martes, 5 de noviembre de 2013

Turbulencias en la compra de Cessna A-37 chilenos para Fuerza Aérea Salvadoreña por conflicto limítrofe con Honduras


(Infodefensa.com) Alberto López San Salvador – La compra de una flota de 10 aviones usados modelo Cessna A-37B al Gobierno de Chile por su homólogo salvadoreño, con el fin de reforzar su Fuerza Aérea, ha quedado en medio de la turbulencia causada por un conflicto limítrofe entre El Salvador y Honduras por una isla en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico.

La Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS) viene adoleciendo de un serio déficit en su flota de cazas de ataque ligero, pues sus A-37B, conocidos también como Dragonfly, han llegado al máximo de su vida útil desde hace varios años, un problema recrudecido por la falta de fondos para operarlos y la ausencia de repuestos en el mercado para sustituir partes defectuosas y mantenerlos en operación continua, al grado que hace un par de años se careció del apoyo de estas aeronaves y permanecieron en tierra.

Estados Unidos apoyó en la adquisición de repuestos y se logró colocar en vuelo, al menos, tres los vetustos equipos donados por los estadounidenses a finales de los 70 y en los 80, en plena guerra interna en El Salvador, donde ejercieron un valioso servicio en contra de la contrainsurgencia de esa época.

En ese sentido, el ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, el general de División David Munguía Payés, dijo la semana pasada que se dispone sólo de tres aviones A-37 para hacer frente a la defensa del territorio, tanto del crimen organizado, el narcotráfico, como de otras amenazas.

Por su parte, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, confirmó en su programa de radio, este sábado pasado, que el análisis técnico del alto mando de la FAS le ratificó al inicio de su administración, en junio de 2009 (finaliza el 31 de mayo del próximo año), sobre la necesidad apremiante del refuerzo de aviones y se decantó por la posibilidad de adquirir entre media docena o 10 Embraer EMB314/A29 Super Tucano, por un monto de inversión por más de US$100 millones; sin embargo, reconoció Funes, el proyecto fue descartándose por las críticas de diversos sectores (de la oposición política y gremiales empresariales) y se decidió que había necesidades aún más prioritarias como en los sectores públicos de salud y educación.

El tema no fue retomado hasta que Funes anunció en mayo pasado del interés de su Gobierno en adquirir una decena de A-37 usados, provenientes de la Fuerza Aérea de Chile, por un monto de inversión por US$8,6 millones; a todas luces un monto mucho menor al mencionado en el caso de los cazas de ataque ligero brasileños, al menos, ante los ojos del público no especializado ni técnico.

Sin embargo, como bien dice el refrán, esta decisión pudiera ser 'pan para hoy y hambre para mañana', ya que en análisis estrictamente técnicos, la hora de operación u hora de vuelo de un A-37 (que incluye combustible, depreciación de la aeronave por desgaste de repuestos –si se encuentran, ya que hay escases-, etc.) ronda los US$2.000, mientras que en el Súper Tucano es alrededor de US$600 o US$700.
A pesar de todo esto, una decisión técnica y lógica de toda Fuerza Aérea en el mundo, dentro de sus respectivos presupuestos, ha caído en medio de la polémica dentro del litigio entre El Salvador y Honduras por la Isla Conejo, un islote de no más un kilómetro cuadrado, en el Golfo de Fonseca, un cuerpo marítimo que da al Océano Pacífico y que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Tanto El Salvador como Honduras reclaman el territorio que en el caso hondureño le daría mucha más salida al Pacífico sin tener que administrar su tránsito con sus vecinos en el Golfo de Fonseca. Al presente, Conejo está ocupada por tropas hondureñas, pero El Salvador reclama que desde la Colonia dicho territorio ha sido salvadoreño y nunca estuvo en litigio ni se menciona en el fallo de 1992 de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el que se otorgan ciertos territorios a cada país.

Las autoridades salvadoreñas argumentan que durante el conflicto bélico interno, a nivel de jefes militares regionales, de ambas naciones, se llegó a un acuerdo de custodiar Conejo y que ambos Ejércitos se turnarían para patrullar desde ahí y evitar el tráfico de armas para la guerrilla salvadoreña; sin embargo, tras los Acuerdos de Paz en El Salvador, de enero de 1992, el último turno hondureño de militares en Conejo quedó indefinidamente hasta la fecha y ningún Gobierno salvadoreño ordenó la situación.

En medio de todo, la semana pasada, el viernes anterior para ser exactos, el presidente hondureño, Porfirio Lobo, introdujo el tema de los A-37, en relación con el tema de la Isla Conejo.
Lobo dijo que El Salvador quizá quiera “justificar” la compra de aviones de combate al reclamar como suya la Isla Conejo, donde las autoridades hondureñas ejercen soberanía.

