Lucia Salinas - Clarin.com
Durante los 12 años de gestión K, la provincia recibió más de $ 14.000 millones en obras viales, donde el principal contratista es Lázaro Báez. Mirá en el mapa el costo de cada obra y en qué lugar se harán.
Santa Cruz, la segunda provincia más grande en extensión del país, fue una tierra favorecida por fondos nacionales para rutas y obra pública durante los 12 años de kirchnerismo. Antes de retirarse del Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le garantiza a la provincia K recibir en los próximos tres años $ 4.600 millones para la construcción de obras y trabajos viales.
En total, durante la "década ganada", el terruño presidencial habrá recibido más de $ 14.000 millones.
Son grandes extensiones, kilómetros y kilómetros de caminos para lograr unir las 14 localidades y las ocho comisiones de fomento que conforman la provincia de Santa Cruz. En sus 243.943 km² de superficie, el "terruño" fue parte de los distritos más favorecidos con obras viales. Hasta 2013 recibió casi el 11% del presupuesto total volcado en diez años para el programa nacional vial.
El presupuesto 2015 asignó a Dirección Nacional de Vialidad $ 22.102 millones, de los cuales $ 5.600 millones eran para obra pública. De esta suma, a Santa Cruz le asignaron $ 1.951 millones, sólo detrás del monto para Buenos Aires. En 2014 fueron $1.083 millones, lo que representó un incremento del 80% en un año. Con los fondos destinados en el presupuesto 2015, lo percibido en los últimos años ascendía a $ 9.900 millones. Con la suma para 2016, Santa Cruz habrá recibido $ 14.493 millones.
El proyecto del presupuesto 2016 que se debate estas semanas en el Congreso, destinará para los próximos tres años una suma de $ 4.593.497.514, con una pequeña variación: los años anteriores el mayor porcentaje de fondos eran volcados a rutas y caminos, quedando en gran parte de ellas en el holding de Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero. En esta oportunidad, se tratan de obras de infraestructura y servicios. Sin embargo, es el año que más fondos se destinarán a la provincia presidencial.
La inversión en obras incluyen para el período 2016-2018, la ampliación para el puerto Caleta Paula en su segunda etapa, con el destino de $ 700.000; la construcción del Hospital de Los Antiguos por $ 56 millones; la finalización del acueducto para Zona Norte por $ 11.600 millones; la construcción de un sistema de agua potable para Las Heras por $213 millones y la puesta en valor del edificio Regional Sur por $ 28.165.329.
En rutas también hay una partida importante, pero inferior a años anteriores. Para nuevas obras sobre las rutas nacionales 3, 40, 281 y 288 se presupuestaron $ 121.687.000, la obra sobre la ruta 3 el empalme a la altura de Piedra Buena (240 Km al norte de Río Gallegos) con la ruta 40, una obra incluida en presupuestos anteriores, por un total de $26.716.678. Además la Malla 1010 B-II igual plurianual, para el período 2016-2018 demandará $ 26.168.167.
Santa Cruz además recibirá fondos por "rutas nacionales varias" para lo que se destinarán $ 86.068.547, pero en el proyecto de presupuesto no detalla cuánto de esa suma irá para la provincia presidencial. Lo mismo ocurre con el ítem "señalización horizontal ($ 176.039.238) y con "obras de seguridad" ($ 19.523.810).
A lo largo y a lo ancho de la provincia donde Cristina Kirchner descansará después del 10 de diciembre, cuando deje el poder, el kirchnerismo ya garantizó más de $4.600 millones de fondos para obra pública.
jueves, 8 de octubre de 2015
Energía boliviana para la Argentina
(La Nacion) - Bolivia comenzará a exportar electricidad a la Argentina. "En las próximas semanas vamos a estar firmando un acuerdo para exportar 1000 megavatios" al país, adelantó el presidente boliviano, Evo Morales. Morales además aseguró que su país tiene una demanda interna cercana a los 1300 megavatios y una reserva de entre 300 y 400 megavatios, que pueden dar inicio a las exportaciones hacia el mercado argentino.
Para llevar adelante este proyecto, Bolivia ya puso en marcha un plan de inversiones por US$ 662 millones con la mira puesta en lograr la interconexión eléctrica con la Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. El proyecto incluye el tendido de 1400 kilómetros de nuevas líneas eléctricas.
Para llevar adelante este proyecto, Bolivia ya puso en marcha un plan de inversiones por US$ 662 millones con la mira puesta en lograr la interconexión eléctrica con la Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. El proyecto incluye el tendido de 1400 kilómetros de nuevas líneas eléctricas.
Inversión en porcellanatos
(La Nacion) - La empresa Cerámica Alberdi invertirá $ 400 millones para comenzar a fabricar porcellanato y pisos de grandes medidas en su planta de José C. Paz. El presidente de la compañía, Enrique Gatti Rappallini, precisó que la nueva fábrica comenzará a funcionar en agosto de 2016 y generará 120 empleos nuevos, con una capacidad para producir 450.000 metros cuadrados mensuales.
Los porcellanatos y pisos que se fabricarán en la planta sustituirán importaciones por más de US$ 12 millones anuales que hoy está haciendo la compañía desde Brasil, Italia y China. Alberdi abastece al mercado interno y exporta a más de 30 países, principalmente a Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Venezuela y Guatemala.
Los porcellanatos y pisos que se fabricarán en la planta sustituirán importaciones por más de US$ 12 millones anuales que hoy está haciendo la compañía desde Brasil, Italia y China. Alberdi abastece al mercado interno y exporta a más de 30 países, principalmente a Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido, Venezuela y Guatemala.
De Defensa no se habla
Editorial del diario La Nacion
Por acción u omisión, las autoridades nacionales han contribuido al paulatino pero constante desarme de nuestras Fuerzas Armadas
La casi nula presencia del tema de Defensa en el debate de los candidatos presidenciales ejemplifica el paulatino desinterés de la clase política por un tema esencial, desinterés que coincide con la postergación a la que el gobierno kirchnerista sometió a las Fuerzas Armadas, cada vez más desarmadas y en peores condiciones de cumplir el rol que les impone la Constitución.
La verdad es que el estado de indefensión de la Argentina aumenta sin pausa. Por ejemplo, cuando dentro de dos meses la Fuerza Aérea despida a sus viejos aviones Mirage luego de 43 años de servicios, incluida la Guerra de las Malvinas, esa fuerza contará con sólo siete viejos jets A4 como únicos aviones de combate a reacción. Cabe recordar que un avión de entrenamiento de esa fuerza cayó a tierra en junio y sus dos tripulantes murieron, y que también falleció un suboficial mecánico al ser aplastado por una aeronave que se desplazó contra un hangar en la Brigada de Villa Reynolds, San Luis.
Días atrás se llevó a cabo la muestra Defensa de la Industria, visitada por más de 25.000 personas, con la participación de más de 120 empresas nacionales, 20 del exterior y 30 institutos de investigación públicos y privados. Es una ironía que en esa oportunidad el ministro de Defensa, Agustín Rossi, haya afirmado que "los avances de estos 12 años en materia de industria para la Defensa son un orgullo para todos los argentinos".
En un reciente artículo, la revista Defense Journal de Gran Bretaña se refirió a la "casi total pérdida del poder militar argentino" en un artículo en el que el especialista internacional George Allison describe de qué manera las Fuerzas Armadas argentinas han perdido completamente su capacidad operativa. En realidad, no dice nada que no sea ya conocido. Describe cómo la Fuerza Aérea no tiene hoy aviones en condiciones de combatir y recientemente debió reducir el horario de trabajo por carecer de fondos para dar el almuerzo. La Armada no tiene buques ni submarinos operativos, no puede siquiera entrenar a sus oficiales y, al igual que el Ejército, no dispone de munición ni armas para sostener un combate ni aun para adiestramiento.
Como expresión extrema del deterioro defensivo argentino, Allison menciona el embargo al que fue sometida en Ghana la Fragata Libertad y la retención en Sudáfrica de la corbeta Espora porque la empresa reparadora no recibía los pagos que se le adeudaban. Todo esto está dicho en una revista que tiene amplia difusión en los estamentos militares y diplomáticos del mundo. Se describe esta realidad argentina no como una decisión política de desarme, sino como el resultado de incapacidad, desidia y extrema escasez presupuestaria. La descalificación no puede ser más absoluta.
