en el espacio público: es mejor, dice, dejar tranquilo al cristinismo y no darle la oportunidad del regreso. Que todo quede como está (o como estaba). La corrupción es posible porque alguien recibe dinero y porque otro lo paga. Una verdad simple y obvia, que a veces es necesario recordarla. Las investigaciones deben comprender a todos sus actores, no importa si estuvieron en la gestión pública o en la privada. El debate supuestamente político sobre la oportunidad de avanzar en las causas de corrupción es el pretexto perfecto para la impunidad.

Suelta de viejas ataduras y de más viejos temores, la Justicia parece impermeable a ese mensaje. Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez y excitado contador de dólares en La Rosadita, irá preso dentro de poco. Más integrantes del grupo de Báez acompañarán a Martín y a su padre en la cárcel. Dicen que su padre se convertiría en un Fariña mucho más preciso y caudaloso si su hijo terminara entre rejas. Lo único cierto, por ahora, es que Lázaro Báez está buscando un diálogo con la política o con la Justicia. Ese puente no se habilitó todavía, pero podría construirse en los próximos días.

La resolución de la Cámara Federal que ratificó su prisión le aclaró al juez Sebastián Casanello que el peligro de fuga de Báez no existió porque se subió a un avión sin plan de vuelo. El peligro existe, dice la única sala prestigiosa de ese tribunal, porque la cantidad de dinero lavado es enorme y porque Báez podría usar su libertad para seguir escondiendo su fortuna mal habida. Los tres jueces que firmaron la resolución (Irurzun, Cattani y Farah) hasta deslizan que podría haber dinero en efectivo escondido en covachas de Báez. La Cámara fue, en síntesis, mucho más allá que el propio juez Casanello. Báez no tiene ninguna razón para serenar la ansiedad que padece en estos días.

Los hermanos Schoklender volverán pronto a prisión por la causa que investiga el despilfarro de dinero público en el programa Sueños Compartidos, que también involucra al ex ministro De Vido y a Hebe de Bonafini. Tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) fueron llamados a indagatoria por el derroche de recursos del Estado en Fútbol para Todos. Funcionarios cercanos a la jueza María Servini de Cubría, que es quien los citó, señalaron que es más fácil procesar a Aníbal Fernández por esa causa que por la de la efedrina.

El juez Julián Ercolini decidió crear una unidad fiscal de investigación por la muerte de Alberto Nisman. Le encomendó al fiscal Eduardo Taiano, de su más estrecha confianza, que designara a dos fiscales más. Es decir, que la muerte más importante de la democracia argentina será investigada por tres fiscales. La justicia federal evitó que la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se metiera en el asunto.

El consenso de los jueces resolvió, en fin, que irán tomando decisiones de manera dosificada, pero permanente. El espectáculo sólo ha comenzado.

Desde la cresta del Poder Judicial hasta los pasillos de Comodoro Py sorprendió la información que daba cuenta de cierta desconfianza del Gobierno con el juez Ariel Lijo, que mantiene una excelente relación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. "Lijo es una presencia importante entre los jueces y está convencido de la necesidad de avanzar en las causas que investigan la corrupción", dijeron en la más alta instancia de la Justicia. ¿Un ejemplo? Lo dieron: Lijo estuvo muy cerca de Casanello cuando éste dispuso la detención de Báez. Lo ayudó con algunos consejos prácticos y le sugirió que no permitiera la posibilidad siquiera de una fuga del empresario kirchnerista. Es probable que el Gobierno haya tenido información parcial sobre Lijo, pero lo cierto es que muy pocas veces repercutió tanto una información que afectaba a un juez. Lijo es más que un juez federal. Es un referente (o amigo personal) de varios de sus colegas.

El peronismo sabe de antemano los tiempos que vienen. La reaparición de Cristina Kirchner y la ofensiva judicial son más un problema del peronismo que de Macri. Si algo les quedó claro a los dirigentes peronistas más inteligentes es que ellos no volverán al gobierno con el espectáculo de Cristina Kirchner en Comodoro Py. Tendrán la calle, pero no el poder. Agresiones físicas y verbales a periodistas y un discurso amarrado al pasado. Pedazos de libertad, un derecho que se había recuperado plenamente, parecían otra vez en riesgo. Encuestas que recibió el peronismo aseguran que un 70 por ciento de la sociedad rechaza el acto de Cristina. Y a Cristina.

Poco después del violento pasatiempo cristinista, dirigentes peronistas golpearon la puerta de Servini de Cubría, también jueza electoral. Le suplicaron que acepte que la lista de unidad liderada por José Luís Gioja y Daniel Scioli está en condiciones legales de hacerse cargo de la conducción del peronismo. Hay un solo gobernador peronista que no integra esa lista. Es Alicia Kirchner. Hay un solo sector entre tantos que tampoco fue incluido en la eventual futura conducción del peronismo. Es La Cámpora. No fue casualidad. Tampoco fue magia.

El macrismo busca recuperar los bienes de la corrupción

Por Laura Serra - LA NACION
Un proyecto de ley que diseñó la OA propone instaurar la extinción de dominio

Con el empresario kirchnerista Lázaro Báez preso, y con la opinión pública aún conmovida por las imágenes de su hijo Martín contando millones de dólares en La Rosadita, el gobierno de Mauricio Macri dará en los próximos días un golpe de efecto: enviará al Congreso un proyecto de ley para que los bienes de origen ilícito provenientes de la corrupción y del lavado de dinero pasen a dominio del Estado.

La iniciativa, a cuyo detalle tuvo acceso LA NACION, fue elaborada por la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso. Lo innovador del proyecto es que se crea un nuevo instrumento jurídico, la extinción de dominio, mediante el cual el Estado podrá perseguir aquellos bienes de procedencia ilícita sin necesidad de una condena previa del individuo acusado.

