sábado, 16 de junio de 2018

Con fuerte apoyo político, la Fuerza Aérea Argentina reabrió la base aérea "Chamical"

Por Fernando Morales - Infobae.com
Las obras fueron iniciadas durante la gestión del hoy senador Julio Martínez, quien en declaraciones a medios locales marcó el decidido apoyo del actual gobierno a la actividad de las FFAA
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A media mañana del pasado 15 de junio, la localidad riojana de Chamical vio concretado un viejo anhelo no solo de las autoridades aeronáuticas sino de toda la provincia. En concordancia con la celebración del 50° aniversario de la creación de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la FAA, se presentaron las obras de rehabilitación de la pista del aeródromo militar, puesta en valor de calles internas y hangares, inauguración de un centro asistencial y mejora de instalaciones varias.

Asimismo la instalación militar CELPA I será la base de pruebas del ambicioso plan de puesta en marcha de los primeros vehículos aéreos no tripulados (UAV) de diseño, desarrollo y tecnología mayoritariamente nacional.

Tanto el Gobernador provincial Sergio Casas, como el Senador Julio Martínez, se mostraron de acuerdo en fomentar el desarrollo provincial a través de emprendimientos civiles y militares, coincidiendo en remarcar el apoyo de la gestión de Mauricio Macri a la provincia. Vale destacar que además de la lógica presencia de autoridades militares, una amplia gama de dirigentes políticos locales también presentes, señalaron a Infobae que más allá de los objetivos militares del proyecto, la reactivación de la base, implica un soplo de aire fresco para la actividad de la pequeña localidad riojana.
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Tecnología para la defensa y la seguridad

Según detallo a Infobae el Comodoro Horacio Larrosa, la Fuerza Aérea desarrolló dos tipos diferentes de sistemas de armas (tal la denominación militar de las distintas aeronaves) bajo la denominación de Aucán y Vigna. Son drones equipados con tecnología de última generación, con distintos sistemas de captura de imágenes como así también sensores térmicos que los tornan ideales para tareas de reconocimiento del terreno que sobrevuelan, detección de naves siniestradas y control general de espacio aéreo.
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Los modelos más pequeños son propulsados por baterías (tal como los drones comerciales) y tienen una autonomía de media hora. Pero la línea de modelos en producción alcanza a aeronaves autónomas de hasta 150 kilos equipados con motores de combustión interna de dos tiempos, los que permiten una autonomía de varias horas con una velocidad promedio de hasta 120 nudos (podrán cubrir enormes porciones del espacio aéreo nacional).

Si bien el desarrollo de estos aparatos posibilitará en un futuro dotarlos con sistemas de armas, en esta etapa la intención es la contribución al plan nacional SAR (búsqueda y rescate) y la recolección de imágenes para colaborar con las fuerzas de seguridad y para la vigilancia general del espacio aéreo nacional.

En dialogo con Infobae, varios oficiales de las FFAA señalaron que aún no se les ha informado de ninguna medida de fondo que apunte al cambio de la legislación vigente en materia de empleo de las fuerzas militares en tareas concretas de seguridad interior (excepto el apoyo técnico o logístico antes señalado), no obstante, y en cumplimiento precisamente de esas tareas periféricas, prevén el despliegue de unos 4000 cuadros de personal subalterno de las 3 fuerzas hacia el norte del país en los próximos días.

El Gobierno buscará sacarle a la Armada la conducción de los rescates en el mar

Por Andrés Klipphan - Infobae.com
Mediante un proyecto de ley, el oficialismo intentará dejarlo en manos de Prefectura. ¿Disputa entre los ministerios de Defensa y Seguridad?
Búsqueda del ARA San Juan
Un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Diputados propone sacarle a la Armada el comando de las operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR por las siglas en inglés de Search and Rescue) y pasarlo a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

De aprobarse, la modificación sería sustancial, ya que, de la órbita del ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, recaería en el de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.

La iniciativa se produce en dos momentos claves.

El primero, y quizás el más importante, es político y también económico. Fuentes gubernamentales le aseguraron a Infobae que se está elaborando un proyecto -que llevará tiempo- para que la Armada y Prefectura no compartan las mismas tareas, como por ejemplo el combate contra la pesca ilegal que hoy por hoy deberían realizar ambas.

Para la Casa Rosada, este hecho hace que se "dupliquen esfuerzos y presupuesto". En la práctica la mayor presencia de efectivos y recursos, por ejemplo en la denominada "milla 201" corre por cuenta de Prefectura. Sin embargo, la Armada de la República Argentina (ARA) lo reconoce como una actividad propia.

De hecho, el submarino ARA San Juan tenía como una de sus misiones el "control del mar", esto era fotografiar y filmar pesqueros extranjeros que depredan la Zona Económica Exclusiva Argentina, aunque nunca una de esas delicadas tareas derivó en una denuncia judicial.

Como sea, la idea del gobierno de Mauricio Macri sería que en el mar "exista una sola armada como ocurre en los países de la región"; y esto es la Marina, y que Prefectura Naval Argentina (PNA), "se retire cada vez más a la costa, es decir patrullando los ríos y profundizando los controles contra el narcotráfico" que ingresa a nuestro país con fuerza utilizando la Hidrovía Paraná-Paraguay, y los cursos de agua fronterizos en el norte de nuestro país.