En declaraciones a la radio HRN en Tegucigalpa, Lobo expresó que él cree que el reclamo salvadoreño puede obedecer a que en el vecino país están en un proceso electoral, o a que quieren “comprar equipo y justificar quizás ante su Congreso de que autorice la compra de los aviones que están diciendo”.
El Salvador y Honduras se enfrascaron en un breve encuentro bélico de apenas 100 horas (así se le conoce de forma coloquial en ambos países, la “Guerra de las 100 horas”), en 1969, por diferencias limítrofes y violaciones a los derechos humanos en las zonas fronterizas; la guerra fue detenida, ante el avance de las tropas salvadoreñas hacia Tegucigalpa, gracias a la gestión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de aquella época.

De alguna forma, del lado salvadoreño, las declaraciones de la semana anterior del titular de Defensa, el general David Munguía, también habría atizado los ánimos, pues reconoció que en una decisión apresurada en Honduras, la Fuerza Aérea de dicho país cuenta con 25 aviones (El Salvador solo con tres, según Munguía) que en cuestión de minutos, no más de media hora, podrían destruir recursos estratégicos en El Salvador y atrasar el desarrollo del país en hasta 20 años.

Lobo enfatizó que Honduras no está en ninguna disposición guerrerista en contra de El Salvador, pero que defenderán de forma diplomática su soberanía sobre Conejo.
Honduras dispone de aeronaves Northrop F-5, pero ya se ha dicho, con la confidencialidad del caso de la defensa nacional y sin mayores detalles, que tampoco hay repuestos ni presupuesto para mantenerlos activos de forma constante.

Por su parte, el gobernante salvadoreño aclaró en su acostumbrado programa sabatino radial, este pasado fin de semana, que  “la compra de aviones no tiene nada que ver con el conflicto de la Isla Conejo”.
Funes aseguró que la intención de comprar aviones viene desde antes del tema de la Isla Conejo que se toca en este momento. “Cuando yo asumí la Presidencia recibí una solicitud para mejorar la flota aérea del Ejército, ya que se tienen aviones desde hace 50 años los cuales ya ni se fabrican. Los altos mandos expresaron la necesidad de apoyar la Fuerza Aérea”, expresó el mandatario salvadoreño.

“Existe una iniciativa para comprar aviones del Gobierno de Chile a un precio aceptable, lo que permitiría fortalecer y regular la fuerza a nivel centroamericano. El ministro David Munguía Payés ha dicho que nuestros aviones no están a la altura de las aeronaves hondureñas. Nosotros tenemos una excelente infantería, mientras que Honduras tiene una mejor aviación”, agregó.

A pesar de todo, la decisión de autorizar un préstamo para la compra de los A-37 chilenos de segunda mano se encuentra ahora en el Congreso salvadoreño y el tema con Honduras, más el ambiente electoral de las presidenciales de febrero del próximo año en El Salvador, pudieran nublar la decisión de los legisladores, sobre todo en la oposición de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), donde ya se dijo en mayo y junio anteriores que no veían mayor prioridad en la compra de las aeronaves y que, precisamente, fueron un escoyo para Funes en la decisión técnica de adquirir los Súper Tucano, hace unos tres años.

Brasil donará tres Tucano a Mozambique

(defensa.com) Dilma Rousseff ha pedido autorización al Parlamento brasileño para proceder a la cesión de 3 aeronaves AT-27 a esta nación africana, que vive su peor y más tenso momento político desde los acuerdos de paz de 1992, que una de las fuerzas firmantes acaba de denunciar, habiéndose dado las primeras escaramuzas entre la Resistencia Nacional y las fuerzas oficiales.
Según el gobierno brasileño, la decisión ya se había tomado antes de conocerse la actual situación dentro del país, aunque el mensaje al Legislativo fue enviado en el momento de producirse los primeros enfrentamientos. Los convenios de Defensa entre Brasil y Mozambique fueron firmados en el año 2009. (Javier Bonilla)

Boeing y Lockheed Martin pujarán conjuntamente en el programa “Long Range Strike Bomber “ que dotará a la Fuerza Aérea de EEUU de un nuevo bombardero bajo un multimillonario contrato

(defensa.com) - Boeing y Lockheed Martin Corporation irán de la mano para hacerse con el programa de la Fuerza Aérea estadounidense “LRS-B” (Long Range Strike Bomber ), que comprende la compra de hasta 100 nuevos bombarderos de largo alcance. Boeing sería el contratista principal, mientras que el papel de Lockheed Martin sería el de principal subcontratista.
Las dos partes han confirmado esta información a través de un comunicado conjunto, en un proyecto del Pentágono en el que se espera un valor máximo para cada caza de hasta 550 millones de dólares, por lo que el contrato podría llegar a alcanzar el monto total de 55.000 millones de dólares durante los años de vida útil del programa.

Frente a Boeing y Lockheed Martin entrará en la puja la también norteamericana Northrop Grumman, que será la principal rival en esta candidatura.

Los nuevos aparatos podrían empezar a estar operativos a partir de 2024, en un proyecto que, según confirmó Dennis Muilenburg de Boeing a través del comunicado conjunto, es “de alta prioridad para la modernización de la Fuerza Aérea y fundamental para nuestra seguridad nacional”. Por su parte, Orlando Carvalho, vicepresidente ejecutivo de Lockheed Martin, especificó que en  este equipo “se reunirán los requisitos para entregar este caza de largo alcance a la Fuerza Aérea de EEUU con el presupuesto y en los plazos requeridos”.