En efecto, esta herramienta se diferencia del decomiso -previsto en el Código Penal- por cuanto en este último caso el castigo recae sobre el sujeto. La extinción de dominio, en cambio, es una acción legal de naturaleza civil que va por un carril independiente al de la vía penal, pues se dirige hacia los bienes de origen ilícito, más allá de la responsabilidad criminal del individuo.

"Las respuestas tradicionales al delito, tales como las penas privativas de libertad y las multas, mostraron ser poco eficaces contra la corrupción, además de que siempre llegan una vez cometido el acto ilícito -argumenta la OA en el proyecto-. Actuar contra los bienes es un complemento esencial y constituye un método eficaz para desincentivar tanto a los delincuentes que actúan en forma aislada como a las organizaciones dedicadas a la corrupción pública, al narcotráfico, o al terrorismo."

Ahora bien, cabe preguntarse si la extinción de dominio no vulnera el derecho a la propiedad, consagrado como un derecho fundamental en la Constitución Nacional. El Gobierno aduce que no. "Lo que la Carta Magna resguarda son los bienes adquiridos legítimamente, no aquellos que provienen de una actividad ilícita", explican en la OA.

En el Congreso se presentaron diversos proyectos que instauran la extinción de dominio: los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica); Sergio Massa y Graciela Camaño (Frente Renovador); los radicales Miguel Bazze y Héctor Gutiérrez, y la vicepresidenta Gabriela Michetti se cuentan entre los impulsores. A diferencia del proyecto de la OA, que circunscribe esta acción a los delitos contra la administración pública y el lavado de dinero, los legisladores la extienden a los delitos complejos, como narcotráfico y trata de personas. El Gobierno optó, en cambio, por elaborar un proyecto específico para este tipo de casos, cuya redacción está en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

El procedimiento

En la iniciativa de la OA, el procedimiento para la extinción del dominio comienza cuando este organismo o la Unidad de Información Financiera (UIF), ambos con facultades de investigación y de querella, advierten la existencia de un bien de presunto origen ilícito e inician una investigación preliminar. Acto seguido, la Procuración del Tesoro de la Nación junto al Ministerio Público, de contar con pruebas suficientes, impulsan la acción de extinción de dominio ante el juez.

Admitida la demanda, el magistrado notifica a la persona afectada, quien es la que deberá justificar el origen lícito de los bienes investigados. De no lograrlo, sobreviene la sentencia judicial y, de ser condenatoria, el bien pasa a la órbita del Estado.

¿Cuál es el derrotero de ese bien de origen ilícito en manos del Estado? La iniciativa propone crear una Agencia de Administración y Remate de Bienes Recuperados que funcionará como ente autárquico en el Ministerio de Justicia. Su finalidad "propenderá a la administración, asignación, remate y venta anticipada de los bienes" de origen ilícito, reza la propuesta.

Asimismo, se añade que los fondos recaudados con la venta serán destinados en partes iguales a programas de transparencia y lucha contra la corrupción; el fortalecimiento de las instituciones destinadas a la prevención, investigación y persecución de los delitos contra la administración pública y el lavado de activos; y la inversión en infraestructura educativa.

Tanto el Gobierno como los legisladores de la oposición que abrazan esta herramienta enfatizan que está en línea con lo que recomiendan los principales tratados internacionales contra la corrupción a los que suscribió nuestro país. Resaltan, además, sus resultados auspiciosos en las naciones donde se aplica.

"En Colombia, la aplicación de la extinción de dominio ha permitido recuperar para el Estado 3000 millones de dólares en los últimos tres años", enfatizó el diputado Gutiérrez. "Debemos avanzar en una ley que sirva para restar poder económico al delito y para resarcir económicamente al conjunto de la sociedad", sostuvo, por su parte, el radical Bazze.

Seis claves de una iniciativa audaz

La extinción de dominio consiste en la pérdida del derecho de propiedad sobre un bien producto de actividades ilícitas, que pasaría al dominio del Estado, sin compensación para el propietario o poseedor

Derecho a la propiedad - La Oficina Anticorrupción dice que no viola este derecho por cuanto la Constitución resguarda sólo los bienes de origen lícito

Antecedentes - Se aplica en varios países europeos, en Estados Unidos y la región

Sin condena previa - La extinción de dominio se aplica independientemente de una condena previa. La acción persigue a los bienes, no al sujeto.

Bienes recuperados - Los bienes recuperados son administrados por una agencia adhoc. Los fondos producidos de la venta o remate irán a prevenir la corrupción y a la infraestructura educativa

La iniciativa - La autora de la iniciativa es Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción

Astillero Rio Santiago analiza contrato Daewo Argentina

El presidente de Astillero Río Santiago (ARS), Ernesto Gaspari, mantuvo este martes una reunión con el director General de Daewo Argentina, Youn-Sam Choi, en la que evaluaron las capacidades productivas del ARS para avanzar en la ejecución de diversos proyectos para la industria naval.

En este marco, Gaspari sostuvo que “trabajaremos coordinadamente en la posibilidad de avanzar en un contrato para la construcción de un buque multipropósito para la Armada Argentina diseñado por Daewo Central, de utilidad adaptable a desastres naturales y al uso militar como buque de transporte de tropas y desembarco mediante embarcaciones anfibias y helicópteros”.  “El objetivo principal sigue siendo alcanzar acuerdos con distintos clientes del país y del mundo, para garantizar la ocupación total de nuestra capacidad productiva”, precisó.