De hecho, el ministerio de Seguridad de la Nación ya adquirió cuatro lanchas rápidas de producción israelí, modelo Shaldag, para la Prefectura Naval Argentina, que serán utilizadas por esa fuerza policial en zonas fronterizas calientes, y que forman parte de un ambicioso plan de protección de fronteras.

Como se ve, cuando de agua se trata, tanto Defensa como Seguridad, intentan ocupar los mayores espacios y preponderancia. El proyecto de gobierno es darle a la Armada tareas específicas propias en momentos en que, por fortuna, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto con fuerza navales extranjeras.

Si bien desde Gobierno entienden que detrás del proyecto parlamentario que intenta pasar de la Armada a la Prefectura el comando de la Búsqueda y Salvamento, "está la Prefectura", Infobae pudo saber -aunque públicamente se negará- que la iniciativa de los diputados nacionales del Bloque Propuesta Republicana Héctor Antonio Stefani y Antonio José Carambia, contaría con el visto bueno de la ministra Bullrich.

De seguir su curso parlamentario y ser aprobado, la Prefectura no solo tendrá la "actividad operativa como lo viene realizando desde 1981, sino que será la autoridad de aplicación del convenio internacional SAR". Es decir que tendrá la conducción y coordinación plena de los casos de búsqueda y rescate, pasando a ser, así, la Agencia Nacional SAR, según el proyecto al que accedió Infobae.

El segundo momento en que ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados, esto es el 8 de junio pasado, son los siete meses que se cumplieron de la desaparición del ARA San Juan, y del mayor despliegue de un operativo SAR que se produjo en el mar argentino para hallar al submarino y sus 44 tripulantes.

El impactante despliegue contó con la participación de las mayores fuerzas navales del mundo, como la de los Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña.

Las razones

Entre sus fundamentos, el proyecto afirma que mediante la ley 22.445, dictada en 1.979, durante la presidencia de facto del genocida general Jorge Rafael Videla, se aprobó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento marítimo aprobado en la ciudad alemana de Hamburgo durante la Conferencia Internacional llevada a cabo con el auspicio de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la que se dispuso que "la autoridad de aplicación del SAR fuera el Comando en Jefe de la Armada a través de sus organismos competentes, entre los que se encontraba por ese entonces la Prefectura naval Argentina institución especializada en la materia".

Como recuerda el mismo proyecto, el 19 de octubre de 1984, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, y a través del decreto 3.399 se modificó la "dependencia orgánica" de la PNA y se la pasó de la Armada al ministerio de Defensa desprendiéndola completamente de la órbita militar.

El 14 de diciembre de 2010, a través del decreto 1.993, ya con Cristina Fernández de Kirchner en el poder, Prefectura terminó recalando en el ministerio de Seguridad.

El proyecto no solo se detiene en cuestiones históricas de relevancia y de dependencia de la Prefectura, sino también estadísticas. 

Por eso da cuenta que "desde la ratificación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo en el año 1981 hasta la actualidad, la Prefectura Naval Argentina afectando recursos humanos y materiales propios ha dirigido y resuelto el 99,5% de los casos suscitados en el país".

El cuadro con ejemplos es contundente. En el año 2014 PNA participó, resolvió y dirigió 500 casos SAR, en 2015 fueron 488 salvamentos y así año tras año hasta llegar a los 171 que se realizaron en los primeros meses de este 2018, contando el actual operativo SAR desplegado en el sur de nuestro país y que intenta dar con los cuerpos de tripulantes del malogrado pesquero Rigel.
En concreto el artículo 1° del proyecto intenta sustituir el artículo 2° de la ley 22.445 para que quede redactado de la siguiente manera: "La autoridad de aplicación del instrumento citado (SAR) en el Artículo 1° será el ministerio de Seguridad a través de la Prefectura Naval Argentina".

El solo ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados ya generó resquemores no solo en el ministerio de Defensa, sino también en la Armada que no quiere resignar, a manos de Prefectura ningún tipo de actividad. Para que quede claro, el presupuesto de Defensa no contempla ninguna partida especial para las búsquedas y rescates, así que, al menos en este caso, el tironeo no es por dinero.

Solo como ejemplo, cuando el ministro Aguad declaró en la Comisión Bicameral parlamentaria que investiga la desaparición y búsqueda del ARA San Juan, aseguró, ante una pregunta concreta, que se destinaron para el despliegue SAR unos 750 millones de pesos que salieron de las arcas de la Armada y que debería ser compensada.

viernes, 15 de junio de 2018

El plan económico de Dujovne, revelado en la carta de intención con el Fondo

Resultado de imagen para plan económico de DujovnePor José Del Rio - La Nación
Es la primera vez que todas las medidas que vendrán se unifican en un documento; cuáles son los 20 puntos claves.

Se difundieron las 34 páginas del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dos días después de la carta enviada formalmente a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo, finalmente se hizo público. Es la primera vez que el plan económico liderado por Nicolás Dujovne se unifica en un documento. 

Se admite que la Argentina pidió apoyo al plan local y se cuantifica -tal como se había anticipado- un acuerdo por fondos equivalente a US$50.000 millones. El primer tramo, de unos US$15.000 millones, se utilizará como apoyo presupuestario y el resto estará como precaución, pero no para uso inmediato. También se hace hincapié en que "se planea sostener el gasto en asistencia social".

Se justifica el memorándum en la presión de los mercados financieros, la severa sequía y las condiciones globales. A continuación, los 20 puntos claves:

1. Inflación - Se adoptan nuevas metas para que el Banco Central logre una tasa interanual de inflación del índice de precios al consumidor (IPC). La meta será igual o inferior a las expectativas actuales del mercado (REM) para el final de 2018 (27%), aunque podría llegar hasta 32%, y luego 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes tres años.

2. Dólar - Continúa el tipo de cambio flexible y se afirma que las ventas de divisas serán muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario. Un dato no menor para una jornada de nuevo récord. En el mismo sentido, se afirma que se les pondrá un piso a las reservas para ser menos vulnerables internacionalmente. Se habla de "un tipo de cambio real más depreciado".

3. Bancos - No se prevén riesgos en el sistema dados su pequeño tamaño y el alto nivel de capital. De esta manera, se explicita también que la situación que se produjo en el último mes de corrida cambiaria no tuvo correlato en el sistema bancario.

4. Crecimiento y mercado - Se espera que este año se sitúe entre 0,4% y 1,4% interanual. Se busca potenciar el mercado doméstico con la ley de financiamiento productivo, recientemente aprobada, y aumentar la competencia con la sanción de la nueva ley y la llegada de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). Con respecto a fusiones y adquisiciones, la nueva ley reemplaza el régimen de controles ex post por uno de controles ex ante, algo similar a lo que ocurre en las principales potencias internacionales.

5. La política fiscal - Se buscará acelerar el ritmo de reducción del déficit primario. Se busca alcanzar el equilibrio fiscal y llevar a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020. Proponen reducir el gasto público para lograrlo y consideran que el esquema fiscal de mediano plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8% del PBI hacia fines de 2021. Buscarán alargar la madurez de los títulos, optimizar el costo de los pasivos y aumentar el porcentaje de la deuda pública nacional denominada en pesos.

6. Presupuesto - Pese a las hipótesis que circularon en los últimos días, se formaliza el compromiso de enviar en octubre la ley de presupuesto al Congreso, que apunta a un déficit primario del gobierno nacional de 1,3% del PBI en 2019. Las proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluirán, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos, afirma el documento. Si los resultados económicos y fiscales evolucionan de manera más positiva de lo anticipado, se acelerará la eliminación de los impuestos distorsivos, avanzando más en un shock que en gradualismo. Por otro lado, las provincias también deberán ser parte. El compromiso es que su balance primario consolidado pase de -0,4% en 2017 a un superávit de 1/4% del PBI hacia el final del período del acuerdo stand-by.

7. Subsidios y tarifas - Seguirá la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60% en 2017 hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad. Esto implica que los aumentos no terminaron para la zona del AMBA. También se buscará eliminar las diferencias entre regiones y se mantendrán los programas de tarifa social.

8. Empleo - Seguirá la reducción del empleo público a través de varias medidas que van desde no renovar cargos en puestos no prioritarios hasta congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes. El objetivo que se plantean es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa. Aquí aparece otro de los principales desafíos políticos.

9. Gasto - Se reducirá el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno nacional un 15% en términos reales durante 2018 en relación con 2017 y continuarán con este proceso en 2019.

10. Obra pública - No quedará de lado en un año electoral. Continuarán ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero se pospondrán aquellos que no lo sean. Una batalla que seguramente se dirimirá en términos políticos con las principales regiones afectadas.

11. Empresas públicas - Deberán ser más sustentables. Se reducirán las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1% del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021. La misión ya fue notificada a los CEO de esas firmas.

12. Jubilados - La ley de reparación histórica no tendrá cambios por ahora, pero se trabajará con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir cambios en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras, aseguran en Hacienda.

13. Impuestos - Se mantienen los compromisos para reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia fines de 2017, pero se podría extender el período de implementación de algunas de las modificaciones si fuera necesario para alcanzar las metas fiscales.

14. Transferencias - Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo, ya que las provincias tomarán las responsabilidades. La promesa es que la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias no lleve a un aumento del déficit a nivel provincial.

15. Infraestructura - En el caso de que la actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se vea afectada, el recorte será mayor: identificaron una suma equivalente a 0,2% del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura). Es decir, menos obras.

16. Balance primario - Se incluirá también un detalle de los principales riesgos fiscales y de gastos impositivos y detalles acerca de las principales medidas de política que se llevarán a cabo para alcanzar la meta del balance primario de 2019.

17. Reporte fiscal - Se introduce un nuevo reporte fiscal de mitad de año que arranca en junio de 2019, con estimaciones actualizadas acerca del resultado fiscal y proyecciones macroeconómicas y fiscales para el mediano plazo. Se desarrollará un marco de análisis del riesgo fiscal con vistas a incluirlo en los documentos presupuestarios en 2020. Con un nuevo índice de riesgo fiscal, un análisis de largo plazo de sustentabilidad fiscal (tanto para el gobierno nacional como para el gobierno general) y un análisis de las deudas contingentes (explícitas e implícitas) incluyendo aquellas relacionadas con el financiamiento de los proyectos de PPP y las obligaciones sin fondeo del gobierno con el sistema previsional.

18. Planes sociales - La AFIP tomará un rol clave para reducir la evasión -no especifica cómo, pero se sabe que será con tecnología y cruce de datos- y se sumarán un conjunto de indicadores sociales para ser monitoreados periódicamente. El piso para el gasto de asistencia social es de 1,3% del PBI, un nivel que, según dicen, garantiza la implementación de los programas para el período 2019-2020. Se mantienen los programas de Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE, subsidio por embarazo). Se asignarán más recursos a las "asignaciones universales para protección social" en caso de que las condiciones sociales empeoren. Se buscará un gasto adicional de hasta 13.500 millones de pesos en 2018 y el equivalente a 0,2% del PBI por año en estos programas.

19. Reservas y Lebac - Otro dato no menor es que se aclarará el estado legal de las reservas internacionales del BCRA, que solo deberían servir para implementar políticas cambiarias y monetarias, según afirman. A su vez, se limitarán las transferencias al Tesoro solo a utilidades realizadas, que únicamente podrán ocurrir cuando el capital del BCRA exceda un nivel adecuado.

También aparecen las famosas Lebac, por las que el BCRA se compromete a reducir la vulnerabilidad asociada a un stock excesivamente grande y a fomentar la reintermediación del sector financiero. Se creará para ello un comité coordinador de la gestión de la deuda con funcionarios de alto rango del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas (que se unificarán) y el BCRA, que se reunirá semanalmente y coordinará actividades relacionadas con la esterilización y los planes de emisión de deuda.

20. Política monetaria y BCRA - En materia de política monetaria se admite que la reducción de la inflación fue inferior a la esperada, pero que se mantendrá el sistema de metas. Antes de marzo de 2019 se enviará al Congreso un proyecto de ley para dotar al Banco Central de una nueva carta orgánica. Allí se buscará mayor autonomía en su operatoria. Se reforzará la estabilidad de precios como el mandato principal del BCRA y se brindará a la entidad la autoridad para establecer, con consulta al Ministerio de Hacienda, las metas de inflación con una anticipación de tres años.

Los nuevos objetivos

32% Inflación - Es el máximo desvío que el Gobierno prevé. La meta para este año es de 27%

1,4% Crecimiento - El Gobierno estima que la economía crecerá este año entre 0,4% y 1,4% del PBI

1,3% Déficit primario - Es el número que enviará el Gobierno al Congreso en la ley de presupuesto para 2019

55,8% Del PBI - Es el ratio de deuda pública bruta al que tendrá que llegar el Estado en 2021

Video: Vehículo liviano Lanzacohetes CSIR

Muy practico y simple...

Por el ajuste, postergan la RER y los nuevos trenes

(enelsubte.com) - Tras el acuerdo con el FMI, que implica una reducción del déficit, postergan dos importantes inversiones en ferrocarriles. Se trata de la obra de la RER y de la compra de 169 trenes eléctricos para estos servicios. Desde el Gobierno minimizan la cuestión y aseguran que se trata de meros ajustes en "aspectos técnicos de los pliegos".
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El gobierno nacional, embarcado en un programa de recortes como parte de su reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha decidido postergar dos emblemáticos proyectos de inversión en ferrocarriles.

El primero es la promocionada Red Expresa Regional (RER), el proyecto de unión de las distintas líneas ferroviarias metropolitanas de Buenos Aires. La primera etapa, cuyo inminente lanzamiento se anuncia desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, contemplaba la construcción de túneles bajo la avenida 9 de Julio y la estación central Obelisco. En paralelo, también ha sido postergada la compra conexa de 169 trenes eléctricos para los ferrocarriles metropolitanos.

Desde el Gobierno niegan que estos proyectos hayan sido cancelados y hablan de ajustes en “aspectos técnicos de los pliegos” y pequeños retrasos en las fechas de aperturas de sobres. Pero lo cierto es que las definiciones se van postergando progresivamente y crece la incertidumbre sobre las mismas.

De hecho, desde hace varios meses se le viene rebajando la prioridad a la RER. Hacia fines del año pasado, luego de que el proyecto tomara una forma más o menos definitiva, muchos de los profesionales del Ministerio que trabajaban en el área fueron transferidos a otras obras consideradas más prioritarias, como las renovaciones de ramales de cargas.

A esto se sumó un cambio en el orden de ejecución del proyecto: la licitación de la estación Constitución subterránea, que iba a ser la primera en construirse, fue suspendida a principios de año –había llegado a autorizarse la instalación del obrador– y el proyecto fue redefinido para comenzar por el norte. En virtud de esto, se definió arrancar con la estación central Obelisco, uno de los puntos que ha sido cuestionado por algunos especialistas.

En abril el proyecto fue relanzado con un publicitado acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), pero ahora ya bajo la modalidad de asociación público privada (PPP), una apuesta a la que Transporte apela para obras viales (ya licitadas) y para el ramal ferroviario a Vaca Muerta. Sin embargo, la elección de esta modalidad implica que el Estado se desentienda de conseguir el financiamiento para ejecutarla, acaso el principal escollo para la concreción de una obra de esta magnitud.

La segunda inversión postergada está íntimamente ligada a la RER: en efecto, la compra de 169 trenes eléctricos de trocha ancha está pensada para abastecer las necesidades de los futuros servicios que circulen por los túneles que enlazarán las líneas Mitre, Sarmiento, Roca y San Martín. Por lo pronto, en este caso se ha retrasado un mes la fecha límite para la presentación de ofertas hasta julio próximo.

Si la incertidumbre en la construcción de la RER continúa y este proyecto no llega a materializarse, semejante compra de trenes sería innecesaria. Las necesidades de material rodante de las líneas electrificadas con catenaria podrían suplirse con contratos parcializados y con montos mucho más pequeños que los 2800 millones de dólares presupuestados por la cartera que conduce Guillermo Dietrich. Este sería el caso de la línea San Martín, que va de camino a ser electrificada –obra que también ha sufrido postergación en la fecha de apertura de sobres–, para la que podría apelarse a un contrato parcial como el recientemente acordado para la línea Roca, que contempla la compra de 200 coches.

Desde su presentación en 2015, el proyecto de construcción de la RER se había convertido en el principal caballo de batalla de la política ferroviaria oficial. Con la promesa de la RER voces oficiales contestaron a todas las críticas: compensaría el cierre de servicios en el interior, el abandono de proyectos regionales, la destrucción de infraestructuras ferroviarias existentes –como el remate de distintos terrenos ferroviarios con fines inmobiliarios– y hasta justificaría la renuncia a la extensión del Subte.

No era difícil advertir que la RER, por la envergadura de las obras y la falta de certezas sobre su viabilidad y financiación, podría en cambio convertirse en el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Los últimos acontecimientos hacen parecer más probable ese desenlace.

El Gobierno autorizó a Volt Motors a fabricar un auto eléctrico en Córdoba

(TN.com) - Desde 2019 producirá un citycar con motor "verde" que costará al público alrededor de 20 mil dólares.
La plataforma experimental del Volt e1 se presentó el año pasado en Córdoba.
El Ministerio de Producción de la Nación le otorgó una licencia a Volt Motors para fabricar vehículos en la Argentina. El primer modelo, un eléctrico llamado Volt e1, comenzará a producirse en serie durante el año que viene. Será un auto chico, para moverse en la ciudad. Costará 20 mil dólares en su versión tope de gama. La plataforma experimental del Volt e1 se presentó el año pasado en Córdoba.

¿Qué es Volt Motors? Una firma tecnológica, con ingeniería y producción nacional, que tiene sus laboratorios en el campus corporativo de Ciudad Empresaria, en Córdoba. Quedará en la historia como la primera que fabricó un auto 100% eléctrico para comercializar en serie en la Argentina.

Desde la marca anticiparon que tendrá una velocidad máxima de 110 km/h (estará limitada electrónicamente) y que podrá ser "recargado en cualquier tomacorriente doméstico (220V) sin necesidad de contar con infraestructura especial".

En seis horas podrá cargarse por completo, aunque con un "supercargador" específico recuperará el 80 por ciento de la autonomía en 30 minutos, asegura Volt Motors. La autonomía base será de 150 kilómetros aproximadamente, aunque estará la opción de extenderla a 300 km.

El Volt estará equipado con pantalla táctil de 16 pulgadas, navegador satelital, cámara de estacionamiento y conexión a Internet, entre otros elementos. El detalle: se manejará con un solo pedal, aunque la firma todavía no dio detalles sobre su funcionamiento.

Erdogan propone a Rusia fabricar juntos sistema S-500

(HispanTV) - El presidente de Turquía anuncia este jueves que ha propuesto a Rusia producir de manera conjunta el sistema de misiles antiaéreos de última generación S-500 (abajo). “Me he puesto en contacto con el presidente (de Rusia, Vladimir) Putin con una propuesta sobre la producción conjunta del S-500”, ha anunciado el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, en una entrevista concedida a la cadena local 24 TV.
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Además, al desestimar las amenazas de Estados Unidos sobre la compra de sistemas antiaéreos rusos, Erdogan ha afirmado que Moscú había otorgado a su país los créditos necesarios para comprar los sistemas de misiles antiaéreos S-400 en “términos muy aceptables”. “Rusia nos ha proporcionado un crédito para adquirir los sistemas de misiles S-400 (Abajo) sobre condiciones muy favorables. En una segunda o tercera etapa vamos a coproducirlos”, ha agregado el jefe de Estado turco.

Turquía y Rusia firmaron el acuerdo de venta de los S-400 el pasado mes de diciembre: un acuerdo que profundizó las relaciones militares entre Rusia y Turquía, que es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este acuerdo ha generado preocupación en el Occidente, particularmente en EE.UU., que incluso ha amenazado con prohibir la venta de cazas de quinta generación F-35 a Turquía y con imponerle sanciones.

El presidente de Turquía, no obstante, ha advertido recientemente que, de ser necesario, Ankara utilizará los sofisticados sistemas rusos S-400 que planea adquirir pese al rechazo de EE.UU. y de sus aliados en la OTAN.

El Gobierno ya recaudó $191 millones por la subasta de chatarra ferroviaria

El Estado tiene relavadas unas 100.000 toneladas de chatarra ferroviaria(La Nación) -  El Gobierno recaudó $33 millones en una subasta online de chatarra de trenes

El Gobierno, a través de la empresa Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), obtuvo la semana pasada $33 millones en una nueva subasta online de chatarra, en la cual se pusieron a disposición 7110 toneladas de material ferroso (rieles y material chico) y 3150 durmientes en estado poste.

Hasta ahora, se ha logrado reunir $191 millones gracias a la venta de 54.040 toneladas de material ferroso, 196.180 unidades de durmientes poste y 7.550 toneladas de durmientes leña. La expectativa es que ese monto ascienda a $300 millones a finales del año.

 El Estado tiene relevadas unas 100.000 toneladas de chatarra ferroviaria. "Seguimos poniendo en valor los terrenos ferroviarios para que sean útiles a la operación y la planificación de obras", dijo Guillermo Fiad, presidente de TAI. Asimismo, agregó que "la venta de chatarra nos permite recaudar dinero que luego vuelve al sistema ferroviario, a través de obras de infraestructura."

Esta fue la octava venta realizada a través de la plataforma en línea de la firma Narvaez Superbid. De acuerdo con ADIF, ya fueron relevadas en el país 100.000 toneladas de chatarra entre vagones, coches, locomotoras, rieles, durmientes, repuestos y otros componentes.

Las Fuerzas Especiales de Venezuela se arman con el subfusil chino Chang Feng CF05

Las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela están siendo equipadas con el subfusil Chang Feng CF05 de origen chino de calibre 9x19 mm.
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La subametralladora CF05 es un producto de la empresa china Chongqing Changfeng Machinery Co. Ltd. Su desarrollo comenzó en 1993 y entró en producción en 2005.
Sus especificaciones son: peso 2,1 kg (vacía); largo, 40,5 cm -cerrada- y 58,8 cm desplegada; longitud del cañón 25 cm; longitud del cargador, 25 cm; sistema de alimentación, cargador para 50 proyectiles 9×19 mm Parabellum. El alcance efectivo del arma es de 100 a 150 metros y la taza de fuego es de 800 dpm.

Argentina y Canadá firmaron acuerdos de cooperación en energía y minería

(Ambito.com) - El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren y su par canadiense, James Gordon Carr, anunciaron que sus países contribuirán con su conocimiento y experiencia en la creación de soluciones limpias en materia de energía para el futuro.

Los ministros firmaron tres memorandos de entendimiento (MoU, según sus siglas en inglés) -uno sobre eficiencia energética, otro sobre políticas en el sector minero y el tercero sobre cooperación en energía nuclear- en el marco de la Reunión del grupo de trabajo de Transiciones Energéticas del G20 en la Argentina.

Los MoU son un claro indicio de que ambos países dan especial prioridad a la eficiencia energética como mecanismo para reducir el consumo eléctrico y el costo de la energía, y para alcanzar sus objetivos en torno al cambio climático. Además, los dos países comparten su compromiso en pos del desarrollo sostenible de los recursos minerales, lo que impulsará el crecimiento económico y el liderazgo ambiental. 

Asimismo, seguirán trabajando en la creación de un sistema bilateral de colaboración en proyectos de energía nuclear, investigación y desarrollo, y políticas destinadas a promover el desarrollo sostenible de la energía nuclear.

La Reunión de ministros de Energía del G20, liderada por la Argentina, pone énfasis en la transición hacia sistemas energéticos más flexibles, transparentes y limpios, así como en el acceso asequible a la energía. 

Las actividades llevadas a cabo durante la reunión ministerial se suman a la propuesta de la presidencia canadiense del G7 de trabajar de manera conjunta en torno al cambio climático, los océanos y la producción de energía limpia.

La Argentina se compromete de forma plena a alcanzar sus objetivos en materia climática y energética, y está dispuesta a respetar sus acuerdos internacionales. Garantizar la seguridad energética y mitigar el impacto medioambiental son cuestiones esenciales para la política energética argentina.

Canadá, en tanto, continuará promoviendo iniciativas de energía limpia que generen puestos de trabajo, fomenten la inversión y consoliden la competitividad del sector, a fin de que el país goce de un futuro limpio y de que se materialicen los objetivos mundiales respecto al cambio climático.

Recordando al Remolcador salvamento Tipo Supply "TANGO" SB-15 de la PNA

(Nuestro Mar) - Esta Nave de investigación es el Ex Sismic Surveyor Ex Tango I. Adquirido por la PNA para cumplir el rol de Remolcador de Mar y Rescate. Continúa en alistamiento desde 2006 ya que sufrió un incendio en sus cubiertas bajas. 
Recién en el 2012 termino su alistamiento y total renovación, con capacidades únicas en la Argentina. Durante el verano de 2012/2013 realizo su primer viaje a la Antártida, primer buque de la PNA en llegar y recorrer Antártida.
Luego de cinco años de trabajo y reacondicionamiento, y una inversión de más de 22 millones de pesos, el Buque de Salvamento PNA SB-15 “Tango”, fue restablecido a la flota de superficie de la institución.

Sus principales funciones son las tareas de búsqueda y salvamento, lucha contra la contaminación, contra incendios en buques y remolques en alta mar, siendo el primer buque multipropósito con estas características. Permite realizar inmersiones e inspecciones subacuas de restos náufragos, cascos hundidos y relevamientos de fondo a una profundidad de 80 metros.

Posee instalada una cámara hiperbárica multiplaza fija y una segunda cámara contenedorizada alternativa, que se emplean para la descompresión del buzo y para el tratamiento de eventuales enfermedades producidas por los diferentes cambios de presión. 

Entre sus características más salientes, se destaca la versatilidad de maniobra al contar con tres hélices (dos a popa y una a proa), dos timones y un calado de tres metros. Asimismo posee una estructura fija de popa, y un sistema de aparejos y roldanas que le permiten efectuar maniobras de izado de hasta 15 toneladas. Posee un guinche para remolque de buques con capacidad de 22 toneladas de tiro y una grúa hidráulica telescópica con 13 metros de alcance de maniobra.

Otros elementos que lo conforman son: un sistema integrado de comunicaciones en frecuencias VHF y HF con LSD, GMDSS y Télex. Dos sistemas de comunicaciones vía satélite para telefonía, datos e Internet. Dos radares de navegación y búsqueda en superficie integrados con Sistema de Navegación ECDIS. Tres embarcaciones auxiliares de trabajo. Dos salas de bombas para la lucha contra incendios. Equipos para dispersión y recolección de derrames contaminantes. Todos equipamientos de última generación y tecnología.

Fue construido en Houston, Texas, Estados Unidos en 1969, en los astilleros Mangone Shipbuilding Company, con el nombre original de “Siesmic Surveyor”, como buque multipropósito de investigación y de abastecimiento. En 1995 fue adquirido por la empresa Nate Navegación y Tecnología S.A., inscripto a la matrícula nacional con el nombre de “Tango”, y posteriormente contratado por la empresa petrolera PAN AMERICAN para operar en la zona de Río Grande (Tierra del Fuego). Estuvo destinado a realizar tareas de asistencia en el amarre y en la conexión de mangueras de los buques tanques que cargaban crudo en las terminales marítimas instaladas en la bahía de San Sebastián, y de suministro a plataformas de exploración y explotación petrolera.

Tomando conocimiento de la necesidad de contar con un buque con este tipo de prestaciones y versatilidad, en el 2005 el presidente de la Nate Navegacion y Tecnología Marítima S.A., le vendió el buque al Estado Nacional – Prefectura Naval Argentina.
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En 2005 la Prefectura tomó posesión del buque y le asignó una tripulación transitoria para navegarlo desde el Puerto de Río Grande (Tierra del Fuego) hasta el Puerto de Caleta Paula (Santa Cruz), donde se le efectuaron las primeras tareas de reparaciones, tal como mantenimiento del casco y reparación de las dos líneas de ejes. En el 2006 el buque fue conducido al puerto de Buenos Aires, donde continuaron las tareas de reparación y acondicionamiento y se dio inicio a una serie de obras más complejas.

Teniendo en cuenta el ámbito jurisdiccional marítimo en donde este buque ejercerá su servicio y misión específica, se le asignó la identificación como buque de salvamento PNA SB-15 “TANGO”, con dependencia orgánica del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SERSIPA) de la Prefectura Naval Argentina.

Especificaciones:
Construido en Mangone Shipyard (Houston , USA en 2el 006
Desplazamiento: 614,0 Tn.
Material: Acero naval,
Eslora 50,29 (mts)
Manga 10,8 (mts)
Puntal 4,97 (mts).
Calado 2,7 (mts)
Propulsión: Diesel; 2 motores de 1.120 HP cada uno.
Velocidad: 12 Nudos.
Tripulación: 25 Hombres.
Armamento: No tiene
Electrónica: Radares de navegación, Ecosonda, Sistema de comunicaciones

Sin nuevas centrales nucleares por el déficit (II)

Resultado de imagen para Sin centrales nucleares por el déficitPor Fernando Krakowiak - Pagina 12
"La actual situación fiscal que tiene la Argentina nos obliga a ser prudentes", aseguró Aranguren, pese a que el crédito chino para la construcción de las centrales tenía ocho años de gracia. Esa misma situación fiscal no impide endeudarse con el FMI.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, finalmente confirmó ayer que las centrales nucleares Atucha III y Atucha IV no se construirán. "Teníamos en carpeta dos centrales adicionales, la cuarta y la quinta central, que respondían a un memorando de entendimiento que se había firmado en 2014 con China. Nosotros también firmamos otro memorando. Ahora bien, una inversión de un orden de magnitud de 14.500 o 15.000 millones de dólares en la actual situación fiscal que tiene la Argentina nos obliga a ser prudentes. Por lo tanto, le hemos propuesto al gobierno chino suspender o postergar la construcción de la cuarta y la quinta central", aseguró en el Foro Latinoamericano de Energía que se realiza en Bariloche. 

"No estamos en este momento en condiciones de invertir en las centrales. Por más que el préstamo lo paguemos dentro de ocho años, estamos tomando el compromiso de devolverle a alguien una determinada cantidad de dinero. En este momento, por la situación fiscal que tiene el país, no estamos en condiciones de comprometernos", agregó el ministro. La explicación es llamativa porque esa situación fiscal no le impidió al gobierno recurrir al Fondo Monetario Internacional para conseguir un préstamo extraordinario por 50.000 millones de dólares, inédito en la historia argentina.  

El 18 de julio de 2014, el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, dio el puntapié inicial al firmar con el director de la Administración Nacional de Energía de China, Xu Xinxiong, un convenio de cooperación para la construcción de una cuarta y una quinta central nuclear, que se iban a sumar a Embalse, Atucha I y Atucha II. A partir de entonces, se comenzaron a negociar los detalles y el 15 de noviembre de 2015 ambos países le pusieron la firma a los convenios técnicos y comerciales de Atucha III en la ciudad turca de Antalya. La central iba a ser de uranio natural y agua pesada con tecnología canadiense Candú que Argentina ya domina. Además, en aquel encuentro se acordó la versión final del contrato marco por una quinta central nuclear de uranio enriquecido y agua liviana, tecnología en la que Argentina no tiene antecedentes, aunque China estaba especialmente interesada en comercializar.

El valor original previsto para Atucha III era de 5994 millones de dólares. Los términos de referencia del financiamiento se firmaron con el ICBC. El crédito contemplaba un plazo de 18 años por un 85 por ciento del total del proyecto, a un costo financiero total menor al 6,5 por ciento anual y estaba previsto que recién comenzara a pagarse cuando la central estuviese operativa. De ese modo, la venta de la energía generada serviría para devolver el dinero. 

Inicialmente estaba previsto que las obras comenzaran en 2016, pero luego del cambio de gobierno Aranguren y el subsecretario del área, Julián Gadano, confirmaron que durante ese año no habría novedades porque se estaban revisando los contratos. Como parte de esa revisión, propusieron avanzar primero con la central de agua pesada y uranio natural, que menos interés les genera a los chinos, y postergar dos años la que más los seduce. El año pasado trascendió que habían llegado a un acuerdo sobre ese punto y que la negociación se destrababa. Incluso el gobierno dejó trascender que había logrado estirar los plazos del crédito a 20 años, con ocho de gracia, y bajar la tasa al 4,8 por ciento. 

La firma de los contratos definitivos parecía encaminada. Sin embargo, luego de haber anunciado que se gestionaría un crédito stand-by con el FMI, desde el gobierno dejaron trascender informalmente que no avanzarían con la construcción de las centrales. "Estamos convencidos de que a partir del anuncio de este acuerdo se ha echado por tierra con la posibilidad de tener Atucha III y Atucha IV", aseguró la semana pasada el diputado del Frente para la Victoria, Abel Furlán, en una audiencia convocada en el Congreso para analizar la delicada situación del sector nuclear. Allí también se remarcó que el motivo de la suspensión no era económico porque el plazo de gracia evitaba tener que desembolsar dinero durante la construcción para cancelar el préstamo, aunque Aranguren aclaró que prefiere ser prudente, prudencia que rige para los préstamos que ofrece China, pero no para los que brinda el FMI.

Avanza el Metrobus del sur

LPO - (extractado) - El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, recorrió junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la obra del Metrobus Calchaquí, cuyos trabajos se iniciaron hace dos semanas en el primer tramo de avenida Los Quilmes entre Pilcomayo y Montevideo. Con un trazado de 8,7 kilómetros, el nuevo corredor mejorará la experiencia de viaje con estaciones accesibles, cómodas y mejor iluminadas, para las 184 mil personas que hoy circulan en la zona. La financiación de la obra está a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación.
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Por su parte, Dietrich, aseguró: "Con esta obra continuamos las mejoras que venimos haciendo para que la gente viaje mejor. Con el Metrobus no sólo viajan mejor los pasajeros de colectivo y los conductores, sino que también mejoramos todo el transito para los vecinos; con más iluminación y más seguridad. Hoy damos un paso más en ese compromiso para cambiar para siempre el día a día de cientos de miles de bonaerenses, con quienes estamos saldando una deuda histórica de infraestructura."

En el distrito la obra está atravesando la primera etapa, mediante la cual se están realizando trabajos que consisten en renovar la carpeta asfáltica de la avenida que, en un futuro, tendrá el paso de las líneas de colectivo por el sistema de Metrobus. En la segunda etapa, se realizará el montaje de los carriles exclusivos y las dársenas para las estaciones.

El nuevo corredor que pasará por Quilmes tendrá 8,7 kilómetros. Habrá 5,5 kilómetros que serán exclusivos de Metrobus, divididos en dos tramos. El primero, de 1,9 kilómetros sobre avenida Los Quilmes entre el Triángulo de Bernal y Zapiola, la zona donde ya empezaron los trabajos. El otro sector, de 3,6 kilómetros, estará sobre avenida Calchaquí (continuación de Los Quilmes) entre avenida Triunvirato y Sargento Cabral. Los otros 3,2 kilómetros ya fueron puestos en valor durante el plan de pavimentación de 2017 y conecta ambos tramos del Metrobus.

Este Metrobus integra un plan de implementación de este sistema de transporte en cinco nuevos corredores del Conurbano bonaerense, que fue anunciado en conjunto por el presidente Mauricio Macri y por la gobernadora María Eugenia Vidal el 15 de mayo. Y el de Calchaquí es el primero cuyas obras se ponen en marcha en el sur del Conurbano bonaerense.

En Quilmes, la obra beneficiará a 184 mil usuarios y tiene una inversión de 800 millones de pesos que son financiados por el Ministerio de Transporte de la Nación. Las mejoras en los tiempos y la calidad de viaje serán para un total de 10 líneas de colectivos: 85, 98, 129, 148, 159, 257, 293, 324, 582 y 584, que tiene unos 80 servicios por hora.

Habrá 11 estaciones. Tendrá dos carriles exclusivos para el transporte público -uno por sentido de circulación-; paradas iluminadas y señalizadas, lo que mejorará la accesibilidad peatonal. Además, se ampliarán las veredas, lo que también redundará en una puesta en valor de toda la zona.
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