En el plano de las relaciones internacionales, una decisión de desarme podría ser comprendida a condición de que se encuadre en acuerdos con otros países para que deje de ser necesaria la disuasión, o bien que una potencia supranacional se comprometa a la defensa de ese país desarmado en caso de agresión. Ninguna de estas dos condiciones se verifican en el caso argentino. No es que se prevea algún conflicto bélico en la región, pero tanto Chile como Brasil han invertido importantes sumas en equipamiento militar. Lo han hecho seguramente sin intención agresiva, pero han seguido la teoría de los equilibrios como forma de disuadir cualquier acción militar y de dar suficiente respaldo a la tarea diplomática. En Chile y Brasil las fuerzas políticas entendieron que la defensa nacional no era una función propia de los gobiernos militares, sino un mandato constitucional.
No fue así en la Argentina. El antimilitarismo formó parte del sentimiento político predominante y se confundió la defensa con la guerra antisubversiva y la represión. A pesar de que la ley de defensa nacional encuadró la actuación de las Fuerzas Armadas sólo en los conflictos externos, no hubo un programa concreto de reequipamiento para cumplir esa función. Sólo documentos y papeles. Desde 1983 hasta la fecha la insuficiencia presupuestaria fue el rasgo distintivo de este componente del Estado. Ya en 2010 el Libro Blanco de la Defensa, del Ministerio de Defensa, reconocía: "A inicios del siglo XXI, el sistema de defensa nacional presentaba un conjunto de disfuncionalidades estructurales que habían contribuido a sumir al instrumento militar en una profunda crisis existencial". En ese mismo documento se mencionaba la desorientación estratégica, la ausencia de organización y de acción militar conjunta, y la obsolescencia y degradación del material, entre otras cosas. Se reconocía el grado de deterioro de las Fuerzas Armadas, pero desde entonces nada se hizo al respecto.
El sistema defensivo argentino es no sólo un caso de consumo de capital, como también ocurrió con la infraestructura energética y de transporte. Se puede decir que por acción u omisión hubo una política deliberada de desmantelamiento que ha ido más allá de la mera incapacidad de generar recursos.
El Preámbulo de nuestra Constitución nacional establece el objetivo de "proveer la defensa común". Deberíamos preguntarnos por qué nuestros gobernantes no dan una explicación del incumplimiento de este objetivo. Pero también debemos interrogar a los actuales candidatos a ocupar la Presidencia de la Nación sobre sus propuestas en materia de defensa nacional. La omisión de este tema en la presente campaña electoral constituye una falta inexplicable que sólo puede deberse al prurito equivocado y ciertamente cobarde de que no es políticamente conveniente tocar las cuestiones militares.
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Por acción u omisión, las autoridades nacionales han contribuido al paulatino pero constante desarme de nuestras Fuerzas Armadas
La casi nula presencia del tema de Defensa en el debate de los candidatos presidenciales ejemplifica el paulatino desinterés de la clase política por un tema esencial, desinterés que coincide con la postergación a la que el gobierno kirchnerista sometió a las Fuerzas Armadas, cada vez más desarmadas y en peores condiciones de cumplir el rol que les impone la Constitución.
La verdad es que el estado de indefensión de la Argentina aumenta sin pausa. Por ejemplo, cuando dentro de dos meses la Fuerza Aérea despida a sus viejos aviones Mirage luego de 43 años de servicios, incluida la Guerra de las Malvinas, esa fuerza contará con sólo siete viejos jets A4 como únicos aviones de combate a reacción. Cabe recordar que un avión de entrenamiento de esa fuerza cayó a tierra en junio y sus dos tripulantes murieron, y que también falleció un suboficial mecánico al ser aplastado por una aeronave que se desplazó contra un hangar en la Brigada de Villa Reynolds, San Luis.
Días atrás se llevó a cabo la muestra Defensa de la Industria, visitada por más de 25.000 personas, con la participación de más de 120 empresas nacionales, 20 del exterior y 30 institutos de investigación públicos y privados. Es una ironía que en esa oportunidad el ministro de Defensa, Agustín Rossi, haya afirmado que "los avances de estos 12 años en materia de industria para la Defensa son un orgullo para todos los argentinos".
En un reciente artículo, la revista Defense Journal de Gran Bretaña se refirió a la "casi total pérdida del poder militar argentino" en un artículo en el que el especialista internacional George Allison describe de qué manera las Fuerzas Armadas argentinas han perdido completamente su capacidad operativa. En realidad, no dice nada que no sea ya conocido. Describe cómo la Fuerza Aérea no tiene hoy aviones en condiciones de combatir y recientemente debió reducir el horario de trabajo por carecer de fondos para dar el almuerzo. La Armada no tiene buques ni submarinos operativos, no puede siquiera entrenar a sus oficiales y, al igual que el Ejército, no dispone de munición ni armas para sostener un combate ni aun para adiestramiento.
Como expresión extrema del deterioro defensivo argentino, Allison menciona el embargo al que fue sometida en Ghana la Fragata Libertad y la retención en Sudáfrica de la corbeta Espora porque la empresa reparadora no recibía los pagos que se le adeudaban. Todo esto está dicho en una revista que tiene amplia difusión en los estamentos militares y diplomáticos del mundo. Se describe esta realidad argentina no como una decisión política de desarme, sino como el resultado de incapacidad, desidia y extrema escasez presupuestaria. La descalificación no puede ser más absoluta.
En el plano de las relaciones internacionales, una decisión de desarme podría ser comprendida a condición de que se encuadre en acuerdos con otros países para que deje de ser necesaria la disuasión, o bien que una potencia supranacional se comprometa a la defensa de ese país desarmado en caso de agresión. Ninguna de estas dos condiciones se verifican en el caso argentino. No es que se prevea algún conflicto bélico en la región, pero tanto Chile como Brasil han invertido importantes sumas en equipamiento militar. Lo han hecho seguramente sin intención agresiva, pero han seguido la teoría de los equilibrios como forma de disuadir cualquier acción militar y de dar suficiente respaldo a la tarea diplomática. En Chile y Brasil las fuerzas políticas entendieron que la defensa nacional no era una función propia de los gobiernos militares, sino un mandato constitucional.
No fue así en la Argentina. El antimilitarismo formó parte del sentimiento político predominante y se confundió la defensa con la guerra antisubversiva y la represión. A pesar de que la ley de defensa nacional encuadró la actuación de las Fuerzas Armadas sólo en los conflictos externos, no hubo un programa concreto de reequipamiento para cumplir esa función. Sólo documentos y papeles. Desde 1983 hasta la fecha la insuficiencia presupuestaria fue el rasgo distintivo de este componente del Estado. Ya en 2010 el Libro Blanco de la Defensa, del Ministerio de Defensa, reconocía: "A inicios del siglo XXI, el sistema de defensa nacional presentaba un conjunto de disfuncionalidades estructurales que habían contribuido a sumir al instrumento militar en una profunda crisis existencial". En ese mismo documento se mencionaba la desorientación estratégica, la ausencia de organización y de acción militar conjunta, y la obsolescencia y degradación del material, entre otras cosas. Se reconocía el grado de deterioro de las Fuerzas Armadas, pero desde entonces nada se hizo al respecto.
El sistema defensivo argentino es no sólo un caso de consumo de capital, como también ocurrió con la infraestructura energética y de transporte. Se puede decir que por acción u omisión hubo una política deliberada de desmantelamiento que ha ido más allá de la mera incapacidad de generar recursos.
El Preámbulo de nuestra Constitución nacional establece el objetivo de "proveer la defensa común". Deberíamos preguntarnos por qué nuestros gobernantes no dan una explicación del incumplimiento de este objetivo. Pero también debemos interrogar a los actuales candidatos a ocupar la Presidencia de la Nación sobre sus propuestas en materia de defensa nacional. La omisión de este tema en la presente campaña electoral constituye una falta inexplicable que sólo puede deberse al prurito equivocado y ciertamente cobarde de que no es políticamente conveniente tocar las cuestiones militares.