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering fabrica el buque  asalto anfibio clase “Makassar”de tipo LPD,  en Corea del Sur.  El LPD clase Makassar es desplegado por las fuerzas de operaciones anfibias a los vehículos de transporte de equipos, carga y militares. Los barcos también se puede utilizar en las operaciones humanitarias y desastres naturales.

El diseño también incorporó tecnología semi-stealth. Los LPD están equipadas con sistemas de información de combate y sistemas de comunicación para operar incorporado a un grupo de buques de guerra. Los barcos están armados para proteger el desembarco de tropas, vehículos de combate y helicópteros.

Tiene una longitud de 122 metros, un ancho de 22 metros y su calado es de 4,9m. El desplazamiento de la clase Makassar es de 7300 t. Tienen capacidad  para 13 vehículos de infantería y 2 helicópteros con su correspondiente hangar.

Debido a sus caracteristicas ha sido elegido por la Armada Peruana para fabricar dos buques
multipropósito en los astilleros estatales SIMA Callao. La quilla de esta primera unidad se montó en julio de 2013. El presupuesto asignado a la construcción de estos dos buques multipropósito se
eleva a aproximadamente a 103 millones de dólares.


De la reunión, realizada en oficinas del ARS en la Ciudad de Buenos Aires, participó también Guido Denegri, encargado de la División Metal y Acero de Daewo; los gerentes General y Comercial del ARS, Ing. Daniel Romano e Ing. Julio Martínez, respectivamente, y el coordinador del ARS con la Armada Argentina, Capitán de Navío (RE) Carlos Suárez. (Aninoticias)

Bridgestone invierte USD 195 millones para la producción local de neumáticos

(Infobae.com) - La filial de la firma japonesa, con sede en la localidad bonaerense de Llavallol, apuntará a diversificarse y dirigir su producción en Argentina para el mercado latinoamericano


Crédito: Télam

En medio del clima favorable para las inversiones generado por el nuevo gobierno de Mauricio Macri, la compañía explicó que el plan de inversiones para el período 2016-2020 contempla la fabricación de una nueva línea de neumáticos. "Bridgestone logrará diversificarse y dirigirse a los países latinoamericanos y, principalmente, a los Estados Unidos", señaló la empresa a través de un comunicado.

La japonesa Bridgestone festejó su 100° aniversario en el país con el anuncio de inversión de $2.800 millones (USD 195 millones) entre este año y 2020, destinada a ampliar la planta bonaerense de Llavallol.

El anuncio se realizó en un evento llevado a cabo en la planta y en el que participó la plana mayor de la compañía, encabezada por Kazuhisa Nishigai, miembro de la Junta Directiva y COO de Bridgestone Corporation Japón, además de Macri y el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

El plan de inversión contempla aumentar 40% la capacidad de producción y la fabricación de una nueva línea de neumáticos de alto valor agregado. La idea es diversificarse y enfocarse a los países latinoamericanos y principalmente a los Estados Unidos incrementando en un 400% la exportación de neumáticos, dijo la compañía en un comunicado. La empresa incorporará 250 nuevos puestos de trabajo este año, sobre 1.500 que emplea actualmente.

Le Monde vincula a Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de dinero que usó el nombre de la Cruz Roja

(Infobae.com) - El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las offshores de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, "destino del botín del clan Kirchner"

¿Qué mejor tapadera para dinero de origen dudoso que una organización benévola internacional como la Cruz Roja, con sede en Suiza? Esa fue la brillante idea del estudio panameño Mossack Fonseca para sortear los controles financieros crecientes y garantizar anonimato a sus clientes, según un artículo publicado hace unos días en el reconocido diario Le Monde, en Francia.

Bajo el subtítulo "La pareja Kirchner cuestionada", el diario francés denuncia que "este montaje sirvió en particular para desviar decenas de millones de dólares de fondos públicos en Argentina". Y recuerda, en referencia a las explosivas entrevistas con Federico Elaskar y Leonardo Fariña, que, "en 2013, periodistas argentinos revelaron una red de corrupción y blanqueo en torno al ex presidente Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner". "La pareja presidencial habría, entre otros, desviado y sacado del país fondos con la ayuda de un empresario. Habría blanqueado 65 millones de dólares en Nevada usando una gran cantidad de empresas de Mossack Fonseca", publica el parisino Le Monde.

En efecto, los #PanamaPapers revelan que el nombre –y el prestigio- de la Cruz Roja Internacional era utilizado para esconder dinero sucio.

"He aquí cómo, sin saberlo, la Cruz Roja resultó accionista de empresas que controlan el botín desviado por el clan Kirchner" (Le Monde)

Le Monde explica la maniobra de este modo: "La firma panameña pone a disposición de sus clientes dos fundaciones: la Brotherhood Foundation y la Faith Foundation (las fundaciones Hermandad y Fe), que pueden ser usadas para tener acciones de sus sociedades offshore, porque una fundación de este tipo, que no tiene accionistas, permite en particular enmascarar quién se esconde detrás de una cuenta bancaria".

AP

El sistema fue tan exitoso, que los periodistas de Le Monde hallaron entre los documentos filtrados que alrededor de 500 firmas usaban una de estas dos fundaciones como pantalla. Y, entre ellas, Aldyne Ltd. y Gairns Ltd, las dos sociedades pantalla que, según Elaskar, fueron registradas por Mossack Fonseca en Seychelles a beneficio de Lázaro Báez, el empresario beneficiado y socio de los Kirchner.

La tapadera usada por estas dos firmas era la Faith Foundation. Y, detrás de ella, aparecía como "derechohabiente económico un poco peculiar" la Cruz Roja Internacional.

