Editorial I del diario La Nación
Cualquier
esfuerzo será en vano si desde la máxima autoridad política del país no
se avanza con decisión, de forma integral y coordinada contra el
narcotráfico
El Ministerio de Seguridad reveló que en nuestro país existen más de 1400 pistas de aterrizaje en campos privados que
se encuentran en condiciones irregulares de habilitación. Se sospecha
que muchas podrían servir o haber servido para el aterrizaje de
avionetas que transportan drogas desde países vecinos. La vía aérea es
una de las principales vías de ingreso de drogas en la Argentina.
Como recientemente informó LA NACION, la mayoría de esas pistas se improvisaron en campos privados
y, en algún momento, fueron declaradas ante la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC). Sin embargo, con posterioridad, sus
propietarios dejaron de cumplir con los requisitos de habilitación. En
otros casos, se trata directamente de pistas clandestinas, generalmente
espacios abiertos en zonas de gruesa vegetación donde las aeronaves
muchas veces ni siquiera aterrizan, sino que son usadas para arrojar la
droga desde el aire y a baja altura, a la espera de que se la recoja en
tierra para ser posteriormente transportada.
Según los especialistas, todos esos sitios conforman potenciales lugares de aterrizaje de aeronaves en vuelos ilegales.
El Ministerio de Seguridad anunció que solicitará la colaboración de
las provincias para erradicar las pistas que no tengan la documentación
en regla y comenzó a coordinar un cruce de información sobre operaciones
aéreas declaradas, pilotos, dueños de terrenos con pistas de
aterrizaje, compra-venta de combustible aéreo, propietarios de aeronaves
y talleres. Los jueces federales, en tanto, ya empezaron a recibir
información sobre estos precarios sitios de aterrizaje.
La iniciativa del Ministerio de Seguridad,
tanto en el relevamiento como en la información proporcionada a la
justicia federal, constituye otro demorado paso adelante en la lucha
contra el narcotráfico; una pelea en la que el Gobierno pareciera haber
bajado los brazos mientras las bandas del crimen organizado no cesan en
su avance creciente, como quedó demostrado en toda su trágica dimensión,
por ejemplo, en Rosario.
La actual estrategia de las autoridades
consiste en presionar a los narcos con la neutralización de sus zonas
seguras de descarga, para lo cual se requieren decisiones legales, tanto
de las provincias como de los municipios. Sería muy útil conocer si en
ese proceso se registran groseras demoras o una abierta falta de
colaboración por parte de autoridades provinciales o municipales.
Los
investigadores han manifestado que
la metodología aplicada en la
frontera norte por los narcotraficantes que operan desde Bolivia
consiste en una suerte de "bombardeo" de paquetes o bultos de droga
desde las avionetas que luego regresan con rapidez a su país. Por ello,
las autoridades bolivianas promulgaron una ley de derribo contra las
aeronaves operadas por el narcotráfico. En lo que refiere a nuestro
país, una eventual legislación en ese sentido forma parte de una
discusión aún abierta, pero todo indicaría que ni en el Ministerio de
Seguridad ni en el de Defensa parece haber consenso respecto de ese tipo
de normas.
Insisten los funcionarios en que
la neutralización de
estas pistas es una forma eficaz de combatir los vuelos. A su vez, una
resolución de la cartera de Defensa, de abril pasado, transfirió al
Estado Mayor Conjunto las responsabilidades de control aeroespacial, que
tenía la Fuerza Aérea. Ese nuevo organismo, denominado Comando
Subordinado Aeroespacial, quedó a cargo de la resolución de las
situaciones de crisis. Desde estas columnas queremos insistir en que
nuestro país ya se encuentra en grave crisis en esta problemática.
Es
de esperar que las actuales iniciativas sean apenas el comienzo de la
ejecución de un vasto plan de combate contra el narcotráfico, que
necesariamente deberá llevarse a cabo en varios frentes simultáneamente
si se desea obtener éxito.
Por ejemplo: en el político, evitando que los
partidos reciban aportes de dinero de procedencia dudosa; en el de las
fuerzas de seguridad, mediante la depuración en sus filas de los
integrantes vinculados con el delito, y en el plano judicial, procurando
que no se cometan ni consientan errores de procedimiento que, cada vez
con mayor frecuencia, se traducen en nulidades que terminan por arruinar
investigaciones enteras y ocasionando la puesta en libertad de los
detenidos.
Las acciones de los últimos tiempos por parte del
gobierno nacional, supuestamente dirigidas a enfrentar este tipo de
delitos, no han hecho más que sembrar dudas.
Entre ellas, haberle
quitado a la secretaría antidrogas (Sedronar) el abordaje del tráfico de
drogas para centrarla en la prevención y el tratamiento; haber sacado a
la Gendarmería de su función de custodia de la frontera para asignarle
tareas policiales, especialmente en el conurbano bonaerense, y el
constante anuncio de planes de radarización que muy poco han podido
lograr. A su vez, el Gobierno impulsa medidas que patológicamente no
combaten sino que atraen a los grupos narcotraficantes,
como el caso del
polémico blanqueo de capitales, prorrogado ya varias veces, que alienta
a todas las personas a ingresar los dólares no declarados en el
extranjero sin tener que dar explicación alguna de su origen y eximidos
de las penas previstas en las leyes.
Además, y aquí es donde se
registra otra evidente falta de voluntad del Gobierno, es preciso
combatir el lavado de dinero mediante el normal y no politizado
funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), presidida
por José Sbattella
, cuya gestión fue de probada ineficiencia. Toda campaña contra los
narcotraficantes fracasará de no mediar una decisión clara de acabar con
el blanqueo de los activos que se originan en el mortal negocio de la
droga.
En síntesis, cualquier esfuerzo resultará vano si no existe
desde la más alta conducción política -esto es, desde la cabeza misma
del Poder Ejecutivo- un compromiso verdadero de combate frontal,
integral, permanente y eficazmente coordinado contra el narcotráfico.