De esta manera, este tándem formará de nuevo equipo después de la experiencia de del F-22 Raptor y tras haber unido en 2008 sus fuerzas para presentar una proposición conjunta a este mismo proyecto de cazas, aunque el programa quedase suspendido poco después. El programa "LRS-B" ha salido adelante en un contexto de fuertes recortes presupuestarios en EEUU, por lo que se espera vea la luz con un precio más asequible y competitivo de lo que se especuló en 2008.

GTD presentará en MILIPOL su nuevo Sistema de Exploración y Reconocimiento, montado sobre vehículo

(defensa.com) La empresa de ingeniería GTD presentará en  MILIPOL -Salón Mundial de la Seguridad-, que tendrá lugar en París del 19 al 22 de noviembre de 2013, varias novedades entre las que destaca el Sistema de Exploración y Reconocimiento, Watcher VSS-BC, que podrá verse integrado en un vehículo en el stand que GTD tendrá en la feria. Se trata de un sistema de observación dotado de un gran número de capacidades, basadas en un posicionamiento preciso, gracias a la utilización conjunta de navegadores inerciales y GPS. Además, emplea cámaras en espectro visible e infrarrojo de largo alcance, montadas sobre un pedestal de alta precisión, que permite obtener coordenadas de objetivos a largas distancias y operar con toda seguridad fuera del alcance de las armas de tiro tenso.
Gracias a este sistema, que permite ver sin ser visto y obtener la información en un plazo de tiempo mínimo, los Cuerpos de Seguridad podrán disponer de medios de reconocimiento que proporcionan información, completamente actualizada y en tiempo real, para realizar las misiones con total precisión.
El Watcher VSS-BC, desarrollado por GTD, se ha integrado con total éxito en el sistema SERT de Navantia Sistemas, demostrando su funcionalidad y versatilidad en todas las pruebas dinámicas y funcionales realizadas en diversos campos de maniobras.

También se mostrarán otros equipos y productos específicos que comercializa la empresa ,como los desarrollados para Fuerzas Especiales, como el sistema LightSpeed, que combina la modulación de la luz IR con una óptica de alta precisión para proporcionar comunicaciones de voz y datos seguras.
En sistemas de detección de ópticas podrá verse el BEAM 100™, que detecta los sistemas ópticos que le estén apuntando; y en equipos para tiradores de élite, destaca el dispositivo VENOM que, montado sobre el visor del arma, permite medir el viento en tiempo real y en cualquier condición meteorológica.

Mientras las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, Uruguay y Colombia llegaron a Natal para Cruzex 2013, Argentina, nuevamente, no participará

(defensa.com) La USAF, precedida por un KC-135 y un Galaxy C-5A con 55 efectivos y  abundante equipamiento destinado a sus F-16, la Fuerza Aérea Colombiana,  con el KC-767 "Júpiter", un C-130H y 6 A-37B, la Venezolana, preludiando la llegada de sus F-16, con una aeronave Shaanxi Y-8 de apoyo, y la Fuerza aérea Uruguaya, con tres A-37B y tres Pucará A-58, además de un C-130B y un EMB-120 "Brasilia" en vuelos logísticos,  los F-16 de la FACH, así como los aviones brasileños participantes, ya se encontraban el sábado en el nordeste brasileño para comenzar la presente edición de la maniobra multinacional Cruzex.
Una de las novedades la constituye la presencia, por primera vez, de Ecuador, cuya Fuerza aérea envió tres Súper Tucano, los cuales actuarán junto a sus similares brasileños. Como viene sucediendo tras varias ediciones del ejercicio, nuevamente la Fuerza Aérea Argentina (que debería haber arribado con 6 A-4R y un KC-130H, el pasado jueves), en el último momento dejó de asistir, ya que el Gobierno del país mandó a destiempo, como en años anteriores, el pedido para la  autorización de su salida al Parlamento. (Javier Bonilla)

Fotografía: Un Y-8 venezolano ,avanzada de los F-16, llega a Natal.

El Ejército Nacional Uruguayo presenta las actualizaciones en los blindados Skot

(defensa.com) - Se realizó  la presentación oficial de los vehículos blindados M-64 y M-93, modificados  a partir de un proyecto común entre UTU (centro de estudios politécnico estatal secundario y terciario) y el Regimiento “Atanasildo Suárez” de Caballería Nº6 (ubicado en la ciudad de San Ramón, al norte de Montevideo), quienes trabajaron  coordinadamente a través  del Curso de Hidráulica y Neumática de la UTU  con la finalidad de resolver la compleja problemática del mantenimiento de los vehículos blindado OT-64, series  M-64 y M-93, para reducir el gran desgaste de recursos materiales y humanos hoy  destinados al modelo, importado en condiciones muy ventajosas- la primera partida,  hace más de 15 años- de la República Checa.
El proyecto logró la modificación del sistema de transmisión de los vehículos,  sustituyendo los componentes del sistema de transferencia, retirando la caja de cambios y embrague, sustituyéndolo a su vez por una bomba hidráulica y un motor hidráulico bi direccional conectado directamente a la transmisión. Asimismo, se instaló un dispositivo de cilindro hidráulico en la dirección, suplantando a todo el sistema anterior.  Además, se instaló un sistema de apertura de rampa de acceso posterior para facilitar el ingreso al vehículo.