"Para no despertar sospechas, Mossack Fonseca inscribió simplemente a la Cruz Roja en ese rol –explica Le Monde–. Gracias a ese montaje, los nombres de los propietarios quedaban ocultos, y el aura de la ONG los protegía de miradas suspicaces".

El diario cita un correo electrónico de la firma panameña que explica el porqué de este laberinto: "Como los bancos y los institutos financieros están obligados hoy a obtener informaciones sobre los beneficiarios económicos finales, se volvió difícil para nosotros no divulgar la identidad de los de la Faith Foundation. Es por eso que pusimos en marcha esta estructura designando a la International Red Cross. Así, es más simple".

La ley panameña no obligaba al estudio a informar a la Cruz Roja del rol que estaba jugando sin saberlo. "Según la legislación de Panamá, los beneficiarios de una fundación pueden ser utilizados sin saberlo", indica el mismo bufete Mossack Fonseca en un mail interno.

"De acuerdo a documentos de la Justicia norteamericana, estas sociedades offshore (creadas por el empresario argentino) tienen todas un punto en común: son controladas por dos sociedades pantallas registradas por Mossack Fonseca en Seychelles: Aldyne Ltd. y Gairns Ltd. En los papeles, estas últimas no pertenecen a Mossack Fonseca sino a la Faith Foundation. Y he aquí cómo, sin saberlo, la Cruz Roja resultó accionista de empresas que controlan el botín desviado por el clan Kirchner".

Apareció el expediente perdido del caso Ciccone

Por Martín Angulo mangulo@infobae.com
Encontraron el legajo completo de The Old Fund

Crédito: Adrián Escandar

Un empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) encontró el legajo de la empresa "The Old Fund", de Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, y que compró la compañía Ciccone.

El expediente, central para las causas judiciales en trámite, se había pedido cuando la Justicia lo requirió en 2012 y solo logró ser reconstruido parcialmente. El legajo fue hallado el miércoles por la mañana en el Archivo General de la IGJ por un empleado de esa dependencia. Era el mismo lugar donde originalmente se lo había buscado.

El empleado informó el hallazgo al titular de la IGJ, Sergio Brodsky, quien envió copia a los jueces federales María Servini de Cubría y Ariel Lijo. Servini de Cubría tiene a su cargo una causa por la desaparición del legajo –en la que está siendo investigado el ex ministro de Justicia Julio Alak– y Lijo los expedientes por Ciccone y el enriquecimiento ilícito de Boudou y Vandenbroele entre otras personas.

Ahora se está determinando si se trata del legajo completo de "The Old Fund". La IGJ envió copia de 31 fojas, en principio más de las que en su momento el organismo había enviado.

Fuentes que conocen la investigación señalan que hay elementos clave en los papeles encontrados en la IGJ, que revelarían el origen de los fondos vinculados a la transferencia del capital societario de la imprenta de billetes.

Servini de Cubría citó a declarar como testigo para el próximo lunes al empleado que encontró el legajo.

Cuando se inició la causa judicial por Ciccone, en febrero de 2012, distintos jueces le solicitaron a la IGJ los expedientes de las empresas The Old Fund, London Supply y Compañía Sudamericana de Valores, nombre que tuvo la nueva Ciccone cuando quedó a cargo de Vandenbroele.

En el archivo de la IGJ no apareció el legajo de The Old Fund. Se trataba de información clave para determinar la composición societaria de la empresa y conocer sus verdaderos dueños.

Ante la pérdida se inició un proceso de reconstrucción digital que fue parcial ya que solo se reenviaron a la Justicia algunas fojas. El entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti, impone un cepo informativo que se niega a cumplir Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, quien fue despedida del organismo y hoy es asesora de la diputada nacional Margarita Stolbizer.

The Old Fund se quedó con Ciccone cuando la histórica empresa cayó en quiebra. Con los nuevos dueños, con Boudou detrás con Vandenbroele como pantalla, la compañía obtuvo un ventajoso plan de pagos por parte de la AFIP.

El juez Lijo procesó a Boudou, a Vandenbroele, a Nicolás Ciccone –dueño de la empresa– y a otras personas, lo que confirmó la Cámara Federal.

En la causa resta definir la situación del ex titular de la AFIP y actual de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, a quien el fiscal Jorge Di Lello y la Oficina Anticorrupción pidieron su indagatoria.

Me pregunto, ¿Ahora los jueces y asociados toman "Gatorate" para trabajar a destajo?Reinicio de causas, nuevos interrogatorios, expedientes perdidos que aparecen...
¿Qué pasa, resurgió el concepto del purgatorio?

Se duplicó el precio del GNC y ya no es negocio convertir el auto

Por Martín Grosz - Clarin.com
Es la suba acumulada en el último año. Ahora hacen falta 25 meses de uso para recuperar la inversión. La demanda para instalar los equipos cayó un 50%.


Aumento de GNC Estacion de servicio de Rivadavia y Anchorena FOTO GERMAN GARCIA ADRASTI

La ecuación era tan atractiva que en los últimos años hasta autos familiares de alta gama se pasaron al gas natural comprimido (GNC). Con equipos accesibles y gas subsidiado, se había llegado a 500 conversiones por día, el registro más alto de la década. Pero en pocos días las condiciones cambiaron y el combustible dejó de ser tan buen negocio para sus 1.800.000 usuarios de todo el país.

Sucede que este mes, con el alza de las tarifas domiciliarias, también se disparó el precio del gas en surtidores. Y en Capital, de repente, las estaciones de servicio remarcaron el producto más de un 60%.

Una recorrida de Clarín por distintos barrios porteños verificó que el metro cúbico de GNC ya se vende a un promedio de $ 6,75, aunque en algunas playas superó el techo de los $ 7. Así, de pronto, cargar gas pasó a costar más del doble que hace un año, cuando el fluido aún rondaba los $ 3,30 y podía encontrarse de oferta a $ 2,60.