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Propuesta mínima presentada por Desarrollo y Defensa a una organización política argentina para reequipar y recuperar capacidades a nuestras FF.AA. a implementarse en tres fases sucesivas, priorizando su fabricación en el país. Malvinas, nos dejo tres enseñanzas: necesidad de contar con una flota de submarinos eficiente, una fuerte aviación naval y una infantería anfibia equipada.
Un caos permanente ante la falta de control
Por Laura Rocha - LA NACION
El espacio público en la ciudad de Buenos Aires es una zona de conflicto permanente. La simultaneidad de jurisdicciones judiciales, de fuerzas de seguridad y el perfil metropolitano de la urbe terminan siendo funcionales al caos, más que al ordenamiento.
A esto se suma una débil política de Estado en materia de previsión y de control. Así, los manteros invaden calles y avenidas; los automovilistas estacionan en doble y hasta en triple fila en los barrios más cotizados; los "trapitos" se adueñan de lugares y cobran por dejar el vehículo; familias enteras viven en plazas; comerciantes invaden las veredas; contenedores, camiones y motos obstruyen las bicisendas y ya casi nadie respeta la peatonalización del microcentro.
Tampoco las grandes empresas respetan las normativas que rigen en el espacio público: se construyen shoppings antes de ser aprobados por el Poder Ejecutivo; se abren y cierran veredas cien veces para obras diferentes, y hasta las constructoras ocupan carriles de calles y avenidas para seguir con su desarrollo, mientras que los que prometen eliminar el cableado aéreo tampoco cumplen.
Pero la ocupación del espacio público no empezó con los ex combatientes de Malvinas intentando construir una casa de material, con ladrillos y cemento, en la Plaza de Mayo. Comenzó mucho antes: la ahora villa Rodrigo Bueno creció así, de a poco, casa a casa en el barrio más caro de la Capital: Puerto Madero. En el 2000 la Ciudad intentó erradicarla con subsidios, pero luego nada hizo. Y aunque su destino siga en los estrados judiciales, hoy es difícil mudar a esas miles de familias que se asentaron sobre los terrenos de la Reserva Ecológica, linderos a la ex Ciudad Deportiva de Boca.
Está claro que ante la falta de controles y las zonas grises que ofrece el Código Contravencional porteño, cualquiera se convierte en el dueño de la calle sin que nada ocurra. Los manteros ya son una institución en Flores, Once, Liniers, Caballito o Belgrano. Ya no queda un metro libre en la avenida Cabildo entre Juramento y Congreso, por ejemplo. Conviven con los agentes de tránsito, con los de la Policía Metropolitana y con los de la Federal. Y nada ocurre. Hasta los comerciantes que pagan sus alquileres y tienen comercios a la calle arreglaron un precio para permitir su permanencia. Insólito.
Como los cuidacoches. A esta altura, ya debería organizarse un concurso: ¿Qué cuadra de Buenos Aires está libre de "trapitos"? Quedan muy pocas. Hay leyes porteñas que atienden toda esta enumeración de usurpaciones del espacio público. Perfectibles, por supuesto. Pero no se cumplen. Ni se hacen cumplir. Es necesario que el Estado asuma este rol imprescindible.
El espacio público en la ciudad de Buenos Aires es una zona de conflicto permanente. La simultaneidad de jurisdicciones judiciales, de fuerzas de seguridad y el perfil metropolitano de la urbe terminan siendo funcionales al caos, más que al ordenamiento.
A esto se suma una débil política de Estado en materia de previsión y de control. Así, los manteros invaden calles y avenidas; los automovilistas estacionan en doble y hasta en triple fila en los barrios más cotizados; los "trapitos" se adueñan de lugares y cobran por dejar el vehículo; familias enteras viven en plazas; comerciantes invaden las veredas; contenedores, camiones y motos obstruyen las bicisendas y ya casi nadie respeta la peatonalización del microcentro.
Tampoco las grandes empresas respetan las normativas que rigen en el espacio público: se construyen shoppings antes de ser aprobados por el Poder Ejecutivo; se abren y cierran veredas cien veces para obras diferentes, y hasta las constructoras ocupan carriles de calles y avenidas para seguir con su desarrollo, mientras que los que prometen eliminar el cableado aéreo tampoco cumplen.
Pero la ocupación del espacio público no empezó con los ex combatientes de Malvinas intentando construir una casa de material, con ladrillos y cemento, en la Plaza de Mayo. Comenzó mucho antes: la ahora villa Rodrigo Bueno creció así, de a poco, casa a casa en el barrio más caro de la Capital: Puerto Madero. En el 2000 la Ciudad intentó erradicarla con subsidios, pero luego nada hizo. Y aunque su destino siga en los estrados judiciales, hoy es difícil mudar a esas miles de familias que se asentaron sobre los terrenos de la Reserva Ecológica, linderos a la ex Ciudad Deportiva de Boca.
Está claro que ante la falta de controles y las zonas grises que ofrece el Código Contravencional porteño, cualquiera se convierte en el dueño de la calle sin que nada ocurra. Los manteros ya son una institución en Flores, Once, Liniers, Caballito o Belgrano. Ya no queda un metro libre en la avenida Cabildo entre Juramento y Congreso, por ejemplo. Conviven con los agentes de tránsito, con los de la Policía Metropolitana y con los de la Federal. Y nada ocurre. Hasta los comerciantes que pagan sus alquileres y tienen comercios a la calle arreglaron un precio para permitir su permanencia. Insólito.
Como los cuidacoches. A esta altura, ya debería organizarse un concurso: ¿Qué cuadra de Buenos Aires está libre de "trapitos"? Quedan muy pocas. Hay leyes porteñas que atienden toda esta enumeración de usurpaciones del espacio público. Perfectibles, por supuesto. Pero no se cumplen. Ni se hacen cumplir. Es necesario que el Estado asuma este rol imprescindible.
miércoles, 7 de octubre de 2015
CGC descubrió un nuevo yacimiento de gas en Santa Cruz
(Ambito.com) - La Compañía General de Combustibles (CGC) anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas en la Cuenca Austral de la provincia de Santa Cruz.
En un comunicado, la firma detalló que "el pozo exploratorio Morena Sur ha ensayado un caudal inicial de aproximadamente 100.000 m3 por día. Se estima que el nuevo descubrimiento podría aumentar en un rango de 40 a 50 BCF las reservas de gas de CGC en la Cuenca Austral".
El yacimiento se encuentra ubicado en la Cuenca Austral, en la concesión Santa Cruz I y es el primer descubrimiento exploratorio de CGC desde abril de este año, cuando la compañía tomó posesión de las áreas que adquiriera a Petrobras Argentina.
Además un equipo de fractura y otro de terminación comenzarán a trabajar en la Cuenca Austral esta semana: lo harán junto con empresas de montaje locales. Antes de finalizado el año se habrán puesto en marcha dos proyectos que permitirán aumentar la producción de gas.
CGC añadió que incorporará un nuevo equipo de terminación (workover) para intervenir más de 40 pozos de la Cuenca Austral y otro para realizar la campaña de fractura de aquellos pozos que fueron perforados durante el año y otros anteriores que se identificaron.
La llegada de los mismos "se enmarca en la decisión planificada de la compañía CGC en repotenciar el área, con lo que se espera incrementar la producción de gas en unos 300.000 m3/día". "Acompañando esta inversión, y dentro de su compromiso con el desarrollo sostenido de la Cuenca Austral, CGC ha comenzado dos importantes obras para incrementar la producción de gas", sostuvo.
Una es la puesta en marcha -prevista para diciembre- del proyecto "El Cerrito", donde se incorporarán 200M de m3 de gas a los que ya alimentan a las ciudades de Rio Turbio y Calafate. Asimismo, el proyecto de endulzado de gas para la zona de La Paz, que estará finalizado durante noviembre, lo que permitirá generar ahorro de gas y una optimización de la operación.
