Por Laura Rocha | LA NACION - Twitter: @laurarocha
El pabellón masculino del nuevo centro de detención de contraventores. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk
¿Qué tienen en común un quiosquero, el dueño de un boliche, un conductor y un barrabrava? Si se portan bien, nada, pero si violan alguna de las leyes del Código Contravencional porteño, podrían compartir las celdas de la nueva cárcel para contraventores que comenzó a funcionar ayer en Pompeya.
Vender alcohol a menores, violar una clausura, manejar ebrio u hostigar e intimidar son algunas de las violaciones a las leyes de convivencia de la ciudad que pueden tener como pena el arresto.
Hasta ayer, al no haber un espacio construido y destinado para ese fin, los jueces locales se veían obligados a dictar sentencias de arresto domiciliario, que en muchos casos es de difícil control.
El lugar de detención está dentro del Centro de Servicios Judiciales que construyó el Consejo de la Magistratura en Beazley 3860. "En 2012, ante la manifiesta necesidad de que la ciudad contara con un espacio para el alojamiento provisorio de contraventores, los consejeros porteños aprobaron en reunión plenaria la construcción de un centro de detención", explicó Juan Manuel Olmos, presidente del Consejo de la Magistratura, que recorrió ayer las instalaciones junto a miembros del Poder Judicial local y del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El centro se construyó en lo que era el edificio de la Editorial Santillana. La cárcel funciona en el segundo piso y tiene su propio ingreso.
Hay un pabellón masculino y otro femenino. En el primero hay diez habitaciones y en el segundo, cuatro. El espacio más grande es el común, que tiene un área interior y otra exterior. Los baños son compartidos. La Policía Metropolitana custodia el lugar con 15 efectivos por turno.
Cabe recordar que el plazo máximo de detención puede alcanzar los 90 días en alguna causa, por ejemplo, de juego clandestino, o que involucre a menores.
En 2014, 116 personas tuvieron pena de arresto. Y, según la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, las contravenciones que prevén penas de arresto que se suscitaron con mayor frecuencia en 2013 fueron: hostigar, maltratar e intimidar (1 a 5 días de arresto); violación de clausura (5 a 20 días); conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes (1 a 10 días), y la portación de armas no convencionales (5 a 15 días).
LARGA HISTORIA
La cárcel de contraventores tiene una larga historia. Hasta 1997, en la ciudad regían los edictos policiales, que a fines de ese año dejaron de tener efecto luego de que la Legislatura dictara el primer Código de Convivencia. La primera sede porteña que funcionó como cárcel para los condenados se encontraba en Viamonte al 1100, frente al Teatro Colón, en un espacio cedido por el Servicio Penitenciario Federal en lo que hasta 1989 fue la Unidad 22 del Servicio Penitenciario Federal, y donde estuvieron presos alguna vez Jorge Videla y José López Rega.
Aquel alojamiento fue criticado por todos los sectores por la poca cantidad de presos que albergó durante su funcionamiento, hasta 2005. En aquel momento, luego de una inspección del gobierno se detectó ausencia de matafuegos; presión inadecuada de las mangueras, y almohadas y colchones que, al ser sometidos a un ensayo de incendio, se quemaron el 100 por ciento.
Después de estas fallas, la cárcel se mudó a Villa Crespo, frente al predio del Club Atlanta, en Humboldt 350. Sin embargo, por una situación similar respecto del estado edilicio, dejó de funcionar. La novedad trascendió cuando, en junio de 2012, al jefe de la barra brava de Boca Mauro Martín -que debía cumplir una condena de cinco días de arresto por un episodio ocurrido en octubre pasado en la Bombonera- se le concedió arresto domiciliario porque la cárcel no estaba en condiciones de alojarlo.
La cárcel nueva ocupa 1000 m2 de los 5000 m2 que tiene el Centro de Servicios Judiciales, cuyo costo total asciende a unos 20 millones de pesos. Allí también funcionan el Depósito y Archivo Judicial del Consejo. Es decir, allí se digitalizan y se conservan las causas que son archivadas en todos los juzgados porteños y que tienen que ser reservadas, al menos por diez años.
"Aquí hay 4000 metros lineales de expedientes. Hasta el momento se digitalizaron 100.000 expedientes, que equivalen a unos 6,5 millones de fojas. Y sólo es el 10% del total de las causas archivadas", explicó Olmos durante la recorrida.
Existe una iniciativa que se enviará a la Legislatura para que, una vez digitalizados, los documentos archivados puedan eliminarse transcurridos cinco años. Se preservará la prueba, pero la idea es ir eliminando paulatinamente el papel. Por año se calcula que se archivan entre 3000 y 4000 expedientes. Hasta fines del año pasado la cuenta indicaba que hay preservadas casi un millón de causas.
El archivo fue diseñado especialmente y cuenta con medidas de prevención ignífugas para no dañar los papeles de los expedientes. El archivo judicial de la ciudad comenzó a funcionar en los subsuelos del edificio de Beruti y Coronel Díaz, donde hoy está el CGP 14.
En el edificio, que fue construido por el Consejo, también funcionará desde la semana próxima un centro de geolocalización judicial. La cárcel de contraventores y este espacio fueron cedidos a la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño..
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