Como ejemplo, una estación de servicio de Constitución expendía el gas a $ 2,89 por metro cúbico hace 12 meses y en febrero todavía lo tenía a $ 3,69, pero este mes lo llevó a $ 6,79: 89% de golpe y un 135% anual. Otro caso: en un local de Once que vendía el gas a $ 3,40 en abril pasado y a $ 4 hace dos meses, esta semana la pizarra marcó $ 6,999, un alza repentina del 75% y del 106% en un año.

Con estos cambios, se achicó la brecha entre el GNC y la nafta, que en el último año se encareció “sólo” 34%. Si antes con lo que salía un litro de súper en YPF se podía comprar 3,5 metros cúbicos de gas, hoy sólo alcanza para 2,3. Aún así, Clarín calculó que moverse usando GNC sigue siendo 61% más barato que hacerlo con nafta súper: genera un ahorro de $ 95 cada 100 kilómetros.

La inversión de pasarse a gas, de todos modos, ya no seduce tanto. Primero, porque antes el ahorro era mucho mayor, de casi 75%. Segundo, porque los equipos de GNC se hicieron más costosos: los de quinta generación (el 70% del mercado) pasaron en un año de $ 15.500 de media a unos $ 20.000. Tercero, porque la financiación en 12 cuotas, antes gratuita, hoy puede implicar recargos del 40%.

En total, recuperar la inversión hoy requiere recorrer más de 20.900 kilómetros. Son unos 3.000 más que antes, el equivalente a 7,5 viajes a Mar del Plata. Así, recorriendo 10.000 kilómetros anuales, ya se demora más de 25 meses en ahorrar tanto como el costo del equipo. Sólo triplicando ese nivel de uso del coche se lo logra en poco más de ocho meses, algo difícil para una familia común. Una diferencia que ya se siente en los antiguos escenarios del auge.

“El año había empezado bien en los talleres, pero la tendencia se revirtió. En especial en los del interior, donde el metro cúbico llegó a $ 10”, lamentó Hugo Lamy, titular de la Cámara de Productores de Equipos de Gas.

En Macro Gas, un negocio de Villa Urquiza, cuentan por ejemplo que en lo que va del año las consultas les bajaron un 80% y las conversiones, un 50%. “El boom pasó. Bajó el trabajo por el aumento del gas, pero también por la menor financiación”, contaron. En MasterGas, un taller de Villa Pueyrredón, también notaron “un parate” por la suba del gas, aunque aseguran que luego cedió porque “la gente vio que el gas sigue conviniendo”.

“La brecha ahora es mínima”, protesta sin embargo Juan Cimino, un remisero de Ituzaingó que hace un mes pagó $ 23.000 para convertir un Vento: “Pensaba recuperarlo en un año, pero ahora me llevará mucho más. De haber sabido no lo hacía, estoy arrepentidísimo”.

El problema es que el precio del gas podría seguir escalando. Según Enrique Fridman, líder de la Cámara de Expendedores de GNC, los nuevos costos imponen un precio de entre 7 y 9 pesos en la Ciudad. “Para que el negocio cierre los que aún venden por debajo de esas cifras no tendrán más opción que aumentar”, advirtió.

Con la salida del default vuelve a zarpar la Fragata Libertad

Por Natasha Niebieskikwiat - Clarin.com
Parte el 22 de abril con 300 marinos


FOTO: FABIAN GASTIARENA

La emblemática Fragata Libertad ya calienta sus motores para volver a navegar los mares con cierta normalidad, como lo hacía antes de su desventura en Ghana donde los fondos especulativos (buitre) la retuvieron por dos meses en 2012, al intentar  embargarla. Desde entonces su actividad estaba prácticamente paralizada. Hubo momentos que navegó por aguas más seguras de América Latina, pero ahora, tras la salida del default volverá a Europa y Africa, adonde sí corría peligro.

Según supo Clarín, la Fragata ya está lista para zarpar de Buenos Aires apenas lo ordene Mauricio Macri, para quien en realidad tienen reservado el anuncio junto al ministro de Defensa, Julio Martínez. Recientemente, el jefe de Gabiente, Marco Peña y Martínez participaron con los jefes de las Fuerzas Armada de una reunión informal dentro del buque de guerra, anclado a la altura de Puerto Madero.

La vuelta al mundo del buque escuela de la Armada es una de las primeras consecuencias paralelas a la ratificación por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de una orden del juez Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que le impedían a la Argentina pagar la deuda con sus acreedores.

 En Gobierno no lo quieren confirmar, pero su ruta incluiría los puertos que abandonó tras correr peligro de embargo. En ese tren Amsterdam sería su primer anclaje en Europa. La fecha de salida está sujeta al desembolso del pago a los acreedores que, en principio tiene como fecha el 22 de abril. A partir de entonces, uno de los principales actos de Macri y Martínez será la salida de la Fragata con 300 marinos a bordo ya que esta vez volverá a unir las dos últimas camadas de egresados.

 Al mismo tiempo, otro de los problemas que enfrenta la Fragata es económico. El nuevo gobierno se encontró las arcas del Estado vacías. Y así, la Fragata deberá ajustar su presupuesto de viaje al igual que lo están haciendo todos los ministerios como es evidente, por ejemplo en la reducción al máximo de las delegaciones nacionales cuando viajan al Exterior.