Es cambios significaron  disminuir el peso del vehículo para un mejor desplazamiento, sensibles mejoras en consumos de combustible (45% de ahorro) y lubricantes, sencillo mantenimiento, conducción y mecánica, eliminar el sistema de embrague y sus componentes, reduciendo gastos operacionales en forma destacable. Tiempo atrás, y a iniciativa de un técnico electricista del propio Ejército, se recuperaron los sistemas visores de estos vehículos, en buena parte inactivos tras años de uso. (Javier Bonilla)

El Ejército de Brasil selecciona oficialmente el fusil Imbel IA2

(defensa.com) Tras haber recibido meses atrás  una partida de 1.500 armas del modelo para su prueba final en diversas unidades- al tiempo que en la Marina, los Fusileros Navales también chequeaban algunas decenas- el Ejército brasileño finalmente optó por el Imbel IA2 de 5,56 mm. como fusil de asalto.

Ya en uso por parte de algunos cuerpos policiales, como la Policía Militar de Sao Paulo, la de Espíritu Santo y  probablemente la de Brasilia, que ya lo probó (además de otras que hoy utilizan Imbel MD-2 o MD-97), también va a suplantar a los H & K G-33 en 5.56 mm.  del Batallón de Infantería Aeronáutica de la FAB. 

Imbel continúa trabajando en un modelo 7.62 x 51 mm, y en otro ambidiestro para uso en determinadas unidades especiales. Entre de sus características principales se encuentran:
-Familia de fusiles en dos calibres: 5.56 y 7.62 mm.
-Uso de polímeros en guardamano, pistolete y culata.
-Funda aislante  entre el cañón y el guardamano .
-Sujetadores para la fijación de la bandolera diferente de 7.62 y 5.56.
- Este último sujetador es rotativo y fijado al cañón. En el modelo 5,56, es ajustado por el guardamano y situadas a ambos lados del cuerpo del arma (en forma de mariposa);
- Numerosos rieles Picatinny para conectar accesorios diversos.
- La culata de 5.56  es plegable y retráctil.
- Nuevo mango ergonómico con un ángulo muy diferente de la utilizada en el FAL o el PARAFAL.
- Componentes intercambiables.

Se estima adquirir partidas de 10.000 unidades anuales, al menos en lo que corresponde al Ejército, a partir de 2014. Con este fusil se desarrolló una bayoneta para las unidades que la incluyan.
El IA2 se ofrece en diversas variantes: IA2 Rifle 5.56mm 17,7",IA2 5.56mm Carabina 14.5", IA2 CQC 5.56mm 10.3", IA2 7,62  y El Imbel IA2 7.62mm rifle de francotirador, 20”.(Javier Bonilla)

La Fuerza Aérea de Chile vende a la Fuerza Aérea de El Salvador parte de sus Cessna A-37B Dragonfly

(defensa.com) El acuerdo de venta a El Salvador de 12 aviones Cessna A-37B Dragonfly dados de baja por la Fuerza Aérea de Chile se da ya por cerrado. Los ejemplares, que se encuentran almacenados en la Base Aérea El Bosque, serán desarmados y entregados a la Fuerza Aérea de El Salvador por vía marítima. La transacción, que asciende a unos 12 millones de dólares, incluye un paquete de repuestos y manuales. Según anunció el mismo presidente de El Salvador, Mauro Funes, una delegación chilena debería arribar en breve a la capital de Chile para firmar el acuerdo de venta. 
Chile comenzó a gestionar la compra de los Cessna A-37B en 1972, firmándose la carta de intención en 1973, que daría lugar al Programa Peace Andes I por la compra de 16 ejemplares inicialmente numerados J-600 a J-615 (74-998 a 74-1013), siendo transferidos en vuelo desde Wichita a Chile a partir de 1975 en tres lotes. Estos fueron a equipar el Grupo N° 1. A mediados de 1974 se gestionó un segundo programa denominado Peace Andes IV, que contemplaba la entrega de otros 18 ejemplares para el Grupo N° 12 en Punta Arenas. Fue durante la entrega del segundo lote, cuando al aparato J-600 se le reasigna la matricula J-634.

En 1992, tras relajarse las relaciones con los Estados Unidos, este gobierno acepta transferir 10 OA-37B del 169th Squadron de la Illinois ANG,  que arribaron en vuelo en junio del mismo año, recibiendo las matriculas 635 al 644, y que  se destinaron a   equipar el Grupo N° 3, en Temuco.