"Con estas nuevas mejoras e inversiones, cuyo total asciende a u$s 35 millones, CGC busca generar mayor producción en la Cuenca Austral, factor decisivo para continuar mejorando el ambiente de inversión en la cuenca y el sostenimiento de las fuentes de trabajo de la familia petrolera", concluye.
En un comunicado, la firma detalló que "el pozo exploratorio Morena Sur ha ensayado un caudal inicial de aproximadamente 100.000 m3 por día. Se estima que el nuevo descubrimiento podría aumentar en un rango de 40 a 50 BCF las reservas de gas de CGC en la Cuenca Austral".
El yacimiento se encuentra ubicado en la Cuenca Austral, en la concesión Santa Cruz I y es el primer descubrimiento exploratorio de CGC desde abril de este año, cuando la compañía tomó posesión de las áreas que adquiriera a Petrobras Argentina.
Además un equipo de fractura y otro de terminación comenzarán a trabajar en la Cuenca Austral esta semana: lo harán junto con empresas de montaje locales. Antes de finalizado el año se habrán puesto en marcha dos proyectos que permitirán aumentar la producción de gas.
CGC añadió que incorporará un nuevo equipo de terminación (workover) para intervenir más de 40 pozos de la Cuenca Austral y otro para realizar la campaña de fractura de aquellos pozos que fueron perforados durante el año y otros anteriores que se identificaron.
La llegada de los mismos "se enmarca en la decisión planificada de la compañía CGC en repotenciar el área, con lo que se espera incrementar la producción de gas en unos 300.000 m3/día". "Acompañando esta inversión, y dentro de su compromiso con el desarrollo sostenido de la Cuenca Austral, CGC ha comenzado dos importantes obras para incrementar la producción de gas", sostuvo.
Una es la puesta en marcha -prevista para diciembre- del proyecto "El Cerrito", donde se incorporarán 200M de m3 de gas a los que ya alimentan a las ciudades de Rio Turbio y Calafate. Asimismo, el proyecto de endulzado de gas para la zona de La Paz, que estará finalizado durante noviembre, lo que permitirá generar ahorro de gas y una optimización de la operación.
"Con estas nuevas mejoras e inversiones, cuyo total asciende a u$s 35 millones, CGC busca generar mayor producción en la Cuenca Austral, factor decisivo para continuar mejorando el ambiente de inversión en la cuenca y el sostenimiento de las fuentes de trabajo de la familia petrolera", concluye.
Arribaron mas camiones para el Ejercito
Por Juan Carlos Cicalesi
Estos camiones recién desembarcados en el Puerto de Zarate de hoy a la tarde. Son Freightliner M916A1 6x6 Tractor Truck. El M916 es similar al camión tractor M915, pero tiene una configuración 6x6 en lugar de 6x4.
Cuenta con una mejor movilidad fuera de la carretera que el M915. son fabricados por la Freightliner a diferencia de los 915 que son de la AM General.
Foto: Jorge Baez
Estos camiones recién desembarcados en el Puerto de Zarate de hoy a la tarde. Son Freightliner M916A1 6x6 Tractor Truck. El M916 es similar al camión tractor M915, pero tiene una configuración 6x6 en lugar de 6x4.
Cuenta con una mejor movilidad fuera de la carretera que el M915. son fabricados por la Freightliner a diferencia de los 915 que son de la AM General.
Foto: Jorge Baez
Recordando al vehiculo M-325 Command car
El M-325 Commandcar/Nun-nun fue un vehículo multipropósito de uso militar construido y desarrollado por Automotive Industries Ltd., siendo su posterior reemplazo el Abir. El M-325 es un vehículo militar de transmisión 4x4, de múltiples propósitos. En la producción de dicho vehículo se tuvo en cuenta el construirlo medainte el uso de partes de coches comerciales de uso civil, como camionetas y camiones de la Dodge, y que fuese lo más económico posible, para así facilitar su producción en serie.
Con más de 20 años en producción, y antes de ser retirado del servicio activo; fue reemplazado por el Abir M-462. El M-325 Commandcar está todavía en servicio en el Oriente Medio, el sureste de Asia, en África y América del Sur.
Fue específicamente desarrollado para utilizar la mayor número de comercialmente disponibles, el M-325 fue construido en dos versiones básicas, una consistente con el vehículo usado para el patrullaje; en el cual se cuenta con múltiples armas montadas, y aparte dispone de accesos para que la tripulación suba a este fácilmente, pero sacrificando su protección con un un blindaje mínimo, aparte sería usado en el transporte de carga, de armas, y como una base para el desarrollo de coches blindados con portatorretas de diferente configuración.
La versión de carga en sí viene en dos versiones, en el centro trae dispuesto un vano con asientos interiores enfrentados y hacia atrás va la carrocería con asientos plegables hacia el centro o hacia el exterior. También incluye en su construcción varios montajes para diversas armas de fuego, que pueden ser instaladas en varios puntos de montaje.
Además de vehículo de tiro y de servir como vehículo para la atención de tropas, el M-325 también puede ser usado como un remolque para armas de peso elevado como morteros, o para montar adaptaciones especiales tales como carrotanque para agua potable/combustible, y como centros de mando y comunicación. Una versión protegida contra minas del M-325 también se encuentra disponible.
Especificaciones:
Tipo Vehículo de alta movilidad multipropósito
Origen Israel
En servicio 1966 – 1977
Fabricante AIL (''Automotive Industries Limited'')
Producido 1966 – 1977
Peso 2.600 kilos kg(vacío)
4.800 kg (en combate)
Longitud 5,073 m
Ancho 2,08 m
Altura 2,37 m
Tripulación 14 (2 Tripulantes + 12 Soldados).
Armamento 2 ametralladoras M2HB Frontal. y M2HB Lateral
Motor 435D, Chrysler, de 6 cilindros a, Gasolina con 5700 cm3, 100 hp
Velocidad máxima 100 km/H (máxima)
Capacidad de combustible 144 l
Transmisión 4*4
Rodaje 4 ruedas, 4 motrices
Suspensión combinada (Ballestas y Armortiguadores).
Con más de 20 años en producción, y antes de ser retirado del servicio activo; fue reemplazado por el Abir M-462. El M-325 Commandcar está todavía en servicio en el Oriente Medio, el sureste de Asia, en África y América del Sur.
Fue específicamente desarrollado para utilizar la mayor número de comercialmente disponibles, el M-325 fue construido en dos versiones básicas, una consistente con el vehículo usado para el patrullaje; en el cual se cuenta con múltiples armas montadas, y aparte dispone de accesos para que la tripulación suba a este fácilmente, pero sacrificando su protección con un un blindaje mínimo, aparte sería usado en el transporte de carga, de armas, y como una base para el desarrollo de coches blindados con portatorretas de diferente configuración.
Además de vehículo de tiro y de servir como vehículo para la atención de tropas, el M-325 también puede ser usado como un remolque para armas de peso elevado como morteros, o para montar adaptaciones especiales tales como carrotanque para agua potable/combustible, y como centros de mando y comunicación. Una versión protegida contra minas del M-325 también se encuentra disponible.
Especificaciones:
Tipo Vehículo de alta movilidad multipropósito
Origen Israel
En servicio 1966 – 1977
Fabricante AIL (''Automotive Industries Limited'')
Producido 1966 – 1977
Peso 2.600 kilos kg(vacío)
4.800 kg (en combate)
Longitud 5,073 m
Ancho 2,08 m
Altura 2,37 m
Tripulación 14 (2 Tripulantes + 12 Soldados).
Armamento 2 ametralladoras M2HB Frontal. y M2HB Lateral
Motor 435D, Chrysler, de 6 cilindros a, Gasolina con 5700 cm3, 100 hp
Velocidad máxima 100 km/H (máxima)
Capacidad de combustible 144 l
Transmisión 4*4
Rodaje 4 ruedas, 4 motrices
Suspensión combinada (Ballestas y Armortiguadores).