 La desventura de la Fragata se inició el 2 de octubre de 2012, al anclar en el puerto de Tema, en Ghana. Allí fue retenida por disposición judicial local, que atendió un reclamo del fondo NML Eliot, de Paul Singer, uno de los principales litigantes en el juicio que le ganaron os fondos buitre a la Argentina. Allí quedaron varados sus marinos, en una situación desopilante que fue título en todos los medios del mundo. Tras una dura batalla jurídica el gobierno de Ghana ordenó la liberación del buque en cumplimiento de un fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que consideró que la Fragata era una “expresión de soberanía argentina”, por lo que la retención que afectaba su inmunidad diplomática.

Un emporio de 25 estancias de Báez donde se podría esconder la plata

Por Lucía Salinas - Clarin.com
El empresario K compró establecimientos por toda la Patagonia, donde hizo sospechosas refacciones y cambios.

La estancia Cruz Aike distante a 50 km de El Calafate - Foto: OPI Santa Cruz

En el vasto Sur, en los 243.943 kilómetros cuadrados de superficie que tiene Santa Cruz, Lázaro Báez construyó un imperio en hectáreas y metros cuadrados. Ante la Justicia en la causa Hotesur declaró 79 inmuebles, pero sumó además 25 estancias, chacras, departamentos, terrenos, casas a nombre suyo, de sus hijos y de sus empresas. Pero la Justicia comienza a considerar que, en los campos, podría haber dinero guardado.

De norte a sur, cerca del corredor turística de la Ruta 40, lindantes al macizo del Deseado que tiene riqueza minera, en esa inmensa superficie el empresario kirchnerista adquirió 427.033 hectáreas solo por detrás Luciano Benetton, el principal propietario en la Patagonia con 900.000 hectáreas.

Desde 2008 la compra compulsiva de estancias marcó el crecimiento patrimonial de Báez que a fines de 2013 ascendía a $ 66 millones. Las adquisiciones de tierras tuvieron un “modus operandi”. La mayoría de esos campos son tierra inactiva, sin cabezas de ganado “que le otorga valor a la tierra”, como explicó un propietario vecino del empresario K.

Cada vez que el titular de Austral Construcciones tomaba posesión de la tierra procedía a modificar por completo el alambrado existente y renovarlo con la contratación de sus propias empresas. El paso siguiente, era la renovación del casco de las estancias, derribando por completo el existente y construyendo viviendas de hasta dos plantas con todos los servicios, incluso de servicios satelital, como hizo en Cruz Aike el más emblemático de sus campos que tiene pavimentado los caminos entre los galpones.

El primer grupo de diez estancias que adquirió, se encuentran al margen del río Santa Cruz. Abarcan 182.000 hectáreas y pagó por ellas 27.300.000 dólares, en efectivo y en sólo seis meses. Esto fue denunciado por Mariana Zuvic, diputada del Parlasur, sospechando una maniobra de lavado de dinero. En este grupo colocadas a nombre de Austral, se encuentra Alquinta, allanada en 2013 en el marco de la Ruta del dinero K.

Parte de este conjunto de estancias serán inundadas en caso de avanzar la obra de las Represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic". Báez ante escribano público se comprometió a donar el dinero de la expropiación de las tierras, para las escuelas técnicas de Santra Cruz, negando así, cualquier compra especulativa, algo denunciado por el ARI-Cc.


Después, Báez compró otras siete estancias colocadas a nombre de Valle Hermoso SRL, una de las dos empresas de su holding destinadas a la cría de ganado ovino y producción lanera. A nombre de Austral Agro S.A. firma con el mismo objeto social, se escrituraron otras siete estancias cercanas a la localidad de El Calafate, según consta en los registros de la propiedad inmueble.

Además, existen estancias colocadas bajo un poder general, cuando Javier Butti ex contador de Báez, se encargaba de realizar las transacciones financieras para la adquisición de campos. Un de las últimas propiedades se colocó a nombre del hijo menor del empresario, Leandro Báez.

La adquisión de hectáreas continuó. Lázaro Báez en una segunda etapa, compró tierras en el corredor turístico de la Ruta Nacional N° 40. El último grupo de estancias (nueve en total) tiene cercanía con la zona de riquezas minerales del suelo santacruceño.

“Toda la Pampa Alta son campos de Lázaro (Báez)”, detalló una fuente oficial de Santa Cruz al mirar un mapa catastral. Antes de que Austral Construcciones cayera en desgracia, desde sus oficinas se enviaba la maquinaria y alimentos para las estancias: alfalfa, maíz y alimentos para perros a las estancias.

Los campos son solo una parte de las cientos de propiedades registradas en Río Gallegos y El Calafate a nombre de sus tres hijos, su esposa Norma Calismonte y un conjunto de siete empresas, entre ellas Austral y Kank y Costilla que dirige Martín Báez.

Jaime, en la mira por contrabando

Por Gabriela Origlia -La Nación

CÓRDOBA.- Cerro Motos -la empresa en la que Ricardo Jaime aparecía como "director ejecutivo" y que gerenciaba Santiago De Vido, hijo del ex ministro- está involucrada en la denuncia por supuesto contrabando en la compra de motos por parte del gobierno de La Rioja. Así surge de la presentación que hicieron ayer tres diputados de esa provincia en la justicia federal.

Los legisladores Jaime Klor, Inés Brizuela y Doria y Walter Cruz presentaron documentación en la que las 250 motos marca Cerro de 250 centímetros cúbicos ingresaron al país procedentes de China bajo la modalidad "importación temporaria". La operación la concretó en setiembre de 2013, Importador Automotores Cerro.

El gobierno riojano entregó en varias tandas esas unidades a la Policía, comenzando en enero de 2015, y afirmó que las había comprado unos meses antes a New Bike, planta instalada en el parque industrial de la provincia que ensambla motos para Cerro Motos y otras firmas.