Los A-37B tuvieron una exitosa y poco conocida trayectoria operativa en la FACh, operando desde el desierto de Atacama a la Patagonia, habiendo también sido desplegados en Cruzex 2006. En su larga trayectoria se lamentó la pérdida de 6 aviones, siendo desactivados del Grupo N° 12, donde estaban concentrados todos, en noviembre de 2009.

Posteriormente una decena de fuselajes fue devuelta a los Estados Unidos, respetándose el contrato de la compra de los OA-37B que así lo contemplaba y otros 6 fueron vendidos a Colombia. A estos se suman ahora los 12 ejemplares que terminarán en El Salvador, donde se estima a la fecha hay 4 operativos, además de varios más en espera de repuestos, los que operan en el Grupo de Caza y Bombardeo junto a los Cessna O-2A/B “Martillo”. (Cristián Marambio, corresponsal en Chile)

Fabricaciones Militares presenta los chalecos antibalas nacionales

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, mostró el equipamiento fabricado en la planta militar de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe.
 
Fabricaciones Militares presentó hoy los nuevos chalecos antibalas de fabricación nacional en la planta fabril de la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó el acto oficial.

Rossi destacó que "Desde hace un par de años estamos tratando de recuperar capacidades perdidas de Fabricaciones Militares, y aunque la de Fray Luis Beltrán tradicionalmente fue una fábrica de municiones que proveía a las fuerzas armadas y de seguridad, en estos días estamos preparándonos para lanzar la fabricación allí de chalecos antibala, en una iniciativa de los ministerios de Seguridad de la Nación, de Defensa y de Desarrollo y Seguridad Social, por el cual Fabricaciones Militares elaborará los chalecos antibalas mientras que la fabricación de la cobertura de los mismos estará a cargo de distintas cooperativas que están bajo la órbita de Desarrollo Social", contó Rossi.

"Este aumento de la producción de la fábrica Fray Luis Beltrán ya se viene registrando en su quehacer tradicional en torno a producir municiones, ya que también se firmaron convenios con fuerzas de seguridad a las que se provee, sustituyendo así la importación habitual de municiones", indicó el ex jefe de la bancada de diputados del Frente Para la Victoria.

Rossi, que promueve un perfil industrialista para el área de Fabricaciones Militares y que en tal sentido tiene por referentes a los generales Mosconi, Savio y Juan Domingo Perón destacó que las ampliaciones de la fábrica de Fray Luis Beltrán conllevará el ingreso directo de por lo menos 30 trabajadores a los que se sumarán unos 100 empleos indirectos más a través de la cooperativas de trabajo participantes.

Ampliación
"Fabricaciones Militares amplió sus instalaciones y eso significó una inversión de cuatro millones de pesos, y además compró maquinarIa para la fabricación de los chalecos", señaló el ministro titular de Defensa, mientras extraía datos de una carpeta azul con el logotipo de las tres fuerzas armadas. "Se trata de chalecos antibalas masculinos que cumplen con las normas del Registro Nacional de Armas RB2 y ya se hicieron junto al Registro Nacional de Armas y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) todas las certificaciones".
Luego Rossi anunció: "Vamos a empezar con la fabricación de 600 chalecos mensuales, y ya para el 2014 pensamos alcanzar la cifra de 2 mil unidades por mes. Lo importante, además, es que con todo esto nos va a quedar toda la capacidad instalada y todo el know-how para poder avanzar en la confección de chalecos para personal de seguridad femenino", explicó.

Otras fuerzas
El referente kirchnerista de Santa Fe consideró luego que "obviamente, en la medida que otras fuerzas de seguridad lo soliciten, nosotros podremos tener alternativas. Esa es la política que venimos llevando adelante, porque el mercado de las armas y de todo lo que circula en materia de seguridad es muy pequeño y entonces siempre las licitaciones terminan con impugnaciones de unos a otros. Por esa razón, mientras uno tenga alternativas de abastecerse con productos de elaboración propia, es lo mejor que nos puede pasar".

Por último, recordó que en materia de políticas de defensa, "durante el menemismo, el entonces ministro (de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Roberto José) Dromi dispuso la privatización de 27 empresas dependientes del área de Defensa. Entre ellas, la más emblemática fue Somisa —este miércoles se cumplen 65 años del fallecimiento del general Manuel Savio, comentó el ministro como al pasar—.

Nosotros hemos empezado a recuperar y después de muchísimos años vamos a abrir una nueva planta de Fabricaciones Militares en Jáchal, provincia de San Juan, para producir explosivos con destino a la industria minera, y en la de Río Tercero es donde tenemos construido el prototipo de un vagón tolva para el transporte de granos.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Avanza lo del Club de París

(Diario Clarín) - La Argentina debe US$ 8.900 millones al Club de París. Es la deuda acumulada desde 2001. Según averiguó ayer Clarín, el Ministerio de Economía avanza en una línea de trabajo que, además de normalizar la deuda con empresas privatizadas también incluye saldar la deuda con el Club de París.

A principios de septiembre en un viaje a Washington, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, habría tenido una reunión con funcionarios del Tesoro de EE.UU. donde recibió una hoja de ruta para normalizar la situación financiera de la Argentina: arreglar los juicios del CIADI y la situación con el Club de París.

Por otro lado, mientras avanzan distintos planes de privados para llevarle al Gobierno una fórmula que desactive el juicio con los holdouts en Estados Unidos, fondos que participan de las conversaciones con Gramercy, aseguran que sus chances de participar en un arreglo con los buitre aumentaría si el Gobierno se comprometiera a cerrar un acuerdo con el Club de París. Es que de esa manera se asegurarían que el precio de los bonos que tienen en sus portafolios aumentaría en un futuro.

La Argentina, a principios de 2008, se comprometió a cancelar la deuda con el organismo y hasta promulgó un decreto de necesidad y urgencia para utilizar las reservas con ese motivo. Hay quienes, sin embargo, que creen que el país debería hacer otro esfuerzo para arreglar con París: por ejemplo, un acuerdo con el FMI.

Economía ya dio luz verde a dos planes para cerrar juicios con los buitres

Por Gustavo Bazzan - Diario Clarín
Al plan del fondo Gramercy se sumó otro de un estudio jurídico local. En ambos casos requieren el acuerdo de los bonistas que ya aceptaron los canjes. Una de las propuestas contempla la reinversión en bonos.

Ministro. Hernán Lorenzino había repetido el discurso oficial de que nunca se pagaría a los fondos buitre.

El Ministerio de Economía abrió la ventanilla de mesa de entradas. Ahora parece que está dispuesto a recibir y escuchar a quien le acerque al Gobierno propuestas que solucionen el problema con los fondos buitre, que hasta ahora vienen ganando la pulseada en los tribunales de Nueva York. Picó en punta el fondo de inversión Gramercy, pero se acaba de sumar a la carrera el estudio de abogados Garrido, a través de una posible solución diseñada, entre otros, por el especialista en estos temas Eugenio Bruno.

Los dos trabajos apuntan a que el Gobierno pueda zafar de la segura sentencia que la justicia de Estados Unidos dará a favor de los fondos buitres y que obligarían al país a pagarles 1.330 millones de dólares. Ambos requieren el acompañamiento de los bonistas que ya entraron al canje, y la aceptación de los holdouts. No es poco.

La idea de Gramercy es bastante sencilla. Consiste en destinar parte de los fondos que les corresponde recibir a los bonistas que ya entraron al canje, a una cuenta que irá a favor de los fondos buitre.

La secuencia sería esta. Primero, se logra el compromiso de los holdouts de entrar al canje III y de los bonistas de aceptar esa suerte de “quita”. Luego, una vez reabierto el canje, se crea un fideicomiso donde se depositará un porcentaje de lo que vayan cobrando los bonistas (podría ser un 10 o hasta un 20%) para pagarles a los buitres.

¿Por qué cederían los bonistas?
Porque si se cierra ese conflicto los bonos deberían subir de precio. Por el contrario, si la Argentina recibe una sentencia en contra y no la paga –como ya anunció– podría registrarse un desplome de los bonos. De hecho, desde que se filtraron los términos de esta propuesta, los papeles del canje dieron un salto importante en los mercados. Y los bonos en default también.

Gramercy ya está hablando con los bonistas grandes y chicos y se puso como meta tener el acuerdo cerrado a más tardar a fin de año.

La segunda propuesta se conoció en estos días.
El plan de Bruno apunta a, dice, a “una solución integral” para el 7% de la deuda que sigue en default. “No buscamos un arreglo para sacar del camino a Elliot, porque luego vendrán otros holdouts.

Queremos despejar el problema para siempre” Para pagarles a los holdouts propone dos bonos: uno a plazo aún no determinado (a negociar con los acreedores) y a una tasa del 4% anual, para saldar el capital, con quita del 75%. Un segundo bono se emitiría para los intereses, a 5 años de plazo y con tasa del 4%.
Para hacer este pago, Bruno propone que los bonistas acepten que se adelante a abril de 2014 la caída de la Cláusula RUFO, que impide mejorar ofertas de pago a los bonistas que no entraron al canje por sobre los que sí aceptaron alguno de los dos canjes, el de 2005 y el de 2010.

A su vez, propone que tanto los holdouts que entren al nuevo canje como los que ya lo hicieron, se comprometan a destinar parte de los fondos que deben cobrar de aquí en adelante a la suscripción del bono Baade. Por esta vía, supone que el Gobierno recaudaría 1.500 millones de dólares.

En el mismo acuerdo, Bruno incorpora la suscripción de bonos para inversiones específicas en Vaca Muerta, por otros 2.500 millones de dólares, que serían suscriptos directamente por empresas de ese sector.
Finalmente, sugiere que casos especiales (como jubilados) puedan cobrar el 100% de lo que les corresponde y de una sola vez.

Eugenio Bruno, optimista, concluye que si su plan sale bien, “Argentina soluciona todo este tema de los holdouts de una vez y para siempre, se olvida de las amenazas judiciales y además, recibe dinero fresco”.
Resta saber qué opinan los bonistas y los fondos buitre.

Tanto Gramercy como Bruno parten de la base de que si la Argentina pierde el caso, los fondos buitre no van a tener qué festejar. Entrar a un tercer canje, dicen, igual les dejaría en sus cuentas enormes ganancias.

Un Estado tan elefantiásico como inequitativo

Editorial I del diario La Nación
La cada vez mayor voracidad fiscal y la sobredimensión del sector público no se compadecen con la paupérrima calidad de sus servicios

El agotamiento de la política económica del kirchnerismo vuelve a colocar en el centro de la atención un problema recurrente y casi crónico: la sobredimensión y la baja calidad del sector público.

El Estado ha crecido de forma descontrolada durante la última década, tanto desde la óptica de la carga tributaria como desde el gasto público y la falta de las correspondientes contraprestaciones en las áreas que de él dependen, como la salud, la educación y otros servicios, entre ellos, el transporte, hoy tan desmantelado y sospechado de prácticas corruptas.

Más allá de algunos ajustes desesperados hechos por el gobierno nacional ante la falta de dinero que padece -y de los que se vieron obligados a concretar los Estados provinciales y municipales que reciben cada vez menos fondos-, no se vislumbra que vaya a haber una política seria de reducción del gasto en áreas innecesarias o vinculadas con necesidades estrictamente políticas.

Esa manipulación desembozada de los recursos públicos fue determinante para que el Estado haya crecido alrededor del 60% a lo largo de los últimos 12 años. Su tamaño consolidado (medido como el total del gasto primario nacional, provincial y municipal en relación con el PBI) pasó de representar el 26,5% de la economía, en el período 2000-2006, al 42,5% en 2012, sin considerar los intereses de la deuda, según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Las causas principales que explican esa elefantiasis estatal son las denominadas "transferencias corrientes al sector privado", entre las que se cuentan los subsidios económicos que reciben las empresas de servicios públicos; el gasto en seguridad social y la erogación en personal. En ese orden, esas tres partidas explican el 67 por ciento del crecimiento de la importancia relativa del gasto público en el lapso citado, con una escasa inversión real directa del 13 por ciento.

La contracara del mayor tamaño del Estado ha sido el crecimiento de la carga tributaria efectiva, que pasó del 23,8% del PBI, en 2000, a representar el 38,6% en 2013.

Se sabe que un Estado enorme requiere cada vez mayores gastos. Durante los últimos 12 años y, sin considerar la seguridad social, el aumento más alto se origina en los derechos de exportación, en el impuesto a las ganancias y en el de los débitos y créditos bancarios. Como se recordará, algunos de esos impuestos fueron pensados para ser aplicados "por una única vez" y, sin embargo, llevan años de vigencia, distorsionando todo el sistema.

La voracidad fiscal llega hasta los municipios. A los impuestos nacionales y provinciales, las comunas suelen sumar tasas por servicios generales, derechos de publicidad y propaganda, tasas por inspección y por patentes de rodados, ABL y tasas de habilitaciones, entre otros tantos métodos recaudatorios que castigan el bolsillo de los contribuyentes en forma desproporcionada.

Como sucede con la Nación, esa práctica insaciable por conseguir más y más dinero no se traduce en nuevos y más eficientes servicios para la sociedad. Por el contrario, esas partidas que superan la inflación real -no la que sistemáticamente falsea el Indec- terminan solventando las gigantescas plantas de personal estatal y engordando la discrecional bolsa de premios políticos que se reparte entre gobiernos afines.

La situación es gravísima, pues muy por debajo de la retórica productivista del Gobierno, se consolida el lamentable fenómeno de lo que podría llamarse la "Estadodependencia", tanto de personas con los gobiernos como entre administraciones.

Según datos de diversos especialistas, alrededor de un cuarto de la población económicamente activa de nuestro país está empleada en el sector público. Es una proporción similar a la de economías con un Estado de grandes dimensiones, pero que ofrecen prestaciones mucho más eficientes.

Pero hay más y son hechos fácilmente reconocibles cada vez que el Gobierno realiza anuncios con fines netamente político-electoralistas. Recordemos cuando los intendentes bonaerenses alineados con la Casa Rosada se llevaron antes de los últimos comicios la promesa del ministro Julio De Vido de una inversión directa en obras públicas para sus distritos de más de 12.000 millones de pesos, o la concesión pública de contratos exorbitantes para favorecer a altas casas de estudios alineadas políticamente con la Presidencia, o los suculentos cachets pagados a artistas que, cual feligreses, dan pruebas constantes de su fe kirchnerista.

Esos fondos, en su inmensa mayoría, no tienen ningún tipo de controles, tal como oportunamente ha denunciado la Auditoría General de la Nación (AGN).

El sostenimiento de sistemas de transporte, de gas y eléctrico deplorables mediante el otorgamiento de subsidios por cifras astronómicas ha venido evaporando las reservas sin que el usuario viera ningún tipo de progresos. Por el contrario, tras mucho negarlo, el Gobierno se vio obligado a admitir la crisis importando gas y energía eléctrica y estatizando empresas como los ferrocarriles, de cuyo funcionamiento calamitoso sólo pareció haber empezado a tomar conciencia tras la trágica muerte de 51 personas en Once.

Por todo lo citado se explica, aunque no se justifica, claro está, por qué el Gobierno no quiere deshacerse de su perverso esquema tributario. Desde 2000, la carga fiscal en el país aumentó el 60%, según Iaraf. Por la expansión del Estado, la presión tributaria es hoy del 38%. Si se toma en cuenta, además, la enorme porción de trabajo en negro que persiste en el país, esa presión impacta sólo entre quienes poseen o brindan trabajo registrado, discriminándolos de una manera absurda.

Así, la recaudación tiene para el Gobierno un objetivo tan privilegiado como impúdico: poder financiar el imparable gasto público por encima de la eficiencia y la equidad.

No es malo tener un Estado grande si son grandes las contraprestaciones con las que se beneficia a los ciudadanos. Lo malo es que se tome como propio y en beneficio de unos pocos el dinero que aportamos todos, corrompiendo los principios que hacen al federalismo y a la existencia de una república..

El agro puede aportar los dólares que hacen falta


Temores y dudas despertaron en no pocos empresarios agropecuarios el fallo de la Corte Suprema que declaró la constitucionalidad de la ley de servicios audiovisuales. No tanto por las cuestión en disputa, que excede lo agropecuario, sino por los efectos que puede tener sobre la vigencia del derecho de propiedad al cuestionar los derechos adquiridos del Grupo Clarín, y por las derivaciones que tiene el caso sobre el papel de la libertad de expresión y de prensa en la democracia. Eso fue lo que expresó el directivo de una de las entidades no gremiales del agro que, por no tener aún una posición oficial, solicitó no ser mencionado.

Curiosamente esta disputa se originó a partir de la resolución 125, en 2008. Un conflicto que pudo haberse resuelto fácilmente si el Gobierno hubiera utilizado la inteligencia y el diálogo. Sin embargo, quiso politizarlo y despertó una resistencia insospechada. En esa sinrazón, concluyó que si los medios de comunicación no hubieran transmitido las imágenes de los cortes de ruta o relatado lo que sucedía en el interior, ganaba la pelea.
Después del voto "no positivo", el kirchnerismo se reinventó y construyó una formidable maquinaria de relato oficial parecida a una realidad paralela. Continúa teniendo un apoyo considerable de una parte de la población, poco más de un tercio, de acuerdo con el resultado de las elecciones del domingo pasado, aunque en dos años desperdició un capital político notable (20% del electorado).

El campo, mientras tanto, sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, aunque en condiciones cada vez más difíciles: producir. La política y la presencia en los medios de comunicación no son su fuerte. Lo demuestra la experiencia de los "agrodiputados" surgidos al calor del conflicto por la 125, que no fue buena, más allá de los esfuerzos personales. Esto quizás merezca un debate profundo si hay un intento similar en el futuro.
Mientras tanto, el Gobierno deja pasar oportunidades, creyendo que enfrente tiene a un enemigo político y no al sector más dinámico de la economía que podría aportarle divisas rápidamente.

"Con reglas claras, previsibles y una menor presión impositiva, en 2014 podrían ingresar 5000 millones de dólares adicionales, y en 2015, 8000 millones de dólares adicionales originados en el campo", explica el economista de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Rey Kelly.

El especialista enumera, entre otras medidas positivas,la fijación de precios en forma clara y transparente, la reducción del riesgo comercial, la baja de los derechos de exportación, la devolución del IVA y la eliminación de los ROE.

Esta dinamización de la actividad agropecuaria le podría aportar al PBI un crecimiento de dos puntos para 2014 y de, al menos, 2,5 puntos para 2015 sólo por la actividad agropecuaria. "Cuando crece la cosecha se moviliza el transporte, el comercio y los servicios", recuerda el economista de CRA.

Pero hay más aportes que puede hacer el campo y que el Gobierno se empeña en no aprovecharlos. Con el cierre del mercado europeo al biodiésel argentino, podría utilizar este combustible para reducir las importaciones de gasoil. "Se puede llevar del 8 al 20 por ciento el corte en las usinas térmicas, el agro y el transporte", dice Claudio Molina, director de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH). Con equiparar las condiciones tributarias del gasoil importado, que está liberado de una carga impositiva del 41% que sí afecta al biodiésel, el país se ahorraría gran parte de los dólares que hoy malgasta. En promedio, en el último año, según cálculos de la ABH, el precio del biodiésel (sin impuestos) es de 106 dólares por tonelada más bajo que el gasoil importado. Lo curioso es que la brecha se agranda: el biodiésel hace un año era apenas 4% más bajo, mientras que en septiembre pasado la diferencia fue de 29,2 por ciento.

El Gobierno, además, también debería sacar del limbo al biocombustible. Hace dos meses que la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo no publica en el Boletín Oficial los precios del biodiésel y, en consecuencia, no permite calcular los derechos de exportación. Si alguien hubiera querido hacer las cosas tan mal, seguramente no le hubiera salido tan bien..
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