Australia adquiere 1.100 vehículos blindados Hawkey a Thales
(defensa.com) La Organización de Material de Defensa (Defence Materiel Organisation o DMO) del Departamento de Defensa australiano ha asignado un contrato de suministro de 1.100 vehículos tácticos blindados 4x4 Hawkei además de equipos y servicios asociados por un valor de 1.300 millones de dólares australianos. Esta compra se enmarca en el programa “Project Land 121 Phase 4” y supone el suministro también de cerca de 1.000 remolques para su uso con los vehículos blindados Hawkei. El Hawkei permitirá al Ejército australiano sustituir progresivamente los vehículos blindados 4x4 Perentie y también algunas de las versiones 6x6 fabricadas localmente por Jaguar Rover Australia (JRA) basadas en el Land Rover Defender 110.
El inicio de la producción de un lote de vehículos de pruebas deberá ocurrir en 2016 y las primeras entregas se llevarán a cabo durante 2017, estando prevista la producción a pleno rendimiento en 2018.
El Hawkei tiene un peso de 7.000 kilos, una longitud de 5,8 metros, una anchura de 2,4 metros, una altura de 2,3 metros, un volumen de 6 metros cúbicos y una carga útil de 3.000 kilos, una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y una autonomía de 600 kilómetros.
Dispone de una estructura monocasco con forma inferior en V, un sistema de propulsión formado por un motor Steyr Motors M16 SCI asociado a una transmisión automática ZF Friedrichshafen 6HP280 y un módulo de protección suministrada por Plasan SASA. Para el vehículo australiano la empresa ha desarrollado un completo sistema de mando y control integrado en la arquitectura electrónica del vehículo. El Hawkei puede recibir ametralladoras de 5,56, 7,62 o 12,70 mm., misiles o lanzadores automáticos de granadas de 40 mm. en afustes manuales o torres de empleo remoto, además de protección balística adicional. Se han propuesto varias configuraciones de Hawkei para aplicaciones concretas. El vehículo puede ser aerotransportado por un helicóptero CH-47F Chinook, un avión C-130J Super Hércules, el C-17A Globermaster III y el C-27J Spartan en servicio en las Fuerzas Armadas Australianas. (Victor M.S. Barreira)
El inicio de la producción de un lote de vehículos de pruebas deberá ocurrir en 2016 y las primeras entregas se llevarán a cabo durante 2017, estando prevista la producción a pleno rendimiento en 2018.
El Hawkei tiene un peso de 7.000 kilos, una longitud de 5,8 metros, una anchura de 2,4 metros, una altura de 2,3 metros, un volumen de 6 metros cúbicos y una carga útil de 3.000 kilos, una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y una autonomía de 600 kilómetros.
Dispone de una estructura monocasco con forma inferior en V, un sistema de propulsión formado por un motor Steyr Motors M16 SCI asociado a una transmisión automática ZF Friedrichshafen 6HP280 y un módulo de protección suministrada por Plasan SASA. Para el vehículo australiano la empresa ha desarrollado un completo sistema de mando y control integrado en la arquitectura electrónica del vehículo. El Hawkei puede recibir ametralladoras de 5,56, 7,62 o 12,70 mm., misiles o lanzadores automáticos de granadas de 40 mm. en afustes manuales o torres de empleo remoto, además de protección balística adicional. Se han propuesto varias configuraciones de Hawkei para aplicaciones concretas. El vehículo puede ser aerotransportado por un helicóptero CH-47F Chinook, un avión C-130J Super Hércules, el C-17A Globermaster III y el C-27J Spartan en servicio en las Fuerzas Armadas Australianas. (Victor M.S. Barreira)
República o narcoestado
(Editorial del diario La Nacion) - Si Aníbal Fernández llegara a la gobernación bonaerense, se habrá dado un paso decisivo para conformar un Estado dominado por el negocio de la droga
Quien asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre deberá enfrentar una opción crucial para la vida de los argentinos y la ya deteriorada salud de la República: luchar con decisión contra el narcotráfico, revirtiendo el gravísimo retroceso producido en los últimos años, o bien continuar la lenta pero constante entrega del país a los cárteles y bandas de la droga hasta que éstos terminen por conformar el narcoestado cuyos cimientos ya se han tendido y lucen cada vez más sólidos.
No se trata sólo de una decisión acerca de qué política adoptar para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado, sino de resolver si la Argentina permitirá o no que continúe la constante captación de agentes y funcionarios de los tres poderes hasta que un día cobremos plena conciencia de que el régimen republicano y la democracia se han convertido en meras fachadas al servicio de los zares de la droga.
El fortísimo crecimiento de este flagelo comenzó a fines de los años 80, se afianzó en los 90 y alcanzó dimensiones de pesadilla a partir de 2000. Como hemos subrayado en esta columna, el principal responsable ha sido el kirchnerismo, que ignoró y luego quiso minimizar esta lacerante realidad en vez de combatirla.
Su pasividad se volvió cómplice del narcotráfico, una actividad delictiva que trae aparejada una constelación de delitos de suma gravedad, como el lavado de dinero, la compra de funcionarios y los asesinatos en las pugnas entre bandas por dominar territorios para la venta de droga, como lo han sufrido y aún lo sufren Rosario, muchas otras grandes ciudades y vastas áreas del conurbano bonaerense.
Se vio así la estrecha relación entre el negocio de la droga y algunos organismos de contralor, como quedó de manifiesto en el caso de los hermanos Juliá, quienes despegaron con un jet privado desde un aeropuerto militar, hicieron escala en Ezeiza y luego decolaron rumbo a Barcelona con una tonelada de cocaína sin que el avión fuera revisado por el personal de la Aduana en nuestro principal aeropuerto internacional. El caso sólo se descubrió por la acción de las autoridades españolas.
Se vio también que un ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, se encuentra procesado por no haber controlado las inusitadas y totalmente desproporcionadas importaciones de efedrina destinadas al contrabando. Y que otro ex titular del mismo organismo, el sacerdote Juan Carlos Molina, sostuvo que estaría dispuesto a habilitar "el consumo de todo", al propiciar un proyecto para la "no criminalización" del consumo de drogas.
El escándalo de la efedrina, junto con el triple crimen de General Rodríguez, mostró otra preocupante arista del problema que nos ocupa: la cada vez más estrecha vinculación del narcodinero con el financiamiento de la política, que en el caso de la efedrina llegó al máximo nivel, pues se descubrieron aportes de uno de los involucrados para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
En esta triste nómina sobresale de manera notoria el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato por el oficialismo a gobernador bonaerense. Se trata de un firme impulsor de la despenalización de la tenencia y consumo de drogas. A Fernández, quien también ha negado el avance del narcotráfico, lo persigue el fantasma de su eventual relación con la droga, que él siempre ha negado.
Últimamente, Martín Lanatta, hombre de confianza suyo que cumple condena por el triple crimen, expresó que el jefe de Gabinete no fue ajeno al hecho ni al caso de la efedrina. Antes, investigadores del triple asesinato -ocurrido en Quilmes aunque los cuerpos aparecieron en General Rodríguez- habían asegurado que las operaciones no podrían haberse desarrollado sin la connivencia de lo más alto del Poder Ejecutivo. Para Elisa Carrió, la primera figura política en plantear la disyuntiva entre República y narcoestado, "la disputa del negocio (de la droga) fue entre Aníbal Fernández, alguno de los hermanos Zacarías y probablemente el ex presidente Néstor Kirchner".
Fernández, quien primero se manifestó a favor y luego en contra del derribo de aviones que no se identifiquen, cuestionó severamente la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, de crear un ministerio de lucha contra el narcotráfico. Su caso más paradigmático de acción pública respecto del fenómeno del narcotráfico quedó en evidencia cuando se discutió el proyecto de ley sobre precursores químicos elaborado por una senadora de su mismo partido, Sonia Escudero. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado, fue bloqueada en Diputados por una intervención directa y personal de Fernández, quien entonces era ministro de Justicia y Seguridad.
En un testimonio en Diputados en 2008, Granero, en aquel momento titular de la Sedronar, afirmó que Fernández "remitió un escrito a los legisladores para que el proyecto de ley continúe en el letargo y no sea sancionado". Para dar batalla al avance legislativo, Fernández conformó la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción, que elaboró un nuevo proyecto de ley de estupefacientes que el propio Granero calificó de "un garantismo para defender delincuentes y narcotraficantes" y que, afortunadamente, naufragó en el Congreso. En declaraciones al diario El Tribuno de Salta, Granero afirmó: "Escuché personalmente a Fernández mentirle a la Presidenta (al decir) que en la Argentina no había muertes por sobredosis".
Las afirmaciones de Fernández sobre la Argentina como mero país de tránsito de la droga, y no de elaboración, chocan con las abrumadoras evidencias mostradas por organismos y organizaciones nacionales e internacionales. El informe de la Auditoría General de la Nación titulado "El Control de Aduanas y de Fronteras" indica que en una década se descubrieron 159 laboratorios de cocaína, pasta base y drogas sintéticas. Estos datos van en línea con informes de las Naciones Unidas y con el avance del paco, que es un subproducto de la pasta base de cocaína. Hace mucho que la Argentina dejó de ser un país de mero tránsito. Aquí también se fabrican y se consumen drogas.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina determinó, a partir de una encuesta, que sólo en los últimos cuatro años creció un 50 por ciento la proporción de personas que perciben que se vende droga en su barrio. Del 30 por ciento en 2010, ese porcentaje creció al 45 por ciento en 2014. Pese a eso, el kirchnerismo se empeña en negar la realidad.
Esta actitud negacionista y la destrucción de los mecanismos que recolectan sistemáticamente información estadística sobre el avance de este fenómeno tienen un denominador común: Aníbal Fernández.
La pasividad e indiferencia del gobierno nacional ante la droga ha sido palmaria. Si Fernández llegara a constituirse en gobernador de la principal provincia de nuestro país, se habría dado un paso decisivo para la conformación de un narcoestado.
Quien asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre deberá enfrentar una opción crucial para la vida de los argentinos y la ya deteriorada salud de la República: luchar con decisión contra el narcotráfico, revirtiendo el gravísimo retroceso producido en los últimos años, o bien continuar la lenta pero constante entrega del país a los cárteles y bandas de la droga hasta que éstos terminen por conformar el narcoestado cuyos cimientos ya se han tendido y lucen cada vez más sólidos.
No se trata sólo de una decisión acerca de qué política adoptar para luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado, sino de resolver si la Argentina permitirá o no que continúe la constante captación de agentes y funcionarios de los tres poderes hasta que un día cobremos plena conciencia de que el régimen republicano y la democracia se han convertido en meras fachadas al servicio de los zares de la droga.
El fortísimo crecimiento de este flagelo comenzó a fines de los años 80, se afianzó en los 90 y alcanzó dimensiones de pesadilla a partir de 2000. Como hemos subrayado en esta columna, el principal responsable ha sido el kirchnerismo, que ignoró y luego quiso minimizar esta lacerante realidad en vez de combatirla.
Su pasividad se volvió cómplice del narcotráfico, una actividad delictiva que trae aparejada una constelación de delitos de suma gravedad, como el lavado de dinero, la compra de funcionarios y los asesinatos en las pugnas entre bandas por dominar territorios para la venta de droga, como lo han sufrido y aún lo sufren Rosario, muchas otras grandes ciudades y vastas áreas del conurbano bonaerense.
Se vio así la estrecha relación entre el negocio de la droga y algunos organismos de contralor, como quedó de manifiesto en el caso de los hermanos Juliá, quienes despegaron con un jet privado desde un aeropuerto militar, hicieron escala en Ezeiza y luego decolaron rumbo a Barcelona con una tonelada de cocaína sin que el avión fuera revisado por el personal de la Aduana en nuestro principal aeropuerto internacional. El caso sólo se descubrió por la acción de las autoridades españolas.
Se vio también que un ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, se encuentra procesado por no haber controlado las inusitadas y totalmente desproporcionadas importaciones de efedrina destinadas al contrabando. Y que otro ex titular del mismo organismo, el sacerdote Juan Carlos Molina, sostuvo que estaría dispuesto a habilitar "el consumo de todo", al propiciar un proyecto para la "no criminalización" del consumo de drogas.
El escándalo de la efedrina, junto con el triple crimen de General Rodríguez, mostró otra preocupante arista del problema que nos ocupa: la cada vez más estrecha vinculación del narcodinero con el financiamiento de la política, que en el caso de la efedrina llegó al máximo nivel, pues se descubrieron aportes de uno de los involucrados para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
En esta triste nómina sobresale de manera notoria el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato por el oficialismo a gobernador bonaerense. Se trata de un firme impulsor de la despenalización de la tenencia y consumo de drogas. A Fernández, quien también ha negado el avance del narcotráfico, lo persigue el fantasma de su eventual relación con la droga, que él siempre ha negado.
Últimamente, Martín Lanatta, hombre de confianza suyo que cumple condena por el triple crimen, expresó que el jefe de Gabinete no fue ajeno al hecho ni al caso de la efedrina. Antes, investigadores del triple asesinato -ocurrido en Quilmes aunque los cuerpos aparecieron en General Rodríguez- habían asegurado que las operaciones no podrían haberse desarrollado sin la connivencia de lo más alto del Poder Ejecutivo. Para Elisa Carrió, la primera figura política en plantear la disyuntiva entre República y narcoestado, "la disputa del negocio (de la droga) fue entre Aníbal Fernández, alguno de los hermanos Zacarías y probablemente el ex presidente Néstor Kirchner".
Fernández, quien primero se manifestó a favor y luego en contra del derribo de aviones que no se identifiquen, cuestionó severamente la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, de crear un ministerio de lucha contra el narcotráfico. Su caso más paradigmático de acción pública respecto del fenómeno del narcotráfico quedó en evidencia cuando se discutió el proyecto de ley sobre precursores químicos elaborado por una senadora de su mismo partido, Sonia Escudero. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado, fue bloqueada en Diputados por una intervención directa y personal de Fernández, quien entonces era ministro de Justicia y Seguridad.
En un testimonio en Diputados en 2008, Granero, en aquel momento titular de la Sedronar, afirmó que Fernández "remitió un escrito a los legisladores para que el proyecto de ley continúe en el letargo y no sea sancionado". Para dar batalla al avance legislativo, Fernández conformó la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción, que elaboró un nuevo proyecto de ley de estupefacientes que el propio Granero calificó de "un garantismo para defender delincuentes y narcotraficantes" y que, afortunadamente, naufragó en el Congreso. En declaraciones al diario El Tribuno de Salta, Granero afirmó: "Escuché personalmente a Fernández mentirle a la Presidenta (al decir) que en la Argentina no había muertes por sobredosis".
Las afirmaciones de Fernández sobre la Argentina como mero país de tránsito de la droga, y no de elaboración, chocan con las abrumadoras evidencias mostradas por organismos y organizaciones nacionales e internacionales. El informe de la Auditoría General de la Nación titulado "El Control de Aduanas y de Fronteras" indica que en una década se descubrieron 159 laboratorios de cocaína, pasta base y drogas sintéticas. Estos datos van en línea con informes de las Naciones Unidas y con el avance del paco, que es un subproducto de la pasta base de cocaína. Hace mucho que la Argentina dejó de ser un país de mero tránsito. Aquí también se fabrican y se consumen drogas.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina determinó, a partir de una encuesta, que sólo en los últimos cuatro años creció un 50 por ciento la proporción de personas que perciben que se vende droga en su barrio. Del 30 por ciento en 2010, ese porcentaje creció al 45 por ciento en 2014. Pese a eso, el kirchnerismo se empeña en negar la realidad.
Esta actitud negacionista y la destrucción de los mecanismos que recolectan sistemáticamente información estadística sobre el avance de este fenómeno tienen un denominador común: Aníbal Fernández.
La pasividad e indiferencia del gobierno nacional ante la droga ha sido palmaria. Si Fernández llegara a constituirse en gobernador de la principal provincia de nuestro país, se habría dado un paso decisivo para la conformación de un narcoestado.
Denuncian que La Cámpora incentiva la usurpación de terrenos y viviendas
(Urgente24) - En Villa Gesell, donde ha aumentado el número de tomas, se distribuye un instructivo que explica cómo realizar usurpaciones y cómo justificarlas. Aseguran que el cuadernillo es repartido por la organización ultra K.