Ricardo Jaime. Foto:Archivo

Brizuela y Doria explicó a LA NACION que el régimen de "importación temporaria" está previsto en el Código Aduanero e implica exenciones impositivas para el ingreso de productos que, después de ser modificados deben ser "obligatoriamente reexportados; hay una prohibición explícita de transferencia".

Los diputados acompañaron la denuncia con fotocopias de las cartas de porte, de la guía de Aduana y de la certificación de "importación temporaria" en las que constan los números de identificación de las motos.

Darán garantías a la inversión extranjera en las obras públicas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION
Crearán por ley un régimen de asociación estatal-privada para atraer US$ 40.000 millones; permitiría dirimir conflictos en la justicia extranjera


El ministro, al exponer ayer en el Atlantic Council, en Washington. Foto: Atlantic Council

Una carpeta de alrededor de 10 hojas circula por despachos clave de la Casa Rosada desde hace semanas. Contiene una lista de proyectos de infraestructura que abarca obras sanitarias, rutas, centrales eléctricas y hospitales, entre otras cosas. Son los principales lineamientos de un megaplán que la administración de Mauricio Macri tiene previsto anunciar tras el pago a los denominados fondos buitre y constituye una de sus mayores apuestas para ensayar un intento de reactivación económica en el segundo semestre del año.

Su realización depende, en parte, de un paso difícil de anticipar: la aprobación en el Congreso de un nuevo régimen de inversión en obras públicas con garantías para el sector privado. Las espadas económicas de Macri se cruzaron en al menos cuatro reuniones que mantuvieron en las últimas tres semanas. El objetivo vale la disputa: intentaron ponerse de acuerdo para atender un pedido expreso del Presidente, que espera en los próximos días enviar al Congreso un proyecto de ley de participación público-privada (PPP), la herramienta con la que se financiaron obras millonarias en países como Perú, Colombia, Brasil y Chile.

El Gobierno considera esa herramienta como un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato. Una fuente que participa de la mesa chica de discusión puso una cifra a esas ambiciones: hasta US$ 40.000 millones en cuatro años.

Semejante premio esconde un escollo difícil de sortear: para atraer a los inversores de otros países, una parte del Gobierno recomienda resolver las eventuales disputas en tribunales extranjeros, sin pasar por la justicia local. Es el punto que dividió las aguas entre los funcionarios de diversas carteras que participan de las discusiones.

Hasta la semana pasada, el borrador estaba definido en un 85% y la idea era enviarlo al Congreso este mismo mes. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fue más optimista en Washington: "El proyecto de ley está listo. Le hicimos algunas mejoras y va a ir al Congreso pronto", confirmó.

Aunque la semana próxima el país saldrá del default, el equipo de Macri reconoce que el tendal de contratos rotos que dejó la crisis de 2001 le imprimió al país una mala fama entre los organismos financieros que no se borrará sólo con el voto de confianza del mercado al Presidente. Por eso trabajan en alternativas para disminuir la eventual discrecionalidad que pueda tener el país en caso de conflictos con los inversores. Los borradores que circulaban entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior muestran esa búsqueda. Por caso, si se presentara una disputa técnica con respecto a una obra, por ejemplo un hospital, la futura ley y el contrato particular contemplarán la creación de un comité técnico para resolverla.

Si se trata de una cuestión comercial o financiera, siempre que una parte sustancial de la inversión haya provenido del exterior, una parte del grupo de trabajo recomienda renunciar de manera expresa al fuero contencioso administrativo y tributario para dirimir la disputa en un tribunal internacional, por ejemplo el Ciadi. El organismo fue la sede de centenas de juicios contra el Estado tras la crisis de 2001. Pese a ese antecedente, los asesores de Macri consideran que resignar la justicia local es una de las pocas herramientas que le permitirían al país recuperar la confianza de los inversores. Tienen ejemplos cercanos: durante el gobierno kirchnerista, YPF cerró un acuerdo bajo ley norteamericana con Chevron según el cual los potenciales conflictos se dirimirían en tribunales franceses.

Un funcionario que vio la última versión reconoció que dejaba abierta la puerta para dirimir conflictos fuera del país.

Discusión interna

El proyecto estaba casi listo a fines de marzo, a tal punto que la Jefatura de Gabinete pensaba presentarlo al Congreso en los días siguientes. Se trataba de un documento que había hecho el estudio Cassagne a pedido de Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. También contó con el acompañamiento de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, coordinadores del gabinete económico que trabajan en la órbita de Marcos Peña.

El Gobierno espera que la futura ley sirva para el diseño, la construcción, el financiamiento y la operación de un bien, desde una autopista y una central eléctrica hasta un hospital o el servicio de agua potable en una localidad. Quienes vieron el documento lo señalan como una iniciativa adecuada para pasar sin sobresaltos por el Congreso, pero con escasa capacidad para atraer inversiones.

El propio Macri sumó más nombres para la discusión: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que puso a trabajar el tema a Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, y la ex legisladora porteña Alejandra Caballero, una especialista en financiamiento de infraestructura que hoy coordina las empresas vinculadas con el Banco Nación.

A fines de la semana pasada se sumó a la discusión Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y uno de los futuros encargados de aceitar los mecanismos del trámite legislativo. Otro punto que el Gobierno incluirá es el tratamiento "equitativo y el reparto de los riesgos" de cada proyecto, que se repartirán entre el Estado y los privados. Por caso, los riesgos cambiarios y políticos quedarán del lado del Gobierno.

Los borradores del proyecto también contemplan la obligación de respetar la ecuación económico-financiera original de cada proyecto, limitar las facultades del Estado a lo que está escrito en los contratos y prohibir la modificación de su objeto. El Gobierno lo someterá al debate parlamentario, del que podrían surgir cambios.

