Por Nahuel Gallotta (Clarin.com) - Los productores ya cuentan como un gasto cotidiano la instalación de cámaras de seguridad en los campos. Y dicen que les cuesta conseguir caseros.
Una cámara de seguridad en un molino de la zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.
Santa Fe ya había sido noticia en el tema, en abril de 2002: una empresa ofrecía una recompensa de 5 mil pesos por “información para llegar a los cuatreros implicados en el robo de ganado de sus 38 mil hectáreas”. Denunciaban el faltante de 1700 cabezas en tres años, que representaban un total de 400 mil pesos.
Dieciséis años después, la situación no ha mejorado, ni mucho menos: tanto, que la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia (Carsfe), compuesta por 30 entidades, creó una Comisión de Seguridad Rural que ya trabaja en el primer mapa del delito rural del país. Denuncian robos de ganado, de granos, de maquinarias, de agroquímicos, de tractores, de molinos, de silobolsas, de transformadores, entre otros, además de las entraderas violentas, a mano armada.
Zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.
“El sector se encuentra con otro problema, consecuencia de los robos: los caseros no quieren vivir más en el campo por la violencia que ejercen los ladrones”, asegura a Clarín Gerardo Vicentini, coordinador de la Comisión, que ya cumplió su primer año de existencia.
“Hablamos de un delito no cuantificado, pero a razón de 5 cabezas diarias por cada departamento de la provincia, calculamos pérdidas de $ 346 millones anuales. Los fiscales tienen un concepto garantista y los cuatreros entran y salen. El Ministerio de Seguridad solo destina sus recursos a la lucha contra la trata, el narcotráfico y otros delitos complejos. Buscamos que el delito rural sea una política de Estado. Se lo enfoca como un robo o un hurto. Y es mucho más que eso: hasta existen riesgos de contraer enfermedades zoonóticas”.
Juan Moral es el vicepresidente de la Sociedad Rural de Vera, ubicada a 250 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, cerca del límite con Chaco. Tiene 62 años y lleva 40 en el rubro. Los robos que sufrió en el último año, estima, le representaron lo mismo que dos meses de gastos fijos. Le cuenta a Clarín los cambios en la delincuencia. Dice que ahora los robos son con una inteligencia previa. Y violentos, con armas: “Queremos la plata de la cosecha”, dicen que exigen durante los asaltos.
“Nuestros caseros salen una o dos horas, vuelven y se encuentran con faltantes de la estancia, del galpón o de animales. Los ladrones conocen cada rincón de los caminos”, cuenta. “Nos sentimos observados. Hay gente sospechosa que se presenta y ofrece servicios; creemos que hacen inteligencia. También es normal que algunos desconocidos te ofrezcan cosas robadas”.
Silobolsas en la zona rural de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.
Para Moral, algunas de las bandas que actúan en la zona de Vera provienen de Chaco. Otros productores hablan de bandas de Santiago del Estero. También están las locales, las de Rosario, las de correntinos, las de San Nicolás. Las fronteras serían un atractivo para los asaltantes: con el cambio de jurisdicción, las fuerzas policiales dejan de perseguirlos.
“Los productores salimos a la par de la Policía”, asegura. “No bien sufrimos un robo llamamos y pedimos personal. Llegan a caballo y vamos con ellos. Nosotros conocemos los caminos y sabemos por dónde pueden escapar. Además tenemos un grupo de WhatsApp donde nos avisamos de movimientos sospechosos”.
Cámaras de seguridad en el acceso a un campo de Franck, Santa Fe, donde están armando el primer mapa del delito rural del país. Foto José Almeida.
A modo de prueba piloto, la Comisión de Seguridad Rural realizó un trabajo de campo junto a 20 productores nucleados en la Asociación Rural Romang. Y los números dicen lo siguiente: que solo el 45% realizó la denuncia, y que de ese total, 51 corresponden a carneadas, 8 a entraderas y 2 a faltantes de animales. Las pérdidas por las carneadas alcanzaron los $ 836.725. El promedio sería de un 3% del stock de cabezas de los 20 productores. Pero si se saca la cuenta sobre las 90 mil cabezas del distrito, a razón de $ 8 mil por unidad ganadera, el total ascendería a $ 21,6 millones anuales.
La guardia rural “Sección XXI” está compuesta por ocho policías por turno y cuenta con dos camionetas y dos lanchas para custodiar 500 mil hectáreas.
“Estimamos que cada entidad pierde entre el 3% y el 10% de su stock en manos de los delincuentes”, sintetiza Vicentini. Y agrega: “Nuestro plan consiste en una guía para que las entidades les expliquen a sus productores qué hacer no bien descubren que fueron asaltados. Les comentamos que tienen que hacer la denuncia, y que cuentan con el derecho de presentarse en fiscalía a pedir novedades de la causa”. Aunque hacer la denuncia, en algunas oportunidades, es lo mismo que la nada: les pasó de recorrer fiscalías y encontrarse con que las denuncias realizadas en la comisaría más cercana nunca llegaban al Juzgado.
El representante de la Sociedad Rural de Rafaela es Pedro Rostagno. Se inició en el rubro en 1989. Aclara que el delito se volvió un problema desde 2015. Un problema que les generó gastos en instalación de cámaras de seguridad y alarmas, lo cual se volvió un gasto cotidiano, y la difícil tarea de encontrar empleados que quieran vivir en el campo.
“Los productores nos dicen que cuando tienen el lote a punto para la cosecha, los ladrones les trillan la soja. O te roban de los silobolsas, que son de 60 metros de largo por 1,8 de alto. Estamos hablando de bandas muy organizadas: para llevarse 90 mil kilos de soja, necesitan tres camiones. El panorama a veces está de su lado; hablamos de zonas agrícolas que están vacías, sin gente a la vista”.
Gerardo Mondino, vicepresidente de Sociedad Rural de la ciudad de Tostado, saca cuentas: a $ 7 mil la tonelada de soja, un productor de su zona, perdió $ 1,5 millón. “A veces roban animales como para llenar un camión jaula. Lo que está pasando es que los ladrones alquilan campos y se hacen pasar por colegas, para asaltarnos de madrugada”, dice. Otra modalidad denunciada es la de supuestos productores que alquilan campos, compran cosechas robadas a mucho menor precio que el verdadero costo y declaran cosechas propias, blanqueando dinero.
Los robos también incluyen otros botines, los agroquímicos. Las bandas van directo a los galpones y buscan bidones de glifosato o herbicida. Todo es dinero: una bolsa de semillas puede representarles cien dólares. Otro robo silencioso, o de hormiga, es el de “kilos”: las bandas llegan con terneros y se llevan vacas, para que el cuidador, al contar el total, no note el faltante. Además, hay una banda de estafadores cordobeses que se presentan como productores. Se llevan animales o granos y muestran un comprobante de depósito falso. Así, engañaron a empresarios de distintas localidades de la provincia.
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