Así es el cuadernillo que supuestamente distribuye La Cámpora y qué explica cómo tomar terrenos. Imagen: MinutoG.com y @mercedesninci1.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El miércoles 05/04, un joven matrimonio fue detenido por la policía cuando intentaba tomar una vivienda en Villa Gesell. 48 horas después, la fuerza de seguridad retuvo a otros 3 individuos que trataron de usurpar una casa en la misma localidad balnearia bonaerense.
Los casos son reiterados. El concejal del Frente Renovador Atilio Roncoroni denunció que la ciudad costera "está totalmente liberada" para este tipo de acciones. Y ahora, la edil radical Claudia Cima denuncia que La Cámpora distribuye un instructivo con el que la organización ultraK explica cómo usurpar terrenos o departamentos y ofrece argumentaciones para justificar las tomas.
La primicia la publicó el 17/09 último el portal geselino MinutoG.com. El artículo no identificaba directamente a La Cámpora como responsable de la distribución del "libro de cómo y por qué usurpar", sino que señalaba a una "agrupación política".
Pero la concejal Cima, en diálogo con radio Mitre este lunes, le puso nombre a esa agrupación: la que lidera el hijo presidencial, Máximo Kirchner.
"A partir de gente de La Cámpora se está repartiendo un instructivo que alecciona de cómo organizarse para usurpar y dan los fundamentos para justificar la usurpación", afirmó.
De acuerdo a lo que publicó MinutoG.com, el instructivo consta de 7 "capítulos":
El 1º: La historia de la Tierra, es una introducción al tema y explica “los modos de pensar”. En el texto, se encuentran oraciones como: “Los que piensan un país para pocos, conciben la tierra como una propiedad privada. Los que piensan un país para todos, conciben el acceso a la tierra como un derecho”.
El 2º: El Derecho a la Tierra y a la Vivienda. Habla sobre como poner limites y condiciones a los derechos sobre la propiedad privada.
El 3º: Organizarse y perseverar. Incentiva a formar grupos grandes de personas para toma tierras.
El 4º: Las primera averiguaciones. Da información precisa de cuales son las mejores condicciones para tomar un predio.
El 5º: El proyecto urbano del Barrio.
El 6º: Los asentamientos: Sobre tierras fiscales o sobre tierras privadas.
El 7º: escriturar.
"El instructivo tiene un contenido ideologógico preocupante y se da en un contexto en que han aumentado las usurpaciones de forma alarmante", manifestó Cima en diálogo com Mitre.
Por su parte, el concejal Atilio Roncoroni afirmó meses atrás que existen organizaciones, que se hacen pasar por ONG, que se dedican a usurpar terrenos,fomentar las usurpaciones -para bajar el valor de las propiedades- y luego comprarlas para generar un negocio inmobiliario.
Así es el cuadernillo que supuestamente distribuye La Cámpora y qué explica cómo tomar terrenos. Imagen: MinutoG.com y @mercedesninci1.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El miércoles 05/04, un joven matrimonio fue detenido por la policía cuando intentaba tomar una vivienda en Villa Gesell. 48 horas después, la fuerza de seguridad retuvo a otros 3 individuos que trataron de usurpar una casa en la misma localidad balnearia bonaerense.
Los casos son reiterados. El concejal del Frente Renovador Atilio Roncoroni denunció que la ciudad costera "está totalmente liberada" para este tipo de acciones. Y ahora, la edil radical Claudia Cima denuncia que La Cámpora distribuye un instructivo con el que la organización ultraK explica cómo usurpar terrenos o departamentos y ofrece argumentaciones para justificar las tomas.
La primicia la publicó el 17/09 último el portal geselino MinutoG.com. El artículo no identificaba directamente a La Cámpora como responsable de la distribución del "libro de cómo y por qué usurpar", sino que señalaba a una "agrupación política".
Pero la concejal Cima, en diálogo con radio Mitre este lunes, le puso nombre a esa agrupación: la que lidera el hijo presidencial, Máximo Kirchner.
"A partir de gente de La Cámpora se está repartiendo un instructivo que alecciona de cómo organizarse para usurpar y dan los fundamentos para justificar la usurpación", afirmó.
De acuerdo a lo que publicó MinutoG.com, el instructivo consta de 7 "capítulos":
El 1º: La historia de la Tierra, es una introducción al tema y explica “los modos de pensar”. En el texto, se encuentran oraciones como: “Los que piensan un país para pocos, conciben la tierra como una propiedad privada. Los que piensan un país para todos, conciben el acceso a la tierra como un derecho”.
El 2º: El Derecho a la Tierra y a la Vivienda. Habla sobre como poner limites y condiciones a los derechos sobre la propiedad privada.
El 3º: Organizarse y perseverar. Incentiva a formar grupos grandes de personas para toma tierras.
El 4º: Las primera averiguaciones. Da información precisa de cuales son las mejores condicciones para tomar un predio.
El 5º: El proyecto urbano del Barrio.
El 6º: Los asentamientos: Sobre tierras fiscales o sobre tierras privadas.
El 7º: escriturar.
"El instructivo tiene un contenido ideologógico preocupante y se da en un contexto en que han aumentado las usurpaciones de forma alarmante", manifestó Cima en diálogo com Mitre.
Por su parte, el concejal Atilio Roncoroni afirmó meses atrás que existen organizaciones, que se hacen pasar por ONG, que se dedican a usurpar terrenos,fomentar las usurpaciones -para bajar el valor de las propiedades- y luego comprarlas para generar un negocio inmobiliario.
Larreta estudia entregar escrituras para urbanizar la villa 31 de Retiro
(LPO) - Espera que el próximo gobierno transfiera las tierras, como parte de un acuerdo para destrabar la autopista ribereña.
Horacio Rodríguez Larreta estudia un plan para entregar las escrituras para urbanizar la villa 31 de Retiro, una de las grandes deudas de los ocho años de mandato de Mauricio Macri, que hoy prometió que si llega a la presidencia, urbanizará “100 villas y asentamientos por año”.
La excusa del PRO siempre se basó en que para urbanizar la villa necesitaba que el Gobierno nacional le traspasara los terrenos sobre los que está construida la villa, que son federales, para poder entregar los títulos de propiedad a los habitantes del asentamiento.
Pero pese a la histórica puja entre el kirchnerismo y el macrismo que postergó la urbanización de la villa, una de las más grandes de la Ciudad con alrededor de 40 mil habitantes, en los últimos meses ambas jurisdicciones avanzaron en un proyecto que podría modificar de manera radical la zona de Retiro.
El año pasado, Cristina Kirchner gestionó la llegada de Alfredo Máximo Garay a la presidencia de la Corporación Puerto Madero, para que se avanzara en el diseño de la autopista ribereña.
Se trata de una autovía de 7,1 km que serviría como nexo entre las autopistas Buenos Aires-La Plata y la Illia, para evitar que ese caudal de tránsito ingrese a la Ciudad, y que tendría un costo de 1200 millones de dólares.
Efecto colateral
Garay, uno de los diseñadores del masterplan de Puerto Madero, contrató a un grupo de profesionales para avanzar en la traza de la autopista. Uno de los profesionales contratados para el anteproyecto de la autopista que fue presentado en julio de este año fue Javier Fernández Castro, el arquitecto que hizo el proyecto de urbanización de la villa que la oposición porteña impulsó sin éxito en la Legislatura durante todo el último lustro.
Garay le pidió a Fernández Castro que diseñara el tramo de la autopista que pasa por la villa 31, y definieron que puesto que se debe hacer una intervención urbana de grandes proporciones, lo más conveniente era avanzar con la urbanización del barrio.
A través de la Corporación Puerto Madero, que tiene tres directores en representación del gobierno nacional y tres en representación del porteño, ambas jurisdicciones avanzaron en un proyecto en común, que quedó frenado por las elecciones generales de la Ciudad.
Larreta le prometió a sectores de la oposición porteña que avanzará en ese proyecto, que también contaría con el aval de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una vez que asuma en diciembre. Antes, espera a las elecciones presidenciales para ver con quién se deberá sentar a negociar el traspaso de las tierras. “Si el presidente es Scioli, se avanzará igual”, dijeron a LPO desde el PRO.
Las incógnitas
Uno de los problemas que subrayan en el larretismo es la dificultad para definir qué habitantes recibirán las escrituras, en caso de que se avance en la regularización dominial del asentamiento. En ese sentido, en 2010 se hizo un censo en la villa que se actualizó a principios de este año.
En el Ejecutivo porteño todavía no analizaron la aplicación para la villa 31 del proyecto Regularización Dominial de la Vivienda Familiar enviado por el Gobierno nacional al Congreso.
Según la oposición porteña, el proyecto, que esta tarde obtuvo dictamen de tres comisiones de la Cámara de Diputados, permitirá según la presidenta que más de dos millones de personas puedan acceder a la titularidad de su vivienda. La incógnita es si la norma alcanzará a los habitantes de la villa 31 y si el Gobierno nacional podrá entregarles los títulos de propiedad sin pasar por la autoridad local.
Horacio Rodríguez Larreta estudia un plan para entregar las escrituras para urbanizar la villa 31 de Retiro, una de las grandes deudas de los ocho años de mandato de Mauricio Macri, que hoy prometió que si llega a la presidencia, urbanizará “100 villas y asentamientos por año”.
La excusa del PRO siempre se basó en que para urbanizar la villa necesitaba que el Gobierno nacional le traspasara los terrenos sobre los que está construida la villa, que son federales, para poder entregar los títulos de propiedad a los habitantes del asentamiento.
Pero pese a la histórica puja entre el kirchnerismo y el macrismo que postergó la urbanización de la villa, una de las más grandes de la Ciudad con alrededor de 40 mil habitantes, en los últimos meses ambas jurisdicciones avanzaron en un proyecto que podría modificar de manera radical la zona de Retiro.
El año pasado, Cristina Kirchner gestionó la llegada de Alfredo Máximo Garay a la presidencia de la Corporación Puerto Madero, para que se avanzara en el diseño de la autopista ribereña.
Se trata de una autovía de 7,1 km que serviría como nexo entre las autopistas Buenos Aires-La Plata y la Illia, para evitar que ese caudal de tránsito ingrese a la Ciudad, y que tendría un costo de 1200 millones de dólares.
Efecto colateral
Garay, uno de los diseñadores del masterplan de Puerto Madero, contrató a un grupo de profesionales para avanzar en la traza de la autopista. Uno de los profesionales contratados para el anteproyecto de la autopista que fue presentado en julio de este año fue Javier Fernández Castro, el arquitecto que hizo el proyecto de urbanización de la villa que la oposición porteña impulsó sin éxito en la Legislatura durante todo el último lustro.
Garay le pidió a Fernández Castro que diseñara el tramo de la autopista que pasa por la villa 31, y definieron que puesto que se debe hacer una intervención urbana de grandes proporciones, lo más conveniente era avanzar con la urbanización del barrio.
A través de la Corporación Puerto Madero, que tiene tres directores en representación del gobierno nacional y tres en representación del porteño, ambas jurisdicciones avanzaron en un proyecto en común, que quedó frenado por las elecciones generales de la Ciudad.
Larreta le prometió a sectores de la oposición porteña que avanzará en ese proyecto, que también contaría con el aval de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una vez que asuma en diciembre. Antes, espera a las elecciones presidenciales para ver con quién se deberá sentar a negociar el traspaso de las tierras. “Si el presidente es Scioli, se avanzará igual”, dijeron a LPO desde el PRO.
Las incógnitas
Uno de los problemas que subrayan en el larretismo es la dificultad para definir qué habitantes recibirán las escrituras, en caso de que se avance en la regularización dominial del asentamiento. En ese sentido, en 2010 se hizo un censo en la villa que se actualizó a principios de este año.
En el Ejecutivo porteño todavía no analizaron la aplicación para la villa 31 del proyecto Regularización Dominial de la Vivienda Familiar enviado por el Gobierno nacional al Congreso.
Según la oposición porteña, el proyecto, que esta tarde obtuvo dictamen de tres comisiones de la Cámara de Diputados, permitirá según la presidenta que más de dos millones de personas puedan acceder a la titularidad de su vivienda. La incógnita es si la norma alcanzará a los habitantes de la villa 31 y si el Gobierno nacional podrá entregarles los títulos de propiedad sin pasar por la autoridad local.
Avanza la construcción de una terminal de micros en el sur
(La Razon) - Descongestionará la zona de Retiro en un 40 por ciento. Y tendrá tecnología avanzada para controlar el equipaje, WiFi gratuito y conexión con la futura estación de la línea E. Estaría lista antes de fin de año.
La construcción de una nueva terminal de ómnibus en el sudoeste porteño ya está en la recta final. Con esta obra, que se inauguraría antes de fin de año, el Gobierno porteño busca liberar la congestión en Retiro en un 40 por ciento y reducir los tiempos de traslado. Estará ubicada entre avenida Dellepiane, avenida Perito Moreno, calle Lacarra y 25 de Mayo, en el Bajo Flores.
Se estima que la terminal demandará aproximadamente 500 nuevos puestos de trabajo, entre licenciados en sistemas, administrativos, mozos, cocineros y otros perfiles. Los vecinos de la Comuna 8 (Soldati, Lugano y Villa Riachuelo) tendrán prioridad durante el proceso de selección, para que se potencie el desarrollo social y laboral en la zona.
La tecnología a implementarse permitirá controlar el equipaje y el ingreso y el egreso de micros con scaners detectores de metales y de armas, geolocalización satelital de las unidades, cámaras de vigilancia y la instalación de un destacamento interno de la Policía Metropolitana.
La terminal funcionará en un terreno de 22.700 metros cuadrados, donde se instalarán 48 dársenas para ascenso y descenso de pasajeros, dársenas para taxis y transporte público, 51 boleterías, playas de estacionamiento y WiFi gratuito. Además, se conectará con la futura estación del subte E. Contará a su vez con una sala de primeros auxilios, bares, restaurantes, kioscos y librerías.
Respecto al diseño del edificio, se aprovechará la luz natural gracias al uso de techos traslúcidos, así como la energía solar y eólica a través de paneles acumuladores y lámparas led. Y habrá reservorios para recuperar el agua de lluvia para los sanitarios y para regar los jardines.
La construcción de una nueva terminal de ómnibus en el sudoeste porteño ya está en la recta final. Con esta obra, que se inauguraría antes de fin de año, el Gobierno porteño busca liberar la congestión en Retiro en un 40 por ciento y reducir los tiempos de traslado. Estará ubicada entre avenida Dellepiane, avenida Perito Moreno, calle Lacarra y 25 de Mayo, en el Bajo Flores.
Se estima que la terminal demandará aproximadamente 500 nuevos puestos de trabajo, entre licenciados en sistemas, administrativos, mozos, cocineros y otros perfiles. Los vecinos de la Comuna 8 (Soldati, Lugano y Villa Riachuelo) tendrán prioridad durante el proceso de selección, para que se potencie el desarrollo social y laboral en la zona.
La tecnología a implementarse permitirá controlar el equipaje y el ingreso y el egreso de micros con scaners detectores de metales y de armas, geolocalización satelital de las unidades, cámaras de vigilancia y la instalación de un destacamento interno de la Policía Metropolitana.
La terminal funcionará en un terreno de 22.700 metros cuadrados, donde se instalarán 48 dársenas para ascenso y descenso de pasajeros, dársenas para taxis y transporte público, 51 boleterías, playas de estacionamiento y WiFi gratuito. Además, se conectará con la futura estación del subte E. Contará a su vez con una sala de primeros auxilios, bares, restaurantes, kioscos y librerías.
Respecto al diseño del edificio, se aprovechará la luz natural gracias al uso de techos traslúcidos, así como la energía solar y eólica a través de paneles acumuladores y lámparas led. Y habrá reservorios para recuperar el agua de lluvia para los sanitarios y para regar los jardines.
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