La gran apuesta económica

El Gobierno quiere crear un nuevo régimen de inversión público-privada que le da garantías a la inversión extranjera en proyectos destinados a obras. Los mentores de la iniciativa creen que de esa manera podría llegar al país un tercio de la inversión prometida en el sector

El proyecto de ley será enviado este mes al Congreso y contempla la legislación de Perú, Chile, Colombia y Brasil, entre otros países de la región. La administración de Mauricio Macri está dispuesta a dar el debate en el Congreso y aceptar eventuales modificaciones en el proyecto para conseguir su aprobación

Cómo desarmar la colonización del Estado

Por Gerardo Sanchis Muñoz - LA NACION

En el centro del problema que enfrenta Macri está el empleo público. No sólo hace al déficit, motor de la inflación, su actual espada de Damocles. La captura de la función pública mediante la usurpación ilegítima de los cargos de planta es el mecanismo de colonización del Estado para su sometimiento y vaciamiento. Recordemos el Indec o la AFIP de Echegaray, donde inspectores y fiscalizadores que debían ser funcionarios del Estado imparciales eran sometidos para poder amparar a amigos del poder que se enriquecían y para hostigar a los enemigos del régimen.

Además, la necesidad de crear cargos -y La Cámpora los quiso bien remunerados- generó una frondosidad en los organigramas estatales nunca antes vista. Para muestra basta un botón: a principios de los años 90 había 32 subsecretarías de Estado, y hoy llegan a 187. Los ministerios ostentan estructuras infladas, kafkianas y absurdas, con abuso de secretarías y direcciones, sin lógica ni justificativo. El Estado nacional es casi inmanejable y peligroso: ¿cómo controlar la profusión de "quioscos" que toda selva burocrática -intencionalmente creada- cobija tan bien? La corrupción estructural de nuestro sector público no es un accidente, sino el producto buscado de un régimen político de cooptación deliberada del Estado.

Es difícil que Macri pueda gobernar con semejante aparato. Tampoco podrá evitar la contaminación de su propia gestión si no toma medidas drásticas para desarmar este régimen, dominado estructuralmente por redes mafiosas, de fraude y de corrupción. Este sistema cuesta al país mucho más que los salarios de los empleados sobrantes.

Un caso de mención aparte son los ñoquis. El nombramiento de un prestanombres para poder cobrar su sueldo es una estafa lisa y llana, un robo al erario, y su responsable, un delincuente. Amado Boudou fue el paradigma de esta práctica. Dijimos que la usurpación de los cargos públicos es un problema fundamental: el problema de los ñoquis merecía una estrategia bien pensada. El apuro llevó a tomar a algunos justos por pecadores y, en los casos de ñoquis reales, se simuló "castigarlos" echándolos, que es como castigar a un ladrón de bicicletas haciendo que las devuelva e ignorando al verdadero criminal que los nombró. Peor aún, se terminaron fabricando víctimas -los despedidos- donde en realidad había cómplices.

En síntesis, era importante tratar de evitar la baja indiscriminada inicial de empleados públicos para evitar luego dar marchas atrás parciales. El manejo de personas de carne y hueso merece siempre el máximo cuidado, más allá de las presunciones. Incluso, es necesario evitar toda sospecha de que se exige una "alineación" al Gobierno, porque la politización extrema del Estado fue el cáncer inoculado por el anterior gobierno. Heredar una administración con escasez terminal de funcionarios competentes, imparciales y motivados obliga a analizar cada caso de manera pormenorizada y profesional antes de tomar decisiones. El argumento de que esto "toma demasiado tiempo" es insostenible, como lo demuestran las consecuencias de no haberlo hecho.

Lo cierto es que Cambiemos se vio forzado a reemplazar a miles de funcionarios, y para ello Pro recurrió a un reclutamiento masivo en empresas mediante head hunters. Salvo notorias excepciones, es difícil que un gerente pueda cumplir adecuadamente el rol de funcionario de la administración pública nacional, y especialmente en el caos heredado. Es conflictivo traer directivos en masa de sectores económicos que el propio Estado debe regular y controlar. En todo caso, el éxito depende de que cada debutante sea secundado por funcionarios estables idóneos y con experiencia en la maraña normativa. Hoy ésos son, por las razones antes descriptas, casi inhallables.

Tanto el bajo nivel salarial, la soledad del nuevo funcionario y la complejidad de la tarea como el frustrante ritmo del Estado forman un cóctel desmoralizante para los ejecutivos mejor intencionados que fueron lanzados en paracaídas sobre secretarías, subsecretarías y direcciones.

En definitiva, el Presidente entregó las carteras a cada uno de sus ministros validando las estructuras organizativas exuberantes. Regaló a cada uno un botín de cargos, muchos de ellos innecesarios. Alentó así a sus ministros a entretenerse con la gratificante tarea de nombrar gente a diestra y siniestra, distrayéndolos de su verdadera función de racionalizar sus áreas y garantizar los bienes públicos de su competencia. Esto será difícil de revertir, dado que cada ministro ha sido inducido a acumular compromisos políticos a través de nombramientos, dificultando las posibilidades de una futura y necesaria reorganización y, sobre todo, mayor profesionalidad estatal.

Muchos argentinos estamos esperanzados con que Macri dé un golpe de timón y saque a la Argentina de su rumbo de decadencia institucional. Será difícil llegar a buen puerto con el Estado recibido, al extremo corrompido y amorfo. Al final de cuentas, los funcionarios y agentes son los oficiales y los soldados que le harán ganar al Presidente la gran batalla de revertir nuestro declive. El problema de la función pública merece su máxima atención.

Experto en reformas administrativas de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral